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Líderes y lideresas, no simplemente cifras
Prisciliano Manuel Mercado García, de 63 años, era reclamante de tierras en el corregimiento de Guaripa, Sucre; él venía exigiendo trazar los linderos en su finca La Concepción, pero la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Comfasucre, William Martínez, se lo impedía. Yolanda Maturana era lideresa social y ambientalista del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y venía desarrollando una férrea lucha contra la actividad minera en esta región controlada por las nuevas bandas paramilitares. Luis Díaz López, de 22 años, era secretario del Cabildo indígena de Tame, en Arauca, y su hermano Miller Díaz López era el fiscal de la comunidad indígena del Juliero de Betoyes. Estos hombres y mujeres tenían una cosa en común y era que ejercían la vocación más peligrosa en Colombia: ser líderes y lideresas sociales. Ahora tienen una dolorosa razón más que los identifica: todos ellos fueron asesinados. En el caso de los hermanos Díaz López, fueron asesinados por el Ejército nacional y presentados como guerrilleros del ELN, según denunció la ONIC.

Estos nombres, con sus luchas y sus vidas, según la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), hacen parte de los más de 220 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, asesinados desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la ya extinta guerrilla de las FARC, el 26 de septiembre de 2016. Estas muertes causadas por el Estado (Ejército y Policía) y por el neoparamilitarismo, se suman a los 48 excombatientes, luego integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y los 13 familiares suyos también asesinados.

¿Por qué nos están matando?
Cínicamente el ministro de defensa Luis Carlos Villegas señaló un par de meses atrás que estas muertes obedecían a “un tema de linderos, un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”. Lo que no explica este funcionario encargado de la defensa de las élites económicas del país, es que dichos linderos son los que reclaman los campesinos a grandes hacendados y a multinacionales que se han valido del paramilitarismo y el terrorismo de estado para quitarle la tierra a quien la trabaja; que las faldas envueltas en líos son las de muchas tierras productivas que son arrebatadas mediante la violencia a la gente del campo, para entregarla a compañías mineras; que las rentas ilícitas son las que financian a esas nuevas bandas paramilitares que ejecutan el asesinato de todo líder social. En síntesis, el mismo ministro explica en un lenguaje cifrado y cínico, algunas de las razones por las que se asesina a muchas personas que tienen por vocación liderar causas justas en favor de sus comunidades.

También nos están matando por protestar contra las injustas condiciones laborales que impone el empresariado poderoso del país, por movilizarse por una mejor salud, educación, vivienda digna, por denunciar y evidenciar la criminalidad estatal y exigir garantías de protección de los derechos humanos.

No es algo nuevo
Pero lo más grave es que las razones de fondo se siguen ocultando. Estas tienen que ver con la profunda desigualdad social y económica que impera en Colombia, y que ha sido la causa principal del conflicto armado interno. Aunque el Gobierno dice que estos asesinatos no son sistemáticos, la realidad misma de nuestro país demuestra que estas muertes sí corresponden a un patrón de sistematicidad impuesto por décadas.

Son una práctica histórica de las clases dominantes encabezadas por las viejas castas políticas y económicas (Santos, Vargas Lleras, Pastrana, Ardila Lülle, Santo Domingo, Sarmiento Angulo) y por las emergentes provenientes del narco paramilitarismo (Álvaro Uribe, Cabal, Lafaurie) que se resisten no solo a brindar posibilidades de participación real a los sectores sociales empobrecidos, para que con dicha participación se puedan superar sus problemáticas, sino que también se niegan a reconocer el pensamiento diferente y las formas distintas de construir sociedad. Lo hacen eliminando al otro porque ese pensar y actuar diferente de las comunidades, de sus lideresas y líderes sociales, toca los intereses económicos de esas mismas élites que han gobernado los últimos 200 años.

Tal práctica histórica se recrudece hoy como lo señala recientemente la CACEP en un comunicado: “Hoy nuevamente recordamos que existe un fortalecimiento del paramilitarismo en las regiones, la militarización de los territorios, una guerra contra el movimiento social y popular y falta de diligencia en los deberes de respeto, prevención y protección efectiva y garantía a los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano”.

En un momento en que se habla de paz por el logro de un acuerdo entre FARC y Gobierno, acuerdo por demás hasta hoy incumplido por este último, pero también en un momento de profunda tensión en los diálogos entre Gobierno y ELN en Quito, resulta sumamente preocupante la manifiesta falta de voluntad política de las élites, que se expresa en los incumplimientos mencionados, y también a los acuerdos con el movimiento social y popular, pero sobre todo por el tratamiento de guerra que sigue dando a las luchas populares del campo y la ciudad.

Tal situación se hace evidente en un momento de escalamiento del conflicto armado interno luego de terminado el cese bilateral entre la guerrilla elena y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ante las acciones de la insurgencia contra la infraestructura petrolera, con la Fuerza Pública y las fuerzas militares al servicio de esas élites, la respuesta del Estado con sus aparatos legales e ilegales se enfila contra el movimiento social, contra los líderes y lideresas en los territorios, para encubrir su incapacidad tanto de contener a la insurgencia, como de cumplirle a las comunidades y a la misma FARC, y se excusa diciendo que las víctimas eran guerrilleros de civil, auxiliadores o en el mejor de los casos cómplices.

La paz es de los pueblos
Tenemos la fuerza, el coraje y la razón desde las clases populares para hacer emerger la posibilidad de vivir en paz, solo si creemos en nosotros mismos, nos juntamos, defendemos y protegemos a nuestros líderes y lideresas, en el día a día de batallar contra las penurias personales y las amenazas permanentes que el terrorismo de Estado impone. Tenemos que cuidarnos mutuamente, no solo porque hacer un líder es un esfuerzo individual y colectivo, sino ante todo porque es una vida al servicio de la gente, y toda vida vale, más cuando está en función del otro.

