El estudiante y la plaza

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 132 OCTUBRE 2017)

Corrían aires de rebeldía, coletazos de mayo del 68 en Francia, de los curas rebeldes junto a los tugurianos en las periferias, se agitaba el poder negro y el movimiento LGTBI en el norte. Mientras los jóvenes en el mundo exigían con espíritu antiimperialista el fin de la guerra en Vietnam, en Colombia los estudiantes comenzaban a elevar consignas por el derecho a la educación. Así iniciaba la década de  los años 70.

Luis Fernando Barrientos vivía en Caicedo La Toma, un barrio alargado y de calles apretadas en donde todos se conocen, ubicado en el Oriente de Medellín. A diferencia de sus amigos, Barrientos no era muy hábil con el baloncesto, el fútbol o en las caminatas que realizaban a Santa Elena, sin embargo era un curioso de toda clase de aparatos electrónicos. “Mi recuerdo de Fernando es el de un hombre muy bondadoso, proclive a cierta ingenuidad casi natural, en el sentido de que era muy receptivo y una persona supremamente tranquila, su aspecto coincidía justamente con esto; era regordete, pausado en habla y en la forma de caminar”, rememora Gabriel Murillo, quien fue su amigo y ahora es profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia.

Su familia estaba conformada por su madre, padre y hermana, a la cual –recuerda Gabriel– quería de manera especial. La situación en su hogar no era fácil, ellos dependían en gran medida de los oficios de limpieza en los que trabajaba su madre en el centro de la ciudad, quien toda su vida había sido obrera y a causa de la quiebra de la fábrica, en la que trabajó durante 17 años,  no tenía nada en sus manos. Sin embargo los esfuerzos de esta madre siempre estuvieron concentrados en sacar adelante a sus hijos, por esto se levantaba a las tres de mañana para preparar las labores del hogar, a las seis los dejaba donde una vecina y salía a trabajar. Luis Fernando era la esperanza de progreso para su hogar, sobre todo al conseguir ser admitido a Ciencias Económicas  en la universidad pública del departamento: la Universidad de Antioquia.  

En aquellos días era sencillo reconocer un estudiante, la principal sospecha recaía sobre su  juventud, la cual  era acompañada por un libro bajo el hombro porque no  eran comunes las copias ni los morrales, y esto era evidencia de que en aquella mente existía la necesidad de movimiento y transformaciones, en un país quieto y con destino confinado a los intereses del agotado Frente Nacional.

Gabriel y Luis Fernando tenían esas inquietudes en su mente, por esto junto con otros vecinos y el zapatero del barrio comenzaron un grupo de estudio en donde leían un poco sobre Lenin y Mao, y las revoluciones que aquellos hombres consiguieron a una distancia incalculable de este barrio poblado por la clase obrera, donde se había proclamado a María Cano como “La Flor del Trabajo” casi 50 años atrás.  

Para 1973 Barrientos ya estudiaba Economía, sin embargo, en sus planes estaba pasarse a Ingeniería Electrónica para darle rienda a las curiosidades que cultivaba. La ciudadela universitaria llevaba apenas cuatro años de inaugurada y era abierta y de libre circulación para la ciudad; algunos  espacios todavía estaban en construcción, por lo cual funcionaban sólo unos bloques, entre ellos  la biblioteca, refugio de muchos estudiantes que hasta tarde permanecían estudiando los libros, que en la mayoría de los casos eran su principal y única fuente de consulta.  

Pero no sólo se dedicaban a estudiar, también había espacio para las revoluciones del espíritu. Durante los intermedios de las lecturas y discusiones sobre los procesos en Rusia y China, el grupo de amigos de Barrientos escuchaba Opera en el tocadiscos del Zapatero, ya que el artesano amigo era un apasionado coleccionista y  conocedor de este género. Luis Fernando para entonces también tenía una relación amorosa en secreto con una vecina mayor que él, y esto generaba en sus amigos un tema para todo tipo de bromas.  Su madre, por su parte, esperaba con ansias tener el diploma que le concedería un título a su hijo y justificaría los esfuerzos cotidianos.

Pronto sobrevino el 8 de junio de 1973
Este día se realizó una asamblea en el Teatro Comandante Camilo Torres para conmemorar el día del estudiante caído y combativo, un homenaje a nombres como Gonzalo Bravo Páez y Uriel Gutiérrez, estudiantes asesinados a manos del Estado colombiano. Además de la conmemoración, la sesión también abordó los incumplimientos de la Universidad en el tema que desde el 71 los estudiantes venían agitando con su programa mínimo: el cogobierno. Esta discusión, recuerda Gabriel, tuvo una participación masiva del estudiantado.

Al salir del teatro el sol golpeaba con fuerza sobre la todavía anónima plaza principal de la universidad. Gabriel, junto a algunos compañeros, fue a almorzar a unas pocas cuadras de la ciudadela, y al regresar lo sorprendió la noticia en la radio que pregonaba el nombre de su amigo. Luis Fernando Barrientos resultó asesinado por un agente infiltrado del DAS, de nombre Maximiliano Zapata,  en la esquina de la avenida Barranquilla con Ferrocarril. Su cuerpo cayó luego de ser disparado un proyectil detrás de una camioneta, mientras se manifestaba a plena luz del día en un mitin y  acompañado de otros estudiantes. Este mitin, considera Gabriel, podría haber sido el primero de Fernando, pero resultó suficiente para que perdiera la vida.

Tendido sobre la calle, el cuerpo de Fernando fue levantando rápidamente por el grupo de estudiantes que pronto se multiplicó y lo cargó  hasta el escritorio del rector de la Universidad, en búsqueda de explicaciones a lo sucedido.  Allí, tal vez a causa de una bomba molotov de alguno de los estudiantes enfurecidos, el fuego se propagó y terminaría por incendiar todo el bloque administrativo. Después de esto el cuerpo de Luis Fernando desapareció. Los que decían ser autoridades intentaron sepultarlo prontamente para disipar lo ocurrido, sin embargo la madre de Luis Fernando, cual Antígona, se mantuvo terca, exigiendo que el cuerpo de su hijo apareciera. Ante su furia, el cuerpo retornó.

Al día siguiente las calles estrechas se colmaron de gentes, en el barrio de Fernando no cabía una persona más, pero tampoco había espacio para más indignación. Cuando el Ejército quiso intervenir la ceremonia en el transcurso de la tarde, fue expulsado por el grupo de estudiantes, amigos y conocidos de Barrientos, quienes con palos y con lo que tenían  a mano se enfrentaron a  la fuerza pública, hasta que esta, temerosa, decretó el toque de queda.
Ese año la universidad cerró temporalmente. Tiempo después aparecieron las cercas delimitando sus márgenes y a la plaza principal de la Universidad los estudiantes la nombraron en honor a  Luis Fernando. Su memoria se volvió una anécdota sin rostro que se cuenta por los pasillos, pero que no consiguió impedir que un hecho como este volviera a suceder.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 139 JUNIO 2018)

A las tres de la mañana se rompió la poca calma que se respiraba en el caserío. Entre patadas a la puerta y gritos de “salgan hijueputas”, miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía allanaron la casa de Isidro Alarcón, en Micoahumado, Sur de Bolívar. A esa hora se encontraban en ella la compañera de Isidro y su nieta, una niña de cuatro años. Los invasores maltrataron a la mujer y a la niña, y dijeron de mala manera que estaban buscando a Isidro y las armas que, según ellos, se encontraban allí. “Voltiaron todo patas arriba pero no encontraron nada, porque nada teníamos escondido”, dice la señora. Era la madrugada del 22 de marzo de 2017.

