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Hay cosas que uno termina de entender con el tiempo. A veces porque una nota o un libro cae en tus manos y te revela un detalle, un dato que antes parecía nimio, una epifanía que recoge las piezas que no encajaban y las llena de sentido. En ese momento podemos reconstruir imágenes y recibir una respuesta que tal vez antes nadie nos dio.

En mi caso, por ejemplo, tardé muchos años en entender por qué los noticieros hablaban de bajas de combate. En casa, mi padre los llamaba “comunicados de guerra” y en mi inocencia le preguntaba si iban a atacar nuestra casa o tendríamos que salir con nuestras cosas a la mitad de la noche. En el colegio cantábamos el himno nacional y nos emocionaba la bandera y la escarapela. Simulábamos los combates de la independencia, el paso de Bolívar por los Andes y con amplio dramatismo decíamos el “general salve usted la patria”. Ahora que soy mayor puedo recordar muchas cosas de manera distinta, en realidad ahora lo comprendo. La mitad del país se mataba desde hacía más de cincuenta años, varios de sus municipios recibían el eufemismo de “zonas rojas” y en ellos los actores armados marchaban campantes ante la falta de Estado.

Los noticieros pasaron de los carros bomba del narcotráfico a las imágenes brutales de las masacres paramilitares. La Rochela y El Naya vinieron a colmar nuestras pesadillas, por otro lado, los policías y militares secuestrados pedían un canje atrás de las alambradas de los campos de prisioneros en la mitad de la selva. Pastrana solo, en una mesa de negociación, era la imagen lacónica de un país desesperado por el horror, pero indiferente ante la tragedia.

La “seguridad democrática” emergió como una doctrina salvadora, como un dogma que reunía al país en torno a un mismo proyecto nacional: acabar de una vez con el enemigo interno. Una de estas estrategias se centró en la creación de una nueva imagen de las fuerzas militares: los héroes en Colombia sí existen. De esta manera el proyecto homogeneizador se expresaba en la creación de una nueva lectura de la historia nacional en clave anti-terrorista. Las fuerzas armadas cumplirán una misión no solo de ejercicio de la fuerza sino simbólico. “La gente espera de la iglesia valores, de la televisión entretenimiento y de su ejército autoridad”.

Y un día, en un país donde el conflicto nos había blindado para aceptar lo peor, las noticias nos mostraron que los horrores pueden multiplicarse en los cuerpos de los inocentes. Jóvenes del municipio de Soacha, colindante con Bogotá, aparecieron muertos en combates con el Ejército. La noticia no era nueva, normalmente los guerrilleros venían de zonas pobres, de pueblos donde la falta de oportunidades o el reclutamiento forzado los hacía parte de la cifra de aquellos que hacían de la guerra su forma de vida. El problema comienza cuando diferentes Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron el traslado de civiles bajo engaños, que posteriormente fueron presentados como combatientes abatidos. Los falsos positivos hacían su aparición.

La primera vez que hablé con Gloria se disculpaba de no tener más fotos de Luis, su difunto esposo. Durante más de trece años pensó que la había abandonado con su hijo de apenas dos años y una criatura de cinco meses que venía en camino. Con la aparición de una cédula, guardada por un paramilitar confeso, se reveló que este había sido llevado a las afueras de Bogotá y asesinado para encubrir la fuga de dos guerrilleros.

Sandra por su parte me dice que todos los días habla con su hijo. Siente que la escucha desde los objetos que guardan sus recuerdos. Las fotografías recorriendo Monserrate, las sábanas que algún día conservaron su calor, algunos juguetes. Diego la escucha y la acompaña en su lucha por la verdad. Murió hace doce años en Cúcuta, Norte de Santander a manos de un batallón de contraguerrilla. En su caso había partido con la promesa de un trabajo a recoger café.

Raúl Carvajal Pérez, de 63 años, todavía es recordado por exponer el cadáver de su hijo Raúl, de 29 años, en la plaza de Bolívar. Militar de carrera, se había negado a un procedimiento donde se incluía asesinato de civiles. Las insignias con las que alguna vez soñamos de niños ahora cubren el féretro que viaja en un destartalado camión.

Si bien el Fiscal de la nación afirmó en algún momento que esos jóvenes “no fueron a recoger café”, la verdad se hacía patente, escandalosa e incómoda. El filósofo Guillermo Hoyos, una de las glorias del pensamiento colombiano, lo denuncia en unas jornadas académicas en Brasil. Al igual que el jesuita Javier Giraldo que pide a los organismos internacionales presionar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez para cesar con los asesinatos de líderes sociales y civiles.
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Y esto es tal vez lo que me llevó a entender lo monstruoso del acto en sí. Estos jóvenes no eran guerrilleros, no eran paramilitares, ni colaboradores, ni simpatizantes, ni líderes estudiantiles o reclamantes de tierras. Muchos de ellos ni siquiera habían registrado su cédula para votar o habían hecho parte de una marcha para exigir algún servicio público. No, solo eran jóvenes que buscaban una oportunidad de trabajar, una manera de colaborar con sus familias que ya en sí vivían una situación precaria en lo económico. Las víctimas podíamos ser todos o cualquiera. Y las estadísticas lo demostraban.

