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Lomerito, uno de sus más antiguos pobladores, le llama la Montaña Mágica. La elite caleña de rancio hacer y decir, piensa que es un paridero de delincuencia. Lomerito también cuenta que cuando esta ladera no era nada de lo que es, cuando apenas las familias migrantes o desplazadas empezaban a poblarla, el ejército subía todas las mañanas a tumbar los cambuches y las casas rusticas que la gente levantaba en las noches.  

70 años después, en la Montaña Mágica de Siloé viven casi cien mil personas. La fauna humana es variada, diversa como lo es Cali y Colombia: hay grafiteros, raperos, salsomanos, afrocolombianos, mujeres de ojos aindiados, niños que sueñan con ser futbolistas, museólogos empíricos, exmilitantes y simpatizantes del M-19, policías armados vestidos de civil, jóvenes esperanzados con levantar un comedor comunitario, liderazgos instrumentalizados por la alcaldía y las limosnas de la filantropía empresarial, jóvenes jibaros –como los hay en Cartagena, Los Ángeles o Berlín–, rostro de jóvenes que se fueron un día de sus casas y nunca más volvieron, adultos prematuros que se preguntan por qué mataron a sus hermanos, muchas familias incompletas.

A balazos el gobierno intentó reprender a Siloé. El 3 de mayo del año pasado, el GOES (un grupo de operaciones especiales), una unidad de élite de francotiradores, la policía regular, el Esmad y un helicóptero Halcón abrieron fuego contra la velatón que se realizaba en la glorieta de la parte más baja y plana de la Montaña Mágica. A los jóvenes que no tenían comida –ni trabajo, ni tiempo o dinero para acceder a la universidad o al colegio, ni cancha de futbol, ni balón, ni espacio público, ni instrumentos musicales, ni salón donde probarlos, ni autoestima si quiera– la fuerza pública les disparó por salir a la calle a gritar que tenían hambre y desesperanza; por tratar de desbloquear sus vidas bloqueando vías. Tenían piedras en la mano, cocteles molotov, escudos, y cascos, les respondieron con fusiles y pistolas.

Entre el 28 de abril y mediados de junio, cuando finalizó el estallido social del año pasado, asesinaron más de 20 jóvenes de Siloé, otros fueron encarcelados, y de algunos no se sabe si están vivos o están muertos. Entre los asesinados aparecen muchachos que ni si quiera estaban protestando. Harold Rodríguez, por ejemplo, salió de su casa a comprar comida y terminó en una morgue. Hacía tres meses Harold había regresado de prestar servicio militar en una zona roja del Chocó: “Cuando regresó a la casa me dijo: mamá pensé que nunca iba a regresar. A los tres meses de haber salido, el mismo estado le quitó la vida con un tiro de fusil en el rostro”, dijo Yenny Mellizo, madre de Harold, en el Tribunal Popular que se realizó hace unos días en Siloé.

A Michael Aranda lo impactó una bala con la que la policía intentó evitar que los jóvenes volvieran a taponar la glorieta el 28 de mayo de 2021. “Yo no estoy aquí porque quise, es porque asesinaron a mi hijo –manifestó Abelardo Aranda, padre de Michael, también durante el Tribunal–. [La Alcaldía] nos ha citado a reuniones, yo no he ido porque [el alcalde] me parece que es la primera persona responsable de la muerte de nuestros hijos. Fue la persona que le dijo al presidente: mande gente armada que no puedo con esta ciudad”.  

El testimonio de dolor descarnado sacó lágrimas a más de un asistente al Tribunal, los asesinados se lloraron como si fueran propios y colectivos. Ese fue el primer ejercicio de verdad, justicia y sanación que se realizará en Siloé este año. Ya se expusieron los hechos, en septiembre se expondrán las pruebas y se acusará a los responsables, en diciembre se hará público el veredicto final.

Las instituciones responsables justificaron su letal accionar señalando a los jóvenes de delincuentes, vándalos y guerrilleros. Un año después, quienes sufren la victimización de las instituciones son sus familiares. La Fiscalía suspende las audiencias, no interroga a los involucrados, no permite el acceso total a la información, ignora el material probatorio recolectado por los afectados, o –como lo hizo Medicina Legal con Daniel Stiven Sánchez– le quita la piel a una de las víctimas para ocultar los signos de tortura en su cuerpo; acabaron con sus vidas, ahora quieren acabar con su identidad, que no reclamen por ellas, que se conviertan en otra cifra más.

“Yo ignoraba la realidad de mi país, hasta que la muerte tocó la puerta de mi casa. Nunca había llegado a imaginarme el dolor por el que han pasado miles de familias en Colombia (…)  Nosotros no necesitamos que nos den pañitos de agua tibia. No necesitamos que vengan [de la alcaldía] y nos ofrezcan poner una estrella en honor a ellos en un parque. Nosotros solo queremos justicia. Que nos podamos acostar un día a llorarlos, pero saber que no lo están tildando de vándalos, asesinos, o de ladrones, porque eso si no deja dormir”, manifestó Crisol Sánchez, hermana de Daniel Stiven Sánchez, joven de 16 años que apareció quemado el 29 mayo afuera del Dollar City de Siloé.  

