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Los establecimientos carcelarios del país, que son mostrados como centros de "resocialización", son una mentira más de los políticos corruptos, quienes manipulan los hilos del poder en beneficio de sus intereses personales o de grupo. Nos pretenden mostrar valores donde solo hay podredumbre. Puertas adentro, el imperio del poder, disfrazado de "justicia", se convierte en una sucia maquinaria que atropella de manera demoledora la dignidad humana.

El establecimiento penitenciario “La Paz” en el municipio de Itagüí, Antioquia, no es la excepción a esta realidad. Las diferentes áreas administrativas, a manera de micro poderes, se reparten el derecho a manejar sus funciones de manera arbitraria, descargando toda su furia contra las personas privadas de su libertad, a quienes de manera constante y reiterativa les violan sus más elementales derechos.

El Área Jurídica genera desconcierto e incertidumbre, puesto que su mayor esfuerzo lo enfoca en evitar que el prisionero agilice los trámites para aclarar su situación jurídica o para lograr su libertad. El trato es humillante, olvidando que allí no se puede violentar la dignidad humana, independientemente del normal constreñimiento a la libertad, como consecuencia de la condena recibida. Los procesos administrativos y jurídicos son excesivamente lentos y calculados, como si la sombra de la corrupción, disfrazada de contribuciones "voluntarias" fuera la única solución para que esta sección funcione de manera normal, ágil y efectiva.

En cuanto al área de la salud, allí todo es insensibilidad e indolencia. Varios de los profesionales que allí laboran actúan como auténticos delincuentes de bata blanca; muestran un desprecio inaudito por la salud de los prisioneros, y el respeto a la vida, el trato humanitario y neutral brillan por su ausencia. No es extraño saber de casos donde se manipulan las historias clínicas con el propósito de no darle prioridad a casos graves de salud, impidiendo que muchos prisioneros enfermos o con enfermedades terminales puedan ser llevados a las citas médicas externas. De nada vale que el prisionero esté afiliado a una EPS, puesto que se ignoran y retrasan las citas.

Se ignora de manera descarada la sentencia de la Corte Constitucional T-522 de 1992 donde se deja claro que "las personas privadas de la libertad gozan de todos los derechos inherentes a la dignidad humana en general, y en particular del derecho a la salud. Es una obligación del Estado, porque el detenido está bajo su protección y responsabilidad”. Además, se reconoce en la sentencia que se le debe dar credibilidad a las dolencias manifiestas por el detenido no solo en casos de enfermedades graves o peligro de muerte, sino cuando este lo requiera, situación que es desconocida recurrentemente por las autoridades penitenciarias.

No puede olvidarse que el derecho a la salud está en conexidad con el derecho a la vida, especialmente en situaciones de gran vulnerabilidad, como es el caso de las personas privadas de su libertad. En algunos patios del penal se ha llegado al extremo del cinismo de pegar carteles invitando a los internos a renunciar a su EPS, con el fin de ser atendidos en el interior del penal, a sabiendas que no existe personal idóneo, instalaciones funcionales para la atención médica, ni medicamentos adecuados y suficientes para tratar las múltiples dolencias que se padecen, además de los heridos que se presentan por riñas internas.

Entre los años 2017 y 2018 se han producido más de 10 fallecimientos de prisioneros, uno de ellos de un ciudadano norteamericano y cuatro casos en el mes de abril del presente año.

En cuanto al expendio las condiciones no son las mejores. No se respetan los horarios; despachan al capricho del vendedor de turno, con el agravante de la escasez de muchos artículos, tales como cigarrillos, gaseosas, galletas, panes, entre otros. Sumado a lo anterior, la institución carcelaria no permite a los familiares de los reclusos el ingreso de algunos productos, con lo cual se favorece la especulación y la elevación de precios, una muestra de la corrupción reinante a todo nivel.

Sobre el alto nivel de hacinamiento la situación tiende a empeorar. Este establecimiento está en capacidad de albergar 328 internos, aunque en la actualidad tiene 1.145, con tendencia a elevarse. El Patio 4, que cuenta con capacidad de acoger 70 prisioneros hoy alberga 400. Allí se vive un ambiente de miedo, zozobra, y se duerme por turnos. De esto nada dice el señor alcalde de Medellín, quien hace alarde de combatir la delincuencia, pero ignora que es esa misma casta política la que lleva a que muchas personas caigan en las prisiones, buscando paliar su miseria económica al trasgredir un sistema penal que fue constituido para castigar a los pobres y favorecer a los delincuentes de cuello blanco.