Con el recrudecimiento de la violencia socio-política, la llegada del cese bilateral pactado entre el Gobierno colombiano y el ELN fue un respiro, y generó una gran expectativa entre las comunidades afectadas por el conflicto, las organizaciones sociales y en especial para los presos políticos pertenecientes o acusados de pertenecer al ELN. Esto porque el Gobierno durante este cese bilateral anunció que “se adelantará un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos”.

Por ello, la gestoría de paz del ELN, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas iniciaron una serie de labores para establecer la situación particular de los presos políticos y las problemáticas que se viven de manera generalizada en todas las cárceles colombianas.

Las visitas que se llevaron a cabo durante el mes de noviembre de 2017, arrojan un panorama que podría calificarse como desolador, pues a pesar de que la población de presos políticos es pequeña en comparación con los 114.750 presos que hay en total en las cárceles colombianas –según datos del INPEC al 31 de diciembre pasado–, no deja de ser una muestra representativa de la dramática situación que implica estar privado de la libertad en Colombia.

Al indagar por el estado de salud de estos presos políticos pertenecientes o acusados de pertenecer al ELN, que son alrededor de 700, encontramos que 64.2% manifestaron tener alguna enfermedad física o dolencia de algún tipo, situación que prende las alarmas y ratifica que la inasistencia médica en los establecimientos penitenciarios y en general en Colombia es una de las mayores problemáticas sociales que afectan la calidad de vida de las personas.

De igual manera se identificó que el 47.9% dice tener enfermedades o síntomas de trastornos psicológicos o emocionales. Esta cifra es desalentadora si se tiene en cuenta que la atención que recibe este tipo de afectaciones es mínima y siempre se invisibiliza. La mayoría de las veces, las afectaciones emocionales se atribuyeron al distanciamiento con sus núcleos familiares y la desesperanza que motivan las condenas a penas muy altas. También se encontró que varios de los trastornos psicológicos son derivados del rigor del conflicto armado y a graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas en la prisión.

Tal es la situación de salud mental de Juliana Barrera*, recluida en la cárcel desde el año 2013 sin que se resuelva aún su condición jurídica. Ella presenta un severo caso de depresión, le han ordenado el suministro de medicamentos psiquiátricos y en seis oportunidades su remisión a establecimiento especializado para su enfermedad, pero estas órdenes nunca se han hecho efectivas.

Especialmente llamativo resultó el número de personas con enfermedades y problemas gastrointestinales como colon irritable, úlceras gástricas, gastritis, infecciones intestinales, entre otras enfermedades, que pueden tener origen en los horarios de alimentación impuestos en prisión, así como en la pésima calidad de la alimentación. En la totalidad de los establecimientos penitenciarios la denuncia más recurrente tenía que ver con los alimentos, lo cual no es de extrañar, si se tiene en cuenta que varias cárceles han tenido que cerrar sus restaurantes por tener comida en descomposición, tal como sucedió en junio de 2017 en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.

También se identificó que el 20.3% de los presos políticos tiene algún tipo de discapacidad, en especial la motora, es decir, personas con dificultad para desplazarse o realizar algún movimiento. En su mayoría estas discapacidades son fruto de heridas causadas en el marco del conflicto armado. Es el caso de un joven preso en la cárcel de Picaleña, Ibagué, quien por varios impactos de tiros de fusil resultó herido en su brazo, con fractura de húmero. Hace dos años recibió intervención quirúrgica, pero nunca tuvo tratamiento, no se le retiró el tutor, ni ha tenido terapias, razón por la que el brazo puede llegar a perder la movilidad y dejar de ser funcional.

Respecto a la atención médica, se evidenció que el 43.3% de estos presos políticos manifiesta tener procedimientos médicos pendientes, ya sea en espera de un diagnóstico inicial, citas con especialistas y tratamiento o intervenciones quirúrgicas. El 53.3% de personas aludieron necesitar medicamentos, los cuales no se les suministran de manera regular o no se les suministran. De otro lado, es muy frecuente la discapacidad visual y auditiva.

Al indagar por las acciones humanitarias iniciadas por el Gobierno nacional para aliviar la situación de los presos políticos, se sabe que hasta el momento se realizaron nueve brigadas médicas en las cárceles de mayor concentración de presos políticos.

A pesar de lo positivo de la iniciativa de las brigadas médicas, esta atención resultó limitada y no puede considerarse como un alivio humanitario significativo. Las brigadas médicas solo prestan una atención básica, con una capacidad resolutiva nula, en la cual no se pueden realizar diagnósticos acertados de varias patologías y dolencias que requieren análisis de laboratorio o remisión con especialistas. Tal es el caso de las colonoscopias, rayos X, ecografías, exámenes de cuello uterino, entre otros.

Ante la evidente vulneración sistemática y generalizada del derecho a la salud y una vida digna por parte del Estado colombiano, resulta de vital importancia que se establezca un mecanismo o ruta de atención de carácter prioritario, en el cual se estudien los casos más graves en salud identificados en las visitas realizadas y se les brinde la atención médica que requieran de manera expedita.

También se deben realizar valoraciones por parte de Medicina Legal en los casos más graves de salud, con el fin de demostrar, donde sea posible, su incompatibilidad con la vida en reclusión. Esto podría facilitar el uso de una medida sustitutiva a la privativa de la libertad en centro de reclusión.

