Los campesinos mineros de Segovia y Remedios entre la avanzada paramilitar y la "paz total"

Texto: Juan Alejandro Echeverri

Fotos: Daniel Alvarado

500 campesinos y mineros de 10 veredas organizaron un campamento humanitario para preservar su vida y decirle al país que temen ser presa de los actores armados que a sangre y fuego quieren adueñarse de su territorio. A la vereda El Carmen, levantada en las profundidades rurales de Remedios, nordeste de Antioquia, la administración municipal envió un grupo musical que entonó música decembrina, una brigada médica, y dos funcionarias de tercer rango, cuyas palabras, triviales y perezosas, fueron evaporadas por la resolana segundos después de pronunciadas. La comisión institucional llegó a la media mañana del cuarto día de la acción humanitaria; afanados, desertaron después del almuerzo.

En la puerta de la cantina campesina donde sonó la agrupación, hay un papel pegado. Es un comunicado de la dirección del Frente 4 de las FARC-EP, con fecha del 26 de marzo de 2022, el cual les prohíbe a los dueños de cantinas y establecimientos abiertos al público “venderle cualquier tipo de bebida embriagante a los guerrilleros, guerrilleras, milicianos, milicianas o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia”. Quien incumpla la orden “por primera vez” deberá pagar una multa de un millón de pesos; si se reitera el desacato, “se le serrara el establecimiento por tiempo indefinido. La medida se toma con el objeto de recibir el apoyo de las comunidades en la superación de los errores, fallas y desordenes cometidos por integrantes de nuestra organización en medio de las borracheras, queremos evitar un mal mayor (…) pedimos a las comunidades nos entiendan y apoyen en el ejercicio de ser veedores del comportamiento de las FARC-EP en el territorio (…) La presente medida rige a partir de la fecha y por tiempo indefinido, o hasta nueva orden”.

A unos metros, el poste de la luz está marcado con las letras y los colores del ELN. Y en Cañaveral, ubicado a una hora y media de aquí, gran parte del caserío está marcado con pintas de las AGC, que intentaron ser tachadas con pintas del ELN. En estos confines rurales, la guerra también es semántica.

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  • Remedios y Segovia hacen parte del llamado “anillo dorado” de Antioquia. El oro, explotado a pequeña, mediana y gran escala, es igual o más importante que Dios en estos municipios. El subsuelo tiene reservas para todos, pero a veces la abundancia multiplica la codicia.

    La misma ansia que sienten sus habitantes por encontrar un castellano de oro, la sienten los grupos armados que quieren imponer su ley y arrebatar parte de las millonarias rentas que deja la exuberancia del metal precioso. Mensualmente los actores pueden recaudar hasta cinco mil millones en vacunas y extorsiones. Además, tal como lo explica Yesid Zapata, defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz., la zona cuenta con extensos corredores montañosos que la comunica con el Magdalena Medio, el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Bolívar, y el Nudo del Paramillo, núcleos indispensables para la ilegalidad. “También es un territorio muy grande. Al no existir presencia y control del Estado, permite el movimiento de grandes ejércitos no estatales”.

    La vasta ruralidad de Remedios y Segovia fue controlada por las FARC-EP hasta que firmaron su desmovilización en 2016. El ELN también hizo las veces de autoridad, y de momento opera de manera coordinada con las disidencias farianas para impedir que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) les arrebaten el control. Cada región tiene sus variables diferenciales, pero la situación de estos dos municipios son otro ejemplo del patrón nacional: la retirada de las antiguas FARC-EP silenció unos fusiles y amplificó el ruido de otros.

    “A partir del Acuerdo de Paz se generó ese vacío de poder en las comunidades. El Estado se dedicó al apogeo que hubo en torno a los excombatientes. No tomó acciones para asegurar estas comunidades, sino que las dejó a la deriva militar e institucional.  Invirtió en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de los desmovilizados [que está a una hora de El Carmen] pero nada más, aun sabiendo que quedaron víctimas, victimarios, y personas sin reparar”, asegura Edwin Bonilla*, integrante del Comité de Derechos Humanos de una de las veredas que componen el corregimiento Carrizal.   

