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I


El cuatro de agosto durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional se llevó a cabo un atentando contra el presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. El atentado fue frustrado por la acción rápida y oportuna de los equipos de la Guardia Presidencial encargados de inhibir señales, quienes desorientaron y desviaron los dos drones utilizados en la acción criminal, como resultado de lo cual uno fue derribado y el otro estalló fuera del blanco previsto, dejando siete guardias heridos. Los dos costosos drones DJ1 M600, cargados con pólvora y un kilo del explosivo C-4 fueron enviados a la avenida Bolívar, donde se realizaba el acto militar; uno debía explotar en la parte superior de la tarima presidencial y el segundo en la zona frontal. El objetivo era claro: asesinar al presidente de Venezuela, a su esposa, a los miembros del gabinete que se encontraban allí y a los altos mandos militares.

Los dos grupos operativos que manejaban los drones fueron capturados el mismo día del atentado: uno en plena actividad y el otro mientras huía hacia Colombia. Uno de sus miembros confesó que había recibido entrenamientos para manejar drones en la finca Atalanta, ubicada en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, y quienes lo adiestraron le ofrecieron 50 millones de dólares y residencia en los Estados Unidos.

En este hecho ha sido evidente la participación de círculos terroristas que operan contra el gobierno venezolano, que se mueven como Pedro por su casa en Estados Unidos y Colombia, donde cuentan con el apoyo abierto o encubierto de los gobiernos de esos dos países. Resulta acaso pura coincidencia que en una de sus últimas declaraciones como presidente, el tenebroso Juan Manuel Santos haya dicho, luego de reunirse con Julio Borges –uno de los implicados en el atentado de Caracas– estas palabras: “veo cerca la caída del régimen de Maduro en Venezuela […] ojalá mañana mismo terminara”. ¿Simples deseos o anuncios de lo que iba a venir?

Este criminal atentado ha puesto de presente una vez más hasta dónde ha llegado el envilecimiento del periodismo por parte de falsimedia mundial, puesto que el hecho no ha sido presentado como lo que es, un acto terrorista, sino que se ha puesto en duda su misma existencia, y los titulares de la prensa y de la televisión hablan de “supuesto”, “pretendido”, “simulado” atentado. Esto indica, además, un doble rasero, porque mientras un accidente de tránsito en Londres o un ataque con cuchillo en Bruselas o París son catalogados como “atentados terroristas”, el intento de asesinar a un jefe de estado es catalogado como algo supuesto, e incluso sus autores son alabados como “rebeldes” o “luchadores por la libertad”.


Tras fracasar el atentado, emergieron las voces que lo reivindicaron sin que nadie los estuviera llamando a declarar, hablando desde dos lugares emblemáticos de la guerra contra Venezuela: Miami y Bogotá. En esta última ciudad, y según lo dice la revista Semana: el “ex preso político venezolano, el ex policía Salvatore Lucchese […] aseguró en Bogotá haber formado parte del plan. 'Teníamos un objetivo y al momento no se pudo materializar', dijo durante la toma de posesión de Iván Duque”. La misma revista dice estar sorprendida porque “Ni Casa de Nariño ni ningún actor de la oposición ha explicado su presencia en Colombia. 'Es el gran misterio', dice una diputada de Voluntad Popular, partido en el que militó el ex policía hasta enero”.

¡Y todavía dicen que los gobiernos colombianos, el de Santos y ahora el de Duque, no tienen nada qué ver con el atentado, si ellos mismos lo están reconociendo a través de noticias como esta que difunde uno de sus principales medios de desinformación, en donde se dice que un individuo que reivindica el atentado contra Nicolás Maduro está presente en la posesión del nuevo presidente de Colombia! ¡Difícil encontrar más cinismo y descaro!

Desde Miami, vino la confesión bomba, hecha de manera voluntaria y deliberada, en lo que puede considerarse como el mejor (o peor) ejemplo de lo que es la cloaca periodística y humana, por la boca del periodista y presentador peruano Jaime Bayly, radicado en esa ciudad de La Florida. Este individuo afirmó que estaba enterado de lo que había sucedido en Caracas, porque había sido invitado a participar en una de las reuniones donde se maquinó el atentado y se comentaron los detalles del mismo: “yo me enteré del plan durante la semana […] y me dijeron 'el sábado vamos a matar a Maduro con drones' y yo les dije 'háganle'”, y les propuso “¿quieren que yo les compre un dron más, avísenme, por favor”. Luego describió con detalles el complot “para eliminarlo, darlo de baja y así tal vez iniciar una nueva etapa de libertad”.

Como para que no quedaran dudas de su apología al asesinato del presidente de Venezuela, ese sicario con micrófono que es Jaime Bayly agregó: “Así que yo estoy con ellos, con los héroes”, porque no son “terroristas ni sicarios, los que hicieron volar esos drones son patriotas, son gentes de honor, son venezolanos ejemplares". En forma despreciativa y haciéndole una vulgar apología al crimen indicó que ojalá Maduro "se vaya a reunir con Chávez". Lamentó que “el atentado no haya tenido éxito”, y añadió, lamentándose por el acto fallido: "Es una lástima [que] los conspiradores hayan fallado esta vez, pero no por eso van a desmayar, van a tirar la toalla, seguramente están ya preparando un próximo atentado".

II


Cuando se amenaza a un periodista se denuncia que se pone en cuestión la libertad de prensa, pero no sucede nada cuando un sicario que hace las veces de periodista, como el peruano de marras, amenaza al presidente de un país, hace una apología abierta del terrorismo criminal, encubre a una banda de asesinos, propaga el odio y el culto a la muerte y al magnicidio. ¿Eso debe defenderse a nombre de la libertad de prensa? Los que ejercen como periodistas pueden amenazar, aplaudir a criminales (como los radicados en Miami y Bogotá) porque los protege el manto de la impunidad, de la misma impunidad que ampara a los asesinos cuando conspiran contra un gobierno que no es del gusto de Washington y sus lacayos de América Latina, como los que están organizados en ese Cartel de Delincuentes que se llama Grupo de Lima.

Por supuesto, ante este vergonzoso ejemplo de indignidad periodística los voceros de la Sociedad Interamericana de Prensa, de Reporteros sin Fronteras y los periodistas de Colombia, Madrid y todos los lugares donde se destila esta campaña de muerte y saboteo contra Venezuela se han quedado callados. Los comentaristas de los medios colombianos no han dicho ni una sola palabra sobre este alevoso atentado y su infame justificación por un sicario con micrófono radicado en Miami.

En el caso de Colombia no nos debemos sorprender, por el tipo de periodismo “independiente” que aquí impera. Uno de los hechos ha sido protagonizado por el abogado de la mafia Abelardo de la Espriella, defensor de paramilitares, criminales, asesinos, y amigo cercano del campeón de los capos y ex presidente de Colombia, quien en columnas de prensa y en un libro ha justificado el asesinato del presidente Maduro. En efecto, en su columna titulada “Muerte al tirano”, publicada en El Heraldo en julio de 2017 señaló: “Los venezolanos de bien y la comunidad internacional en pleno deben entender que la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República. No se trataría de un asesinato común, sino de un acto patriótico que está amparado por la constitución venezolana y que resulta, por demás, moralmente irreprochable”. Y en marzo de 2018, ese mismo abogado de la lumpen-burguesía colombiana publicó un libro con el mismo título “Muerte al tirano” en donde vuelve a hacer una vulgar apología del asesinato del presidente venezolano.

Podemos concluir, parafraseando a Alfonso Sastre, en una frase que es necesario citar todas las veces que sea necesario: lo peligroso que resulta un micrófono, una cámara de televisión o un procesador de palabras en manos de cretinos y sicarios morales y sobre todo cuando estos gozan de completa impunidad.

Alrededor del mundo, una inmensa gama de organismos gubernamentales y partidos políticos están explotando las plataformas y redes sociales para difundir desinformación y noticias basura, ejercer la censura y el control, y socavar la confianza en la ciencia, los medios de comunicación y las instituciones públicas.

