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Una característica distintiva del capitalismo es la explotación de los trabajadores, en donde se origina la plusvalía que es la fuente de la acumulación del capital. Pues resulta que dicha explotación en el capitalismo actual no está desligada del aumento de la temperatura en el planeta entero. Un dato es indicativo: el predominio del capitalismo en su versión neoliberal, momento en el cual se dispararon las emisiones de gases de efecto invernadero, coincide plenamente con la pérdida de derechos de los trabajadores, la flexibilización laboral, y la explotación intensificada en China y el orbe entero.

China se ha convertido en el “taller del mundo” y allí está en marcha una Revolución Industrial al estilo inglés del siglo XVIII, con la diferencia de que sus efectos humanos y ambientales hay que multiplicarlos por mil y se produce en un tiempo acelerado, porque mientras la de Inglaterra necesitó de un siglo, la de China no lleva sino 25 años. Esa transformación acelerada de China hacia el capitalismo está ligada a  su producción para el mercado mundial, que se sustenta en dos premisas: fuerza de trabajo barata, abundante y explotada al máximo y destrucción de ecosistemas, contaminación y uso intensivo de combustibles fósiles, carbón, entre otros, para satisfacer los requerimientos del capitalismo mundial.

El nexo entre explotación y calentamiento global se evidencia en el hecho de que en China coinciden, como muestra a vasta escala de lo que sucede en gran parte del mundo, un incremento del uso de energía sucia con un irrespeto por la fuerza de trabajo. Como dice Naomi Klein, dos por el precio de uno. Pero la responsabilidad no es solo de China, sino del capitalismo central, porque lo que se produce en el gigante asiático está orientado hacia este último.

No extraña que la descentralización productiva se haya hecho para bajar el costo de la fuerza de trabajo en Estados Unidos y Europa, así como para eludir controles al medio ambiente, que se exigen en estos territorios. El incremento productivo, que se manifiesta en el eslogan “todo es chino”, llena las arcas de las multinacionales y los escaparates de los supermercados y centros comerciales del mundo, sin interesar el costo humano y ambiental de las mercancías que vienen del nuevo dragón asiático y de los denominados nuevos países industrializados.

Si se quisiera ilustrar el asunto con un ejemplo, solo basta recordar que forman parte de una misma lógica, la del capitalismo, los trabajadores de las fábricas de la muerte (regadas por el orbe entero) que laboran en condiciones oprobiosas y durante interminables jornadas y también los habitantes de las ciudades (como Pekín o Medellín) que se asfixian en la niebla contaminante (esmog) que resulta, en gran medida, de la utilización masiva y sin control de automóviles y motocicletas, que han sido producidos por los obreros de aquellos talleres de la muerte. 

Existen al menos dos maneras de asegurar una vida de sufrimiento: ser industrialista y aspirar al socialismo democrático. Durante décadas los mitos y leyendas del periodismo deportivo cubano han inculcado en el pueblo “la verdad” de que el equipo de béisbol Industriales está lleno de jugadores inteligentes y que saben jugar muy bien a la pelota, y que el Estadio Latinoamericano es una olla de presión donde debe fundarse la hombría del pelotero de cualquier lado que aspire a triunfar en este deporte. Sin embargo, la realidad nos informa que los jugadores de Industriales no saben tocar bolas, no saben correr las bases, no pueden tirar strikes y que han sido incapaces de ganar al equipo de Ciego de Ávila, en los últimos cinco años. Por eso no quiero saber de Industriales.

Obama, por otra parte, no es el presidente de la República de Cuba. En Cuba no hay un presidente de la República desde 1976. Nuestro sistema de gobierno no reconoce este cargo, porque preferimos desde hace cuarenta años ser más republicanos y democráticos y tener órganos colegiados donde uno solo no pudiera imponer su voluntad.

Obama dentro de un año tampoco será el presidente de Estados Unidos, y por ello no será más el enemigo de los pueblos ni el terror del Medio Oriente. Los defensores de la democracia, en los últimos tiempos, pensamos que el enemigo era Donald Trump, pero ha resultado ser Obama; eso es lo que dice la prensa cubana, a la que no se debe llamar oficial, porque no hay más prensa reconocida por el Estado, que yo sepa. El presidente Obama ahora nos sale hasta en la sopa, aquel plato que en las tradiciones culinarias que heredamos fue un entrante, pasó a plato fuerte en los 90 y desapareció en los 2000, junto al corazón de pollo y otros menudos.

Pero este caldo no ha sido cocido en la cocina del pueblo. Los alaridos que nos avisan de los engaños de Obama, que nos abren los ojos para que no seamos ingenuos ante los cantos de sirena del imperialismo, me ofenden a mí, que pienso como un obrero portuario o como un profesor universitario, que es lo mismo, o debe serlo en la verdadera democracia. Me ofende porque nosotros, el pueblo, no fuimos quienes nos acercamos a Estados Unidos, ni como soberanos conversamos durante más de un año en secreto con aquel gobierno, ni invitamos al presidente Obama a Cuba, ni lo llevamos a hablar en vivo por la televisión nacional. Pero sí debemos ser inocentes después y tragarnos lo que dice el presidente elegante, que camina como un dandy y parece que en cualquier momento comenzará a danzar.

Sin embargo, no nos tragamos nada. Nos alegramos porque entendemos que la historia ha cambiado, que algo ha pasado en nuestras vidas que no pensamos ver, que una relación de odio puede aminorarse. En tanto, que pudiera ser factible demostrar nuestra gallardía en directo, para que hablen ellos y nosotros también, para que ellos propongan y nosotros también. El pueblo se alegra, nos hemos alegrado sanamente, como cuando llega el día de los carnavales o revienta en el cielo una única bengala para celebrar el día que triunfó la Revolución.

No obstante, también podríamos correr el riesgo de pasar de ser el pueblo más culto y preparado políticamente del mundo en un editorial de la prensa, o en un noticiario, e inmediatamente convertimos en inocentes, proclives a ser engatusados por discursos bien leídos y frases peligrosas. Creo que a este tratamiento le llama la diplomacia cubana “doble rasero”. Ante esto, deberíamos preguntarnos: ¿qué sabemos, nosotros, el pueblo llano? Que Obama no es comunista, que no ha sufrido nuestras penurias, que no conoce la vida de Antonio Maceo, que ha aprendido algunas oraciones de Martí. Que no es parte de nuestras angustias ni alegrías, que no sabe por dónde pasa el P-14 ni dónde se coge la moto que te lleva a Santa Ifigenia.

También sabemos que Obama no es un conservador de derechas, que es culto y bien estudiado, que sabe de Derecho Constitucional y por lo tanto de política, que su concepto de democracia es tan reducido como el de todos los gobernantes del mundo, que es un mulato en tierra de linchamientos a negros, que ha querido reducir la venta de armas en su país, que ha dicho al Congreso que las mujeres ganan menos que los hombres en su gloriosa democracia, que ha fundado ideas para defender a niñas en peligro, que no es un fascista ni un colonialista. Que se puede discutir con él.