Lo anterior evidencia que existe una política malsana de la dirigencia, con la cual se busca que los prisioneros vivamos en un verdadero calvario: mala atención jurídica, mala atención en salud, mala atención en el expendio, mala dormida. Todo esto lleva a que muchos prisioneros se vuelvan violentos, y se crea el pretexto para reprimir cualquier expresión de protesta de los internos, mediante el salvaje uso de los garrotes, los gases y las sanciones colectivas.

Para lo anterior utilizan escuadrones como el GRI (Grupo de Reacción Inmediata), traídos de otros lugares, y quienes actúan como verdaderas bestias sedientas de sangre: llegan en las madrugadas cual tropas fascistas, recorren los pasillos con gritos, perros, palos y gases, en ejercicio de un terrorismo muy bien aprendido y sistemático. Hay que mirar a los ojos de estos pobres servidores: son seres deformados por una ideología que infunde el odio a los pobres y débiles de la tierra. Están "amaestrados" para descargar toda su furia contra los detenidos, como si estos fueran los culpables de toda la miseria material y moral que padecen los colombianos.

Esta situación nos lleva a afirmar que es la institucionalidad la que atenta contra la sana convivencia. Como claro ejemplo de esta situación está la violenta e innecesaria incursión a los patios el 22 de febrero del año en curso, en cabeza del Capitán Edgar Iván Pérez Ortega, quien se caracteriza por ser una persona humillativa, que trata con menosprecio, no solo a los prisioneros sino también a sus subalternos, maltratados en presencia de los mismos reclusos. Con estas prácticas el Estado pretende imponer un régimen de terror, al considerar que la cárcel es un cementerio para hombres vivos, y desconoce las potencialidades de los internos, quienes pueden ser capaces de sobreponerse a la pérdida de la libertad y construir sueños por una vida futura mejor.

Lo que esperamos de las autoridades carcelarias es el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Que velen por la eficaz atención de nuestras peticiones, faciliten un trato digno y creen las condiciones para que impere un sano ambiente de convivencia y respeto mutuo. Si de verdad estamos en un Estado Social de Derecho, son los funcionarios al servicio del mismo quienes están en la obligación de ser los primeros garantes de la justicia social, condición fundamental para poder construir caminos de paz y de reconciliación.

El norte del Tolima no es ajeno a la historia del conflicto armado entre insurgencia, fuerza pública y el paramilitarismo, y mucho menos ahora. Los habitantes de esta región llevan en su espalda la experiencia y energía que los ha mantenido con vida y en el campo, como es la solidaridad con el vecino, tramitar las discordias con la junta de acción comunal, cuidar, respetar y trabajar por lo común, como el derecho a la tierra. Aunque esto último los pone en discusión con particulares, sectores privados y el Gobierno, pues no dimensionan ni respetan la vida de los campesinos en su territorio.

Ser líder social y defensora de derechos humanos en el norte del Tolima no solo trasciende en la defensa del territorio, en organizarse y trabajar para mejorar las condiciones de vida de hombres, mujeres, niños y niñas que viven en el campo. Con estos esfuerzos, que deberían ser los mínimos a brindar por parte del Estado, parecen generar molestia e inconformidad a personas o proyectos que, a toda costa, y por medio de la fuerza física y psicológica, siguen poniendo cercas para que los campesinos y campesinas del norte del Tolima puedan vivir en paz.

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Sandra Milena Castro es una joven campesina, madre y abuela, cabeza de familia. Es vicepresidenta de la Asociación Agroalimentaria y Ambiental Camilo Rodríguez Restrepo “Asacol”, que tiene presencia en el norte del Tolima, y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Aurora del municipio del Líbano, Tolima. Esta mujer, como muchas otras en Colombia, inicia su jornada en el campo a tempranas horas, cuando el sol aún no da cara. Toma una taza de café o agua de panela luego de alimentar a sus animales, fuente principal para su alimentación y apoyo económico para solventar los gastos diarios de ella y su familia. Durante su jornada también arregla la huerta, siembra, y platea el café y plátano que cultiva en su parcela.