Hay casos que permanecen en el anonimato porque el miedo no deja a los familiares denunciar. La masiva asistencia al Tribunal Popular es síntoma de que en “la loma” hay una herida profunda sin curar. David Gómez, el obstinado fundador del Museo Popular de Siloé, repite a los visitantes que “la memoria es frágil”, que se empolva fácil. Tal vez recordar el nombre de los asesinados, de quienes los mataron, u ordenaron que los mataron, es la única manera de hacer justicia propia en Colombia. A fin de cuentas, la injusticia es más antigua que ”el Estado”, ese ente que dijo que “estaba por venir y nunca apareció”.

“Lo más importante que nos dejó el paro es que la comunidad fue testigo de que es capaz de mantener una posición de esperanza y no de sumisión; porque parecía que todos podían pasar por encima nuestro, y ni siquiera inmutarnos”, asegura Martha Elena Giraldo Mendoza, feminista, defensora de derechos humanos, e integrante de la Ruta Pacifica de mujeres y de la Unión de Ciudadanas de Colombia.

Martha también hace parte del equipo organizador del Tribunal Popular que se realizará el próximo 3 de mayo en Siloé, renombrado barrio de Cali. “En Siloé encuentras todas las situaciones de injusticia y exclusión que se dan en nuestro país, pero también los lugares más bonitos, llenos de colores y de gente ilusionada y esperanzada”, explica Martha.

Siloé fue uno de los puntos de bloqueo que surgieron por toda Cali durante el estallido social del año pasado. El barrio deprimido y excluido por la elite caleña guardaba un malestar acumulado por años, y forjó un tejido social con mingas en las que construyeron sus calles y el alcantarillado, y con ollas comunitarias que paliaron el hambre y la escasez en medio de la pandemia. La glorieta y las angostas calles de Siloé fueron epicentro de la protesta y de la represión estatal que hubo contra ella. 12 de las 45 personas que mataron en Cali durante el paro nacional, fueron asesinadas en Siloé.

Un año después, a los responsables de los hechos –en su gran mayoría integrantes de la fuerza pública–  los ampara la impunidad estatal. Dada la negligencia de las instituciones responsables de investigar y esclarecer los hechos, la comunidad de Siloé decidió organizar el Tribunal Popular para llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales, y rendir un homenaje a las víctimas, “nuestra verdad es la memoria”, dicen en el barrio. “El Tribunal no busca la justicia ordinaria, sino fortalecer el tejido social a través de una reparación simbólica (…) Recobrar la confianza en que el trabajo comunitario y la solidaridad popular es lo que realmente sirve para consolidar un barrio, una ciudad, un país diferente”, explica Annie Diesselmann, internacionalista y promotora de la actividad. “La importancia de este Tribunal es que va a abrir la puerta para que puedan hacerse muchos tribunales populares en Cali y el país, que les puedan recordar a la fuerza pública que no pueden hacer justicia por mano propia”, agrega Martha Mendoza.

¿Qué pasó con Daniel?

Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Iba para el trabajo cuando salió de su casa. Al amanecer del 29 de mayo lo encontraron incinerado afuera del hoy derruido Dollar City; ubicado a unos metros de la rotonda principal de Siloé, donde los jóvenes de la primera línea instalaron los puntos de bloqueo.

Santiago Medina, defensor de derechos humanos que acompaña y asesora a la familia de Daniel en el viacrucis jurídico, asegura que al día de hoy no hay ningún avance significativo en el esclarecimiento del asesinato. Según Santiago, durante este año de brega por la justicia y la verdad, la Fiscalía y Medicina Legal han obstaculizado y dilatado la investigación.

Los familiares de Daniel no han tenido acceso pleno al expediente, ni a la autopsia realizada por Medicina Legal. Todavía no saben por qué Daniel no llegó vivo, así como se fue de su casa. Pese a que un juez ordenó entregar el caso a una Unidad Delegada Especial para Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, la entidad judicial no ha acatado la orden, ni ha llamado a declarar a las autoridades judiciales y policiales que ejercieron control en la ciudad el día que sucedieron los hechos.

“Esa noche hubo bastantes muertos por armas de fuego, aparentemente disparadas por miembros de la fuerza pública –dice Santiago–.  Fue deplorable el estado en el que entregaron el cuerpo de Daniel a los familiares (…) La autopsia es incompleta porque no examina los muslos; aparentemente a Daniel le habrían disparado en una de las piernas. Lo que nos ha dicho la Fiscalía es que nosotros deberíamos hacer una exhumación, cuando esa es obligación de la entidad”.