De reanudarse la mesa de diálogos en Quito, es fundamental la creación de una mesa de seguimiento que permita realizar una vigilancia a la gestión del Estado colombiano, y los criterios para hacerlo deben orientarse en el goce efectivo de derechos y de salud integral, es decir sobre los criterios del mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de los presos políticos, y no en la mera gestión. Este escenario también permitirá agilizar las atenciones médicas y resolver dificultades que se presenten en el camino, y los actores llamados a conformarlo son los entes de control, Fiduprevisora, el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, ONG's acompañantes, el Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Salud, y representantes de presos políticos. Jamás se puede olvidar que sin importar las razones por las que estén allí los casi 120.000 presos, todos y todas siguen siendo seres humanos.

*Se cambió su nombre por seguridad y respeto a su intimidad.

“Las normas son de papel”. “Hay vacíos de ley, que por vía judicial se pueden completar”. “Una sentencia constitucional no tiene los mismos efectos que una ley”. “Las sentencias de tribunales internacionales no necesariamente son vinculantes nacionalmente”. “Los derechos adquiridos merecen progresividad”. Estos y otros comentarios de analistas y académicos aparecen con ocasión de cada pronunciamiento que dirime alguna situación con alta carga de interés social, como por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo y la prohibición de la tauromaquia. Estos casos revisten interés por las discusiones que plantean y que desbordan lo normativo: elecciones individuales y derechos colectivos, transformaciones culturales y moralidades estáticas, luchas y reivindicaciones políticas por generar cambios en la convivencialidad y en las culturas, entre otras.

Un debate de este tipo inauguró el 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la Opinión Consultiva 24 (OC-24/17) solicitada por la República de Costa Rica, la cual se ocupó de interpretar y clarificar, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las obligaciones estatales para proteger el derecho a la identidad de género e igualdad, y la no discriminación a parejas del mismo sexo, principalmente de los derechos derivados de un vínculo matrimonial. Parece increíble, pero en las vísperas del inicio de la tercera década del siglo XXI, los tribunales nacionales e internacionales aún se deben pronunciar sobre si una persona puede o no casarse con otra y sobre la obligatoriedad de hacer un proceso rápido, eficaz y administrativo en los cambios de nombre en la cedulación.

Una mirada panorámica sobre la historia de los derechos evidencia cómo sus conquistas han sido más puntos de inicio que de llegada: consignados en normas requieren más defensa social y exigencia de su garantía; ejemplo de ello son las respuestas de grupos conservaduristas de derecha, a los fallos de diferentes tribunales donde reconocen las formas diversas de ser y hacer familias, situación que requiere de mayor movilización por los derechos conquistados por parte de las organizaciones en defensa de la diversidad sexual y de género. Tanto es así, que esta Opinión Consultiva desató una oleada de grupos religiosos y de derecha en Costa Rica, agrupados en el partido Restauración Nacional, quienes lograron la votación mayoritaria en la primera vuelta presidencial en el país, promoviendo un discurso de rechazo a otras formas de ser familia y de vivir la identidad de género.
Ante esta situación vale preguntarse: ¿cuál es la relación entre la movilización social y las normas sobre género y orientación sexual? ¿Qué repercusiones hay de las decisiones judiciales sobre la garantía real de derechos? Y ¿cómo activar una agenda pública alrededor del género a nivel nacional que movilice las diversidades para transformar las mentalidades en Colombia? Según Gian Carlo Delgado Huertas, politólogo y docente investigador en temas de género, “este tipo de pronunciamientos normativos crean y recrean las vías para pensarse las lógicas de acción colectiva”. Además, resaltó una situación compleja: muchas de las normas que se producen no conversan directamente con las trayectorias sociales de reivindicación que han hecho los movimientos. En esa línea, es claro observar cómo los pronunciamientos jurídicos por parte de cortes constitucionales o de derechos humanos en América Latina, han sido herramientas para las luchas y movilizaciones por los derechos de la población Lgbti, pero en ellos no se agotan, ya que cada reconocimiento trae consigo la evidencia de situaciones que las normas no contemplan, por ejemplo, la falta de una completa ley de identidad de género.

Frente a lo anterior Gian ejemplificó: “Para el caso colombiano, se observa cómo la reivindicación del matrimonio igualitario ha estado encabezada por algunos grupos y organizaciones como Colombia Diversa, pero no ha sido una reivindicación unificada del movimiento Lgtbi en el país, o sino ¿cuándo se ha visto una gran movilización en Colombia en defensa del matrimonio igualitario? Lo que sucede es que esta reivindicación es una parte, no contiene en sí misma, por ejemplo, las luchas del movimiento trans”.

Sin embargo, reconoce la importancia de estas conquistas derivadas del lobby jurídico de organizaciones, y son también acumulados de un proceso mucho más grande e histórico de visibilización: “indiscutiblemente las apuestas del movimiento gay y el movimiento Lgbti pasan por hacerse preguntas sobre el reconocimiento, pero estas han variado: inicialmente se hicieron para existir y habitar, para que fuera reconocida y no criminalizada ni estigmatizada su existencia, ahora se ha transformado en la búsqueda de un reconocimiento legal, como sujetos de derechos”.

Para Gian, esta Opinión Consultiva tiene importantes implicaciones para los Estados y su población, puesto que obliga a que en las leyes, políticas públicas y agendas nacionales, el tema de identidad de género y de vínculos entre parejas del mismo sexo no sea un tema accesorio sino central en las nuevas formas de construir identidades y familias. Es importante clarificar que en este caso la palabra “opinión” no significa “sugerencia” o “consejo”, es más bien un parámetro de interpretación para que los Estados cumplan sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, en este caso, los Estados suscritos, como Colombia, a la Convención Americana.

