La implantación ilegal de la pena de muerte en Colombia

En términos formales se nos dice que Colombia es un Estado Social de Derecho (sic) y nos lo repiten hasta el cansancio leguleyos, políticos, violentólogos, periodistas, dueños de ONG's y catedráticos en todos los rincones del país. En concordancia, se afirma que en Colombia no existe la pena de muerte, la cual fue abolida legalmente hace un siglo exacto, en 1910, y lo ratificó la Constitución de 1991, en la cual se establece, en su artículo 11, donde dice que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. En vista de lo que hoy está sucediendo puede considerarse que esta afirmación es un muy mal chiste. En realidad, es pura formalidad, puesto que en este país se ejecuta la pena capital de manera generalizada desde, por lo menos, 1946, cuando los conservadores retomaron el control del gobierno.

 

 

En ese sentido Pena de Muerte, lo que se dice Pena y de Muerte ha sido una constante de la historia colombiana, hasta el punto que podría decirse, sin exagerar, que los colombianos que hemos nacido durante los últimos 70 años pertenecemos a una interminable generación, la de la Pena de Muerte. Sin embargo, en los últimos ocho años se ha presentado un cambio con respecto tanto a la aplicación como a la legitimación que desde el Estado –contando con la complacencia de los medios de comunicación, de las clases dominantes y de parte de la población- se ha hecho de la Pena de Muerte, como se demuestra con los acontecimientos relacionados con el asesinato de Alfonso Briceño, el Mono Jojoy, por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Los sicarios llegan al Estado
En 2002 se produce un cambio radical en cuanto a la Pena de Muerte, ya que se instaura en el manejo estatal la lógica y la práctica de los sicarios, aquellos asesinos a sueldo cuya labor consiste en ejecutar a sangre fría a sus víctimas. Durante los últimos ocho años, funcionarios y agentes del gobierno central asumieron como algo normal el hecho de condenar a la pena de muerte a muchos colombianos, sobre todo a aquellos que empezaron a ser calificados como terroristas o cómplices del terrorismo.

Esa práctica se impulsó desde la propia Presidencia de la República, como se demostró con las continuas invitaciones de Álvaro Uribe Vélez a matar a cualquiera que desde la primera magistratura se señalara como enemigo del régimen. Frases como  "Si parece culpable, échenlo a la fosa", “fumíguelos a mi nombre, general”, “Hay que matar a esos terroristas”… son típicas de esa incitación cínica y desvergonzada a matar, con toda la impunidad del caso y protegidos con el manto de la fuerza del Estado. El cambio fundamental estriba en que no se niega el asesinato de adversarios sino que se le impulsa desde el Estado. Eso fue lo que hizo el régimen uribista y sus más encumbrados funcionarios, como Juan Manuel Santos y Francisco Santos.

A diferencia de lo ocurrido en el medio siglo anterior, ahora el primer funcionario del Estado proclama de manera pública el asesinato de sus adversarios, se ufana de hacerlo y lo mismo hacen otros miembros del gobierno. Desde el Estado se avala el sicariato y se justifican todas las acciones de las fuerzas represivas, como se va a poner de presente con los mal llamados falsos positivos, un crimen sistemático de Estado, que no puede ser interpretado con la equivocada denominación de “ejecuciones extrajudiciales”, porque sencillamente en Colombia no existen las “ejecuciones judiciales”, esto es, la autorización legal y constitucional para matar a alguien. Ese nombre tiende a ocultar que simple y llanamente son crímenes de Estado, sin asidero legal de ninguna clase, aunque cuenten con el apoyo de la fuerza militar y de los medios de comunicación, para presentarlos como legales y legítimos.

Otro hecho que rubrica la legitimación pública de la pena de muerte ha sido el de la masacre de Sucumbíos en Ecuador en marzo de 2008, cuando fueron masacradas 26 personas, entre ellas 4 mexicanos y 1 ecuatoriano. Este hecho, típico de la guerra preventiva Made in USA, el régimen uribista intentó justificarlo de mil maneras, y esas justificaciones han sido respaldadas por la “gran prensa”, diciendo que Colombia tenía derecho a defenderse y que por eso atacaba a las FARC en Ecuador y violaba la soberanía territorial de ese país.

El que tuvo bien claro lo que había sucedido fue un humilde juez de Sucumbíos que desde el principio señaló que esto había sido un crimen, y por eso inició el juicio contra los responsables, entre los que se encuentra el actual Presidente de la República, que nunca se ha arrepentido de los hechos de Ecuador, sino que antes, por el contrario, se siente muy feliz y satisfecho. Esta actitud es una muestra del cambio que hemos señalado, consistente en que ahora no se ocultan los crímenes sino que se exaltan en público.

No sorprende que los abogados de oficio que tiene J.M. Santos ante la justicia ecuatoriana hayan recurrido al sensacional argumento jurídico que intenta ocultar las manifestaciones públicas del hoy Presidente de Colombia en las que se ufana del asesinato de Raúl Reyes, que dice textualmente: “La decisión de bombardear el campamento donde se encontraba Raúl Reyes fue de Estado, amparada por legislación internacional en la lucha contra el terrorismo, y que por consiguiente no hubo ninguna acción o prueba que demuestre que Santos actuó de manera personal”. Como quien dice, la pretendida legislación internacional de lucha contra el terrorismo aprueba la pena de muerte en cualquier país y por eso hasta el Presidente de la República puede violar la constitución del país que preside, amparándose en una etérea legislación internacional, para bombardear otro país, sin importar que ni en Ecuador ni en Colombia exista la pena de muerte. ¡Qué gran descubrimiento jurídico!

Sicariato aéreo
En el uribismo se implementó un nuevo tipo de sicariato, que consiste en el uso masivo de la aviación militar para bombardear de manera indiscriminada y desproporcionada con el objetivo exclusivo de matar al adversario. A este tipo de acción criminal bien se le puede llamar sicariato aéreo. Valiéndose de los dineros del Plan Colombia y de las “ayudas” de los Estados Unidos, el Estado ha comprado aviones sofisticados con los cuales bombardea de manera permanente a la insurgencia y a campesinos e indígenas. Esta arma de guerra se ha venido utilizando de manera reiterada como se puso de presente el 23 de septiembre cuando fue asesinado el líder militar de las FARC, Alfonso Briceño, conocido como el Mono Jojoy.

Las declaraciones de los altos funcionarios del Estado indican claramente que el objetivo de esta acción desde un principio era la de masacrar al Mono Jojoy, como se evidencia con esta afirmación de uno de los militares que participó en la operación: "Sabíamos que teníamos dos objetivos grandes: acabar con el 'Mono Jojoy' y combatir a los 1.300 hombres que lo custodiaban”. Y el Ministro de Defensa (sic), Rodrigo Rivera, un mediocre burócrata de segunda categoría, se regodea de la aplicación ilegal de la Pena De Muerte: “Esta fue una operación quirúrgica porque no iba dirigida a desmantelar el campamento sino contra el objetivo. Sabíamos que tenía la costumbre de entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana de levantarse y consultar documentos (...) por eso se decidió que (el operativo) fuera a las 2:00 de la mañana”.

Una operación quirúrgica, vale decir destinada a matar a una persona, como las que realizan cotidianamente Israel contra los palestinos o Estados Unidos en Irak, Afganistán y Pakistán. Por eso no sorprende que esta haya sido una operación en la que participaron directa e indirectamente los Estados Unidos. Este suministró 30 bombas “inteligentes”, equivalentes a 7 toneladas de explosivos (7000 mil kilos) para matar a un guerrillero de 57 años y enfermo.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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