El consumo de noticias es cada vez más digital, y la inteligencia artificial, el análisis de la Big Data (que permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones) y los algoritmos de la "caja negra", son utilizados para poner a prueba la verdad y la confianza, las piedras angulares de la llamada sociedad democrática occidental.

Son muy pocos los dueños de la infraestructura que permite el uso de la Internet en todo el mundo, y también los servicios que sobre ella se brindan. La propiedad de los cables de fibra subacuáticos, las empresas que se alojan y controlan el NAP de las Américas, los grandes centros de datos como Google, Facebook, Amazon o los llamados “servicios en la nube” como Google Drive, Apple Store, OneDrive, son corporaciones trasnacionales, en su mayoría con capitales estadounidenses. Hoy, de las seis principales firmas que cotizan en bolsa, cinco de ellas son del rubro de las TIC: Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook.

Campo popular: actualizar la lucha
Es que el mundo cambia constantemente, muchas veces al ritmo de la tecnología y pareciera que a la izquierda, a los movimientos y medios populares de comunicación, nos empujan a pelear en campos de batalla equivocados o ya perimidos, enarbolando consignas que no tienen correlato con este mundo nuevo.

Mientras, las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus estrategias, tácticas y ofensivas en nuevos campos de batalla donde se pelea con nuevas armas, donde la realidad no importa, en lo que quizá ya ni se trata de la guerra de cuarta generación, la que ataca a la percepción y sentimientos y no al raciocinio, sino a una guerra de quinta generación, donde los ataques son masivos e inmediatos por parte de megaempresas trasnacionales, que venden sus “productos” (como el espionaje) a los Estados.

Hoy debiéramos estar más atentos a la integración vertical de los proveedores de los servicios de comunicación con compañía que producen contenidos, a la llegada de los contenidos directamente a los dispositivos móviles, a la trasnacionalización de la comunicación, convirtiendo a la información en campañas de terrorismo mediático… mientras apenas denunciamos lo fácil que está siendo convertir a la democracia en una dictadura manejada por las grandes corporaciones.

Debiéramos estar atentos a los temas de vigilancia, manipulación, transparencia y gobernanza de Internet, al video como formato a reinar en los próximos años, estar atentos al hecho de que los mismos televisores se van convirtiendo en una pantalla más a donde llegan los contenidos manipulados por las grandes corporaciones.

Pero desde el campo popular seguimos reclamando la democratización de la comunicación y la información, creyendo que una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión entre los sectores público, comercial y popular puede significar el fin de la concentración mediática. Estamos peleando guerras que ya no existen, cuando el campo de batalla está en Internet, en el Big Data, en los algoritmos, en la inteligencia artificial.

Cansa la insistencia discursiva anclada en el pasado y con una agenda diseñada en países centrales, que no incluyen nuestras realidades. Se insiste en una necesaria renovación de la izquierda, en la necesaria búsqueda de nuevos caminos -en las catarsis colectivas de seminarios, foros, reuniones, conciliábulos, escritos-, pero no se buscan soluciones específicas al aislamiento y endogamia de nuestros sitios populares, alternativos a los mensajes hegemónicos, comunitarios, populares.

Estos temas no están en la agenda de los movimientos, de los partidos ni de los gobiernos (incluso los progresistas), más preocupados por seguir con la satanización de las nuevas tecnologías, por la denunciología, que en definir estrategias y líneas de acción. Hoy los gobiernos de la restauración conservadora disparan contra Unasur, que en su momento de auge no pudo concretar un canal propio de fibra óptica, que al menos le hiciera cosquillas al control de las megacorporaciones.

Hoy, el escenario digital puede convertirse en una vía para la reconexión del progresismo con sus bases, y en particular con los jóvenes, que es como decir con el futuro. Pero, no se ha avanzado en una agenda comunicacional común, y tampoco en temas estratégicos para el futuro de la soberanía tecnológica, como la gobernanza de Internet, el copyright, la innovación, el desarrollo de nuestras industrias culturales.

Se habla de nuevos caminos, pero pocos parecen dispuestos a transitarlos, porque seguramente afectan su identidad, su memoria y su vida. Se insiste en denunciar la desinformación, la información basura, el terrorismo mediático (tenemos doctorados en denunciología y lloriqueo), pero no nos preparamos para aprender a usar las nuevas herramientas, las nuevas armas de una guerra cultural ciberespacial. Quizá el problema no sea formular, sino tener oídos dispuestos a intentar, dice el humanista Javier Tolcachier.

Cada sitio de medios y/u organizaciones sociales dirige sus mensajes a una masa crítica acotada, a los que ya están convencidos de su mensaje, en una gimnasia endogámica, sin definir una agenda propia, latinoamericanista, en defensa de los derechos humanos y de los trabajadores, una línea editorial que los pueda unificar y entonces entrar con fuerza en la guerra cultural, en la batalla de las ideas. Sus lenguajes –y hablamos sobre la generalidad y por eso es de destacar los esfuerzos del mediactivismo de Fora de Eixo, Facción o Emergentes, por ejemplo– no se adecúan al momento histórico, cultural ni tecnológico. Están anclados en la denunciología, sin visibilizar las luchas, los anhelos de los pueblos o sociedades que dicen representar.

Todo esto acontece apenas dos decenios después de que Sergey Brin y Larry Page registraran el dominio google.com y once años de que Steve Jobs presentara en sociedad, en San Francisco, el primer iPhone. Mientras, Facebook sigue creando perfiles de usuarios y los algoritmos que usó Cambridge Analytica siguen a disposición de quien los quiera (o pueda) pagar.


Difícil que un país solo tenga capacidad de desarrollar los niveles necesarios de respuesta para mantener y/o recuperar la soberanía en algunas áreas, y por eso es imprescindible la suma de voluntades –gobiernos, academia, movimientos sociales– para sumar fuerza de negociación en temas básicos como inteligencia artificial y el Big Data. No hay otra salida: debemos apropiarnos del Big Data para poder pensar en herramientas liberadoras.

La única forma de luchar en esta guerra de quinta generación es poniéndose al día en lo que respecta a la inteligencia artificial, es en la posibilidad de montar nuevas plataformas que evadan los filtros de las grandes corporaciones, es en la necesidad de adueñarse de las armas, las herramientas para poder pelear en esta guerra cultural, de generar agendas propias de acuerdo a los intereses de nuestros pueblos.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El pasado mes de agosto, durante 12 días, se llevó a cabo la Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos del Centro Oriente de Colombia, donde internacionalistas de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, y delegados de diferentes procesos sociales del país pudieron conocer de primera mano los conflictos sociales, políticos y territoriales de esta extensa macro región. En este recorrido, las protagonistas fueron las comunidades de cada lugar, articuladas en su mayoría al Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, y a sus diferentes expresiones organizativas (jóvenes, estudiantes, mujeres, trabajadores y campesinos).

Desde el resguardo Wacoyo, en Puerto Gaitán – Meta, pasando por los asentamientos humanos en Casanare, y por municipios de este departamento constituidos alrededor del petróleo, como Tauramena; por lugares donde se disputan la memoria, como en Caño Seco, y la tierra, como en Caño Limón, Arauca; por municipios boyacenses donde el conflicto es la manera en que se delimitan los páramos, hasta llegar a Bogotá, ciudad donde se engrosan los cordones de la exclusión y la miseria, esta caravana pudo constatar, además, que la resistencia y organización nacen del destierro, la violencia y el abandono del Estado, que solo hace presencia cuando de apropiarse de los bienes comunes se trata. Esta es la historia de este movimiento, que busca construir nueva sociedad para cambiar el rumbo de su región y del país.

***


El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia –MPMSPCOC–, articulado al Congreso de los Pueblos, es una expresión en la cual se materializa la organización del pueblo colombiano, que brega por construir un mundo en el que la explotación, la división social en clases, la marginación y la exclusión sean superadas para siempre.

