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El jueves 14 de marzo, en el marco de la conmemoración del día Internacional en contra de las represas, diferentes actores sociales que luchan por defender el territorio participaron en el Encuentro Campesino realizado en el municipio de Oporapa, Huila.

Esta integración tuvo como eje fundamental las preguntas: ¿qué es defender el territorio? Y ¿soy defensor del territorio? De las cuales surgieron respuestas que conllevan a promover la movilización social por aquellas problemáticas que afectan a cada comunidad, pero también a entender que el cuidado del territorio se da desde el pensar y actuar de cada persona que habita el planeta y que desde esta perspectiva se puede luchar contra cualquier proyecto que ponga en riesgo el bienestar del ambiente y el ser.

La actividad organizada por la Asociación Social No a las Represas en el Territorio (ASONARET) contó con la participación de aproximadamente 150 personas entre líderes sociales, alcaldes, concejales y organizaciones como Plataforma Sur, sindicatos de PJA y campesinos. De igual forma, estuvieron presentes diferentes delegados de los municipios del sur del departamento como Pitalito, Acevedo, Salado Blanco, Elías e Isnos, y dos grupos de investigación de la Universidad Surcolombiana, Insurgentes de la ciudad de Neiva y Comunicando Sur de Pitalito.

El Encuentro Campesino, aunque es una fecha de conmemoración, busca principalmente resaltar la fuerza campesina, apoyarla y fortalecerla, así lo dijo Robinson Sánchez, presidente de AZONARET, quien además recalcó la importancia que tienen estos espacios.

Durante el desarrollo de la actividad, intervinieron Lorena Gómez, funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM),  y  Oscar Andrés Hernández Bolaños, integrante del grupo Defensores del Territorio del Sur del departamento del Huila, ambos explicaron las razones por las que resulta imprescindible saber los tramites administrativos y legales de las gobernanzas participativas, las competencias de los Concejos Municipales y las herramientas que están al servicio de la ciudadanía pero que no se utilizan por desconocimiento.

 “Es importante tener incidencia en los procesos de ordenamiento territorial, no solamente en los documentos de planes básicos y esquemas, sino de lo que habita alrededor de ellas como lo son los cuidados de las áreas protegidas, que tienen categoría de Parques Regionales Naturales y de los Distritos de Manejo Integrado que actualmente se están construyendo y definiendo sus planes de manejo. Esas incidencias deben tener un blindaje real para ejercer una protección definitiva en torno a la administración de los suelos de los territorios de las reversas ambientales, para que repercutan de manera directa en el resto del territorio de las entidades territoriales, por ello es primordial que la gente participe. Esto constituye un renglón primordial en lo que tiene que ser la lucha y la defensa del territorio acompañada por la movilización social”, manifestó Oscar Hernández.

Otro aspecto fundamental de estos encuentros que se han realizado desde el año 2015 en Oporapa, es el hecho de participar como municipios en la implementación de propuestas y tareas que fortalezcan cada una de las organizaciones, Juntas de Acción Comunal y actores organizados y no organizados que quieren proteger su territorio, pues como lo afirmó José Herney Trujillo, líder comunitario, “el territorio es nuestro, entonces lo nuestro tenemos que defenderlo”.

Asimismo, Tatiana Salamanca, asistente al encuentro, aseguró que: “Considero que es importante defender el territorio por ciertos aspectos: primero el ambiental, ya que el Huila cuenta con grandes reservas y además tiene el río Magdalena que es uno de los más importantes del país, y si dejamos que multinacionales intervengan con el fin de realizar proyectos de extractivismo o minero energético empezaremos a ver cómo afecta el clima, las tierras fértiles ya no serán productivas, y la contaminación será abundante. Ahí surgiría una crisis social, puesto que nuestros campesinos se verán afectados en cuanto al desarrollo económico en el sistema agrícola y por ende toda la comunidad estará afectada, porque ellos son quiénes nos dan el alimento. También es un tema cultural porque si somos obligados a despojar los lugares en donde vivimos, estaríamos acabando con cierta cultural, ya que el lugar donde vivimos no es solo el pedacito de tierra, sino dónde hemos creado costumbres”

Finalmente, para cerrar el evento, los participantes enviaron un mensaje de resistencia y apoyo a la minga indígena que lucha por sus derechos sociales y ambientales en el suroccidente del país.

La estrategia de criminalizar la protesta y los liderazgos sociales llegó al Oriente antioqueño. El viernes 8 de marzo integrantes del C.T.I de la Fiscalía detuvieron a Ancísar de Jesús Morales en el parque principal de San Francisco, municipio ubicado en la subregión bosques del Oriente de Antioquia.

Ancísar es concejal del municipio, hace parte de la junta directiva de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), organización que a su vez hace parte del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete).