Hoy se sabe que el primer caso de ejecuciones extrajudiales es el de Jeisson Alejandro Sánchez, de 16 años en 1984; que a partir del 2002 obedecieron además a incentivos para los militares que mostraran resultados operativos y que los casos se registraban con más frecuencia en la cercanía de Bases militares estadounidenses. La sociedad civil lo acepta y lo mira como parte del conflicto e incluso políticos ponen de vez en cuando el dedo en la llaga argumentando que los muertos eran un problema para su comunidad y que en muchos casos se agradecía al Ejército.

Mientras miro el Centro de Memoria Histórica en Bogotá, me doy cuenta que estoy muy lejos de armar una historia de la guerra. Los monumentos se han dispersado por el país para crear un pasado glorioso y la apariencia de una nación fuerte y soberana. La verdad es que aquí solo el silencio evoca la memoria de los muertos y nos recuerda que cientos de madres marchan los jueves en la Plaza de Bolívar como testimonio de una verdad negada.

Las recientes elecciones presidenciales, sin lugar a dudas, marcan un precedente en la historia reciente de Colombia. Como pocas veces, la disputa por la Presidencia de la República estuvo marcada por una clara confrontación de dos modelos de Estado y sociedad. Por un lado, estuvo la ya conocida clase política tradicional, que se agrupó alrededor de Ivan Duque, para dar continuidad al modelo neoliberal privatizador y motor del despojo, sumado al regreso de un discurso guerrerista y prácticas propias de la anticultura del narcotráfico.

Por otra parte, emergió la candidatura de la Colombia Humana en cabeza del ex senador y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien logró recoger el descontento de millones de colombianas y colombianos que se sumaron con entusiasmo a su campaña, la cual levantó en el centro la justicia social y ambiental como claves para la construcción de una era de paz, tantas veces aplazada en Colombia.

El carácter antagónico de ambas propuestas marcó la agenda de los debates, las encuestas y todo el entramado mediático, con un claro respaldo de los medios masivos de comunicación como Caracol, RCN, Blu Radio, El Tiempo, entre otros, al candidato de la derecha reagrupada en torno a Duque.

Politización vs polarización
En el transcurso de la campaña los grandes medios y las distintas candidaturas de la derecha y del auto denominado centro (Sergio Fajardo y Humberto de La calle), se la jugaron por señalar de dos extremos a las candidaturas de Duque y Petro, generando con ello equivalencias en los peligros que representaban. De este modo instalaron en el imaginario colectivo la idea de la polarización y que ello representaba un riesgo para la “estable democracia” de nuestro país. Sin embargo, lo que no contaron ni contarán los medios es que del lado de la campaña de la ultraderecha uribista, fortalecida y respaldada finalmente para segunda vuelta por las élites económicas, financieras y empresariales tradicionales, y por los partidos oligárquicos de siempre, se apeló a la mentira, a las medias verdades y a la estigmatización. Con esto llenaron de miedo a las mayorías colombianas que empezaban a ver en la candidatura de Petro la posibilidad de salir de las condiciones de miseria e indignidad en que las mismas élites las han sumergido.

Entonces se señaló a Petro de castrochavista, guerrillero, ateo, inepto y tantas otras cosas, cuando este desde su programa de gobierno y sus correrías por cientos de plazas públicas en todo el país lo que expresó fue la defensa del Estado social de derecho, consagrado en la Constitución del 91, pero desmontado por las posteriores reformas impulsadas por las clases corruptas que han gobernado desde entonces. De ese modo, las oligarquías y las clases emergentes provenientes del narcotráfico demostraron que le temen profundamente a la democracia real, y que no están dispuestas a tolerar que se dé en Colombia siquiera un gobierno de carácter reformista como el propuesto por Petro.

Por su parte, aunque todos los demás candidatos, los medios de comunicación y los generadores de opinión se encargaron de decir que Petro polarizaba (es decir, poner la discusión en dos extremos), incitaba al odio de clases, al revanchismo y la venganza, lo cierto es que su campaña estuvo signada por la alegría, la multiplicidad de voces y formas de comunicar, y sobre todo por un profundo ejercicio pedagógico que permitió más que polarizar contribuir a la politización de millones de hombres y mujeres que lo escucharon en plazas, parques, emisoras, canales de televisión, foros y redes sociales, y que lograron entender que la crisis generalizada del pueblo colombiano tiene unas causas y unos responsables concretos que han gobernado durante 200 años, que sí es posible cambiar este país, que se necesita voluntad política y que el protagonismo de dichos cambios está en las ciudadanías.

En síntesis, la campaña de la Colombia Humana en cabeza de Gustavo Petro y Ángela María Robledo logró rescatar la política y sobre todo evidenciar por lo menos para 8'034.189 colombianos, que existen otras maneras de entender la política, de gobernar y construir país

Resultados que quiebran la historia, pero no la cambian
Es común decir en estos tiempos que en Colombia están sucediendo hechos históricos; más allá de la frase de cajón, no es descartable tal afirmación. Los resultados de la primera vuelta generaron algo que no se había dado antes, y es que la disputa por la presidencia hacia la segunda vuelta fuera entre un proyecto de despojo, miseria y muerte, y un proyecto reformista, progresista y con matices de izquierda, como alternativa para lograr cambios sustanciales hacia la dignificación de la vida.

