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Sin duda es la chicha una tradición muy antigua que nos une con nuestros ancestros, en la alegría de juntarse, de compartir lo místico-natural y lo político. Lo uno porque son verduras, frutas o granos que, con panela y tiempo, fermentan las ideas e impulsan un estado de conciencia diferente al cotidiano, y lo otro porque aparte de la resistencia que se genera al hacer, el hecho de tomarse un totumado de chicha, en lugar de una cerveza u otro licor, nos recuerda que en la cotidianidad se deben asumir posturas.

La modernidad hace mirar lo artesanal con miedo, desconfiando siempre de eso que no tiene códigos de barra, fórmulas o ingenieros tras su elaboración. Y es que si bien se ha querido acostumbrar a las personas a un sabor siempre igual, la monotonía de sabores y las seguridades que se creen tener al comprar, ahogan definitivamente las posibles diversidades alcohólicas que la ancestralidad propone.

La chicha medicinal, por ejemplo, es una conexión profunda que se hace desde el pensamiento individual y se propone a la conciencia colectiva de quienes participan del ritual, para sanar e intencionar la preparación del remedio. Diferentes personas y planos de conciencia se dan cita en el hacer, para cuando sea servida y tomada, logre el propósito que fue sembrado al revolver, en la espesura del calor desde las imágenes y senti-pensares.


Como en el ll Festival de la Chicha y la Cultura…
El 30 de junio, en El Santuario, Antioquia, se celebró un evento que pasó por su segunda entrega. Allí, entre el dar y recibir totumas, con inimaginables combinaciones de frutas con especias, de sabores y olores –¡uff, qué sabor! ¿Qué tiene esa de mora? ¿Canela?, ¿cardamomo? – se enchichó por un momento la realidad entre los árboles que se podían adoptar, las luchas que resurgen púrpuras, las abuelas sabedoras y sanadoras, vasijas sonoras, artesanías, libros, semillas, chichas y risas, cantares y danzares.


Arrancó el viernes 29 en una finca amiga con la batida de una chicha medicinal, guiada por la abuela Amtokatlnesli, donde muchas personas que acudieron al llamado se dispusieron a revolver sentipensares, fermentados colectivamente, siempre en busca de una intención sanadora, que se repartiría en la mañana del 30.

Así como se danzaba, la palabra iba y venía al igual que la chicha, con alrededor de 160 personas que llegaron a la Casa de la Cultura para aliviarse, hablando y tomando.

Ya en la tarde y por los diferentes estantes, las chichas más fermentadas amenizaron el encuentro, procurando la diversidad y la unidad, “porque eso es lo bueno de los que fermentan en Santuario, cada uno tiene su toque, que hace particular el sabor”, afirma un chichero, mientras acaba las últimas gotas que había en la totuma que recién recibía.

La Consulta Anticorrupción, impulsada por la senadora Claudia López, ha levantado ampollas en varios sectores, que han respondido con una serie de argumentos en contra de la efectividad de este. En este espacio intentaré desmentirlos y dejaré dos puntos más para nutrir el debate.

Costo de la consulta
Una buena parte de las críticas a esta consulta ha surgido a partir del costo que amerita una jornada electoral de esta proporción. Los 300 mil millones que costaría realizarla han dejado un sinsabor, reflejado en las declaraciones y columnas de opinión de diferentes figuras públicas, pues aseguran que este gasto sería un despropósito en términos de presupuestales que dejaría un enorme hueco fiscal en los fondos nacionales. Pero vale preguntarse si estos temores están justificados. Y para saber si es así, hablemos de plata:

El referendo que prohibiría la adopción por parte de parejas del mismo sexo, impulsado por Vivian Morales, hubiese costado 280 mil millones, de no ser porque la Cámara de Representantes lo tumbó en tercer debate; por otra parte, el Plebiscito por la Paz, donde se refrendaron los Acuerdos de Paz, costó esos mismos 280 mil millones, y fue realizado en el 2016 en medio de numerosos contradictores.

Ahora, si hablamos de presupuestos de la Nación destinados a sus carteras, sabemos, según informes del Ministerio de Hacienda, que para el 2018 los ministerios de Cultura y Ciencia y Tecnología recibieron respectivamente 396 mil millones y 339 mil millones. Para financiar proyectos sociales de varias de estas carteras, en el 2018 el Gobierno nacional pidió 400 mil millones al Fondo Nacional del Ahorro, lo que se traduce en descapitalización de dinero que proviene de aportes de afiliados a través de cesantías o ahorro voluntario.

A la hora de hablar de obras que se podrían realizar con este mismo presupuesto, la Autopista Bicentenario sería un buen ejemplo: esta carretera que atravesaría de sur a norte la capital del Valle del Cauca en sus 14,7 kilómetros de largo, tendría un costo aproximado de 350 mil millones.