Todo indica que Ancísar seria víctima de un montaje judicial. La Fiscalía le imputó cargos por tráfico de estupefacientes, utilización de menores y tenencia de armas, pues en el allanamiento realizado a su casa, en la zona rural, fue encontrada una escopeta que culturalmente es utilizada para cazar. Son extraños los señalamientos puesto que las denuncias fueron realizadas por una fuente que no se identificó, y corroboradas por una persona que Ancísar había denunciado ante la Policía por vender sustancias ilícitas.

La captura fue motivo de sorpresa y de repudio al interior de la ACA y demás organizaciones y procesos sociales del Oriente antioqueño. Meses atrás Ancísar había manifestado a las autoridades del municipio su preocupación por el aumento del micrótrafico en San Francisco y la participación de los jóvenes en la venta y el consumo. El Alcalde del municipio, el Comandante de Policía, el Presidente del Concejo, el Párroco y el Coordinador del colegio certificaron que Ancísar promovió campañas de prevención en favor de los menores de edad, sin embargo, el juez de control de garantías desestimó tales afirmaciones.

En una carta, los jóvenes del área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia ratificaron el liderazgo de Ancísar, quien desde el 2008 impulsa “el proceso de formación y capacitación audiovisual con jóvenes campesinos en el municipio de San Francisco”. Su principal motivación, manifiestan los jóvenes en la carta, “siempre ha sido propiciar en los demás jóvenes arraigo y sentido de pertenencia por el campo, desde el desarrollo de semilleros artísticos y creativos con niños, niñas y jóvenes de veredas en su municipio y en otros de la región. Buscando generar procesos de permanencia en el territorio, mediados por la comunicación y el arte. Damos fe de la transparencia y del trabajo comprometido de Ancísar, de su sensibilidad, liderazgo y constante preocupación por las problemáticas ambientales y sociales en el municipio”.

José Ariel Rueda, representante de la Asociación Campesina de Antioquia, definió a Ancísar como un constructor de comunidad y sociedad que lleva 14 años desarrollando y apoyando estrategias de producción agrícola orgánica. Ancísar, aseguró Ariel, también participó en la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio, y hace parte de la asociación productora de chocolate ASOFAGUA. “Sabemos que es un falso positivo que busca apagar el liderazgo que lleva en el municipio, porque hay algunos grupos que se perjudican con esto que él ha venido haciendo”.

Tal parece que los únicos que se benefician con la captura de Ancísar son los verdaderos criminales. Por eso la ACA y el Movete exigen su libertad inmediata: porque ser líder social no puede seguir siendo un delito. 

 

En el departamento del Cauca se han presentado ataques contra la vida e integridad de manifestantes que protagonizan el paro indefinido (suman 12 mil manifestantes) que se realiza desde el 28 de febrero, debido al incumplimiento del Gobierno en los acuerdos pactados desde el 2013 con campesinos, indígenas, afros y trabajadores organizados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia –Anuc–, la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca –Asoinca–, la Asociación de Vivienda Hogar Digno Hogar, la Cooperativa del Sur del Cauca –Cosurc–, la Unión de Trabajadores de la Energía –Uten–, y el Congreso de los Pueblos.

Entre los acuerdos que se pactaron con el anterior presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) están la inversión de $280 mil millones para adjudicación de tierras al campesinado caucano, la construcción de 700 viviendas rurales, y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para la implementación de proyectos productivos alternativos (como el cumplimiento de la agenda de La Habana). Por estos y otros acuerdos se mantiene el paro regional indefinido.

Las comunidades se han movilizado por el departamento incluyendo su capital Popayán. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido represión por medio del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y el martes cinco de marzo, en el punto llamado El Cairo del municipio de Cajibío, se presentaron ataques de la Fuerza Pública contra las personas que ejercían pacíficamente el derecho a la protesta, lo que obligó a la Mesa de Derechos Humanos Por la Defensa de la Vida y el Territorio a activar las alertas tempranas. Hasta el momento, según lo denuncia la Mesa de Derechos Humanos, se han presentado 44 personas heridas que han sido atendidas principalmente en la Comisión de Salud y en centros asistenciales.

 

 Secretaría de Formación y Comunicación

Coordinador Nacional Agrario

Por más de 20 años, en Socorro – Santander, la emisora comunitaria La Cúpula Estéreo ha transmitido su señal desde la casa campesina. Tanto la casa como la emisora prestan su servicio a los campesinos que llegan de paso al pueblo, en donde se reúnen o hacen las actividades propias de las 32 organizaciones que dan vida a la Asociación Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Socorro –ACOCS-. A pesar de la importancia de estos espacios, el 3 de septiembre del 2018 fue cerrada la emisora, y por orden del alcalde Alfonso Lineros, la Policía cambió las guardas de las puertas para que los campesinos no pudieran entrar más al lugar.