    Durante décadas, agrega Edwin, la zozobra aparece de manera espontánea por estas veredas. En diciembre del 2021, a escasos 20 minutos de la cabecera municipal de Segovia, paramilitares armados y uniformados de las AGC instalaron un retén entre Buenos Aires y El Diamante, dos sectores que son de transito obligado para llegar hasta El Carmen. Detuvieron a quienes transitaban por allí, revisaron y hurtaron celulares, robaron dinero y extorsionaron conductores de chivas y camiones. Los controles ilegales en esa vía se intensificaron con el pasar de los meses, y se instaló otro en la carretera que conecta la vereda Lejanías con la zona urbana de Remedios, pese a que en una vereda cercana al punto del retén hay una base militar.  

  • Hace un mes, entre el 5 y el 7 de julio de 2022, el ELN y las disidencias de las FARC-EP se enfrentaron con las AGC en la vereda La Ratonera de Remedios. La confrontación paralizó la movilización por la vía que conduce de Lejanías al centro urbano del municipio, además provocó el desplazamiento interno de los habitantes de La Ratonera y las veredas Santa Martha y el Puná. El 7 de julio de 2022, un joven de 19 años llegó al hospital de Remedios herido de bala en uno de sus glúteos. Por no acceder a sus peticiones, miembros del ELN lo hirieron y le quemaron su casa en El Osito, sector cercano a la vereda El Puná. En medio de los combates también resultaron asesinados dos hombres ecuatorianos, quienes fueron reportados como desaparecidos y luego aparecieron desmembrados, al parecer por integrantes de las AGC.

    Una persona de la zona afirma que un mes después, las autoridades no han levantado los cadáveres de aproximadamente 18 personas que murieron en los enfrentamientos. Los cuerpos, rumoran los habitantes, están en estado de descomposición, algunos incluso roídos por los marranos. Los paramilitares de las AGC prohibieron la entrada del CTI al territorio o cualquier comisión de búsqueda organizada por los pobladores. A la insistencia de las comunidades, tanto el Ejército como la administración municipal han respondido que no pueden recuperar los cuerpos hasta que los habitantes no les entreguen las coordenadas del lugar dónde se encuentran.

    Según Yesid Zapata, la desidia estatal con estos territorios es tal que son los campesinos y campesinas quienes deben levantar y movilizar los cuerpos cuando ocurre un homicidio: “El abandono al cual tiene sometido el Estado colombiano a estas comunidades es un abandono que, a nuestro modo de ver, es un crimen contra la población. Muchas comunidades no tienen puesto de salud o tiene que ir a sitios muy lejanos. A pesar de ser zonas mineras también se ve mucha pobreza, mucha miseria, mucha desigualdad social. Nos preocupa la situación de los jóvenes, porque son presa fácil para la instrumentalización y para otras cosas que no tienen que ver con los proyectos de vida comunitaria”.

    La Fundación Sumapaz en una alerta publicada el 11 de febrero de 2022 advirtió y previó la crisis humanitaria que viven las veredas que componen el corregimiento Carrizal. En la Alerta Temprana 052 de 2018, la Defensoría del Pueblo también planteó que otros grupos armados iban a intentar asentarse en estos territorios después del Acuerdo de Paz, así sucedió. Para el defensor de derechos humanos “existe una omisión y una responsabilidad del Estado con lo que está sucediendo en estas veredas”.

    Las consecuencias humanas de la disputa territorial han escalado de un tiempo para acá, así como las estrategias para conquistar el territorio. El cuarto día del refugio humanitario, desde el casco urbano de Segovia llegó a El Carmen el registro fílmico que mostraba cómo integrantes de las AGC torturaban y decapitaban un joven por vender estupefacientes para un grupo enemigo. Aunque no lo hacen con la misma sevicia, uno de los entrevistados cuenta que en sus zonas de dominio el ELN ajusticia personas que cometen violaciones, hurtos o expenden estupefacientes. Para Zapata los crímenes macabros como los de las AGC son “una demostración de poder, una demostración de que pueden hacer lo que quieran, y que no hay nadie en el Estado que lo pueda impedir. Demuestra una degradación completa del grupo, demuestra cómo son capaces de hacer lo que sea con tal del control territorial”.

    A pesar de que en otros departamentos y otros municipios de Antioquia se presenten como Clan del Golfo, Clan Úsuga, o Caparrapos, el experto defensor de derechos humanos plantea que son disfraces distractores utilizados por las AGC. En su consideración, las AGC son el grupo armado más poderoso que hay en Colombia, poderío que quedó demostrado con el paro armado decretado en aproximadamente 90 municipios de 11 departamentos en el mes de mayo. Según la fundación Sumapaz, las AGC hacen presencia en 116 de los 125 municipios que tiene Antioquia. 