Dos días antes habían llegado al corregimiento Micoahumado unidades del Ejército y la Policía, acompañados de civiles sin identificar, se dedicaron a patrullar el caserío, a preguntar por los líderes y a vigilar las casas de estos. Preguntaron insistentemente por Pablo Santiago, el líder más reconocido del corregimiento y fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Pablo estaba de viaje, pero eso no los detuvo, consiguieron su número de teléfono y lo llamaron con la excusa de que lo necesitaban para que convocara a la comunidad a una reunión para “conversar sobre la situación de seguridad del caserío”. Similar procedimiento siguieron con Arisolina Rodríguez, lideresa del mismo corregimiento que tampoco se encontraba allí; presionaron a su familia hasta obtener su número de teléfono y también le insistieron en que regresara para que estuviera en la mencionada reunión.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento en la casa de Isidro y el corregimiento se encontraba sitiado, se adelantaba un operativo sin antecedentes en la región y simultáneamente fueron detenidas varias personas. Allí mismo fueron detenidos dos jóvenes, hombre y mujer, a quienes obligaron a recorrer semidesnudos el trayecto que había desde el sitio donde fueron detenidos, hasta donde se encontraba el helicóptero en que se los llevaron.

La noche del 21 de marzo, en el casco urbano del municipio de Arenal, ya había sido detenido Isidro Alarcón, quien ha liderado procesos organizativos desde 1985 y fue uno de los fundadores de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado. En la madrugada del 22 de marzo fue detenida Milena Quiroz, a quien le invadieron su casa por el techo en un operativo digno de película. Milena es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y directiva de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A Floro Edilberto Díaz, el conductor que presta servicio de transporte hacia Mina Proyecto, lo capturaron en Aguachica en la tarde del 21. Floro desde hace muchos años ha sido quien, sin importar las circunstancias, ha puesto su vehículo al servicio de las personas que lo requieran, sea para transportar carga, para sacar enfermos al hospital más cercano o para mover a una persona así no tenga con qué pagar el pasaje.

En el corregimiento Casa de Barro, del municipio de Norosí, fue capturado en la madrugada del 22 Manuel Francisco Zabaleta. Kito, como es conocido por todos, es tal vez el líder más antiguo y reconocido del Sur de Bolívar. Es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundador junto a otros campesinos de Fedeagromisbol, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y presidente de la Asociación Agrominera de Casa de Barro.

Ese mismo 22 de marzo fue detenida Nubia Gómez en el municipio de Arenal, y allanada la finca del señor Joaquín Gómez Quiñonez, padre de Nubia y directivo de la Junta de Acción comunal de la vereda Unión Doradas. Joaquín fue detenido en mayo de 2017.

Ese operativo fue ordenado por la Fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien basándose en dichos de supuestos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, actuó contra los líderes comunitarios que presuntamente eran miembros o auxiliadores de esa organización insurgente. Es de resaltar que pocos meses después de ordenar estas capturas, la fiscal María Bernarda fue detenida por graves hechos de corrupción vinculados con organizaciones paramilitares de la Costa Caribe.

Los líderes y pobladores capturados fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. En la audiencia de legalización de las capturas y allanamientos, que duró 12 días, uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía fue que “organizaban marchas y eran un peligro para la sociedad”. El juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscal y ordenó el encarcelamiento de todos los capturados por los delitos de rebelión y otros conexos.

Ocho meses después de las capturas, un juez de segunda instancia concedió la libertad a varios de los detenidos y reconoció que la actuación de la Fiscalía Tercera de Cartagena se asimilaba a un falso positivo judicial en contra de reconocidos líderes de la región. Sin embargo el proceso sigue su curso y catorce meses después de las detenciones aún no se inicia el juicio en contra de los imputados.

La arremetida contra líderes regionales no paró allí: en septiembre de 2017 en otro operativo espectacular, que incluyó helicópteros, la Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio intentó capturar a la lideresa de Fedeagromisbol, María Antonia Rangel, bajo el pretexto de ser la determinadora de dos homicidios cometidos por las FARC años atrás. La firmeza de la comunidad y de los líderes de la región impidieron la captura, y meses después la Fiscalía se vio obligada a suspender esta orden ante lo endeble de las pruebas que tenían en este caso.

Sin embargo, mientras se judicializaba a los detenidos, en operativos repetidos y sistemáticos, el Ejército nacional intimidó a los líderes que no habían sido capturados y a sus familias, bajo el argumento de que eran guerrilleros y tenían orden de captura. Fueron más de 365 días y noches en los que esta situación irrumpió con su tranquilidad. La presión nunca se detuvo, tanto por la presencia de los llamados “zorro solos” que vigilaban las viviendas, o por la actitud de miembros del Ejército nacional que “no dejaban de joder noche y día acusando de guerrilleros a los líderes”.

Fue tal la presión que el 11 de abril de 2018, y después de un año de soportar los continuos hostigamientos a que fueron sometidos, cinco líderes regionales decidieron presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación “para de una vez por todas saber qué estaba pasando con nosotros que no nos dejaban en paz”.

Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez, Raúl Balmacea, Julio Arboleda y Andrés Trillos llegaron hasta Bogotá y se presentaron en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía. El trámite fue atendido por Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes, se constató que ninguno de los líderes que hizo su presentación registraba algún tipo de requerimiento judicial.

Aunque esa verificación dio un parte de tranquilidad temporal a los líderes y sus familias, queda en el aire la inquietud acerca de las intenciones de la Fuerza Pública que durante un año los señaló y persiguió, y de lo que pueda pasar ahora que la Fiscalía General de la Nación ha dicho que desde lo jurídico no hay requerimientos contra estos líderes, que en su momento le hicieron el quite a las capturas masivas que se adelantaron en la región.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 138 MAYO 2018)

Francia Elena Márquez Mina es lideresa afrodescendiente, fue desplazada de su pueblo en 2014 tras recibir amenazas por participar de las movilizaciones en contra de la gran minería. Integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, en el Norte del Cauca. Participó como víctima en las audiencias en La Habana, en las negociaciones Gobierno-FARC. Actualmente es integrante del Consejo Nacional de Paz y Convivencia, instancia destinada al seguimiento de los acuerdos de paz.

Recientemente Francia recibió el premio Goldman, un reconocimiento a las iniciativas comunitarias por proteger y mejorar el medio ambiente. Esta entrevista hace parte de “Final abierto: 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018)”, libro lanzado en abril durante la Feria del Libro de Bogotá.

Usted, su familia y su comunidad fueron víctimas del conflicto armado. ¿Se siente satisfecha con los alcances del acuerdo de paz firmado en La Habana?