Lo otro significativo es que los resultados muestran un creciente descontento con la política tradicional y también con el uribismo como forma particular de la política guerrerista y mafiosa, y mejor aún que existen posibilidades para las fuerzas alternativas que también van ganando en una dimensión de superar ser simplemente oposición para tener vocación de ser poder. A ello se suma que casi la totalidad de los sectores democráticos, progresistas y de izquierda confluyeron alrededor de una candidatura presidencial y se configuran hacia el futuro posibilidades de convergencias que disputen escenarios institucionales regionales y que den impulso a la movilización social.

Pese al avance de las fuerzas democráticas y a que empieza a evidenciarse un agotamiento del discurso hegemónico de las derechas, no podemos desconocer que estas lograron mantenerse en el poder, entre otras razones por la capacidad que tienen sus medios de comunicación para manipular y moldear la opinión y decisión de las mayorías; por el cansancio y desinterés de una porción muy grande de personas que no votan y sobre todo por la capacidad que tienen las élites tanto tradicionales como emergentes para juntarse y poner de lado sus limitadas diferencias en pro de defender sus intereses.

Los resultados de primera vuelta, cuando el candidato Germán Vargas Lleras salió estrepitosamente derrotado, llevaron a algunos a considerar que se había derrotado a las maquinarias. Los resultados en segunda vuelta, sin embargo, demuestran que eso no es cierto, que las maquinarias simplemente se aceitaron desde la primera vuelta con Iván Duque ante el decaimiento de Vargas Lleras, y que esto no se debe al simple engolosinamiento con la denominada “mermelada”, sino que muy seguramente obedeció a la estrategia pensada por esas élites para afianzarse en el poder. Las “distancias” del uribismo y el “santismo” quedaron a un lado para apostarle de nuevo a un proyecto unificado en todos los aspectos. Su división en materia de paz les sirvió para debilitar la posición negociadora de la Farc y del movimiento social, y lograr un acuerdo de paz ajustado al tamaño de sus intereses; ahora para seguir incumpliendo los acuerdos, limitar los escenarios de negociación con las demás insurgencias y con el movimiento social, necesitan volver a estar unificados para hacerle frente a un bloque democrático y popular en construcción que va ganando capacidad de ser gobierno y ser poder.

Nuevamente los mismos de siempre se erigen en la presidencia, y desde allí, con los poderes reales seguirán buscando defender sus privilegios a capa y espada, pero cada vez la tienen más difícil porque emergen nuevas ciudadanías que junto al movimiento social y popular se van abriendo espacio en la lucha por vida digna y justicia social. Los resultados de las elecciones presidenciales anuncian que otra Colombia está naciendo y que a los de siempre se les puede derrotar.

“Mi labor: convertir los basureros
por donde pase en jardines”. Teresa Mejía

Sus canas, arrugas y sonrisa, hacen juego perfecto con las flores que planta en las pendientes que comunican los barrios Campo Valdés y Miranda en Medellín. El dulce tono de su voz hace canción con el murmurio de las abejas que se alimentan del polen de sus jardines. No teme a que sus años le pongan zancadilla y ruede entre la basura que arrojan los transeúntes a las zonas verdes que decide amadrinar. Ante la mirada impávida de quienes pasan por su lado, sonríe y saluda entusiasta; ya muchas personas reconocen su labor y lanzan palabras de ánimo cuando la encuentran en alguna de las mangas de estos barrios del norte de Medellín.

“Cuando pasa la gente, me felicita. Me dicen que tan juiciosa, que tan guapa… Me admiran”, anota con un humilde tono de orgullo que muchos anhelarían poseer, y enalteciendo su labor, afirma que ya en varias ocasiones le han hecho entrevistas para reportear en noticieros o magazines su misión positiva de embellecer la ciudad. En pocos años, miles de flores ha visto nacer Teresa Mejía, obteniendo como recompensa la alegría que le inspiran sus formas y sus colores.

“Empecé hace cuatro años después de ver tanta basura en las zonas verdes. Luego me fui a vivir dos años a una finca en Envigado y cuando volví estaba todo muy abandonado; nadie había hecho mi labor, entonces ahora lo estoy volviendo a hacer. Yo no le sé los nombres a las flores, pero me gustan mucho; aquí sembré estas moraditas y arribita pienso sembrar unas amarillas”, comenta Teresa mientras expresa con sus gestos una emoción similar a la exhibida por un infante con sus juguetes nuevos.


No vacila en afirmar que no les teme a las pendientes por las que se trepa para recoger el plástico abandonado y arar con sus uñas la tierra en la que siembra nuevas flores. A pesar de su edad, se le ve moverse ágilmente en su lugar de trabajo. A lo mejor es porque tiene la resistencia y agilidad que obtuvo desde la infancia. Aunque sembrar jardines en basureros es una labor de los últimos años, dice Teresa que desde pequeña le ha gustado hacerlo.

“Desde niña tengo la goma de jardinear. Recuerdo los tulipanes rojos que mantenía bien abonados en mi casa y aquellas flores que no recuerdo el nombre que mamá conseguía donde las vecinas.”

