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Hace 20 años, en los valles y montañas del sur del Tolima, cuna de uno de los procesos revolucionarios y armados del país como las FARC - EP, la comunidad logró construir el único pacto de paz de Colombia que fue cumplido por todos los actores implicados. En la actual coyuntura, cuando se habla de paz y post-acuerdo, es necesario conocer esta experiencia.

 

El inicio del conflicto
Para el año 1964 en el valle de Marquetalia, se encontraba un puñado de hombres que tomaron la decisión de la vía armada. En este lugar habitaban no más de 50 familias, quienes comandadas por Manuel Marulanda Vélez lograron sobrevivir y escapar a la toma de Marquetalia, asalto comandado por el Teniente Coronel José Joaquín Matallana del batallón Colombia del Ejercito Nacional el 14 de junio de 1964. Para ese entonces el objetivo del gobierno de Guillermo León Valencia era el exterminio de las guerrillas Liberales del norte del Tolima y el aislamiento de los núcleos comunistas en el sur del Tolima.

Pero la otra parte de la historia es la que se ha mantenido en reserva. En los últimos días se puso nuevamente en circulación una carta enviada por Manuel Marulanda al Presidente Guillermo León Valencia. El periódico El Espectador narra que la única exigencia de 'Tirofijo' y sus hombres para dejar las armas era el arreglo de caminos, carreteras y la construcción de un puente que podía facilitar el paso de los productos de los campesinos y mejores condiciones de vida, petición que fue negada y que tal vez pudo haber evitado un conflicto de más de 50 años.

Luego de 30 años, el 26 de julio del año 1996, los indígenas de la comunidad Nasa We'sx, estando ya cansados de tanto dolor y decididos a perdonar, debatieron por muchos días con sus propios hermanos indígenas alzados en armas, dotadas por el Ejército para combatir a la insurgencia, la necesidad de perdonar y construir una propuesta para lograr tranquilidad en su territorio. A pesar de que muchos de los indígenas aún seguían convencidos de la legalidad de las armas y de la lucha a la que los había enviado el Ejército, tuvieron que llenarse de valor y reconocer que el Gobierno no hacía nada por ellos. Muerte, pobreza, tristeza y la pérdida de 40 vidas era el resultado de este escenario de conflicto.

Construcción del pacto de paz
Gracias a esta decisión y con la esperanza de traer tranquilidad, la comunidad indígena se sentó junto a Arquímedes Muñoz, alias Jerónimo, quien en ese entonces sería el comandante del Frente 21 de las FARC, para firmar el que sería el primer y hasta ahora único acuerdo de paz de este territorio y de Colombia.

La propuesta presentada y que llevo varios días para ser aprobada por la comunidad indígena, se puede resumir en los siguientes puntos: La prohibición de amenazas entre campesinos e indígenas y viceversa, así como del porte de armas para la comunidad indígena y campesina en general dentro del territorio; Igualmente, los delitos de hurto que sucedieran en el resguardo, serían castigados y sancionados por la autoridad indígena competente, según usos y costumbres; o en caso de incidencia y de mayor gravedad, serían trasladados a la justicia penal competente, para ser castigados por la Ley. Tampoco se permitía la estadía de grupos militares, cooperativas de seguridad o alzados en armas dentro del resguardo en territorio indígena. Así mismo, ningún miembro de la comunidad debía pagar algún tipo de impuesto a los alzados en armas.

Este acuerdo fue comunicado a todos los frentes de las FARC – EP que operaban en el sector, y su fiel cumplimiento fue fiscalizado por las entidades oficiales como las asesorías municipales, autoridades eclesiásticas, delegados de derechos humanos, Cruz Roja y asuntos indígenas. Luego de firmado el acuerdo de paz y lograrse la tranquilidad entre los indígenas y la guerrilla de las FARC-EP, el enemigo pasó a ser otro. El gobierno emprendió contra este proceso una campaña de desprestigio e ilegitimidad; el momento más duro se vivió en el gobierno de Álvaro Uribe, pero aun así lograron permanecer en el territorio y defender la paz por encima del poder militar y paramilitar que los perseguía por haber firmado un acuerdo con “terroristas”.

A 20 años del Pacto de Paz
La conmemoración de los 20 años del Pacto de Paz de los indígenas Nasa Wes'x con las FARC el pasado 26 de julio en la vereda Palmeras, en Gaitania, fue una fiesta intercultural donde la comunidad indígena evidenció su gran riqueza cultural y su madurez política, pero también las ausencias y debilidades organizativas que implican nuevos retos. La conmemoración contó con la participación de algunas instituciones y actores externos a la comunidad, como ACNUR, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y otras organizaciones sociales y medios de comunicación.

Las remembranzas de cómo se gestó, se negoció, se pactó y por 20 años se ha mantenido, dejaron múltiples aprendizajes que hoy son referentes para la pedagogía de paz de su propia comunidad, y para la cultura de paz en Colombia y el mundo.

Los dos años previos a la firma del pacto, muestran la gran habilidad para discernir el momento y la prudencia para la negociación liderada por parte de los mayores indígenas como Virgilio, Ovidio, José, Elvira, y otros más. Así mismo, la sostenibilidad de los acuerdos se debe a la concepción de la construcción de paz como un proceso de largo aliento, un tejer día a día que se aferra al poder de la palabra, de lo pactado.

Diferentes hechos y variables pusieron en riesgo el cumplimiento del pacto durante estos 20 años, como el desconocimiento de este pacto por parte del gobierno nacional, las presiones por parte del Ejercito Nacional y el establecimiento del Batallón de Alta Montaña en la zona, los cambios de comandantes en las FARC, el paramilitarismo, entre otros. Sin embargo, esta experiencia da cuenta de la capacidad de los procesos de autogobierno, autogestión del territorio y sus propios conflictos, que trajo una verdadera convivencia y paz, frenando el crecimiento de la muerte y el dolor.

