Oro en Segovia: Para unos la vida, para otros el lucro desmedido

“Los medios no van a publicar nuestra situación; por eso nos vimos obligados a las vías de hecho”. Así se pronunciaban algunos miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, Sintramienergetica, luego del paro cívico del 20 de septiembre pasado, organizado en reclamo por el despido de cerca de 1600 trabajadores de la empresa Frontino Gold Mines, y por considerar ilegal la venta de esta compañía a la multinacional Gran Colombia Gold.

 

 

El origen del meollo
Luego de que esta compañía inglesa hubiera operado desde 1852 y extraído 4,5 millones de onzas de oro en tierras del municipio de Segovia, en el año 1976 los dueños norteamericanos de la Frontino Gold Mines decidieron ceder su sucursal en Colombia, supuestamente por las pérdidas sufridas, el aumento de las cargas sociales derivadas de las leyes colombianas y por la convención colectiva. En el “acta de Nueva York”, documento notariado y firmado en dicha ciudad los antiguos propietarios ceden la totalidad de los bienes y activos “al Gobierno Nacional o a los trabajadores y pensionados, únicos acreedores de esta empresa”. Pero también en otros apartes, se manifiesta que los activos de la empresa ya no figuran como bienes en sus balances por razón “del ofrecimiento de cesión irrevocable a los acreedores de la empresa”, es decir, a  trabajadores y pensionados.

Pero una vez firmada el acta, la Superintendencia de Sociedades planteó y ejecutó un Concordato Preventivo Operativo por tres años para poder resolver el pasivo pensional y la carga prestacional de trabajadores y pensionados; ella misma puso la nueva administración para llevar a cabo este propósito. Pero las prórrogas se fueron renovando y la conmutación pensional nunca se vio. Finalmente, el gobierno nacional del presidente Álvaro Uribe decretó, a través de la Superintendencia de Sociedades, la liquidación obligatoria de la Frontino en el año 2004.

“Aquí siempre nos decían que la empresa no era viable- cuentan algunos trabajadores de la Frontino-, que  había ya poco qué sacar, que no había las condiciones para producir, que el precio del oro no era rentable; en fin, siempre nos vislumbraban la posibilidad de la inversión extranjera como opción. Pero la empresa sí era viable, porque en el año 2006 llegó el liquidador José Castellanos y compró nueva maquinaria, dejó en reservas 8000 millones de pesos y nos aumentó el salario en un 8%. A este señor, sin embargo, lo relevaron del cargo sin saberse por qué, y el que lo remplazó, Iván Correa, sin que se cambiaran las condiciones existentes de la empresa, la puso al borde de la quiebra y empezó a faltar con los pagos de las prestaciones sociales en el año 2007. Sí hay que tener en cuenta que los precios del oro varian, pero una empresa como estas no se puede venir a pique de la noche a la mañana”.

Una historia de persecución
Además de las malas administraciones de los liquidadores está el flagelo de la persecución contra los sindicalistas. En el 2003 un grupo de sindicalistas designados por la directiva venía solicitando créditos en el extranjero; calcularon que con 55 millones de dólares se superaría o se conmutaría el pasivo pensional. El crédito, ofrecido por un consorcio canadiense, estaba listo y se necesitaba la aprobación de pensionados,  trabajadores de la administración. Esta última  determinó que no necesitaban dinero y desechó inmediatamente la posibilidad de crédito. De regreso al país, estos sindicalistas se encontraron con una serie de altercados, entre despidos y estigmatizaciones, y algunos fueron detenidos por acusaciones de ser guerrilleros de las Farc. En abril de este año, un miembro de la junta directiva del sindicato fue herido por un par de sujetos motorizados y encapuchados cerca a su casa, en donde todavía continúa recuperándose.

La Gran Colombia Gold, empresa a la que finalmente le cedió el gobierno la titularidad de la que antes era la Frontino, ahora cuenta con propiedad a perpetuidad de un título minero, con una extensión de 2.800 hectáreas entre los municipios de Segovia y una pequeña parte de Remedios. Según su vicepresidente, José Oro, la proyección por ahora es de 30 millones de onzas. Esta compañía fue constituida en Canadá y sus accionistas principales son el italiano Serafino Lacono, Miguel de la Campa, José Francisco Arata y Juan Manuel Peláez, todos ellos ejecutivos y accionistas de Pacific Rubiales, Medoro Resources, Alange, y otras compañías petroleras y mineras que tienen intereses sobre el subsuelo colombiano.

Causa muchas sorpresas y polémicas la presidencia de la compañía en manos de la ex ministra de Relaciones Exteriores y de Cultura del Gobierno del presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2006, María Consuelo Araújo Castro, quien fue presionada a renunciar por el escándalo que suscitó en el país la vinculación de su padre y de su hermano con los paramilitares.

Con esta gran mina en su poder, la subsidiaria de la GNC en Colombia, Zandor Capital, empezó a operar en la empresa el pasado 30 de agosto, despidiendo a cerca de 1600 trabajadores, muchos de ellos con contrato indefinido. Varios de ellos han sido reintegrando de nuevo, pero a través de bolsas de empleo, las cuales han sido denunciadas por su dudosa procedencia. Entre las nuevas condiciones laborales que se ofrecen a los trabajadores están: 635 mil pesos de salario básico (hay que contar con el alto costo de la vida de un pueblo minero, los servicios públicos tienen altas tarifas y su servicio de acueducto llega cada semana por dos horas, y el transporte de Segovia a Medellín cuesta 50 mil pesos), contratos por duración de obra (a término fijo), suspensión de todas las prestaciones sociales y despido a 60 trabajadores incapacitados y dos mujeres en estado de embarazo. Toda esta situación la conocen los alcaldes, pero se confían de las regalías, de ocho mil millones de pesos por año y para cada uno de los municipios, prometidas por esta empresa.

La lucha continúa
Sin embargo, los trabajadores y pensionados no renuncian a la lucha por su empresa, y en esa lucha se integra toda la comunidad como ocurrió en el anterior paro cívico de septiembre, en donde participaron, además de los mineros, amas de casa, estudiantes y campesinos. Para dar la pelea por la empresa, uno de los fundamentos más fuertes que tienen es el RPP -Reconocimiento de la Propiedad Privada- un derecho que, según ellos, les corresponde por ser los acreedores de la Frontino.

Ya el caso por el derecho de posesión fue puesto en el Juzgado 5º de Medellín, quien en primera instancia falló a favor de los legítimos dueños, pero luego de una tutela se revocó esta decisión, cerrándose el caso el año pasado. “En estos momentos el caso está pasando por la Corte Suprema de Justicia, en donde no han sacado una sentencia al respecto”, comentaba uno de los sindicalistas. “Pero si no encontramos la solución por las vías jurídicas no dudaremos en recurrir a las vías de hecho que sean necesarias”, insiste. Lo del paro de septiembre apenas fue una muestra de esta determinación. “Porque esta compañía es uno de los patrimonios más sagrados de la comunidad de la región del nordeste antioqueño”. Y es cierto, pues cerca del 80% de la población de Segovia sobrevive de ella.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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Andrés "El Germen"  Markez
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