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“En algunos países, no en todos, la izquierda ha seguido la tradición de despolarizar fácilmente sus diferencias con el enemigo y polarizar demasiado con sus amigos”, fue el comentario de cierre en el programa que dirige Pablo Iglesias, Fort Apache, por parte del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, programa en el cual se abordó la situación de la izquierda en el continente. Este comentario no es lejano a la realidad, a las dificultades y retos de unidad que se avecinan en la recién iniciada campaña electoral en Colombia, camino al 11 de marzo, día en que se definirá la nueva conformación del Congreso.

Las apuestas de las organizaciones de izquierda que participan de la contienda electoral se encuentran en diferentes listas, como la del Polo Democrático Alternativo, la de la coalición Decentes y la de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El Polo: el boomerang de la Coalición Colombia
Para estas elecciones el Polo Democrático se presenta con una lista que le apuesta a afianzar liderazgos que han venido trabajando en el Congreso desde la oposición y el control político, pero también en la consolidación de los procesos de paz en el país. Sin embargo, ante el riesgo de perder la personería jurídica, quien era su candidato a la presidencia, Jorge Robledo, se bajó de su aspiración y repite en el primer reglón de la lista al Senado, apoyando a su vez para las presidenciales al candidato de la denominada Coalición Colombia, Sergio Fajardo.

El Polo que ha contado en las últimas elecciones con el apoyo de los sectores de izquierda, tiene que lograr fidelizar y superar el número de votos alcanzados en el pasado, ya que los nuevos actores y las figuras públicas que han abandonado el partido, sumado a la arriesgada decisión de apoyar a un candidato a las presidenciales que levanta ampolla entre los sectores de izquierda, pueden pasarle factura. Por esta razón, su principal apuesta es consolidarse como la principal fuerza de la izquierda, sin embargo, esta coalición puede terminar fortaleciendo más a la representación de la Alianza Verde, partido con más afinidad del electorado hacía Fajardo.

La Coalición Colombia, consumada a finales del 2017, tenía la intención de unificar las listas al congreso de la Alianza Verde, el Polo Democrático, y también del movimiento Compromiso Ciudadano, pero dudas jurídicas frente a la personería jurídica de los dos primeros hicieron que se presentaran por separado, a excepción de algunos casos en listas departamentales a Cámara de representantes como en el Tolima, Bolívar, Córdoba, Huila y Risaralda. En esta lista del Polo al Senado se pueden encontrar personas como Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos y mediador en los procesos de paz; Alberto Castilla, líder campesino del Catatumbo; Víctor Correa, ex líder estudiantil, entre otros.

Decentes: representación minoritaria y otras figuras
Esta coalición surge de un acuerdo entre los partidos que tienen la mayor presión de quedarse sin su representación en el Congreso (MAIS, ASI y UP) tras el hundimiento de la reforma política, y a su vez de la suma de las apuestas de tres candidatos presidenciales que buscan medirse en este primer pulso con las listas de otros candidatos, Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, Clara López, ex ministra de trabajo y Carlos Caicedo, ex alcalde de Santa Marta. “Es una forma de demostrar que es necesario unificar esfuerzos entre diferentes colectividades para sacar agendas de transformación hacía adelante”, afirma la politóloga y ex secretaria de ambiente de la Bogotá Humana, Susana Muhamad, quien ahora es candidata al Senado por esta lista.

El proceso de conformación de la lista se hizo a través de compromisarios de cada partido que avalaron las hojas de vida de los postulantes. “La principal apuesta es generar un espacio de ciudadanos decentes, ciudadanos que piensan que la política se puede hacer sin plata, sin corrupción, que se pueda hacer de frente a la ciudadanía y que está representando a liderazgos sociales que están trabajando por diferentes causas, como la diversidad sexual, el ambiente, la lucha contra la corrupción, la paz”, sostiene Muhamad.

En esta lista al Senado se pueden encontrar personas como Gustavo Bolívar, libretista y activista; Aída Avella Esquivel, presidenta de la Unión Patriótica; Luz Marina Bernal, una de las Madres de Soacha, entre otros. También presentaron listas en diferentes departamentos del país.

FARC: a defender el Acuerdo en el Capitolio
Tras el acuerdo de paz de La Habana, el nuevo actor que hará parte del Congreso será la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, integrada principalmente por ex insurgentes que depusieron las armas y que ahora se medirán en la arena electoral, con la garantía de su participación política con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes para los periodos del 2018 y del 2022.

A través de consenso al interior del naciente partido decidieron quiénes debían hacer parte de las listas, e invitaron a sectores representativos del país y algunas organizaciones sociales que tomaron la decisión de hacer parte de sus listas, como la Marcha Patriótica. "En este momento hay 23 compañeros que integran la lista del Senado… excombatientes y gente del común, gente representativa de la política, que nos quisieron acompañar en esta tarea de construcción de la propuesta alternativa. Para el caso de las cámaras de representantes, los cinco departamentos que decidimos participar, organizamos la lista de manera plural procurando ser integradas por distintos sectores representativos de la sociedad", afirma Jairo Quintero, ex comandante y ahora candidato a la Cámara de Representantes por Santander.

Su principal apuesta será defender en las Cámaras lo que ellos denominan “la letra y el espíritu” del acuerdo de paz durante su implementación, a la que aún le falta la mayoría de leyes, con la incertidumbre de la conformación e intereses del nuevo Congreso. En este sentido, sus primeras tareas estarán enfocadas en velar por temas del acuerdo como: el catastro multipropósito, la creación efectiva del fondo de tierras y la puesta en marcha de los PDET, que si bien hay una ley que los crea, según la FARC está en contravía de lo acordado en La Habana. “También queremos contribuir a materializar la paz en Colombia, el acuerdo con los compañeros del ELN, una ruta de salida con el EPL y una ruta de sometimiento a las estructuras paramilitares que aún imperan en Colombia”, agrega Quintero.

En su lista al Senado se encontrarán once personas de organizaciones, y doce excombatientes como Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Victoria Sandino. Esta apuesta será el primer medidor real de su fuerza en las regiones más allá de las encuestas de opinión.

El acontecer de estas diferentes listas demuestra que dadas las condiciones limitadas de participación es necesario procesos de unidad que posicionen nuevos liderazgos más allá de las figuras políticas nacionales y que logren impulsar en el Congreso proyectos como la frustrada reforma política, para la participación autónoma frente a las estructuras clientelares de los partidos. El reto de construir unidad garantizaría enfrentar a una derecha unida bajo un discurso de miedo –que se vale ventajosamente de la crisis que afronta Venezuela-, con la responsabilidad de posicionar liderazgos que logren llevar la voz de las luchas sociales a un capitolio, en donde suenan por igual los escándalos de corrupción y los himnos de los grandes grupos empresariales.

El 16 de diciembre de 2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó sin inmutarse que los asesinatos de dirigentes sociales, líderes comunitarios y ex guerrilleros no estaban relacionados con sus actividades, sino que, en su “inmensa mayoría”, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

Esta afirmación, aparte de ser completamente irresponsable, se convierte en una legitimación de los cientos de asesinatos políticos que siguen sucediendo en Colombia. Declaraciones de este tipo forman parte de la muralla desinformativa que se ha erigido en este país, y la cual no se quiere derribar por parte de los voceros del Estado ni de los grandes medios de incomunicación.