La administración asegura que el inmueble pertenece al municipio, y que están buscando el mejoramiento del mismo para establecer allí algún servicio para la comunidad campesina. Argumenta también que las condiciones de “hogar de paso” no se cumplen por unas camas en mal uso y por una familia que se encuentra instalada en la casa, así como también por el funcionamiento de la emisora comunitaria. Sin embargo, las organizaciones campesinas aseguran que esta casa ha sido autogestionada por ellas mismas desde 1991, lo que ha permitido el pago cada cinco años del comodato para su funcionamiento; además la publicidad de La Cúpula es gratuita.

Ahora bien, La Cúpula Estéreo es la única emisora comunitaria del Socorro y su señal alcanza a 13 municipios más. Tiene una función social, cultural, agroambiental, recreativa e informativa, y contribuye además al proceso organizativo campesino y popular del territorio comunero. Cabe resaltar que es la única emisora que no es de partidos políticos, de la iglesia o de las fuerzas militares, como sí ocurre con otras emisoras que comparten dial en esta parte de Santander. Otro de los aportes del medio radial comunitario es el potenciar el Plan de Desarrollo Agroambiental de la Provincia Comunera, hecho por las comunidades por medio de reuniones y encuentros.

Según Polidoro Guaitero, animador del programa Cantémosle al azadón de La Cúpula y Fiscal de ACOCS, el cierre del medio comunitario es un duro golpe al proceso comunicacional y organizativo de las comunidades rurales, así como a la construcción del poder campesino y popular, pues obliga un pare forzoso a 22 años de funcionamiento radial. No obstante, la comunidad oyente ha reaccionado a favor de la emisora comunitaria, junto a las organizaciones campesinas, Asojuntas, Anuc, la Red de Emisoras Comunitarias de Santander, la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio y el resto de emisoras comunitarias a nivel nacional que han manifestado su apoyo.

Sin embargo, a esta problemática se suma la fecha límite de la prórroga del Ministerio de las Tics para renovar la licencia de La Cúpula. El 3 de marzo es la fecha límite y si la emisora no está en funcionamiento, se corre el riesgo de no tener más la licencia; por ello, han solicitado una nueva prórroga de 10 días para tener una reunión con la alcaldía y solucionar el tema de los equipos técnicos, y poner en funcionamiento la emisora antes de vencerse el tiempo límite.

Desde el 2010 no se ha podido actualizar el comodato, pero la asociación campesina ha realizado cuatro solicitudes para establecer el diálogo con la Alcaldía; a pesar de esto, la posición de la Administración municipal es el traslado de los equipos radiales y sede a otro lugar, lo cual genera un gasto muy grande para los campesinos. Por eso las organizaciones campesinas esperan la solución a este conflicto que afecta el derecho a la comunicación y libre expresión en el municipio, y piden el apoyo de los habitantes de Socorro para que no desaparezca el ícono campesino que representan La Cúpula y la casa campesina de la Provincia Comunera.

*Secretaría de Comunicación y Formación. Coordinador Nacional Agrario

Buenaventura grita que don Temis sigue vivo, carajo 

Muerte es una palabra que sabe a piedra. Pronunciar la palabra muerto es sentir que se desencaja un hueso o tratar de tragarse un cuchillo. 

Hace un año lo esperaban en una reunión a la que nunca llegó. Él sabía que el nudo de esta historia solo podría tener este desenlace. Pero nunca retrocedió. Hace un año dos personas que se desplazaban en una moto asesinaron a Temístocles Machado. Apagaron el alma negra que más brillaba en Buenaventura, el puerto por el que entran y salen el 50% de las importaciones y las exportaciones del país.

Don Temis era un cartógrafo social empírico. Un memorioso. Un padre, hermano y esposo noble que “tuvo la habilidad y la sabiduría de tejer lazos. Sabía qué quería, cómo lo quería y quién le podría ayudar (...) Iba por cada barrio buscando a los líderes para recordarnos que nosotros no podemos interiorizar un discurso de afuera, que no somos una cuna de delincuentes”, recuerda emocionada una lideresa que lo conoció.

Defender los esteros en los que quieren construir plataformas portuarias, denunciar la ocupación ilegal de terrenos, exigir la garantía de servicios básicos y la titulación de tierras para los habitantes de las comunas 5 y 6, denunciar los vicios de corrupción, politizar los vecindarios, entutelar y radicar cuanto derecho de petición fuera necesario, exponer las penurias y las demandas de los bonaverenses en Bogotá, afirmar que “esta tierra es nuestra, totalmente nuestra, y de aquí no nos vamos” le costó la vida a Don Temis.