Es así como esta Opinión Consultiva se constituye como una herramienta fundamental para el movimiento Lgbti en América Latina. Es un documento serio que distingue muchos de los conceptos que durante años los estudios de género se han comprometido en diferenciar y reconocer. También se ocupa en demostrar cómo los Estados al deber garantizar los derechos humanos a sus nacionales se comprometen en trabajar por el reconocimiento de lo “único, singular e identificable” en cada forma del ser y hacer de vida. Uno de sus principales argumentos es la necesidad de protección al derecho a la vida privada, entendido este no únicamente como las convicciones y determinaciones de cada ser sobre sí mismo, sino como la persona “decide proyectarse hacia los demás, siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad” y para el reconocimiento en todos los escenarios y espacios de lo público.

Este pronunciamiento vinculante y de obligatoriedad para los Estados, es también un referente para continuar movilizando el tema en el país, para estudiarlo y potenciar los argumentos. Gian concluye que en Colombia, distinto a otros países como Bolivia y Ecuador, hay más avances normativos frente a los temas tratados por la OC, pero aún falta la conformación de una plataforma nacional que aglutine y recoja las múltiples reivindicaciones de los movimientos territoriales y poblacionales, expresados en el consenso de unos intereses o decálogo común.

El pasado20 de febrero Venezuela realizó el lanzamiento del petro, una criptomoneda que basa su valor en las inmensas reservas petroleras del país suramericano. Venezuela es el noveno exportador de petróleo, y cuenta con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo. Además, tiene las mayores reservas de crudo liviano afuera del Medio Oriente. Según el presidente Nicolás Maduro, dicha decisión se hizo necesaria “para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer transacciones financieras y para vencer el bloqueo financiero”. La introducción del Petro forma parte de una guerra económica contra los Estados Unidos, en la cual el crudo venezolano es utilizado como un arma económica lanzada contra el dominio del dólar en los mercados internacionales.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos asumieron el liderazgo hegemónico en la organización del sistema capitalista a nivel global. En la conferencia de Bretton Woods en 1944, la delegación estadounidense no solamente logró redefinir las reglas del comercio y del sistema financiero y monetario mundial, sino que también estableció el dólar como nueva moneda de reserva internacional, respaldado por el patrón oro.

Tras dos décadas de relativa estabilidad económica y financiera, el sistema de Bretton Woods entró en una crisis estructural. El tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro obligó a los Estados Unidos a limitar la emisión de la moneda circulante, siempre en proporción a sus reservas de oro, lo cual resultó ser contraproducente para la reproducción de las políticas keynesianas y del modelo de acumulación fordista, los cuales dependían de la expansión del gasto público de los países industrializados y del endeudamiento estadounidense. Para controlar la creciente inflación y evitar una devaluación del dólar, el presidente Richard Nixon cortó unilateralmente el vínculo entre el dólar y el oro a principios de la década de los 70. Tal decisión frenó la creciente disminución de reservas de oro estadounidenses y, a la vez, defendió al dólar como moneda de reserva internacional.

Mientras las transacciones comerciales y financieras internacionales continuaban realizándose en dólares, los Estados Unidos prepararon profundos cambios estructurales en el capitalismo global, los cuales siguen marcando el sistema internacional hasta hoy en día. En 1973 se firmó un acuerdo con la potencia petrolera Arabia Saudita, convirtiendo al dólar en la moneda principal para la determinación del precio del crudo y las transacciones petroleras en los mercados internacionales. Los dos gobiernos pactaron que las exportaciones petroleras del país árabe se realizarían exclusivamente en dólares y que los petrodólares generados se invertirían principalmente en bonos del Tesoro estadounidense. Además, a cambio de la protección militar y la venta de armamento estadounidense, Arabia Saudita se comprometió a convencer a los otros países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de adoptar el “petrodólar estándar”.

Bajo el nuevo sistema, todos los países consumidores y no productores también se vieron obligados a comprar dólares para financiar sus importaciones petroleras. El arreglo generó una creciente demanda internacional por el dólar e impulsó su predominio dentro del portafolio de reservas internacionales en cada país consumidor. A la vez, el petrodólar permitió a los Estados Unidos exportar su inflación, revender su deuda mediante la emisión de bonos del Tesoro ad infinitum y, a la vez, importar bienes y servicios de todo tipo del resto del mundo.


El acuerdo con Arabia Saudita creó las bases para el retorno del dólar como moneda de reserva internacional, pero esta vez sin las restricciones monetarias que acompañaban al sistema de Bretton Woods. Sin embargo, para que un país exportador de petróleo no empezara a aceptar otras monedas y los países importadores no dejaran de comprar los bonos del Tesoro, los Estados Unidos se vieron obligados a mantener una mano firme y, en caso necesario, a tomar las medidas consecuentes para defender el sistema del petrodólar. Los países que en los últimos años han intentado salir del mismo, han tenido que pagar un alto precio. En noviembre de 2000, Iraq, el segundo país petrolero del mundo, tomó la decisión de vender su crudo en euros. El 11-S y la proclamada “Guerra contra el Terrorismo” fueron el pretexto para una intervención militar estadounidense en marzo del 2003. En 2011 el expresidente de Libia, Muhammad Gadafi, concretó su plan de introducir una moneda africana basada en el oro para facilitar la venta de petróleo. Los Estados Unidos no estuvieron de acuerdo con dicha iniciativa (como la historia lo evidenció con su invasión a Libia)

En el caso venezolano, el ex presidente Hugo Chávez anunció en octubre del 2005 la conversión de todas las reservas internacionales a euros. Al mismo tiempo, impulsó la creación del Banco del Sur, un fondo monetario y banco de desarrollo para América Latina con el propósito de disminuir la influencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en la región. Tras la muerte de Chávez, Venezuela se convirtió oficialmente, en marzo del 2015 y bajo la administración de Barack Obama, en “una amenaza de seguridad interna” para los Estados Unidos.

