Ni trabajo ni monumentos, Siloé quiere justicia

E.* no dejaba jugar fútbol a su hijo por miedo a que lo lesionaran o sufriera una fractura. No fue una patada lo que mantiene a su hijo postrado con apenas 17 años. Es la bala que entró por su muslo izquierdo, disparada, según él, por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 3 de mayo de 2021.

La alevosía que empleó la fuerza pública para apagar el estallido social que vivió Cali entre mayo y junio del año pasado, mató a más de 20 personas en Siloé —y más de 40 en todo Cali—, estropeó el proyecto de vida de los muchachos que quedaron con lesiones de por vida, y dejó daños morales irreversibles en los familiares de las víctimas. La mamá de E., por ejemplo, sufrió un infarto de la angustia que le daba ver a su nieto enfermo.

El paro en Cali nunca paró, al menos no en Silóe. A la letal represión, le siguió un ciclo de violencia —que se mantiene hasta hoy— contra la verdad, la memoria, y los reclamos de justicia:    

A Daniel Stiven Sánchez —joven de 16 años que el 29 de mayo apareció quemado y con signos de tortura afuera del Dollar City de Silóe—, su familia no pudo llorarlo el día de su entierro porque hombres armados andaban merodeando el lugar. Días después quebraron los vidrios de la casa familiar. P., la hermana a la que Daniel siempre le pedía la bendición cuando salía de la casa, empezó a ser hostigada y perseguida por motos policiales. Y a su hermano, que estaba a punto de jurar bandera en el Ejército, lo echaron cuando se enteraron que sus hermanas responsabilizaron a la fuerza pública del asesinato de Daniel.  

Al otro día del asesinato de su hijo, a J. —mamá de Harold Antonio Rodríguez, asesinado el 3 de mayo al igual que José Emilson Ambuila y Kevin Agudelo Jiménez— la llamaron abogados rapaces desde Medellín, Bogotá y Barranquilla para ofrecerle sus servicios. Una semana más tarde, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) la citó y le pidió que le entregara el celular de su hijo, de no acatar la orden, dijo él, deberían allanarle su casa. J. llamó al CTI y averiguó por el sujeto. Una investigadora de la entidad le respondió que sí trabajaba con ellos, pero no le habían dado ninguna orden.  

La trabajadora social que reportó y denunció los 3 muertos y 23 heridos que llegaron al hospital de Siloé el 3 mayo, debió abandonar el país por amenazas. En enero, un fiscal tosco le recriminó a M. —mamá de Michael Andrés Aranda, asesinado el 28 de mayo de 2021— porque ella y otras familias protestaron ante la negligencia sistemática en los procesos judiciales, “hemos trabajado todo diciembre, yo no pude tener una navidad como la suya”, le dijo él. Desde que terminó la protesta, asesinaron o encarcelaron más de 20 jóvenes que en su momento integraron la Primera Línea de Siloé y otros puntos de la ciudad. Entre las victimas también hay niño que dice querer suicidarse para llegar al cielo y encontrarse con su papá.

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El 9 de mayo de 2021, Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle, le dijo a un periódico internacional que días después de la masacre del 3 de mayo había ido a Siloé, “y escuché los disparos y escuché los estruendos. Después, en esa balacera tan berraca, yo no encontré a los muertos”. Cuando le preguntaron si en ese momento el que daba las ordenes era él o Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército a quien el expresidente Iván Duque le encomendó apaciguar el estallido social en Cali, respondió: “un comandante del Ejército tiene mucha más capacidad política que un alcalde […] Lo que hacen los alcaldes es definir la línea gruesa, jamás la línea operativa”.

Ospina volvió a Siloé el 3 de septiembre de 2022. Algunas personas que estuvieron en la reunión que él presidió, aseguran que el alcalde reduce la memoria a la construcción de monumentos. Que además ofreció empleo, pero los familiares de los asesinados le respondieron que no estaban buscando trabajo sino justicia.

“Cali incluyente” fue el programa que la alcaldía, con ayuda financiera de algunos empresarios, diseñó para responder a las demandas de la juventud que paralizó la capital mundial de la salsa. El proyecto abrió más de 400 plazas laborales, las cuales fueron repartidas entre las casi 26 primeras líneas que integraban la Unión de Resistencias de Cali (URC).  