Todas estas actividades las alterna con el trabajo comunitario en su región; en su quehacer cotidiano también atiende situaciones de deslizamientos y reubicaciones temporales que suceden en su vereda; gestiona ayudas para las viviendas de los damnificados; lidera proyectos económicos para las familias campesinas; hace parte y lidera un proceso de titulación de tierras para las 30 familias desplazadas que habitan desde hace un poco más de 40 años en la vereda La Aurora. A esto se suman las actividades de la Asociación a la que pertenece el norte del Tolima, como su participación en el paro nacional de 2015 que tuvo como nombre Minga de Resistencia por la Vida.

Pero su vida como mujer campesina, líder social y defensora de derechos humanos le ha ocasionado recibir amenazas por medio de llamadas telefónicas; seguimientos por parte de la Fuerza Pública; allanamientos y robo de documentación de sus asociados por personas sin identificar. En lo que va de este año, estas situaciones se han agudizado.

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Escucho a Sandra llena de zozobra, cuando se aproxima la noche y recibo su llamada. Comenta que no saben qué pasa o quién anda, porque los perros de la casa y de los vecinos no han dejado de ladrar en lo que va del fin de semana. Tienen conocimiento que en el camino que conduce a su casa hay un hombre escondido en el monte. Su familia y vecinos no saben de quién se trata; la semana pasada en una vereda aledaña apuñalaron a un campesino por robarle lo que había trabajado en la semana. Se sabe que desde el sábado tumbaron unos palos sobre la carretera de la vereda Zaragoza del municipio del Líbano, para no permitir el paso de carros y nadie sabe quién fue. Estas situaciones no dan espera. Ella y su familia solo están a la expectativa de lo que pueda pasar en la noche que hasta ahora inicia. Hoy vive la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con su vida y la de su familia.

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Los gobiernos nacional, regional y local demuestran una vez más que los decretos nacionales no son garantías para la vida de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos que viven en zonas rurales en Colombia. Sus acciones demuestran que entre ellos no existe coordinación, ni una ruta mínima de comunicación para el desarrollo de lo que se plasma en los decretos. No se puede seguir entendiendo como casos aislados lo que pasa en los territorios con los líderes sociales, quienes son desplazados a causa de amenazas, seguimientos o allanamientos. Salvaguardar la vida y la permanencia en el territorio no se puede quedar en los trámites que ha puesto el Gobierno nacional, y que se agilizan solo cuando los movimientos y organizaciones sociales ejercen presión.

Quedan preguntas entre los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, sobre si el Gobierno nacional a posesionarse el siete de agosto del presente año mantendrá las comisiones y mesas de interlocución con el movimiento social, las cuales intentaban ser un mínimo de garantía para la preservación de la vida de los líderes sociales. También sobre si estas agendas de trabajo con sus avances se mantendrán bajo los criterios de respeto a los espacios autónomos, en los que los participantes llegan con posibilidad de voz y voto y con facultades para la toma de decisiones, siendo vinculantes para el Estado como para el movimiento social que representan.

“¿Cuántas veces no habremos visto, de [Simón] Bolívar a [Salvador] Allende, la interrupción de la vida por una macabra pantomima que, en nombre de la defensa de la vida, impone la desolación de la muerte? ¿Cuántas veces en nombre de la defensa de la democracia, no se han impuesto dictaduras nugatorias de la misma libertad que decían proteger? ¿Cuántas veces en nombre del orden autoritario, no se ha establecido el desorden desautorizado del secuestro, la cárcel, la tortura, el asesinato?”.

Si el mexicano Carlos Fuentes nos hubiera hecho esas preguntas a los líderes y lideresas sociales, le habríamos respondido que desde hace más de doscientos años la política en Colombia no es un trato —una disputa— entre iguales, sino la humillación del débil por el fuerte.

Durante doscientos años nos negaron la palabra, nos ignoraron, nos satanizaron, nos tergiversaron, nos persiguieron, nos condenaron, nos mintieron, nos torturaron, nos amenazaron, nos volvieron a amenazar, y nos mataron. Doscientos años llevamos viviendo como si fuera el ultimo día, el último año, de nuestras trágicas vidas. Doscientos años —73.000 días— gobernados por el miedo y los prejuicios, por un futuro que nunca cambia, por verdades metafísicas innegables e indemostrables.