Tal vez esa sea una razón por la que Teresa se vea en algunas ocasiones con acompañantes particulares, que enamorados de su labor y motivados con su bondad, deciden unírsele para formar un combo de sembradores de esperanzas, de sueños e ideales hechos flores, que poco a poco van formando en la comuna cuatro barreras vivas y no invisibles.

“Hay algunos niños que cuando me ven haciendo esto, se ponen a ayudar. Yo les pregunto '¿quieren ver esta manga llena de flores?', y ahí mismo responden todos contentos que sí. Entonces yo les digo que se pongan pues a recoger la basura que hay, o a mover la tierra para plantar el jardín, para que se haga realidad. Por allí abajo tenemos un jardín hermoso ya sembrado con la ayuda de niños”.

Su labor es inspiradora, desinteresada, cargada de sentimientos que motivan a cualquiera a cuidar los bienes comunes como son los parques y los senderos. Más allá de esto, con su labor Teresa nos invita a reproducir la vida con las capacidades que tengamos. Ella es un ejemplo para muchas personas que aun teniendo la energía y un espacio para plantar todo un jardín, no plantan una semilla. También nos da una lección en su forma de invertir sus tiempos.
Esta mujer es toda una polifacética. Es consciente de la necesidad de invertir el tiempo en prácticas diversas. Además de hacer florecer basureros en las pendientes de Medellín, Teresa crea bordados, pinta acuarelas y aunque no pertenece a una fundación, es voluntaria de su comunidad: ayuda a personas más necesitadas y acompaña enfermos.

“También estoy en un programa en el centro Vida de Moravia donde hacemos manualidades, salimos a caminatas, hacemos gimnasia y de todo un poquito…”, comenta. Ella tiene visionado varios deseos que buscan más bienestar común. Siente la necesidad de proyectar campañas para que las personas valoren más los espacios públicos y para que se motiven a preservarlos. Es por eso que ha planeado varias alternativas.

“A mí me gustaría que las personas fueran más conscientes y no arrojaran tanta basura. Quisiera poner un basurero allí arriba y otro allí abajo para que todos los estudiantes que pasan no dejen tantos papeles de confites y galletas en el césped. También me gustaría poner un avisito que diga 'por favor dejar este lugar limpio y agradable'. No que diga 'prohibido arrojar basura'… No, sino en el sentido propositivo… Por aquí cerca no hay ni avisos de la alcaldía, ni canecas; falta todo eso”.

Teresa es una colombiana a seguir, es de esas personas que motivan a no desistir ante las adversidades; es el rostro de esos seres que nacen para promover la esperanza entre la gente, que crecen promoviendo la confianza y la conciencia colectiva con quehaceres sencillos pero esenciales y que no mueren porque su legado es más fuerte que el olvido y perdura entre tiempos y distancias. Mil sonrisas hay que darle cuando se le encuentre entre el césped y la basura, floreciendo con pasión. A Teresa Mejía, larga vida y pleno estar por su incansable labor. “A veces me preguntan '¿Ay, usted no está muy cansada?', y yo respondo que no porque lo que estoy haciendo, lo hago con amor”.

Una mezcla de sentimientos se dejaba entre ver en las caras curtidas de los campesinos, algunos con ruana y sombrero, y otros con poncho y cotiza. Eran las caras de los campesinos que se reunieron en Curití, Santander el 7 y 8 abril del presente año. Provenían de Casanare, Meta, Vichada, Arauca, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Guainía y Guaviare. Una diversidad de saberes, de experiencias, de alegrías y tristezas.

Muchos desprevenidos no entendían qué hacían tantos campesinos juntos, ¿qué podría juntar al llanero y al paramero? No era otra cosa que el problema agrario del campo colombiano. Don Juan y don José Domingo, un par de campesinos boyacenses, compartían su preocupación por el abandono del campo por parte del Estado, la concentración y acaparamiento de la tierra, la importación de alimentos, los conflictos por el uso del suelo y el apoderamiento de los grandes capitales del sector agropecuario (insumos, tecnología y distribución de alimentos).

A las preocupaciones de estos dos campesinos, se unían las discusiones que se avivaban en el auditorio: “En Colombia un pequeño grupo de terratenientes y los grupos capitalistas son los verdaderos dueños del territorio nacional”. “Los campesinos cada vez somos menos, tenemos fincas más pequeñas y menos medios de trabajo, lo que nos empobrece aún más”. “Estas condiciones de vida en el campo empujan a que los campesinos nos volvamos obreros, a lo que se suma la presión de la violencia”. “Los campesinos nos vamos para la ciudad, aumentando la cantidad de desempleados”.

En medio de un café, cultivado en sus propias tierras, los campesinos se preguntaban qué hacer frente a ese panorama. Por eso, don Hermes, un campesino araucano, con su voz gruesa y su risa burlona sentenció: “nosotros los campesinos tenemos que tener nuestra propia propuesta, esa que hemos venido construyendo al calor de las movilizaciones, donde nos hemos juntado como clase campesina. Recuerden el paro del 2013, 2014 y la Minga Campesina Étnica y Popular del 2016, nos hicimos escuchar por el Gobierno y seguimos caminando hacia otra gran movilización”.

Así, su conclusión fue construir una propuesta agraria, con un nombre llamativo y significativo, naciente de las entrañas del campesinado: SINHAMBRE o Sistema Integral Nacional Agroalimentario y de Materias Primas.

