Plan de Consolidación o Planes de Vida en el Catatumbo

Mientras las organizaciones sociales del Cataumbo como el CISCA (Comité de Integración Social de Catatumbo) intentan reconstruir el tejido social, que ha sido patrimonio de la región, el Gobierno nacional militariza, privatiza y despoja bajo el escudo de combatir el narcotráfico y el terrorismo.

 

 

El Catatumbo es la región que se configura en torno al río Catatumbo, al nororiente de Colombia, y desemboca en el Lago Maracaibo de Venezuela. En marzo de este año, el gobierno nacional presentó en Tibú, uno de los municipios más importantes de la región, el Plan de Consolidación para el Catatumbo, como estrategia para institucionalizar la región. Este plan contempla la creciente militarización y $2.3 billones de pesos de inversión en megaobras en los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú.

 

Las obras, que serán ejecutadas por el mismo ejército, incluyen: un embalse, un sistema integrado de transporte, varias vías, la construcción de viaductos, acueductos y el desarrollo de centros históricos. Pero, según un campesino de Teorama, “no tiene por qué construir un acueducto el ejército. Adonde han llegado han matado, han desparecido, han desplazado. No tienen por qué con esto querer lavar la cadena de impunidad en la región y en el país”.

Militarizar es Consolidar

Los megaproyectos cambiarán la imagen que tiene la región, según el gobierno nacional. Pero, según miembros de varios municipios de Catatumbo, sólo abrirán la región a la destrucción total, a través de proyectos extractivos y agroindustriales. Catatumbo fue declarado el año pasado como una de las siete zonas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, del presidente Santos. Las siete regiones tienen en común que presentan un alto índice de violencia y una economía precaria. El año pasado el gobierno de Santos anunció la creación de cinco batallones del Ejército en la zona y ya se construye una gran base militar en Tibú, adonde está enviando cerca de 7.000 soldados a integrarse a la Fuerza de Tarea Conjunta- FTC Vulcano. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de EEUU visitó a la FTC en marzo de este año, comprometiéndose a mandar comandantes estadounidenses que han estado en Irak y Afganistán.

El Plan de Consolidación para el Catatumbo consiste en dos componentes: lo militar (anti-insurgente y anti-narcótico), y lo social (jornadas culturales, jornadas de vacunación, construcción de megacolegios, etc). Los dos componentes dependen de la militarización extensa de la región.

Una mina de carbón más grande que el Cerrejón

Detrás de este plan, está la riqueza en recursos naturales de la zona, que la hacen un objetivo militar: el rumor es que una mina de carbón mucho más grande que el Cerrejón y de mejor calidad atraviesa toda la región del Catatumbo, desde el norte en los límites con Venezuela, hasta el municipio de el Carmen en la parte baja. La Gobernación de Norte de Santander ha informado sobre la existencia de 349.595.000 toneladas de carbón para explotar a cielo abierto.  “25 mil hectáreas de carbón a cielo abierto en el Catatumbo. Para eso retiran toda la montaña”, comentó un campesino de Teorama. También existen reservas de oro, materiales de construcción, níquel, cuarzo, esmeraldas, uranio y maderables.

Otra estrategia de desarrollo del gobierno nacional es la implementación de monocultivos -ya en la parte bajo de Tibú hay 12.000 hectáreas de palma africana y unos monocultivos de cacao, caña y piña.  “Es una forma de legalizar la tenencia de la tierra”, dice un campesino de Teorama. “Substituir la coca con la palma africana y otros monocultivos no de la región.”

Los militares se mueven en las zonas estratégicas, también los paramilitares que nunca se desmovilizaron en la zona, según los habitantes. Según algunas fuentes de la zona, los Urabeños están entrando, y ya están los Rastrojos y las Águilas Negras. El ejército usa como escudo la subversión y la coca que abunda en la zona para justificar el conflicto en la región, y últimamente garantizar la entrada de las multinacionales. “Primero tienen que limpiar, asegurar y construir.  Limpiar es deshacer todo lo que encuentran en el camino, especialmente el tejido social. Aseguran el incremento de tropas, saturan la región de ejército y empiezan a construir,” dice un campesino del Tarra.

Agrega además: “Una forma que están implementando es el despojo, consolidando la tierra para la extracción. Convencen a la gente a sacar créditos para la siembra de palma, pero los mismos compran la palma por bajos precios, y cuando el campesino ya no puede pagar el préstamo, embargan la tierra. O convencen a la gente para que busque el título de la tierra para facilitar créditos, y después compran la parcela directamente del campesino”.