En casi un mes y medio de protestas, en Colombia fueron asesinadas 89 personas, 1.634 fueron víctimas de tortura, 3.546 fueron detenidas, 1.929 resultaron heridas y un número indeterminado de mujeres fueron agredidas sexualmente. En Cali la violación de derechos humanos fue sistemática y excesiva. La capital del valle fue piloto de la pacificación militar del malestar social. Santiago plantea que hubo un golpe al poder local. Las decisiones del alcalde quedaron supeditadas a las órdenes castrenses del General Zapateiro. La llamada “asistencia militar” suplantó incluso la independencia de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía local.   

La impunidad en el caso de Daniel no es un hecho aislado, asegura Santiago. Es un patrón que se repite cuando la fuerza pública comete sus mortales y reiterativas agresiones, no importa si sucede en Siloé, en el centro de Cali, o en cualquier ciudad del país. La impunidad revictimiza y atropella. Es la que motiva las protestas, la sangrienta represión y el mencionado Tribunal. La de este 3 de mayo es solo la primera sesión. El segundo martes de mayo se expondrá la documentación que las víctimas y  organizaciones de derechos humanos se han encargado de recabar. En septiembre volverá a sesionar y puntualizará en algunos detalles de las denuncias. En diciembre el Tribunal hará público su juicio.

Aunque la familia de Daniel tuvo que abandonar Siloé y la casa donde se criaron cuando los empezaron a seguir personas armadas, pese a que Santiago tiene serios indicios de que están interceptando sus comunicaciones; tal como sucedió en 2021, de manera simbólica Siloé vuelve a levantarse contra la injusticia y maltrato histórico. La comunidad siente mucho dolor pero Martha asegura que entre ella no echa raíces el rencor.

 

Emergencia humanitaria ante el genocidio

Más de 2000 líderes y lideresas sociales de todo el país llegarán a Bogotá el 27 de abril para declarar la Emergencia Humanitaria.

Las regiones se movilizan desde el pasado 23 de abril en Caravana como respuesta a la grave crisis social, económica, humanitaria y ambiental buscando hacer eco en el centro del país sobre los fenómenos de abandono, despojo y recrudecimiento del conflicto que actualmente azota a los territorios más olvidados por el Estado.

Actualmente el panorama humanitario es profundamente violento, el conflicto armado se ha estado reconfigurando desde la desmovilización de las FARC y lejos de ver cercana una posibilidad de paz somos testigos de la agudización de la guerra, de acuerdo con INDEPAZ 1300 líderes (as) y 323 reincorporados han sido asesinados (as) desde el 2016. En menos de tres años (2020, 2021 y 2022) se han perpetrado 91 masacres con 381 víctimas en el 2020, 95 masacres con 335 en el 2021 y 31 con 114 personas fallecidas en el 2022, lo que nos deja un total nacional de 217 masacres en lo que va corrido de estos últimos tres años que se han llevado la vida de 830 personas. De estas cifras, solo en lo que corrido del año en la región del Sur-occidente se han ejecutado 13 masacres con 61 víctimas mortales en los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle, Nariño y Chocó.

Frente a la situación ambiental, se han evidenciado y denunciado la connivencia de grupos armados legales e ilegales al desarrollo de proyectos de mega minería, exploración y explotación de hidrocarburos, monocultivos, represas y centrales hidroeléctricas, etc.

De este panorama nacional, en el Suroccidente se ve con preocupación el desarrollo exacerbado de la minería legal e ilegal como un fenómeno de consecuencias ambientales y sociales nefastas para la vida en su conjunto. De la misma forma reconocemos que los monocultivos de Caña, pino y eucalipto presentes en su mayoría en los departamentos de Cauca y Valle son proyectos de desarrollo económico que acaparan la tierra de las comunidades empobrecidas despojándolas de sus territorios y causando una serie de afectaciones a los ecosistemas de difícil recuperación. Las represas y centrales hidroeléctricas también configuran un escenario de crisis medioambiental que acaban con la vida de los ecosistemas de río y genera una transformación negativa de la vida rural.

Hemos estado viviendo la agudización de la crisis económica en el país; actualmente el 42,5% de la población se encuentra en estado de pobreza, Colombia es la tercera peor economía con mayor tasa de desempleo de los países que conforman la OCDE y el fenómeno inflacionario es aterrador, el año pasado creció en 5,61% y este año ha subido a 6,94% lo que se vive cotidianamente en el aumento de precios de la canasta familiar y se deriva en la disminución de la calidad de vida de las familias colombianas.

Todos estos elementos configuran para las comunidades y organizaciones sociales que se movilizan en la Caravana una crisis generalizada para la vida, crisis en la cual han manifestado que no asumen una postura pasiva y de resignación ante los riesgos de los que son objeto al manifestarse en contra de las políticas del desarrollo y proponer alternativas de vida que respetan el medio ambiente, la cultura y la identidad de los pueblos y buscan promover ejercicios de soberanía alimentaria, de territorialidades y gobiernos propios y de defensa de sus formas tradicionales y ancestrales de producción.

La declaración de emergencia humanitaria no busca únicamente denunciar una serie de vulneraciones a los derechos humanos, sino que presenta también las propuestas y contextos en los que ellas ocurren con el objetivo de poner sobre la mesa que el ejercicio continuado de genocidio es político y responde a la necesidad de actores armados legales e ilegales, instituciones y políticas gubernamentales que quieren desaparecer al movimiento social en su conjunto.