¿En qué consiste esta propuesta?
Es un sistema nacional de producción y comercialización de la producción agrícola, pecuaria y de materias primas, en el que participan el Estado y organizaciones de los asalariados agrícolas y campesinos, orientados por los principios de la gestión popular, que garantice la soberanía alimentaria de la Nación. Como parte del SINHAMBRE, se propone crear una cadena nacional de distribución de productos e insumos agropecuarios, así como una cadena nacional de restaurantes en las escuelas, colegios, zonas industriales y barrios populares.

Don José Domingo, echándose la ruana negra al hombro, se cuestiona: ¿y la tierra para cultivar? Don Juan se acomoda el sombrero y afirma: pues el SINHAMBRE propone que se destine y reserve por lo menos el 50% de la tierra con vocación productiva agrícola (10 millones de hectáreas) para garantizar la alimentación de los colombianos y colombianas.

Don Hermes les recuerda el alcance de la propuesta campesina: “no olviden que debemos pensarnos en lo grande para aumentar la productividad, y para esto debemos crear empresa”. “¿Empresa?”, preguntaba José Domingo. “Sí, una Empresa Nacional Estatal de Gestión Agraria, que coordine los distintos procesos que componen el SINHAMBRE. Además, desarrollará un sistema de crédito condonable para el fortalecimiento de los proyectos productivos desarrollados en los territorios. Desarrollará y promoverá redes de consumo municipal y urbano con el fin de facilitar la logística y evolución de los productos de consumo”, responde don Hermes.

Estas iniciativas populares se juzgan ambiciosas, pero los campesinos se organizan y recrean la política para hacerlas realizables. “¿Cómo vamos a lograr concretar esta propuesta?, que por supuesto permitirá afrontar el problema agrario que vivimos los campesinos”, pregunta don Juan. “Avanzando en la organización de campesinos, indígenas, comunidades negras, obreros del campo y la ciudad, toda la clase popular”, concluye don Hermes.

“Nos toca irnos para los territorios a trabajar fuerte, continuar con la lucha por la tierrita y la comida, promover un reordenamiento del territorio rural que permita la defensa de la clase campesina, pero que a la vez la encamine hacia formas de producción social superiores, mediante la expansión de las fuerzas productivas y en el marco de una economía popular. Mucho trabajo sobre los hombros de nosotros los campesinos, pero ese es nuestro reto para lograr una vida digna”, concluye José Domingo, en medio del apretón de manos y las sonrisas que reflejan la alegría y el entusiasmo de avanzar en una propuesta campesina, para afrontar el problema agrario de Colombia.

Durante los últimos tres años, el Gobierno nacional y algunos empresarios en Colombia parecen estar muy interesados en que se potencie el cultivo de aguacate Hass y se convierta en uno de los mayores productos de exportación, pero las posibles desventajas que podría traer consigo para un sector de la población ya se están evidenciando. El boom productivo de este fruto oculta tras sus cifras la compra y venta de predios en las zonas rurales del país, en especial en el Eje Cafetero. Esto ayuda a agudizar un fenómeno social, reconocido por el desarraigo y desplazamiento del campesino a la ciudad, luego de verse obligado a vender su tierra porque las dinámicas del mercado para el sector agrario no brindan garantías y protección al pequeño productor. Esto sumado al costo ambiental.

Históricamente, este boom se presentó con mayor intensidad luego de que los precios del café cayeran en el mercado internacional para 1989, y se intentara con otros productos como el plátano, los cítricos y la ganadería extensiva para recuperarse de la mala racha, pero hasta ahora no parece que se haya logrado. Se reforzó, sin embargo, al modelo latifundista en el país, dejando al campesino una vez más sin tierra y sin posibilidades de mejorar su calidad de vida.

Desde el año 2016 la ganancia ha sido cerca US$35 millones, luego de que se produjeran cerca de 78.547 toneladas de aguacate Hass y la tendencia al aumento es continua. Hombres como Ricardo Uribe Lalinde, gerente de Cartama, empresarios dedicados a la producción y comercialización del fruto, o Pedro Aguilar, gerente general de Westsole, una comercializadora internacional que fue creada por un exfuncionario de Proexport (hoy ProColombia), han pasado de pequeños propietarios, a grandes propietarios, luego de comprar más de 1.000 hectáreas en el departamento de Risaralda, según documentó la Revista Dinero en 2017.

Pero el problema no es el aguacate Hass en sí; es su producción expansiva a nivel internacional y el impacto sobre las economías locales. Colombia no está exenta de las repercusiones. De acuerdo al informe Colombia Siembra, en los últimos cinco años se presentó un aumento del 125% en la producción del fruto, modificando el uso del suelo del país, cambiando la propiedad y el uso de la tierra, y privilegiando grandes firmas comerciales por encima del campesinado. La implicación real es la afectación a la economía campesina como la base de la economía nacional, porque la producción del sector agrícola es del 8,7 % del PIB (Producto Interno Bruto). Lo anterior frente al aumento acelerado de la inversión extranjera de países como China, Japón, México, entre otros.