La prensa -periodistas y otros- han exigido a Obama que debió pedir disculpas a nuestro pueblo por tanto dolor infligido por Estados Unidos a Cuba, durante tanto tiempo. Hubiera sido hermoso escuchar a Obama hablar de estas cosas. Pero solo creeré en la prensa cuando reclame lo mismo a los gobernantes europeos que pisan nuestra patria y a los que no se les llama nunca a disculparse por los crímenes del colonialismo, la esclavitud, la xenofobia, el exterminio de los pueblos originarios de América. Nunca he leído que, a la visita de un presidente de gobierno español a Cuba, la prensa libre le pida que se disculpe por los 8 estudiantes de medicina que asesinó España en 1871, al menos por ellos, que eran inocentes. Creo que a esto la diplomacia cubana le llama “doble rasero”.

Hablar tanto de Obama sirve, es su primer servicio, para no hablar de Cuba. Yo no he votado por Obama, ni quiero. Nuestro pueblo quiere hablar y sentir la emoción de la política cubana socialista; es decir, democrática, intensa, sin barreras, sin tabúes -la única que podría construir la primera baldosa de la calzada de la verdadera soberanía popular.

La visita de Obama ha desnudado la cultura política cubana, o más bien la ha señalado, y muchos se han fijado entonces. ¿Por qué nuestro pueblo ha agradecido que el presidente norteño hable como un acere? Porque así hablamos, incluso cuando sabemos quién es Walt Whitman o Edgar Alan Poe. Y sobre todo porque nuestros políticos no hablan como el pueblo sino como ellos mismos. ¿Por qué nuestro pueblo agradeció que se rompiera el protocolo y que el presidente invitado saludara al director de la banda de música en el Palacio de la Revolución? Porque así somos, nos cayó bien “el caminado” de Obama, y que viajara con su esposa, sus hijas y su suegra, y que mencionara a Michelle cada dos palabras, y que jugara dominó o lo intentara, y que dijese qué había comido en “la paladar”, y que se quisiera parecer a la gente de aquí, un pueblo mestizo en toda su envergadura.

Del mismo modo, el pueblo de Cuba quiere saber qué comen nuestros políticos. Si alguna vez van a una “paladar”, queremos saber cuántos CUC les quedan y qué gustos tienen. Igualmente, queremos saber si van a comprar las frazadas de piso rebajadas hasta fin de mes, si tienen suegras, si viajan con ellas o no se tratan, si extrañan a sus seres queridos que se han ido del país porque no pudieron ser convencidos, como nosotros, de las bondades del socialismo. Queremos saber a qué escuelas van sus hijos, si asisten a las reuniones de padres y si ayudan a sus niños y niñas a hacer los trabajos de curso y las tareas de Educación Laboral. Y si creen que nada de esto nos importa o no nos debe importar porque es la vida privada de los políticos, les digo que no estamos de acuerdo. Que nuestras vidas las hemos empeñado a este proyecto de sociedad diferente y queremos estar seguros de que nuestros dirigentes la viven como nosotros. Que también gozan el socialismo y las fiestas en casa de amigos, que son humanos, que ríen y lloran y temen morir y dejar obras inconclusas e hijos desamparados, como nosotros.

En la democracia, la vida privada, si significa escapar del control popular, no es más que un crimen que los atenienses resolvían con ostracismo y que nosotros, más tiernos, resolvemos con desdén. Cuando el pueblo vota, no lo hace solo por lo que dice la biografía, ya es bastante que votemos por el pasado. Queremos votar también por la persona más culta, más buena, más inteligente, mejor oradora, que mejor ha educado a sus hijos, que tiene más familiares decentes, y que sabe hablar como la gente de Cuba -con corazón fino y lengua de metralla.


Obama no ha engañado a nadie en Cuba. Sabemos que el futuro será crudo, como siempre, y que habrá que luchar contra los que quieren cambiar a Cuba por un paraíso capitalista de grandes mercados y pobres. Obama no nos dará la felicidad, ni los que quieren repartir el país a grandes empresarios, ni la burocracia que no entiende al pueblo y se entiende en privado con gente que no conocemos.

La democracia es hermosa, como llegada y como viaje, por los caídos, y los que triunfan. Hace más de dos mil años que los enemigos del pueblo conspiran contra el poder de los pobres libres. Que Cuba sea del pueblo es una necesidad para ser independientes y no yanquis tropicales. Por eso necesitamos todo el poder y no solo un poco, todos los derechos y no solo algunos, todos los instrumentos jurídicos para defenderlos y no una selección, toda la libertad para hacer una constitución realmente nueva, que sirva para que el mundo nos respete y nos entienda.

Si hay que sufrir por la democracia lo haremos con dignidad, porque podemos contentarnos con poco pan pero jamás con poca libertad. Por ello, quiero saber de Cuba, de qué vamos a hacer para salvar la nación, la decencia, la independencia y el sueño de vivir aquí. No quiero saber de Obama, ni de Industriales.

Artículo publicado originalmente en cubaposible.net y publicado en Periferia con previa autorización del autor.

El pasado 29 de marzo de 2016 el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Gobierno Nacional anunciaron públicamente estar listos para la fase pública de las negociaciones. En este marco, el 6 de abril de 2016 varios medios alternativos, entre ellos la Agencia Colombia Informa, entrevistaron de manera exclusiva a dos miembros del Comando Central del ELN, Antonio García y Pablo Beltrán, y concedieron sus principales aportes a Periferia, para ser publicados en esta edición.

La participación de la sociedad
Antonio García manifiesta que “para avanzar en la solución política del conflicto, lo fundamental es que haya tiempo para que la gente pueda formular interrogantes a los problemas que históricamente no se han resuelto. El tiempo de la paz necesariamente tiene que ver con trabajar soluciones a los problemas sociales. No es un tiempo cronológico o simplemente de números, de años o de meses, sino el necesario para la búsqueda de las soluciones. En la medida que la sociedad pueda estructurar soluciones, que pueda discutir los problemas, que pueda crear un nuevo consenso y que estas soluciones interpreten a la diversidad de Colombia, no solamente a una parte, habrá paz”.

Condiciones para un proceso de paz
Pablo Beltrán dice “Nosotros estamos participando en estos procesos desde el año 91, o sea hace 25 años. ¿Cuál es la diferencia de este con procesos anteriores? Que es más maduro, eso es cierto. Ambas partes tenemos más conciencia de lo que es posible y de lo que no es posible. Somos más realistas: 25 años de intentos de procesos de solución política también dejan muchas enseñanzas”.
 

Para Antonio García “El acuerdo de la solución política no es la paz. Eso es hipotéticamente. Hay que ir a la realidad para ver si esos acuerdos se pueden implementar, que puedan incidir sobre la realidad y cambiar las circunstancias del conflicto. Podemos decir que el tiempo de la paz llegó cuando haya una sincronía con la ejecución de los acuerdos. No solamente se trata de la voluntad que se expresa en firmar el acuerdo sino que ese documento tenga la fuerza, la capacidad, la audiencia, el consenso en la sociedad colombiana para cambiar el país, eso hace parte de las condiciones”.