Este tipo de lenguaje denota que la lógica terrorista del Estado no se ha atenuado ni una pizca, a pesar de que se genere una retórica paralela de paz y de concordia, que no logra ocultar las dimensiones del lenguaje contra-insurgente y de enemigo interior que se ha creado en este país durante el siglo XX, y que se niega a desaparecer, como lo muestran las infames declaraciones del Ministro de Ofensa (perdón, de Defensa).

Al respecto, vale la pena recordar en forma rápida algunos de los peores ejemplos del uso de un lenguaje que justifica el crimen de los que son considerados como adversarios y enemigos, y cuyas vidas no tendrían ningún valor en esa lógica criminal de tipo contra-insurgente. El asunto se remite a lo sucedido desde 1918, con las primeras manifestaciones y protestas obreras y artesanales, las cuales fueron catalogadas –como sucedió con las huelgas en la costa atlántica y la masacre de artesanos en Bogotá en marzo de 1919– como producto de la acción del bolchevismo. Utilizar ese mote justificaba la muerte de obreros y trabajadores humildes, a los que se les indilgaban propósitos desestabilizadores que estaban muy lejos de su sentir.

El hecho más lamentable en esta misma dirección fue el de la Masacre de las Bananeras, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados en diciembre de 1928 por el Ejército colombiano con el pretexto de que los huelguistas se habían convertido en una “cuadrilla de malhechores” que ponía en peligro la estabilidad del país, como producto de la acción de comunistas y anarquistas.

De ahí en adelante, hasta el día de hoy, esa lógica anticomunista y contrainsurgente se ha mantenido, siendo una de sus manifestaciones esenciales el uso de cierto tipo de lenguaje, descalificador, peyorativo y señalador, para legitimar la muerte o la desaparición de aquellos que deberían ser eliminados física y espiritualmente, porque así lo consideran los “colombianos de bien”.

Lo cierto es que ese lenguaje ha sido reiteradamente usado por presidentes de la República, Ministros, parlamentarios, sacerdotes de las altas jerarquías, militares, empresarios…, siempre con las mismas consecuencias. Los ejemplos abundan.

Cuando en junio de 1954 fueron masacrados varios jóvenes en el centro de Bogotá, los voceros del régimen militar se inventaron la versión de que los militares se defendieron de una agresión realizada por miembros del comunismo internacional y por eso dispararon contra inermes estudiantes. En agosto de 1959, durante una pacífica marcha de trabajadores de la caña de azúcar que se dirigía a Cali, fueron asesinados dos corteros en forma aleve por tropas del Ejército. Inmediatamente, el presidente Alberto Lleras Camargo adujo que “los dirigentes del paro son responsables de la tragedia y el desorden”.

En febrero de 1963, luego de que fueron masacrados doce personas en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), entre ellas una pequeña niña, cuando huelguistas intentaban impedir la circulación de camiones con cemento, la prensa, y los voceros del gobierno de Guillermo León Valencia señalaron que el Ejército se había visto obligado a disparar porque había sido atacado por trabajadores “revoltosos, agitadores comunistas y subversivos”.

En septiembre de 1977, el paro cívico nacional fue reprimido sangrientamente y en la ciudad de Bogotá dejó un saldo de una veintena de muertos, los que fueron calificados por los voceros del gobierno de Alfonso López Michelsen como “personeros de la subversión y traficantes de la inconformidad popular”.

El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Dos días antes, Carlos Lemos Simonds, Ministro de Gobierno, señaló: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. En este caso, el lenguaje oficial se convirtió en una orden para matar a un candidato de la izquierda.


Más recientemente, cuando fueron asesinados varios dirigentes sindicales en Arauca, el cinco de agosto de 2004, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, los catalogó como terroristas que habían muerto en combate con el Ejército.

La joya de la corona, por sus dimensiones, cinismo e impunidad, se la lleva Álvaro Uribe Vélez cuando hablando del asesinato de varios miles de colombianos, en lo que de manera eufemística se denominó “falsos positivos”, justificó ese crimen diciendo que los muertos “no estaban precisamente recogiendo café”.

La lista podría extenderse hasta llenar cientos de páginas. Solo se trataba de recordar algunos ejemplos del empleo de un lenguaje agresivo que se usa como un arma de guerra, para destruir física y/o moralmente a los adversarios. Con la utilización de dicho lenguaje ya se siembra duda y cizaña sobre una persona determinada, antes o después de matarla.

Por esa razón, declaraciones como las del Ministro de Defensa simplemente proyectan un comportamiento de larga duración, sustentando en la impunidad que genera cinismo y desfachatez, que recurre a un lenguaje deshumanizante y que bestializa a los adversarios. Si dicho lenguaje no tuviera las consecuencias criminales que conocemos y padecemos en este país, el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico, pero por desgracia no es así. Y en tal sentido es una manifestación de una lógica contrainsurgente que impregna el comportamiento de las clases dominantes de este país, reafirmada con las influencias de una lógica traqueta, para la cual la vida de los luchadores sociales y políticos no vale nada.

Para ellos, además, se agrega el estigma que tiene efectos aprobatorios entre la población, de señalar que si a alguien lo matan… por algo será, algo habrá hecho. En el caso que comentamos, simplemente decir que a los líderes sociales los aniquilan por líos de faldas, quiere decir que son crímenes pasionales aislados, y no una práctica genocida y sistemática, en la que tiene una responsabilidad central el Estado, las fuerzas armadas y sus socios paramilitares.

Periferia contactó a la delegación de paz del ELN, con el objetivo de conocer sus apreciaciones sobre el cese al fuego bilateral que terminó el pasado nueve de enero, y las perspectivas sobre la mesa de negociación con el Gobierno colombiano. Aureliano Carbonell respondió algunas de nuestras preguntas.

Periferia: ¿Cuál es el balance general del cese al fuego? ¿Qué aspectos positivos y negativos resaltan?
Aureliano Carbonell: Positivo es que por primera vez el ELN, en 52 años, hace un cese al fuego de carácter bilateral, temporal y nacional. Es positivo el clima que se generó en las regiones donde ha sido más agudo el enfrentamiento. Es positivo también el efecto que tuvo sobre el país y el impulso que le dio al proceso de conversaciones. Lo negativo es que después de que hicimos los acuerdos sobre el cese y los protocolos, el Gobierno le dio su propia interpretación, de tal manera que él se eximía de ser examinado en cuanto al cumplimiento sobre los componentes humanitarios. Eso parece que se aplicara solamente al ELN. Por ejemplo cuando se dio la muerte del gobernador indígena del Chocó, ese caso sí era objeto de verificación en el cese. Nosotros reconocimos ese como un error, el Frente de Guerra Occidental así lo planteó, pidió perdón, y sobre todo reconocimos nuestra responsabilidad y nuestra autoría.

El Gobierno no tuvo la misma conducta. Se dieron los hechos de Tumaco donde murieron campesino por disparos de la fuerza pública; también la muerte el ocho de octubre de la periodista del resguardo Kokonuko en medio de un enfrentamiento entre indígenas y ESMAD; así mismo, un tratamiento de guerra a la protesta social que se realizó por parte de los campesinos y de los indígenas a fines de octubre y principios de noviembre. Son hechos graves en los que no se cumple el propósito del cese, de llevar alivios humanitarios a la población, y tampoco el Gobierno aceptó que fuera examinado dentro de los acuerdos de cese al fuego. Nosotros esperábamos que en el cese al menos el Gobierno generase unas medidas especiales, que disminuyeran el número de líderes sociales asesinados en esos tres meses, pero realmente eso no pasó.