El país carece de una política agraria amplia, democrática y pluralista, porque dentro de esta el campesino de base no es reconocido como tal, sino que son grandes propietarios e inversionistas los que se ven beneficiados y más aún con la expedición de la Ley Zidres (Zonas Francas para el Agro) en el 2016, que sirvió de marco para la puesta en marcha de estos grandes proyectos privados de inversión productiva, siempre sustentados en los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Con esto se genera desigualdad socioeconómica, debido al abandono por parte del Estado al campesino y pequeño productor, que necesita que el Gobierno nacional lo reconozca como sujeto de derecho y lo asista para ser competitivo en el mercado nacional y global, con condiciones mínimas que le permitan ser propietario de su tierra, ser autogestor de su economía y no ser simplemente un jornalero. Es problemático que un campesino deba vender su producción a precio de huevo, que sean los intermediarios quienes se queden con la mejor parte de la producción y luego la vendan en el mercado internacional a precios tres veces superiores a los que le pagaron al campesino.

Vale la pena revisar cuál será la cuota ambiental que trae consigo la implementación del monocultivo de Aguacate Hass para la población campesina y demás comunidades que residen en territorios aptos para la producción. Ya hemos conocido ejemplos cercanos como los de la provincia de Petorca en Chile, o Michoacán en México, donde el costo ha sido alto: la deforestación de cientos de hectáreas de bosque, incendios forestales para luego plantar sobre el terreno devastado y el desabastecimiento de agua. El acceso al recurso hídrico se termina priorizando para el privado y se le restringe a la población, violando indirectamente uno de sus derechos fundamentales y constitucionales.

Ahora bien, el Gobierno nacional debe tomar medidas frente a la inminente producción expansiva del monocultivo; la solución podría ser una política pública para su implementación y regularización, además de una política de Estado que blinde al campesino y al mercado al interior del país, y se cumpla a cabalidad.

La construcción de represas, como la de Hidroituango, tiene por objeto generar electricidad para satisfacer el consumo de energía en grandes cantidades, sin la cual no podría funcionar la economía capitalista contemporánea. La producción de teléfonos celulares alcanza niveles escalofriantes, hasta el punto que ya en 2014 había más celulares que seres humanos, tanto a escala global, como en Colombia. Eso puede observarse diariamente, con la esquizofrénica utilización del celular desde que las personas se levantan de la cama, hasta que se acuestan, puesto que gran parte de ellas no puede despegarse ni un segundo de ese invasivo artefacto, una prótesis permanente que acompaña a los seres humanos hasta en los momentos más íntimos: cuando satisfacen sus necesidades fisiológicas o cuando tienen relaciones sexuales.

El Smartphone, el celular más avanzado, es una mercancía de consumo masivo a la que se le atribuye vida propia como si funcionara por sí misma en forma milagrosa, sin necesidad de recurrir a ninguna fuerza externa que lo active. Ese fetichismo se basa en la creencia de que esos aparatos son autosuficientes, máxime que pueden prenderse y apagarse en cualquier lugar, conectarse con el mundo exterior, hablar, enviar mensajes, utilizar aplicaciones, escuchar música, rebasando fronteras y superando los límites territoriales.

Esa sensación de autonomía es un espejismo, puesto que el celular funciona con energía, más concretamente con su forma más común: la electricidad. El Smartphone, por más “inteligente” que sea, opera con una batería recargable que se abastece de electricidad. De ahí que las baterías tengan que cargarse de electricidad en una forma esquizofrénica, como lo apreciamos en los aeropuertos, hospitales, universidades, viviendas, en las que todo el tiempo se enchufan sus cargadores para alimentarlos con electricidad, sin la cual no pueden funcionar.

Puede suponerse que el gasto de electricidad de un celular o un Smartphone es mínimo, porque es un pequeño dispositivo microelectrónico que, se nos dice, entre más inteligente menos electricidad consume. Esto ni siquiera es cierto para un aparato individual, porque diversas investigaciones han comprobado que un nuevo celular consume más energía eléctrica que una nevera de tamaño medio. Así, el refrigerador común y corriente consume 322 Kilovatios hora (kWh) al año, mientras que el nuevo celular consume 388 kWh en el mismo período de tiempo, en lo que se incluyen sus conexiones inalámbricas, utilización de datos, la carga de la batería y el almacenamiento de información.

Una diferencia notable radica en que un hogar cuenta en el mejor de los casos con un refrigerador, mientras que en ese mismo hogar puede haber cinco o más celulares, puesto que se ha vuelto casi normal que una persona tenga dos o tres. El problema adquiere una dimensión crítica si tenemos en cuenta que en el mundo hay unos 9 mil millones de celulares, incluyendo viejos y nuevos modelos, y en Colombia hay más de 50 millones. En pocas palabras, existen más celulares que seres humanos. Y eso origina el problema de cómo garantizar el abastecimiento de electricidad para que funcionen esos aparatejos, en apariencia mágicos.

Y aquí es donde viene el nexo con las represas que generan electricidad, porque estas son indispensables para suministrar una creciente oferta de energía, que se usa de muchas formas, pero que cada vez en mayor cantidad es destinada a los Smartphone, cuya producción es un fabuloso negocio para empresas multinacionales. Si se quiere alimentar el crecimiento exponencial en el consumo de Smartphone (del que se dice que se venden 3.7 millones de unidades por día en el mundo entero) es obvio que debe garantizarse la producción de energía eléctrica. Para hacerlo posible se construyen represas, como la de Hidroituango, las cuales suministran electricidad, una parte de la cual se destina al funcionamiento de los artefactos microelectrónicos, que en conjunto ya consumen el 10% de la generación de electricidad mundial.