Por esto, nuestros más antiguos antecedentes están en las luchas de resistencia que libraron los pueblos originarios de esta tierra contra la invasión europea desde 1492; en las luchas de los pueblos africanos por contener su destrucción a través de su caza, destierro y esclavización en tierra americana y que aún tiene hondas repercusiones no sólo en África y América, sino en todo el mundo; en las luchas de los campesinos del Movimiento Comunero, que golpeados por la Corona española se organizaron y abrieron paso a la más grande campaña por la primera independencia de nuestra tierra. Nos anteceden los indígenas, negros esclavos, y campesinos, que organizados como fuerzas patriotas constituyeron un verdadero Ejército para la libertad, hábilmente conducido por criollos de renombre como Antonio Nariño, Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, entre otros.

Nuestros antecedentes más particulares se encuentran en los campesinos que, durante los años de la llamada época de la violencia, fueron desterrados a punta de bala por bandas al servicio de la oligarquía, y que para salvar sus vidas se fueron montaña adentro, colonizando el piedemonte y las tierras planas de los Llanos Orientales. Esos mismos que encontraron en el pueblo llanero dirigido por Dumar Aljure y Guadalupe Salcedo un ejemplo para levantarse y exigir respeto a su dignidad.

Es así como luego del proceso de colonización del Sarare, impulsado convenientemente por el Estado a través del INCORA, para evitar la recuperación de tierras a los grandes hacendados, los campesinos en el Centro Oriente continuaron junto a los indígenas y criollos esa tarea de conjugarse para la exigencia y defensa de sus derechos.

En primer momento, le arrebatamos al Gobierno la Cooperativa Agropecuaria del Sarare – COOAGROSARARE, para ponerla al servicio de los intereses populares; continuamos con las grandes gestas de las masas como los paros de 1972, 1982, 1986 y otros, desarrollados en años posteriores en la campaña permanente contra el saqueo, la explotación, y por la vida y la permanencia en el territorio. Estas no fueron solo actitudes reivindicativas, sino con un profundo contenido político. Así fuimos adquiriendo conciencia de clase, identificando la clase antagónica, y logrando mayor claridad sobre la lucha de clases, entendiendo cuál es nuestra misión histórica como proletarios y oprimidos en la transformación de la sociedad y de las relaciones sociales de producción.

En nuestra experiencia, nos basamos en el plan de equilibrio regional, nuestro plan de vida, que es la guía a través de la cual proyectamos y construimos las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Este plan es producto de los foros, los cabildos, las marchas, tomas pacíficas, asambleas gremiales, seminarios, etc., desde donde el pueblo organizado delibera y decide sobre los asuntos políticos, sociales, económicos, ambientales y culturales. Estos mandatos se han venido materializando en los diferentes embriones de poder popular, dentro de la institucionalidad y en medio de la legislación del Estado burgués.

Con lo anterior hemos logrado capacidad de gestión y administración comunitaria, materializada en proyectos que posibilitan la vigencia del derecho fundamental al agua y saneamiento básico; la organización de los renglones productivos para la soberanía y seguridad alimentaria, que permite no solo la producción sino también la transformación y comercialización de los productos agropecuarios; empresas de transporte público de pasajeros y de carga; proyectos especiales para la educación formal y no formal para adultos y jóvenes campesinos; propuestas de comunicación popular y alternativa; el recaudo de pagos por la prestación de servicios; la regulación de los precios en la prestación de servicios profesionales y de mano de obra no calificada; incidir frente a la garantía del derecho a la salud; y el establecimiento de Territorios Campesinos Agroalimentarios y Guardias Interétnicas, Campesinas y Populares, como ejercicios de soberanía y autonomía popular.

Todo este trabajo ha sido construido desde las bases, en espacios democráticos, interiorizando los diferentes enfoques colectivos y respetando las opiniones y diferencias de los individuos. Hemos recibido y aceptado las enseñanzas de nuestros hermanos mayores, los pueblos ancestrales, de entendernos como parte de la naturaleza y por tanto establecer relaciones de respeto y equilibrio dinámico entre nosotros y con la madre tierra. Ha sido incluyente, precisamente, porque las personas nos reconocemos como artífices de su construcción, por ello lo entendemos como propio y lo defendemos.

Esta visión de autogestión ha sido señalada y estigmatizada de ser un instrumento de la insurgencia armada en contra del Estado, porque va en contravía de su sistema económico, depredador y excluyente. El Estado, en lugar de reforzar su presencia institucional en inversión social, ha implementado una serie de medidas de control y represión, persiguiéndonos, penalizándonos y criminalizándonos. Sin embargo, hemos llevado estos ideales a los espacios de interlocución, para mostrar que el pueblo organizado no solo tiene quejas sino además tiene propuestas de vida. Así mostramos que siempre le hemos apostado a la construcción de paz, entendida esta como la garantía plena de derechos fundamentales que permitan la vida en condiciones de dignidad en el territorio.

Para ello, la participación activa del pueblo organizado ha sido y será la única manera de hacer resistencia, defender la vida y el territorio, y garantizar la pervivencia y supervivencia de la especie. Por tanto, es necesario seguir fortaleciendo el tejido social, articulando los planes de vida regionales, ejecutando los mandatos que hemos ido construyendo en nuestros espacios democráticos, y seguir creciendo en una agenda de país para la vida digna.

Arriba, la serranía de San Lucas que regularmente se cubre de niebla y guarda retazos de verde selva alto-andina. Abajo el imponente río grande de la Magdalena, el Gran Yuma (río de alta montaña) como lo han llamado nuestros hermanos mayores, los indígenas de esta nación. En esa franja intermedia, en el municipio de Morales, Bolívar, se desanchan esteros, humedales y caños que surten al gran río, y subiendo un poco están las colinas y valles de las estribaciones de la serranía. Allí, enclavado, está el caserío de Micoahumado con comunidades campesinas y agro-mineras que desde comienzos del siglo pasado –cuando esta región era selva y la explotación maderera pudo ser una posibilidad económica– se adentraron, fundaron sus fincas y, ampliando la frontera agrícola, se quedaron en este generoso territorio.

–Mira mi amigo, en este retacito de tierra es donde cultivo. ¡Esta tierra es muy buena, produce de todo! Es tan buena esta parcela que me da el pan para mi familia–, me comenta Pablo Santiago, un reconocido dirigente campesino que junto a su familia se ha dado a la tarea de configurar en Micoahumado un Territorio Campesino Agroalimentario, como los que viene impulsando el Coordinador Nacional Agrario -CNA en diferentes regiones del país.

La necesidad de desarrollar esta propuesta surge porque el Sur de Bolívar y la serranía de San Lucas se reconocen por la producción de oro, pero tanta riqueza y las expectativas de minería a gran escala contrastan con la pobreza de las comunidades campesinas que viven en medio del abandono estatal. Además, porque sobre esta región se adelantan ya varios estudios, uno de ellos involucra en su polígono a once municipios de esta esquina montañosa. El objeto de investigación es implementar figuras de conservación territorial bajo la tutela del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya sea un Parque Nacional Natural, o un Distrito de Manejo Integrado, que pretende focalizar unas zonas para la explotación minera, otras para la explotación agrícola y pecuaria y otras áreas de conservación total.

En este debate, las comunidades organizadas en la región advierten que el diseño y la implementación de cualquier forma territorial debe contemplar la inclusión de los habitantes de la región. Consideran que se necesita una figura territorial con gente que convive, produce y hace su cotidianidad a partir de este espacio físico; gente que cuenta con este espacio intangible, simbólico, cultural, que en consecuencia es un territorio cargado de memoria, de luchas y de resistencia. Es por eso que apuntan a la construcción de una figura territorial propia, con y desde las comunidades campesinas, agromineras y ribereñas.

Asegura Pablo Santiago que las veredas de Micoahumado, denominadas por el Sistema Nacional de Parques como zona 13, hacen parte de ambiciosos proyectos de minería, como ocurre con todo el Sur de Bolívar y la amplia región del Magdalena Medio. A la región la acorrala no solo la minería para la explotación de oro, sino que se ve afectada por el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, por proyectos agroindustriales de palma aceitera y hasta por estos planes de declaratoria de un Parque Nacional Natural de la serranía de San Lucas.