Buenaventura tiene a Temístocles en la punta de la lengua. A un año del asesinato, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité del paro cívico, la asociación Nomadesc y las juntas de acción comunal realizaron del 25 al 27 de enero varias actividades para honrar su memoria. Entre ellas torneos deportivos, presentaciones culturales y un recorrido territorial por lo esteros del puerto que demostró la degradación natural y los impactos socio ambientales causados por las plataformas comerciales.

Se avecina un año clave para Buenaventura. Las elecciones regionales serán la oportunidad de dejar atrás una estela de malas administraciones, y arriesgarse a tomar un camino distinto para materializar todo lo que soñó don Temis. Quienes los asesinaron solo hacían el trabajo por el cual les pagaron. Esas personas sin nombre ni rostro que dieron la orden lamentarán que después del 27 de enero del 2018, el legado de Temístocles Machado vive y arde en los corazones de los bonaverenses.

Sin negros –sin su memoria, sin su cosmovisión–, no habrá paz. Por el puerto entran y salen las esperanzas del país. Buenaventura vibra. Es digna, recursiva y creativa ante la adversidad. Buenaventura reclama la atención que merece. Él ya no está, pero enseñó el camino, por eso Buenaventura grita que “Don Temis sigue vivo, carajo”.

Por Laura Franco y Juan David Guerra

En el Suroeste antioqueño, los cultivos de plátano y café, que colorean de distintas tonalidades de verde las montañas, han sido testigos de la organización que han tenido que emprender las comunidades para resistirse a la explotación minera en el territorio. Resistencia que hoy vive un nuevo capítulo a raíz de un proyecto formativo que realizaría la Universidad de Antioquia con financiación de la empresa multinacional minera AngloGold Ashanti.

¿Cómo inició todo?

El 12 de junio del 2018 llegó una carta de parte de la Veeduría y la Personería del municipio de Jericó, a la rectoría de la Universidad de Antioquia. La intención era solicitarle a la Universidad formación en labores de control y participación ciudadana. 

La carta dice lo siguiente: “Nos permitimos solicitar en un acto de responsabilidad social, la vinculación activa de la Universidad Pública como tercero académico independiente para que pueda apoyar a la veeduría y a la personería municipal de Jericó con el soporte técnico, legal y académico requerido, para que con base en información técnica veraz se pueda realizar el proceso de veeduría a este proyecto que se desarrolla actualmente en el territorio de Jericó”.

En resumen, le piden a la Universidad que brinde herramientas para hacer veeduría a la minería. El documento, firmado por el presidente de la veeduría ciudadana y por la personera de Jericó, pasó por varias Unidades Académicas de la institución, hasta que fue remitido, por competencia, a la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, teniendo en cuenta que esta dependencia había realizado proyectos de formación sobre el tema con otras comunidades.

En la Escuela Ambiental vieron con buenos ojos la propuesta, y decidieron crear un diplomado para brindar dichas herramientas, pero había un claro inconveniente: la Universidad no podía financiar el proyecto, pues los recursos son escasos. John Fernando Escobar, profesor de la Universidad y miembro de la Escuela Ambiental, explicó a Periferia que la Universidad no puede invertir sus recursos en un asunto que es competencia de las personerías y las veedurías. 

La financiación era el problema

Fue así como la AngloGold Ashanti, cuya presencia en Jericó ha sido problemática desde que llegó (hace más de diez años), y que además ha sido denunciada por cometer atropellos contra campesinos, entró a participar en el proyecto.

La Universidad decidió comunicarse con dicha empresa en busca de financiación. “Al recibir la propuesta de formación nosotros dijimos “esto está bien”, pero eso no puede ser financiado por la Universidad, y comprendemos que los entes como personerías o veedurías no tienen recursos. Además, esto necesita juntar un grupo de gente importante. Por eso decidimos convocar a la empresa para que en términos de responsabilidad social financiara el tema”, cuenta el profesor Escobar.

Luego de realizar las respectivas gestiones legales, AngloGold aceptó, y el contrato se firmó. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por parte de la comunidad jericoana, ni por los movimientos de la región. Organizaciones campesinas, indígenas y ambientales se mostraron en desacuerdo con que fuera la empresa la que financiara el diplomado. 

“Rechazamos la decisión de firmar ese contrato con una empresa que está ilegítimamente en el municipio. No podemos permitir que la universidad pública, financiada en parte con los recursos de los habitantes de Jericó, se preste para actividades con una empresa que está en contra de los intereses de la población”, expresa Fernando Jaramillo, presidente de la Mesa Ambiental del municipio.

Frente a tales reacciones, el profesor Escobar defiende las buenas pretensiones de la Universidad: “con este diplomado ni se promueve ni se rechaza la minería; nosotros vamos a dar instrumentos para el proceso de control ciudadano ante cualquier proyecto de desarrollo”, y afirma que antes de consolidar el convenio se establecieron tres salvedades frente al diplomado. La primera, que este fuese abierto para todo el que quisiera participar; la segunda, que los contenidos fuesen propuestos únicamente y de manera autónoma por la Universidad; y finalmente, que los resultados del mismo no tuviesen que ser revisados ni aceptados por la empresa minera.