Durante su intervención ante las Naciones Unidas en agosto del año pasado, el actual presidente Donald Trump también dejó claro que estaba dispuesto a intervenir en Venezuela usando las fuerzas militares. Tal acción seguramente sería apoyada logísticamente por los gobiernos de Colombia y Brasil. La misma posición militarista fue reafirmada por el secretario de Estado, Rex Tillerson, en su reciente gira por América Latina.

Ante esta realidad, el pasado septiembre el presidente Nicolás Maduro presentó una serie de leyes económicas con el fin de restaurar la soberanía económica del país y avanzar hacia una desdolarización del comercio petrolero venezolano. La petrolera estatal PDVSA recibió instrucciones para realizar sus futuras transacciones comerciales en euros, yuanes, rublos y rupias. El petro es ahora otra herramienta para debilitar el papel del dólar en los mercados internacionales. Si bien en los últimos años los Estados Unidos han intentado disminuir su dependencia de las importaciones petroleras, Venezuela sigue teniendo una alta importancia geoestratégica con sus inmensas reservas de petróleo. El derrocamiento del gobierno de Maduro significaría además una defensa del sistema del petrodólar y una reafirmación de la hegemonía estadounidense en la región. Como las intervenciones militares en Iraq y Libia han dejado claro, los Estados Unidos están totalmente dispuestos a recurrir al uso de la fuerza más brutal para conservar la supremacía del dólar como moneda de reserva internacional.

*Profesor asociado, Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín / **Estudiante de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Camiliando

Aquella tarde, en 1998, estábamos sentados alfabetizando en una de las comunidades de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, de esas tantas comunidades olvidadas. A veces pienso que hasta de Dios. Allí, donde parece que el tiempo se hubiera detenido hace décadas, donde la única luz durante el día es la del sol, y en las noches la de la luna; donde la hoguera que alumbra un poco, y que con su humo espanta los mosquitos, sirve también para sentarse alrededor de ella; allí, donde el agua es la del arroyo más cercano y los hombres viven con lo básico, llegó una invitación a una misa que se realizaría en pocos días.

Ese domingo se pudo improvisar con un mantel blanco que alguien de la comunidad aledaña amablemente prestó. Cada quien desfilaba con sus cosas. Uno con una silla, otro con un banquillo, otro con taburete… y en un santiamén había una pequeña iglesia instalada en el lugar.

A las 4:00 p.m., bajando de aquellos escarpados cerros, venía en una yegua vieja el que fuera el cura. Como de 50 años, flaco, de tez blanca y de anteojos grandes y ojos claros. Aunque traía sombrero vueltiao, se notó que no era costeño, su acento paisa lo delataba. De barba bastante espesa y canosa, traía puesto un jean desteñido y una camisa blanca (un poco amarillenta tal vez de tanto uso). Llegó con dos acompañantes, uno de ellos hizo de acólito. En su viejo maletín de cuero traía todo lo necesario para la homilía, entre esas cosas la custodia. Nos saludó a todos los de la comunidad con un fuerte abrazo y a otros con un apretón de manos. Se podía sentir una familiaridad.

Inició la misa y surgió un problema: no había hostias. Todos estaban preocupados. El padre miró a su alrededor y observó un cultivo de yuca, luego solicitó poner a cocinar (sancochar) un poco en un caldero. Aunque se obedeció la solicitud, se murmuró mucho. Y no faltó quien dijo que al padre le faltaba un tornillo: primero inició la misa sin la vestimenta que todos estamos acostumbrados a ver en los padres en misa, y segundo ¿a quién se le ocurre dar yuca en vez de hostias? Pero la misa continuó y no se quitó ni siquiera el sombrero que traía puesto.

Al momento de leer la palabra escogió un versículo que decía: “bienaventurados los perseguidos por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos”, y después habló sobre aquello de que “primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos”. Siempre hablaba del “nuevo mundo”, donde los pobres tuvieran más oportunidades y la corrupción se acabara.

Después, por ser el mes de febrero, empezó hablando del amor eficaz, de que el hambre era mortal y estaba matando a nuestro pueblo. Aquella tarde explicó que Dios estaba en todas partes, que éramos inmensamente ricos en naturaleza, por el agua del arroyo que es pura y fría y que llega directamente de la Sierra Nevada; que no necesitamos cuadros ni costosos ni baratos, que para eso estaban los hermosos paisajes. Luego pidió el caldero de yuca y un cuchillo. Partió los pedazos de yuca en trozos pequeños, casi iguales, y los entregó a todos en la misa como cuerpo de cristo.

Terminó aquella misa –única, diría yo-, cuando el reloj marcaba las siete pasadas, y realizó una charla en la que preguntó por qué se extrañaban si la yuca era natural, hecha de la tierra, y la hostia se había hecho por la mano del hombre, lo que hace a la yuca más pura. Dijo que para adorar a Dios no había necesidad de usar tanta vaina, y que cualquier sitio era bueno para orar a Dios. “Desde que soy cura ando por el mundo predicando pero a las comunidades más alejadas. Allá donde no llega el Gobierno y no hay quién les brinde la mano. Por eso ando camiliando”, expresó el cura. Una señora que estaba ahí en la reunión quiso corregirlo: “caminando, padre”. El padre Beto ­–como se presentó y era conocido en esa área–, le contestó: “no mi señora, camiliando; predicando y enseñando la palabra de Camilo Torres, mi señora. Camiliando, Camiliando”.