Este territorio “desde que lo conozco, hace más de 35 años, está en disputa. Aquí históricamente han estado las guerrillas, también en un tiempo entraron los paramilitares, esos tiempos fueron muy duros. Aquí también patrulla el Ejército nacional; y por estos lados la presencia del Estado es muy poca, pero eso sí, la militarización es bastante”. Pablo Santiago, como muchos campesinos, ha tenido que sobreponerse a las angustias y al acoso del conflicto social y armado, “no es cosa fácil porque además hay que cargar con la estigmatización que nos hacen los políticos y gobernantes, la fuerza pública y hasta los medios de comunicación”.

En esta región la amenaza de despojo es latente. Seguramente falta mucho oro por explotar, sin contar con otros minerales preciosos que quizá se esconden en esta montaña. Frente a esta preocupación, a las comunidades les urge avanzar en la constitución de una figura territorial que sea confiable, que garantice la permanencia en las parcelas; una figura territorial que sea reconocida, primero por las mismas comunidades y luego por las instituciones y gobiernos.

En estas serranías se cultiva piña, aguacates, fríjol y caña panelera. Abajo, en las llanuras que el Magdalena baña, se cuida ganado y se siembra arroz. Aquí los campesinos hacen soberanía alimentaria con el aporte de cientos de familias, cultivando café, cacao, plátano, maíz y yuca, cuidando de sus gallinas, cerdos y peces, porque no todos los que habitan la región son mineros.

Asegura Pablo Santiago que “nosotros insistimos en implementar el Territorio Campesino Agroalimentario porque entre tantas figuras territoriales, esta es la que nos da posibilidades reales de diseñar un plan de vida pensado y a la medida de nuestras comunidades. En esta construcción seguimos ordenando el territorio de acuerdo a nuestras necesidades y, sobre todo, respetando el entorno, haciendo uso racional de las fuentes de agua, la montaña, las cuencas y bosques, administrando responsablemente los bienes comunes”.

Los campesinos no serían capaces de convertir el río en una espesa y agresiva autopista para la carga pesada. No lo harán porque aman al río, lo admiran, le cantan y lo navegan con respeto en sus livianas canoas. Negros, campesinos e indígenas aseguran que hacen un aprovechamiento proporcionado, tomando lo necesario para la vida y así conservar el entorno, este que les facilita la vida y que esencialmente será la casa amable y segura de las presentes y futuras generaciones.

Nací acá, igual que mis papás, mis abuelos y mis tatarabuelos. Somos la descendencia de nuestros antepasados, los Muiscas, y somos lo que somos gracias a lo que ha producido la tierra en este sector. Ese pedazo horrible que ustedes ven ahí, era igualitico a lo que está de ahí para arriba; esto era un campo que producía mucha comida. Lo único que nosotros hacemos acá es producir leche, sembrar papa, arveja, haba, zanahoria, cilantro… mientras producimos toneladas de comida para Bogotá, ellos nos traen toneladas de basuras para acá.

Ya son treinta años de dolor, treinta años de destrucción a la naturaleza, de afectación física y mental a todos los seres que habitamos la región. Desde que nos trajeron el botadero de Doña Juana, todo ha sido tristeza… es como una bomba de tiempo. Ahora, ya no nos aguantamos más el olor, las ratas, las moscas. Imagínese usted no poder comer tranquilos, tener que encerrarnos o meternos debajo de una cobija para poder comer… o que para salir uno tenga que andar con gafas y cubierto todo, porque si no las moscas se le meten por todos lados. O imagínese cómo ha cambiado nuestra tierra; por la contaminación ahora nos toca meterle químicos para que produzca.

Dentro de ese lugar había, hasta hace poco, más o menos ocho lagunas o humedales, pero los destruyeron todos. Este es un problema que mide 500 hectáreas, y aunque hemos peleado juntos para que no crezca más, ya llegó hasta el patio de esta última casa que ven ahí. Lo que más nos preocupa es la decisión del alcalde Peñalosa de expandir ese daño hasta el 2070, o sea que nos van a destruir todo de aquí para arriba, hasta el cerro ahí donde se ve, y de la carretera hacia arriba. Son otras 400 o 500 hectáreas más, y aunque el decreto donde dice eso se aprobó desde diciembre del año pasado, solo hasta hace unos días el Alcalde lo socializó.

Desde entonces, lo que está haciendo son cosas como las de ese avisito que se ve ahí, al lado de esa varilla… sellar las obras. Esta obra que se estaba construyendo ahí, una casa, ya no se puede hacer, porque supuestamente incumplió una norma. Los negocios, las panaderías, el comercio, la venta de alimentos se han sellado, o les decomisan los alimentos por lo mismo, que porque ahora ya no cumplen la norma. También tienen el argumento de que van a recuperar todo el corredor ecológico de la parte de abajo, al frente del basurero, y para eso están comprando, pero la lógica diría que si de eso se tratara, empezarían a comprar desde abajo. No, el Alcalde quiere empezar comprando desde arriba, porque así tendría la potestad de ir atravesando toda la vereda.
La pretensión es muy clara, quieren cansarnos, desesperarnos, disminuir el valor de todo lo que tenemos, para que al final nos veamos obligados a venderles. Ellos no se han dado cuenta que están destruyendo una zona campesina hermosa. Vea, allí baja una fuente de agua, allí otra, y vea otra. Son tres fuentes de agua, todas lindas, y nos las van a destruir. No solamente acaban con la cultura campesina, porque nos van a sacar a las buenas o a las malas, sino que el agravante es que nosotros estamos al pie del páramo de Sumapaz, el más grande de Colombia… o por lo menos eso es lo que uno escucha decir cuando va por allá a Bogotá, o en las universidades.

Esto también nos inquieta porque hace como un mes entró otra empresa, la Suez, a operar el basurero, y lo que nos dicen es que esa empresa tiene como objeto fundamental el comercio del agua. Eso quiere decir que entrar aquí a operar el relleno es el pretexto, la disculpa, y más ahora que se impone la delimitación del páramo. Eso es una contradicción, porque estaríamos dentro de la delimitación, pero ellos no van a conservar. Una parte es para las basuras, y otra parte es para producir agua y llevársela para otras naciones.

Nosotros como comunidad, y con las organizaciones sociales, le hemos hecho muchas propuestas a la alcaldía. Ya le demostramos que con todo el material orgánico que llega ahí, porque no todo es basura, se podría producir la energía eléctrica que movería el metro de Bogotá. Así, además, evitaríamos que le metan más presas a los ríos Blanco y Sumapaz, que es lo que pretenden. También les hemos dicho que todo ese material se podría convertir en abono, como recuperador de los suelos. Lo que más les ofende a ellos, sin embargo, no es que les hagamos propuestas, sino que les digamos que los activos que puede producir esto deben ser invertidos en el área de impacto, que somos los tres millones de habitantes que estamos en la cuenca del río Tunjuelo, y les ofende porque ellos no quieren compartir sus utilidades con nadie.

Por todas estas situaciones, nosotros ya hemos hecho varias movilizaciones. El año pasado hicimos una en agosto, y otra el 27 de septiembre. La respuesta siempre fue atacarnos con una fuerza excesiva de Policías, Esmad y el Ejército que está arriba en el batallón, y sacaron además un listado en el que nos sindican a 15 personas de delincuentes.

Hace poco Peñalosa vino a Pasquilla, una vereda que queda allí más arribita, y dijo prácticamente que duélale al que le duela, Mochuelo se acaba. Lo que no sabe es que aquí hay una comunidad muy inteligente; no somos ignorantes como ellos creen. Mientras existamos campesinos acá, pues le va a quedar muy difícil hacer las cosas como quiere. Nosotros queremos hacer una transformación de esa realidad que hoy tenemos al frente.