A propósito de la vigencia de este pacto de paz, en el marco de los Diálogos de La Habana y la pronta firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la pregunta es si los colombianos podemos creerle al grupo guerrillero frente a su voluntad de paz. Ante ello, los líderes indígenas radicalmente establecen que, en su caso, el pacto sí ha funcionado entre ellos y la guerrilla por 20 años, y no tienen ningún argumento para oponerse a este proceso de paz: “quizá el gobierno sí incumpla, porque a nosotros como pueblo indígena nos ha incumplido”, dice José, maestro Nasa, con un poco de desilusión.

Para la comunidad indígena son más las inquietudes que certezas que dejan el Acuerdo de Paz del Gobierno y las FARC, porque frente al resguardo indígena, en la vereda San Miguel, será ubicada una zona veredal de transición y concentración de las FARC. Así, las preocupaciones giran en torno a la capacidad del gobierno de copar los espacios políticos y fortalecer la institucionalidad; las estrategias para revertir el proceso de degradación cultural; las garantías para coordinar y hacer partícipes a las alcaldías y la comunidad en los procesos de inversión social y distribución de los recursos del posconflicto; y las acciones para evitar la depredación de la riqueza ambiental en estos territorios. Los retos son muchos, y la comunidad indígena espera que este pacto de paz sea incorporado en el Acuerdo de La Habana, tenga su reconocimiento y puedan empezar a vivir un post-acuerdo con garantías desde el Estado.

“La verdadera historia del cine es invisible, la historia de amigos que se encuentran, que hacen lo que aman.”
Jonas Mekas (Manifiesto contra el centenario del cine)

 

Gran parte del cine gringo existe porque un día el dueño de la patente del Quinetoscopio (una caja de madera por la que al asomarse se observaban imágenes en movimiento, uno de los más importantes precursores del cine), Thomas Alva Edison, decidió que su invento tenía que ser el único capaz de proyectar historias, monopolizando así el naciente “mercado”. Pequeñas productoras de cine (como lo eran casi todas a finales del Siglo XIX), eran amenazadas y amedrentadas por mafiosos de Edison, si se atrevían a realizar sus producciones o sus inventos por fuera de los cánones establecidos por el célebre inventor. Quien quisiera filmar en la costa Este de los Estados Unidos (como Chicago y New York) tenía que hacerlo con la firme intención de proyectar su producto en el Quinetoscopio y su creación debía exhibirse solo en las salas de Edison; si no se cumplía así, la muerte era una posible opción para el artista en un país de película dominado por mafias que controlaban hasta la creatividad, como en Colombia.

Carl Laemmle, fundador de los estudios Universal fue uno de los primeros productores que ante las amenazas decidió ir a un lugar donde Thomas Alva Edison no tuviera control sobre las patentes; la jugada le salió más que bien, llegó a la Costa Oeste donde, no solo el inventor mafioso no tenía control sobre las producciones, sino que además era un lugar con un sol candente todo el año (ideal para filmar bajo su luz), con un ecosistema diverso desde desiertos desolados hasta bosques tropicales y playas paradisíacas; sumado a esto, una tierra muy barata, ideal para cimentar la nueva casa pirata de las producciones fílmicas: Hollywood.

Sol a sol, film a film, Hollywood se convirtió en el imperio audiovisual que todos conocemos. Lo logró a punta de buen cine y desplegando una estrategia de monopolio parecida a la que provocó su huida: control total y exhaustivo de todo el engranaje artístico; producción, realización y exhibición. Estrategia que aún hoy rinde sus frutos: ocho productoras controlaban y controlan mucho de lo que vimos y vemos: Paramount, MGM, 20th Century Fox, Warner Bros, RKO, United Artists, Universal Studios y Columbia Pictures.

Pero volvamos a la primera década del siglo XX cuando el cine ya no impactaba a ninguno de quienes aún lo veían y en él no se descubría nada nuevo o mejor de lo que se podía encontrar en la música, la ópera o el teatro; solo unos cuantos directores (Chaplin Griffith, Mack Sennet) y otros inquietos espectadores estaban convencidos de que el nuevo medio debía encontrar su propio lenguaje; en Francia, por ejemplo, había un club de amigos que conversaba esta realidad, que discutía las nuevas posibilidades que tenía el cine más allá de sus artes afines; en 1918 Louis Delluc fundó la revista “Cine clube” (donde comenzó con la crítica de cine) como un espacio de diálogo alrededor de un arte con un pasado ínfimo, sin presente y sin ninguna proyección, que aun así con sus letras incitó la construcción del cine como arte, pasando de simples filmaciones de obras de teatro, a la construcción de historias con la mirada e inmediatez que solo brinda la cámara y el montaje (hoy edición).

Este movimiento, junto con otros cineclubes nacientes (como el Club de los amigos del séptimo arte, fundado por Ricciotto Canudo) tenían como objetivos la presentación de películas que no llegaban por la censura o limitadas por la distribución, y al no ser éste un espacio oficial de exhibición, se priorizaba la visualización de obras con características artísticas o culturales por encima de las que solo se hacían con el objetivo de recaudar ganancias (gracias a los cineclubes de Francia se pudo ver allí por primera vez la película rusa “El acorazado Potemkin” clase magistral y referente del montaje fílmico). El cineclub era el escenario ideal no solo para ver lo que no se veía en las salas comerciales, sino que además era un espacio de debate político, ético y cultural. Un espacio para la formación de públicos críticos frente a la imagen, capaces de pensar su mirada.

Los cineclubes inquietaron las miradas de jóvenes y provocaron en ellos preguntas, respondidas luego como reflexiones críticas donde descubrieron lo que para ellos es el cine; luego fueron los realizadores que plasmaron esas preguntas y respuestas en su obra, como el caso de Francois Truffaut: cineclubista, crítico y realizador. La intención no es sugerir que el fin último de los cineclubes es formar únicamente realizadores y críticos; sino más bien señalar la importancia de estos escenarios a la hora de construir y proponer otros espacios para la mirada, espacios que han cambiado a las sociedades y han dado sentido a muchas vidas. Fue alrededor de los amigos que se dotó al cine de sentido.

