¡Por la boca muere el pez!

En Colombia se ha llegado a tales niveles de impunidad criminal que se han vuelto un ritual burocrático los reconocimientos que ciertos personajes famosos hacen de sus acciones delincuenciales, sin que eso tenga ningún tipo de implicaciones penales, por aquello de que la justicia opera solamente para los de ruana. El asunto es más grave cuando ese reconocimiento lo efectúan altos funcionarios del Estado, entre ellos el personaje que funge como Presidente del país.

Por la aceptación de la impunidad y la ignorancia generalizada se presentan como normales ciertas declaraciones de funcionarios gubernamentales que en cualquier país –y no en una finca ganadera como lo es Colombia- llevarían, por lo menos, a abrir alguna investigación penal contra quien las hace; pero qué nos va a extrañar si hasta la tan alabada Corte Suprema de Justicia dice que el ataque contra Ecuador en marzo de 2008 fue legítimo, cuando organismos internacionales como la OEA han señalado de manera rotunda que ese fue un hecho que violó el derecho internacional.

Señalamos estos aspectos para comentar las recientes declaraciones, hechas el 15 de mayo, de Juan Manuel Santos: “Si decimos que no hay un conflicto armado interno se restringe la capacidad de operación de las Fuerzas Armadas y el ex presidente (Álvaro) Uribe, quien fue su ministro de Defensa, hoy Presidente de la República (por él mismo), y los señores comandantes, nos vamos derechos a la cárcel”. A esta rotunda afirmación le siguió ésta: “Lo que quiero es que todo el mundo entienda muy bien es que hoy, bajo las normas del Derecho Internacional, un país y su Fuerza Pública puede operar bajo el paraguas del Derecho Internacional Humanitario, que presupone un conflicto armado interno”. A esto agregó que “si no hay conflicto no podemos bombardear a los jefes de la guerrilla. Bajo el ámbito de los Derechos Humanos está prohibido y de esa manera el ex presidente Uribe y yo iríamos a parar a la cárcel La Picota”. (edunewscolombia.com/2011/05/15/).

Estas declaraciones no tendrían nada de raro si estuviéramos escuchando a un personaje que nos habla de cuestiones futuras, de las que se está cuidando y resguardando. Pero lo interesante del caso radica en que nos está hablando, desde el presente, del pasado inmediato y del mismo presente, en el que el personaje de marras fue Ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y cuando se realizaron incontables y escandalosos asesinatos, tanto de miembros de la insurgencia como de personas comunes y corrientes, con la puesta en práctica de los mal llamados FALSOS POSITIVOS (eufemismo que se usa para referirse a las personas asesinadas a mansalva por miembros del Ejército o de la Policía).

Esta declaración simplemente está reconociendo de manera implícita que durante los últimos ocho años se cometieron crímenes y asesinatos contra el movimiento insurgente (entre ellos los bombardeos indiscriminados) por una elemental razón: durante el periodo 2002-2010, desde cuando Álvaro Uribe ocupó la Presidencia de la República, su gobierno se encargó de negar la existencia de cualquier conflicto armado en territorio colombiano, con el pueril argumento que aquí lo que existía era “una amenaza terrorista”.
 
Aquí podríamos gastar tiempo y espacio en citar miles de páginas para detallar, de manera pormenorizada y reiterativa, el eterno sermón diario, que soportamos desde el 7 de agosto del 2002 hasta el 15 de mayo del 2011, que insistía en negar el conflicto armado interno en Colombia. Esto lo hacía tanto el promotor de la “inseguridad antidemocrática” como todos los funcionarios de su régimen, entre los cuales el Ministro Estrella era Juan Manuel Santos, así como la “gran prensa” y los áulicos ideológicos del régimen, entre ellos prestigiosos politólogos del IEPRI (Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional), de la Universidad de los Andes y del Rosario. 

Cuando Juan Manuel Santos sentencia que si no se reconoce la existencia del conflicto armado podrían estar en la cárcel él y Uribe deja abierta la puerta para que los dos sean juzgados como criminales tanto en Colombia como en el exterior (recordemos el bombardeo a Ecuador y el secuestro de Rodrigo Granda en Venezuela y los pactos internacionales firmados por el Estado colombiano, como los Convenios de Ginebra), porque durante ocho largos años ambos se encargaron de negar la existencia de conflicto interno y de bombardear de manera inmisericorde a la insurgencia, como se puso de presente con las miles de toneladas que llovieron sobre Jorge Briceño (El Mono Jojoy) en septiembre de 2010, cuando Santos ya era presidente de la República.