***
El anterior es el testimonio colectivo de campesinos y habitantes de los barrios Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en Bogotá. Gente como Elcy Rodríguez, Marta Fonseca, o José Alonso Díaz que desde hace 30 años, cuando apenas eran niños, han vivido la condena de tener el relleno sanitario más grande de Colombia al pie de sus casas.

Con el último rayo de sol, asiste también la incertidumbre. En el sur de Yopal, Casanare, 776 familias se aferran a lo poco que tienen, que para ellas es tanto como su esperanza de vida, deseando que no llegue esa noche en que funcionarios con su fuerza pública intenten de nuevo despojarlas. Luego de soportar durante años la exclusión, la pobreza y un conflicto ajeno, en el 2016 se asentaron en predios de la que hoy es conocida como ciudadela La Bendición, y pese a que solo piden una oportunidad para vivir mejor, hasta allí solo llega la fuerza brutal del Estado, y el estigma de una sociedad que les ve como drogadictos, prostitutas o ladrones.

I


Marly García parece de acero. Vive en La Bendición y es una de las líderes más importantes de su comunidad. Su andar y su fuerza se dejan ver inagotables, pese a que desde que tiene memoria ha estado inmersa en un círculo en el que nunca eligió estar: el de la violencia y el abandono estatal. Nació en San Bernardo, Cundinamarca, y a los 10 años quedó embarazada de uno de los tíos que abusaba sexualmente de ella. Aunque quiso abortar, finalmente su hija nació. Esa misma tarde una enfermera la sacó de la habitación, pero nunca regresó con ella; la familia de Marly se la había llevado y dado en adopción.

Marly salió en búsqueda de su hija. Sin encontrar resultado, calló en la drogadicción y tocó fondo. Durante cinco años conoció las penurias de la calle, hasta que un día un angelito, como ella la llama, la encontró y la llevó a una fundación. A los 19 años salió de allí renovada, sin saber que el camino que le esperaba era todavía largo. Llegó a Planadas, Tolima, y de allí la desplazaron los paramilitares. Entonces se fue para Florencia, Caquetá, y los mismos la desplazaron nuevamente. Regresó a Cundinamarca, y en Pasca la desplazó la guerrilla.

Con fuerza todavía, reinició su vida en Fusagasugá. Trabajaba y tenía una relación sentimental. Pero un día, al regresar de su trabajo, observó cómo su pareja sacaba las pertenencias de su casa. Marly lo siguió en un taxi y se percató de llamar a la Policía. Al llegar, encontraron un expendio de drogas y otras tantas cosas robadas; en ese instante fueron capturadas cinco personas. A Marly la amenazaron, y días después la hirieron brutalmente. Quedó en coma durante 16 días, y con una fractura más en su ya golpeada vida…
Entonces se fue para Casanare. Conoció a su actual compañero, un hombre, como ella, maltratado por la vida. Empezaron a trabajar en fincas, pero el pago era ridículo para tanto trabajo. Se fueron a Yopal a pagar un arriendo y se atrasaron dos meses, por lo que la dueña de la casa le sacó todas las cosas a la calle.

Era 2016, y el asentamiento en La Bendición apenas iniciaba. Su mejor y quizá última opción fue sumarse a ese grupo de personas que, desplazadas y ultrajadas por un sistema excluyente, se estaban tomando esas tierras para levantar un techo y construir vivienda. Fue allí donde, sin dimensionarlo, tanta adversidad se convirtió en su mayor fortaleza para ayudar a quien la necesitara y liderar con entereza este proceso colectivo de enormes dimensiones.

II


La ciudadela La Bendición abarca 75 hectáreas. Estas tierras, ubicadas en la vereda San Rafael, pertenecían inicialmente a Jhon Jairo Pérez Barreto, testaferro del narcotraficante Germán Sánchez, alias “Coletas”. Y aunque la Fiscalía ya había ocupado estos terrenos con fines de extinción de dominio, Pérez Barreto se los vendió a Jhon Jairo Torres, conocido en la región como Jhon Calzones, con la condición que estas tierras fueran utilizadas para la siembra de palmeras.

Pero Jhon Calzones tumbó todos los árboles y, pese a que no obtuvo licencia de Planeación municipal para construir, ni de Corporinoquia para hacer pozos profundos, empezó a lotear. Miles de lotes de 6 x 15 metros fueron vendidos a familias pobres con la esperanza de construir por fin su vivienda propia.

Por las “facilidades” que Jhon Calzones ofreció a las personas, algunas pagaron 30 millones de pesos, otras pagaron cinco millones, y otras apenas 500 mil pesos. Con esto, Calzones logró constituir un movimiento también llamado La Bendición, que fue su principal palanca para llegar a la alcaldía de Yopal en el 2015, a pesar de que días antes de las elecciones ya había sido privado de la libertad por su responsabilidad en esta urbanización ilegal y por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, fue en los lotes que no habían sido vendidos –unos 2000 de los 10.000 que eran en total– en los que Marly y las 776 familias se asentaron desde principios de 2016. Se organizaron como comunidad y empezaron a instalar lo básico. Los problemas empezaron desde el primer día, tanto por las amenazas y persecución por parte de Calzones, como por la estigmatización proveniente, en la mayoría de los casos, de sus otros vecinos de la ciudadela que no hacen parte del asentamiento. Todo esto sin contar con la situación de precariedad con que han tenido que subsistir durante este tiempo, y con la amenaza constante de desalojos masivos o selectivos por parte de la administración municipal.

III


“Nosotros no tenemos agua potable… el agua está contaminada con materia fecal, porque al no haber alcantarillado lo que tenemos es pozos sépticos, y están filtrando y contaminando los pozos profundos y acuíferos. De las personas que hemos llegado aquí, la mayoría somos desplazadas, madres cabeza de hogar, discapacitados y de tercera edad. Dentro del 80% de personas que son desplazadas, hay un 20% de tercera edad, un 30% en pobreza absoluta, y los otros son discapacitados. También hay una gran parte de población afro. Ahorita hay nueve pacientes con cáncer... cáncer terminal, cáncer de huesos, de páncreas, en la matriz, de seno, y otra señora que tiene cáncer en una piernita”, es lo que explica Marly en cuestión de segundos cuando indagué por las condiciones de vida en el asentamiento.

–¿Esas enfermedades tienen que ver con el entorno en que viven?–, le pregunté con inocente esperanza.

–Claro mami. Yo le preguntaba a un doctor por qué a la señora le dio cáncer de páncreas, y me dijo: “porque se le reventó el hígado, se le contaminó todo el organismo”, ¿y por qué? Porque aguantan hambre. La señora nos cuenta que cuando tenía para comer no tenía para almorzar ni nada, y le tocaba era darle de comer a los niños. Con los pacientes que tienen cáncer de huesos, el médico me decía que es porque muchas veces llegan de trabajar cansados, se bañan, y eso produce el cáncer de huesos. Entonces, la pobreza que tenemos muchas personas nos está llevando es a buscarnos un cáncer–.

IV


Eran las 8:00 de la noche y el aire del Llano sofocaba todavía. Los zancudos atacaban sobre las pieles sudorosas. Aproximadamente 50 personas, entre habitantes de La Bendición, periodistas y defensores de derechos humanos estábamos reunidos en el asentamiento. Medio cubiertos por un techo de lata, escuchábamos las denuncias de la comunidad frente a su situación social. Marly ordenaba las intervenciones de cada persona, y en ocasiones complementaba lo que quizá por pena muchos no se atrevían a decir.

En un momento interrumpió entre angustiada y resignada para advertir a todos los foráneos que, en caso de que se fuera la luz, ingresáramos al salón, también de madera, latas y tierra, que estaba justo detrás de nosotros. Se generó un murmullo, por lo que Marly precisó su advertencia con una aclaración: “Lo que pasa es que aquí cualquier reunión que haga la comunidad, intentan sabotearla, pero no se preocupen”.