Conversaciones de La Habana, realidad y cambios sociales
Beltrán expresa que, “para que estos procesos tengan éxito, hay que empoderar a la sociedad como sujeto protagónico e independiente de las partes que están en la mesa. Poner eso como una meta, como un requisito, justifica que hayamos determinado como primer punto de la agenda la participación de la sociedad. ¿Cómo lograr eso? El diseño no lo va a hacer el ELN ni el Gobierno, lo tiene que hacer la misma gente. ¿Cuál es punto de partida? El conjunto de la sociedad colombiana que se está movilizando por la paz. De ahí se parte para trascender más allá hacia los sectores que no están ni organizados, ni movilizados, ni interesados en estos procesos”.

Por su parte Antonio García piensa que “Una solución política es el reconocimiento de que la sociedad vive un conflicto que lo ha llevado a la confrontación militar, quiere decir que no ha tenido la capacidad de tramitar correctamente los conflictos. Es un conflicto mayor producto de que la democracia no funciona bien. Se requiere de una gran reflexión: es la diferencia entre un pliego de peticiones y el reconocimiento de la incapacidad del Estado para tramitar los conflictos; tiene que irse a buscar el origen de la confrontación en las luchas del movimiento social y político, de los pueblos originarios, de los pueblos negros, de las mujeres. Se requiere asumir que en Colombia no hay democracia, reconocer que en nuestro país hay pobres, marginados, trabajadores, desplazados, víctimas.  Es de ese reconocimiento y de esa diversidad de donde nace un nuevo consenso. La solución política abre una tremenda posibilidad de generar un proceso democratizador.

¿Por la vía política se va a lograr lo que en estos años no se ha conseguido con la confrontación armada?
P.B.: Este proceso es un experimento y una exploración. Los intentos anteriores no han sido tan claros. ¿Se acuerda de un proceso en el año 91? Se hizo una nueva Constitución, un pacto que lleva más de 30 ajustes en función de las transnacionales. Eso es una muestra de la falta de voluntad política, porque las constituciones son tratados de paz, para mencionar la inmediatamente anterior. Entonces, si éste proceso que viene va a tener éxito, lo va a dar el empoderamiento de la sociedad porque si se quedan solamente en la mesa, no pasan de ser uno más. Pero si la gente lo retoma, será un proceso democratizador y por supuesto se abre una vía muy importante que de verdad va a aportar a que las cosas cambien.

A.G.: No es que en Colombia falte una constitución o una constituyente. Incluso muchas de las cosas que están en la constitución, si se aplicaran, no tendríamos tantos problemas. Hay que ver por qué mucha de la letra no se cumple. Tiene que ver en la manera de ver la política, las instituciones, cómo se orienta el tratamiento a los problemas de la sociedad. Muchas veces, para decirlo de una manera muy concreta, la medicina puede existir pero si no está el médico que identifique la enfermedad o que el paciente no tenga el dinero para comprarla o que la EPS le dé la cita para formularle la medicina… Eso es la constitución, la medicina, pero si no se aplica o depende de a quién se le aplica, ¿entonces?

¿Qué hacer con el paramilitarismo?
A.G.: El paramilitarismo para el ELN es una lógica creada por el Estado y enmarcada en una política internacional del Pentágono. Es la participación del Estado en el control sobre quien disienta de las políticas de Gobierno. Para eso, se desarrollan estructuras que encubren, que protegen al Estado y que aparentemente funcionan paralelamente a la institucionalidad,  pero responden a las directrices del Estado. En Colombia eso se ligó tanto que llegó un punto en el que no se pudo diferenciar. Nosotros, en el campo de la confrontación militar, cuando atacábamos a los paramilitares resultábamos combatiendo con compañías o batallones del Ejército. Los paramilitares se movían en una lógica de complementariedad en la confrontación militar con el Estado.

Ahora, que eso ya se haya superado, no lo creemos. Lo que ocurrió fue que el paramilitarismo se trasladó hacia adentro de las instituciones, lo que permitió posteriormente los falsos positivos. Ese es un reflejo de que el paramilitarismo está adentro…En estos días están llamando a declarar al general Montoya porque es quien más exigía resultados. Él no pedía heridos, no pedía capturados: Pedía muertos. Ese fenómeno va a ser muy difícil de tratar. Para eso se requiere que la sociedad participe, que identifique dónde está el tema del paramilitarismo.

P.B.: Los paramilitares están aliados con los sectores de ultraderecha que no quieren los procesos de paz. Sin embargo, el Gobierno niega la existencia de estos grupos, dice que ya no existe el paramilitarismo, que son bandas. La realidad demuestra que sí existen, que sí tienen relaciones con el Estado, pero insisten en que solo son 'manzanas podridas'. Aseguran que no es una decisión del Estado la guerra sucia, que se trata de casos aislados de personajes que se extralimitaron en sus funciones. Si los que desataron la guerra sucia no reconocen que son los responsables, ¿el futuro cuál es? ¡Que lo sigan haciendo!

La discusión sobre justicia tiene que ver con eso, con asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido, por lo que está ocurriendo, ¿sí o no? Nosotros, como guerrilla, las vamos a asumir pero lo que vemos del Gobierno es que no, que ellos individualizan los casos, pero como Estado o como régimen, no lo quieren a asumir.

¿Qué piensan de la jurisdicción especial para la paz? ¿Puede servir para el ELN?
P.B.: Sobre lo que se ha trabajado en La Habana, nosotros decimos que son acuerdos que se han hecho allá. Por supuesto, que si el Gobierno quiere llevar los conceptos o el modelo que se ha trabajado allá a esta negociación, nosotros no tenemos problema.

No obstante, creemos que es imposible que haya justicia si no hay verdad. ¿Las clases dominantes tienen disposición de reconocer la verdad del conflicto o va a ser solo el cuento de las 'manzanas podridas'? Ese es el corazón del problema porque sin verdad, no hay reparación ni garantías de no repetición.

Esa es la discusión cuando en el punto de víctimas hablamos del tema de no olvido. Hay que hacer memoria, estos pueblos necesitan memoria colectiva e historias comunes. En ese sentido, ese es un punto que vamos a tocar en el diálogo sobre víctimas, acá debe haber verdad histórica, no es un asunto solo de académicos. ¿Somos capaces los colombianos de tener una historia común del conflicto o cada uno va a hacer su historia por aparte?

¿Cómo se hace para construir la memoria histórica, para desenterrar la verdad?
A.G.: En el caso del ELN hacemos una precisión. Una cosa es el tema de las víctimas y otra, muy diferente, la situación jurídica de nuestros integrantes. Porque a veces se quiere relacionar la justicia como si la insurgencia fuera una 'fábrica de victimarios' y nosotros no estamos acá para negociar eso. El ELN tiene una condición de ser un movimiento alzado en armas y va a negociar con el Gobierno colombiano cómo va a ser la nueva situación jurídica del ELN y sus integrantes para hacer la política legal.