El proceso que se dio en La Habana es importante en términos de disminuir el conflicto armado, que ha afectado sobre todo y de manera desproporcionada a los pueblos étnicos, afros e indígenas. Digo que es importante porque a nuestros pueblos les ha tocado vivir en medio del conflicto armado. Fuimos nosotros los que vivimos los enfrentamientos, las tomas guerrilleras en muchos de municipios, la siembra de minas antipersonas, el desplazamiento forzado… Lo hemos vivido como pueblo afrodescendiente, y creo que desde allí hemos considerado importante el proceso que se dio.

Los acuerdos en sí no son la paz. Son un paso, un camino para orientar el rumbo de conseguir una paz estable y duradera en este país, pero no son en sí mismos la paz. Para mí la paz implica inversión social, transformación de las brechas que han generado el conflicto armado, y esas brechas son el empobrecimiento, el despojo territorial de las comunidades, la implementación de megaproyectos que han empobrecido a la gente en sus territorios y que en nombre del desarrollo han terminado destruyendo la vida de mucha gente. Por eso para mí la paz tiene que ver con la justicia social, y si hablamos de justicia social eso implica hacer una revisión de la historia, porque el conflicto armado contemporáneo, para nosotros como pueblos, es parte del conflicto histórico colonial, por tanto hacer la paz implica erradicar las brechas de desigualdad generadas por la colonización y el racismo estructural, enfrentar las injusticias generadas por la esclavitud y la colonización, las generadas por el conflicto armado e injusticias ocasionadas por las violencias del Estado.

Esas brechas de desigualdad son las que han generado que hoy haya cientos de víctimas afrodescendientes indígenas y campesinas en este país, cientos de desplazados de sus territorios; esas brechas no se han cerrado. En el país existe el Decreto 4635 del 2011 que se creó para víctimas afrodescendientes, y sin embargo hoy, en términos de reparación colectiva, no hay una sola comunidad afrodescendiente que se haya reparado en forma integral. Lo que se ha entregado han sido indemnizaciones económicas, pero no el restablecimiento de los derechos de la comunidad. Yo salí desplazada forzosamente del territorio hace ya 4 años y nunca recibí ningún apoyo del Estado. Lo único que recibí fue un esquema de protección, pero de ahí en adelante, en términos de asistencia y de restablecimiento de los derechos, nada. Una esperaría que la paz que se estuviera dando en el país le permitiera regresar a su territorio, pero hoy no tengo garantías para decir que voy a retornar a mi territorio de forma segura. Mucha gente que ha salido desplazada de sus territorios hoy no tiene las garantías reales para volver y retornar. Eso quiere decir que el acuerdo firmado en La Habana es insuficiente, no porque no se hayan firmado puntos importantes, sino porque no hay garantías en términos de la aplicación desde el Gobierno nacional.

Como víctima estuve en La Habana en los diálogos de paz, y desde mi condición de mujer afrodescendiente, racializada y victimizada en este país, creo que avanzar en la paz en este país implica cerrar las brechas que ha generado el racismo estructural; eso implica pensar en reparación histórica, y en este país de eso no se habla, ni siquiera hay la posibilidad de que la gente empiece a discutir sobre el tema. Por eso para mí es insuficiente el proceso de paz. Como comunidades y pueblos afrodescendientes hicimos un capítulo étnico que no ha tenido ningún efecto en términos de cambiar las condiciones de vida de la gente ahora, en tiempos de paz, por así decirlo. Entonces, le corresponde a la sociedad construir la paz; desde ahí nosotros seguiremos empujando estos procesos. La paz hoy no ha llegado a los territorios étnicos, afros. Todos los días siguen matando gente en nuestros territorios… Si bien el número de enfrentamientos entre actores armados disminuyó, el número de líderes y lideresas asesinados, de jóvenes asesinados, de mujeres asesinadas en nuestros territorios, de comunidades que resisten, no ha disminuido. Desde ahí podemos decir que la paz no es una realidad en nuestras comunidades, en nuestros territorios.

¿Por qué cree que tras los acuerdos de La Habana y la entrega de armas de las FARC los asesinatos de líderes sociales se incrementaron?


Yo creo que hay varias razones por las que todavía se sigue asesinando a líderes y lideresas en los territorios. Si bien se ha avanzado en la dejación de las armas por parte de las FARC, el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno nacional está haciendo que muchos actores armados estén promoviendo eso que llaman las «disidencias». Varios jóvenes e integrantes de estos grupos se han ido saliendo porque no ven garantías, no hay cumplimiento de la palabra por parte del Gobierno nacional. Por otro lado, la mesa de diálogos con el ELN no ha logrado avanzar. Todavía el ELN y el Gobierno con su fuerza armada se siguen enfrentando en territorios donde la gente sigue sufriendo y se sigue desplazando forzosamente. En esos mismos territorios se siguen asesinando a líderes y lideresas, porque el paramilitarismo no se ha desmontado.

Muchos de los líderes y lideresas han sido asesinados por la decisión de defender los territorios como espacio de vida, por defender el medio ambiente, la vida. A los líderes y lideresas los están matando por tener una posición clara de defensa del territorio. En Buenaventura, por poner el caso de Temístocles Machado, a él lo asesinaron porque estaba teniendo una pelea con el Puerto de Buenaventura que estaba despojando a la gente de sus territorios ancestrales. Yo salí de La Toma, el lugar donde vivía, porque decidí enfrentar la minería a gran escala, la minería ilegal, auspiciada por la corrupción institucional. Entonces a nosotros nos persiguen, nos amenazan y nos matan, porque quienes nos hemos estado oponiendo a ese modelo de desarrollo de muerte somos un estorbo para los intereses de muchos privados que, en nombre del Estado, dicen que nos oponemos al desarrollo.

En últimas una dice, ¿cuál desarrollo, si en nombre del desarrollo nos expropian, en nombre del desarrollo contaminan, en nombre del desarrollo generan grandes impactos sociales, pero no generan mejores condiciones de vida? Hoy no tenemos salud, no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento básico… En este país hay alrededor de 80 ríos envenenados con mercurio, ¿entonces cuál desarrollo? A muchos de los líderes sociales los están matando actores armados con complicidad institucional, porque el Estado no hace nada para evitarlo. El Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, tiene la responsabilidad de garantizar la protección a todos sus ciudadanos, pero no hace nada. Todos los días toca lamentarse por el asesinato de un líder o lideresa, pero no sólo eso, porque también los jóvenes están siendo asesinados. En el oriente de Cali, por ejemplo, se ve cómo la violencia rural se ha trasladado a la ciudad: en una semana han matado a 11 jóvenes.


¿Cree entonces que las FARC podrían haber llegado a un mejor acuerdo, y que el ELN debería ser más exigente en el reclamo de garantías y cumplimientos por parte del Estado?