Hoy, en un mundo comunicado 24 horas, todos los días del año, con computadores capaces de almacenar cientos de películas, con canales de distribución digitales infinitos (incluso legales y gratuitos), con redes sociales activadas para siempre en las cuales existe la posibilidad de hablar de cualquier cosa, ¿son necesarios los cineclubes? La respuesta es un contundente Sí. Thomas Alva Edison sigue vivo cada vez que en un centro comercial se saca de cartelera una película solo por cargar con la cruz de ser colombiana; cada vez que un político roba del presupuesto destinado para la cultura; cada vez que en cada parada de bus solo hay publicidad de películas de súper héroes. A veces es muy difícil conocer las grandes obras de la humanidad, y muchas veces no interesa su exhibición para los ministerios de cultura… más cuando los ministerios de países como Colombia son proyectos de emprendimiento para los ministros. Los cineclubes deben ser el hogar del Otro Cine, el escenario donde se manifiesta lo diferente, ese paraíso idílico a donde llegaron los piratas expulsados de la oficialidad.

Thomas Alva Edison sigue vivo y es Hollywood adoptando el modelo del que huyó, controlando producción, realización y exhibición; impulsando algunas veces con su poderío económico grandes obras de arte para la humanidad, pero casi siempre material reciclado y pútrido para repartir como cajas de donas; puede no tener los mafiosos de antes, pero definitivamente expulsa y coarta. Los cineclubes son las cavernas para pensar el cine, para ver en gran pantalla esos clásicos olvidados, y esos nuevos proyectos enterrados para los ojos de las mayorías.

La buena noticia: los cineclubes cada vez participan más personas.

Toledo, Norte de Santander, mayo 30 de 2016. 150 indígenas U'wa se instalan en predios aledaños a la planta de gas Gibraltar I, operada por Ecopetrol.

Las autoridades civiles alertaron sobre una 'vía de hecho' que impediría el normal funcionamiento de la planta en la que se extrae gas natural. Se encendieron las alarmas en Ecopetrol y Gases del Oriente, empresas que extraen el gas natural y lo transportan, respectivamente, para ser vendido en Bucaramanga a aproximadamente 300.000 usuarios.

Los U'wa vienen reclamando hace décadas la devolución de su territorio ancestral, que les fue arrebatado por el Estado para otorgarlo a particulares e impulsar la colonización de esta zona del país, o a empresas para el saqueo de recursos naturales.

Primero fue el petróleo, lo que generó una lucha a muerte de los U'wa contra la compañía estadounidense Occidental de Colombia, más conocida como OXY. A muerte, literalmente, porque el pueblo ancestral amenazó con un suicidio colectivo si la petrolera seguía agrediendo su territorio. La pelea, que inició en 1992, se llevó a escenarios internacionales, se despertó la solidaridad en muchos sectores sociales y, finalmente, la OXY se retiró en 2001.

No obstante, la sombra del petróleo continúa sobre el territorio de los U'wa. En primer lugar, porque el oleoducto que lleva el petróleo desde el campo Caño Limón (Arauca) hasta Coveñas (Sucre), pasa por el territorio aborigen, ocasionando contaminación y riesgo para la población, dado que en algunos tramos se encuentra sobre la superficie. Constantemente se presentan derrames de crudo, bien sea por atentados de la insurgencia o por accidentes propios de la precaria calidad de la infraestructura.

Más recientemente, Ecopetrol perforó un pozo petrolero llamado “Magallanes”, a escasos 200 metros del río Cubugón, una de las principales fuentes de agua de los indígenas y campesinos que habitan esa región. De inmediato los U'wa iniciaron una protesta, a fin de evitar la entrada de maquinaria a ese sitio y aprovecharon que días antes había explotado un tramo cercano del oleoducto Caño Limón – Coveñas, para impedir su reparación. Eso fue en el 2014. Los U'wa levantaron la protesta con el compromiso del gobierno de parar la explotación en Magallanes y devolver unos terrenos al pueblo indígena. Pero a los U'wa nunca les entregaron las tierras y además, Ecopetrol abandonó la maquinaria e infraestructura de Magallanes en el sitio.

Por esas razones, hoy dos años después, se retomó la protesta. Primero impidieron la entrada de trabajadores y maquinaria a la planta de gas Gibraltar I y el arreglo de otro daño en el oleoducto. Pero luego de 50 días sin respuesta sería del gobierno, los indígenas, con acompañamiento de campesinos de la región decidieron tomarse la planta de gas. Allí hicieron apagar las máquinas y aparatos de extracción y bombeo de gas. Toda la operación de esa infraestructura fue suspendida.

Según Jimmy Aguablanca, integrante de AsoU'wa, se trató de una acción colectiva de recuperación y control del territorio ancestral del pueblo U'wa, consistente en la toma de lugares como el Zizuma (Nevado del Cocuy), la planta de gas Gibraltar, el 'callejón de la muerte' sobre el río Cubugón y el sector La China.

Las exigencias de la comunidad siguen siendo la devolución de territorios ancestrales a los indígenas y la protección del medio ambiente; también pidieron el arreglo de la vía o 'trocha' de la Soberanía y la distribución del gas natural a centros poblados aledaños al yacimiento, tales como Cubará y Saravena. En ese sentido, la nación U'wa encamina su movilización hacia la defensa de la vida y la permanencia en sus territorios, y hoy se deciden a neutralizar uno de los principales enemigos de su territorio, como lo es el negocio de extracción de recursos naturales.

La protesta se suspendió con compromisos por parte del gobierno y Ecopetrol frente a las exigencias indígenas y campesinas, producto de una reunión de más de 12 horas efectuada el pasado 27 de julio.

En palabras de Aura Tegría, abogada y también integrante de AsoU'wa, “se lograron avances importantes para la garantía de la pervivencia de nuestra nación ancestral y de los campesinos de la región del Sarare y del piedemonte araucano, tales como la suspensión del turismo en el Zizuma, la constitución del resguardo de Cuituba, el saneamiento del resguardo unido U'wa en el área de superposición del Parque Nacional El Cocuy, el mantenimiento de la vía de la soberanía por el término inicial de un año y el inicio de los estudios para la gasificación de las poblaciones de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca)”.