El tema de justicia será abordado por la comunidad de víctimas. Eso no es con el ELN. Vamos a contribuir para que ese tema sea tratado por los afectados, ¿cómo va a ser el mismo Estado, quien se hizo ausente para proteger a la sociedad y para aplicar la justicia cuando se violó, el que la aplique ahora?  Se trata de reconstruir los hechos, que es la verdad histórica, lo que nos debe llevar a la verdad jurídica.

¿Cuál  es el papel de Estado Unidos, su responsabilidad en este conflicto?
P.B.: En una publicación del Washington Post del mes de diciembre de 2013, el Pentágono comenta que las FARC están negociando porque “hicimos la guerra”. Y no lo digo yo, lo dice Estados Unidos: “la guerrilla está sentada gracias al diseño de guerra que aplicamos”.  Ellos hacen la guerra. Por ejemplo ¿cuál es el departamento que tiene más tierra productiva en el país? El Vichada. ¿Cuál fue el modelo de guerra en este territorio? de paramilitarismo, de descomposición del tejido social y comunitario indígena, de disgregación de la organización  social de los indígenas. ¿Después qué vino? Las Zidres que piden la entrega de la altillanura a las multinacionales del agronegocio. ¿Todo eso es una coincidencia? No, son etapas del mismo plan.

El despojo de las comunidades afro en el Bajo Atrato lo motivó la constitución de grandes empresas para la producción de palma aceitera. Primero vino el paramilitarismo, la expulsión de las comunidades negras, el apropiamiento de los paramilitares de esas tierras, vendérselas al agronegocio, asociarse al capital extranjero y hoy existe una mezcla entre ese capital y los testaferros de los paramilitares que expulsaron a las comunidades negras. Ese modelo es la prueba de que primero viene la guerra sucia, toda la destrucción del tejido social y luego los grandes proyectos de palma aceitera, de caucho, de cacao. Etc.

A.G.: Lo que termina de decir Pablo es muy importante porque en el fenómeno que analizamos confluyen varios elementos. Uno, el narcotráfico que fue introducido para comprometer a la población en la siembra. Después se introdujo el paramilitarismo en las zonas de cultivo y de ahí mismo se financió. Tercero, el diseño militar: hubo una gran reestructuración que terminó de hacerse en 2003 y sigue. Luego viene el modelo neoliberal y dentro de ese contexto la lógica norteamericana.

 ¿Qué implica hacer el anuncio de fase pública en Venezuela?
P.B.: Es Venezuela, aun en medio de sus dificultades políticas internas, la que ha promovido el proceso de paz en Colombia. Gracias al presidente Chávez, las FARC iniciaron un proceso de diálogo con Álvaro Uribe que hoy sigue en La Habana. También gracias a él empezamos diálogos exploratorios con Santos, en la sede de la cancillería en Caracas.

El pasado 5 de abril la entrada del senado de la República fue tomada por el colorido de los mercados campesinos; por primera vez el salón que ha visto pasar las castas que han dirigido el rumbo del país durante 200 años se llenó de campesinos comerciando los productos de sus propias manos.  La presencia de los agricultores en el Congreso se dio en el marco de la presentación de la reforma constitucional  propuesta por Alberto Castilla, vocero del Congreso de los Pueblos y senador por el Polo Democrático Alternativo.

Este  proyecto  se realizó basado en audiencias que se llevaron a cabo en Cauca, Antioquia y Boyacá; su objetivo es reformar el artículo 64 de la constitución en búsqueda de que se reconozca al campesino como un grupo de especial protección por la carta magna y de esta manera se reemplazaría  el concepto de “trabajador agrario” propiamente por el de “campesino” y “campesina”. Por medio de este acto legislativo se busca reconocer al campesinado como sujeto de derechos,  su derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y adoptar disposiciones sobre la consulta popular.

Con esta propuesta de reforma se reabrió el debate frente al lugar que tiene el campesino en la constitución, ya que al no ser un grupo étnico no gozan de algunos derechos como sí lo hacen indígenas y afrodescendientes, sin embargo el senador Castilla - de origen campesino- sostiene que: “Es claro que aunque los campesinos no somos un grupo étnico, sí somos un grupo cultural particular; necesitamos ser reconocidos como un grupo social y que se reconozcan nuestros derechos. Hay una diferenciación como grupo en las formas de producción, en cómo concebimos la familia, el territorio”.

Aunque pueda parecer que la reforma a este artículo no tiene mayor implicación para la vida nacional, durante el foro “El campesino a la constitución” realizado el 8 de abril en la Universidad Nacional, diferentes voces apuntaron a que este era el primer paso en la construcción de derechos y formas de participación propias para  el campesino.  En este sentido  organizaciones como el CINEP señalaron que actualmente existe una marginación de participación política del campesino y cooptación por parte de clanes políticos de su representación, y encendieron la alarma frente a la vulneración de derechos sobre todo de las mujeres rurales.

Para Arcesio Romero, apicultor del norte de Santander, este proyecto “es importantísimo, porque existe la ley 70 que defiende a los afrocolombianos, y  el acuerdo 169 de la OIT, que defiende a los indígenas, por ejemplo en el caso de la consulta previa; a nosotros los campesinos no, no estamos visibilizados en la ley, por eso si se logra que haya una reforma constitucional pues vamos a tener el reconocimiento del Estado”.

Contexto adverso para el campesino
Para nadie es un secreto que el campo colombiano ha sido la principal víctima del conflicto armado, y también que la mayoría de gobiernos desde el siglo pasado lo han abandonado, como ejemplo de esto no se han logrado llevar a cabo las reformas agrarias que López Pumarejo y Lleras Camargo propusieron, a la vez que han existido diferentes escándalos de corrupción como el reciente “Agro Ingreso Seguro” durante el gobierno de Uribe. Es por esto que  tras  45 años sin censo agrario, el más reciente realizado en 2014 por el DANE, arrojó un panorama adverso para los campesinos del país.

De acuerdo con el DANE, la población campesina actualmente asciende a 11.414.753 personas, el 23,4% del total de la población nacional. En cuanto a condiciones de la vivienda del área rural dispersa, establece que el 82,6% tiene conexión al servicio de energía, el 42,6% a acueducto y apenas 6% a alcantarillado. Lo más alarmante es que mientras la pobreza a nivel nacional es de 28,2%, en  los “Centros poblados y rurales dispersos” llega a 40,1%. De acuerdo a esto, el Índice de Pobreza Multidimensional para el área rural dispersa se eleva a un 45,5%. Por otra parte, según el Ministerio de Agricultura, para el año 2014 la concentración de la tierra arrojaba las siguientes cifras: el 4% del área corresponde al micro y minifundio (predios entre 3 y 10 hectáreas), mientras que la gran propiedad (predios de más de 200 hectáreas) ocupa el 72% del área.