Este mismo individuo nos está diciendo que esto no era posible legalmente y que, en consecuencia, fueron acciones criminales. Incluso Santos escribió un libro en el que se hace una apología a sí mismo y que lleva el diciente título de “Jaque al terrorismo”, donde cuenta sus hazañas contra las FARC, en momentos en que él no reconocía la existencia de conflicto armado interno y donde dice que "la guerra se gana desde el aire, porque es el poder más contundente y preciso". Con qué ahora, entonces, este personaje viene a reconocer que sí hay conflicto interno para poder seguir bombardeando con impunidad, protegido, según él, por el Derecho Internacional Humanitario. Muchos han creído ver un avance de parte de Santos en el reconocimiento del conflicto armado en Colombia, pero muy pocos han visto que esto supone una confesión de los delitos y crímenes cometidos con anterioridad. En este último sentido debe destacarse el comentario de Hernando Gómez Buendía:

“Las palabras del presidente Santos fueron inauditas: él fue el ministro estrella de un gobierno que de manera oficial y reiterada negó el conflicto interno ante la ONU, el ministro encargado de aplicar esa doctrina y cuyo liderazgo de la guerra lo llevó a la Presidencia. Pues ahora nos sale, no sé yo si jugando, con que él y sus compañeros fueron unos delincuentes. Pero esperemos que ni el Fiscal de la Corte Penal Internacional ni el juez Garzón hayan oído lo que Santos sin querer queriendo dijo en estos días”. (“Santos, Uribe y el conflicto interno”, en www.razonpublica.com/index.php?...santos-uribe...; énfasis nuestro).

Esta última alusión es muy importante porque ahora que la Corte Penal Internacional y el ya famoso fiscal Luis Moreno Ocampo se han convertido en unos títeres de los Estados Unidos y de la OTAN y han librado órdenes de captura contra Muammar el-Gaddafi y otros altos funcionarios del gobierno de Libia, hay que pedirles que se fijen en la confesión de Santos: durante los años que estuvo en el Ministerio de Defensa, al negar la existencia de conflicto interno, bombardeó de manera indiscriminada a colombianos, denominados como terroristas, con lo que incurrió en crímenes contra la población. Como nuevamente lo dice Hernando Gómez Buendía: “El caso es que si no hay conflicto interno no están permitidas las acciones militares del Estado. Si los grupos armados son bandas criminales, o terroristas, o bandidos, o narcotraficantes, o responsables de “disturbios, motines u otros actos esporádicos y aislados de violencia”- como aclaran los Convenios de Ginebra- el Estado no puede, por ejemplo, ejecutar un bombardeo aéreo o sitiar una ciudad.  Porque se trata de sus propios habitantes, en estas circunstancias el Estado sólo puede emplear su fuerza policial. O como dijo el presidente Santos ese mismo día: “Si decimos que no hay conflicto interno se restringe la capacidad de operación de nuestras fuerzas”. (Ibid).

 ¿Pero qué pasa con lo que ya se hizo, es decir, con los bombardeos indiscriminados contra ciertos sectores de la población? ¿Qué sucede con quien confiesa que esa fue una acción criminal realizada desde la Presidencia de la República? ¿Cuáles serían las consecuencias de una confesión de este estilo si proviniera de la boca de los presidentes de Venezuela, Ecuador, Irán o Siria? ¿Si alguno de ellos la hubiese hecho no estarían los Estados Unidos, la ONU, la Corte Penal Internacional y la prensa “libre” de todo el mundo dando alaridos de condena? ¿Por qué no dicen nada en el caso de Santos si, como se sabe, ante confesión de parte relevo de pruebas? ¿Esta confesión se debe tomar como una simple anécdota, sin importar el costo humano de centenas o miles de muertos en Colombia?

En una de esas recurrentes ironías de la historia, al gobierno de Juan Manuel Santos le rebota muy rápido, por lo que acaba de decir el 15 de mayo, su postura en la ONU contra Libia, donde, valiéndose del puesto que Colombia tiene en el Consejo de Seguridad y como buen peón del imperialismo estadounidense,  aprobó las resoluciones 1970 y 1973, con el argumentó que era necesaria la intervención militar para proteger a los civiles que  estaban siendo bombardeados por tropas del gobierno de Libia, decisión de la que luego se han derivado las órdenes de captura contra dirigentes de ese país. Y le rebota en la cara,  porque el régimen de Juan Manuel Santos, y el de su antecesor, ha incurrido en los mismos delitos de que acusan a Gadafi (como los bombardeos contra la población) que merecerían una intervención similar, por lo cual la Corte Penal Internacional y el acucioso fiscal Ocampo deberían librar orden de captura contra un presidente en ejercicio y un ex presidente,  por crímenes cometidos contra el pueblo colombiano, crímenes que, para completar y por si hubiera dudas, acaban de ser reconocidos en público por boca del mismo Juan Manuel Santos. Nunca como ahora habían sido tan oportunos dos adagios populares, sabios y concisos: “en boca cerrada no entran moscas” y  “por la boca muere el pez”.
 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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