Pero la pelea no termina ahí, dicen. La lucha por la defensa del territorio es incansable y durará lo que dure la amenaza que se cierne sobre él.

La biodiversidad o diversidad biológica es un término que hace alusión a la extraordinaria variedad de la vida existente en el planeta tierra, en la que se incluyen los animales, las plantas, los lugares donde habitan y los ambientes que los rodean, así como los conocimientos generados por las sociedades indígenas sobre los ecosistemas. Esa riqueza natural y cultural está en serio peligro por la mercantilización creciente en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida. La expansión del capitalismo en las últimas décadas colonizó hasta el último rincón del planeta, con la subsecuente disminución de la biodiversidad.

La sobreexplotación de ecosistemas, la contaminación, la deforestación, la introducción de especies invasoras, la difusión de organismos genéticamente modificados, junto con los cambios climáticos, son algunos de los factores determinantes en la destrucción acelerada de la biodiversidad. Esos fenómenos son un resultado directo de la conversión en la naturaleza en un simple reservorio de materias primas para diseñar mercancías, así como la destrucción de hábitats naturales para construir ciudades, carreteras, obras de infraestructura, extraer hidrocarburos y minerales, o diseñar zonas dedicadas al turismo.

Un reciente informe de la Revista Science de julio de este año cuantifica con detalle el efecto de la pérdida del hábitat en la diversidad global. Allí se sostiene que en el 58% de la superficie de la tierra, donde se aloja el 71% de la población mundial, se ha presentado tal pérdida de biodiversidad que los ecosistemas no podrán soportar el peso de las sociedades humanas. Entre los más afectados por la disminución de la biodiversidad se encuentran los prados, sabanas y bosques. En el estudio se acuña el término de “recesión ecológica” para llamar la atención, con un vocablo tomado de los economistas, que hay una dura realidad de destrucción natural que debería preocupar a la humanidad, puesto que está en peligro su propia existencia. Como lo dijo Andy Purvis, del Museo de Historia Natural de Londres, “Estamos jugando a la ruleta rusa ecológica”.

Lo peor del caso es que la “recesión ecológica”, a diferencia de las recesiones económicas del capitalismo, no es un momento pasajero o coyuntural, sino que representa un salto al abismo, pues coincide con el brusco vuelco climático, el aumento de los niveles de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmosfera y las alteraciones en los ciclos globales de nitrógeno. Una expresión del colapso ecológico y del asesinato de la biodiversidad, del cual el capitalismo es el responsable principal con su tren irrefrenable de producción y consumo de mercancías para obtener ganancias monetarias que benefician a una reducida franja de la población mundial. Es la sexta extinción de especies, un ecocidio que está en marcha ante nuestros ojos.

La diferencia de esta extinción con las cinco anteriores radica en que es la primera causada por factores humanos y no naturales. La quinta extinción se presentó hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios y el 90 por ciento de las especies por entonces existentes, y fue causada por el choque de un meteorito contra el planeta tierra, en el Golfo de México. La extinción de hoy en día es producto de la acción humana, pero se ha acentuado en las últimas décadas por la generalización del modo de producción capitalista, cuyo funcionamiento a partir de la lógica del crecimiento económico ilimitado ha rebasado los límites de lo ambientalmente tolerable para el planeta tierra. Hasta tal punto eso es evidente, que se estima que hoy la pérdida de especies es entre cien y mil veces superior a lo que ocurriría en forma natural por los procesos de evolución y adaptación. Para completar, esos niveles de extinción se aceleran con el trastorno climático en marcha, ya que hasta un 30 por ciento de todas las especies de mamíferos, aves y anfibios se encuentran en peligro de desaparición.

La reducción de la biodiversidad nos afecta particularmente a nosotros, los habitantes de las zonas tropicales del mundo, y en especial a los del centro y sur de América, por la sencilla razón que vivimos en un paraíso de la diversidad natural, debido a que en nuestros territorios confluyen cuatro factores: hábitats que reciben la mayor cantidad de luz solar a lo largo del año; áreas que tienen la mayor cantidad de terreno libre de hielo expuesto; zonas con una gran estabilidad climática y territorios variados (con todos los pisos térmicos). Eso ha dado como resultado que en nuestros países se encuentre tal nivel de diversidad natural, y que en las pluriselvas tropicales estén la mitad de plantas y animales del mundo. En un solo árbol de la selva del Perú el biólogo Edaward Wilson encontró 43 especies de hormigas, muchas más de las que se existen en la Gran Bretaña.

Lo peor del caso estriba en que la destrucción de la biodiversidad empobrece a la mayor parte de los habitantes de nuestros países, a la par que enriquece a una cifra insignificante de capitalistas nacionales y extranjeros. Esos beneficios a corto plazo para unos pocos, son la ruina no sólo para la mayoría de los habitantes de nuestros países sino que implican la desaparición para siempre de las maravillas de la naturaleza, de la que ya no podremos obtener los bienes y servicios que nos producen y ya no las podrán disfrutar nuestros hijos.

El 29 de enero de 2016, el presidente Juan Manuel Santos sancionó en Orocue, municipio casanareño ubicado a orillas del río Meta, la ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Social (ZIDRES). En el acto público, el mandatario afirmó que la mencionada ley constituía, ni más ni menos, una “verdadera revolución para el campo”, con la cual se garantizará la seguridad alimentaria del país. “Esta es la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo”, indicó Santos, sin rubor alguno. La afirmación desde luego no deja de ser un chiste de mal gusto, especialmente para los productores agrícolas del país, grandes y pequeños, que ven cómo, con la venia del Estado, llegan a Colombia cada año millones de toneladas de alimentos importados y se pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de la población, al tiempo que se ha transformado la vocación agrícola del campo, destinado ahora a los grandes negocios agroindustriales.