Sin embargo, a pesar de estas exigencias y de la justificación de la Universidad frente a su autonomía, el diplomado fue cancelado por la misma institución a petición del alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez.

La actividad académica estaba programada para comenzar a mediados de enero del presente año, pero no alcanzó a iniciarse el desarrollo de ninguna de las temáticas, dentro de las que se encontraban componentes que preocupaban a los ambientalistas por el enfoque que podrían tener, como en el caso del módulo 4 titulado “Ambiente y desarrollo. ¿Conceptos irreconciliables?”. Este currículo, según Fernando Jaramillo, no respondía “de ninguna manera a las necesidades de los líderes”, además que con él se defendía una idea de progreso “que no es más que su propio beneficio y la destrucción de nuestro municipio”.

AngloGold Ashanti: una empresa cuestionable

La principal preocupación de las organizaciones radica en que si la empresa financiara el diplomado, lo usara en beneficio propio, para publicitarse y ganar puntos ahora que tiene un camino difícil por recorrer en Jericó, esto después de que el Concejo municipal prohibiera por segunda vez la minería; por ende la empresa debe buscar salidas para poder explotar un millonario proyecto minero para el que ha realizado exploración desde hace una década en el municipio.

En un comunicado expedido por el Cinturón Occidental Ambiental (COA) se advierte el peligro de que con este proyecto académico se posibilitara “la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, el proyecto minero Quebradona”, que ha ocasionado atropellos de la Fuerza Pública y de la empresa contra los campesinos del municipio. Este proyecto minero cuenta con una inversión de 65 millones de dólares (según el portal oficial de la empresa), y pretende extraer, según el COA, “3.95 Mt de cobre, 6.13Moz de oro, 85.2 Moz de plata y 70Kt de molibdeno”.

El COA señaló además que la Universidad estaría pactando con una empresa “conocida en el mundo por financiar grupos paramilitares, como en el caso denunciado por Human Rigths Watch en la República Democrática del Congo”, y que además tiene en su contra “delicadas acusaciones sobre su relación con el asesinato de líderes sociales en el país”.

La UdeA ya ha contratado con AngloGold

La Universidad de Antioquia ha trabajado dentro del proyecto minero “Quebradona” impulsado en el territorio. AngloGold le solicitó a la Universidad que hiciera una revisión del modelo hidrogeológico, es decir, una revisión del informe que debe elaborar la empresa sobre cómo se transformará el flujo del agua en el subsuelo con la actividad minera que está realizando. “Consiste en hacerle la revisión, una especie de peritaje al modelo para ver si está bien elaborado”, confirmó el profesor John Fernando Escobar.

Pero el diplomado y la revisión de modelo hidrogeológico no son, al parecer, los únicos contratos que ha firmado la Universidad con la empresa minera. La institución universitaria habría contribuido, además, en la formulación de la línea base del proyecto, que según el profesor, consiste en “estudiar todo lo que tiene el territorio, es parte de los procesos de licenciamiento. Yo llego a un territorio y casi que tengo que tener una base de datos que me diga: había cien mil árboles, había tantas hectáreas en cultivo, había tantas personas, el nivel de empleo, los ingresos, el pib”.  

El profesor expresó que otras Facultades e Institutos de la Universidad participaron en la construcción de la línea base, necesaria para que AngloGold pueda explotar el territorio. “Tengo entendido que otros Institutos y Unidades de la Universidad ya han participado en el levantamiento de esa línea base. Un instituto le hizo una labor de campo a AngloGold”, afirmó.

Contexto: en Jericó y el Suroeste antioqueño no quieren la minería

El historial de Anglo Gold Ashanti en la región es negativo, especialmente por su presencia en el municipio de Jericó, donde lleva varios años realizando labores de exploración en el proyecto Quebradona. 

En el 2017 las comunidades de Jericó salieron en protesta por la realización de cientos de perforaciones, y por la instalación de unas plataformas de la empresa minera. En mayo del 2018 comunidades de Jericó marcharon en contra de esta empresa, encabezadas por organizaciones indígenas y campesinas, pero las movilizaciones se vieron empañadas por denuncias de amenazas, agresiones, e intimidaciones que cometieron miembros del Ejército Nacional, la Policía y el Esmad durante la movilización.   

Pero Jericó no es el único municipio de la región que está en contra de la minería. En noviembre de 2018 el Concejo del municipio de Ciudad Bolívar prohibió la minería de metales e hidrocarburos en su territorio. Con este ya son 13 los municipios del Suroeste antioqueño que le han cerrado las puertas al extractivismo: Betulia, Titiribí, Támesis, Urrao, Jardín, Concordia, Pueblorrico, Salgar, Tarso, Fredonia, Valparaíso, y Jericó.   