En este orden de ideas, quienes se oponen a la consulta argumentan que esos 300 mil millones de pesos podrían ser invertidos en otros proyectos de gran envergadura y que requieren estos fondos con mayor urgencia, como los presupuestos presentados anteriormente. Pero no tienen en cuenta dos puntos importantes en la discusión: primero, la Ley 134 de 1994, en sus artículos 99 y 100, exigen un “Fondo para la Participación Ciudadana” que garantiza la realización anual de procesos de participación ciudadana, por lo que esos fondos están destinados desde la distribución de presupuestos realizado a comienzos de cada año por parte del Ministerio de Hacienda, y por ello, esta consulta no generaría un hueco fiscal. En resumen, ya hay plata para realizarla, y no descabezará ningún otro presupuesto nacional para consolidar la misma.

Y si les parece poco en término de ahorro presupuestal, la aprobación del punto que disminuiría el salario de los congresistas y altos cargos nos permitiría ahorrar al año 213 mil millones de pesos. Y si fuésemos más optimistas y los siete puntos de la consulta fueran votados positivamente, mitigarían en gran medida el desfalco anual de entre 40 y 50 billones de pesos que se lleva cada año el fenómeno de la corrupción en Colombia.

Alcance jurídico
Otro de los argumentos de los que se han apropiado los contradictores de esta jornada de participación ciudadana, es que ya existe todo un aparataje jurídico-político que ha sido reglamentado desde hace un par de décadas y que tiene como propósito combatir, en sus diferentes niveles, la corrupción. Pero la pregunta que nos merece este argumento es si estas disposiciones normativas han servido para algo.

Desde la constitución del 91 se han dictado unas 38 normas en materia de contratación pública, regulación fiscal y disciplinaria, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública, todas enmarcadas en la lucha contra la corrupción en los ámbitos de lo público y privado. Entre este aparataje de leyes, existen algunas que resaltan frente a las demás por ser integrales en la lucha contra este flagelo:

Por ejemplo, está la Ley 1778 del 2016, que dicta una serie de normas sobre la responsabilidad de personas jurídicas en actos de corrupción y las disposiciones en la lucha contra este fenómeno; o desde el ámbito de la administración pública, la Ley 1474 del 2011, que constituye un aparato normativo que busca fortalecer mecanismo de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en la gestión pública. Y la Ley 1828 del 2017 que crea el código de ética de los congresistas, que tiene un carácter disciplinario frente a conductas de dudosa moralidad en el ejercicio de su función.
Si bien existen esta serie de normativas que mitigan los impactos de este fenómeno, parece que no han sido lo suficientemente eficientes en su labor. En el informe del CPI (Índice de Percepción de Corrupción) publicado en el 2016, Colombia ha seguido con una calificación desfavorable desde hace por lo menos 15 años, teniendo un promedio de 37 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 es mayor percepción de corrupción, y 100 es menor, sin haber cambios significativos en estos puntos. Y por si esto fuera poco, el país empeoró en su posición respecto a los 176 países que hacen parte del estudio, pasando de un año al otro del puesto 83 al puesto 90.

Agregado a esto, en una encuesta realizada por Transparencia Internacional en el 2017, la misma firma que realizó el informe del CPI, 61% de los colombianos encuestados creen que la corrupción en nuestro país ha aumentado con respecto a los anteriores años y, asimismo, el 59% asegura que las acciones por parte del Gobierno no han mitigado en gran medida los impactos de este fenómeno.

¿Qué trae de nuevo la Consulta?
Además de los 213 mil millones anuales que ahorraríamos con la reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios que propone el primer punto, los siguientes seis que configuran la consulta tendrían impactos positivos en términos punitivos: por ejemplo, lo que dicta la segunda pregunta, que exigirá que los corruptos paguen la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de una reclusión especial, además de prohibirle a estos contratar con el Estado. Esto permitiría que el peso de la ley caiga con el mismo rasero a estos altos funcionarios sin distinción de colores políticos.

También fortalecería los procesos de veeduría ciudadana y de apropiación de espacios de decisión política, en puntos como el cuarto, que obligará a realizar audiencias públicas para que, de forma mancomunada, los ciudadanos y entidades encargadas decidan en qué se invierten los presupuestos nacional, departamental y municipal. Así mismo con el punto cinco, que obligaría a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión y asistencia; o el punto seis que también les obliga a declarar sus bienes, patrimonio, rentas, entre otros. Si bien estos puntos no atacan de forma integral el fenómeno, representa un precedente en la articulación entre la ciudadanía y las entidades gubernamentales en la lucha conjunta contra la corrupción en nuestro país.

El 24 de julio se produjo una actuación judicial sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Si bien este hecho es producto de un proceso por manipulación de testigos que tiene el expresidente encima, la verdad es que su origen se encuentra en un debate que le hizo el congresista Iván Cepeda para esclarecer su responsabilidad, participación, y connivencia con grupos paramilitares. Cepeda había conversado con varios exparamilitares que trabajaron para la familia Uribe Vélez, y que han revelado hechos muy delicados que lo involucran.