En este sentido, líderes del agro han manifestado que el actual proyecto es “importante porque somos en este momento como el 25% de la población que alimentamos a nuestro país y le aportamos a Latinoamérica y al mundo;  importante porque el campesinado es un sujeto social con derechos específicos, que no han sido reconocidos a través de la constitución política del país”, señaló Ricardo Herrera, vocero del Coordinador Nacional Agrario.
En este contexto, sumado a las discusiones de las dos mesas de negociación entre gobierno y guerrillas, en donde por una parte se discute con las FARC- EP el tema de desarrollo agrario y con ELN se discutirá el tema de participación de la sociedad civil, y transformaciones para la paz, esta reforma tendrá eco durante los ocho debates que le esperan en el congreso, cuatro en senado y cuatro en cámara, y desde ya cuenta con el apoyo de miembros de diferentes bancadas del Polo, Alianza Verde, Mais,  Aico y del partido Liberal, y el respaldo de algunas organización sociales como Congreso de los Pueblos, Coordinador Nacional Agrario otras y otras  ONG´S. Para el senador Castilla este  proyecto se  inscribe en la oportunidad que tiene Colombia de terminar la guerra y avanzar en la construcción de  la paz.

 

Principios del Proyecto de Acto Legislativo

1) El campesino debe verse cobijado en la figura de sujeto de especial protección.
2) La garantía del derecho a la tierra y al territorio, desde un enfoque que garantice la equidad de género.
3) El derecho a la autodeterminación del sujeto campesino.
4) El derecho a la participación política directa por parte del campesino en la toma de decisiones que les afecten.
5) Garantía en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales  del campesino.

Durante muchos años la movilización social en Colombia ha puesto en discusión la necesidad de que el Estado garantice nuevos espacios comunicacionales desde donde se promueva la pluralidad de visiones sociopolíticas, económicas, culturales, y que además cooperen en el mejoramiento de la información pública, como elemento central en la vida social y comunitaria para el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

Dos grandes elementos concentran estos reclamos. El primero tiene que ver con poner de manifiesto que la propiedad de los medios masivos de comunicación se encuentran en manos de pequeños grupos económicos y políticos; el segundo, como consecuencia del primero, se relaciona con los contenidos producidos, donde se incluyen cuestionamientos a las maneras de abordar una noticia, la falta de interés por la formación política de los ciudadanos y la no representación de la diversidad cultural e ideológica. De cara a estos reclamos, ningún gobierno (digamos, los cinco que van del periodo de economía neoliberal) ha tenido decisión ni interés de abrir un amplio debate en el país frente a una necesidad y a una deuda de la democracia colombiana: la construcción social de una ley de medios y de la información.

Por un lado, debe ser una construcción social pues en muchos territorios del país se han planteado propuestas de comunicación alternativa desde la radio, televisión y prensa comunitaria, rural y popular, siendo expresiones sociales fundamentales para la paz, y que en muchos momentos han sido silenciadas por actores cercanos al Estado, promotores del autoritarismo. De otro lado, se debe remitir a la gran cantidad de medios que confluyen hoy en el espectro informativo: blogs, redes sociales, revistas y periódicos digitales, entre otros.

Esta situación evidencia que hace rato la transformación digital modificó el paradigma tradicional de la comunicación en el cual había una audiencia receptora de información y estática en la producción. Sin embargo lo que aún no se transforma, es el poder de algunas pocas empresas de comunicación – por cierto, homogéneas en contenido- al tener una mayor audiencia sobre la cual inciden de múltiples maneras; en otras palabras, aunque internet sea otro gran medio masivo, las dos grandes cadenas de información en Colombia siguen proponiendo una agenda precaria a la opinión pública.
Planteado este panorama surgen diferentes preguntas: ¿Debe el Estado intervenir en la regulación y promoción de un nuevo sistema de comunicaciones que articule los diferentes medios en los cuales hoy circulan gran cantidad de información? ¿Esta intervención debe ser en la propiedad de los medios (prensa, radio y televisión), en el contenido de la información o en la forma como se articulan los diferentes medios? ¿Cómo se relaciona esto con la construcción de paz territorial, la defensa de la información como un derecho humano y con el fomento de distintos pensamientos y nuevas ciudadanías?

¿Qué ha sucedido con nuestros vecinos?  
Venezuela, Ecuador, Argentina y Uruguay han sido algunos de los países de la región que desde el 2004 han generado debates nacionales frente al sistema de comunicaciones. Si bien cada uno tiene sus propias particularidades, América Latina comparte una historia de los medios en los cuales el liderazgo de pocos grupos mediáticos, concentrados en centros urbanos de cada país, generan una agenda informativa que no reconoce otras realidades nacionales; además, frente a la falta de regulación formal y legal se ha impuesto un control informal motivado por la relación entre los gobernantes y los detentadores de las empresas periodísticas.

Estos y otros elementos políticos promovieron que gobiernos, principalmente de izquierdas, manifestaran su interés por regular los sistemas de comunicación nacionales y democratizar el acceso a estos medios; tal como lo cuenta Martín Becerra: “Varios gobiernos de la región enunciaron su intención de modificar el statu quo en las industrias de la comunicación (…) se trata de políticas que pretenden alterar su régimen de propiedad, sus modos de financiamiento y las posibilidades de acceso a ellas por parte de diferentes actores sociales”.

Una de las leyes con mayor resonancia en la región fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, aprobada en 2009 en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner; al ser revisada, la Corte Suprema de Justicia le otorgó toda la constitucionalidad y sentenció que “el objetivo de la regulación de los medios es el robustecimiento del debate público y que ello demanda regulación, equilibrio y razonabilidad por parte del Estado”. Este tipo de apuestas democráticas por la comunicación no ha gustado a grupos periodísticos (como el Grupo Clarín en Argentina) ni a gobiernos neoliberales; lo mostró el arranque del gobierno de Mauricio Macri en el sur del continente, al modificar a través de un decreto la anterior Ley.  

Sin duda estas regulaciones abren muchos debates sobre la libertad de expresión y el uso del espectro informativo en las naciones, y estas experiencias latinoamericanas son claves para pensar el proceso de construcción de una ley de medios en Colombia, que se articula a un momento histórico donde la repolitización de la vida social se hace imperante desde múltiples escenarios que contribuyen a la paz.

Sin embargo no se debe creer que una ley por sí sola transformará las realidades. Es necesario que los múltiples y variados medios de comunicación alternativos, populares, juveniles, aporten y sean las bases para la edificación de esta ley. Los partidos políticos hace rato dejaron de representar los intereses de los sujetos y grupos mayoritarios en Colombia, los medios masivos y tradicionales se han ocupado de la política de los escándalos, del espectáculo y de valorar a la información como un mero espacio publicitario. Los nuevos medios masivos de comunicación deben representar los diferentes intereses y promover que sean las mismas comunidades quienes se auto representen, ya que a indígenas, campesinos, estudiantes, afros, lgtbi, trabajadores, entre muchas otras expresiones sociales, se les ha negado un espacio real en la información y en los contenidos producidos.