El Gobierno en esos meses, especialmente en el último mes, saturó o llevó un gran volumen de tropa a distintas regiones donde nosotros hacemos presencia. Eso alteraba el estado militar y no está dentro del espíritu de lo acordado. Así mismo la fuerza pública asaltó dos de nuestros campamentos en el mes de noviembre, protestando que allí se estaba en flagrancia. Eso contradecía los protocolos y los acuerdos, lo que llevó a que nosotros nos retiráramos del mecanismo de veeduría y verificación, porque este ya no tenía una base para actuar. Sin embargo, decidimos mantener el cese hasta el nueve de enero.
P: ¿Consideran que se lograron alivios humanitarios importantes para la sociedad colombiana?
AC: En las comunidades o regiones donde más agudo es el conflicto, el hecho de que no hubiera una actividad militar mutua, creaba una situación más positiva en la región, y en ese sentido es algo bueno. De todas maneras, por ejemplo el paramilitarismo en distintas regiones seguía actuando, la fuerza pública en muchas de ellas tiene una complacencia con esa actividad, y por eso no había una mejor situación humanitaria.


P: ¿El cese favoreció el avance de la mesa? Si esto fue así, ¿en qué va el primer punto de la agenda?
AC: Durante el tiempo del cese, en el mes de noviembre, se realizaron las que se han conocido como audiencias preparatorias, y eso que es un prólogo, digámoslo así, hacia la participación, la gran participación de la sociedad. Pues es positivo que se haya realizado, porque allí la mesa consultaba a distintos sectores de la sociedad sobre qué propuestas tenían para la participación, cuáles pensaban que eran los mecanismos más apropiados, la metodología, de tal manera que esos elementos jugaran de una manera decisiva en los diseños que vamos a hacer de participación de la sociedad.

P: Falta muy poco para que se acabe el mandato Santos. ¿Cuáles creen que son los avances necesarios para que cuando haya cambio de mandato presidencial se pueda sostener la negociación? ¿Cómo lograrlo?
AC: Efectivamente ya queda este semestre para que termine el mandato del presidente Santos. Con la delegación del Gobierno que estuvo hasta el mes de diciembre, hablamos de tratar de dejar el proceso en un punto avanzado que haga que deba ser continuado por el próximo gobierno, gane quien gane. Esperamos en lo que resta, logremos hacer un diseño como mesa, las dos delegaciones, de lo que sería propiamente la participación de la sociedad, y también esperamos que se haga un primer escalón de esta participación, que se den unos primeros pasos. Vemos que el tiempo se agota, y con estos impasses que se han presentado para iniciar el quinto ciclo, se hace más crítico. La participación como tal no se va a lograr en forma plena, pero si hay voluntad de parte del Gobierno, podemos dar unos primeros pasos, y eso sería positivo porque mostraría un camino, le daría un aliento al proceso, a ese ambiente de participación que hay en algunos sectores.

P: Si se rompen los diálogos, ¿qué piensa hacer el ELN?
AC: En este proceso, y lo mismo sucedió en el caso de La Habana, hay momentos en los que el Gobierno ha querido imponer sus propias condiciones, es decir, asumir un condicionamiento unilateral, e imponer por fuera de las conversaciones de las mesas posiciones y aspiraciones que tiene. Aquí hay dos partes que están enfrentadas, y por lo tanto tiene que regirse por la bilateralidad, igualmente si hay una mesa, entonces los problemas se examinan, se abordan y se resuelven en la mesa, y no por fuera de ella. Ahora pasa que en la medida en la que no prolongamos un cese al fuego, que para nosotros estaba en crisis, y en el cual ellos estaban incumpliendo lo acordado, entonces viene de nuevo el condicionamiento por fuera de la mesa. Un proceso en esa forma no es positivo, no logra sus objetivos.

De todas maneras, nosotros por la situación del país, por la situación en que se encuentra este Gobierno, por la presión que hay desde distintos sectores de la sociedad y de la comunidad internacional, pensamos que esta crisis se va a superar y que el proceso va a seguir para adelante. La paz es algo positivo, que tenemos que seguir buscando. Nosotros estamos en ese camino, pero la paz necesita de transformaciones, necesita de nuevas realidades. Siempre y cuando el Gobierno se disponga a ello, podremos avanzar, y aspiramos a lograr una nueva situación para Colombia, más promisoria, de cambios, de equidad, y por lo tanto de paz.

81 años después de la reforma agraria promulgada por el presidente Alfonso López Pumarejo, las actuales demandas que el campesinado le hace al Estado siguen siendo las mismas. A pesar del potencial productivo de un país con la diversidad climática y topográfica de Colombia, las cifras demuestran la incapacidad estatal para hacer del campo un proyecto de vida rentable y digno.

Teniendo en cuenta los desafíos que implica este contexto agrario, del 24 al 29 de noviembre del 2017, en San Alberto, Cesar, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) celebró su VI Asamblea, con 600 representantes de sus 61 procesos campesinos adscritos. Las plenarias celebradas durante la asamblea arrojaron algunas conclusiones sobre los DESCAS, el uso y posesión de la tierra, los escenarios de participación política, los territorios campesinos agroalimentarios (TCAM), y los mecanismos de protección: ejes que fundamentan la plataforma política del CNA.

Uso y posesión de la tierra
Según lo manifestado por los asambleístas, la ley Zidres y la ley segunda de 1959, que hasta el momento han delimitado 59 áreas protegidas y 22 páramos, representan una amenaza para los intereses campesinos porque fomentan el despojo, los conflictos inter-étnicos, y estigmatizan al campesino como depredador de los ecosistemas. Además del inconformismo con los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que no garantizan condiciones de subsistencia dignas, entre los elementos problemáticos referidos a este eje se mencionaron las trabas institucionales para acceder a la titulación de tierras, lo que contrasta con el aumento de concesiones otorgadas a multinacionales mineras y petroleras.

Para darle solución a estas problemáticas se propusieron vías de hecho políticas y metodológicas, entre ellas realizar un censo propio de tierras; compras colectivas de tierras; darle un enfoque de género a la comisión de tierras del CNA; establecer la producción de alimentos como la principal vocación productiva de la tierra; hacer uso de las consultas populares –y las consultas previas étnicas- para garantizar la autonomía y la permanencia en los territorios; incluir en el código minero un capítulo sobre minería artesanal; derogar la ley 1757 de páramos; construir una medida que proteja los páramos sin desplazar las comunidades que los habitan; dignificar el uso medicinal, alimentario, agroindustrial y cultural de la hoja de coca; y alcanzar la autonomía en materia económica y de gobernanza por medio de los territorios campesinos agroalimentarios.

Plan de vida endógeno
El deseo de organizar el territorio con dinámicas económicas y sociales autónomas, se ha materializado hasta el momento en cinco territorios campesinos agroalimentarios. A los que ya están constituidos -dos en Arauca y tres que abarcan municipios de Nariño y Cauca- el Coordinador Nacional Agrario espera sumarle, como mínimo, otros treinta.

En materia económica, esta figura organizativa permite diseñar un sistema que le otorgue al campesinado el control de la producción, la transformación, la distribución, y la comercialización de los productos, y que además garantice la soberanía alimentaria, y la distribución equitativa de la ganancia.