Las tareas asignadas a los “pelados” van desde hacerle mantenimiento a las huertas comunitarias en los barrios, hasta apoyar la prevención y la mitigación de la Unidad de Gestión del Riesgo. M. y E., dos integrantes del punto de resistencia La Nave de Siloé, tienen reparos sobre el programa y desconfían de las buenas intenciones de la institucionalidad y el sector empresarial. Las lideresas aseguran que es una estrategia para generar fracturas al interior de las primeras líneas y obtener información personal con la cual perfilarlos. E., quien fue beneficiaria de una de las vacantes, denuncian que existe una malversación del presupuesto, incumplimiento en los pagos, programación de actividades en lugares distintos a sus barrios de influencia, asesinato de jóvenes que hacían parte del programa —el que funcionarios de la alcaldía llaman “Cali delincuente—, y que el contrato que firmó el 10 de junio, a ella se lo cancelaron el 10 de julio por manifestar su inconformidad con el manejo administrativo.

Pareciera que el Estado, en su afán por borrar su responsabilidad criminal en la historia, también hubiera optado por recurrir a “todos los medios de lucha”.  

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Las violencias encubiertas, simbólicas y sistemáticas desplegadas durante el postparo, son una forma de reprender a los que quedaron, de enterrar vivos a los sobrevivientes.

Quienes dieron la orden de disparar y algunos sospechosos de haber disparado, hoy siguen portando su uniforme. Como el Estado colombiano no castiga, sino que en algunas ocasiones premia al sindicado, los familiares y algunas organizaciones sociales decidieron crear su propio escenario de acusación y justicia simbólica; pues aunque la búsqueda de la verdad moviliza, tal como lo dijo el magistrado argentino Pablo Pimentel, “sin justicia la verdad queda como un dato frio en la historia”.

El Tribunal Popular de Siloé no es una invención desesperada. Uno de los antecedentes en los que se inspira es en las Gachachas. Este juzgado comunitario, que en español significa “justicia sobre la hierba”, fue el mecanismo utilizado en Ruanda para enjuiciar, en circulo y al aire libre, a los responsables del genocidio que acabó con más de 600.000 Tutsis en 1994.

La sesión inaugural del Tribunal fue el 3 de mayo de 2022. Ese día se le imputaron cargos al expresidente Iván Duque, al alcalde Jorge Iván Ospina, a la gobernadora de Valle del Cauca Clara Luz Roldán, al excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro, al comandante operativo de la Policía de Cali Édgar Vega Gómez y al comandante del Grupo Operativo Especial de Seguridad (Goes) Néstor Mancilla, éstos dos últimos también acusados e imputados por la Fiscalía 39 de derechos humanos de Cali.

En la segunda sesión, realizada el 10 de septiembre, la secretaria técnica presentó a los Magistrados internacionales el material que prueba la responsabilidad estatal en 18 crímenes de lesa humanidad que, entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021, ocasionaron 159 víctimas en Siloé. Pese a que el juzgado 11 civil de circuito de la ciudad ordenó a la Defensoría del Pueblo designar una persona que defendiera al Estado en la sesión de acusación, Armando Torres Gómez, encargado por la regional Valle, no asistió. Se espera que en febrero de 2023 los jueces internacionales den lectura a la sentencia, sin embargo, Yohanka León del Río, magistrada cubana, afirmó que lo ocurrido en la comuna 20 de Cali fue una “grave lesión a la consciencia ética y comunitaria”.

El Tribunal puede mostrar avances probatorios, todavía no puede celebrar una condena. Pese a ello, su quehacer resulta legítimo en tanto las familias depositan en él su única esperanza, y quienes nunca habían denunciado se atreven a hablar. O. —mamá de Conrado de Jesús, joven abaleado por la fuerza pública el 3 de mayo— era una de ellas. En un espacio muy íntimo, aparte de reseñarnos todo el drama por el que ha pasado, agradeció porque “hemos recibido más abrazos y apoyo de gente de afuera, que de la misma ciudad”. También deberá decir la historia que mientras Siloé pedía justicia, Santiago de Cali siguió bailando salsa.

 

*Se omiten los nombres por cuestión de seguridad.

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Juan Alejandro Echeverri

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