Para ninguno de estos municipios fue fácil llegar a esta determinación, tanto por la presión que ejercen las grandes empresas, como por la guerra jurídica que deben enfrentar, principalmente contra la Gobernación de Antioquia, que contrariando las decisiones autónomas de las comunidades y de las instituciones locales, ha demandado varios de los acuerdos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Como resultado de dichas demandas, el Tribunal anuló, entre otros, el acuerdo del municipio de Urrao. Pero el Consejo de Estado les dio la razón a los concejales de Urrao, y declaró, en una sentencia histórica que entró en pugna con lo dicho por la Corte Constitucional, que los municipios sí pueden prohibir la minería. 

Este año las movilizaciones en la región del Suroeste han continuado, y puntualmente en Jericó, donde el 15 de enero campesinos del corregimiento de Palocabildo presenciaron actividades de exploración minera en una de las plataformas de perforación del proyecto Quebradona, y denunciaron que, por Acuerdo municipal, estas actividades están prohibidas, por lo que la empresa estaría ejerciendo la minería ilegal. Las actividades de la empresa continuaron, y el pasado 24 de enero los campesinos de este corregimiento se tomaron la plataforma minera de la AngloGold Ashanti, localizada en la finca La Mancha, exigiendo al alcalde del municipio hacer cumplir dicho Acuerdo municipal, por medio del cual se prohíbe toda minería de metales en este municipio. 

La votación en contra del fracking en Fusagasugá, Cundinamarca, fue contundente: el 99, 18% de las personas rechazó la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones del páramo de Sumapaz. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala? 39.175 personas dijeron no. Solo 202 respaldaron la iniciativa. 

Si bien el censo electoral para la consulta era de 104.538 ciudadanos, el umbral estimado en 34.846 votantes se superó con creces, por lo que el mandato público se dirige a rechazar la explotación de recursos del subsuelo. Y no es una decisión menor. En efecto, de acuerdo con la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, el páramo de Sumapaz es el más grande del mundo y provee de agua potable al 15% de la población colombiana.

De hecho, es la principal fuente de agua para Bogotá y sus municipios aledaños, de ahí que la consulta puede pasar a la historia como una manifestación de la soberanía popular por evitar la explotación irresponsable y la contaminación de una de las fuentes hídricas más importantes del país.  

                                                                                    

El Gobierno insiste

No obstante lo anterior, el fracking está nuevamente en el centro del debate en Colombia. A pesar de la decisión democrática tomada en Fusagasugá que se suma a otras experiencias similares en Boyacá y Tolima, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la realización de una prueba piloto en 2019 con el fin de evaluar junto con “la academia, las comunidades, los ambientalistas, entre otros sectores, los impactos y beneficios que traería al país esta técnica de explotación de hidrocarburos”.

El plan piloto que se llevará a cabo en las inmediaciones de Barrancabermeja en un área de 150 kilómetros por un lado y 60 kilómetros por otro. Puede incluir otros siete departamentos además de Santander.

De acuerdo con el alto funcionario, las reservas petroleras del país dan un margen de autosuficiencia por seis años, razón por la cual, las exploraciones en el Magdalena Medio podrían triplicar las reservas entre 2000 y 7000 millones de barriles. Sin embargo, los riesgos ambientales de la fracturación hidráulica son latentes por lo que el presidente de la compañía petrolera ha sido enfático al afirmar que: “nosotros no vamos a poner a competir el petróleo y el agua, si en algún momento pensáramos que alguna de nuestras operaciones tuviera impactos en el agua, pues no la realizaríamos ya que tenemos un total compromiso con el cuidado del medio ambiente”. A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que los negocios en el gobierno Duque ocupan el primer lugar, por lo cual, en caso de encontrar las fuentes necesarias, Ecopetrol no dudará en sacrificar el medio ambiente en favor de los capitales extranjeros. Amanecerá y veremos.

Es tal el afán del primer mandatario por aumentar las reservas de hidrocarburos que su administración ha llegado a hablar de “fracking responsable”. Este disparate, como lo dijo el gobernador de Boyacá,  Carlos Andrés Amaya, “es como decirle a una mujer que la van a violar responsablemente”. Aunque el símil puede ser chocante, no falta a la verdad, pues hay pruebas científicas rigurosas de diversas universidades del mundo que han demostrado que la fractura hidráulica genera impactos graves al medio ambiente como la contaminación de fuentes de agua potable y afectación a la fertilidad de la tierra.