Robert Daza manifiesta que en el caso del TCAM ubicado entre el Norte de Nariño y el Sur del Cauca: “Las comunidades controlan los mercados para garantizar la soberanía alimentaria. Controlar los mercados locales es saber cuánto consumimos, cuánto producimos, y cuánta comida está llegando al territorio”. El integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano agrega que: “Antes de declarar los territorios campesinos agroalimentarios, nosotros hacemos unas mingas de armonización y soberanía. Estos procesos no son únicamente políticos y organizativos, tienen que ir más allá; recuperar la espiritualidad perdida del campesinado, aprender a escuchar con nuestro corazón los latidos de la madre tierra, porque si no estamos conectados con la naturaleza no tenemos ninguna motivación para defenderla”.

Con respecto a la dimensión político-social, el CNA vislumbra en los territorios campesinos agroalimentarios una oportunidad de alcanzar la paz territorial. Un proyecto tan ambicioso, lo sabe el CNA, requiere de infraestructura para crear una gran red de mercados campesinos; coherencia entre la práctica y el discurso; auto reconocer la identidad y la cultura campesina; contextualizar y adaptar las ayudas gubernamentales a las dinámicas particulares de los territorios; gestar un modelo educativo que fomente la investigación y el diálogo de saberes, y que cualifique al campesinado con modelos y contenidos pedagógicos acordes a la idiosincrasia campesina.

Seguridad y protección
Finalizada la confrontación con la guerrilla de las FARC, varias organizaciones sociales presentes en la VI Asamblea consideran que ahora son ellas las señaladas como el nuevo “enemigo interno” del Estado. Diferentes procesos adscritos al CNA afirmaron que la fuerza pública no es sinónimo de seguridad para ellos. Debido al incremento exponencial de las judicializaciones y los asesinatos, que cobró la vida de 73 líderes sociales en 2017, resulta indispensable diseñar un mecanismo que garantice el derecho a la vida y el pleno funcionamiento de los territorios campesinos agroalimentarios.

Desde la V asamblea realizada en San Lorenzo Nariño en el 2012, el CNA está creando una guardia nacional campesina interétnica y popular, cuyo marco normativo de conducta sea definido por el propio Coordinador Nacional Agrario.

A diferencia del Ejército Nacional, cuyo principio fundacional es la seguridad y la defensa, las guardias campesinas están pensadas como un mecanismo preventivo de protección y cuidado colectivo que permite resolver conflictos, canalizar denuncias y alertas tempranas cuando se presenten violaciones a los derechos humanos. A su vez, la guardia está pensada como una fuerza de defensa ante cualquier caso de agresión o vulneración durante las movilizaciones.

Para consolidar la propuesta de guardias campesinas, Walter Quiñonez –representante de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA)- asegura que el CNA debe ocuparse primero de “la formación pedagógica de sus potenciales integrantes, legitimar la existencia y, sobre todo, la autoridad de las guardias en las comunidades, y establecer normas de comportamiento y resolución de conflictos”.

Solución política
La legitimidad y la incidencia del movimiento social en la esfera institucional aún es limitada. Consciente de ello, el CNA aprovechó la asamblea para discutir cuál es la concepción de paz que tienen los diferentes procesos y cuáles son los escenarios de participación política más pertinentes para aportar a la construcción de esa paz ideal.

Finalizada la VI Asamblea queda claro que para el CNA la palabra paz va más allá del silencio de los fusiles. Mientras no hayan garantías para la movilización de sectores populares, no se respete el disfrute pleno de la territorialidad campesina, no se garantice el derecho a la propiedad de la tierra, y no se erradique la exclusión y la desigualdad, más que una realidad la paz será letra muerta.

En este sentido, el Coordinador Nacional Agrario no quiere ser un invitado ocasional sino un protagonista en la construcción de la paz. La organización propone afianzar la participación en las juntas de acción comunal, crear consensos que cohesionen intereses, y hacerle veeduría activa a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) consignados en los acuerdos de La Habana. Por último, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, el CNA sugiere crear una mesa temática llamada tierra, territorio y campesinado, que sea interétnica, intersectorial e intergremial.

Hay algo que a mí me duele en el alma: ver cómo mochaban los cultivos, eso es un asesinato. Eso siempre me ha dolido a mí en la vida. Con tanta hambre que hay en un país como Colombia, por cada árbol que usted mocha está asesinando a cien personas.

Yo estaba escondido, mirando todo, llorando, impotente. Viendo cómo sacaban a mi mujer, a mi mamá, a mi hermano, a la gente. Si tan siquiera hubiera tenido un palo para tirarle al ESMAD, me hubiera sentido un poco feliz. Pero hasta eso me quitaron.

Mi familia tenía más o menos 50 reses, sembrábamos maíz, yuca, vivíamos del pancoger, con eso le di estudio a mi hija. De esas 25 hectáreas dependía todo este corregimiento: los propietarios de las tierras, los arrendatarios, los que vendían la leche, los que hacían el quesito. Todos nos beneficiábamos. Si nosotros perdemos esas tierras que hemos trabajado por más de 50 años, a la mayoría nos toca irnos de acá. El día del desalojo el pueblo quedó en silencio, como si hubieran matado a alguien.

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Son más de un centenar de campesinos iracundos, afligidos, insumisos. No es la primera ni la última vez que intentan recuperar lo que les arrebataron: los predios San Felipe y Altamira. La mayoría lleva trapos sobre la cabeza y un machete o una estaca en la mano.

Una parte del grupo peregrina durante cuarenta minutos por un camino entorchado de verdes y serenos pastizales. El resto irrumpe por los potreros para flanquear la casa. Nadie sabe qué se va a encontrar -tal vez llueva gas lacrimógeno, quizá suenen disparos al interior de esas cuatro paredes naranjas- pero todos, como yo, van preparados para lo peor.

En la parte trasera de la casa, un hombre echa varios barriles en la canasta de una moto y abandona el predio antes de que los guayaberos se hagan con el control territorial del lugar. Más tarde nos enteramos que con él escaparon varias armas cortas.

Una pareja con dos bebés en brazos, un anciano con el esternón desnudo que no aparenta sus 67 años, y un joven de 18 años son inmovilizados sin violentar su integridad física. Tienen los ojos aindiados, harapos sucios, y la mirada perpleja de quien nunca ha sido dueño de su propio destino.

Mientras los guardias campesinos interrogan a los ocupantes del predio, los dueños legítimos sacan las pertenencias de la casa: colchones, la ropa de los retenidos, un ventilador, un aire acondicionado, elementos de arriería, frenos para caballos, ollas, el esqueleto de una cama, una escopeta y 28 cartuchos que, según reconocieron los ocupantes del predio más tarde, habían sido traídos hasta la finca por Rodrigo López Henao el 13 de diciembre del año pasado, después de que la fuerza pública desalojara violentamente a las personas que allí se encontraban trabajando.

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A orillas del río Magdalena, uno de los cementerios vivos más grandes del país, queda El Guayabo, corregimiento de Puerto Wilches, Santander. Si este río hablara, solo hablaría de muertos, de llanto, de dolor, de injusticias, de victimarios impunes.

