Iglesia y Estado no han partido cobijas

Julio es profesor de una institución educativa pública del municipio de Itagüí, al sur del área metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín). Hace aproximadamente 3 meses fue sorprendido con una notificación de la secretaría municipal de traslado que no había pedido. Recordaba entonces Julio que su calificación del año anterior había sido buena (93 puntos sobre 100), por tanto no podía ser esto la motivación del traslado. Cuál no sería su sorpresa cuando, después de indagar la causa de esta notificación, se enteró que obedecía a un reclamo desde la parroquia de la localidad.

 

 

Cuando Julio fue a preguntar en la Secretaría de Educación, comprobó que el funcionario que lo atendió tampoco sabía nada del asunto y se había limitado a transmitir la orden que venía desde más arriba. “Según el decreto 511- explicó el funcionario- hay tres razones para un traslado; la primera es por necesidad del servicio, la segunda por evaluación anual del rector y la tercera por petición voluntaria; y si tiene alguna duda del motivo tiene que preguntarle al secretario de educación”. ¿Cuándo ocurre  una necesidad de servicio?, preguntó Julio, pensando en que ninguno de los otros dos casos podían explicar su traslado.  “Es cuando se necesita que un docente ocupe una plaza vacante en otra institución”- aclaró el funcionario.

Y justo durante esta conversación llegó una docente con la misma inquietud. También a ella la habían notificado de un traslado no solicitado y quería saber a causa de qué. Ante el asombro de todos, resultó que la plaza a la que sería trasladado Julio estaba ya con una persona en propiedad, la misma profesora que, sin motivo evidente, estaba también a punto de ser trasladada. ¿Entonces qué pasó?, se preguntaban todos, hasta el funcionario.

Según varios profesores preguntados, los traslados inconsultos son muy comunes en el municipio de Itagüí, aunque van en contra de los derechos adquiridos de los docentes. Muchos de ellos aseguran que son estrategias que usa la politiquería para hacer los famosos favores políticos.

Pero esta vez, ante tal atropello, los dos docentes decidieron llegar hasta el fondo de las averiguaciones. Lo primero que hicieron fue exigir una respuesta del funcionario que les atendió, quien respondió tajantemente: “yo sólo escribo los traslados obedeciendo órdenes. Si tiene alguna duda del motivo tiene que preguntarle al Secretario de Educación”. Pero el Secretario de Educación, cuando se lo preguntaron, expresó una respuesta similar, con la que no se conformó ninguno de los dos profesores, que más bien decidieron averiguar al interior de esa misma politiquería que en el municipio de Itagüí parece manejar todos los hilos. Había que preguntarle al concejal amigo, al funcionario amigo, al político al que le habían dado su apoyo en las elecciones pasadas, en fin, a todo el que pudiera tener más información del tejemaneje.

Así se enteraron que quienes habían pedido su traslado eran los sacerdotes Álvaro Pimienta y Gonzalo XXX de la parroquia Maternidad Divida (Arquidiócesis de Medellín) del barrio San Fernando, donde está ubicada la institución educativa en cuestión. Estos sacerdotes le habían pedido el favor al alcalde Gabriel Jaime Cadavid Bedoya, alegando que Julio era ateo, satánico, y estaba inculcando en los estudiantes odio contra los sacerdotes. Las quejas, según recuerda Julio, sonaban más chismes de pasillo: que el profesor decía que los sacerdotes son pedófilos y pederastas, que no es parcial al dictar sus clases y que es un peligro ético y moral para los jóvenes y toda la comunidad del barrio.

El docente había sido vinculado por el decreto 1290, donde se hace necesario pasar concursos, entrevistas, antecedentes (hoja de vida) y un año de periodo de prueba para los servidores públicos; luego de este proceso fue vinculado por decreto público. Entre las clases que imparte a los jóvenes, se encuentra una de educación religiosa. “Yo lo que desarrollo es un programa con énfasis en el respeto a la diferencia y la  libertad de culto y de creencia que le garantiza a los colombianos la Constitución Nacional de 1991- afirma el docente-. De acuerdo a esto organizo el plan de estudios, tomando en cuenta que se debe presentar una imparcialidad en el manejo del contenido religioso. Pero los sacerdotes nunca han estado de acuerdo con esto, pues según ellos, lo que se debe enseñar es religión católica”.

Los sacerdotes en múltiples ocasiones durante las reuniones de padres y madres de familia de los niños y jóvenes que están en la preparación de la primera comunión y confirmación les decía, en palabra textuales: “hay una preocupación muy grande en la parroquia por un profesor de catequesis de la institución educativa, ya que no está enseñando catolicismo, y los jóvenes salen escandalizados de la clase. Nos preocupa su ética profesional”. También le decían a la comunidad que harían todo lo posible para que al profesor lo cambiaran de la institución. Estos comentarios siempre los conoció Julio, pero nunca le preocuparon realmente. Según él mismo dice, nunca pensó que un servidor de Dios, que proclama el amor al prójimo y el respeto, realizara un hecho tan vergonzoso en plena modernidad.

Luego de saber los motivos de su traslado, el docente fue a conversar con uno de los sacerdotes, el presbítero Álvaro Pimienta. Sin decirle todavía nada de su traslado, Julio quiso preguntarle sobre los comentarios en las reuniones de padres de familia, a lo que el sacerdote se limitó a repetir: “ …que es un problema, que le falta de ética y moral, que no enseña catolicismo….” El docente insistió en derecho a la libertad religiosa, la separación legal realizada hace muchos años de la iglesia y el Estado. La respuesta del presbítero fue la siguiente: “La iglesia y el Estado no han partido cobijas por una razón muy simple, ¿quién dicta si es o no el Estado confesional?. La iglesia no ha tenido la preocupación de ganar o perder el poder, la iglesia trabajó solo en el respeto a la vida, por ello no puede apoyar a los profesores que aprueben el aborto ni el matrimonio gay”. Entonces Julio aprovechó para preguntarle si era cierto que él haría todo lo posible para que lo cambiaran de institución. “Si hay que hacerlo cambiar se cambia- respondió el sacerdote con suficiencia-; no se puede permitir que los muchachos del barrio salgan envenenados con la clase de religión”.

Lo más particular de este hecho concreto es que se solucionó como se soluciona todo en Itagüí con politiquería. Si no fuese por ello el docente ya estaría en otra institución. El decreto que se encontraba ya listo y firmado desapareció de la noche a la mañana como si nada hubiera pasado, como dicen  - por arte de magia-. Pero no por ello han cesado los comentarios de los sacerdotes, desprestigiando la labor del docente, acusándolo de la poca fe de los jóvenes y presentándolo ante la comunidad (sus feligreses) como una amenaza contra la moral y la ética. “... que mi hija dejó de ir a misa por culpa del profesor- dice uno”. “mi hija dice que no se debe rezar a esculturas de yeso, porque eso le enseñó el profesor- agrega el otro”. “Por qué el profesor no lleva  a los niños y niñas a misa”, “que el profesor porque no reza en clase” y cientos de comentarios que generan un malestar en la institución, un ambiente laboral pesado y ese constante asedio de tener que demostrar que son simplemente chismes y comentarios sin fundamento real. “En este pueblo consagrado al Sagrado Corazón de Jesús- dice Julio- se condena más al que no reza, mientras se perdona y hasta se ensalza al que no sabe o no quiere leer ni escribir ni sumar o restar”.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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