Mucha gente dice que los acuerdos quedaron así por la correlación de fuerzas de dos partes en conflicto sentados en una mesa. De eso yo no entiendo mucho… Creo que frente al tema de recursos mineros faltó mucho más, sobre hidrocarburos y sobre explotación de minería faltó, eso no fue discutido en La Habana y no sé si con el ELN se va a discutir. Ahora el ELN ha planteado la necesidad de la participación de las comunidades, participación directa de distintos sectores sociales, y ha planteado que cada acuerdo que se haga se vaya implementando. Las FARC hicieron su papel. Como comunidades étnicas llegamos a última hora, porque el Gobierno había planteado un no rotundo a la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en el proceso de paz, bajo el argumento de que el acuerdo que se estaba haciendo en La Habana era un acuerdo general, que por eso como pueblos étnicos no teníamos el derecho a participar allá y que los derechos nuestros ya estaban reconocidos en la Constitución. Sin embargo, creo que ese argumento del interés general ha sido un argumento para expropiar los derechos de la gente, para violentar los derechos de los pueblos que «somos particulares». Como si la protección de la diversidad étnica y cultural en esta nación no fuera parte de interés general, ese ha sido un argumento racista para excluir y destruir.

En nombre del interés general se han concedido títulos de explotación minera sin consulta previa, en el marco del conflicto armado, en territorios étnicos sin ningún control y sin ninguna condición más que la del desarrollo. Porque según ellos el desarrollo es el interés general, entonces hay que violentar los derechos de un pueblo específico, de una comunidad específica. Ese fue el argumento para decir que no había que participar y bueno, nosotros creamos una comisión étnica a la que llamamos Comisión Étnica para la Paz. Desde ahí empezamos a hacer incidencia para poder presionar hasta que, a última hora, al momento de firmar el acuerdo, quedaron tres páginas de las que hacen parte unas reglas, unos principios y unos mecanismos de cómo se deben implementar los acuerdos en territorios étnicos. Ahora que se hizo el plan marco, no sé si refleje las garantías reales para que los acuerdos de paz se implementen con ese enfoque diferencial que se planteó en el capítulo étnico. Creo que estamos ante un desafío muy grande. Toca seguir empujando la paz, pero sobretodo seguir construyendo la paz desde nosotros, porque no creo que sean los actores armados quienes vayan a construir la paz, creo la paz la debe construir la sociedad colombiana.

¿Qué valoración general tiene de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante estos últimos ocho años?


Me resulta increíble entender que en una sociedad como la nuestra todavía haya gente oponiéndose a que se pueda hacer un proceso de paz, estable y duradero. Esa paz, repito, no está terminada con los acuerdos, pero los acuerdos son un paso importante. Me da tristeza saber que los que lucraron con la violencia, con la guerra, con el desangre de muchas vidas, con la destrucción de nuestros territorios, hoy sean quienes se oponen a ese proceso de paz. Gente que nunca ha vivido la violencia y la guerra real, porque estaban en la ciudad o porque solo vieron la guerra por la televisión: esos son los que salen hoy a decir que hay que volver añicos los acuerdos, porque es más fácil para ellos seguir generando violencia, porque no son ellos quienes han puesto los muertos. Los muertos de un lado o de otro salieron de nuestros territorios, de nuestras comunidades empobrecidas y marginadas; fueron los hermanos nuestros, los sobrinos, los amigos, los compañeros, los que fueron a la guerra a hacer una guerra absurda; no fueron los hijos de los millonarios, y ahora son ellos los que más se oponen a este proceso.

Es triste ver cómo han polarizado al país, como han fraccionado a la comunidad y sobre todo cómo han puesto a la gente más empobrecida a defender una ideología estúpida y absurda que no permite tener bienestar. También han usado la fe religiosa, entonces vemos a los que hablan de Dios y a los que profesan el amor, promoviendo el odio frente a un sector «x», que cometió errores, pero que hoy está dispuesto a abrirse camino para transformar esas realidades.

El acuerdo estableció 16 curules para las comunidades que habían vivido hechos victimizantes, para los ocho millones de víctimas que tiene este país, para que tuvieran una voz allá y para que de alguna manera esa voz fuera parte del pago de esa deuda histórica y esa reparación. Pero los sectores que se oponen a la paz simplemente terminaron diciendo que eso no está bien, que las víctimas no tienen derecho a tener voz allá. Quienes tienen derecho a hablar por las víctimas son los mismos victimarios.

Tras 60 años de conflicto armado —para ellos, porque para nosotros son 500 años—, en donde en este continente no ha parado la violencia, para los pueblos originarios, llamados indígenas hoy, la violencia no empezó ahora, ha sido una violencia histórica que no ha parado. Visiono un futuro muy incierto, pero seguiremos caminando, tejiendo caminos de esperanza y de vida digna para nuestros pueblos, para este país y para el mundo.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 136 MARZO 2018)

Eras un hombre pero tenías la determinación de una catástrofe. Nervios y voluntad de acero. Te llamabas Temístocles, pero tu hermana Eloísa te bautizó ‘Temis’ porque a sus compañeras de colegio les parecía muy largo tu nombre, y los bonaverenses tienen la costumbre de acortarlos para hablar más rápido. En el Barrio Oriente, donde fuiste presidente de la Junta de Acción Comunal, creían que eras un desocupado por ir de casa en casa preguntando si las tarifas del agua y la luz habían subido, por recoger los recibos y traerlos de nuevo con las tarifas normalizadas, “ya viene don ‘Temis’ a cansar, dele lo que sea”, decían. Gracias a Maricel Murgueitio te graduaste como Administrador de Empresas, tú estudiabas y trabajabas en Acuavalle al mismo tiempo, ella te hacía las tareas.

Era normal que a las cinco de la tarde aún no hubieras almorzado. Entrabas a las oficinas de la Alcaldía sin necesidad de pedir cita. Lograste intervenir en un consejo comunitario organizado por el ex presidente Álvaro Uribe, cosa que –dicen– era tan difícil de hacer. Tenías un archivo de más de 90.000 folios que contenía leyes, fallos, derechos de petición, y otros documentos que fuiste reuniendo en casi 30 años de lucha. Te lanzaste varias veces al Concejo Distrital, pero las comunidades por las que tanto luchaste no te respaldaron. Trataron de amedrentarte echándole pintura roja a las pancartas de tu candidatura. Estabas convencido de que sin territorio no había vida y que no valía la pena tener vida sin territorio, eso te trajo problemas.

A Luis Bravo y a ti los amenazaron más de seis veces. “Ese man como que tiene algún santo que lo cuida, yo he venido dos veces a matarlo y no lo he encontrado”, respondían los malos cuando iban a tu casa y tu mujer les decía que no estabas. Te ofrecieron un esquema de seguridad pero pediste protección colectiva, “yo necesito que toda la comunidad sea cuidada”, decías. INVÍAS te llevó a hoteles cinco estrellas en Cali y te ofreció cinco mil millones para que “dejaras de joder”. También te ofrecieron puestos en la Alcaldía. Nunca aceptaste. Para muchos –tal vez para ti también– era muy extraño que no te hubieran asesinado antes. Ese sábado 27 de enero, cuando Dionicia Rocendo le dio a su nieta la noticia del asesinato, la niña de seis años respondió: “Ay abuela, ¿por qué mataron a ese señor tan bueno?”.

–Yo creo que a ‘Temis’ no lo vamos a dejar de llorar. A una persona como ‘Temis’ no la deberían de asesinar porque era una persona útil para la sociedad que defendía los derechos de las comunidades. Los barrios por los que él transitaba, y Buenaventura, hoy están como un barco sin timón porque al capitán le quitaron la vida–, asegura Dionicia, líder de la Comuna 2.