En El Guayabo vivimos una familia de casi 600 personas; en invierno, las calles de tierra se convierten en lodazales; los niños solo pueden estudiar hasta octavo de bachillerato; los enfermos de gravedad los llevamos a Simití porque Puerto Wilches está a 3 horas en lancha; las gallinas desfilan por las salas de las casas; los marranos casi siempre están empantanados; los vallenatos de Diomedes Díaz son nuestro himno nacional; nos burlamos de nuestro propio miedo. Aquí nunca viene el Estado, solo el ESMAD y la fuerza pública para atacar a los campesinos.

Antes de que Rodrigo López apareciera el 17 de septiembre del 2002, los paramilitares ya habían entrado a la comunidad. Los campesinos les teníamos que pagar una vacuna de diez mil pesos por hectárea, veinte mil pesos por cabeza de ganado y dos mil pesos por cada bulto de lo que usted cultivaba. Los campesinos resistimos, dijimos “no, aquí mandamos nosotros”. Ellos maltrataban a la gente, la llevaban obligada a los paros, les pegaban, y nos sacaban de las tierras. Llegaban cada cinco días haciendo disparos, la base paramilitar la tenían en Vijagual, a veinte minutos de aquí. Siempre la intención de ellos fue venir a asesinar a alguien… pero cuando venían a matar preguntaban: “¿qué es lo que pasa en este pueblo que cuando uno viene a asesinar las ganas de matar se le quitan?”. Ellos no entendían por qué siempre se ponían a tomar.

Mi nombre es Erick, Erick Yesid Payares, líder del corregimiento El Guayabo. Estoy motilado con una precisión milimétrica. Soy alto y macizo. A veces voy por la vida descalzo. Han intentado matarme tres veces. Hace unos años emitieron una orden de captura en mí contra, estuve seis meses y tres días huyendo de la autoridad. Me presenté a la Fiscalía y en estos momentos tengo libertad condicional. Sonrío, sonrío todo el tiempo, porque tal vez sea el mayor acto de rebeldía contra tantas injusticias.

Yo era un pelado muy penoso, le huía a la gente. Era el 2002. Estábamos en los playones y nos avisaron que había llegado el dueño de la tierra, un tal Rodrigo López Henao acompañado por un inspector de policía que en estos momentos tiene detención domiciliaria. Cuando escuché que ese señor estaba tratando a la comunidad de guerrillera, diciendo que al papá lo habíamos desplazado nosotros con la ayuda de 60 hombres armados de la guerrilla… de mí salió como una rabia: “Ellos no son guerrilleros. Guerrillero usted que llegó con los paramilitares y trataron de asesinar al señor Alfredo, ¿no se acuerda?”, le dije. Ese día comenzó mi liderazgo.

En el 2012 apareció Rodrigo López con unos procesos jurídicos, con amenazas, con ayuda del poder político. Cuando salió la ley de víctimas, la 1448, Rodrigo fue incluido como víctima de desplazamiento forzado. Nos tocó hacer incidencia en Bogotá. Le expusimos el caso a la Unidad de Víctimas, gracias a Dios se demostró que fue él quien llegó con los paramilitares y lo excluyeron de la ley. También tenía las tierras blindadas en el registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente. Restitución de Tierras también le tumbó eso. Los representantes del Gobierno que participan de la mesa de interlocución han dilatado las medidas para darle solución a la problemática. Llevamos cinco años en este litigio jurídico y los abogados dicen que puede tardar diez años más.

Después que le desalojaran la finca a 'El Profe', el 11 de noviembre del 2014, ese señor metió 11 tipos armados haciéndolos pasar como una empresa de seguridad privada, pero eran puros paracos. Amenazaban a la comunidad, hacían retenes, atropellaban a la gente. Instalamos un campamento humanitario como acto de resistencia, porque estaban mochando los cultivos de cacao, las matas de plátano. Apenas alcanzamos a estar un mes en el campamento. Tener doscientas personas en un campamento requiere recursos, apoyo político, y no lo hubo. Los 11 paramilitares, que todo el tiempo estuvieron ahí, se dieron cuenta de nuestra debilidad. Tumbaron el campamento, pero la comunidad reaccionó. Ellos comenzaron a hacer disparos y la comunidad tomo la decisión de entrar, eran como 300 personas. Ellos salieron corriendo y los rescató el Ejército.

En varias oportunidades hemos retenido personas armadas en los predios. Más tardamos en dejarlos a disposición de la Policía de Vijagual o Barrancabermeja, que ellos en dejarlos libres. El pasado cinco de enero el señor Rodrigo López volvió con un grupo de hombres armados a amedrentar a la comunidad. Y el ocho de enero miembros del Ejército y la Policía llegaron hasta el corregimiento para fotografiar, requisar y empadronar a los campesinos que estaban trabajando en las parcelas.

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El capitán del Ejército acaba de llamar al celular de Erick para informarle que llegará en la madrugada a El Guayabo. Rodrigo López denunció que guerrilleros encapuchados del ELN secuestraron en horas de la mañana a sus trabajadores, ellos, diligentes y oportunos como siempre, quieren corroborar si la información es cierta.

Amanecemos invadidos por casi 40 miembros de la Policía, el Ejército y el Gaula. Los que llevan fusiles miran como robots que no parecen tener ni un átomo de humanidad. Dan miedo, pero también producen acidez estomacal. La comunidad los increpa tratándoles de hacer entender que desconfían de ellos, que esta no es su casa, que no son bienvenidos, que no son guerrilleros.

Aunque el plan era hacer entrega de los detenidos y del arma a representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la ONU, estos nunca atendieron el llamado. No queda otra opción que dejarlos a disposición de los invasores. Los retenidos les aseguran a los funcionarios que no están secuestrados y que la comunidad ha sido hospitalaria con ellos. Firman un acta en la cual dejan constancia que quieren quedarse en el pueblo hasta que tengan las garantías de una entidad civil. Horas más tarde –a espaldas de la comunidad y desconociendo el acta que ellos también firmaron– la Policía y el Gaula convencen a los retenidos y se los llevan en una de sus lanchas.

Los ánimos están caldeados. La comunidad se siente traicionada una vez más. Para hacer entrega del arma y los cartuchos también se hace un acta. El capitán de la Policía se quita los guantes y manipula la escopeta con un cinismo retador. Consumado el acto de entrega, el capitán del Ejército dice que ellos “solo cumplen órdenes”.

Los verdugos se van río arriba. Sopla un sinsabor entre los guayaberos, como si tuvieran la certeza que, un día no muy lejano, esa arma pude acabar con la vida de uno de ellos.

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La zona que fue corredor estratégico para el paramilitarismo y el narcotráfico en el Magdalena medio –entre los departamentos de Santander, el sur de Bolívar y el sur del Cesar–, pasó a ser una zona de impacto estratégico de megaproyectos como el puerto multimodal de Barrancabermeja, el ferrocarril del Carare que pasa cerca de los playones, y el dragado del río Magdalena que no es para los campesinos sino para los ricos. Además, estamos seguros de que aquí hay oro y petróleo. También vienen incrementando los monocultivos de arroz y palma de aceite. Un coronel del Ejército y un fiscal de la Nación echaron 1516 búfalos a los playones para secarlos y sembrar palma. Han muerto peces. Destruyeron los pastos naturales. Están destruyendo toda la fauna de un patrimonio de la comunidad.