Que el lugar donde se sancionó la Ley 1776 de 2016 haya sido una población ubicada en los llanos orientales de Colombia, no es un hecho de menor valía, porque está relacionado intereses que el capital, nacional e internacional, han proyectado desde hace algún tiempo sobre esa extensa región del país, para satisfacer jugosos negocios en torno a la tierra y sus riquezas. En efecto, como lo han indicado investigaciones periodísticas y académicas, la región de la Orinoquia en los últimos años –aunque ya desde el siglo XVIII estuviese articulada tímidamente a las demandas del mercado nacional e internacional – ha adquirido una importancia especial en la fase de acumulación capitalista actual, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que la región representa el 22,7% del territorio nacional, y que allí se albergan 10 Parques Nacionales Naturales y una de las cuencas de exploración y explotación de hidrocarburos más importantes del país.

Diversas actividades económicas, articuladas a las demandas del capital internacional, se han posicionado en los llanos orientales, modificando aceleradamente su configuración espacial y agudizando los conflictos sociales. Entre las más visibles se destacan la profundización del modelo del latifundio ganadero, que lejos de perder fuerza, se consolida a tal punto que la ganadería representa un 90% de las tierras con esta vocación en la región. Lo novedoso de la actividad es que se orienta hacia la implementación de cultivos de cereales para ser usados como alimento del ganado, con modelos de alianza entre la agroindustria y ganadería. La otra gran actividad económica estratégica es la producción de petróleo, ampliamente conocida en el país, entre otras razones, por afectar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en los territorios donde hay producción, con pésimas condiciones laborales de los trabajadores contratados para laborar en los campos de extracción.

De otro lado, se destaca la reconversión agroindustrial que estimula el monocultivo a gran escala y suplanta la economía campesina. Este fenómeno ha ocurrido en distintos lugares de la Orinoquia, y viene acompañado del acaparamiento de tierras por medios violentos o legales (a través de triquiñuelas jurídicas, por ejemplo), de las que se benefician grupos económicos del país (como el del magnate Luis Carlos Sarmiento, dueño de la empresa Corficolombiana, que posee más de 12 mil hectáreas de palma y 4 mil de caucho en el Meta, considerado el cultivo de su tipo más grande de América Latina; la empresa Manuelita, que tiene 37 mil hectáreas entre Meta y Casanare; o Riopaila, que tiene 40 mil hectáreas en Vichada), y multinacionales especializadas en la producción de agro-combustibles (Cargill, Pacific Energy y Poligrow, para mencionar algunos nombres), que hoy son propietarias de miles de hectáreas, dando origen a lo que se conoce a nivel mundial como land grabbing o acaparamiento de tierras por empresas internacionales.

Es aquí precisamente donde encaja el modelo de las Zidres, que vendrá a reforzar el proceso de reconfiguración económica que se está imponiendo en la región de los llanos orientales. De las siete millones de hectáreas que se destinarán para las Zidres en el país, varias miles están ubicadas en la Orinoquia, con lo cual se dará continuidad, esta vez de manera legal, a la acumulación irregular de predios, a través de figuras como la concesión o arrendamiento de tierras baldías, como ocurre en otros países del mundo. Lo llamativo de este proceso de adecuación económica auspiciado por el Estado, es que se da en un momento particular para el país, en donde las premisas de la paz y el fin de la guerra (con orígenes muy fuertes en la distribución desigual de la tierra), son mostradas por el gobierno como una meta que supondrá la reconciliación entre todos los colombianos.

Como es apenas lógico, las dinámicas económicas que se impulsan en los llanos orientales han recreado una conflictividad social que involucra, en particular, a las comunidades indígenas, campesinas y a sectores de la clase obrera. Aunque también comienzan a estimular la movilización de pobladores de las ciudades capitales y municipios, empujados por la incomodidad hacia un gobierno que, mientras habla de paz y reconciliación, se empecina en profundizar un modelo económico que impone los negocios y el afán de riqueza para pocos, a costa del bienestar de la mayoría de la población. Por eso muchos afirman que el peor enemigo de la paz es, paradójicamente, el propio presidente Santos y el modelo económico que se empecina en profundizar en el país.

Las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Oriente antioqueño  han sido escenarios de  despojo a familias campesinas por parte de terratenientes y grupos armados, por eso tras la expedición de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, son también los lugares donde se llevan a cabo gran parte de los procesos de restitución de tierras  en Antioquia. 

Rosa es una mujer cabeza de familia, tiene 42 años, trabaja en oficios varios y vive en Chigorodó; ella no ha retornado y no quiere retornar. “Una persona como yo, que sólo ha trabajado para sobrevivir, no tiene la opción de tener una casita bien arreglada o bien organizada”, afirma convencida. Su vida ha estado marcada por una serie de complejas situaciones que la forzaron a desplazarse, pero también a luchar para sobrevivir con sus hijos. Primero desaparecieron a su padre y a sus dos hermanos; luego, cuando comenzó a vivir con su pareja lejos de la finca de sus padres, su esposo fue asesinado, según ella por las FARC; a su vez, su madre vendió a muy bajo precio la finca donde creció, a causa de la presión que ejercieron grupos paramilitares.

Hasta este momento su vida había sido ver y callar, pero al llegar el 2009, Rosa decidió comenzar el trámite para la restitución de la finca que le arrebataron a su familia. En medio de este proceso, conoció muchos campesinos que como ella abandonaron o vendieron obligados su tierra. Fue allí cuando decidió junto con ellos emprender acciones como marchas que pasaban por predios ocupados por los que la ley 1448 llama “opositores”; personas o empresas que tomaron las tierras a muy bajos costos beneficiados del desplazamiento generado por paramilitares, guerrillas o el mismo ejército. Rosa sostiene que acciones como estas fueron “para que se dieran cuenta que los mismos miedos que sentimos, nos han dado valor para reclamar nuestros derechos”.

Participar de estas acciones la hicieron - sin buscarlo- líderesa. Muchos campesinos se le acercan a pedirle consejos sobre cada uno de sus casos y sobre los trámites para la restitución que van desde el registro de su predio, y si tienen como continuar el proceso, hasta el fallo de un juez. Pero esta visibilización también trajo consigo amenazas de hombres que la buscaban constantemente y la hostigaban a las afueras de su casa; intimidaban a sus hijos, y generaron nuevamente su desplazamiento por diferentes sectores del Urabá, por lo que hoy en día permanece en quietud: “¿Qué hago yo trabajando con la uñas, sin un respaldo del gobierno y yo siendo una mujer?, ¿cuál es mi defensa contra esas personas, si esas personas manejan todo?” se pregunta.