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Temístocles Machado nació en Bagadó, Chocó, el 12 de diciembre de 1958.  Fue –algunos dicen que todavía es– uno de los nueve hijos de Juan Evangelista Machado y Raquel Rentería. Estando Temístocles muy chico, su papá vendió sus pertenencias y se trasladó con su familia a Buenaventura, Valle del Cauca.  Los Machado se instalaron en la Comuna 6, que para ese entonces era una zona selvática donde Juan Evangelista les enseñó a sus hijos a cultivar guama, yuca, sandía, coco, cacao y otros productos.

Además de padre, Temístocles también fue madre, pues según cuenta Rodrigo Machado, uno de sus hijos, su mamá abandonó el hogar cuando él y su hermano estaban muy pequeños.

—Él nos cambiaba y nos peinaba para ir a la guardería. No le gustaba que andáramos descalzos ni con los pies sucios–, recuerda Rodrigo.

 

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Nadie sabe cómo nace una vocación, al parecer don ‘Temis’ heredó el liderazgo de su padre, quien fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Isla de La Paz.

Como líder de la Comuna 6 Temístocles logró que los barrios Isla de la Paz, Oriente y La Cima tuvieran acceso al agua y al alumbrado público. Se reunió con los victimarios que asesinaban a los jóvenes de la comuna. Y también gestionó casetas comunales, vías de acceso, y lugares de esparcimiento.

—Gracias a nuestras travesuras [con ‘Temis’], hoy contamos con 3 o 4 horas de agua—, dice Dionicia Rocendo.

—¿Diarias?

—No, cada tres días. Aquí usted abre la llave y se asusta, es más probable que le salga una culebra que una gota de agua.

De aquellos cultivos y matorrales donde trabajaba el papá de Temístocles nada más queda el recuerdo. Hoy en la Comuna 6 truenan las carrocerías y roncan los motores de las tractomulas que transitan día y noche por la zona.

A finales de los 90’s, cuando el INVÍAS propuso construir una arteria vial que atravesaría la Comuna 6 por la mitad, los tres barrios por los que luchaba don ‘Temis’ se convirtieron en territorios estratégicos para dinamizar y expandir la actividad portuaria de la ciudad. Desde entonces –y hasta el día de hoy– los habitantes de Isla de la Paz, Oriente y La Cima han sido hostigados por personas ajenas a la comunidad que alegan ser herederas de los predios donde están construidos los barrios.

Temístocles, indómito y valiente como su padre, asumió la defensa del territorio. De forma empírica se volvió un experto en jurisprudencia. Logró demostrar que el título de propiedad que poseía uno de los reclamantes había sido expedido por el INCODER cuando este organismo aún no existía. Y demostró que la cédula de la abuela –que supuestamente le había sucedido los predios al despojador– era falsa.

—‘Temis’ le podía hablar a usted dos días de leyes y normas –asevera Dionicia.

Para cada alegato Temístocles tenía un documento que lo respaldaba. Durante 18 años viajó un sinfín de veces a Bogotá para exigir la titulación de los predios que les pertenecían y demostrarles a los diferentes organismos estatales que su comunidad estaba enfrentando un intento de despojo.

—Él siempre andaba con tres maletines. Sabía exactamente en qué sitio y en qué maletín estaba la prueba. Y se sabía de memoria el texto. Tenía una memoria fotográfica (…) Hablaba mucho. Era un hombre que necesitaba ser escuchado —dice Daneyi Estupiñán, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), movimiento político que acompañó de cerca la lucha de don ‘Temis’.

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“Irme sería como olvidarme de mí mismo, de mi historia. Las necesidades las he padecido desde niño, no se lo niego. Así también le tocó a mi papá y él nunca se fue, siempre estuvo en el territorio, no le dio miedo. Si yo me llego a ir, los jóvenes que me escuchan dirán que me ganó el miedo a las amenazas, a los grupos armados. Nunca lo haría”, le dijo don ‘Temis’ a un reportero de Pacifista el diciembre pasado.

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Más de 400.000 personas viven en Buenaventura. Esta ciudad –de caos meticuloso, en cuyo firmamento sobresalen grúas gigantes como si fuese atacada por un pulpo de acero, construida con mucho ímpetu y poca planeación, rodeada de mar y esteros, y donde al parecer hay más comercio que capacidad adquisitiva– es un triunfo del hombre sobre la naturaleza.

La mayor parte de lo que hoy es Buenaventura hace siglos fue mar. Con basura, tierra, barro, y piedras los colonos fueron ganándole terreno hasta convertir una selva llena de zancudos en un hervidero humano.

—Eso lo hicimos lo más de fácil. Nosotros le dábamos el voto al político de turno, y él nos daba la basura (…) En el trabajo de relleno nosotros peleábamos, nos enamorábamos…  la mamá le decía a uno: “hoy viene fulanito, póngalo a tirar pala a ver si sirve”. ¿Y el muchacho por visitar la muchacha qué no hacía? –, comenta Dionicia Rocendo entre risas.

Buenaventura también ha sido teatro del crimen y el horror. Según el Centro de Memoria Histórica “entre 1990 y 2012 se cometieron 4.799 homicidios, y entre 1990 y 2014 un total de 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado”.

—Creemos [como PCN] que nosotros no somos víctimas del conflicto armado, sino que somos víctimas del desarrollo; porque el conflicto armado no es un fin, sino un medio para consolidar la plataforma económica del enclave portuario—, argumenta Daneyi.

Este recodo del pacífico está incluido en 17 Tratados de Libre Comercio. Y cuenta con cuatro plataformas portuarias a las cuales el Gobierno nacional pretende añadirle 14 más. A pesar de los miles de millones que circulan a diario por el puerto de Buenaventura –tal como lo explica Víctor Vidal, integrante del Comité del Paro Cívico y del PCN–, este frenesí económico ha consolidado la desigualdad y la pobreza:

—Nosotros vivimos en conexión con el mundo. Por su ubicación estratégica, en Buenaventura hay dinámicas formales y hay dinámicas informales que mueven gente, mueven droga, mueven armas, etc. Somos conscientes que eso es un potencial y a la vez un riesgo; todo el mundo quiere controlar lo que genera riqueza, y Buenaventura genera mucha riqueza. El tema de Buenaventura no es una cosa de riñas callejeras, ni de pandillas. Aquí hay un control armado que intenta controlar el territorio y la comunidad para controlar negocios. Nosotros insistimos que el problema no es de los grupos armados, el problema es del modelo económico que ve a Buenaventura, simplemente, como un potencial económico.

—¿Proponen algún modelo para evitar esa maldición armada? – le pregunto.