Mi rol, como líder campesino, es defender los derechos humanos a través del derecho a la tierra, un campesino sin tierra no viviría en este planeta. El alcalde de Puerto Wilches saca pecho diciendo que en diciembre ellos les traen un carrito y una muñeca a los niños. Yo le dije: “Nosotros les hemos dado regalos mejores: el estudio, el amor. Todo lo que ellos visten es de la tierra. Ese es el mejor regalo que usted les puede dar a estos niños: dejar que sus padres trabajen la tierra”.

—¿Erick no te da miedo asumir esa responsabilidad?
—Miedo sí. Yo le tengo más miedo a la cárcel que a la muerte. La cárcel es oprimir a la persona, tenerla ahí encerrada, eso mata más.
—Cuando escuchas en las noticias que mataron a un líder, ¿qué sentís?
—Impacta, es duro. Se pregunta uno: ¿el próximo seré yo? Da miedo. ¿Le digo qué hago? Muchas veces apago el televisor. Lo apago. No soy capaz de ver eso.
—¿Nunca pensaste en salir de El Guayabo?
—No, esta es mi tierra, yo aquí muero. Yo de aquí no salgo jamás. Por otra parte del país no cambio esto.
—¿Cómo te imaginas El Guayabo en diez años?
—Ay hermano, si Dios me tiene con vida, me imagino una comunidad de paz. Una comunidad llena de comida. Una comunidad próspera. Ver feliz a todo el mundo. Que cada campesino tenga tierra, ojalá Dios me diera esa oportunidad. Ojalá cuando ustedes vuelva, no estemos hablando de esto, sino comiéndonos un pescado; que yo le pregunte cómo está su familia y usted me pregunte cómo van mis cultivos.

Sobre la cordillera central, a sesenta y seis kilómetros de Pereira, capital de Risaralda, se encuentra el municipio de Apía. Enclavado sobre montañas verdes que constituyen un formidable sistema biológico, viven gentes dedicadas a la ancestral labor de la agricultura.

Apía es un municipio cuya economía se deriva principalmente de la producción y comercialización agropecuaria. Allí se cultiva y cosechan frutales como granadilla, pitahaya, aguacate, lulo, mora y tomate de árbol, así como plátano, yuca, arracacha, hortalizas varias, café y caña panelera. También cuenta con un comercio bien organizado, que ayuda a suplir las necesidades fundamentales de esta población.

Apía consta de su cabecera municipal y de 45 veredas, las cuales constituyen más del 90% de los 214 kilómetros cuadrados de su extensión. Allí se pueden encontrar variados pisos térmicos como el medio que abarca 97 kilómetros cuadrados, el frío que abarca 108 kilómetros cuadrados y el páramo con una extensión de 9 kilómetros cuadrados en el Parque Nacional Natural de Tatamá (el abuelo de las aguas). Cuenta con tres ríos, el Apía, el Guarne y el San Rafael. De los cerca de 17.000 habitantes, en su área rural dispersa la mayor parte del campesinado productor se encuentra entre los 55 y 59 años.

Allí, en ese municipio de ancestro campesino, se desarrolla desde hace más de quince años un proceso comunitario llamado Asociación Centro de Gestión Alto San Rafael, en el cual campesinos y campesinas se encuentran para capacitarse, para decidir acerca del tipo de producción agropecuaria que desean trabajar y para buscar canales de distribución que los beneficie como productores, pero también que permita a los usuarios finales adquirir alimentos de calidad con producción limpia, sana, de carácter orgánico y agroecológico.

Un proyecto para buscar la soberanía y seguridad alimentarias
Luego de cubrir el trayecto desde Pereira y sorteando bastantes derrumbes en la vía, llegué al municipio de Apía. Los derrumbes y el estado precario de esta carretera, que aspira conectar el desarrollo industrial y agropecuario del país con el pacífico a través del Chocó, no han sido atendidos debidamente por las diferentes administraciones departamentales y nacionales.

Silvio Orozco Giraldo, ingeniero ambiental que lidera como representante legal esta asociación al lado de otras personas campesinas del municipio, me cuenta que “desde hace cerca de dos años se viene desarrollando un proyecto de huertas comunitarias, el cual fue formulado y presentado ante el Ministerio de Agricultura, para que este destinara los recursos financieros como fruto de los paros agrarios campesinos e indígenas de los años 2013 y 2014, a través de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Dicho proyecto busca mejorar la cantidad, calidad y oportunidad de los alimentos a que acceden las noventa familias beneficiadas, en Risaralda, Quindío y Norte del Valle”.

“Porque la familia campesina tradicionalmente ha cosechado su siembra y destina lo mejor de su producción al comercio, al mercado, dejando para sí lo de menor calidad. Aquí se trata de que el campesino y la campesina separe lo mejor de su producción para alimentarse y alimentar a su familia, que esa producción orgánica y agroecológica permita entregar excedentes de gran calidad a los consumidores finales, comida limpia, saludable”, agrega Silvio.

El territorio lo ordenamos los habitantes
En este proceso de asociatividad campesina, se han dado importantes avances de carácter político, por cuanto estas gentes de forma organizada han entendido y aprendido que el territorio donde ellas habitan se ordena de acuerdo a sus intereses, sueños y necesidades.

Jhon Jairo Rodas es otro de los socios fundadores de la asociación y quien también ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de estas comunidades. “Nosotros nos hemos juntado para trabajar y mejorar las condiciones de las gentes del pueblo. Hemos organizado un plan de vida, hecho por las gentes de aquí, y con ese plan de vida hemos influido en la organización del plan de ordenamiento territorial del municipio. Con la asociación logramos conseguir ese proyecto, para hacer huertas y que las familias beneficiarias tengan comida de forma permanente, comida de calidad y sana. Y de paso, se pueda comercializar lo que queda de las cosechas y conseguir unos pesos”.

Con Jhon Jairo me encontré un domingo luego de haber un recorrido desde la cabecera municipal hasta la vereda Alto San Rafael, a bordo del característico jeep Willis, pasando carreteras a través de bosques de niebla, pájaros y la presencia siempre imponente y mística del gran Cerro de Tatamá. Un real paseo por las nubes. Me enseñó entre otras cosas un manual formador para formadores que se trabaja en la escuela de la vereda, un módulo de agroecología que enseña a las nuevas generaciones el valor del campo y de la autodeterminación de sus gentes. Me enseñó su finca y me habló de sus sueños realizados, de su familia y de la alegría de estar con ellos en ese paraíso amado.

Una chamán y curandera
Subiendo hasta la vereda Alto Campana, en una casita rodeada de bosque nativo, encontré a doña Bertha, integrante del proyecto, y quien tiene en su finca una de las huertas. Ella es una mujer de ascendencia indígena, cuyos ancestros han cuidado desde tiempos en que no había historia, al protector de estas tierras: el Tatamá. Allí se refugiaron sus ancestros y ella misma, luego de abrir un portal que los llevó a una ciudad de luz. Ella regresó a este mundo porque debía descubrir su misión y cumplirla, nos cuenta a quienes conversamos con ella. Luego de caminar muchos años por diversas partes de este país, y de criar hijos, logró entender su misión y se regresó cerca de su cerro protector para entregar y recibir amor, y compartir su sabiduría ancestral, la curación de los cuerpos y de las almas.

De regreso a Apía, hablé con Mario Vergara, propietario de ferretería Depósito San Judas y quien ha hecho llave con la asociación para apalancar financieramente el desarrollo del proyecto, mientras que el Ministerio realiza los desembolsos (que siempre llegan posteriores a la ejecución de las actividades). De esta manera el proyecto de huertas campesinas contribuye también a la dinámica económica de una región y un municipio, en donde las gentes se empoderan de las soluciones a sus problemáticas, con dignidad.