El llamado que hacen es a rodear a los procesos organizativos más golpeado en la última década y fortalecer los mecanismos de auto protección y cuidado colectivo con la garantía del Estado y las instituciones nacionales

"Yo no voy a dejar que se haga un solo proyecto de fracking en Colombia”, dijo Iván Duque el 11 de abril de 2018, en un foro de candidatos a la presidencia realizado en Bogotá. Ya en la Casa de Nariño, Duque no cumplió sus promesas de campaña. Ante la ONU e instituciones europeas el presidente dijo cosas totalmente contrarias a las que hizo en el país. La aprobación de la licencia para el primer pozo piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la empresa Ecopetrol, es la más reciente muestra de incongruencia del gobierno saliente.

“Esta es una noticia que, aunque se sospechaba que iba a llegar, nunca pensamos que fuera a llegar dentro de este gobierno. Guardábamos la esperanza de que este gobierno honrara la palabra”, nos manifestó Juan Castañeda, concejal de Puerto Wilches.

El termino fracking se empezó a escuchar en este municipio ribeñero del magdalena medio en 2010. Los comentarios se tornaron en preocupación a partir del 2019, año en el que Ecopetrol empezó a hacer públicas sus pretensiones. Tras conocerse la aprobación de la ANLA, la Alianza Colombia Libre de Fracking rechazó que el proceso de licenciamiento haya durado menos de cinco meses. Además, su oposición a la decisión se sustenta en “la ausencia de calidad técnica de un proyecto supuestamente de carácter científico, así como la falta de rigor de la entidad para evaluar un Estudio de Impacto Ambiental con serias falencias en la definición del área de influencia, los temas biótico, hidrológico, hidrogeológico y de salud, e invisibilizando la pesca artesanal, entre otros hallazgos técnicos relevantes”.

Según Juan Castañeda, el concejo municipal y la comunidad rechaza de manera rotunda este proyecto piloto, pues hay mucha desinformación entre los habitantes y no hubo un proceso de socialización real y efectivo: “En una ocasión, cuando ellos convocaron [para socializar el proyecto], fueron como unas 20 personas de 40.000 habitantes que tiene el municipio. No hay una información clara de dónde hicieron estas socializaciones, quiénes participaron, qué métodos de participación ciudadana utilizaron. Hay muchas dudas acerca de eso, y la comunidad en su mayoría le dice no al fracking”.

De Puerto Wilches se extraen actualmente 23.000 barriles de petróleo diarios. Los 70 años de explotación petrolera, manifiesta el concejal, no han traído beneficios materiales y sociales para el municipio: “No se ven las inversiones de las regalías. No hay una tasa diferenciada del combustible. Pagamos el mismo costo que pagan las personas en Medellín, donde no se produce combustible”. A lo que se suman los conflictos laborales, por la negativa de la industria petrolera a emplear la mano de obra local; y las afectaciones ambientales que han causado los derrames de crudo en las fuentes hídricas.

Los habitantes del municipio temen que la implementación del Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPI) Kalé acabe con el agua y los sembradíos de pancoger. El proyecto ubicado a tres kilómetros y medio del casco urbano, y que abarcará una zona de 20 hectáreas, sería el primero de los dos pilotos que se quieren hacer en Puerto Wilches, y uno de los más de 10.000 proyectos de este tipo que Ecopetrol quiere implementar en diferentes regiones del país, entre ellas el Magdalena Medio.

Por oponerse a esta práctica extractiva dos lideresas han sido amenazadas y obligadas a abandonar la región. La palabra fracking despierta recelo por su costo ambiental, pero también por su alto costo económico. Oscar Vanegas, docente experto de la Universidad Industrial de Santander, asegura que las experiencias en Estados Unidos demuestran que este método de extracción es proclive a provocar la quiebra económica de las empresas que recurren a ella.

A diferencia de la extracción convencional que se realiza en Puerto Wilches y el país, el profesor explica que no basta con la perforación vertical del subsuelo, también es necesario perforarlo varios kilómetros en sentido horizontal. Para rellenar la fractura causada por dicha perforación se necesitan cerca de 500 a 5.000 toneladas de arena por cada pozo. "Esa arena debe ser toda del mismo tamaño, perfectamente redondeada, y muy finita, casi del diámetro de un cabello". Y para conseguir una tonelada de arena con esas condiciones, es necesario remover 100 toneladas de arena de una cantera. Esos son, entre otros tantos, los costos ambientales y económicos que implica el fracking.

La Alianza Colombia Libre de Fracking ha dicho que persistirá en la movilización y en las acciones legales necesarias que permitan frenar este tipo de extracción en el municipio. El concejal Juan Castañeda agregó por su parte que: “Hay que agotar todas las vías y estrategias legales para que pongan los ojos en Puerto Wilches y nos escuchen, porque sentimos que no nos están escuchando todavía. Nos sentimos solos en esta lucha. Si el fracking logra avanzar por Puerto Wilches, esto sería algo muy lamentable para otros territorios del país”.  