Aunque la reunión terminó en calma, la tensión en Marly era evidente. Y no era para menos, porque desde que asumió el liderazgo de la comunidad, organizada en la Asociación Juntos por una Vivienda Digna, ha recibido varias amenazas. Me contó más tarde que ese mismo día, estando en la Procuraduría, le llegó un mensaje de texto con una amenaza, “dicen que tengo hasta mañana a las 5 de la tarde para salirme de La Bendición, o que sino amanezco con la jeta llena de moscas”.

Por estos motivos, desde noviembre de 2017 Marly tiene un esquema de seguridad, y aunque al principio no quería aceptarlo, se dio cuenta que para poder ayudar a su gente, también tenía que proteger de alguna manera su propia vida, aunque fuera absurdo: “para mí es muy triste levantarme muchas veces y salir de la casa sin tener con qué tomarme siquiera un tinto, pero con dos personas armadas al lado mío y en un carro bien bonito… además ellos solo trabajan 10 horas, entonces estoy sola por la noche que es cuando me han disparado o cuando aparece gente con armas”.

V


Marly debe tener unos 35 años, y aunque las marcas de su trajinada vida son visibles en su rostro, no ha perdido la firmeza. Por eso persiste, no se abandona ni abandona a ninguno. No quiere defraudar la confianza que la comunidad depositó en ella cuando la eligió como presidenta del proceso, luego de que otros desistieran producto de las mismas amenazas. “Eso fue cuando iban a hacer uno de los tantos desalojos que han intentado hacernos. Entonces nos reunimos y empezamos a decirnos que tocaba organizarnos, y como yo gestionaba para la gente enferma, dijeron que querían que yo empezara a liderar”.

Ahora como líder sabe que muchos en el barrio dependen de ella, porque por su gestión es que varios tienen comida o acceso a la atención médica. “Muchas veces me voy para las universidades a tratar de buscarles capacitaciones a las mujeres, para que hagan manualidades desde sus casas y puedan trabajar mientras cuidan a sus hijos, y tener con qué darles de comer”, expresa satisfecha.

–Marly, ¿cómo te sueñas el barrio?

–Yo me lo sueño con sus casitas, con su cancha, con su parque, con un jardín infantil, con un colegio, y lo primordial, un centro de salud. A nosotros nos gustaría una reubicación porque ahí así legalicen, la problemática va a continuar y seguiría la discriminación por parte de los que dicen ser engañados.

–¿Pero en caso de una reubicación te gustaría que pudieran continuar todos juntos y organizados?

–Claro, sí. Para eso es que luchamos y por eso yo acepté liderar. En los estatutos de la asociación, que está legalmente constituida, dice que la lucha se va a dar hasta que quedemos todos reubicados, todos legalizados, pero unidos y con una vivienda digna.

Esta historia comenzó aproximadamente en los años 80 cuando estas tierras fueron colonizadas y la gente subsistía de la naturaleza y del trabajo de sus manos. En el 90 se vino el boom petrolero para el departamento de Arauca, que jugó con la inocencia y la ignorancia de los campesinos, que pensaron que el petróleo iba a traer prosperidad a nuestros terrenos. Nunca se imaginaron que las empresas transnacionales y el Estado iban a desplazarlos, que los campesinos iban a pasar de ser pobres a ser miserables; porque un campesino sin tierra no es campesino.

El Estado usó la Policía nacional y el Ejército contra los campesinos. Tumbaban las casas, arrancaban los cultivos, los envenenan, llevaban a la gente a la cárcel de la capital, los tenían tres meses y luego los soltaban. En el 91, cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel. Por ese acoso constante la gente decidió salir de los territorios, pero con una promesa del Estado. Hay un acta firmada por el Incora [extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria], la empresa Occidental Petroleum -OXY, y las comunidades, donde el Estado se comprometió a reubicar la gente en un plazo máximo de 30 días. Le pagaron unos dineros irrisorios a la gente, y esos treinta días se volvieron una eternidad. 175 familias se desplazaron de este territorio. En ese tiempo el tema de la planificación no era muy común, entonces las familias eran numerosas.
Un campesino metió una tutela para que restablecieran el derecho a la tierra. Inmediatamente el Consejo de Estado le dio la orden al Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] que reubique a los campesinos. Los campesinos pensaron que era una victoria, que todos íbamos a tener nuestro pedazo de tierra. Pero el Estado no podía titular un terreno donde existiera petróleo. Y desafortunadamente para nosotros los campesinos araucanos, estamos parados encima del petróleo. Eso se nos convirtió en un martirio y en una burla hacia nosotros. Cuando pasaban los campesinos buscando dónde comprar, decían: “ahí van los compradores de tierra”.

El ocho de octubre del 2013 decidimos recuperar el territorio. Entramos e inmediatamente nos encontramos con la Policía, el Ejército, la Sijín, y la seguridad privada de la empresa. Nosotros empezamos a talar y a sembrar, y la Policía detrás a arrancar y envenenar. Era tal la humillación que nosotros no reconocemos a la Policía y al Ejército como una institución, para nosotros son unos mercenarios. Tenemos un compañero que no hace mucho salió de una cirugía, le estaban sacando una bala del cráneo. Otro compañero tiene como veinte tiros.

Tumbaban los cambuches, botaban la comida, se repetía la historia del 95. Hasta que decidimos que si nos iban a sacar de aquí tendría que ser con los pies de pa' delante. Decidimos usar nuestras armas de trabajo y empuñarlas para defendernos. El campesino dijo: “si usted me pega un tiro, yo le pego un machetazo”. El mensaje no era agresivo, sino decirles que estábamos decididos a morirnos por el territorio.

Nos hicieron miles de propuestas. La compañía nos ofreció otros territorios, pero nosotros queríamos nuestro territorio. Muchos de nosotros nacimos aquí, o al menos aquí nos hicieron los papás. El día que mi padre me trajo acá… uno siente como una energía. Él me decía: “mire papá, aquel era el palo, se acuerda, aquí había un zorrocuco, si usted se ponía a llorar lo callábamos era con eso”; que mire, nos encontramos la piedra donde hace veinte años afilaba la rula. Era ese llamado, ese sentimiento, ese interactuar con la tierra lo que nos aferraba más al territorio.

La OXY demanda 16 campesinos por cuatro delitos: daño ambiental, hurto, daño a la propiedad privada, y amenaza a la fuerza pública; nosotros amedrentando a esos pobres señores que llegan aquí como cuando Rambo va a los otros países: fusil, pistola, un cuchillo, granada, chaleco antibalas, cascos, mira telescópica.

***


La voz es de Nixon Torres, presidente de junta de la retoma de tierras del complejo petrolero Caño Limón; el drama también.
Estamos reunidos en lo que los habitantes de la vereda El Vivero, del municipio de Arauquita, llaman escuela: aproximadamente 40 metros cuadrados de tierra pura y dura, bancas sin espaldar hechas de madera, 12 vigas también de madera y un techo formado con láminas metálicas. El bochorno anestesia el cuerpo. Un perro negro y famélico es asediado por un ejército de moscas que no lo dejan dormir. El alarido de los insectos y el canto de las aves invade la instancia como una marejada.

A metros de nosotros, al lado de una masa de agua marrón sin oxígeno, entre plataneras y árboles nativos, un cambuche que hace las veces de casa y una cocina artesanal. Según Nixon, el charco en mención es uno de los 29 esteros y ríos navegables que componían la Laguna de Lipa, un santuario de fauna y flora destruido por la OXY cuando instaló los más de 200 pozos del complejo petrolero Caño Limón.

De las más de 100.000 hectáreas que componen Caño Limón, Nixon y otras 98 familias han recuperado 4000. Allí siembran plátano, maíz, ahuyama, yuca, cacao, lechuga, maracuyá, papaya, guanábana, y cítricos. Actualmente la comunidad discute la posibilidad de declarar sus tierras como un Territorio Campesino Agroalimentario. Aunque el territorio está en proceso de división, se ha acordado que en el momento de la repartición se les dará la misma cantidad de tierra a todas las familias, sin importar si en el pasado eran dueñas de tres o de 40 hectáreas.