—En un puerto como el de Buenaventura por donde solo pasa la carga –aquí no hay fábricas, aquí no hay nada– es totalmente inequitativa la relación producción portuaria-calidad de vida. Hay un puerto público, pero en concesión a un privado, entonces la actividad portuaria es privada. Toda esa riqueza se genera para unas 20 familias. Controlar a Buenaventura territorialmente es controlar la actividad portuaria, el mercado local, el mercado regional, controlar la política. Por otra parte, cuando usted hace estudios sobre la violencia en Buenaventura, se da cuenta que los barrios con más violencia son aquellos donde hay o se va desarrollar un megaproyecto. Para solucionar la problemática hay que tomar medidas muy grandes: concientizar al Estado, y a los llamados empresarios, de que la vida debe estar por encima de la producción. Nosotros no decimos que no haya actividad económica, pero necesitamos que eso compense a todos. La actividad portuaria no se hace si no hay territorio, si no hay bahía, si no hay canal, y eso es de todos los bonaverenses, no es de la empresa. Para que pueda existir la actividad portuaria los ciudadanos tenemos que sacrificar nuestro medio ambiente, nuestra movilidad, nuestra tranquilidad, nuestra salud. Todos nos sacrificamos para que funcione pero no todos nos beneficiamos. Necesitamos disminuir los impactos pero potenciar los beneficios.

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Estoy reunido en una de las casetas comunales de la Comuna 6 con varios líderes que conocieron a don ‘Temis’. La humedad y el calor se pegan silenciosos por todo el cuerpo. Miradas marchitas, silencio sepulcral y músculos tensos reinan en el salón.

Don ‘Temis’ siempre le aconsejó a doña Ana Campaz que dejara de fumar. Ella lo veía e inmediatamente botaba el cigarrillo. Doña Ana –piel tostada, pelo pajizo, camisa rosada, poseída por el llanto y el dolor– es la primera en invocarlo: “No era un amigo trásfuga. No hemos tenido un líder como él, ni lo conseguiremos así: honesto, respetable, y verdadero”.

Luego interviene Armando Torres: “Por él fue que no nos sacaron del barrio. Este líder no solamente lo perdió Buenaventura sino Colombia. No hay otro líder que lo reemplace. No creo que alguien más dedique el tiempo, y disponga de su capital, para servirle a la comunidad como Temístocles Machado”.

Hablar de don ‘Temis’ duele tanto como escuchar hablar de él. Luis Bravo no recuerda cómo lo conoció, pero asegura que no pasaba más de 15 días sin hablar con él: “He perdido hijos, enterré a mis abuelos –dice tembloroso y preso del llanto–. Pero no sé qué me pasa con ‘Temis’. Creo que no voy a ser capaz de superarlo. Hay mucho que hablar de ‘Temis’, es una cosa infinita”.

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Tu historia con Leila Andrea Arroyo –cofundadora del PCN– comenzó con un regaño. Ella te llamó para proponerte unas capacitaciones sobre jurisprudencia y derechos humanos en la Comuna 6, tú la “vaciaste”. Te molestó que contrataran gente externa para realizar una tarea que tú tenías la capacidad de asumir.

–Después de escuchar a Leila me queda claro que miles de lágrimas, miles de palabras, nunca serán demasiadas–.

—El que se haya concretado el asesinato es demasiado duro. Aunque uno espera que pueda ocurrir por el contexto tan complejo, no perdemos la esperanza de vivir por lo que hemos luchado, y verlo. Los ojos de don ‘Temis’ no lo van a ver; pero creo que era suficiente lo que había hecho. Había días que se sentía extremadamente solo y frustrado. Había que sacar valor, y hablarle muy fuerte, y decirle que no era tiempo de desmoronarse (…) No se fue de cualquier manera. Ese mismo sábado estaba programando una reunión en la Comuna 6 para el día jueves. Murió en su ley. No les dio el gusto a los demás de retroceder. Nunca se vendió. Por sus principios se mantuvo firme y eso solo lo hacen personas honestas. No se llevaron solo al líder, se llevaron a esa persona humana. La mejor forma de honrarlo es promoviendo que haya más gente como él: personas íntegras y de valores, no perfectas. Personas convencidas de que hay que luchar por lo que se es, sin dejarse pisotear por nadie.

 

 

 

 

 

Palabras que matan

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 135 FEBRERO 2018)

El 16 de diciembre de 2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó sin inmutarse que los asesinatos de dirigentes sociales, líderes comunitarios y ex guerrilleros no estaban relacionados con sus actividades, sino que, en su “inmensa mayoría”, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

Esta afirmación, aparte de ser completamente irresponsable, se convierte en una legitimación de los cientos de asesinatos políticos que siguen sucediendo en Colombia. Declaraciones de este tipo forman parte de la muralla desinformativa que se ha erigido en este país, y la cual no se quiere derribar por parte de los voceros del Estado ni de los grandes medios de incomunicación.

Este tipo de lenguaje denota que la lógica terrorista del Estado no se ha atenuado ni una pizca, a pesar de que se genere una retórica paralela de paz y de concordia, que no logra ocultar las dimensiones del lenguaje contra-insurgente y de enemigo interior que se ha creado en este país durante el siglo XX, y que se niega a desaparecer, como lo muestran las infames declaraciones del Ministro de Ofensa (perdón, de Defensa).

Al respecto, vale la pena recordar en forma rápida algunos de los peores ejemplos del uso de un lenguaje que justifica el crimen de los que son considerados como adversarios y enemigos, y cuyas vidas no tendrían ningún valor en esa lógica criminal de tipo contra-insurgente. El asunto se remite a lo sucedido desde 1918, con las primeras manifestaciones y protestas obreras y artesanales, las cuales fueron catalogadas –como sucedió con las huelgas en la costa atlántica y la masacre de artesanos en Bogotá en marzo de 1919– como producto de la acción del bolchevismo. Utilizar ese mote justificaba la muerte de obreros y trabajadores humildes, a los que se les indilgaban propósitos desestabilizadores que estaban muy lejos de su sentir.

El hecho más lamentable en esta misma dirección fue el de la Masacre de las Bananeras, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados en diciembre de 1928 por el Ejército colombiano con el pretexto de que los huelguistas se habían convertido en una “cuadrilla de malhechores” que ponía en peligro la estabilidad del país, como producto de la acción de comunistas y anarquistas.

De ahí en adelante, hasta el día de hoy, esa lógica anticomunista y contrainsurgente se ha mantenido, siendo una de sus manifestaciones esenciales el uso de cierto tipo de lenguaje, descalificador, peyorativo y señalador, para legitimar la muerte o la desaparición de aquellos que deberían ser eliminados física y espiritualmente, porque así lo consideran los “colombianos de bien”.

Lo cierto es que ese lenguaje ha sido reiteradamente usado por presidentes de la República, Ministros, parlamentarios, sacerdotes de las altas jerarquías, militares, empresarios…, siempre con las mismas consecuencias. Los ejemplos abundan.

Cuando en junio de 1954 fueron masacrados varios jóvenes en el centro de Bogotá, los voceros del régimen militar se inventaron la versión de que los militares se defendieron de una agresión realizada por miembros del comunismo internacional y por eso dispararon contra inermes estudiantes. En agosto de 1959, durante una pacífica marcha de trabajadores de la caña de azúcar que se dirigía a Cali, fueron asesinados dos corteros en forma aleve por tropas del Ejército. Inmediatamente, el presidente Alberto Lleras Camargo adujo que “los dirigentes del paro son responsables de la tragedia y el desorden”.