Este país sigue prescindiendo de sus mejores hombres y mujeres —de sus colombianos más necesarios—. De colegas que renuncian a sus familias, a los placeres, a sus proyectos de vida para exigir lo que todos deberíamos exigir para todos: una vivienda, un puesto de salud con médicos, un colegio con profesores, un trabajo bien remunerado, agua, luz, alcantarillado, una carretera transitable… oportunidades: condiciones de vida digna.

Nadie nos paga por ser líderes, la mayoría de veces tenemos que destinar parte de nuestro escaso patrimonio para sacar las fotocopias, radicar el derecho de petición, o pagar la chalupa, la moto o el chivero y poder asistir a la reunión con nuestros colectivos, organizaciones o asociaciones, o con los delegados enviados por el Gobierno nacional. Ninguno de nosotros tiene la obligación de evitar que nuestras comunidades, que solo aparecen en el radar de la sociedad y el Gobierno cuando ocurre una tragedia, naufraguen en las inseguras aguas del Estado colombiano, sin embargo, lo hacemos porque el barco necesita un capitán capaz de dar su vida por su tripulación.

Muchos jamás asistimos a un salón de clase, no tenemos un cartón que nos avale como profesionales, conocimos primero el azadón, la escoba, o la atarraya antes que un cuaderno o un libro. De forma empírica nos volvemos expertos en las leyes que nuestra gente desconoce, y que el Gobierno viola; nadie nos paga por eso, pero decidimos renunciar a la tranquilidad que produce aceptar el mundo tal cual es —aceptar que lo que fue es lo que debió ser—.

Aunque lo único que hacemos es trabajar por el bien común y exigir lo que merecemos, sentimos miedo. Miedo de que a la vuelta de la esquina un arma acabe nuestra vida o alguien nos condene a estar muertos en vida en una cárcel. En este país anestesiado que naturaliza y justifica la muerte del prójimo, donde los políticos de rapiña se alían con el diablo para desangrar la nación, ser líder social es cargar con un ataúd a cuestas.

Casos como los de Juli, frustran, desaniman, nos hacen sentir como criminales. Desde el 2006 Juli participó y fomentó escenarios para soñar y construir otro país. Ese año, vinculado a la Corporación Claretiana, acompañó comunidades de Boyacá y Casanare. Mientras estudiaba filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional participó en la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y fue cofundador del Movimiento Juvenil y Popular Quinua. El pasado 6 de junio cinco hombres de civil y otros dos uniformados, que al parecer pertenecen a la Policía Nacional, detuvieron a Juli en Bogotá.

Un testigo que recibe beneficios de la justicia por sus declaraciones, aseguró que Juli pertenecía al ELN por lo que el juez encargado del caso decidió dictar medida de aseguramiento intramural. Hasta el momento de su detención, Juli era responsable de la Secretaría Técnica del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, participaba también en la Comisión de Formación, en la Comisión de Economía Propia y en la Comisión Internacional. Yo conozco a Julián Gil, y estoy seguro que si lo privaron de la libertad fue por decir lo que pensaba y hacer lo que decía, mas no porque sea un delincuente. A sus 31 años, Juli se perfilaba como un pilar fundamental en el Congreso de los Pueblos y otros espacios políticos de movilización. El vacío que ha dejado así lo demuestra. No solo lo recordamos por su compromiso y sus aportes metodológicos; también por su sonrisa silvestre y su fraternidad.

El montaje judicial contra Juli fue un golpe certero que nos tiene abatidos. Aunque sabemos que este tipo de hechos pueden suceder en cualquier momento, nunca vamos a estar preparados para recibir ese tipo de noticias. También nos atormenta la constante persecución a los líderes del Sur de Bolívar o del Suroccidente colombiano, el asesinato de Héctor Santiago Anteliz, líder del municipio Teorama y de la Asociación Campesina del Catatumbo, los casi 400 líderes asesinados entre 2016 y los primeros seis meses de 2018... Cada homicidio, cada trampa jurídica, es una oportunidad de cambio perdida.

Nos hemos convertido en cifras que solo importan por lo que niegan. Entre enero y marzo de 2018, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de derechos humanos Colombia (SIADDHH), hecho por el Programa Somos Defensores, registró 132 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. De esas agresiones 66 fueron amenazas, 12 atentados, seis hurtos de información, una desaparición forzada, una judicialización, y 46 asesinatos —26 más que el año anterior, un incremento del 130%—. ¿Hasta cuándo van a permitir que nos maten? ¿Hasta cuándo ser líder social va ser un delito, una amenaza?