El principal testigo contra Uribe es Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, el administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe. En los noventa, luego de un conflicto que hubo con la guerrilla en esta finca, Santiago Uribe ordenó, según Monsalve, regresar a sus trabajadores para recuperar un ganado robado, lo que desencadenó en una masacre, la masacre de San Roque. Como si eso fuera poco, Monsalve ha expresado en distintas ocasiones que Álvaro Uribe es “el fundador del Bloque Metro”, junto con su hermano Santiago (actualmente juzgado por su participación en el también grupo paramilitar los Doce Apóstoles), Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y Santiago Gallón Henao.

Monsalve ha sufrido varios intentos de asesinato –una vez atacado en la cárcel a cuchillo, y otra vez encontró veneno en su celda– y su esposa está fuera del país por amenazas a su vida.

Cronología

2011: El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, visita y entrevista a Pablo Hernán Sierra y a Juan Guillermo Monsalve, dos exparamilitares que relacionaron a Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, más exactamente con el Bloque Metro. Este bloque, según los exparamilitares, fue creado por Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de Antioquia.

2014: Iván Cepeda realiza un debate de control político en el Congreso por la responsabilidad del senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.

A raíz de esto, Álvaro Uribe interpone una denuncia en la Corte Suprema contra Iván Cepeda. Le endilga los delitos de fraude procesal, calumnia, y abuso de la función pública. Uribe y sus abogados dicen que Cepeda, supuestamente, le prometió beneficios jurídicos, económicos, y hasta sacar del país a estos y otros paramilitares, con la condición de que relacionaran a Uribe con el paramilitarismo.

16 de febrero de 2018: La Corte, después de tres años y dos meses de investigación, y a través de un documento de 218 páginas, toma una decisión que le da una vuelta al proceso. Decide no investigar a Cepeda y, por el contrario, empezar un proceso contra Uribe. Para el Tribunal, Cepeda no se excedió en sus funciones, mucho menos sobornó o manipuló testigos. Además, descubre en su investigación que es realmente alrededor de Uribe que se creó una red para cometer los delitos por los que este denunció a Iván Cepeda. Quien denunció la manipulación de testigos, resultó ser el verdadero manipulador.

22 de febrero: Un día después de esta relevante decisión, llegaron a la Corte anónimos y mensajes que advirtieron a los magistrados lo que confirmó Reynaldo Villalba –abogado de Iván Cepeda–, el

22 de febrero: al exparamilitar Monsalve y a su familia los buscaban para que este se retractara y Uribe pudiera, a través de un recurso legal, revertir la decisión de la Corte.

24 de julio: La Corte Suprema llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Fueron cinco meses de una silenciosa investigación, con interceptaciones telefónicas, análisis de audios, fotos, y con la participación activa de Monsalve, quien grabó con un reloj especial el momento en que Diego Cadena (abogado de narcotraficantes y de Uribe) le pide que firme un documento retractándose de sus declaraciones contra Uribe.


La persona con más investigaciones

Según la Misión de Observación Electoral, la persona con más investigaciones en la Comisión de Acusación del Congreso es Álvaro Uribe, con 276. Además de ellas, en la Corte Suprema tiene 28 procesos, entre los que destaca uno sobre falsos positivos, uno sobre el sabotaje informático al proceso de paz, y otros más por disputas que terminan en procesos por injuria y calumnia. Entre todas estas investigaciones resaltan varias por su gravedad, en especial las relacionadas con las masacres, que han perseguido al expresidente en varias ocasiones.

Hace unos años el Tribunal de Justicia y Paz pidió investigarlo por la presunta participación de su gobernación en la masacre de El Aro, en 1996, luego de que se dijera que esta tenía suficiente información sobre los acontecimientos y que el helicóptero oficial había sobrevolado la zona “durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según informó (…) Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”. Este mismo año, de nuevo, se sumó una nueva compulsa de copias en su contra por este mismo hecho: el Tribunal Superior de Medellín pidió que se le investigara, argumentando que existen elementos de juicio que comprometen directamente la “responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”.

Mucho se ha hablado últimamente sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, específicamente por la gran cantidad de asesinatos, amenazas y procesos judiciales en su contra. Aunque esto no es algo nuevo, el alarmante crecimiento de estos casos está en el foco de la opinión pública. Esta visibilización es importante y necesaria para movilizar al Estado, la sociedad civil e incluso a la comunidad internacional en torno a la protección de estas personas y el apoyo a los procesos que desarrollan, pero también trae especulaciones e información contradictoria. Por esta razón, es importante establecer qué es verdad en esta situación, cuáles son los mitos a su alrededor y qué preguntas hacerse como sociedad frente a este fenómeno.

VERDADES

Entre los grupos de personas olvidados por el Estado colombiano e invisibilizados en el conflicto armado están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A lo largo del tiempo los gobiernos de turno han hecho poco o nada por apoyar el liderazgo social y desconocen la violencia sistemática que la afecta. De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, la tasa de homicidios focalizada en estos activistas se disparó y viene en aumento sostenido desde el inicio y la implementación del proceso de paz con las FARC.

Guevara señala que los activistas que reportan mayor número de afectados son líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal, indígenas y afro de diferentes zonas de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. En este sentido, se evidencia una violencia concentrada en representantes de minorías con pocas oportunidades de acceso a la ayuda estatal y en lugares donde la guerra ha sido una constante, hay algún tipo de interés económico y político o se llevan a cabo luchas de reivindicación social.