    Las personas entrevistadas coinciden en que el gobierno saliente es responsable de tal expansión paramilitar, al no apostarle al cumplimiento de los Acuerdo de Paz —que en el punto 3 planteaba el desmantelamiento del paramilitarismo—, permitió el recrudecimiento de la violencia en zonas que se esperanzaron con librarse de ella. “Hay una frase de Jesús Abad Colorado que me gusta mucho: “el ruido de las armas no nos deja escuchar el ruido de la corrupción”. Tal vez por eso necesitan un país cada vez más caótico, en confrontación, donde todos los días estén desplazando, amenazando y asesinando la gente para poder seguir vendiendo humo mientras se roban el país”, afirma el defensor de derechos humanos.

    Mientras que Víctor Vega, secretario de la junta directiva de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste de Antioquia (CAHUCOPANA), plantea que “cualquier actor armado lo que requiere es finanzas, pero también requiere complicidad. Aunque una estructura puede tener el control y puede ser numerosa, nunca vas a ser más poderosa que las fuerzas constitucionales, tampoco se puede comparar con la inteligencia que puedan llevar a cabo”.

    Los planteamientos del directivo de CAHUCOPANA no son infundados, en agosto de 2021, Didier Osorio, alcalde de Segovia, denunció que algunos policías del municipio estarían colaborando con las AGC. El funcionario pidió además que la institución investigara y retirara a los implicados.

  • El manto de sospecha cubre a la fuerza pública y también a grandes empresas como la Gran Colombia Gold, empresa que las 24 horas de los 365 días del año explota oro a gran escala en “un área aproximada de 9.000 hectáreas”. A pesar de que en 2019 reportó un récord de 240.000 onzas extraídas en Segovia y Remedios, las aspiraciones productivas y expansionistas de la compañía no merman. Sobre la complicidad que puede existir entre la Gran Colombia Gold y la violencia que sufre la región, Yesid Zapata manifiesta que “las autoridades son las encargadas de establecer esa posible relación. Pero hay una responsabilidad de las empresas multinacionales puesto que no les resulta incómodo. Si las violaciones a los derechos humanos se siguen recrudeciendo, a esas grandes empresas debería dolerles lo que sucede en las territorialidades. Al no existir esa dolencia, uno podría decir que están de acuerdo con que a los campesinos se les sigan oprimiendo a partir de las armas”.

    —¿Si en estas veredas no hubiera oro, no habría grupos armados? —le pregunto a Víctor.

    —Si hubiera otra fuente de riqueza que no fuera la minería, igual estarían aquí —responde él.

    Con su forma de operar y su deseo expansionista en esta y otras regiones del departamento y del país, las AGC pretende enviar mensajes de poderío al nuevo gobierno. “Las dinámicas del conflicto nos han enseñado que cuando hay un actor posicionado y es desplazado por otro actor, el nuevo grupo que incursiona va a imponer toda su autoridad y van a haber señalamientos y más muertes —asegura Víctor Vega—. No es un discurso de apología a nadie. La comunidad quiere vivir tranquila. No quiere un conflicto, ni quiere que los actores involucren a la comunidad”. 

    Las cifras de la guerra indican que sus principales víctimas son los civiles que nada tiene que ver con ella. Ese precedente es el que preocupa a Edwin Bonilla: “Lo más delicado es que tenemos actores armados viviendo en los mismos caseríos, conviviendo con las mismas comunidades, a pesar de que a ellas no les guste. Eso genera mucha preocupación porque no se sabe en que momento llega una arremetida militar o paramilitar, y pueda quedar la comunidad en medio. Quizás vengan con intenciones de erradicar las guerrillas y no se fijen quiénes hacen parte de ellas, sino que cataloguen a toda la comunidad como parte de las estructuras. Puede que se recrudezcan las masacres para ganar algo de poder. Para los de esta región cualquier sonido, cualquier ruido, cualquier vehículo después de las 7 de la noche es básicamente una amenaza, porque uno no sabe si es gente de las mismas comunidades o si es un vehículo que viene desde otros lugares con gente armada. Ya nos pasó una vez, se nos metieron unos armados a la zona, y aunque hubo un tiroteo en el caserío, gracias a Dios no pasó a mayores”.