Los verdugos del pueblo suelen recurrir a la trampa y la violencia cuando se sienten derrotados, cuando sienten amenazada su indigna victoria. La brecha entre la democracia formal y la democracia real tardará en cerrarse, pero tarde que temprano la cerraremos. No es con soluciones fáciles que se resuelven problemas complejos, T. W. Adorno nos lo advirtió: “Un mundo justo sería intolerable para cualquier ciudadano de nuestro mundo fallido”. De momento, mientras materializamos ese mundo plural, incluyente, participativo y equitativo, nos aferramos a la tolerancia, la imaginación, la convivencia, la creación y la solidaridad. Recurrir al rencor y a la venganza sería parecernos a ellos.

Si las convicciones son esperanzas, como dicen que decía Bertol Brecht, la nuestra es la más noble de las utopías. Seguiremos “reprehendiendo los vicios ajenos con la virtud propia”. Seguiremos al frente del barco hasta que todo ese desprecio que nos tienen se transforme en admiración.

Quienes habitamos la República Bolivariana de Venezuela entendemos de primera mano que “la paz de Colombia es la paz de Venezuela”, por eso, desde estas tierras se han hecho innumerables gestiones para dar inicio a diversos procesos de paz, o a conversaciones que conlleven bien sea a reducir el conflicto o a liberar secuestrados por parte de grupos al margen de la ley.

La postura venezolana de coadyuvar en el fin del conflicto interno colombiano ha sido histórica, sin embargo, es perentorio destacar que fue durante los años de gobierno del presidente Hugo Chávez cuando más avances y esfuerzos hubo al respecto; las gestiones llevadas a cabo en el Gobierno bolivariano fueron el punto de partida del proceso de paz con las FARC, así se quiera ignorar esta realidad por el ahora hostil gobierno de Juan Manuel Santos y por la propia oligarquía colombiana.

Esta postura pacifista se debe a que Venezuela ha sido receptora de buena parte de los problemas que han aquejado a la sociedad colombiana producto del conflicto armado. De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística venezolano (censo 2011), el número de extranjeros en el país era de 1,03 millones, de ellos el 70% provienen de Colombia, es decir 721.791 personas. Dicha cifra podría ser superior producto del ingreso continuo de desplazados sin ningún tipo de registro migratorio. Reportes de la ACNUR dan fe de por lo menos 173.529 colombianos con necesidad de protección en Venezuela para 2014.

El auge del éxodo de neogranadinos a tierras venezolanas concuerda a plenitud con el incremento del conflicto armado colombiano: de acuerdo a un artículo publicado por Alcides Gómez Jiménez en El Espectador, “el gran salto de la emigración de colombianos a Venezuela se dio en la década del setenta del siglo pasado, cuando de 180.100 en el censo de 1971, se pasó a 508.200 en el censo de 1981, para en adelante estabilizarse: 529.900 en 1990, 608.700 en 2001 y 721.800 en el censo de 2011”.

El ingreso desmedido de personas huyendo de la violencia generó un sinfín de inconvenientes a lo interno de la sociedad venezolana: crecimiento de los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades, aparición de actividades delictivas desconocidas hasta finales de la década del 70 como extorsión, secuestro y sicariato, pérdida de soberanía por parte de grupos al margen de la ley e incremento en los niveles de pobreza.

Contrario a lo que se cree, la ola de inmigrantes colombianos continúa. Recientemente municipios fronterizos como García Hevia en el estado Táchira y Jesus Maria Semprum en el estado Zulia han recibido de manera permanente refugiados producto de la agudización del conflicto en la zona del Catatumbo colombiano. Dada la violación de los acuerdos firmados en La Habana entre el gobierno y las FARC, muy seguramente el ingreso de campesinos y activistas políticos huyendo continúe, aún con la compleja situación venezolana. No es para menos, es preferible resistir los embates de la economía venezolana que perecer a manos del terrorismo de Estado colombiano.

Actualmente Venezuela vive la peor crisis económica, política y social de su historia, que amenaza con profundizarse a niveles, hasta ahora inimaginables. Si bien la crisis tiene un carácter estructural, dado el petro Estado instalado desde finales de la década de los 30 del siglo pasado, la República de Colombia ha jugado un importantísimo papel en la profundización de la misma.