  • Tomado de CNA Colombia

    ¿Qué tienen en común una Guerra de Liberación Nacional (GLN), una Revuelta Popular (RP) y un Paro Nacional (PN)? La transformación de la cultura popular del pueblo protagonista de estos acontecimientos, desde la subjetividad hasta el trabajo humano y el cambio del modelo de sociedad. Junto a Frantz Fanon con “Los condenados de la tierra”, Enrique Dussel con “Cultura Latinoamericana y Filosofía de la Liberación” y Orlando Fals Borda con la “Subversión en Colombia. El cambio social en la historia”, conoceremos algunos puntos en común, en aras de aportar a las reflexiones del papel que está teniendo nuevamente los sectores populares en Colombia y en Nuestra América.

     

    Fanon explica que la cultura nacional es: “El conjunto de esfuerzos hechos por un pueblo en el plano del pensamiento para describir, justificar y cantar la acción a través de la cual el pueblo se ha constituido y mantenido”. Así mismo Dussel explica que la cultura está conformada por tres determinaciones universales: el trabajo, las creaciones simbólicas y materiales; destacando el carácter permanente de la cultura porque es sinónimo de producción de vida y esta nunca se detiene. Con estos aportes iniciales se comprende que las acciones de las personas en las luchas populares se suman a la amplia y profunda categoría de cultura humana, pues se ven comprometidos la subjetividad, las inter-subjetividades y corporalidades de donde nacen y expresan las acciones y las creaciones simbólicas/materiales.

    El pueblo argelino cuando impulsó la GLN contra el modelo colonial francés, no solo usó las armas contra este sino que a la par desarrollaban otras acciones colectivas como asambleas, distribución de labores, construcción de organización social, creación del proyecto de nación que reemplazaría al colonial, filtración y consolidación de la cultura popular-histórica, que había sido contaminada por la cultura burguesa francesa además de iniciar el control territorial a nivel local para germinar la hegemonía popular en el marco de la GLN.

    El empoderamiento del sujeto popular como sepulturero del régimen colonial y cosechador del nuevo orden social significa que surge otra mentalidad, otra visión del mundo, otro tipo de relacionamiento con el otro y con la naturaleza, sustentado en las creaciones simbólicas/materiales y acciones colectivas históricas rescatadas del pasado colonial que ya no muestra a un pueblo esclavo sino a un pueblo creador que quiere tener una sociedad a imagen y semejanza de sus intereses y valores.

    Al respecto la cultura popular tiene su contrario, la cultura burguesa que crea, mantiene e imponen los ricos del mundo, ambas interactúan, chocan y combinan dentro de la cultura nacional. A pesar de la condición de no-reconocimiento impuesto a lo largo de los distintos modelos de sociedad modernos (esclavista, feudal, capitalista) que el pueblo ha sufrido, este recrea su cultura con marcados elementos identificables capaces de permanecer viva en la conflictiva e injusta historia humana y sale a flote con todo su potencial cuando ayuda a construir las bases de un orden social popular o revolucionario según la experiencia argelina o nicaragüense, que es de donde teoriza Enrique Dussel en el artículo mencionado.

    Además de la hegemonía cultural de los ricos, el orden social también tiene síntomas de putrefacción cuando la institucionalidad, la normatividad, la técnica y el conocimiento se manejan y desarrollan para sí, desconociendo las necesidades, intereses y valores de la clase popular inmerso en ese orden social. La putrefacción empieza a notarse cuando la violencia es el sostén de ese orden social, porque acalla las exigencias de los actores excluidos de esa institucionalidad, normatividad y técnica-conocimiento, que no ven esa estructura una fuente de dignidad ni tranquilidad cotidiana y mucho menos observan un futuro. Al identificar esas tensiones-contradicciones por parte de algunos sectores de la clase popular, se pone en tela de juicio el orden social vigente al punto de cuestionar su existencia con ideas de cambio.

    A esto Fals Borda lo llama “subversión”, recordando que la categoría no es negativa ni pecaminosa sino por el contrario un momento histórico determinado por el movimiento natural de una sociedad que cumple un ciclo y debe empezar otro. Que la historia escrita por occidente, también recuerda el autor, haya macartizado el acto de subvertir y lo enseñe como algo negativo o incluso inmoral, expone claramente a quienes no les conviene que cambie el estado de cosas. En esa medida, la GLN de Argelia, Nicaragua o Cuba es subversión, como lo es el Caracazo de 1989 en Venezuela o los recientes estallidos sociales en Chile y Colombia.

    Ejemplos de transformaciones en la Cultura popular

    En la novela “La Consagración de la Primavera” de Alejo Carpentier, el personaje de Vera encarna la transformación de una mujer que nació y se crío con la gente de bien de Rusia y Europa hasta su traslado a la Cuba prerrevolucionaria, donde será testigo de los acontecimientos que el Movimiento 26 de Julio y el pueblo cubano protagonizará hasta la invasión de Playa Girón, momento donde termina la obra.