De esta manera la comunicación y la información deben avanzar hacia la recuperación de memoria nacional y la reconstrucción de subjetividades y colectividades, a la movilización social y con objetivos comprometidos con la participación democrática efectiva. No en vano, en la mesa de negociación en La Habana en el punto de participación política se acordó: “Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, deben contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, diferentes identidades étnicas y culturales, la inclusión política y social, la integración nacional y en general el fortalecimiento de la democracia”. ¡Vaya tarea nos espera como país!

FIN. Así comienza el último documental de uno de los últimos representantes del Grupo de Cali, ese combo de locos que marcó (y marca) una época, retratando con palabras e imágenes un país transformado, trastornado y devorado por el futuro progresista y visionario (cegato y viciado) que a todos nos asecha.

Uno de sus integrantes, Luis Ospina, realizó un film titulado Todo comenzó por el fin. Es su auto-retrato, el de sus amigos y su cine; por ahí derecho es el retrato de un país en un momento de su historia: el momento de unos buenos muchachos, luego hombres viejos, que hacían películas mientras parrandeaban, con una maestría envidiable para hacer esas dos cosas bien. Sus principales representantes: Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y, el autor del documental, director y actor de su propia vida, primero en el papel de sobreviviente y luego en el de moribundo: Don Luis Ospina.

El moribundo comienza retratando cómo a causa de un repentino cáncer, su documental debería ser terminado por dos de sus amigos; el realizador Rubén Mendoza -La Sociedad del Semáforo (2010), Tierra en la lengua (2014)- y el escritor y guionista Sandro Romero Rey. Si Luis Ospina hubiese fallecido, el documental tenía que cambiar, pero el hombre resucitó de entre sus muertos para relatarnos cómo el siempre joven Andrés Caicedo, se quitó la vida rapidísimo, luego de escribirnos la salsa y la rumba, y como Carlos Mayolo se la quitó lentísimo a punta de gótico tropical.

Las tres horas y media que dura la película se van como un suspiro de Mayolo, y pasan por los ojos una cantidad tremenda de imágenes y palabras hiladas con la maestría y el respeto de quien es protagonista por tantos años de la historia cultural y artística del país. Más importante aún, con el cuidado y el cariño de quien ama a sus amigos retratados por tantos años hasta sus muertes.

La película -como la vida- continúa, escuchamos una desconocida banda de rock en español, una frase que baila extasiada sobre los espectadores: “nosotros de rumba y el mundo se derrumba”, mientras por la pantalla pasan fotos de gente mutilada, de gente consumiendo droga, de políticos consumiendo países y violencia por doquier. Lo que vemos evidentemente no es un producto de la televisión nacional; ningún buen valor es promulgado en las imágenes de este documental, por el contrario, el objetivo es enseñar con el mal ejemplo. El grupo de Cali fue lo que quiso ser, incluso cuando participaron en televisión, ninguno se traicionó a sí mismo, no se convirtieron en modelos ni en ganadores de Oscars, no fueron seres políticamente correctos diciendo groserías solo en horario nocturno que muestran desnudos con censura; no, el grupo de Cali se desnudó frente a las cámaras y es su sinceridad lo que con más fuerza se siente por tres horas y media. ¿Qué sería de Colombia sin estos personajes de película? Tal vez seríamos la misma triste historia, pero definitivamente estos tres (estos miles) sazonan un país que hierve, este grupito es un plato fuerte, arroz con habichuela y vianda es lo que hay.

La historia de Colombia es la historia de las personas que habitan estas tierras con los pies y con el alma, la historia de Colombia pesa (¡y cuánto!) sobre la espalda de hombres y mujeres que caminan estas trochas maltrechas. El Grupo de Cali fue un combo de amigos que se retrataron en la salud y en la enfermedad y ni la muerte los ha separado porque el cine los ha unido e inmortalizado. Son la viva cicatriz de este país, víctimas y amantes de sus drogas y su cine, extasiados hasta la muerte de la luz que se proyecta sobre estas tierras. En FIN, Cineastas que por principio viven su cine, que retrataron su tierra también agonizante, y que lo hacen hasta que la muerte los separa.

El documental, que también es una creación subjetiva, personal, ha sido usado para contar la vida; Luis Ospina ha recogido la experiencia visual y sonora suya y la de sus amigos, sin vanagloriarse de nada y desmitificando lo que el tiempo ha hecho de ellos; uno va viendo y descubre que la historia de esta película es también la de una reunión de amigos que cocinan, se ríen y recuerdan. Enamora un documental que en el fondo es una muestra de cariño a unos pocos, y es porque en los rostros de aquellos personajes se reflejan los nuestros propios y los de nuestros seres queridos.
La historia se va tejiendo gracias a los testimonios de los amigos que aún viven; artistas y locos que han hecho lo que les ha salido de las entrañas y lo han disfrutado hasta las últimas consecuencias. Sandro Romero Rey, Ramiro Arbeláez, Hernando Guerrero, Vicky Hernández o Eduardo la Rata Carvajal, el hombre de la cámara, quien tanto ha retratado la realización de películas emblemáticas del cine nacional como La mansión de Araucaima (1986) o La vendedora de rosas (1998), además de las fotos más recordadas de Andrés Caicedo como en la que muy feliz, nos ofrece una cerveza. Es la Rata quien mucho filmó los detrás de cámaras y las aventuras tras bambalinas de estos muchachos.

El documental es un género cinematográfico que permite un acercamiento más directo, o más desnudo a una realidad, en el documental se privilegia la vida que pasa (como diría Luis citando a Jean Cocteau: la muerte trabajando), en la ficción la vida que se hace; en los documentales se graba la incertidumbre, es salir de pesca, esperar que frente a una cámara pase el tiempo y el espacio. Todo comenzó por el fin es el recopilado de una vida de artistas mirándose a sí mismos en un país cegado por las ganas de no mirar, estamos frente a uno de los trabajos más importantes de los últimos años en Colombia, lo particular se convierte en lo general, las vidas de muchos las podemos ver reflejadas allí: sus sufrimientos, sus dolores, su vida, su muerte, y su relación con un país que no perdona. Gracias también a la concepción con que este grupo usó y vivió el cine, toda una vida de grabarse entre amigos se constituye en un invaluable documento fílmico, en el cual se estimula la reflexión acerca de la tradición cinematográfica colombiana, una historia que al igual que la historia general de nuestro país apenas se está contando; en esta tierra donde se silencian los testimonios y se olvidan nuestros muertos, el cine debe servirnos como práctica de la memoria y apropiación de nuestras historias y nuestros protagonistas.

Luis Ospina: contestatario y políticamente incorrecto ha robado de nuestras vidas tres horas y media; cual si fuera sanguijuela del alma nos ha sentado en las butacas del cine mientras nuestros ojos se alegran, lloran y sonríen nostálgicos frente a un pasado que solo volverá en la oscuridad de la sala. De él esperamos mucha vida para que siga haciendo lo que mejor sabe: registrar y compilar las imágenes fílmicas, ese recuerdo que seremos, que nos construye y nos refleja; el mejor cine es un espejo frente a nosotros que nos mira con insolencia y nos pregunta sin cansancio. A Luis un abrazo y un aplauso sincero; a nosotros nos espera una fiesta al salir del teatro, al enfrentarnos con la vida codo a codo a los compañeros, donde cada segundo es un comienzo.