No queda duda que Jhon Jairo, Mario Vergara, Hugo León y demás en Apía, así como doña Ana Lucía, don Félix y demás familias en Dosquebradas, Evelio en Calarcá, y demás participantes de este proyecto, con su hospitalidad, cariño e iniciativas, nos conectan de nuevo con el campo y con la vida.

 

“Este cuento se está regando de buena manera por muchas partes del país  y esa es la intención”

En compañía de Yuliet, Yanet, Ferney y Alejandro, el primero de enero molimos caña en una montaña de la vereda El Popo, del municipio de Alejandría. Usamos como motor nuestras manos y el sol fue testigo del delicioso guarapo que saboreamos esa tarde. Aunque Harold no estaba ese día, fue él quien meses antes consiguió la máquina artesanal, y junto a unos amigos la instaló en la cima de su finca, con el fin de empezar a producir el dulce. La caña que sembró un año antes, daba cosecha en medio de piñas, árboles de aguacates, zapotes, guanábanos y papayos.

“Mano de Sol es un espacio que estamos construyendo para promover la evolución de la vida; quisimos hacer este complemento en el nombre, porque consideramos que el sol es un camino de luz hacia la búsqueda de la verdad, promotor de vida; y la mano es manifestación de fortaleza del hombre”, dice Harold Urrea, al tiempo que atiza el fogón de leña para hervir agua de panela. “Aquí hay una pequeña reserva de cinco hectáreas. Buscamos reparar el daño que se hizo. Aquí hubo un potrero de más de ochenta años. Ya llevamos más de cinco años en este proceso. Al inicio solo había grama, y ya tenemos bosque y muchas especies nativas plantadas, estamos trabajando en algunas huertas y en unas construcciones amigables con el medio ambiente, utilizando elementos locales como la madera y el barro. Este espacio busca que las personas se reconozcan en una especie de regreso a ese origen un poco salvaje pero esencial, lleno de magia y contenido espiritual. Aquí seguimos un parámetro fundamental que es la permacultura, es decir, la cultura de lo permanente, de lo que no hay que cambiar”.

La permacultura es un sistema de vida holística (es decir, que busca comprender las cosas desde su totalidad) donde confluye el cuidado de la naturaleza a través de la optimización de sus recursos; el arte como factor de integración social y conexión espiritual, la agricultura orgánica y otros aspectos que buscan hacer diversa e integral la rutina humana. “En Mano de Sol queremos consolidar una Eco-aldea donde varias familias puedan vivir y colaborarse mutuamente en las labores necesarias para mantener el sistema permacultural. Invitamos por diferentes medios a personas para que encuentren conexión con el aire, el agua, el fuego y la tierra, para que vean que sí es posible vivir en una sociedad más sostenible” dice Harold. Allí se hacen eventos puntuales con grupos que quieren aprender y disfrutar. Un sendero ecológico a la orilla de la quebrada y en medio del bosque, donde se aprecian cascadas, charcos, especies animales y vegetales es uno de los atractivos favoritos de Mano de Sol.


La justicia y la igualdad son pilares fundamentales en la estructura social de Mano de Sol. “Sentimos que en una comunidad uno no puede ser más rico que otro, la abundancia debe ser repartida y todos trabajamos por igual, en la medida de lo posible. Otro pilar permacultural es ver a la naturaleza como un ejemplo. En el bosque no hay competencia; un árbol suelta sus hojas y beneficia a otras plantas y hay una correlación donde todos los seres se colaboran mutuamente. El bien común debe ser más importante que el bien individual”.

Milton Herrera es un permacultor que abandonó la universidad porque se dio cuenta que esta no apoyaba la soberanía alimentaria, sino más bien la industria de los agroquímicos. En la actualidad, Milton trabaja con Alma Yoga, una organización en la que coordina procesos de agricultura orgánica en la vereda El Arenal del municipio de San Rafael. En este municipio, también es el cofundador de Savia Orgánicos, una bio-fábrica encargada de producir bio-fertilizantes. “La bio-fábrica fue creada hace unos años con el objetivo de satisfacer la demanda de productos de este tipo. Si queremos que el campesino siembre orgánico, debemos ofrecerle alternativas. La empresa está arrancando y ya empieza a posicionarse en el mercado. Allí también capacitamos a las personas para que aprendan a elaborar los productos”. Milton es un empoderado de la permacultura y siente que “debemos cambiar nuestro chip y transformar los sistemas de vida”.

Milton y Harold son viejos amigos que se han encargado de promover la permacultura en la región. Darío Gómez los conoce y ha compartido muchos saberes con ellos. Darío es un maestro jubilado que decidió unirse a la agricultura orgánica sintiendo que “no es una alternativa de vida, sino la única alternativa de vida si el ser humano quiere prorrogar más la existencia. Hoy en día los recursos naturales se convirtieron en una fábrica de billetes. La agricultura orgánica la hemos ido asumiendo muchos amigos de la región del Oriente antioqueño y del país, con el fin de promover el cuidado del medio ambiente y de la salud humana”.

Después de caminar diez minutos bajo un sendero de árboles medianos, se llega a Maporita, la finca de Darío Gómez, ubicada estratégicamente entre las veredas Piedras y La Pava del municipio de Alejandría, y Camas, de San Rafael. En la entrada de Maporita hay un teatro al aire libre, visitado frecuentemente por aves y mamíferos comunes de la zona. Allí se han realizado eventos de permacultura con campesinos de la región y muestras artísticas que promueven la identidad. “Desde hace cinco años tomé la decisión de unirme a este camino al lado de mi familia por lo que fui aprendiendo con el tiempo y por el legado de mis padres que siempre sembraron sin agroquímicos. En Maporita elaboramos bio-fertilizantes para fortalecer las especies frutales y hortícolas que allí tenemos, y para mejorar la microbiología del suelo” afirma Darío.

Entre 2016 y 2017, Darío, en compañía de otros amigos y representados por la Asociación Pachamama del municipio de San Rafael, gestionaron varios proyectos donde pudieron capacitar a más de cien familias de la región en aspectos permaculturales. “Para el 2018 nos soñamos otras cien familias de siete u ocho municipios del Oriente de Antioquia trabajando en la permacultura”, dice Gómez.

Aunque los impactos deben ser globales, Darío tiene claro que si desde las pequeñas comunidades no se trabaja como es debido, será difícil. Por eso están unidos en una red conformada por familias de Granada, San Carlos, San Rafael, San Roque, Concepción, Santo Domingo y Alejandría, trabajando en pro de la permacultura.

Así como en Alejandría y en San Rafael, en otros municipios de Antioquia se adelantan procesos relacionados con la permacultura. En Entrerríos, Natalia y Andrés alimentan ovejas y cabras con pastos orgánicos, al tiempo que elaboran artesanías; en el Cármen de Viboral, la organización Hojarasca siembra y vende hortalizas orgánicas; en Sonsón, Luis Suaza dejó de usar agroquímicos, tiene éxitos con la agricultura orgánica y produce miel de abeja. En este mismo municipio la organización Arcoíris enseña a los niños de las escuelas rurales buenas prácticas agrícolas, a través del teatro y la lúdica.