Estas incertidumbres frenan la posibilidad del retorno de Rosa. No se imagina viviendo junto a quienes, relacionados con el paramilitarismo, la han llamado a decirle que no insista más, que sus derechos ya han caducado. La restitución para ella no incluye el retorno: “Ya me arrebataron a uno de mis hijos. Uno tiene que ser realista y yo soy una de esas personas, de pronto que el gobierno me diera una indemnización por eso yo bregaría y me iría pa' otro lado y compraría. Esa gente no se va a quedar con las manos cruzadas”, insiste.

Teresa es ama de casa, tiene 70 años. Llegó aproximadamente hace 40 años, junto a su esposo, a una vereda del municipio del Bagre en el Bajo Cauca antioqueño. Cuando el conflicto se agudizó en la vereda, ella decidió salir junto con su familia. Teresa retornó, con el sueño de un colegio para que sus nietos se eduquen, sin embargo no tiene los papeles de su finca. “Queremos tener una vida mejor, queremos tener una vivienda digna; agua, luz tenemos ya, gracias a Dios” expresa.

Su desplazamiento hacía El Bagre se dio a causa de la zozobra que se vivía en la vereda, “salimos por miedo, por temor, porque pasaron muchas cosas aquí en la vereda y atrás en la finca mataron un señor, me aporrearon un hijo. Entonces estuvimos muy acongojados, fue muy miedoso, temeroso porque uno no sabe. Salimos por unos tres, cuatros días, y no volvimos a ver unos animalitos”, recuerda Teresa.

Para ella el proceso de restitución de tierras se ha convertido en la oportunidad para su familia de legalizar su predio, que paradójicamente se encuentra ubicado en una reserva forestal. Sin la existencia de esta ley, no tendría cómo tener las escrituras de su finca.

Ella se considera una mujer mayor, vieja de cuerpo –en sus palabras-, sin embargo tiene el espíritu con ganas de trabajar, “de seguir adelante”. Tiene que claro que el trabajo que le toca a una mujer en el campo es muy importante: “Nosotras trabajábamos más, atendíamos a los animales, le dábamos de comer a los marranos, atendíamos las gallinas, los pollitos”, y después de decir esto, cuestiona que el trabajo masculino en el campo tenga más valor que el de las mujeres.

Sandra es madre de tres hijos y está en espera de otro, vive en una vereda de Granada en el Oriente antioqueño, y tiene 34 años. Ella retornó y consiguió que el Estado le reconociera un proyecto productivo de ganadería. “A nosotros nos ha ido bien gracias a Dios, porque nosotros teníamos ganas en un principio de meterle a la ganadería, porque la agricultura estaba tan difícil. Entonces para nosotros era mejor vender leche, cualquier poquito de leche diario para ir sobreviviendo”.

Vivir en un corredor estratégico como lo es el Oriente antioqueño, significó para su familia la tragedia de quedar en medio del conflicto entre guerrillas y paramilitares. En el año 2000 su mamá y hermano fueron asesinados y su papá herido; a toda su familia la obligaron a desplazarse. Sus 3 hermanas se fueron a Medellín y Barranquilla, lejos de la vida rural. Ella junto a su esposo e hijos lo hicieron al casco urbano de su pueblo, a la espera de volver al campo porque según ella no veían oportunidad de sobrevivir en una ciudad. “El niño menor tenía 16 mesecitos en ese entonces, y nosotros pensábamos tanto... Era tan duro, uno estaba en una sin salida, sin tener adonde ir”, rememora Sandra con tristeza.

El entierro de su madre fue masivo porque fue asesinada junto a otros 18 campesinos. Después de esto nada volvió a ser igual, su familia se fragmentó, su padre no pudo volver a realizar tareas de agricultor porque “tenía pegado a su estómago una malla”, mientras ella, su esposo e hijos se mantuvieron en vilo sin rumbo ni hogar. Sobrevivir a esta época fue una tarea difícil. “Fue un tiempo muy bravo, si veníamos por el camino muchas veces nos encontrábamos los charcos de sangre de personas que habían matado en la carretera. Me toco encontrarme una vez con personas de esas que llevaban a otras amarraditas para matarlos”, recuerda.

En el año 2013 comenzó los trámites de la restitución, al inicio desconfiaba que alguna ayuda del Estado le pudiera llegar a una campesina como ella. Por eso, tras entregar los documentos solicitados y esperar ocho meses, comenzó a pensar que tal vez algunas personas inescrupulosas podrían quitarle su finca con las firmas y papeles entregados. Sin embargo, esta sospecha se disipó una vez recibió los primeros desembolsos para el proyecto productivo. “Gracias a Dios porque teníamos era una pesebrera pequeñita y la pudimos agrandar”; además de esto ahora tiene mora, zanahoria criolla y una huerta en su finca. “Por ahí se le revuelve alguito sino que la situación ha estado muy dura. Se nos han perdido varios sembrados por una plaga”.

Rosa, Teresa y Sandra no pierden la esperanza, saben que en la tierra están las posibilidades, para ellas y muchas campesinas de conseguir el sustento y condiciones de vida digna para ellas y sus familias.

La provincia del Sumapaz es una región ubicada al occidente y sur de Bogotá - Colombia, sobre la cordillera oriental. Este territorio de vocación agrícola es despensa de gran parte de los alimentos que llegan a la capital colombiana; además, allí se encuentra el páramo más grande del mundo, generador de los más importantes recursos hídricos de Colombia. Pese a esto, la región se enfrenta desde hace años a las actividades de explotación minera en marcha o proyectadas, que ponen en peligro esta riqueza ambiental, así como la salud y bienestar de sus pobladores. Por ese motivo, del 24 de julio al 2 de agosto de 2016, la “Caravana por la defensa del Sumapaz” organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad – REDHER-, que articula organizaciones colombianas, de Europa y del continente, recorrió los municipios aledaños a Fusagasugá, capital de esta provincia, con el objetivo de articular las luchas por la defensa del territorio.