Uno de los obstáculos más grandes para la extracción descontrolada de la región es la existencia jurídica de una reserva forestal que ocupa el 70% de la región.  Por eso convencen a la gente de que titule su tierra para sacar préstamos, sabiendo que en la reserva forestal no se puede titular. Pero usan la estrategia para convencer a la gente de la necesidad de levantar la reserva forestal. Esto se puede lograr a través de un acuerdo municipal que sale del Concejo de cada municipio. Hace 5 años en Teorama el alcalde presentó el proyecto para levantar la reserva forestal, pero los concejales no lo aprobaron.

El Estado también quiere implementar una reserva campesina, a través de una resolución del Incoder, que no incluiría la consulta a ninguna comunidad. En una reserva campesina, el gobierno podría expropiar cualquier parcela utilizada para la siembre de cultivos ilícitos -eso afectaría a miles de familias que no han podido encontrar alternativas económicas a la siembra de coca, aunque muchas saben de los impactos negativos ambientales y sociales producidos por los cultivos ilícitos-. Los habitantes de veredas enteras del municipio de El Tarra han tenido que desplazarse por las fumigaciones constantes y los suelos se han vuelto totalmente improductivos en algunas partes.

Por esas necesidades de legalizar su proyecto, el Estado y las empresas han adoptado un estilo de intervención más sutil, de concientización  y cooptación para que la misma gente pida la explotación minera y peleen entre ellos mismos. “Pero no explican a profundidad a la comunidad lo que realmente viene”, dice un campesino del Tarra. La OEA y varias organizaciones no gubernamentales han asumido el papel de infiltrar a la gente, planteando las propuestas de ellos y separando las comunidades. Trabajan para instalar una cultura individualista y capitalista a través de las obras sociales y las escuelas.  “La estrategia de invasión es cambiar de control paramilitar y una economía de coca, a un control militar y una economía de monocultivos y extracción”, dice un integrante de CISCA.

Agresiones camufladas a la comunidad del Cataumbo

Las amenazas ideológicas no son las únicas que enfrentan las comunidades de Catatumbo. “No hay libre expresión”, cuenta un campesino de Teorama. “Las organizaciones sociales supuestamente apoyan a los grupos subversivos”. En febrero de 2011, realizaron la captura masiva de 13 campesinos, incluyendo líderes de las Juntas de Acción Comunal y un inspector de policía. Estuvieron encarcelados 3 meses antes de soltarlos por falta de pruebas. En 2010 encarcelaron a 18 campesinos acusados de rebelión y después los dejaron en libertad por irregularidades en el proceso y falta de pruebas. En total levantaron 68 órdenes de captura.

“Las agresiones por parte de la fuerza pública son más lentas, más camufladas”, dice un campesino de Ocaña. “Empadronamientos fotográficos, listas de datos de la gente, censos, las redes de informantes, todo eso crea un temor en la gente”.

Pero la violencia explicita tampoco falta. En 2004 entraron nuevos batallones en la Brigada Móvil 15 y Brigada 23, para fortalecer el batallón Santander. Desde entonces la militarización solo ha crecido. Ahora hay un batallón en el casco urbano de El Tarra, en plena violación del derecho internacional humanitario, y un comando policial en la mayoría de los cascos urbanos. La fuerza pública ocupa las escuelas, los colegios, los pasillos de las casas particulares. La gente del Tarra dice que en el municipio hay alrededor de 1.000 miembros de las fuerzas públicas, y apenas 1.200 habitantes.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha denunciado los hostigamientos por parte de todos los actores armados en la zona. Hace tres meses, un artefacto explosivo mató a un niño e hirió a otro en una casa en el Tarra. La familia dice que fue el ejército. En marzo de este año, después de un operativo conjunto entre el ejército, CTI, Cijin y la policía, en el casco urbano de San Pablo, un explosivo mató a un bebé y una señora embarazada, y dejó 6 civiles heridos. Ahora la fuerza pública ocupa toda la zona. En febrero de este año un joven fue asesinado por el ejército en el casco urbano del Tarra, y el mismo ejército puso una pistola en la mano del joven después de haberlo matado (eso es conocimiento común de la gente en la región). La comunidad se movilizó en las calles varios día en protesta.