***
Meses después supimos que al padrecito lo habían asesinado unos hombres armados y encapuchados mientras celebraba una misa, dejándole un cartón en el pecho con un letrero que decía: “por andar predicando el evangelio de Camilo”.
Por eso si van a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y llegan a una vereda llamada “Nuevo Mundo”, deben saber que se le puso así para recordar al padre que a muchos ayudó por esas tierras, que estuvo por allá “camiliando”.

La ciudad de Cali es uno de los principales centros urbanos del país, por lo tanto está unida a la dinámica del capitalismo comercial y financiero. Actualmente, con la reestructuración de las dinámicas económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas de la ciudad, se ha perpetuado una lógica avasalladora en contra de las comunidades populares y sus territorios, desembocando en conflictos que la prensa amarillista termina denominando como disturbios o enfrentamientos.

El caso más se reciente se dio en el oriente de la ciudad (sector conformado por comunidades populares), donde se planea implementar los proyectos Plan Jarillón y Obras Complementarias (PJAOC) y la Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco Azul, proyectos complementarios con otros que se están desarrollando en el resto de la ciudad como Ciudad Paraíso, que reestructurará el centro de la ciudad para convertirlo en un sector comercial, y Zonamerica, la primera zona franca de venta de servicios del país, y la segunda a nivel latinoamericano, que buscar potenciar la ciudad como una ciudad del servicio. Estos proyectos juntos articulan la renovación y modernización de la ciudad.

El proyecto Plan Jarillón, que no solo es una de las obras más importantes de ciudad, sino de Colombia, bajo la excusa de proteger a los pobladores asentados en los alrededores del río de los “estragos generados por inundaciones”, busca realizar un malecón en el Jarillón del río Cauca y darle uso privado a su navegabilidad. Para ello reubicarán forzosamente a 8.700 familias, aproximadamente 35.000 personas. Cabe resaltar que estas reubicaciones van desde desalojos violentos, hasta comprar los predios a precios mínimos sin haber hecho la correcta valorización, sumándole que a muchas personas que ya contaban con vivienda se les reubicará en viviendas de interés social que no se ajustan a sus necesidades.

Como solución al problema de la vivienda, la Alcaldía adelanta el proyecto Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco azul, que comprende la construcción de 1.940 apartamentos, en condiciones no aptas, para las familias víctimas de los desalojos producidos por el Plan Jarillón y Ciudad Paraíso, quitándoles así a las familias de los barrios Brisas de la Paz, El Barandal, El Jazmín, La Esperanza, La Florida, Nueva Florida, Nueva Ilusión, Playa Alta, Playa Baja, Polo, Sardi, Villa Uribe y Belisario el único pulmón verde del oriente de la ciudad y el escaso espacio comunitario con el que cuentan en el sector.

Este último proyecto ya se encuentra contratado y firmado con la constructora Enlace S.A.S., quienes afirman que el lote es de propiedad privada; sin embargo la actual administración del alcalde Maurice Armitage tiene el antecedente de adelantar obras con permisos que poseen dudoso marco legal para su ejecución. Un ejemplo más reciente es la obra en ejecución de la terminal sur del Transporte Masivo Integrado de Occidente, que se adelantó en la zona conocida como el humedal El Cortijo, que desaparecería dejando a la ciudad sin un importante corredor ecológico, y generando daños irreparables a la fauna y flora del sur de la ciudad.

Ciudadela Recreativa hace parte de las tácticas que han ejecutado las administraciones para poder adecuar la ciudad a los intereses de la clase privada. Recordemos el proyecto del barrio Potrero Grande, donde se construyeron casas de interés social para reubicar 48 asentamientos del Jarillón del río Cauca y la Laguna del Pondaje, pero el resultado de este proyecto fue una zona donde se multiplicaron las problemáticas sociales de la comunidad. Básicamente lo mismo se generará con la implantación autoritaria de este proyecto habitacional donde se les quitará a los barrios aledaños su único espacio verde para la recreación y la cultura.

Todas estas acciones obedecen al POT aprobado en el municipio por medio del acuerdo 069 del año 2000, que rigió en teoría hasta el 2014, año en que fue ajustado con vigencia hasta el año 2027. Según instituciones como la Universidad del Valle, este tiene potenciales efectos devastadores de las políticas de desarrollo para la construcción de la ciudad. Este documento permite a los gremios del sector privado del gran capital, apropiarse de los espacios, las instituciones y las relaciones sociales, buscando el ordenamiento y el control de las actividades de sus pobladores y del territorio. Por otra parte, les permite marcar las tendencias económicas, políticas y culturales de sus áreas de influencia, en concordancia con los planes de reestructuración de todo el departamento del Valle del Cauca, para generar la concentración de actividades productivas especializadas, que maximicen la inversión pública de infraestructura y seguridad, en aras de la potenciación de la inversión privada. En este POT se generan las Unidades de Planificación Urbana (UPU), que corresponden a diversos proyectos de re-direccionamiento de los usos de los espacios urbanos, sacrificando los intereses comunitarios a los rendimientos de la empresa privada. Una de las UPU es la Zona del Oriente de Cali.

Bajo toda esa maquinaria se terminan desarrollando proyectos visionados desde el gran sector empresarial, que termina perjudicando el Oriente de Cali con proyectos que atentan contra los derechos básicos para garantizar una vivienda digna, donde solo terminan beneficiándose en últimas la clase privada de la región que está en perpetua unión con la clase política del Valle.