Y dentro de esos cacharros microelectrónicos es el Smartphone el que más consume electricidad, por la sencilla razón que se utiliza frenéticamente durante el día y la noche por sus poseedores, en la medida en que el celular ya no se emplea solo para llamar por teléfono y hablar, sino que ahora existen múltiples aplicaciones. Eso requiere que los usuarios tengan que conectar sus equipos dos o hasta tres veces al día, con el notable incremento del consumo de electricidad. El paroxismo en el despilfarro de electricidad con el abuso de los Smartphone se encuentra en la artificial necesidad de mantener siempre cargados los aparatos, porque su descarga es considerada como una tragedia, que genera pánico entre sus usuarios.

Por otro lado, debe recordarse que estos aparatos están untados de sangre por varias vías: por los materiales y minerales necesarios para su producción, que generan esclavitud y guerras por los recursos como la del Congo, con millones de muertos en los últimos años, pero también los asesinados (campesinos y pescadores) en los lugares donde se construyen las represas. Y ese es el caso de Hidroituango. De manera que cada vez que el lector de este artículo utilice su Smartphone debería pensar en la sangre virtual contenida en el pequeño aparato que opera hábilmente con sus manos, porque esa sangre ha sido necesaria para impulsar los faraónicos proyectos de “desarrollo” que como el localizado en el Bajo Cauca antioqueño, finalmente se hacen para generar suficiente electricidad para que el Smartphone suene y suene en forma ininterrumpida, aunque su uso enfermizo también contribuya a recalentar nuestro sufrido planeta.

A pesar de que entre el 28 de abril y el siete de mayo se produjeron tres derrumbes en Hidroituango, fue el 12 de mayo de este año cuando se encendieron las alarmas por el aumento inesperado del caudal del río Cauca debido a “un destaponamiento de forma natural del túnel derecho del proyecto hidroeléctrico Ituango”, como lo informaron las fuentes oficiales de Empresas Públicas de Medellín. Pareciera que a partir de esa fecha se inició la problemática que ha generado fuertes impactos sobre la vida de las poblaciones aguas abajo del río, pues 12 municipios (de cuatro departamentos) se mantienen en alerta debido a la emergencia; por lo menos 120.000 personas permanecen en riesgo latente y son más de 8000 los evacuados.

Sin embargo, la que sería la hidroeléctrica más grande del país ha generado impactos desde que comenzó la proyección de su construcción. Según el informe Colombia Nunca Más: Extractivismo y graves violaciones a los Derechos Humanos. Caso Hidroituango. 1990 – 2016, elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, “En los doce territorios de estudio se han presentado graves violaciones a los derechos humanos, las cuales no pueden comprenderse de manera aislada a la implementación del modelo extractivista y mucho menos al desarrollo de Megaproyectos, tal como ocurre con el caso de Hidroituango”. Se advierte que “la funcionalidad de la guerra se halla en la posibilidad de despojar de manera violenta a las comunidades de sus territorios y a su vez destruir toda forma de resistencia que se oponga a este objetivo, para dar cabida a los intereses de grupos privados, transnacionales o del propio Estado”.

El informe evidencia el alto grado de victimización de la población, al destacar que entre 1990 y 2016, un total de 110.363 personas fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el DANE para el año 2016 en 175.471 habitantes), según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Por otra parte, en los 26 años que cubre el informe se registraron un total de 48 masacres, llevadas a cabo sobre todo como estrategia paramilitar para generar terror, control social y territorial de la población. Las masacres registradas se distribuyen así: “Entre 1990 y 1994 se cometieron 6 masacres con 36 víctimas, mientras que entre 1995 y 2006 hubo 39 masacres con 234 víctimas; de estas, 6 se presentaron en territorios donde se realizan las obras del Megaproyecto Hidroituango. Para el periodo 2007 - 2016 se reportan 3 masacres y 14 víctimas”.

Además, las organizaciones sociales de la zona de influencia también han sido perseguidas y señaladas de tener vínculos con la guerrilla; sus líderes han sufrido agresiones constantes y algunos han sido asesinados. En carta abierta a la Gobernación de Antioquia, enviada el pasado 22 de junio de 2018, las comunidades afectadas por Hidroituango organizadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia destacan la grave situación de estigmatización y deslegitimación de la movilización social, que pone en riesgo sus vidas. En el texto se evidencia la falta de escucha de los entes gubernamentales a las peticiones y propuestas de la comunidad ancestral que habita las riberas del río y que viven de él, como los barequeros, arrieros, agricultores, paleros, areneros y organizaciones de jóvenes y mujeres, que expresaron su preocupación frente a los impactos que generaría en su vida la megaobra.