No hay evidencias que demuestren lo contrario, es decir, que como lo asegura la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se pueda emplear esta técnica de “manera responsable y sostenible”. ¿Cómo puede perforarse la tierra, llenarla de peligrosos químicos y aumentar el riesgo sísmico de manera responsable? Si países como Francia, Alemania e incluso varios estados de Estados Unidos han prohibido esta forma de explotación, ¿por qué Colombia sigue empeñada en realizar pruebas de este tipo? La respuesta tiene que ver con la poca independencia que tiene el gobierno de Iván Duque respecto a los grandes empresarios que financiaron su campaña. De ahí radica la importancia de la resistencia civil para evitar este tipo de decisiones.    

 

El golpe de la Corte

Por si no fuera suficiente con esta compleja situación, la Corte Constitucional tumbó una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta respecto a una consulta popular que permitió frenar la extracción de petróleo en Cumaral a cargo de la multinacional Monsarovar Energy.

El alto tribunal impuso, a través de su fallo, límites a las consultas populares, con lo cual, este mecanismo de participación no podrá vetar en el futuro las actividades relacionadas con la extracción de petróleo y minerales. Dicho de otro modo, la Corte Constitucional despojó de la única herramienta jurídica que tenían las comunidades para la protección de sus derechos y dejó el camino expedito para que las multinacionales puedan retomar sus actividades económicas.

Desde el gobierno nacional y en particular, desde el Ministerio de Minas y Energía se ha celebrado la decisión como una “señal importante para la seguridad jurídica del sector (minero-energético), y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana”. Pero, ¿de qué diálogo y de qué participación habla la ministra? Si todas las manifestaciones de la soberanía popular son vulneradas, ¿qué alternativas tienen las poblaciones afectadas?

Esta circunstancia tiene en vilo no sólo la consulta desarrollada en Fusagasugá, sino diversas movilizaciones populares que se encaminan a limitar las acciones perjudiciales de las compañías petroleras.

El gobierno neoconservador de Iván Duque que está controlado por el polémico ex presidente Álvaro Uribe Vélez y por los grupos económicos más recalcitrantes del país, no tiene en su agenda la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables ni mucho menos la defensa de las cuestiones medioambientales. Así quedó demostrado con su decisión de conformar una “comisión de expertos” que se encargará de determinar los impactos del fracking en Colombia, así como la regulación normativa con la que se cuenta para atenuar los posibles riesgos de la aplicación de esta técnica.

Sin embargo, como lo manifestó el ex contralor Edgardo Maya, “ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables se están buscando opciones desesperadas para las cuales el país no está lo suficientemente preparado para mitigar los riesgos y las afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico de nuestro país”.

 

¿Qué viene ahora?

Desde esta perspectiva, 2019 será un año complejo para las comunidades que han luchado en contra de la minería y la explotación petrolera. La fracturación hidráulica causa daños considerables a la tierra y es una fuente de contaminación permanente de acuíferos y otras reservas de agua potable.

Si se toma en consideración el bloqueo legal al que estarán expuestos estos sectores por la decisión de la Corte Constitucional, es probable que existan movilizaciones sociales como el recordado Paro Agrario Campesino de 2013 o las recientes protestas estudiantiles. Es claro que las comunidades tendrán que salir a las calles a defender sus derechos de la intransigencia del gobierno central.

Es por ello que surge la necesidad de preguntarse ¿qué alternativas tienen los sectores de oposición para evitar la llegada definitiva del fracking a Colombia? El primer acto simbólico ya se llevó a cabo con la recolección de 100.000 firmas por parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que fueron presentadas ante el Congreso Nacional con el fin de mostrar el respaldo popular al proyecto de ley sobre la prohibición definitiva de esta técnica en el país. Sin embargo, el cabildeo será complicado debido a que el gobierno cuenta con un importante número de congresistas que bloquearán todas las iniciativas promovidas desde los grupos alternativos.

Una luz al final del túnel fue la reciente decisión del Consejo de Estado que mediante una resolución suspendió provisionalmente los actos administrativos que permitían al gobierno fijar los criterios de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. El tribunal aseguró que “la autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas”. 

En tal sentido, la decisión de la Comisión Tercera del Consejo de Estado respaldó a los sectores que promueven la protección del medio ambiente y el principio de precaución, toda vez que no se conocen con precisión las supuestas ventajas del fracturamiento hidráulico. De respetar la decisión de la rama judicial, el gobierno tendría que buscar alternativas para potenciar la “economía naranja” pues el fracking sería inviable en el país.

Por otra parte, la resistencia debe dirigirse hacia grupos de presión conservadores para quienes toda manifestación popular en contra de la minería y el fracking hacen parte de una estrategia del “fundamentalismo ambiental”.