En febrero de 1963, luego de que fueron masacrados doce personas en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), entre ellas una pequeña niña, cuando huelguistas intentaban impedir la circulación de camiones con cemento, la prensa, y los voceros del gobierno de Guillermo León Valencia señalaron que el Ejército se había visto obligado a disparar porque había sido atacado por trabajadores “revoltosos, agitadores comunistas y subversivos”.

En septiembre de 1977, el paro cívico nacional fue reprimido sangrientamente y en la ciudad de Bogotá dejó un saldo de una veintena de muertos, los que fueron calificados por los voceros del gobierno de Alfonso López Michelsen como “personeros de la subversión y traficantes de la inconformidad popular”.

El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Dos días antes, Carlos Lemos Simonds, Ministro de Gobierno, señaló: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. En este caso, el lenguaje oficial se convirtió en una orden para matar a un candidato de la izquierda.


Más recientemente, cuando fueron asesinados varios dirigentes sindicales en Arauca, el cinco de agosto de 2004, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, los catalogó como terroristas que habían muerto en combate con el Ejército.

La joya de la corona, por sus dimensiones, cinismo e impunidad, se la lleva Álvaro Uribe Vélez cuando hablando del asesinato de varios miles de colombianos, en lo que de manera eufemística se denominó “falsos positivos”, justificó ese crimen diciendo que los muertos “no estaban precisamente recogiendo café”.

La lista podría extenderse hasta llenar cientos de páginas. Solo se trataba de recordar algunos ejemplos del empleo de un lenguaje agresivo que se usa como un arma de guerra, para destruir física y/o moralmente a los adversarios. Con la utilización de dicho lenguaje ya se siembra duda y cizaña sobre una persona determinada, antes o después de matarla.

Por esa razón, declaraciones como las del Ministro de Defensa simplemente proyectan un comportamiento de larga duración, sustentando en la impunidad que genera cinismo y desfachatez, que recurre a un lenguaje deshumanizante y que bestializa a los adversarios. Si dicho lenguaje no tuviera las consecuencias criminales que conocemos y padecemos en este país, el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico, pero por desgracia no es así. Y en tal sentido es una manifestación de una lógica contrainsurgente que impregna el comportamiento de las clases dominantes de este país, reafirmada con las influencias de una lógica traqueta, para la cual la vida de los luchadores sociales y políticos no vale nada.

Para ellos, además, se agrega el estigma que tiene efectos aprobatorios entre la población, de señalar que si a alguien lo matan… por algo será, algo habrá hecho. En el caso que comentamos, simplemente decir que a los líderes sociales los aniquilan por líos de faldas, quiere decir que son crímenes pasionales aislados, y no una práctica genocida y sistemática, en la que tiene una responsabilidad central el Estado, las fuerzas armadas y sus socios paramilitares.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 139 JUNIO 2018)

Me llamo Arnulfo Joven, tengo 57 años y llevo los últimos seis trabajando en la defensa de los Derechos Humanos en el municipio donde nací: Pitalito, Huila. Soy tecnólogo en soldadura, especialista en soldadura de alta y baja, y trabajo en mi casa actualmente. Cuando no hay contratos con empresas fuera del departamento, entonces trabajo en la casa mía.

¿Por qué violan tanto los derechos humanos?
Hago parte del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia (CPDH) desde el 2012, a raíz de tantas violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Colombia.

En Pitalito somos nueve miembros del CPDH, y estamos muy pendientes en cuanto a cualquier eventualidad donde se requiera: en la salud, la educación. Anteriormente las batidas que habían, cogían a los muchachos, súbanse al carro y hágale. Eso se ha frenado, en parte, por la cantidad de denuncias que hemos hecho, ya que no perdemos conexión con la dirección nacional.

El Gobierno municipal o departamental no nos apoya en nada. Pero no es su obligación como tal, porque en la defensa de los derechos humanos nadie puede interferir en nuestra labor. Aquí el alcalde actual, Miguel Antonio Rico Rincón, delegó a los miembros del CPDH en Pitalito para participar en el Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero la administración creó eso y se quedó en el papel. Del sindicato y de diferentes organizaciones, incluso del clero, llamaron a conformar ese Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero no avanzó porque el alcalde no le puso atención. Sólo hizo dos reuniones, trajeron gente de la Gobernación departamental, pero de ahí no pasó nada más.
De pronto a veces uno busca que los entes territoriales en defensa de los DDHH, es decir, la encargada de la personería pública, la personera, se fije más en este tema. Que no se fijen más en la parte lucrativa que es lo que generalmente hacen. Sólo quieren figurar y ganar dinero a costa de eso. De entrada, nos preguntamos: ¿por qué se violan tanto los derechos humanos? Porque las personas no saben cuáles son o no saben que los tienen. Cada uno debe conocerlos, y ese es nuestro objetivo.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos está avalado por la Federación Interamericana de Derechos Humanos. Existe en Colombia hace 40 años. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha capacitado también, pero somos víctimas del conflicto armado interno, porque los enemigos de la paz nos ven como enemigos de ellos.

Luego de uno estar acá, llega a la conclusión de que siempre las personas afectadas son de estratos bajos. Los que han llevado del arrume en Colombia son campesinos, vendedores, desempleados. Pero eso sí, cuando llegan los comicios, las elecciones, esos que han golpeado y abandonado a la sociedad, vienen a buscar votos, a buscar cómo engañar a esas personas y seguir con el poder.

Los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí
Uno acá ha afrontado situaciones difíciles. Los paros campesinos que ha habido en 2013, 2014 y 2015, donde hemos sido gaseados por el mismo ESMAD. Recuerdo muy bien que estuvimos con la periodista, que en paz descanse, Flor Alba Nuñez... ella como periodista y nosotros, estuvimos al frente defendiendo a los campesinos que eran quienes reclamaban sus derechos. La protesta en Colombia no está prohibida. Es uno de los derechos fundamentales en nuestro país, y ha sido satanizada.

Flor Alba Nuñez fue asesinada por hacer bien su trabajo, por ser buena periodista. Ella se enfocó en trabajar con nosotros, porque a ella también le afectaba la violación a los derechos humanos. Ella también sentía cuando el campesino era estropeado, cuando al vendedor le quitaban sus cositas, se las llevaban, lo ultrajaban, le quitaban el sustento diario. Ella trabajaba principalmente para La Preferida, la emisora comunitaria, y nos daba el espacio para que las comunidades nos expresáramos sobre algunas irregularidades que ocurrieran en Pitalito.

Es muy duro ver cómo los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí. Ponen a un policía a que golpee a un campesino, y ese policía es hijo de un campesino, o un soldado disparándole a un campesino…

La guerra no la vamos a resolver en dos o tres años
El proceso de paz ha sido fructífero no sólo para nosotros como defensores de derechos humanos, sino para todos los colombianos. Ya no hay tomas de pueblos. El mismo soldado dice: "Estamos relajados, ya no hay ese temor tan grande de las tomas guerrilleras". Ya la ración de campaña incluso está muy a un lado. Entonces todos nos hemos beneficiado con este proceso de paz. Ahora, que existen los enemigos de la paz, existen, pero los que quieren continuar la guerra pues claro, siempre van a ser cizañeros en cuanto a los diálogos de paz, pero esa guerra que vivimos durante más de 53 años no la vamos a resolver en dos o tres años, falta mucho por hacer.