Denuncias
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz, en alianza con el instituto Heinrich Böll Stiftung Colombia, presentaron en mayo de 2018 un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos-Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC y sus familias, ampliado y actualizado en julio del mismo año por Marcha Patriótica en su rueda de prensa sobre el tema.

En este informe se habla, hasta el cinco de julio de 2018, de 123 líderes y/o defensores de DDHH asesinados en lo que va transcurrido del año. Dicha cifra fue ampliada en el comunicado oficial de Marcha Patriótica del 17 de julio, al considerar datos desde enero de 2016 hasta julio 2018, para una cifra final de 445 líderes asesinados, de los cuales 169 pertenecían a Marcha Patriótica y 22 de estos eran mujeres.

Entre los datos relevantes presentados por el informe están: en el 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC, Marcha Patriótica, PCN, Congreso de los Pueblos y Ríos Vivos) y la Confederación Comunal de Colombia; el 81,5% de las personas afectadas pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas o a JAC; los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6%; los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en 2018; el 15,12% de los homicidios fueron mujeres y desde la elección presidencial el 17 de junio del presente año, hasta el cinco de julio, se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH, y la cifra aumenta día a día.

Así mismo, el informe señala que “La presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”. Con lo anterior, se pone de manifiesto el peligro en el que están los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. Además, concluye que se observa un número significativo de asesinatos de personas pertenecientes a los mismos grupos sociales o políticos ocurridos en un mismo periodo de tiempo y en los mismos espacios geográficos, evidenciando una sistematicidad en la que se destacan los actores que las ejecutan y los modos de ejecución de acuerdo con el territorio y los fines que persiguen.

Frente a esto, las organizaciones sociales piden al Estado, entre otras cosas, investigar el origen de las amenazas y los asesinatos para evitar más casos, y esclarecer los ya existentes; una ruta de concertación para garantizar la vida e integridad; medidas de prevención y de protección territorial y colectiva, como fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, entre los que están las guardias indígenas, cimarronas y campesinas; pactos regionales de no violencia; cumplimiento de los acuerdos de paz, e implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los pactos de sustitución.

Otras organizaciones se han visto afectadas en lo que podría considerarse una ampliación de esta violencia hacia sectores sociales. Es el caso de los integrantes del movimiento político Colombia Humana asesinados y amenazados. Al respecto, Jorge Rojas, gerente de la campaña política de este movimiento señaló en varios medios de comunicación que se han recibido amenazas, en su mayoría, en zonas de interés político, y que se trata de un “plan de exterminio” aprovechando el momento de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, espacio en el que ninguno se responsabiliza sobre la problemática.

Amenazas, judicialización y otras formas de violencia
No solo se trata de asesinatos. Existen otras formas de violencia recurrentes y caracterizadas en contra de los activistas sociales que dan cuenta de una sistematicidad en las acciones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo están las amenazas, que se presentan de manera individual y colectiva mediante panfletos, llamadas, mensajes o redes sociales y buscan intimidar y servir de advertencia. Las violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad con toma de fotografías no autorizadas y robo de información, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, el desprestigio, las desapariciones y el desplazamiento forzado son las maneras recurrentes en las que se ataca a los líderes sociales y deben ser consideradas como parte de la problemática.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, realizaron un informe para la Comisión de la Verdad, titulado Defender la Vida. En este muestran cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

¿Qué dicen el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Frente a la problemática, el Estado ha manifestado su posición de diferentes formas. A finales de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no había una organización asesinando líderes sociales y que la “inmensa mayoría” de estos asesinatos eran producto de problemas de linderos, rentas ilícitas y líos de faldas. A esta declaración se suma la del presidente Juan Manuel Santos en octubre de ese mismo año, en la que afirma que no hay un patrón sistemático y que se trata de hechos aislados.

A julio de 2018, con el obvio incremento de las muertes, el ministro Villegas señaló que “le preocupa enormemente el asesinato de líderes” y que se están tomando las medidas necesarias. La Fiscalía General indicó que las investigaciones están en curso y el ministro del Interior informó que se empezó a implementar un modelo de “protección colectiva”. Por otro lado el presidente electo Iván Duque prometió “cero tolerancia” frente a la violencia que sufren los líderes sociales, y el presidente Santos condenó enfáticamente los hechos de violencia y pidió a la fuerza pública actuar con contundencia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reconoció la sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras, afirmó que la defensa debe hacerse desde los territorios, con esquemas de protección rural, colectiva y con enfoque diferencial. En cuanto al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, este afirma que: “No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

La sociedad civil se ha mostrado inquieta y solidaria con la situación de los líderes sociales y se ha manifestado de diferentes formas, por medio de performances artísticos en diferentes partes del país y movilizaciones en las calles y redes sociales. Entre las diferentes manifestaciones se destaca la Velatón del pasado seis de julio, en la que miles de colombianos salieron a las plazas principales de diferentes pueblos y ciudades, tanto en Colombia como en el extranjero, para sentar su voz de protesta en contra de la violencia y por el derecho a la vida.