Pocas veces del lado colombiano se reconoce que existe una permanente y nociva violación de la soberanía económica venezolana producto de la creación de un Banco Central paralelo que, con la complicidad del Estado, determina de manera arbitraria el valor del bolívar venezolano. Tampoco que la estatal Petróleos de Venezuela pierde por lo menos 12 mil millones de dólares anuales por concepto de subsidios al combustible, que en buena parte engrosan las cuentas de robustos grupos de poder que surten de combustible no sólo el parque automotor de departamentos como Norte de Santander, Guajira y Arauca, sino que también proporcionan la gasolina para el procesamiento de la hoja de coca en el Catatumbo, la segunda mayor zona productora de cocaína en el mundo, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidos Contra la Droga y el Delito.

Ante todo esto, hay algo que no se quiere ver: la llegada desmedida de productos venezolanos está generando una especie de reflujo que, de no controlarse, generará un shock en el aparato económico colombiano volviéndolo estéril y malicioso. A la fecha ya son varios los sectores económicos golpeados por el contrabando, veamos:

La Federación de Ganaderos (Fedegan) ha denunciado las pérdidas del sector producto del contrabando de queso, leche y carne venezolana; ciudades como Cúcuta que requieren de 400 animales por día para alimentar a su población, están sacrificando no más de 70 reses. Semejante situación padece el gremio ganadero de departamentos como Cesar, Guajira, Atlántico, Magdalena, Santander y Bolívar. El gremio cafetero ha alertado de la presencia de café de contrabando “hasta en departamentos como Antioquia”, lo cual perjudica no sólo la producción sino la calidad de la misma debido a la falta de controles fitosanitarios.

El sector calzado, textil y marroquinero reporta el ingreso de más de un billón de pesos en prendas traídas de contrabando. La Asociación Colombiana de Gas Licuado no se queda atrás, denuncia pérdidas superiores a los 100.000 millones de pesos producto de llenaderos clandestinos cercanos a la frontera con Venezuela. En general, sectores estratégicos y que emplean buena parte de la mano de obra del país como construcción y producción agrícola, entre otros, dejan de recibir por lo menos 6 mil millones de dólares.

De continuar este panorama de violación de la soberanía venezolana, habrá un colapso no sólo económico sino social con implicaciones muy complejas que desde ya se comienzan a percibir. Es más que evidente que el Estado colombiano no cuenta con la capacidad de atender a la totalidad de sus conciudadanos en temas como salud, educación, trabajo digno o vivienda. No en vano es el octavo país más desigual del mundo y el segundo en número de refugiados internos, solo superado por Siria.

Tal panorama exige el desechar las posturas intervencionistas y profundizadoras de los conflictos que padecen cada uno de los países. Las posturas patrioteras y de vernos como enemigos están de más. Si en Colombia la violencia y la guerra continúan, Venezuela se verá impactada; si en Venezuela se profundiza la crisis económica, Colombia también sufrirá alteraciones. En pocas palabras “La paz de Colombia es la paz de Venezuela, y la estabilidad económica de Venezuela es la estabilidad económica de Colombia”.

No tenemos opción alterna a la unión, pareciera que la providencia se encargó de enraizar nuestros caminos. Por algo el Libertador Simón Bolívar vislumbró que “La unión de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino”.

*Economista

Corría el 13 de marzo de 1986. A las cuatro de la tarde de ese jueves la Policía acordonó un edificio en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Una barahúnda de falsos obreros de la compañía de teléfonos, del gas y de la empresa de electricidad, se adentró en el edificio en donde se sabía que estaba el comandante guerrillero.

23 años atrás, el recio comandante era un dócil joven que vivía en Cartago, Valle del Cauca, y estudiaba el bachillerato en el Seminario de Santa Rosa. Para entonces, ya empezaba a plantearse preguntas de difícil resolución. En el año 1965 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia; su anhelo era convertirse en psicólogo. Allí conoció al Sacerdote Camilo Torres Restrepo, con quien entabla una poderosa amistad que supera sus distintas militancias. En ese momento Fayad ya militaba en la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), en donde se encuentra con Jaime Bateman Cayón, a quien le corresponde ocupar hasta la eternidad el honroso sitial de haber sido quien le cambió el rumbo de su vida.