La Caravana por la defensa del territorio
Este año, personas del Sumapaz acompañadas de delegados de organizaciones sociales internacionales y nacionales, recorrieron el territorio compartiendo experiencias, preocupaciones y estrategias. Las organizaciones sociales articuladas en la campaña “Agua y agricultura sí; minería y petróleo no”, enfocada en esta región, organizaron una agenda que los llevó a verificar el estado de algunas minas, zonas de proyección de explotación petroleras y zonas que ya sufrieron las consecuencias de los conflictos socio-ambientales que provoca la política minero energética del país.

Algunas de las problemáticas del Sumapaz
En Sibaté, al norte de Fusagasugá, se están viendo las consecuencias de ocho años de explotación de arena sílica a cargo de la multinacional italiana Minerali Industrial. En la vereda San Miguel de este municipio, como lo pudieron evidenciar los caravanistas, de manera continua transitan camiones con toneladas de arena sin la protección adecuada, a escasos pasos de las viviendas. Uno de los habitantes de la zona, quien está a la espera de un diagnóstico médico, cuenta que le “están haciendo los exámenes para la silicosis, pero eso se demora”. La silicosis es una enfermedad pulmonar causada por inhalar polvo de sílice y es mortal a pesar de que se puede prevenir.

En agosto de 2015 los habitantes salieron a la vía, articulados al grupo Defensores del Territorio Ambiental, cuando se hicieron evidentes afectaciones al medio ambiente como la escasez del agua, vital para los cultivos de fresas de la zona. La representante de la empresa, casualmente ex funcionaria de la Corporación Autónoma Regional -CAR-, ente de control responsable de investigar eventuales daños ambientales, afirmó que el fenómeno del niño era el único responsable de que se sequen las fuentes de agua de los habitantes, veredicto que sostuvo la misma CAR.

Los habitantes cuentan que después de su manifestación de inconformidad, la empresa tomó medidas ambientales como sembrar eucalipto. “Absurdo, cuando todo el mundo sabe que el eucalipto seca la tierra” interviene indignada la vocera del Comité Ambiental Local conformado en 2015. Por eso, para fortalecer su lucha, e inspirados por los ejemplos del Tolima, quieren una consulta popular y organizar marchas carnavales. Por ahora en la región de Sumapaz hay tres casos de exploración, y gracias a la consciencia y resistencia de la población, en el resto del territorio se han podido frenar mega-proyectos.

Por ejemplo, en el municipio San Bernardo no han podido explorar, pues la comunidad organizada logró impedir el ingreso de los camiones y maquinaria de la empresa Alange Energy que quiso realizar exploración sísmica a finales de 2013. Los habitantes del municipio hicieron un bloqueo de la carretera por dos semanas hasta que se retiró la empresa. Desde entonces, se constituyó una Veeduría Ambiental que se empeña en combatir la amenaza de esta y otras empresas. La Veeduría Ambiental de San Bernardo ha acudido a todos los mecanismos institucionales disponibles, con peticiones a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, a la CAR, al Ministerio del Ambiente, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, para combatir el próximo paso de Alange Energy en su territorio.

A pesar de estas victorias, la presión aumenta porque las empresas suelen usar estrategias para ganar lo que quieren, como es el caso de Emgesa-Endesa y su proyecto hidroeléctrico en el municipio de Cabrera. En el año 2008 esta empresa italo-española llegó al municipio y propuso un proyecto sobre el río Sumapaz que incluía 14 microcentrales y la construcción de un embalse, lo que evidentemente generó un rechazo fuerte de la comunidad.

En una reunión que hizo Emgesa para hablar del proyecto en 2011, llegaron cientos de personas para saber más del mismo, y sus firmas en la lista de asistentes fueron utilizadas por la empresa en el estudio ambiental que radicó ante la ANLA como prueba que ya se había socializado el proyecto lo suficiente con la comunidad. Por esta razón, jamás volvieron a firmar algo para las empresas. Debido a su rechazo, en 2012 Emgesa cambió su propuesta a 8 microcentrales sin embalse pero los cabrerunos lo rechazaron también y siguen en su empeño de proteger las fuentes hídricas que garantizan la vida y la supervivencia del campesino pequeño productor.

Aunque a lo largo y ancho de la provincia de Sumapaz la gente se está movilizando en contra de estos megaproyectos y en defensa de su territorio, no cuentan con el apoyo institucional que deberían tener. En todos los municipios que la caravana visitó, la gente desconfía de la CAR, del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y de sus funcionarios, porque dicen “están más a favor de las multinacionales que de las comunidades”.

Los hechos tienden a darles la razón, como lo identificaron varios informes de la contraloría en los últimos años. Hay un perverso sistema de puertas giratorias que permite pasar de empleado público a ejecutivo de las empresas privadas y viceversa. Además, Colombia no dedica el personal suficiente al control y atribuye licencias ambientales basándose exclusivamente en los datos entregados por la empresa, suponiendo de facto su buena fe. Identificaron que por cada 100 pesos pagados de renta, las empresas mineras tienen descuentos que terminan representando pérdidas para el Estado de más de 200 pesos. Encima, cuando las comunidades han organizado consultas populares para comprobarle al Estado que no quieren explotación en su territorio, este pone todas las trabas posibles como en el caso de Piedras en el Tolima.

Ese modelo económico basado en la explotación de materia prima está preocupando a comunidades de todo el mundo. Por eso se está articulando un nuevo internacionalismo contra el modelo extractivo, aunque no se puede perder de vista que las empresas en su mayoría siguen viniendo del Norte, de países como Canadá, el cual dedica su política exterior a modificar la legislación de los países donde actúan sus empresas y enfoca los esfuerzos de su diplomacia a defender los intereses de las empresas que escogen sus alas protectoras.