Periferia habló con el abogado Sergio Guzmán, de la Corporación Nelson Mandela para la Libertad y la Paz, sobre los alcances del acuerdo de Justicia logrado en diciembre de 2015, en materia de prisioneros políticos. Guzmán asegura que estos suman cerca de 12.500, es decir, casi el 10% del total de la población carcelaria colombiana; más de la mitad de estos prisioneros jamás han tomado en sus manos un arma, pero han actuado en defensa de derechos legítimos a través de huelgas, protestas, bloqueos, manifestaciones; o han declarado su simpatía con las causas revolucionarias, y por razón de ello, han sido judicializados, muchos con base en la ley 1453 de 2011, mal llamada de seguridad y convivencia ciudadana. Los de las Farc llegan aproximadamente a 3500.

Antecedentes del acuerdo
Hay que recordar, comenta el abogado, que como efecto de una demanda del general Harold Bedoya, contra el art. 127 del código penal que reconocía la conexidad de varios delitos con la rebelión, la Corte Constitucional mediante sentencia C-456/97 le asestó un duro golpe a esa norma y la declaró inexequible, dándole la razón al general. Es decir, desaparecieron los delitos conexos al delito de Rebelión, y a partir de ese momento los rebeldes se juzgaron como delincuentes comunes, o sea que delitos como el homicidio y todos los demás  cometidos en acciones propias de la guerra insurgente, se procesarían como delitos comunes y por separado cada uno de ellos a través de la figura del concurso de delitos. El fin es obvio, quitarle peso a la filosofía e ideología de los alzados en armas contra el Estado y juzgarlos como terroristas, secuestradores, narcotraficantes, etc.

Paralelamente, los militares del Estado colombiano y sus instituciones dieron cruentas luchas jurídicas y políticas para garantizar que sus delitos fueran juzgados y procesados por la Justicia Penal Militar, y que sus agentes tuvieran protección legal como el fuero militar, que los eximiera de ser juzgados por delitos cometidos, según ellos, en el ejercicio de sus funciones, evitando la justicia ordinaria. No obstante miles de ellos son procesados por los juzgados penales ordinarios, y otros han provocado condenas al Estado por la jurisdicción internacional, por violaciones a los derechos humanos, porque los servidores públicos (Fuerzas militares) son responsables legal y constitucionalmente de su protección y defensa, y como se sabe muchos han incurrido en promoción del paramilitarismo, masacres, asesinatos políticos y crímenes de Estado, que son violaciones graves a los derechos humanos y al DIH, por eso no tienen ninguna clase de tratamiento preferencial o benevolente como el fuero militar.

Bases del acuerdo
Como ninguna de las partes derrotó a la otra (Estado- insurgencia) en medio de la confrontación armada, entonces hay un equilibrio de poderes y sobre esta base es que se conforma la mesa de diálogo y negociación. Por eso dice Sergio, la gente cree, de ambas partes, que a la mesa se llega a imponer a la otra sus criterios y sus intenciones, y que el que cede claudica, pero ese es un escenario en donde el gobierno y la insurgencia deben ceder en sus pretensiones, porque ninguna pudo derrotar a la otra en el marco de la guerra; si alguna de las partes hubiera ganado la guerra no habría negociación. Esta es la base político filosófica del proceso de La Habana y del nuevo proceso que se inicia en Quito con el ELN.

En materia de justicia, las normas penales del derecho interno colombiano son estrechas para atender la solución política de un conflicto armado como el colombiano, por eso se acude a las normas internacionales que son más amplias, más desarrolladas, reconocen y son aplicables a todas las partes del conflicto sin excepción. En especial reconoce la rebelión como un derecho y no como un delito, la conexidad de varios delitos con la rebelión, y contempla la violación de los derechos humanos a cargo de las autoridades legal y constitucionalmente constituidas (los Estados). Ambas partes responden en el marco de la justicia interna, cuando corresponda, y en el marco del derecho penal internacional, tanto por la violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como por la violación al Derecho Internacional Humanitario cuando cualquiera de las partes incurre en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es en este marco que se da el debate en la mesa de La Habana, Cuba.

El acuerdo
En el acuerdo quedaron expresamente excluidos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en que hayan incurrido las partes, como la tortura, la desaparición, el acceso carnal violento, entre otras, por tanto estos no pueden ser indultables ni amnistiables.

La justicia no será distributiva (ojo por ojo, diente por diente), que es la que se impone en las normas internas en donde la cárcel es la única forma de castigo; será restaurativa, o sea que habrá sanciones alternativas diferentes a la prisión y cárcel sólo en algunos casos. En este nuevo modelo de justicia prima la verdad plena a fin de restaurar, resarcir a las víctimas y la sociedad, y en este plano la cárcel no es única salida; este modelo de justicia es una salida humanista y moderna que se aplica en los países más avanzados.

Una vez se firme el acuerdo general definitivo Gobierno – Farc, debe aprobarse una amnistía (borrón y cuenta nueva) y también debe darse el indulto (borrar la pena) para los prisioneros de guerra de las Farc. Se puede proyectar que el 70%, aproximadamente, de los que están hoy en la cárcel serían beneficiados de la amnistía y el indulto en el marco del Tribunal de Paz; los demás pueden recibir otro tipo de tratamiento por dicho tribunal, según esté o no incurso en crímenes de guerra y/o delitos de lesa humanidad. Otros presos políticos diferentes a los rebeldes (guerrilleros), pueden beneficiarse, no con indulto y amnistía pero si a través de otras figuras procesales y penales. Expresamente el acuerdo 35 plantea: “La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos”.

Como una contribución al clima para las conversaciones de La Habana, el gobierno unilateralmente concedió libertad a través del indulto a 30 insurgentes de las Farc, procesados por rebelión y que no tuviesen delitos conexos. De otro lado, tras un esfuerzo de la Coalición Larga Vida a la Mariposas, se logró que un grupo de intelectuales liderados por Adolfo Pérez Esquivel y Noam Chomsky, impulsara una campaña por el indulto humanitario para que el gobierno dejara en libertad a 71 prisioneros políticos que padecían enfermedades que son incompatibles con la reclusión; luego, el gobierno en respuesta a dicha iniciativa se comprometió a realizar unas brigadas que verificaran el mal estado de salud de los prisioneros políticos para proceder al indulto humanitario, y a concentrarlos en patios especiales; en el caso de Antioquia sería en la cárcel de Itagüí, “sin embargo, hemos estado solicitando que esos aproximadamente 170 reclusos sean concentrados en el patio 16 de la cárcel de Bellavista; esto ocurriría en abril y mayo”, expone el abogado Guzmán.

Esta es la historia de la señora que dejó de ser cualquier vendedora ambulante y pasó a ser Janet la vendedora de obleas.