El reloj marcaba las seis de la tarde; el inicio de la noche colombiana era el momento propicio para cortar la luz del edificio de Quinta Paredes. Ya los efectivos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad -GOES de la Policía nacional estaban todos en posición de asalto; estos mastines sedientos de pólvora, ansiosos por acabar con la vida y con lo humano, se preparaban azarosos para ejecutar extra judicialmente al comandante. Ellos sabían de su condición inerme y de su soledad, sin embargo, actuaban como si se dirigieran a una confrontación justa, en equiparables condiciones de combate para un bando y el otro. Nada más lejos de eso, sin sospecharlo “El Turco” esperaba su último momento en compañía de la señora de la casa, cuyo primer mes de embarazo acaba de completarse hace pocos días.

El decir que Bateman le cambió la vida a Fayad, podría significarse en su ingreso conjunto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy convertidas en partido político. En esa guerrilla permanecieron los entrañables amigos hasta finales de 1969, momento en el que, en compañía de algunos otros compañeros, optaron por ingresar a la ANAPO, para luego conformar el M-19 en 1970. En esta guerrilla, Fayad se caracterizó por su claridad política y por insistir en que las armas eran un medio y no un fin. Como una muestra de su hidalguía quijotesca, participó en el año 74 en el robo de la espada de Bolívar, en una intrépida acción que buscaba dar a conocer al M-19 y su postura política bolivariana.

Con cada acción militar ganaban en espectacularidad, sin embargo, la acción para recuperar las armas del cantón norte lo puso en prisión, diez meses después de caer la mayoría de sus compañeros. De su juicio, al lado de 219 miembros del M-19 —que más que un juicio fue un consejo verbal de guerra—, se destaca que asumió él mismo su propia defensa, denunciando las torturas a las que fueron sometidos él y los otros 219. El Tribunal Militar lo condenó a 26 años de cárcel, pena que se interrumpió por la amnistía concedida por el gobierno de Belisario Betancur en 1982.

Su presencia en la capital colombiana ese jueves de marzo, se debía a la preparación de una cumbre de la Coordinadora Nacional Guerrillera ante las próximas elecciones presidenciales en el mes de mayo. Esa era su vocación, un ser profundamente político, de esos que no interesaban al Gobierno, ni a las oligarquías, ni a los colonialistas foráneos, tampoco a los industriales o al bipartidismo imperante por aquellos días y mucho menos a las fuerzas armadas regulares; Fayad era de esos que incomodan y que por tanto sobran en el para-estado. Él, como otros del mismo talante, sobrarán siempre para la corrupta institucionalidad que se niega a encontrar una solución negociada al conflicto armado. ¿A quién podría interesarle la vida de un revolucionario con denotada capacidad negociadora?

El tiroteo fue breve. Entre las 7:00 y las 7:30 p.m. más de 300 policías arremetieron contra el políglota de origen libanés, razón por la cual le apodaban así, “El Turco”. Con él cayeron una mujer y su hijo de apenas un mes de gestación; solo un pequeño niño de ocho años sobrevivió milagrosamente al furibundo ataque, ese mismo que los medios de comunicación insisten en denominar “combate”. Nadie pudo ingresar al edificio, una jauría de más de 300 personas impidió el paso y con ello sepultaron no sólo a “El Turco” y a la desafortunada mujer; con ellos se fue para siempre la verdad de lo ocurrido esa noche, esa parte de la verdad por la que, de vez en cuando, en la historia de las naciones se reúnen algunos jóvenes entusiastas y soñadores para dar la hasta la vida por preservarla.

Como dijo Borges “Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria”. Esos más de ocho millones de votos alcanzados por la Colombia Humana tienen un inmenso valor, más que los 10 millones del nuevo presidente, porque son votos conscientes, sensibles, amorosos, llenos de energía y deseo por las transformaciones, y casi todos estaban llenos de vehemencia contra la corrupta clase política apoltronada por más de dos siglos abusando del poder; son votos que gritan a los cuatro vientos su deseo de cambio.