En cuanto a organismos internacionales, Amnistía Internacional, le ha llamado la atención al gobierno de Santos por la situación de seguridad que hay en algunos territorios y que representa un riesgo para la vida de los líderes. 38 Diputados del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de seguridad, Federica Mogherini, en la que manifiestan su profunda preocupación por la situación de los líderes sociales en el país y hacen un llamado urgente y de carácter humanitario para la inmediata intervención, con el fin de salvar la vida de los líderes. Por parte de la ONU, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista a medios de comunicación expresó que: "la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio" y que la situación es tan grave que se ha normalizado el riesgo y el miedo en la defensa de los derechos humanos.

MITOS

¿Por qué hay diferentes cifras de asesinatos?
Para muchos, la discrepancia en las cifras sobre asesinatos a líderes sociales genera dudas respecto a la credibilidad del problema, y para otros representa intereses específicos de las entidades que las presentan. Lo cierto es que la diferencia en cifras se debe a dos factores: las metodologías para verificar los casos y los periodos analizados.

Algunas organizaciones reportan solo los casos que tienen que ver con sus miembros y las diferentes denuncias que se realizan, otras tipifican la función del líder social para determinar si realmente lo era o no, y de qué forma se presentó su fallecimiento (si tuvo o no relación con su labor social), y otras tienen en cuenta de qué forma ejercía su liderazgo y qué cargo tenía.

Así mismo, en cuanto a los periodos de tiempo reportados, algunas organizaciones establecen como fecha de inicio enero de 2016, otras el día D de los acuerdos de paz, algunas reportan año a año y no un total, y otras amplían su espectro de análisis hacia el 2015 o años anteriores. La frecuencia de reporte de víctimas también es un factor, ya que organizaciones como la ONU o la Defensoría del Pueblo presentan informes oficiales cada trimestre, mientras que otras organizaciones van actualizando las cifras día a día.

Por esta razón se encuentran cifras que van desde los 200 hasta los más de 400 líderes asesinados. Lo que no se puede perder de vista es que más allá de los diferentes reportes, se trata de vidas humanas valiosas e importantes, que debieron ser respetadas y a las que se les debió dar garantías para el trabajo social que desempeñaban.

PREGUNTAS

Las dimensiones de una problemática que pudo haberse atendido con celeridad y contundencia han alcanzado los niveles de crisis humanitaria. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es insostenible, y en este punto coyuntural en el que es tan evidente que existe un problema, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se llegó tan lejos? ¿Qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes y defensores humanos? ¿Acaso no todos los ciudadanos son potenciales líderes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué exigirle al gobierno y cómo? ¿Qué nos dice como sociedad los alcances de esta problemática? Ahora es momento de reflexionar y de reconocer que la sociedad en su conjunto debe actuar con responsabilidad y sin indiferencia ante algo que está pasando y que afecta a todos.

No hay un cine tan necesario en este momento como el de Duni, ni un cine tan invisible en el pasado como el mismo. Sus películas son reflejo de esa realidad turbada y negada en Colombia, y su vida es una epopeya que raya a veces con la ficción, y es sustentada en el testimonio de sus pupilos y amigos, que, tras su muerte, reconstruyen su aporte al cine de un país sin aparente interés en él.

 

Finalizaba la década del 60 cuando Dunav Kuzmanich –o Duni– trabajaba en la producción del noticiero “Chile en marcha”, el cual se grababa en formato cine y se proyectaba cada semana en teatros antes del inicio de las películas del momento. En este noticiero quedó registrado ese país en tránsito hacia la unidad popular, que luego sería gobierno con Salvador Allende. Durante esta época, Duni terminó trabajando en el Ministerio de Comunicaciones, luego de su experiencia en varias producciones televisivas y cinematográficas.

Pero pronto estalló la tragedia que acabó con el proyecto democrático de Allende y con la vida de miles de personas que le apostaron a este, y que cambió también la de otros miles, que en el exilio tuvieron que dejar lo que hacían en su país. Sin embargo, aunque el destino de Duni cambiaría de patria, continuó por los caminos del cine. Después del golpe de Pinochet, Duni fue capturado en Antofagasta por agentes de la DINA, pero afortunadamente consiguió que diplomáticos cercanos a amigos intercedieran por él, y así terminaría por aterrizar en Colombia para el año de 1974.

Este otro país del sur no era extraño para él. Conocía parte de su historia, gracias a su amistad con el escritor y director Pepe Sánchez. Ambos habían participado anteriormente, en 1965, del rodaje de “Riochiquito”, el emblemático documental de Jean-Pierre Sergent y Bruno Muel que retrató aquel germen de resistencia de las autodefensas campesinas en territorios autónomos, que darían paso a las guerrillas colombianas como las conocemos. Durante este rodaje, Duni asistió la realización, y desde entonces se interesó por el perfil de estos hombres que tomaron las armas, pero específicamente quien llamaba su atención era la figura del guerrillero liberal de un par de décadas atrás, Guadalupe Salcedo, con su gesta durante el periodo de la Violencia.

