¡Estados delincuentes!

En los últimos años se ha ido delineando un cierto tipo de Estado en algunos países del mundo, y en particular de América Latina, que asumen unas características delincuenciales de innegable factura. Entre esos Estados merecen ser mencionados tres, Colombia, México y Perú, aunque estos no sean los únicos, pero sin los emblemas representativos de ese régimen gansteril, propio por lo demás de unas clases dominantes cada vez más lumpenizadas.

 

El Estado delincuencial tiene algunas características distintivas, en las que por ahora queremos mencionar las más evidentes, como se pone de presente con algunos hechos de las últimas semanas. En primer término, en cuanto a los asuntos internos en estos Estados se ha entronizado una política abiertamente criminal frente a sus propios ciudadanos, amparados bajo la consigna imperialista de “lucha contra el terrorismo”. Como resultado se ha generalizado la lógica del terrorismo de Estado, típica de la época de la doctrina de seguridad nacional –de factura contrainsurgente estadounidense-, que ha llevado a perseguir a todos los movimientos sociales, organizaciones políticas e intelectuales que se oponen al terrorismo oficial y al neoliberalismo que lo acompaña.

Esto se observa en Colombia con los crímenes contra sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y habitantes pobres, como se rubrica con ese eufemismo macabro de “falsos positivos”. En Perú se expresa con la represión indiscriminada, al estilo israelí, de los indígenas de la Amazonía como aconteció el 5 de junio último, cuando fueron masacrados los comuneros que protestaban en forma pacífica, después de 52 días, contra la venta de sus recursos a empresas multinacionales. En México, lo mismo que en Colombia, cada vez son más estrechos los nexos de autoridades policiales y militares con bandas de narcoparamilitares que usan el aparato de Estado para sus propios intereses, entre ellos el control de importantes recursos, el dominio de rutas de narcotráfico y el aprovechamiento de la cosa pública para el beneficio de los grupos criminales que se han enseñoreado en su territorio.

Una segunda característica del estado delincuencial es su apego irrestricto a la cartilla del Consenso de Washington con la aplicación de las recetas neoliberales y la aceptación incondicional del libre comercio. Eso se nota en México, alumno predilecto de los TLC, porque fue el primer país del mundo periférico en firmar un leonino acuerdo de Libre Comercio hace más de quince años, que ha arruinado la agricultura, la industria y el comercio del país azteca, trayendo hambre, desempleo y miseria generalizada. Lo mismo sucede en Perú, cuyo gobierno firmó un tratado librecomercial con los Estados Unidos, con la aceptación de todas las imposiciones antisociales exigidas por el amo del norte y sus multinacionales (entre las que sobresalen las relativas a la apropiación de la biodiversidad y a la venta a precios muy elevados de medicamentos producidos por las farmacéuticas yanquis). Entre otras cosas, la masacre contra los indígenas de la región amazónica peruana se ha hecho para imponerles el librecomercio a sangre y fuego. En Colombia, por su parte, todavía no se ha aprobado el tratado de libre comercio, pero no porque las clases dominantes de este país no hayan pretendido, sino porque los Estados Unidos, por conveniencias coyunturales, no lo han querido firmar.

En los tres países durante las últimas décadas se ha impuesto con toda la violencia y la impunidad del caso el neoliberalismo, con el fin de feriar los recursos existentes en sus territorios, entre los que sobresalen el petróleo, el agua, la biodiversidad, los bosques, las selvas, los ríos, los páramos y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Por ello, no sorprende que las multinacionales de Estados Unidos y Europa –así como los respectivos gobiernos de esos lugares- hablen de los “milagros económicos” que en estos países delincuenciales se habrían producido, por garantizar la inversión extranjera, permitir la repatriación plena de ganancias, facilitar la explotación de sus habitantes con reformas laborales que benefician a los empresarios nacionales y extranjeros y autorizar el establecimiento de maquilas.

Por último, hay que nombrar otra característica del Estado delincuencial latinoamericano, referida a la política internacional. La acción exterior de dicho Estado revive los peores momentos de las dictaduras contrainsurgentes y anticomunistas de la época 1960-1980, como la del siniestro Plan Cóndor, urdido por los Estados Unidos en estrecha alianza con las clases dominantes de los países del Cono Sur, y puestas en marcha por las cúpulas militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Perú. Con ese plan se permitió el intercambio de perseguidos políticos, sin importar la nacionalidad, para que fueran torturados y asesinados de manera indistinta por cualquiera de los miembros de esa alianza criminal.

Los países delincuenciales, objeto de esta nota, están reviviendo el Plan Cóndor, ahora bajo una pretendida careta civil y democrática –que es solo eso, una fachada- como queda claro si se examinan algunos hechos de política exterior de los últimos años. En efecto, el gobierno de Colombia apoya la guerra criminal de los Estados Unidos contra la población Iraquí, al tiempo que se ha convertido en el Israel de Sudamérica con el bombardeo e intromisión en Ecuador y con la captura ilegal de personas en Venezuela. México ha roto con una tradición de casi un siglo de respeto a las normas del derecho internacional y de asilo a los perseguidos políticos de diversos lugares del mundo, al expulsar al profesor Miguel Ángel Beltrán y aceptar los infundios del narco estado colombiano, para convertirse en un cómplice activo de sus crímenes. No por casualidad, los presidentes ilegítimos de los dos países, de México y de Colombia (ambos llegaron al solio presidencial en dudosos certámenes electorales, con fraude, cohecho y falsedades a granel), se reunieron hace pocos días en Medellín para afianzar sus vínculos criminales, con la bendición, por si hubiera dudas, de los príncipes del Reino de España.

Y en el Perú las cosas no son diferentes, puesto que ahora ese país se ha convertido en un santuario de los terroristas de Estado, ya que allí se reciben con los brazos abiertos a los representantes de la derecha venezolana, conocidos por sus maniobras delincuenciales, como el fugitivo gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales. Valga recordar que el Estado delincuencial colombiano también asila golpistas venezolanos, como acontece con Pedro Carmona, que reside en Bogotá, al tiempo que niega que otros países apliquen el derecho de asilo cuando se hace contra perseguidos políticos en este país. Entre paréntesis, el Estado traqueto colombiano ha criminalizado a todo el que piense distinto, calificándolo como terrorista y ha convertido las embajadas en oficinas de delincuentes internacionales, que operan con cinismo e impunidad y se pasean con desfachatez homicida por todo el mundo.

Para terminar, decíamos que Alán García ha decidido asilar, nada más y nada menos, que a conocidos genocidas del pueblo boliviano, que en el 2003 masacraron a un centenar de humildes hombres y mujeres en las ciudades de El Alto y de La Paz, sólo por el hecho que se oponían a la venta del gas a compañías extranjeras. Esos genocidas fungían como ministros de Estado en el régimen antinacional de Gonzalo Sánchez de Lozada, a su turno refugiado en Estados Unidos. Ahora, con el genocidio del Amazonas, sí queda claro porque Alan García acoge con tanto entusiasmo a colegas del crimen, seguramente para recibir lecciones directas sobre cómo masacrar a la gente humilde.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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