No hay entre las dirigencias privadas que controlan la economía y el Estado, una apuesta de ciudad para la gente. Para las élites las gentes son potenciales compradores y mano de obra barata. Su interés se concentra en la implementación de una economía que avanza en detrimento de los sectores populares empobrecidos de la ciudad. Los planes no están pensados para el bienestar ni el buen vivir del pueblo, al contrario, se traducen en la continuación de la violación reflejada en el recorte de derechos fundamentales como la vivienda.

"Para arepa de maikki morado: Maikkika, maikki, molina, echa queso, masar con leche, ichi (sal) y fogón", cuenta la vieja apoyada de gestos. "En lluvia, nace ahuyama, frijol, patilla, yuca, guanábana y aceitunas. Todos "paliamos" pa' come cosecha", dice, soltando entre sus arrugas una carcajada juguetona, sabia. Con su lengua aferrada al Wayuú, intenta hablar español fluidamente.

Mercedes Uriana, indígena Wayúu, vive entre chivos, cabras y gallinas en la ranchería El Tablazo del corregimiento Nazareth, en la vía que comunica a Maicao con Riohacha en La Guajira. La abundante vegetación que surge de la arena y la diversidad de aves, reptiles y mamíferos de la zona, contrasta con la imagen que muchos se hacen de La Guajira: un desierto árido sin árboles ni animales.

Mercedes vive con sus hermanos Gabriel y Nelly, y sus sobrinos, en un rancho con áreas independientes. La cocina, con techo de zinc, es rodeada de madera, el dormitorio es de bahareque, el baño es en adobe y hay una maloca hecha en madera y palma. Dos ranchos más son cuna en las tardes. Hasta en la cocina hay chinchorros; estos son la cama favorita de los Wayúu.

"En verano, tejemos chinchorros y mochilas, hacemos vasijas con totumas y recolectamos leña", cuenta Nelly. "La chicha de maíz morado, la arepa con queso, los frijoles con ahuyama (saprana) y la carne de chivo condimentada son algunas comidas típicas", apunta. La yuca con queso es otro manjar que se disfruta con los Wayúu. Nelly sale eventualmente a Maicao a vender arepas para encuentros comunitarios; con esta y otras labores, sostiene el hogar.

Al preguntarle a Nelly por sus creencias, voltea su mirada a varios lados, y algo insegura responde: "Te cuento las creencias de nuestros abuelos, pero hoy nosotros creemos en dios. Los abuelos creían mucho en los sueños. Ellos veían revelaciones en ellos. Decían a veces, al levantarse a las tres de la madrugada, que había que bañar los niños para limpiar energías. Hoy nosotros no creemos en eso, yo creo en dios todo poderoso que me ha ayudado a salir adelante con mis hijos y mi negocio. Yo soy evangélica".

Gabriel, hermano de Nelly, poco recuerda de los ritos de sus ancestros. Al llevar una vida dedicada a la pesca, conoce más del mar que del desierto, sin embargo, no se pierde entre los laberintos que se forman entre la vegetación guajira, así se haya tomado la mitad de su botella de chicha. “Este se llama dividivi, este otro es guamacho y ya sabés que este es un cactús", comenta Gabriel mientras camina descalzo alrededor de la ranchería.

Aunque quizás poco sepa de sus ancestros, Gabriel contempla la flora como si se tratase de su dios: acaricia las hojas, ofrece datos de algunos frutos y sus aplicaciones, y sonríe con las flores exóticas. "Está seca, pero en invierno, los flamencos la visitan", apunta, refiriéndose a una laguna gigante, habitada en el momento por decenas de cabras. Al observar con inquietud varios postes medianos de color amarillo, en distintos puntos del recorrido por El Tablazo, comenta Gabriel: "Yo ayudé a guiar a los hombres que pusieron estos palos. Fue hace como tres años. Ellos decían que aquí había petróleo y que en el futuro lo iban a sacar". No parecía preocupado ante semejante afirmación, más bien parecía interesado en saber cuándo llegaría ese momento.

Nelly tiene una pequeña tienda en la ranchería donde vende agua y mecato a sus vecinos. El plástico y la doctrina se pasean de ranchería en ranchería, representando el establecimiento mercantil, dejando basura en el camino y apadrinando el miedo, el sometimiento religioso y el abandono de costumbres ancestrales.

Esta región, una de las más abandonadas históricamente por el Estado, es fiel muestra de la diversidad infinita de nuestro país. Es contradictorio tener que llorar de alegría ante un atardecer único y llorar de tristeza porque ya es la noche y el agua hoy no llegó como es común cada ocho días.

 

Trabajadores y trabajadoras tercerizadas están en Sabana de Torres, junto a la entrada principal de Indupalma. “¡Exigimos un contrato laboral digno! Nos encontramos en una huelga contra el empleador, estaremos aquí dispuestos a seguir luchando por cada uno de nosotros, por un contrato digno, por mejores condiciones de vida para nuestras familias”, expresa Luis Alfredo Bautista. Lo complementa doña Gloria Pérez: “Exigimos a Indupalma la formalización laboral de todos los tercerizados que le hemos prestado por 22 años los servicios a esta empresa”. “¡Viva la huelga!”, gritan sus compañeros, que con alegría y una sonrisa en su rostro guardan la esperanza de que su legitima lucha se vea reflejada en el logro de sus reclamos.

Una mujer sindicalizada
Conversamos con doña Gloria Pérez Carvajalino, una mujer que desde nuestra llegada nos recibió con una sonrisa, nos brindó almuerzo, y se dispuso a conversar con nosotros para contarnos los motivos de la huelga.