Señalan que “si se hubiese atendido las solicitudes de recorrido y caracterización de la población aguas arriba y aguas abajo de la presa, si se hubiese escuchado las preocupaciones de las comunidades, la tragedia que hoy vivimos sería de menor impacto para la población, si se hubiese escuchado la preocupación por los cuerpos que hay enterrados en las riberas del río, si la secretaría de gobierno hubiese hecho algo cuando se le mostró al Director de Derechos Humanos en la playa El Arenal, sector Ciruelar, en el mes de febrero, los restos óseos humanos, quizás una familia que busca a su ser querido hoy tendría paz”.

Frente a los incumplimientos constantes, las comunidades organizadas solicitan audiencia al gobernador de Antioquia, ya que como lo expresa la carta, “la situación de incertidumbre, de crisis de las familias que lo perdieron todo, de cientos de familias que no han podido regresar a trabajar al río Cauca, de los autoalbergues, del destierro que ha significado Hidroituango, crece todos los días y poco aguas abajo y nada aguas arriba ha hecho Empresas Públicas de Medellín EPM”.

“Antes nos asustábamos al ver un uniforme militar,
ahora nos asusta ver un chaleco de Cornare”.

La vereda La Honda, ubicada en el municipio del Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, es un territorio cuyo ecosistema bosque hace parte del Cañón del Melcocho y Santo Domingo, y su importancia geoestratégica en la región comprende diversidad de bienes naturales.

Sus primeros pobladores fueron familias campesinas que mediante la realización de convites iban abriendo trocha para la construcción de la carretera que los conectaba a la vía que conduce del municipio de La Unión a Sonsón. Para llegar a La Honda es necesario cruzar la vereda San Miguel, perteneciente al municipio de La Unión –zona páramo del Oriente antioqueño-. Este es el único acceso, y por ende, ambas veredas tienen una estrecha relación en sus prácticas comunitarias.

Estas dos comunidades se vieron inmersas en disputas por el territorio por parte de distintos actores armados desde la década de los ochenta (EPL, ELN, Ejército, Paramilitares) y fueron despojadas de sus tierras en el año 2000, época de mayor expansión paramilitar en la región. En el año 2004 las primeras familias retornaron a la vereda San Miguel, pero los habitantes de La Honda solo pudieron hacerlo hasta el 2014, por lo que durante 14 años este territorio permaneció deshabitado. Durante el desplazamiento forzado, estas dos poblaciones perdieron sus formas de vida comunitarias, lo que implicó la ruptura del tejido social y la consecuente desconfianza entre las personas.

En la actualidad, los campesinos que retornaron y habitan la vereda La Honda, encuentran de nuevo amenazada su permanencia en el territorio, debido a las prohibiciones en el uso del suelo y del bosque para cultivos y aprovechamiento de la madera, una práctica económica tradicional que esta comunidad realizaba de manera sostenible con el ecosistema hasta antes del desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

Esta prohibición, que pone en juego la permanencia, está enmarcada en la figura de “Área Protegida” que desde el plano formal apunta a los principios de “Protección y Conservación” de territorios específicos por su diversidad biológica. En el caso de La Honda, la zona de conservación tiene la denominación de “Área de Reserva Forestal Protectora”. Sin embargo, las prohibiciones que conlleva dicha figura impiden el uso y el disfrute del suelo, es decir del territorio que ancestralmente han habitado.

De ahí que, como lo ha señalado la academia, el debate no se centra en la necesidad de conservación sino en el para qué de esa conservación, pues si bien en las zonas protegidas en principio no puede implementarse algún tipo de práctica de explotación minera, nada se ha dicho sobre proyectos de generación de energía –proyectos hidroeléctricos- que se encuentran aledaños a dichas zonas, ya sea en etapa de exploración o ejecución.

A nivel nacional, en el año 2010 el Gobierno colombiano implementó medidas normativas en cumplimiento del “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, entre ellas el Decreto 2372 de 2010, que crea el “Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, el cual pretende ordenar a nivel nacional todas aquellas áreas que por sus características ecosistémicas deben ser “protegidas” para su conservación y cuidado.

En el Oriente antioqueño, desde los años noventa se encuentran antecedentes de regulaciones por parte de la autoridad ambiental Cornare, a los campesinos de la región. Jorge Villamil, un campesino de la vereda La Honda, señala que “Cornare tiene una visión de conservación, pero no de desarrollo de las comunidades. La figura del Área de Reserva Forestal Protectora es un modelo policivo y represivo, simplemente vienen aquí y nos dicen: no tumben, no hagan nada, pero no llegan con propuestas de proyectos productivos para las comunidades”.

La reordenación de los territorios que se viene implementando a partir del Nuevo Orden Global (años ochenta y noventa) va de la mano de las regulaciones jurídicas ambientales en los países latinoamericanos. Todo un entramado legal de corte neoliberal que bajo el eslogan de la “Conservación y Protección” materializa la privatización de los territorios, fenómeno que se ha dado a conocer como acumulación por despojo.

Para el caso de la vereda La Honda, la regulación de “Área de Reserva Forestal Protectora”, con sus implicaciones en los modos de vida comunitaria, facilita el despojo hídrico al que ha estado sometida la región del Oriente antioqueño por más de cincuenta años.*

*Este artículo fue realizado en el marco del taller de prensa de las comunicadores comunitarios del Movimiento social por la vida y la defensa del agua y el territorio del Oriente Antioqueño, MOVETE.

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