Fue así como, al radicarse en Bogotá, apostó todas sus energías en retratar el conflicto y violencia, y entonces comenzó a rodar la historia que retomaría su inquietud por Guadalupe Salcedo y por las negociaciones de paz entre la guerrilla y el Estado. De esta manera en 1981, vería la luz de los cinematógrafos “Canaguaro”, la historia dirigida por Duni sobre el viaje de un grupo de guerrilleros liberales por los llanos orientales, que en medio de un proceso de negociación de las élites resultan traicionados.

En pleno Estatuto de Seguridad, solo 15 días bastaron para que el entonces presidente, Julio César Turbay Ayala, comprara la conciencia del productor, y a su vez protagonista de esta película, Alberto Jiménez, quien terminaría por sacarla de circulación y archivarla en el olvido para el beneplácito de Turbay. Durante muchos años se habló de Canaguaro como una película que partió la historia del cine colombiano y de la cual solo existía una copia desgastada, que alguien consiguió grabar con una betacam mientras duró su exhibición en cines, la cual fue compartida clandestinamente de generación en generación.

Así fue como se inscribió el destino trágico en la vida de Duni en Colombia: ser un director no visto, y vivir la paradoja de ser talentoso y meticuloso en la producción cinematográfica, pero sin suerte para los negocios, menos con una clase empresarial como la colombiana. "Duni era un loco que no sabía hacer negocios, sabía hacer cine, era un soñador", afirma Rafael Escobar, quien fue su pupilo y ahora hace parte de la corporación Dunav Kuzmanich, encargada de recoger y difundir su legado. Para Rafael, Duni era un hombre adelantado a la época que tenía una visión 30 años en el futuro, y por esto considera que sus películas son de especial importancia en este momento que atraviesa el país.

Un maestro de la coherencia
Si bien a la delgada figura de Duni hay que seguirle el rastro en diferentes momentos de la historia colombiana y de su cine, del relato de Rafael toma mucha más fuerza su personalidad a partir de su traslado a Medellín a mediados de los 80's. Y es que en esa ciudad es que lo conoce un par de años después, cuando Duni llega ante una camada de realizadores rebeldes como profesor en un curso de vacaciones de la UPB.

Como maestro pasó por varias instituciones con su propuesta “De la idea a la realización”, en la cual se apreciaba todo el conocimiento y experiencia que construyó en torno a la realización audiovisual. Su apuesta era aprender haciendo, y a partir de un tema construir una idea. De allí nació una nueva generación de cineastas antioqueños alentados en sus enseñanzas.
El grupo de estudiantes del que hizo parte Rafael pronto se convirtió en su círculo de amigos, y luego, cuando Duni se pasó a vivir a un parqueadero en el occidente de la ciudad, lo acompañarían constantemente en la que llamaron “La Dunicueva”, en donde se hablaba de cine, de política y de fútbol. A modo de anécdota, Rafael cuenta que curiosamente solo vio una vez una película de Duni con él en vida, y es que, para él, el maestro más que el cineasta, fue el hombre. "Duni era un tipo absolutamente consecuente, con un sentido de la dignidad, pero muy grande y coherente", dice.

Este hombre que hizo de Colombia su hogar era de izquierda, pero se definía como uno del pueblo. Odiaba la burocracia, la tramitología, que le robaran la comida al pobre; tenía como filosofía que un Estado debía responder por los derechos básicos, y fue consecuente al punto de que su vejez la pasó sin poder contratar como profesor por no renovar la cédula, ya que consideraba que un ciudadano no tendría que pagar por esto. También sin salud, porque creía que el Estado debía cubrir este derecho y no podía ser un negocio de privados.

Y esta consecuencia le generó todo tipo de problemas. Una vez diagnosticado de cáncer en 2007, comenzó a enfermar, y en una ocasión que tuvo una decaída física, al no tener servicio de salud, un grupo de amigos lo ingresaron al hospital con el único poder que ostentó alguna vez Duni: el de una cámara en la mano. Así lo recibieron bajo el nombre de “Daniel Guzmán”. Pero los vicios del oficio de contar historias nunca los perdió, y mientras estuvo en el hospital todo el tiempo planeó su fuga, cual película, haciendo cómplice de esta a todo quien lo visitaba.

Tampoco perdió la disciplina, por esto al saber de su enfermedad comenzó a escribir las últimas escenas de su obra. Entonces dejó la Cartilla de Narrativa Audiovisual, donde intentó condesar su propuesta para el proceso de realización de una historia, y el guion, según Rafael, del posconflicto titulado “Vuelta a Colombia”.

“El cine es el mensaje, no la estética”
A pesar de los problemas en la realización de cine propios del contexto, sus películas se concretaron. Aunque según cuenta Rafael, no faltaron las ocasiones en que algunas de las personas que participaron del rodaje, o inversores del mismo, se llevaban las latas con el material filmado creyendo que con esto no se terminaría la película. Por esto, algunas de ellas salieron con problemas de montaje, pero Duni con su conocimiento logró llevar a cabo sus historias. La experiencia de Duni en la realización y su método fue un importante aporte a la siempre naciente industria cinematográfica colombiana ya que, como él, pocos cineastas han conseguido dirigir cinco películas en un corto periodo de cinco años, y muchos ni siquiera durante toda su vida.