Desde esta óptica, cualquier intento de negocio en el ámbito minero-energético está “secuestrado” por los grupos ambientalistas que se oponen y mediante el lobby internacional han afectado significativamente a esta industria. Sin embargo, ¿cómo no criticar a un sector que genera relaciones de inequidad, monopolios y severos daños al medioambiente? No es una cuestión de fundamentalismo sino de realidad. Aquí están en juego dos modelos de país: uno que promueve el uso sostenible y responsable de los recursos y que está favor de los procesos de integración social, y un modelo enquistado en el poder que tiene como prioridad el establecimiento de negocios y multinacionales bajo el paraguas de “la inversión extranjera” que no es otra cosa que la imposición de una visión economicista de las relaciones sociales.

Durante la charla, la nutricionista compartió consejos sobre qué hábitos eran saludables y qué alimentos debían consumirse para prevenir problemas de salud. Entre los consejos que arrojó, mencionó que el sobrepeso provoca enfermedades cardiovasculares en hombres y mujeres. La gente barrigona es más propensa a sufrir del corazón, el colesterol, la sangre, el hígado, entre otros órganos del cuerpo. Casualmente la mayoría de asistentes eran barrigones. 

El alimento es uno de los sectores que más ha sufrido los efectos de la guerra económica contra la República Bolivariana de Venezuela. Alguna gente de mi país se jacta de vivir en un paraíso por el simple hecho de tener supermercados repletos de todo tipo de productos, aunque esa gente no gane un sueldo digno que le permita comprar la mayoría de esos productos. La comida es un factor de orgullo cuando se compara con la “miseria” de los ‘chamos y chamas’. Encontramos verduras, frutas, granos, pollo, pescado, carne de vaca en plazas de mercado, en supermercados y en los semáforos. Me atrevo a decir que no faltará el paisano o la paisana que con la barriga al aire la exponga como un factor de riqueza y abundancia.

Pero desde la charla de la nutricionista, sumado al compartir con el campesinado colombiano, me surgió la duda de si nos alimentamos bien, teniendo en cuenta que los gorditos y gorditas abundan en pueblos y ciudades, sobre todo después de obtener un trabajo de oficina. Consultando encontré algunos alimentos que potencialmente producen cáncer, por lo que al final de leer este artículo te aconsejo que revises tu nevera y replantees el lugar dónde compras la comida por si encuentras alguna que enferme.

Los más conocidos son los transgénicos. Organismos genéticamente modificados que son cultivados con productos químicos nocivos para la salud humana y la naturaleza. Entre ellos se destacan la soja y el maíz. Los embutidos, salchichas, y mortadelas poseen conservantes que las hacen ver deliciosas y en buen estado. Estas carnes procesadas son ricas en nitrito y nitrato de sodio, causantes del cáncer de colon. Aunque son inofensivas, las palomitas compradas para cocinarse en microondas son un coctel de células cancerígenas e infertilidad; si las buscas con sabor a mantequilla son peores porque el sabor lo produce el diacetilo, causante de graves enfermedades pulmonares.

Las gaseosas, sodas, refrescos y bebidas de dieta, contienen altas cantidades de azúcar, colorantes, químicos, aditivos que acidifican el cuerpo y alimentan las células cancerígenas. No hay como el jugo natural, la fruta o el agua para refrescarse. La harina y azúcar refinados es otra opción para una muerte silenciosa y lenta. Ponle atención a las frutas y vegetales que compras en el supermercado porque estas en su mayoría son bañadas con pesticidas que terminan en tu cuerpo al comerlas. Después de este dato, deje de comer y regalar fresas. 

Ningún comercial de comidas y bebidas previene de estos efectos, las multinacionales de insumos agrícolas no impulsan campañas de prevención del cáncer ni de otras enfermedades causadas por sus productos. La importación de alimentos en Colombia y en el resto de países latinoamericanos no cesa, al contrario, aumenta, asfixiando la economía campesina local y envenenando nuestras comunidades. 

A pesar de esto, la agroecología, practica promotora de alternativas de economía digna que produzcan verduras, frutas y animales libres de agrotóxicos, toma un nuevo aire entre el campesinado. Aunque esto no se promociona en supermercados de cadena, este tipo de alimentos existen y pueden ser aprovechados si se averiguan los puntos de venta. El camino es largo y culebrero si queremos que la economía campesina se sustente con la agroecología. Un campesino de Nariño, departamento que limita con Ecuador, me dijo que la mayoría de alimento de las familias campesinas es comprado en el pueblo y no cultivado en sus propias fincas. La situación de Nariño no es ajena a la del resto del país.

Hoy en día el hábito de alimentarse adecuadamente es un acto de total rechazo al estilo de vida impuesta por las multinacionales de la comida. Así que si sigue pensando que tener la barriga grande es un símbolo de poder, vive engañado y, peor aún, está poniendo en riesgo su salud. No volví a ver a los barrigones de la charla aquella, ojalá algún día la ropa les quede grande.

El autor es miembro del Coordinador Nacional Agrario - Colombia

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