Ya las bases hablaron en las urnas, dijo alguien; ahora le corresponde a los líderes y lideresas conducir el trabajo que multiplique esos resultados y convenza a esas mismas bases de su capacidad transformadora. Eso es lo primero, consolidar el mayor avance de este importante fenómeno político que fue justamente el empoderamiento de la gente, sentirse y observarse a sí misma dirigiendo su propio destino, abandonando paso a paso la idea del caudillo o el mesías que milagrosamente lo resuelve todo. Así como lo hicieron María y Sandra y toda su comunidad en San Pablo en el Sur de Bolívar, golpeando en cada puerta y en cada corazón; o con la energía de los grupos de jóvenes en las barriadas de Cali, Bogotá, Barranquilla, Pasto, Mocoa, Cartagena, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Mitú, Sincelejo y Tunja; o con la creatividad de los estudiantes de las universidades públicas y privadas; o la formidable entereza de los pueblos afrocolombianos e indígenas, y del campesinado organizado.

La que habló fue la Colombia profunda, la de la periferia; en el mapa nacional el centro político aparece rodeado por un cerco que avanza lleno de esperanza por superar y sacudirse de una vez por todas la opresión, la violencia, la subordinación, la desigualdad social y la miseria en la que fueron postrados por las prácticas clientelistas y corruptas de los que dirigen todo desde el centro de poder político y económico. Ese cerco es para que no se escape el sueño, para que se asfixie el egoísmo y la maldad. Para que se contagie la voluntad, el amor y la dignidad.

Fueron ocho departamentos y trece capitales las que dijeron aquí estamos presentes por el cambio, y será a partir de estas y de los cientos de municipios pequeños y grandes desde donde se construirá la estrategia común para alcanzar un nuevo poder en Colombia; pero debe ser con las más amplias voces, con los sectores y movimientos sociales, con los partidos democráticos, con las mujeres, los jóvenes y los ancianos, con el pueblo. La agenda de cambios que fue tomando forma en la contienda electoral y que incluye la eliminación de las EPS y la construcción de un nuevo sistema de salud; la educación superior gratuita; las reformas necesarias en el agro y el sistema pensional; la defensa del medio ambiente y la promoción de la cultura, entre otras, serán mandatos para la sociedad. La movilización estará presente durante este cuatrienio.

En la estrategia seguro habrá una ruta y un plan de acción, que incluirán la participación masiva en la consulta popular contra la corrupción el 26 de agosto de 2018. Esta primera derrota contra la clase política legitimará a los procesos sociales y grupos de ciudadanos, asociaciones, partidos, etc, para exigir al nuevo gobierno que destape todas las ollas podridas de la clase política, devuelvan los recursos y se vayan a la cárcel. Las veedurías ciudadanas y otras formas de seguimiento y control ciudadano serán fundamentales para apretar el cerco popular. Las luchas por los cambios y las transformaciones necesarias para construir una nueva democracia hay que imaginarlas y hacerlas realidad a través de la participación y la movilización de millones de personas. De la mano de la participación y la movilización, viene la organización social; se necesita una fuerte y vigorosa participación en las elecciones locales para alcaldes, consejos y gobernaciones. También en ese campo hay que dar la pelea y ganar.

Alguien con mucho tino planteó también en las redes, la razón cruel por la que los pobres votan por la clase política y los partidos corruptos responsables de su propia desgracia; es porque solo así logran ganar algo, porque es tal vez la única alegría que pueden obtener. El pueblo está acostumbrado a perder en las contiendas más importantes de su vida, y por ello se resignan con los triunfos ajenos, que creen propios.  Por eso es necesaria la moralización del pueblo a través de pequeños y grandes triunfos y alegrías. Ya no serán más las alegrías ajenas de los poderosos las que les den un poco de satisfacción, serán las propias, construidas en colectivo, con sus manos y su esfuerzo. 

La estrategia de lucha, trabajo social y popular por los cambios tienen garantía de triunfo, y se refuerzan con el regreso de Gustavo Petro y Angela María Robledo al Congreso de la República. Muy acertada la decisión y fundamental para el momento político que se vive en Colombia. Los debates serios, el control político y la presión que ejercerán contra la clase política corrupta está garantizada con su presencia y con la de más de 40 hombres y mujeres que conformarán la bancada alternativa más grande de todos los tiempos; los sectores populares, los movimientos sociales y todos los que apoyaron y alimentaron el sueño de la Colombia Humana, además de tener una representación de lujo en el Congreso, deberán tener un rol protagónico en la consolidación de un bloque democrático, para conducir junto a esta bancada alternativa la estrategia política hacia una verdadera transición a la democracia.

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Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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Medellín - Antioquia - Colombia

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