    En esta reflexión de Vera se da cuenta del cambio:

    “Pienso en el misterioso determinismo que rige la prodigiosa urdimbre de destinos distintos, convergentes, paralelos o encontrados, que llevados por un inapelable mecanismo de posibilidades, acaban por incidir en razón de acontecimientos totalmente ajenos a la voluntad de cada cual. Yo, burguesa y nieta de burgueses, había huido empeñosamente de todo lo que fuera una revolución, para acabar viviendo en el seno de una revolución. […] Enrique, burgués y nieto de burgueses, había huido de su mundo burgués, en busca de algo distinto que, a la postre, era la Revolución que volvía a unirnos ahora. Los dos girábamos ya en el ámbito de una Revolución, cuyas ideas fundamentales coincidían con las de la grande y única Revolución de la época. Ocurre hoy lo que nunca creí posible: que yo hallase mi propia estabilidad dentro de lo que se enunciaba en español, francés, en inglés, con una palabra de diez letras […]. Tengo la impresión de que la hora presente se me ensancha, se me aclara, ofreciéndome un Tiempo nuevo en cuyo transcurso futuro llegaré acaso a ser -¡por fin! - la que nunca fui.”

    Hay un antecedente importante en el trabajo de profesora de ballet que empieza Vera en la isla, y a partir de ahí sufrirá nuevos conflictos internos debido a los conflictos que su nueva idea genera en el contexto colonial cubano:

    […] Ahora no veía yo ese desenlace como un rito sacrificial sino como el ascendente rito vernal, propiciador de fecundidad, que debió de ser en sus albores. Las tribus de las Eras-sin-Crónicas, en que el ser humano asumió la terea fundamental de sobrevivir y perpetuarse, no eran lo bastante numerosas como para permitirse el lujo de inmolar a una hermosa doncella, de vientre destinado a la proliferación de un linaje. Por lo tanto, el holocausto pedido por Roerich debía transformarse –a mi modo de ver– en un enorme pas de deux que fuese llevando a una danza agónica hacia una Danza de la Vida –recordándose que la dicotomía Muerte-Vida, ilustrada por la más altas literaturas de todos los tiempos, seguía inseparable de la magnificación amorosa, fuese en poseía, fuese en consejas, fuese en símbolos: Amor-Muerte, Danza del Amor y de la Muerte, Muerte por amor de Isolda; […] la música de Stravinsky estaba muy lejos de ajustarse, desde luego, a los cánones sonoros, convencionales, de lo amoroso. […] Todo, así, se hacía más lógico, más natural, más universal; no habría que pensar ya en los trajes de la Rusia pagana. La sencillez de las mallas y de unos pocos atributos vestimentarios bastaría para representar un misterio sin fronteras, sin ubicación precisa –luego sin razas determinadas, detalle importante…- cuyos personajes serían, en suma, Hombres, Mujeres, Adolescentes, el Anciano Sabio-Augur-Sacerdote, y los dos protagonistas centrales.”

    El otro ejemplo es el del pueblo venezolano y uno de sus símbolos populares de lucha social, Pedro Pérez Martínez conocido como Maisanta, de quien el cantante Cristóbal Jiménez compuso la canción que el presidente Hugo Chávez interpretó en la graduación de la Misión Vuelvan Caras en noviembre del 2006, este es uno de los fragmentos que representa el arrojo y determinación del pueblo llanero por objetivos comunes:

    “Llanero alzao canto silencio en canto el guerrillero va delante cantando, rumbo de asombros los 40 caballos cabalga al frente Pedro Pérez Delgado, unos lo llaman maisanta y otros el americano, no hay quien le pique adelante no hay quien le aguante la carga, no hay guerrillero en los llanos que le eche la concha al agua Catire con dientes de oro y con espuelas de plata, vuelo de cola y de soda, vuelo de tierra y de agua, escapulario cosido con una virgen pintada pelo e guama con gordita frenillos en las alpargatas, y al hombro una manta azul con la vuelta colorada, y ahora, y ahora les contaré porqué lo llaman maisanta (…) cuando pelea Pedro Pérez Delgado en el momento de probar la pelea y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra y así en la carga va gritando el guerrillero maisanta, virgen del socorro de valencia madre santa dice la gente, pero maisanta y las maneras de los hombres los hombres deben respetarla, ya Pedro Pérez Delgado no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria, lo surcan madres con sed, lo cruza una patria postrada pero tiene el corazón como tapiz de sabana y junta madre con virgen y junta virgen con patria, y cuando va la pelea pone las tres en el ancla.”

    En los casos recientes de los estallidos sociales chileno y colombiano, la Primera Línea (PL), los cuerpos médicos, las ollas comunitarias y redes de comunicación popular también hacen parte de la cultura popular condensada en medio de estos acontecimientos, al lograr interiorizar la solidaridad y el altruismo entre los/as manifestantes, que iniciaron estos colectivos para sostener y defender la protesta social que se prolongó en el tiempo e impactó al mundo, observando como resultado un sujeto popular más crítico y en búsqueda de las alternativas para subvertir el orden social que lo empujó a las calles.