La vocación de Nixon y sus paisanos demuestra que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Tanto Colombia como Arauca son territorios campesinos, agrícolas y pecuarios. Las comunidades no viven del petróleo, subsisten de lo que produce la tierra y la cría de especies menores. Lo que trajo el petróleo a las zonas donde hay reservas, oleoductos o refinerías, es crisis ambiental, social y humanitaria.

***


Primero en el vocabulario de la gente era la invasión de Caño Limón. De la invasión cambiamos a la retoma. Hoy en día se habla de la vereda El Vivero. Hemos ido progresando en el lenguaje también.
Han utilizado toda clase de estrategias. Fuimos amenazados con el paramilitarismo. En la entrada de la vereda amanecieron un día los árboles pintados con letreros de las AUC. Manipularon a la inspectora de Arauca para hacer un desalojo en un territorio que no le correspondía. También amenazaron a Jesús Hernando Mancera, personero de Arauquita, porque defendió nuestros derechos, le tocó irse del municipio. Han aparecido personas armadas con ganas de joder a los líderes de la retoma. A mi particularmente me ha tocado salir como tres veces.

En la entrada de la vereda nos pusieron una reja con candando. Después nos hicieron una manga con alambre de púa. Ellos nos tapaban un camino y nosotros nos metíamos por otro. Cuando nos ponían la seguridad ahí, nos pasábamos por los esteros, porque nosotros sí conocíamos el territorio, porque era nuestra casa.
En el trayecto entre Caño Verde y La Yuca no se podía bajar ningún pasajero (el campo petrolero está ubicado entre estos dos sectores. En cada punto existía un retén militar que hasta el día de hoy se mantiene). Era un problema para que los carros lo trajeran a uno. Se metía en líos el conductor porque allá tenía que decir cuántos pasajeros iban, y cuando usted pasaba La Yuca revisaban si se había bajado alguien. Cuando ya sabían que estábamos aquí nos hacían quitar las botas. Se llevaban las cédulas y les tomaban fotos. La compañía tenía un bloqueador de señal, la señal de los celulares y de internet se iba. En los desalojos era un problema para que pudieran entrar al territorio las personas que venían a apoyarnos jurídicamente.

Ahorita les tocó aceptar que estamos aquí, que somos una realidad. A veces se ponen cansones pero El Vivero también se ha ganado una fama de que, si me grita lo grito, y si me toca dar puño pues doy puño.

La compañía nos ha llamado para que pactemos unas reglas de convivencia. Nosotros les decimos que no tenemos nada qué pactar con ellos. Que no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Nosotros lo que hacemos es labrar la tierra. Quisiéramos que no sacaran el petróleo, pero desafortunadamente ya lo están sacando. En estos días se nos viene una batalla bastante campal con la compañía. La OXY va a construir unas plataformas en unos territorios donde no hay plataformas. Esa va ser nuestra lucha ahorita: no dejar que exploten ese pozo. Yo creo que los jurídicos tienen que irse preparando.

***


Esta retoma continuará…

Ante un auditorio con cerca de un centenar de campesinos enruanados y de algunos foráneos, en el municipio de El Cocuy, la voz de Tránsito Leal estalla con el sentir de los asistentes a este evento: “nosotros no entendíamos la palabra delimitación, pero lo que nos querían decir era que se iban a robar los páramos”, exclama indignada.

Esta mujer hace parte del grupo de cocuyenses que también se nombran como parameros, y que se oponen a la delimitación del páramo producto de la Ley 1930 del 27 de julio de 2018. Esta ley afecta su vocación como agricultores, y por ende las formas de vida de la mitad de la población en el casco urbano, pero sobre todo de la que vive en el área rural de este municipio que hace parte del complejo de la Sierra Nevada del Cocuy, Chita o Güicán, localizada en gran parte del norte de Boyacá, en límites con Arauca y Casanare.

Debajo de un sombrero negro, Tránsito lleva un par de trenzas en su cabello tupido con canas, se cubre del frío con una chalina azul y un suéter vinotinto. A medida que avanza, su acento boyacense y su voz se exaltan con más fuerza: “que nos paguen lo que producen nuestros páramos, y que no se los entreguen a todas las multinacionales que son las que más contaminan el ambiente. Yo no entiendo artículos ni códigos, pero no nos los vamos a dejar quitar, ¿cierto? Los páramos son de nosotros”, finaliza mientras con eufóricos aplausos, los campesinos en el recinto responden a su intervención en un foro donde se aborda esta problemática.

En Colombia, los conflictos por la tenencia y usos de la tierra no son nuevos, y al contrario son caldo de cultivo para el surgimiento de otros. Sin embargo, la novedad en este que inmiscuye a los habitantes del municipio y al Estado, es que se debe a las políticas de conservación de un ecosistema tan importante como escaso para el mundo: los páramos.

Este ecosistema es un reto en materia de protección, debido a que Colombia posee la mayor parte existente en el mundo con cerca del 50 %. La gran singularidad de los páramos es equivalente a los servicios ecosistémicos que brindan. Es allí donde nace el agua que luego toma forma en ríos o lagunas, pero además proveen otros recursos. Es debido a su generosidad que han estado ligados a los asentamientos de comunidades a través de la historia. “Si uno toma el servicio ecosistémico que presenta un páramo, la población de impacto es mucho más grande que la población local que vive en las faldas del páramo. El páramo de Belmira, por ejemplo, cumple un nivel ecosistémico más amplio que el municipio de Belmira, que afecta toda la zona occidental norte de Medellín, entonces el tratamiento se hace complejo”, explica el investigador en geoconservación Miguel Ángel Tavera.

La vida y el habitar han sido siempre inherentes al páramo. Cuenta Miguel Ángel que los primeros en llegar fueron los indígenas andinos, que se movilizaban por las altas montañas y habitaban estos páramos con respeto espiritual, luego fueron los españoles, que los nombraron tomando referencia a las parameras de Castilla y León, que distan tantos kilómetros como en características al páramo del trópico. Ellos, con avaricia, vieron la oportunidad de explotar su riqueza asociada también al oro y a otros minerales. Desde entonces estos territorios siguen siendo observados de maneras distintas.

El turismo
“Yo desde que abrí los ojos al mundo, hace 65 años, conocí ese nevado, y les digo, los primeros pasos que yo di, los di al pie del nevado, cuidando ovejas y cabras, y ninguna cabra u oveja se atrevió a pisar el nevado”, recuerda Abdenago Buitrago, otro paramero de El Cocuy que, al igual que Tránsito, considera que el papel que ha jugado Parques Nacionales Naturales ha ido en contravía con su propósito de desarrollar alternativas para el manejo y la gestión hacia la conservación de este territorio. Al contrario, para él, con la llegada de esta entidad a los territorios hace 41 años, también lo hicieron los ríos humanos de turistas, que, con picas, palas, y otras herramientas han ido acabando con el nevado.

La molestia de los parameros dista mucho de alguna fobia hacia lo diferente, en cambio se sustenta en hechos que han afectado a los habitantes y al mismo ecosistema. Por ejemplo, el acueducto de Agua Blanca, Llano Grande, Laureles y Zanjón, que está conformado por 320 familias, se vio afectado debido a que los turistas comenzaron a contaminar con residuos orgánicos el lugar de captación ubicado en Campanillas, en donde suben y bajan los visitantes. Este acueducto que abastece a familias humildes, y a cuatro colegios, empezó de esta manera a registrar mediciones preocupantes en los controles que realiza la Secretaría de Salud, por lo cual campesinos como Emilio Carreño comenzaron a quejarse ante Parques Nacionales.

Pese a las denuncias, la entidad ignoró a los campesinos y continuó construyendo baños a 100 metros hacia arriba de la captación. “Nosotros tenemos que darle agua buena y de calidad a nuestros usuarios, pero en los análisis de la Secretaría de Salud estaba saliendo entre un 70- 76%, que es un riesgo muy alto. Los señores de Parques decidieron hacer unos análisis por aparte, y muy milagrosamente de un mes al otro bajaron al 19%; los análisis anteriores jamás habían bajado eso. Sin hacerle ningún tratamiento al agua, milagrosamente bajó”, explica Emilio.