De esta forma, en la década del ochenta y con la existencia de FOCINE, Duni consiguió sacar adelante, con algunos tropiezos, cinco películas que le hablan a Colombia de sí misma: después de “Canaguaro” (1981) realizó “La agonía del difunto” (1982), la historia de la triquiñuela de un latifundista para burlar la toma de tierras de un grupo de campesinos en la costa; luego sacaría “Ajuste de cuentas”, sobre la terrible relación entre el poder político y el narcotráfico; posteriormente “El día de las mercedes”, sobre un pueblo que vive bajo el control militar y que un día decide rebelarse; y finalmente realizó “Mariposas SAS”, sobre unas prostitutas que llegan a un pueblo y sus confrontaciones al llegar a este. Estas historias suceden en cualquier pueblo de Latinoamérica, pero retratan en específico la violencia que ha afrontado y aún afronta Colombia. Para Duni, el cine tenía ese quehacer, el de contar una historia para mostrarle al espectador una realidad, hacia dónde se dirigía la sociedad.

La media vida de Duni en Colombia la entregó también a otros proyectos, como la realización del conocido programa televisivo Don Chinche; a la escritura de guiones de otras producciones cinematográficas como “Cóndores no entierran todos los días” (1984), “La nave de los sueños” (1996), “San Antoñito” (1986), y a la producción de otras como “Apocalipsur” (2007).

El cine de Duni es un compromiso con mostrar la realidad social. En palabras del crítico de cine Oswaldo Osorio, escritas en el marco de un homenaje que se le realizó a Duni en el 12° Festival de Cine Colombiano de Medellín, para él “hacer películas es apenas una parte y la consecuencia de una visión mayor, ante la vida, ante sus obsesiones o preocupaciones y ante la historia del cine en general y el poder de la imagen en movimiento en particular. Dunav Kuzmanich era este tipo de cineasta, así como un misterioso personaje de cuyas contradicciones emanaba el talante de su obra y la mística de su personalidad: era librepensador y radical, comprometido ideológicamente y escéptico, generoso con todo aquel que se le acercaba y huidizo de las convenciones sociales e institucionales”.

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El pasado 10 de julio, la plazoleta de San Ignacio, en el centro de Medellín, se llenó de sillas plásticas en fila y de una pantalla, que hicieron las veces de teatro. Allí se proyectó Canaguaro, la cual tomó por sorpresa a varios de los asistentes por lo actual que parece en este momento la historia de traición del Estado. Duni murió sabiendo que su cine no era visto, pero convencido de que este tendría su momento. Ahora Rafael, y un grupo de amigos, están en la tarea de que aquel hombre tenga un lugar en la memoria del cine de este país, que también fue el suyo, y a pesar del olvido, ahí están sus películas para retarnos como colombianos a mirarnos en el espejo del cine.

Por lo visto, al presidente Duque no le dio ni cinco de vergüenza nombrar en su gabinete a personajes como Alberto Carrasquilla, Nancy Patricia Gutiérrez, María Victoria Angulo González, entre otros, a pesar de haber estado involucrados en escándalos de corrupción o procesos penales por paramilitarismo. El cinismo afloró muy rápido; en tan solo semanas el joven Iván Duque olvidó los compromisos que hizo ante el país el 27 de mayo, cuando ganó las elecciones: combatir la corrupción, renovar la política y acabar con la práctica de repartir mermelada.

Sin embargo, ya el tarro de mermelada está casi vacío: los empresarios, los corruptos, los militares implicados en falsos positivos, y los representantes de gremios como Guillermo Botero, recibieron su untada. Botero, reconocido empresario de las flores y hasta ahora presidente de Fenalco, fue nombrado ministro de Defensa, y como buen godo, lo primero que ofreció fue represión y control hacia la protesta social, un anuncio muy particular en un país que espera que alguien con autoridad haga algo para detener el genocidio contra líderes y lideresas sociales, cifra que supera 400 asesinatos en los últimos 30 meses.

Alberto Carrasquilla fue nombrado ministro de Hacienda. Este señor es un conservador ortodoxo, según lo definen en el diario El Tiempo, o un godo, como nosotros le diríamos, que se caracteriza como todos ellos por practicar la doble moral. Por un lado, lanzan a los cuatro vientos lecciones de moral y de comportamiento para los demás, pero aplican para sí mismos otras reglas, más flexibles, para beneficiarse de su poder y su cargo con los grandes contratos, o practicar la corrupción y el arribismo abiertamente contra los pobres. Carrasquilla estaría vinculado, por lo menos por omisión como ministro de Hacienda de Uribe, en el caso de contratación de la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, en la que se robaron más de ocho mil quinientos millones de dólares.

