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La lucha de las comunidades campesinas mineras indígenas del Proyecto Matuna.

En Colombia la minería ancestral y tradicional existe desde antes de la conquista y se ha mantenido hasta nuestros días. En el Municipio de Segovia Antioquia, existe una iniciativa llamada Proyecto Matuna. Este Proyecto ejerce la Minería Ancestral y Tradicional a Pequeña Escala por parte de habitantes rurales y comunidades indígenas, estos mismos generan una economía propia en la región, beneficiándose desde el Arriero, el Aserrador, el Pequeño Comerciante, hasta un grupo de Mujeres llamadas “las Chatarreras”, que aprovechan los desperdicios dejados por los mineros ancestrales y así ganarse el sustento diario de sus familias. Pese a todos estos beneficios sociales, económicos y culturales que se dan a partir de esta actividad y el impulso económico que brindan a las regiones, se ven afectados por la persecución y criminalización del Estado Colombiano hacia dichos mineros y comunidades indígenas Emberá-Chamí.

 

El campesinado históricamente ha sido víctima de despojo, señalamiento y estigmatizaciones, como un protagonista más en el conflicto armado, político, social, cultural, ambiental y económico que vive el país desde siglos pasados. La falta de políticas públicas que busquen el apoyo y el beneficio del minero ancestral como tradicional se debe, en algunos casos a los intereses particulares de quienes pretenden entregar el país en concesión a empresas extractivistas y multinacionales, omitiendo a las comunidades que viven allí y que se ven afectadas directamente, porque encuentran un valor económico en ellas; en otros casos, al desconocimiento de la situación real, evidenciando un desinterés por parte del Estado en conocer las necesidades de las comunidades campesinas mineras indígenas, haciendo presencia en estos sectores sólo a través de las fuerzas militares. Las medidas represivas ejecutadas por parte del estado parten del supuesto de, que la minería artesanal y tradicional son generadoras de violencia como de acciones ilegales ubicándolas en la misma línea del narcotráfico y las insurgencias, situando al campesino minero en el centro del conflicto, limitando las posibilidades que tiene de realizar su actividad ancestral y de ser reconocido como sujeto político de derecho. Adicional a esto, las acciones del Estado han interiorizado en el país la imagen de un campesino minero criminal que cambia su vocación natural de siembra por la explotación “ilegal” de recursos auríferos. Dentro de los ejercicios de deslegitimación existe algo llamado “marketing punitivo”, el cual se encarga de desprestigiar y estigmatizar al campesino minero, generando mala información sobre las prácticas de la minería ancestral y tradicional, insertando discursos vacíos sin ningún fundamento, replicando ideas falsas hasta convertirlas en “reales”, alejando toda posibilidad de cuestionar e indagar sobre ello, utilizando términos como: “depredadores ambientales, minería ilegal”, y demás adjetivos peyorativos logrando ocultar el impacto ambiental que sí generan los proyectos extractivistas hechos por multinacionales como: Gran Colombia Gold, y demás empresas que explotan el suelo y el subsuelo de los colombianos antioqueños, con prácticas capitalistas que arruinan la economía de la región exportando el oro y demás minerales para comercializarlos directamente en el mercado internacional ya sea de manera legal e ilegal, logrando devaluar la economía, aumentando las condiciones de pobreza en la región.

La condición extractivista del estado colombiano sitúa la relación del hombre con la naturaleza, sólo para la extracción de recursos no renovables, estos recursos, dentro de las lógicas del capitalismo deben responder sobre todas las cosas a la acumulación de capital. Con base en esto, en Colombia se han otorgado licencias para exploración y explotación de auríferos en territorios habitados por comunidades que extraen el mineral de manera tradicional y artesanal, generando una relación problemática entre los valores extraeconómicos que tienen las comunidades locales y la condición del medio ambiente. El problema entonces no es que no se puedan generar recursos, sería un poco inocente pensarlo, más aún en un contexto global que ha cooptado y sumergido las formas de vida sociocultural en relación con las lógicas del capital. Sin embargo, se hace necesario por el bien de las comunidades y el territorio, repensarse el paradigma capitalista donde lo económico es el valor hegemónico, proponiendo un giro que permita virar las formas de ser y hacer, en torno a una relación de coproducción entre el hombre y la naturaleza, un doble movimiento que permita equilibrio entre estos dos, garantizando la permanencia, el arraigo y la identidad con el territorio de las comunidades mineras.

La lucha de las comunidades campesinas mineras indígenas inmersas en el Proyecto Matuna, presente en Segovia Antioquia, siguen exigiendo que se reconozca su actividad ancestral y tradicional, que no se les despoje del territorio que les pertenece ancestralmente. Hacen un llamado al Gobierno Nacional y Departamental para que se sienten a dialogar con las comunidades, con el único fin de llegar a un consenso sobre el ingreso de las multinacionales al territorio y el despojo de tierras que colateralmente causan por los guiños que les da el Estado, debido a que no existe una distinción efectiva entre minería ancestral como tradicional de la minería ilegal; que tratan un problema social a través de una política criminal.

 

 

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