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La tarifa preferencial en transmilenio: Hacia un mandato popular

Hace más de 10 años que se implementó en Bogotá el sistema de transporte masivo Transmilenio. Recuerdo que por aquel entonces este sistema se nos publicitó a los bogotanos como el “sistema de vida”; hoy muchos de nosotros, después de haber perdido cientos de horas en interminables colas, luego de haber sido manoseados repetidas veces  y de pagar uno de los pasajes de trasporte urbano más caros de América Latina, sabemos  bien que este es  un  sistema poco amigable con la vida.

 

 

 

Los cuestionamientos a Trasmilenio no paran aquí, luego de diez años en funcionamiento, el sistema ha comenzado a colapsar en algunos puntos neurálgicos de la ciudad. Los tiempos de espera en algunas estaciones son de varios minutos, llegando en algunas situaciones a superar la hora. Al parecer, la flota de buses articulados rojos no es suficiente para satisfacer la demanda en las horas pico. Durante el año pasado, las protestas ciudadanas contra el mal servicio de la empresa fueron el pan de cada día, y en lo corrido de este año ya se han presentado dos protestas contra el sistema por el mismo motivo.

A  esto se suma el hecho de que en varias zonas marginales de la ciudad el servicio de alimentadores no se presta de manera adecuada y eficiente. Muchos de los usuarios que habitan en estas zonas tienen que recorrer largos trayectos desde los paraderos hasta sus hogares, viéndose expuestos a robos o atracos, cuando tienen que hacer estos recorridos a altas horas de la noche. Esto, sin mencionar el grave deterioro que han sufrido las vías internas de los barrios por donde circulan los alimentadores; arreglos que tiene que asumir el Distrito y no la empresa Transmilenio. Porque, en realidad, el problema de fondo, por el que se explican la mayoría de problemas y deficiencias del sistema, se encuentra en el actual modelo de negocio con el que funciona el Sistema de transporte público de la ciudad, un sistema que se supone es público pero que en la actualidad es administrado por el sector privado. El sistema genera grandes ganancias, pero estas son indebidamente apropiadas por unos cuantos empresarios del transporte.

El modelo de negocio con el que ha funcionado Transmilenio es el siguiente: la infraestructura del sistema, es decir, vías y estaciones son construidas con recursos públicos, la administración, planificación y organización del sistema, también la hace la empresa pública Transmilenio S.A. Los vehículos articulados y alimentadores, en cambio, son de propiedad privada (8 familias tienen la propiedad de los vehículos). Y, por tanto, el recaudo de la tarifa lo realiza la empresa privada Angelcom.

Ahora bien, si el distrito pone las vías, las estaciones e inclusive la seguridad en estas últimas, es de esperarse que su participación en las utilidades del sistema fuera proporcional a su inversión e inclusive superiores, porque, además, éste, mediante la creación de leyes, favorece la posición oligopólica que ocupa la empresa Transmilenio en el mercado del servicio de transporte. Pero, contrario a la lógica económica, que sostiene el mismo gobierno, el Distrito se queda con la tajada más pequeña de las utilidades. Del valor de un pasaje ($1.700), el 96,2% ($1.635,4) va a parar a los bolsillos del sector privado (operadores buses articulados, alimentadores; los operadores de recaudo y la fiducia), mientras que el Distrito, que es el que construye las vías y estaciones del sistema, sólo recibe el 3,8% ($64,6), para reinvertir en el Sistema. Como quien dice, lo ancho para los capitalistas y la miseria para el pueblo.

Tal vez para muchos de nosotros  $1.700 pesos no sea una gran suma. Sin embargo, al multiplicar este valor por un millón seiscientos mil (1.600.000), que son las personas que diariamente moviliza el sistema, esta cifra crece varios miles de millones de pesos. El Sistema Transmilenio recibe diariamente por concepto de pasajes dos mil setecientos veinte millones de pesos (2.720.000.000), o sea que al mes recibe la nada despreciable cifra de ochenta y un mil seiscientos millones de pesos ($81.600.000.000), de los cuales el Distrito apenas recibe  el irrisorio 3,8%.

Frente a este panorama de injusticia y vulneración de derechos se hace necesario exigir no sólo calidad en el servicio, sino también beneficios que impacten positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía. La actual manera de distribución de las utilidades del sistema Trasmilenio va en detrimento del patrimonio público de la ciudad y de nuestros derechos como ciudadanos. Es por esto que como estrategia de redistribución de la riqueza que genera el sistema proponemos la creación de una tarifa preferencial para los  estudiantes de colegios y universidades, personas en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Esta propuesta en concreto busca que el valor del pasaje para  estas poblaciones sea del 50% de la tarifa normal, siendo financiada tanto por el Distrito como por los propietarios de los vehículos articulados y alimentadores, participando en el financiamiento con el mismo porcentaje en el que se reparten las utilidades del sistema, o sea, que el Distrito subsidie el 3,8% y los empresarios del transporte el restante 96,2% del monto diferencial de la tarifa.

En torno a esta propuesta se han venido sumado varios sectores populares y organizaciones de diferente índole, con el objetivo de que ésta  siga creciendo y se convierta en un mandato popular. En la actualidad, organizaciones como Entreredes, la Coalición de Movimientos sociales de Colombia -Comosoc- y el Centro de Documentación “Orlando Fals Borda” vienen participando de esta iniciativa, invitando a otras organizaciones sociales a que participen activamente en la construcción de este mandato popular.

Para mayor información visite nuestro sitio www.tarifapreferencial.blogspot.com

Modificado por última vez el 16/06/2012

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