Ha habido líderes sociales y defensores de derechos humanos víctimas mortales del conflicto armado, porque somos muy estigmatizados solo porque no estamos de acuerdo con los atropellos que hace el Estado contra el ciudadano. Y por eso nos tildan de auxiliadores de la guerrilla, de izquierdistas, de todo eso, pero nuestro trabajo se enfoca en defender todos los Derechos Humanos.

De todas maneras, después del proceso de paz todo está calmado, hasta el momento, en esta parte del territorio. De pronto por ahí problemas en la salud, inconformidades de la gente con ese tema, pero en cuanto a desplazamiento, amenazas, pues mentiría si digo que las hay justo ahora, pero estamos en alerta porque los acuerdos de paz no se están cumpliendo a cabalidad.

Al fin y al cabo, le apuesto a construir la paz, y quisiera que hubiera un cambio en estos gobiernos que han construido la guerra, y que quieren seguirle apostando al conflicto armado.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 136 MARZO EN EL 2018)

Líderes y lideresas, no simplemente cifras
Prisciliano Manuel Mercado García, de 63 años, era reclamante de tierras en el corregimiento de Guaripa, Sucre; él venía exigiendo trazar los linderos en su finca La Concepción, pero la vigilancia privada del exdirector de la Caja de Compensación Comfasucre, William Martínez, se lo impedía. Yolanda Maturana era lideresa social y ambientalista del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, y venía desarrollando una férrea lucha contra la actividad minera en esta región controlada por las nuevas bandas paramilitares. Luis Díaz López, de 22 años, era secretario del Cabildo indígena de Tame, en Arauca, y su hermano Miller Díaz López era el fiscal de la comunidad indígena del Juliero de Betoyes. Estos hombres y mujeres tenían una cosa en común y era que ejercían la vocación más peligrosa en Colombia: ser líderes y lideresas sociales. Ahora tienen una dolorosa razón más que los identifica: todos ellos fueron asesinados. En el caso de los hermanos Díaz López, fueron asesinados por el Ejército nacional y presentados como guerrilleros del ELN, según denunció la ONIC.

Estos nombres, con sus luchas y sus vidas, según la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), hacen parte de los más de 220 líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, asesinados desde el momento en que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la ya extinta guerrilla de las FARC, el 26 de septiembre de 2016. Estas muertes causadas por el Estado (Ejército y Policía) y por el neoparamilitarismo, se suman a los 48 excombatientes, luego integrantes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y los 13 familiares suyos también asesinados.

¿Por qué nos están matando?
Cínicamente el ministro de defensa Luis Carlos Villegas señaló un par de meses atrás que estas muertes obedecían a “un tema de linderos, un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”. Lo que no explica este funcionario encargado de la defensa de las élites económicas del país, es que dichos linderos son los que reclaman los campesinos a grandes hacendados y a multinacionales que se han valido del paramilitarismo y el terrorismo de estado para quitarle la tierra a quien la trabaja; que las faldas envueltas en líos son las de muchas tierras productivas que son arrebatadas mediante la violencia a la gente del campo, para entregarla a compañías mineras; que las rentas ilícitas son las que financian a esas nuevas bandas paramilitares que ejecutan el asesinato de todo líder social. En síntesis, el mismo ministro explica en un lenguaje cifrado y cínico, algunas de las razones por las que se asesina a muchas personas que tienen por vocación liderar causas justas en favor de sus comunidades.

También nos están matando por protestar contra las injustas condiciones laborales que impone el empresariado poderoso del país, por movilizarse por una mejor salud, educación, vivienda digna, por denunciar y evidenciar la criminalidad estatal y exigir garantías de protección de los derechos humanos.

No es algo nuevo
Pero lo más grave es que las razones de fondo se siguen ocultando. Estas tienen que ver con la profunda desigualdad social y económica que impera en Colombia, y que ha sido la causa principal del conflicto armado interno. Aunque el Gobierno dice que estos asesinatos no son sistemáticos, la realidad misma de nuestro país demuestra que estas muertes sí corresponden a un patrón de sistematicidad impuesto por décadas.

Son una práctica histórica de las clases dominantes encabezadas por las viejas castas políticas y económicas (Santos, Vargas Lleras, Pastrana, Ardila Lülle, Santo Domingo, Sarmiento Angulo) y por las emergentes provenientes del narco paramilitarismo (Álvaro Uribe, Cabal, Lafaurie) que se resisten no solo a brindar posibilidades de participación real a los sectores sociales empobrecidos, para que con dicha participación se puedan superar sus problemáticas, sino que también se niegan a reconocer el pensamiento diferente y las formas distintas de construir sociedad. Lo hacen eliminando al otro porque ese pensar y actuar diferente de las comunidades, de sus lideresas y líderes sociales, toca los intereses económicos de esas mismas élites que han gobernado los últimos 200 años.

Tal práctica histórica se recrudece hoy como lo señala recientemente la CACEP en un comunicado: “Hoy nuevamente recordamos que existe un fortalecimiento del paramilitarismo en las regiones, la militarización de los territorios, una guerra contra el movimiento social y popular y falta de diligencia en los deberes de respeto, prevención y protección efectiva y garantía a los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano”.

En un momento en que se habla de paz por el logro de un acuerdo entre FARC y Gobierno, acuerdo por demás hasta hoy incumplido por este último, pero también en un momento de profunda tensión en los diálogos entre Gobierno y ELN en Quito, resulta sumamente preocupante la manifiesta falta de voluntad política de las élites, que se expresa en los incumplimientos mencionados, y también a los acuerdos con el movimiento social y popular, pero sobre todo por el tratamiento de guerra que sigue dando a las luchas populares del campo y la ciudad.

Tal situación se hace evidente en un momento de escalamiento del conflicto armado interno luego de terminado el cese bilateral entre la guerrilla elena y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ante las acciones de la insurgencia contra la infraestructura petrolera, con la Fuerza Pública y las fuerzas militares al servicio de esas élites, la respuesta del Estado con sus aparatos legales e ilegales se enfila contra el movimiento social, contra los líderes y lideresas en los territorios, para encubrir su incapacidad tanto de contener a la insurgencia, como de cumplirle a las comunidades y a la misma FARC, y se excusa diciendo que las víctimas eran guerrilleros de civil, auxiliadores o en el mejor de los casos cómplices.

La paz es de los pueblos
Tenemos la fuerza, el coraje y la razón desde las clases populares para hacer emerger la posibilidad de vivir en paz, solo si creemos en nosotros mismos, nos juntamos, defendemos y protegemos a nuestros líderes y lideresas, en el día a día de batallar contra las penurias personales y las amenazas permanentes que el terrorismo de Estado impone. Tenemos que cuidarnos mutuamente, no solo porque hacer un líder es un esfuerzo individual y colectivo, sino ante todo porque es una vida al servicio de la gente, y toda vida vale, más cuando está en función del otro.

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