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  • CAHUCOPANA nació como organización social después de un refugio humanitario. Eladio Morales me explica que “los campamentos de refugio humanitario son un mecanismo de protección y autoprotección que nos ideamos las comunidades campesinas y mineras. Nos permite visibilizar las violaciones de derechos humanos que se están presentando en la región. Nos permite evitar el desplazamiento de nuestros campesinos, y recoger las propuestas y dolencias para presentárselos a los diferentes entes del Estado”.

    La Unidad de Victimas reconoció a CAHUCOPANA como sujeto de reparación colectiva por las afectaciones causadas por el conflicto armado. Hasta ahora el Estado ha sido “negligente y lento” en el cumplimiento del plan integral de reparación colectiva.

    Según Eladio, con los refugios humanitarios de hace 20 años el campesinado minero del nordeste buscaba “protegerse de la persecución militar, y el bloqueo económico y humano que los gobiernos paraestatales emplearon para esta región. También estuvieron marcados por la supuesta seguridad democrática del Estado colombiano. Por los mal llamados falsos positivos, que en realidad fueron positivos asesinatos contra la población campesina. Ahora son otros momentos, otros tiempos, pero la violencia hacia la región no ha cesado. El mayor pecado que tiene nuestra población es haber colonizado unas regiones ricas en todo”.

    Cada que se lo propone, la violencia se reviste y vuelve con la misma crueldad a las zonas rurales del nordeste. La “paz total” que propone el nuevo gobierno de Gustavo Petro abre un nuevo ciclo de expectativas y esquivas esperanzas. A Víctor Vega la propuesta le despierta más preguntas que certezas: ¿los llamados diálogos regionales significan treguas y negociaciones particulares con la población y los comandos federales del ELN? ¿Con quién han de negociar primer, con el ELN o con los paramilitares? Si las negociaciones no se hacen a la par con todos los grupos, ¿los grupos que permanezcan se apoderarán de los territorios que dominaba el grupo que se encuentre negociando? Las AGC y las disidencias de las FARC son producto de dos procesos de paz fallidos, ¿se apostará por una nueva desmovilización negociada, o se les obligará militarmente a que se sometan a la justicia? ¿El nuevo gobierno dará un carácter político a los grupos paramilitares y a los farianos disidentes?

    Cualquier intento de una paz dialogada, dice Yesid Zapata, recibirá una respuesta favorables de las comunidades. Sin embargo, advierte que “hay otros intereses: carteles mexicanos de droga, intereses de ejércitos privados y particulares que podrían engrosar o reconfigurar en otras formas de poder. Eso se evita cuando hay un estado fuerte, que investiga, que sanciona, que está en la lucha contra la impunidad, que defiende a los defensores de derechos humanos. Es el estado que queremos, el Estado que debería de ser, con una Fiscalía fuerte, una Fuerza Pública depurada, una institucionalidad que este llegando de manera integral, no solamente ejerciendo la soberanía territorial, sino también reivindicando los derechos de estas comunidades abandonadas”.

    ***

    Las nuestras son guerras simples con consecuencias complejas. Los grupos armados ya no son, necesariamente, ejércitos de hombres camuflados. Son como un espíritu que está ahí, aunque no lo puedas ver. Un monstruo con miles de ojos. Un monstruo que trata de ser omnipresente marcando su territorio con cuerpos desmembrados, o trazos en los ranchos de tablas, en los postes, y en las fachadas de las casas de material.

    “Puede que [la paz total] se implemente muy fácil en las ciudades y en los pueblos, pero acá en el territorio es muy complicado porque nunca se ha intentado rellenar el tejido social”. La respuesta de Edwin comprueba que el trayecto hacia la paz es tan sinuoso, pantanoso y enmontado como la carretera por la que se llega hasta El Carmen. 

     

    (Nota al pie: la misma noche que fue terminado este texto, CAHUCOPANA denunció “que aproximadamente a las 9:50 de la noche, hombres encapuchados que se movilizaban en una motocicleta, asesinaron a Luis Alberto Leudo, quien se encontraba en su lugar de residencia. Luis Alberto, era un reconocido joven de 23 años, que nació y creció en el corregimiento de Carrizal, actualmente se desempeñaba como minero”. ¿Cuántos muertos —más— nos va costar "la paz total"?)

    *Los nombres fueron modificados por cuestiones de seguridad

     

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