    Consideraciones finales

    Las transformaciones culturales en medio de la GLN o estallidos sociales de alcance radical se traducen también en la liberación del pueblo hacía un sujeto popular histórico capaz de regir autocríticamente su futuro, o en palabras de Dussel:

    “El proyecto de liberación cultural es, simultáneamente, de liberación popular, nacional, es decir, de identidad del "nosotros" comunitario del pueblo histórico, que pasa desde Amerindia, la época colonial, la época neocolonial capitalista para, atravesando diversos modos de producción (y también de producción cultural), adentrarse en la nueva edad de la formación social concreta, histórica. Sin este proyecto, que asume con continuidad (y al mismo tiempo con ruptura internas: de allí el concepto de analogía) lo propio y lo humano en general (lo mundial), el pasado desde el futuro en el presente, habría imitación de lo extraño y, por ello, alienación cultural.”

    Entre el pueblo nacen también los y las intelectuales orgánicos y orgánicas que crean para y desde sus raíces populares, están también quienes nacieron en cuna de oro, pero ponen al servicio de la gente su inteligencia, para estos Fanon tiene su dedicación:

    “El hombre colonizado que escribe para su pueblo, cuando utiliza el pasado debe hacerlo con la intención de abrir el futuro, de invitar a la acción, de fundar la esperanza. Pero para asegurar la esperanza, hay que participar de la acción, comprometerse en cuerpo y alma en la lucha nacional”.

    Debido a las relaciones históricas de exclusión y empobrecimiento, la cultura popular ha hecho explicito su oposición al imperialismo (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, China), a la oligarquía nacional y mundial (gremio industrial, minero, terratenientes, banqueros, narcotraficantes) y por ahí derecho la oposición férrea al modelo capitalista que estos actores recrean e imponen. Esto con el ánimo de construir una sociedad radicalmente distinta a esa.

     

    ARAUCA Capital – La crisis humanitaria desatendida por el Estado colombiano tiene en algo riesgo a los liderazgos y las comunidades que han construido y labrado lo que la institucionalidad y las petroleras no han querido, ni han sido capaz.

    El gobierno ha logrado mediatizar e imponer su relato: en Arauca hay un enfrentamiento a muerte entre dos grupos guerrilleros. Sin embargo, quienes tratan de esquivar las balas en el territorio, plantean que la crisis que comenzó a principios de año, no es otra cosa que una nueva “fase de la guerra contra el movimiento social araucano y su plan de vida”, su filosofía y su forma de pervivir en el territorio

    En su recorrido, los integrantes de la caravana por la vida, la paz y la permanencia en el territorio escucharon voces que plantean que Arauca está viviendo la reparamilitarización del territorio; y que las autodenominadas disidencias de las FARC, son en realidad una fachada armada utilizada por el Estado y los intereses extractivos para menguar, incluso exterminar las expresiones sociales que tienen interpretaciones diferentes del territorio.

    Juan Carlos Torregrosa, abogado de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, planteó que la situación actual del departamento le recuerda a la desmovilización del Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL) en 1991, cuyos milicianos luego terminarían siendo cabecillas y creadores de embriones paramilitares que, por ejemplo, atacaron al tejido social, despojaron y asesinaron centenares de personas en el Uraba Antioqueño.

    Después de escuchar la respuesta de los personeros y funcionarios de Tame, Fortul, Saravena, Arauquita, así como a la Defensora Regional y la gobernadora encargada del departamento, los caravanistas comprobaron la debilidad de la institucionalidad local, que se refleja en la malinterpretacion de lo que está sucediendo y lo ineficaces que son las medidas gubernamentales, las que lejos de garantizar el derecho a la vida, por el contrario estigmatizan, vulneran y revictimizan debido a la imposición de la autoridad militar sobre la autoridad civil.

    En su momento el paramilitarismo lo reconoció: detrás de los fusiles vienen las maquinarias; es decir la voraz industria petrolera en el caso de Arauca. En municipios como Fortul, en 44 de las 56 veredas hay pretensiones de hacer exploración petrolera. Y a nivel departamental, más del 40% del territorio corre el riesgo de ser destinado a una práctica extractiva que según los araucanos ha derramado sangre y ha destruido ecosistemas y corredores biológicos claves.

    A pesar de la amenaza armada, y ser víctima de un atentado terrorista, el Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centro Oriente Colombiano ha recalcado que seguirá denunciando, movilizándose, exigiendo el cumplimiento de los derechos fundamentales, y oponiéndose a la explotación desmedida del territorio.

    Ante el desgobierno que manda hoy en el departamento y otras zonas del país, el movimiento social araucano ha tomado la decisión de hacer toda la incidencia posible para que se declare una emergencia humanitaria; para que el mundo y el país sepan que esta tierra no parió la guerra; que esta tierra quiere seguir sembrando yuca, plátano y cacao

     “Aquí al que van a matar, sencillamente lo matan”, manifestó Orlando Hurtado, secretario de gobierno de Fortul, cuando los integrantes de la caravana humanitaria le consultaron por las medidas que ha tomado la administración municipal para mitigar la crisis humanitaria que atraviesa la localidad y el departamento de Arauca.