“Estoy sindicalizada hace siete meses. Esto inició el 11 de junio del 2017 a causa de lo que como trabajadores estamos viviendo en estos momentos. Me gusta lo que estoy haciendo, es algo muy bonito, es algo que no había vivido en mi vida, y ahí estaré hasta que Dios me lo permita.

Tengo 36 años, y trabajo en La Palma hace 10. Las mujeres realizamos trabajos pesados, prácticamente nosotras hacemos los trabajos que hacen los hombres. Lo único que no hacemos las mujeres es cortar un corozo, un gajo, eso es lo único que no hacemos, pero de resto hacemos la labor de abono, de micro-inyección, de fumigación. Hay mujeres que hacen “guachapeo” con guadaña, la labor de estratego, pero lo que nos diferencia de los hombres es la cortada del gajo.

En este momento hay conmigo 250 mujeres afiliadas al sindicato. Hay más mujeres trabajando en La Palma pero no se afilian al sindicato por temor, hay algunos gerentes de cooperativas que les dicen: “no se meta allá que de pronto las vetan”. Como es el caso mío que fui vetada por Indupalma hace siete meses solo por pertenecer al sindicato”.
Gloria explica que Indupalma se encarga de pasar una carta a cada representante de las cooperativas y les da el nombre de las personas que no pueden trabajar. “En estos momentos estamos vetados tres personas porque la cooperativa para la cual trabajábamos se acabó, y cuando la empresa se dio cuenta que la cooperativa se había acabado enviaron cartas a las otras cooperativas solicitando que a las personas del sindicato no nos contrataran. Es un derecho pertenecer a un sindicato, pero bueno, me he defendido y aquí estoy, pa' lante!”

Una historia de dificultades y aprendizajes
“He aprendido a valorar los trabajadores, que uno no debe mendigarle nada a nadie, y que uno tiene que pelear por los derechos. Con la huelga logramos mucho, porque para estar aquí donde estamos hoy en día, nos tocó luchar con la gente, madrugar, visitar campo, montarnos en los buses para hablar con la gente. Nos reuníamos primero 15 o 20 personas, de ahí fueron subiendo a 50 y 100, y poco a poco fuimos avanzando hasta que la gente entendió por qué estábamos luchando. Me satisface en estos momentos tener a mis compañeros y sus familias luchando por la causa. En un futuro podrán decir: mi mamá o mi papá estuvieron luchando para que nosotros tuviéramos una mejor alternativa, un mejor futuro”.

Con nostalgia recuerda cómo ingresó a trabajar a las parcelas de Indupalma. “Yo entré a trabajar en las cooperativas el 22 de febrero de 2009. Ese año, el 9 de junio, tuve un accidente dentro de las parcelas, recuerdo que estaba cayendo un aguacero y la moto se resbaló. Estuve prácticamente dos años incapacitada, los médicos me enviaban a re-ubicación y la cooperativa nunca cumplía. Indupalma le decía a uno que si la cooperativa no tenía en qué más reubicarlo, pues que pasara la carta de renuncia. En el 2011 ya el diagnóstico médico indicaba que estaba mejor. Entré a laborar otra vez, pero el 22 de abril del 2011 le cancelan los contratos a la cooperativa Nuevo Horizonte, decían que era por cuestiones de administración pero realmente hubo otros inconvenientes de Indupalma con esta cooperativa.


Después, en el 2013, entré a trabajar en una cooperativa que se llamaba S6C, ahí duré trabajando hasta el año pasado que la cooperativa se terminó por pago de seguridad. No tuvimos para pagar la seguridad, fuimos 23 personas que quedamos en ese momento sin trabajo, duramos un mes parados hasta cuando pudimos recoger la plata para la seguridad, que se nos volvió a acabar el 12 de junio del 2017”.

“He sentido temor por mi vida”
A raíz de esto Gloria y sus compañeros hicieron, el 11 de junio de ese año, la asamblea donde se conformó el sindicato de la Unión General de Trabajadores Tercerizados de la Agroindustria -Ugtta-. Fue ahí cuando Indupalma les canceló los contratos. Gloria, al igual que sus compañeros, intentó trabajar en otras cooperativas, pero en todas le dijeron que no. Indupalma amenazó las cooperativas con bajarles puntos, y con quitarles los contratos, si los recibían. “Eso me dio más fuerza para seguir en la Ugtta y hoy en día me enorgullece pertenecer a este sindicato”, expresó.

Una anécdota de Gloria es que el día que se declaró la hora cero de la huelga, tuvo un altercado con un abogado de Indupalma. Al “doctor Lara” le dijo lo que sentía, lo que le dolía por las condiciones de tantos trabajadores en tantos años de trabajar con Indupalma, a lo que él les dijo que no los reconocía como trabajadores. También cuenta el dolor que sintió cuando el Ministerio de Trabajo llegó a verificar el cese de actividades de los trabajadores, pero poco le importaron los reclamos que estos estaban haciendo.

Gloria, que ahora está liderando la creación de unos talleres de formación para las mujeres, cuyo enfoque es la importancia y el sentido político de estar sindicalizadas, afirma que ha temido por su vida. Su municipio ha sido muy golpeado por la violencia, han matado muchos líderes sociales. Además, es víctima: ha perdido a varios amigos, y uno de sus hermanos fue asesinado. Aun así afirma con entereza que el único que puede decidir sobre su vida es Dios, y que si le toca morir por estar peleando una lucha digna, por algo que le nace, ella lo asumirá.

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