Dice un campesino del Tarra que, “aunque la violencia fue más agudizada antes de 2008, todavía pasa. Recientemente hubo un hostigamiento por 15 días seguidos, hay constantes enfrentamientos en el casco urbano, explosivos en medio de la población civil. No sabemos la procedencia. A veces pensamos que es el mismo Estado que los plantea como excusa para militarizar los cascos urbanos”.

Entre 2004 y 2007 hubo en Catatumbo 60 ejecuciones extrajudiciales. Antes de las ejecuciones extrajudiciales, la región sufrió la devastadora arremitida paramilitar. En 1999, las autodefensas entraron al Catatumbo en forma visible. “Fue un despelote total”, dice un habitante de Teorama. “Mataron a los dirigentes sociales, masacraron a las comunidades. Desplazaron a veredas enteras”. El último informe de la Comisión Nacional de Reparación calcula que, entre 1997 y 2009, hubo en la región 25 grandes masacres con 203 muertos, 72.000 desplazados y 430 víctimas de minas antipersonales. Norte de Santander es el departamento con más desapariciones forzosas en Colombia y Catatumbo encabeza la lista.

El patrimonio de las cooperativas

El fenómeno de la arremitida paramilitar casi destruyó el tejido social del Cataumbo. Desde los 70, frente al histórico abandono estatal de Catatumbo y la entrada de empresas petroleras y madereras en Tibú, las veredas empezaron a formar las Juntas de Acción Comunal -JACs- y a organizarse. En los 80 la iglesia católica llegó a organizar a la gente en cooperativas. Las cooperativas y tiendas comunitarias que eran dirigidas por las JACs, ofrecieron precios más cómodos de la canasta familiar. Las cooperativas también encabezaron procesos educativos, formando a la gente a través de talleres.

En los finales de los 80, las comunidades se movilizaron. Participaron en varios paros nacionales, reivindicando su derecho a escuelas, carreteras, y puestos de salud. En 1991 se conformó la central cooperativa de servicios de 42 organizaciones cooperativas, que comercializaban cacao, café, frijol, cebolla roja, yuca, maíz y plátano. Pero la central fue completamente destruida por la arremitida paramilitar. Sólo quedaron 2 cooperativas. “A raíz del año 99, todos estos procesos eran aniquilados por los paramilitares, borrados de Catatumbo”, dice un campesino del Tarra. Pero el abandono estatal sigue: la comunidad hoy en día se queja de la falta de salud, educación y vías de acceso, problemas que llevan décadas sin solución. La región tiene índices de necesidades básicas insatisfechas de 70% y 35% de analfabetismo. En varias comunidades no hay profesores. Catatumbo depende mucho del contrabando que llega de Venezuela, todo entre la gasolina y la canasta básica llega más barato desde el otro lado de la frontera.

Recomponer el tejido social

En septiembre de 2004 se creó el Comité de Integración Social del Catatumbo- CISCA, en San Pablo, con la intención de recuperar el tejido social. La base social y acumulado del CISCA han sido las JACs y procesos organizativos que existían antes de la arremitida paramilitar. Ahora se viene fortaleciendo y organizando las juntas, nuevas cooperativas y tiendas comunales  -actualmente hay 3 cooperativas y 5 tiendas comunitarias-. El plan de vida que propone el CISCA contrasta dramáticamente con el plan de consolidación del gobierno. “Aquí nacimos y aquí queremos morir, pero de viejos”, dice un integrante del CISCA.  El CISCA propone garantizar el apoyo a las JAC, mantener las organizaciones de las comunidades y garantizar los derechos a la tierra, al agua, a una vida digna, y la permanencia en los territorios

El CISCA ha montado varias granjas integrales sostenibles en el Carmen, la Playa y Teorama, promoviendo los cultivos nativos de la región y la siembra de pancoger para sacar el sustento de las familias. Se han atrevido a cambiar la mentalidad capitalista de consumo por semillas nativas y abonos orgánicos, los monocultivos y la coca por fríjol, maíz, marranos y gallinas. Además, entre 2007 y 2009, el CISCA promovió audiencias públicas sobre los cultivos ilícitos y las fumigaciones, los derechos humanos, el petróleo, falsos positivos, la cuestión minero-energética, y las audiencias han sido acompañadas por movilizaciones. CISCA sigue con la tarea de concientizar a la gente sobre estos temas. Trabaja en colaboración con otras organizaciones de Catatumbo, y algunas comunidades indígenas. Esa es la propuesta amenazada por el plan de consolidación y justa la que puede confrontarlo.

 

Modificado por última vez el 16/06/2012

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Rachel Dickson
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