Su nombre se encontró en la lista de los papeles de Panamá, eufemismo usado para referirse a los paraísos fiscales en donde personajes como él esconden el dinero que se roban del erario público, o la plata que perciben por facilitar o recomendar meganegocios, práctica muy desarrollada y aplicada por los ricos de todo el mundo, casi siempre respetadísimos empresarios. Recientemente, y como si tuviera las manos y la imagen limpia, el polémico señor Carrasquilla manifestó en el diario económico La República, que el salario mínimo era “ridículamente alto” por lo que habría que rebajarlo. Carrasquilla además lidera el equipo de 295 personas que están haciendo el empalme con el saliente gobierno de Santos. Los multimillonarios, los godos, y las mafias que se apoderaron del Estado en los dos periodos de Uribe, manejarán la línea política y económica del gobierno de Duque. Más mano dura para los pobres.

Por otro lado, la nueva ministra del Interior es ni más ni menos que Nancy Patricia Gutiérrez, excongresista uribista, acusada e investigada por parapolítica y tráfico de influencias. Gutiérrez fue señalada de haber recibido apoyo de los paramilitares en su campaña, por personajes como Andrés Vélez del bloque centauros, Luis Alberto Medina alias “Cristo Malo”, y por la polémica Rocío Arias, ex representante a la cámara, uribista hasta los tuétanos, también condenada por parapolítica. El delito de tráfico de influencias fue por recibir información confidencial del DAS con la que Gutiérrez desprestigió a Piedad Córdoba. Todas estas ilegalidades fueron respaldadas por Uribe y la famosa exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Aunque la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia inhibitoria en favor de Gutiérrez, el expediente y el proceso siguen vivos, pues aunque el asunto jurídico tiene debilidad probatoria, podría activarse con nuevas pruebas.
María Victoria Angulo González, nueva ministra de Educación, aunque no es tan conocida se desempeñó en la Secretaría de Educación de Bogotá. Es una mujer muy estudiada, economista de la Universidad de los Andes, que desde 2011 dirigió la fundación Empresarios por la Educación. Según La Silla Vacía, esta fundación “promueve la vinculación activa del sector privado en el mejoramiento de la educación y tiene o ha tenido en su junta directiva a empresarios superpoderosos como David Bojanini, presidente de Suramericana, Antonio Celia de Promigas, Alberto Espinosa de Alpina y Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, entre otros”.

Nada de esto es ilegal, el problema es que cuando se presentaron los escándalos de corrupción por los carteles de los alimentos escolares, se pudo observar que la entonces secretaria de Educación del distrito firmó contratos con la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, la misma empresa que con otro nombre le vendía las pechugas de pollo más caras del país a los cartageneros, platica destinada para alimentar a los niños y las niñas más humildes de esa ciudad.

Pero las acciones del nuevo gobierno y sus bancadas en el Congreso también han mostrado, con rapidez, el objetivo central de hacer trizas los acuerdos de paz, como lo había prometido uno de sus máximos voceros, el corrupto Londoño Hoyos. Para ello han atacado con virulencia la Justicia Especial para la Paz - JEP. En realidad a nadie le cabe duda que el fin primordial es la protección de Álvaro Uribe, ya que reconocidos y altos mandos militares se han acogido a la JEP, y allí tendrán que contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y ordenados por el expresidente, o por lo menos con su complicidad o su omisión, y con el apoyo de importantes empresarios. Interesante observar el enredo y los conflictos que van a tener entre sí los áulicos del uribismo. Tal vez en esta oportunidad algunos no querrán pagar los crímenes del patrón.

Por otro lado, tampoco está tan fácil para Duque hacer trizas lo que queda de los acuerdos con las FARC, o patear la mesa con el ELN, pues la directora del FMI, Christine Legarde, advirtió a Duque que la inversión y el crédito dependen de la paz de Colombia. Y como el presidente electo se fue a recibir instrucciones, seguramente se devolvió con preocupaciones al respecto.

No se puede negar que se ha consolidado un gobierno tirano y cruel en contra de los más necesitados, uno con mano de hierro para atacar a la oposición social y política; así lo demuestran los más de 400 asesinatos y los cientos de judicializaciones y acciones de intimidación y amenazas contra los líderes sociales y sus organizaciones. Sin embargo, el viernes seis de julio cientos de miles de personas en Colombia, en más de 50 plazas públicas y en otros países, se congregaron para rechazar los asesinatos y la violencia contra los líderes y lideresas en una velatón por la defensa de la vida. Con esta acción de humanismo dijeron al movimiento social que no estaban solos.

Esta iniciativa democrática provocó el impulso de un pacto por la vida y la paz, que suscribió incluso el nuevo presidente Duque. Pero como desde entonces la violencia no ha parado, diferentes organizaciones sociales y populares, la bancada alternativa del Congreso de la república y la Colombia Humana reaccionaron con una propuesta de carnaval por la vida y la paz: una monumental movilización de millones de personas que se llevará a cabo el siete de agosto en Colombia y en todo el mundo, un mensaje claro para el uribismo y para los asesinos encubiertos. La vida, la democracia y la paz se disputarán y se ganarán en las calles.

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