    Las autoridades reconocieron el día de ayer que no cuentan con las condiciones económicas ni administrativas para hacerle frente a la nueva oleada de violencia; tampoco con apoyo real del gobierno nacional. Tanto en los gobernantes como en las comunidades es palpable el sentimiento de desamparo que causa un Estado “abstracto, un Estado de papel”, cuya única respuesta es la excesiva e ineficaz militarización.

    La fuerza pública en Arauca se ha convertido en otro foco de inseguridad y vulnerabilidad, pues ni las autoridades se libran de sus atropellos. En la misma reunión, el personero de Fortul, Enoc Gutiérrez, denunció que ha sido amenazado dos veces por el ejército.

    Un líder, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, también denunció que desde hace unos meses la policía y el ejército están involucrando a los jóvenes en sus redes de cooperantes a través de un programa llamado “jóvenes a lo bien”. El cual consiste en dotarlos de celulares, y ofrecerles recompensas por información de los actores armados. Otro hecho que preocupa a los liderazgos del municipio son las jornadas cívico militares en instalaciones educativas y lo cerca que están algunas garitas de los colegios.

    Solo en Fortul hay registro de 7.500 víctimas del conflicto armado, es decir el 30% de la población; a las que ahora se suman los 900 estudiantes que han dejado de asistir a los planteles educativos por la crisis humanitaria. En el municipio vecino de Tame las cifras también son alarmantes, según el secretario de educación, entre el 10 y el 14% de la población estudiantil ha desertado. En el caso de la vereda Lejanías de ese municipio, los maestros llevan 15 días sin dictar clases debido a la presencia de artefactos explosivos en las inmediaciones de sus lugares de trabajo. Pese a las suplicas, la comunidad asegura que hasta ahora ninguna autoridad ha hecho presencia en la zona.

    Tanto en Tame como en Fortul, los liderazgos sociales coinciden en que la falta de inversión social motiva la persistencia y agudización del conflicto entre los grupos armados. Aunque la ciudadanía participó activamente en la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, figuras surgidas del acuerdo de paz de La Habana, la nula implementación ha minado la moral y la esperanza de las organizaciones sociales. Los tameños, por ejemplo, se preguntan dónde está la universidad pública rural que se incluyó en dicho plan.   

    Las necesidades básicas insatisfechas alimentan la guerra que desde enero azota al departamento. Una lideresa de la mesa de victimas de Tame, pidió a las organizaciones de derechos humanos y a los internacionalistas de la caravana que intercedan para que se abra la posibilidad de dialogo entre los grupos armados. En el departamento no saben cuántas personas más deben morir para que el conflicto pare, pero tienen claro que si la plata del armamento militar no se destina a programas integrales y concertados de inversión social, en Arauca no habrá posibilidades reales de paz.  

     

    “El pueblo araucano ha aprendido a producir comida en medio de las balas”, con estas palabras, un líder de Tame recibió a los participantes de la caravana por la vida, la paz y la permanencia en el territorio, la cual llegó ayer al municipio en horas de la tarde.

    Entre hoy y el próximo viernes 25 de marzo, más de 50 integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos conocerán en detalle las afectaciones humanitarias causadas por la crisis violenta que atraviesa el departamento llanero.  

    Aunque la situación se recrudeció por la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC, los liderazgos que ayer dieron la bienvenida insistieron en que la violencia persiste desde hace 40 años. “Nacimos en la guerra”, manifestó el presidente de la Asociación de Juntas de Tame, en la cual convergen aproximadamente 12.000 afiliados de 175 Juntas de Acción Comunal del municipio.  

    Son más de 100 muertes violentas y centenares de desplazados los que ha dejado este nuevo ciclo de violencia que empezó los primeros días de enero. Quienes lo han vivido en carne propia dicen que el Estado los ha abandonado, pues la exagerada militarización del departamento no ha hecho más que agudizar la situación. Y agregaron que el gobierno no solo ha sido incapaz de garantizar el derecho fundamental a la vida. Un líder del sector educativo también denunció que a pesar de que el departamento produce diariamente miles de barriles de petróleo, muchos niños en Tame no han regresado a las aulas porque no está funcionando el transporte escolar.

    Lo de ayer fue apenas un abrebocas. Pese a la angustia, la zozobra y el desamparo que sienten los araucanos, la visita de la caravana es motivo de esperanza y aliento para todas las personas que están en riesgo por su labor social. Hoy los participantes escucharan a las organizaciones sociales y a las autoridades de Tame y de Fortul. Mañana visitaran Saravena y Arauquita.

    Los organizadores esperan que de la caravana surjan propuestas, estrategias y acciones concretas que devuelvan la calma al departamento y evite que quienes nacieron en la guerra, también mueran en ella.    

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