Este problema, sumado al escándalo de un grupo de supuestos ambientalistas que se grabaron jugando un partido de fútbol en pleno glaciar, y prácticas de turistas como deslizarse con cojines de aserrín, llevó a que los campesinos en conjunto con los indígenas U'wa decidieran cerrar el parque con el fin de exigirle a esta entidad una regulación del turismo. Fue así como gracias a la unidad entre la guardia indígena y los campesinos comenzó el cierre del Cocuy el 29 de febrero de 2016, que se llevó a cabo durante 14 meses, finalizando en abril del 2017.

Emilio cuenta que durante esta época las mediciones al agua bajaron sus índices hasta un 38%, además consiguieron que Parques Nacionales se comprometiera con una serie de medidas como hacer un estudio sobre las especies nativas y las afectaciones a los acueductos que dejan los visitantes. Sin embargo los índices, una vez se reabrió el parque, volvieron a subir, y entonces en agosto de ese mismo año los campesinos intentaron bloquear nuevamente el acceso, pero en esta ocasión la fuerza pública intervino evitándolo, y ahora los campesinos que participaron, como Emilio, tienen un proceso judicial en curso.

“Nosotros no estamos en contra del turismo, aquí se puede hacer turismo, que lo haya, pero le hemos rogado a Parques Nacionales que lo reglamente y nunca lo ha hecho, y si se hace un reglamento al otro día ellos se encargan en violarlo porque ha sido así, entonces para qué nos sentamos con esta gente a dialogar”, reclama Abdenago Buitrago.

La delimitación
La desconfianza, al igual que la confianza, se cultivan. En el caso de la relación de las comunidades del Cocuy con el Estado, la primera ha cosechado sus frutos más conflictivos; la relación con Parques Nacionales es uno de ellos, y también lo ha sido la apuesta de delimitar el páramo que compromete al Gobierno nacional, a la Corporación Autónoma Regional – Corpoboyacá- y al Instituto Humboldt.

Esta apuesta comenzó en el 2011 con el Plan Nacional de Desarrollo –PND– del primer gobierno de Juan Manuel Santos, en el que el artículo 202 determinó que “en los ecosistemas de páramo no se podrán adelantar actividades agropecuarias”. Esto fue ratificado en su segundo PND y posteriormente en la Ley 1930 que se firmó a un mes de finalizar el periodo presidencial de este mandatario en 2018.

La delimitación, sustentada en los estudios llevados a cabo por el Instituto Humboldt, determina que la cota del páramo comienza a partir de los 3000 metros sobre el nivel del mar, y comprende una zona de 300 metros de amortiguación. El proceso, según los campesinos, se ha llevado a espaldas de la comunidad, la cual aún hoy no comprende cómo le van a prohibir hacer algo de lo que toda la vida ha vivido. Para los parameros no tiene sentido que se les persiga como si fueran narcotraficantes, “claro, hay que proteger los páramos, estamos de acuerdo con que hay que hacer prohibiciones de todo tipo de exploraciones y actividad minera, pero no se puede igualar el impacto que generan la minería, las grandes multinacionales, con las actividades agropecuarias”, sostiene Faiber Ricardo Garzón, representante del sector pecuario en el Comité del habitante y campesino del municipio de El Cocuy.

La defensa de los campesinos radica en que principalmente ellos siembran pocas hectáreas: “la mayoría de gente lo máximo que siembra son 10 cargas de papa que eso da únicamente para el sustento de sus familias”, dice Campos Tarazona, ex alcalde, presidente de la asociación de las JAC y miembro del Comité. Los campesinos alegan que son ellos, al igual que los indígenas U'wa, quienes realmente están protegiendo los páramos.

Otro ejemplo de este conflicto en el departamento se presenta en el páramo Guantiva-La Rusia, ubicado en la margen de Boyacá con Santander. La resolución que delimita este páramo salió en junio del 2017, y según los campesinos del municipio de Tutazá, al día de hoy Corpoboyacá no ha siquiera socializado sus implicaciones.

Para Carlos Fuentes “la mayoría de campesinos no conoce la problemática de los de páramos. Mirando mi municipio, Tutazá, el 76% del municipio es páramo, que en este caso es la zona productiva del municipio, donde se mueve la economía y está la mayor cantidad de población. Pero con las zonas de amortiguación que el gobierno plantea, el municipio se vería afectado el 100%, porque el 24% restante alcanza a estar a 500 metros de lo que coge la zona de amortiguación”. Este joven campesino hace parte de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – ANJECO –, vive durante la semana en la academia y los fines de semana en el jornal, e insiste en que esta apuesta hace parte del proyecto de país de un campo sin campesinos. Carlos es alto, muy atento y siempre sonríe al hablar, él ha heredado la experiencia de defensa del territorio de su familia.

La alternativa que propone el Gobierno a los campesinos para dejar su vocación agrícola es el pago por servicios ambientales, unos bonos por dejar de cultivar, pero que según Carlos son rechazados por ser una miseria: 30 mil pesos por hectárea cada mes, máximo 40 mil, y teniendo en cuenta que los campesinos en esta región si mucho tienen 10 hectáreas, deja a todos los habitantes sin siquiera considerar hacer cuentas con estos bonos.

Mientras recorremos el páramo, Carlos me continúa comentando que las malas prácticas agrícolas que existen en el territorio son generadas principalmente por grandes empresarios del cultivo de la papa. En el caso de Tutazá, son apenas tres personas que siembran entre 3000 y 4000 bultos, que son aproximadamente entre 100 y 200 hectáreas: "como se puede observar, alrededor de los acueductos se encuentran envases de agrotóxicos, costales, ellos destruyen y por culpa de unos pocos somos estigmatizados”.

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro –Asonalca–, con presencia en ambos municipios, expone que la gobernanza es un término que queda totalmente fuera de contexto con este tipo de políticas: “aquí no hubo acuerdos, ni mucho menos interacción entre Gobierno y los campesinos, por el contrario, con esta ley hay cada vez menos oportunidades y más problemas”.

La realidad con el descontento de los campesinos, a causa del mal manejo del proceso de delimitación, es un llamado a los actores institucionales para pensarse las metodologías para la construcción de una política pública, que debe incluir en la toma de decisiones a quienes son actores principales en cada uno de los territorios. Abdenago, Carlos Fuentes, Emilio y Tránsito tienen una mirada sobre el páramo que responde a una experiencia vivida por años y deben ser incluidos en el ejercicio de la gobernanza del páramo.

Al respecto Miguel Ángel Tavera afirma: “los campesinos en cualquier lugar de Colombia saben qué es un páramo y la riqueza natural del páramo, además porque la ven, la viven y la comen, no la desconocen. Al lado del páramo hay ciervos, dantas, el campesino sabe; el problema es que los tenemos que meter en la cadena de tomas de decisiones de la delimitación, no como agentes donde se les socializa el punto final, no. Son agentes tomadores de decisión, para llegar a eso seguramente hay que empoderarlos de conocimientos, pero forma parte de una metodología... el Estado no puede delimitar un páramo si el Estado no vive al lado del páramo, no lo va a gobernar, lo va a gobernar el grupo ilegal o el campesino, ¿qué es mejor? Empoderar el campesino en la gobernanza del páramo correctamente”.

En este mismo sentido, el reconocimiento de las propuestas de los campesinos y de sus figuras de ordenamiento territorial pueden ser pistas para la solución de los conflictos. Este es el caso de los Territorios Campesinos Agroalimentarios que algunas organizaciones de la región, como Asonalca, vienen promoviendo. Son territorios que se organizan bajo planes de vida que deben tener en cuenta los procesos socio ambientales, como las prácticas y producción con relación a la tierra, la naturaleza y el agua, pero que además promueven el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, que sigue siendo en últimas uno de los grandes asuntos sin solucionar en Colombia, y que podría ayudar a solventar parte de estos conflictos.

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