Harold dice “la idea no es alejarse y olvidarse del mundo y dejar que la sociedad siga destruyendo la naturaleza, sino más bien compartir con otros seres y entender que todos somos hijos de la tierra y que el valor de este proceso está en guiar y dejarse guiar. Darío Gómez siente que “este cuento se está regando de buena manera por muchas partes del país y esa es la intención”. De otro lado, Milton afirma que “si no empezamos ayer, aún hay tiempo, si empezamos hoy, excelente, pero si dejamos para mañana, puede ser tarde”.

Ingrid era estudiante de Contaduría Pública, vivía en Bogotá, y no conocía el campo más allá de los paseos familiares. Pero en unas vacaciones hace 18 años, cuando fue a visitar a su tía, quien vivía en la vereda Santa Helena, de Barichara, Santander, se enamoró de los animales, la tierra, las flores… y también de Sergio, su actual esposo y padre de sus dos hijos. Sergio, desde pequeño campesino y tabacalero, como su familia, le enseñó a Ingrid todas las mañas del tabaco durante su proceso, y ella, aunque con dificultad, logró adaptarse y aprender lo propio de esta labor, así como de la vida en el campo.

Mientras habla de su vida, sus flores y sus cultivos, Ingrid sonríe. Sus ojos brillando son el mejor retrato de ese espíritu campesino, que tal vez no heredó de nadie, pero que labra con firmeza. Los días en la finca son, como ella misma lo dice, comunes y corrientes: “Levantarse uno a las 5:00 am, prender fogón, el tinto, alistar a mi hijo que me colabora con el desayuno porque le gusta la cocina, mientras que con mi esposo vamos limpiando el caney (el lugar donde se seca el tabaco), alistar el guarapo, la jarra, los vasos, las cabuyas, las agujas… todo eso antes del desayuno. Cuando ya hemos desayunado, cada uno por su oficio”.

Además de tabaco, Ingrid y su familia cultivan café, maíz, fríjol, yuca y cítricos, aunque es el primero su principal fuente de sustento. El proceso inicia con la preparación de las cubetas para los semilleros, a los que le hacen seguimiento durante 40 a 60 días. En este tiempo, arreglan el terreno para la siembra. El tabaco estará en el lote cuatro meses, durante los cuales hacen riego y fumigación con venenos orgánicos. En la mitad de este tiempo, es decir, dos meses después de la siembra, inicia la recolección, una cada quince días durante los dos meses siguientes. Ya en el caney, el tabaco empieza su proceso de secado, que tarda más de 22 días, y luego es escogido y empacado para la venta. Todo este último proceso, de secado y escogida, tarda alrededor de dos meses, lo que quiere decir que en total son ocho meses desde el semillero hasta la venta.

Con esta labor, y sin imaginarlo, Ingrid hoy hace parte de las pocas familias que han logrado subsistir en Colombia de cuenta del cultivo del tabaco. Y es que desde la llegada en 2005 de Phillip Morris, multinacional hoy dueña de Coltabaco, y en 2012 de British American Tobacco, dueña de la antigua Protabaco, el cultivo de esta materia prima y su transformación, en Latinoamérica, se concentraron en otros países como Brasil, Argentina o México. Para el caso de Coltabaco, empresa que le compra a Ingrid la cosecha, Guillermo Álvarez, actual presidente del Sindicato de la Industria Tabacalera –Sintraintabaco–, cuenta que de 12 mil millones de cigarrillos producidos antes de la llegada de la multinacional, hoy se producen 6.3 mil millones. En ese sentido, de 23.000 familias campesinas que se dedicaban al cultivo del tabaco, calculan que hoy quedan menos de la mitad, y con tendencia a seguir disminuyendo, “porque con lo que producen en Brasil por su gran extensión, por la tecnología y todo, les sale más barato traer el tabaco a Colombia que comprarlo acá mismo”, dice este dirigente sindical.

Algo de esto confirma Ingrid, cuando su entusiasmo al hablar se va convirtiendo en indignación. Contrario a lo que han vivido los trabajadores de la industria en cuanto a la precarización laboral, Ingrid cree que algunas condiciones para los campesinos han mejorado, porque por ejemplo la empresa le presta dinero a cada cultivador al inicio del cultivo y los dota de algunos productos. El problema, cuenta ella, es cuando al momento de la venta lo recibido no se acerca a lo esperado.

Cada kilo de tabaco, según el grado en que se encuentre, puede ser pagado desde 3230 hasta 7692 pesos. Ingrid y su familia, por lo general, alcanzan a recolectar 1000 kilos o un poco más, pagados a un promedio de 6000 pesos, es decir, unos seis millones de pesos, con los que tendrán que cubrir los gastos de ochos meses y pagar las deudas adquiridas para el cultivo. “Eso fue lo peleé la vez pasada, porque en la primera cosecha nos pagaron muy barato, entonces saqué al ingeniero de una reunión que tenían allá, y le dije bueno, con esto qué hago, ¿me compro una miseria de mercado? ¿O pago el transporte? Porque es que con esto no se hizo nada, me descontaron el 70% de la deuda... Uno no se siente satisfecho porque el pago es muy barato para tanto trabajo… ocho meses, porque llevamos ocho meses”.

Ingrid cree que el problema de fondo viene desde el Gobierno, por su abandono estatal y por las políticas que en lugar de fortalecer la economía campesina, favorecen a las multinacionales. “Voy en contra de las políticas del Gobierno totalmente, porque uno no es bruto para caer en esa mentira. ¿Que el comité de cafeteros a quién pertenece? ¿Y las multinacionales con quiénes hacen los convenios? Digo, ahí le dejo la inquietud. Ahoritica el Gobierno le está dando prioridad a las multinacionales para que se vuelvan centros de acopio de todas nuestras cosas y que no tengan valor”.

A inicios del 2017, en Santander, Phillip Morris animó y patrocinó a los cultivadores para que salieran a marchar en las cabeceras municipales en contra de la reforma tributaria y el alza del IVA, con la promesa de sentarse a dialogar sobre los problemas que afrontaban estas familias frente a los precios del tabaco, costos de producción y demás. Los cultivadores marcharon, pero las promesas rápidamente se olvidaron. Ingrid cuenta decepcionada que “nosotros peleamos contra la reforma tributaria, pero de nada nos iba a servir. Eso ya estaba aprobado, entonces jodidos todos, menos las multinacionales. Para mi concepto yo he visto el cambio de la reforma tributaria con las ventas de estos días. Sé que les subieron muchísimo los impuestos a ellos, pero eso a quién se lo achacan, ¿a la empresa o a nosotros? Digo, pequeña pregunta global”.

Muchos cultivadores ahora quieren terminar o achicar sus cultivos, debido a la situación económica. En el caso de Ingrid, la empresa familiar que significa el tabaco, está a punto de acabarse. Sus dos hijos, quienes desde muy pequeños han ayudado en la labor, así como en todos los oficios de la finca, van a graduarse pronto del colegio y tienen menos tiempo, lo que implica gastos extras para contratar otros dos trabajadores. Pero los ingresos no alcanzan para eso, porque “lo que uno cosecha no tiene precio –dice con tristeza–. Tendremos que buscar entradas económicas sin seguir perdiendo tanto dinero”, y la alternativa para ella, esta vez, parecer ser regresar a la ciudad, esa selva de cemento de la que salió hace 18 años, y ahora en compañía de sus hijos y de Sergio.

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