 “Mick Jagger estuvo comiendo oblea en la Plaza de Bolívar”, “Mick Jagger pagó 10.000 pesos por una oblea en Bogotá”, “la oblea mejor pagada que Janet ha vendido”, “la vendedora de obleas reveló nuevos detalles de la oblea que compró el artista”. Así titularon las noticias del ocho y nueve de marzo del 2016.

Si Mick Jagger no le hubiera comprado una oblea, Janet nunca hubiera sido Janet para el ojo público, sino que hubiera seguido siendo una vendedora que por 14 años no ha sido otra cosa que la señora que vende obleas al lado del Teatro Colón.  

Todos le preguntaron por los sabores que eligió el vocalista de los Rolling Stones; incluso, después de esa compra, la oblea de arequipe con mora pasó a llamarse la Mick Jagger. Además, el pago fue el tema que cautivó a la mayoría. Hubo rumores que decían que Janet dijo que valía $10.000, que no dio los vueltos, etc. La verdad es que el manager de Jagger dio diez mil y dijo “deje así”. Para los medios, Janet              -además de la afortunada que le vendió la oblea a Jagger-, fue la vendedora que vendió la oblea más cara, entre las obleas vendidas por una vendedora de obleas.
 
Nadie se hubiera enterado de quién es Janet, si no hubiera sido porque la tarde del 8 de marzo, al equipo de producción del concierto le dio por llevar al cantante a conocer la ciudad, y él, en el camino, se antojó de un dulce típico que justo vendía ella. De otra manera Janet no hubiera salido en la prensa, ni en la radio y mucho menos en la televisión.

Aunque antes ha tenido otras oportunidades de protagonizar en los medios. Por ejemplo, cuando ha integrado la multitud de trabajadores ambulantes que se toman la Plaza de Bolívar para protestar para que se les respete el trabajo. En esas manifestaciones han estado las cámaras, los micrófonos y los ojos de los periodistas, pero estos, a lo sumo, han visto a la señora que el alcalde de Bogotá abrazó, pero no han visto a la vendedora de obleas que pide que no se le lleven el puesto por no estar carnetizada.

Eso tiene una clara justificación. Así como Janet hay cientos que no llaman la atención lo suficiente, pues los homogeniza el mismo reclamo: pedir que se les permita trabajar en el espacio público donde han trabajado por años.

Janet no es de las que se queja porque le toca trabajar en la calle. Al contrario, siempre repite “el trabajo no es deshonra”. Aunque al principio, cuando empezó a vender obleas, la costumbre de trabajar en fábricas le sembró la pena. Sin embargo, después de ver que las obleas vendidas en el Centro de Bogotá, y en uno que otro pueblo en época de ferias, daban más ganancia que los extensos y mal pagos horarios de obrera, se dedicó orgullosa a la venta de dulce típico.  

En Bogotá parece ser que el negocio de las obleas es familiar. Al lado de Janet hay otros dos carritos, en los que se dedican a venderlas una madre y su hija. La señora tiene más de 60 años y quién sabe hace cuántos vende obleas.

“Uno de esos días –cuenta Janet- en los que vino la policía a sacarnos de la calle, ella salió corriendo y la llanta de su carro se quedó atrapada en el adoquín que está al frente de la entrada del Teatro Colón. El carrito se volteó y los recipientes de vidrio, donde echa las salsas, estallaron uno tras otro, dejando un reguero de mora, arequipe y queso que se fue mezclando en el desagüe de la calle. La gente, muy acomedida, le empezó a dar plata. Recogió 50.000 y con eso mandó a remendar el carrito”.

Los policías no solo hacen correr a los vendedores, “en ocasiones –cuenta Janet- le echan límpido a los productos, para que queden inservibles y uno pierde toda la mercancía”.

Hace un año a Janet le retuvieron su carrito de obleas. Ella lo recuperó gracias a una edil de La Candelaria, pero tuvo que esperar un par de semanas para poderlo reclamar. Mientras tanto, temeraria como los demás vendedores, volvió a la antigua, como cuando no tenía carrito de obleas: tomó un coche de bebé, le acomodó unas cuantas varillas y rearmó un puestecito provisional.

Parece ser que los planes gubernamentales para la recuperación del espacio público incluyen sacar a los vendedores ambulantes de su lugar de trabajo y reubicarlos. El pasado 14 de abril el periódico El Tiempo publicó una nota sobre un fallo en el que se le negaba a una vendedora ambulante trabajar en la calle 72 de Bogotá. Decía “Los magistrados Beatriz Teresa Galvis Bustos, Laula Halima Liévano Jiménez y Hendry Aldemar Barreto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocaron el fallo del 22 de febrero del 2016 que le permitía a la vendedora informal Carmenza Vargas García seguir trabajando en los andenes de la calle 72”.

Decía además que “Según los magistrados, el Instituto para la Economía Social (Ipes) "hizo un ofrecimiento formal a la señora de las alternativas de quioscos disponibles, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y mínimo vital". Por ello no impartirán órdenes a las entidades demandadas por Vargas García, de 45 años de edad. La demanda había sido interpuesta en febrero después de los operativos de la Alcaldía de recuperación del espacio público en la calle 72, entre la avenida Caracas y la carrera 7.a. Según el Ipes, la señora Vargas había ganado un sorteo para trabajar con el quiosco 209 B, ubicado en la avenida Caracas con calle 47, pero ella lo rechazó, al igual que otras propuestas de reubicación”.

La reubicación es una opción, pero estas, en ocasiones, se dan en espacios poco aptos para que el negocio de los “ambulantes”, como los llama el artículo, prospere. Tal vez, porque en 14 años, como los que lleva Janet trabajando en el Centro Histórico, forman una clientela fija para los vendedores ambulantes y el cambio significa siempre un nuevo comienzo, en un lugar distinto, con tiempos distintos y gente distinta.  

“Hace días pasó el Alcalde por aquí –recuerda Janet-. Un vendedor ambulante aprovechó su paseo y le preguntó: ¿señor Alcalde, usted prefiere que haya un ladrón en cada esquina que un vendedor en cada cuadra? El Alcalde se rió. Más adelante otro vendedor le preguntó ¿Por qué se ríe?, y el Alcalde le respondió: 'Hay que dejar que la gente exprese sus opiniones' ”.

A veces, los políticos y los periodistas son así como la respuesta del alcalde, políticamente correctos. El problema es cuando lo que está de por medio a lo “políticamente correcto”, es el sostenimiento económico de una familia que depende de un vendedor ambulante, el cual, por falta de oportunidades laborales, no puede ingresar a un trabajo formal y busca una manera honrada de sostenimiento.

Janet nunca había existido en sus reclamos. Solo existió para el ojo público cuando Mick Jagger la hizo existir. Pero es claro que los periodistas no tienen la culpa, la noticia fue Mick Jagger comiendo oblea y diciendo oblea, eso es indiscutible. Y lo otro indiscutible es que ese golpe de suerte que Janet llama bendición, esa compra de $10.000 del 8 de marzo, fue un impulso para sus ventas. Antes de Mick Jagger vendía un paquete de obleas al día, y hoy vende dos y hasta tres.

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