Ante este escenario los habitantes del Sumapaz están organizados porque en los próximos años tendrán que enfrentarse a varios proyectos mineros, a cuatro bloques petroleros de empresas canadienses como Alange Energy o Canacol, y a proyectos hidroeléctricos cuya energía se utilizaría para la explotación minera y petrolera.
*Proyecto Acompañamiento y Solidaridad con Colombia PASC; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER

Con mucho agrado se recibió en el seno del movimiento social ibaguereño y nacional el aval dado por el Tribunal del Tolima a la constitucionalidad de la pregunta que será puesta a consideración en la denominada Consulta Popular Minera en Ibagué, la cual da viabilidad a la realización del primer ejercicio de democracia directa de este tipo en una ciudad capital a nivel nacional.

La Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana establecido por la Ley 134 de 1994, “mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”. Dicho mecanismo para que tenga carácter vinculante debe contar con la participación de la tercera parte del censo electoral del país, departamento o municipio, según sea el caso.

En Ibagué fue necesario recurrir a este mecanismo dadas las implicaciones de la titulación minera otorgada de manera inconsulta con la ciudadanía y que compromete cerca del 30% del territorio municipal, poniendo en riesgo gran parte de sus ecosistemas y fuentes hídricas estratégicas, como puede verse en el mapa de Titulación minera y áreas de importancia ambiental en Ibagué.

La Consulta Popular y la paz
La pregunta que será puesta a consideración de la ciudadanía de Ibagué es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

En principio se puede considerar que la pregunta en cuestión tiene implicaciones solo en el campo ambiental; sin embargo, los alcances de la consulta van más allá de sus efectos para frenar la locomotora minera en el municipio, pues de hecho es una apuesta por la paz, en la medida que crea un referente para la gestión de conflictos territoriales de manera vinculante, dando el papel decisivo al constituyente primario, lo cual implica un ensanchamiento de la democracia, fundamental para la construcción de una sociedad en paz, que en ningún caso se equipara a una sociedad sin conflictos, sino una que es capaz de gestionarlos sin recurrir a la violencia directa o subjetiva como forma de lucha.

Para entender las implicaciones de lo planteado anteriormente es necesario reconocer que lo que se está negociando actualmente en La Habana es el fin de la guerra como expresión de la violencia directa o subjetiva que causa muertes, desplazamiento, despojo, contaminación, etc.; sin embargo, a este tipo de violencia subyacen otras violencias de carácter estructural o sistémica y cultural o simbólica .

Estos tipos de violencia se expresan a través de la acumulación obscena de la riqueza, el menosprecio por las cosmovisiones tradicionales, la imposición del desarrollo basado en el crecimiento económico a expensas del despojo y la degradación del patrimonio ambiental y la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) de manera inconsulta, que afectan la producción nacional, entre otros mecanismos que son fuente permanente de conflictos, y que deben gestionarse para evitar el retorno a la guerra.

En este contexto la Consulta Popular en Ibagué da cabida a nuevas apuestas por una gestión no violenta de los conflictos, de manera que las voces de los actores locales se empoderen y logren expresar su voluntad en un ejercicio vinculante. En este sentido es muy significativo el efecto en cadena que ha tenido a nivel nacional el inicio del proceso de la consulta en Ibagué desde sus primeras fases, llevando a que en muchos municipios más se adelanten procesos similares.

El reto para el movimiento social Ibaguereño
El departamento del Tolima es escenario no solo de proyectos estratégicos mineros, de infraestructura y agronegocios a gran escala, sino de procesos de resistencia social que se han convertido en referentes nacionales e incluso mundiales; tal es el caso de la consulta popular desarrollada en el municipio de Piedras y la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida, la cual en su 8a edición alcanzó una dimensión sin precedentes, constituyéndose en la mayor manifestación popular en la historia del departamento.

Ahora se deben movilizar como mínimo 130.000 votantes para que los resultados de la Consulta sean vinculantes y obtener una mayoría por el NO a la minería contaminante, que permita frenar la locomotora minera en el territorio del municipio. En este proceso se deben consolidar las dinámicas de coordinación y confluencia de las diversas expresiones del movimiento social, de manera que se pueda continuar el trabajo mancomunado alrededor de otros temas clave para la ciudad, tales como la recuperación de sus fuentes hídricas que se han convertido en cloacas, como son los casos de los ríos Combeima, Chipalo, Alvarado y Ópia y sus principales afluentes; así mismo el SÍ en el Plebiscito por la Paz. Este reto podemos denominarlo como “Hacer las paces con las fuentes hídricas del municipio” y la consolidación de Ibagué como ciudad de Paz.

Los defensores de la locomotora minera ya han arreciado sus acciones de desinformación y mentiras en contra de la consulta, manifestando por ejemplo que si en la Consulta gana el NO entonces será el fin de la minería de materiales de arrastre que se practica en el río Combeima, de la cual dependen familias de escasos recursos y el sector de la construcción de la ciudad; o que la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población se verán privadas de recursos importantes ya que la minería es importante factor de desarrollo.

Frente a estas afirmaciones, sin duda llenas de mala intención e intereses particulares, es necesaria una pedagogía que permita visualizar los alcances de la consulta, y que ayude a formar cultura política y ciudadana en la ciudad, de manera que se consolide la sociedad civil y se logre empoderar el movimiento social como estrategia para la defensa del territorio y la gestión de conflictos.

El triunfo del NO en la Consulta Popular de Ibagué tendrá un efecto motivador en municipios como Cajamarca en donde se promueve de nuevo la realización de una Consulta Popular para frenar la locomotora minera y en particular el proyecto “La Colosa”; en este sentido uno de los retos principales es el acompañamiento a estos procesos para que el movimiento gane dimensión regional y nacional.

 

*Luego de publicada nuestra edición impresa 120, el Gobierno Nacional confirmó que el Plebiscito Especial para la Paz se realizará el 2 de octubre de 2016, misma fecha para la que se había convocado la Consulta Popular Minera en Ibagué. Por esa razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil dijo que deberá posponerse la Consulta Popular, y la nueva fecha será definida por la administración del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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