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El pasado 10 de septiembre, siete líderes y lideresas sociales de los municipios Castilla La Nueva y Acacías, Meta, fueron capturados por supuestamente pertenecer a bandas delincuenciales cuyo objeto es organizar las protestas para perjudicar a Ecopetrol y atentar contra la fuerza pública. Lo cierto es que allí, donde Ecopetrol explota varios pozos mientras evade su responsabilidad de invertir socialmente en la zona y proveer empleo a los habitantes del territorio, las comunidades se han organizado para desarrollar jornadas de protesta, en las que han exigido a la petrolera que cumpla con sus obligaciones.

¿Protestar es delito?
En mayo de 2016, julio de 2017 y febrero de 2018, “las comunidades de Acacías y Castilla La Nueva (Meta) realizaron movilizaciones para exigir a Ecopetrol la contratación de mano de obra en el área, pues revelaban que mientras en la región hay altos índices de desocupación, la petrolera empleaba mano de obra de otras regiones del país y hasta del extranjero; igualmente denunciaban los incumplimientos de Ecopetrol en la inversión social acordada anteriormente con las comunidades. Como ha sido costumbre de empresarios y gobernantes, en vez de dialogar para encontrar soluciones, les arrojaron las fuerzas del Esmad, cometiendo todo tipo de atropellos en viviendas, fincas y contra motos y vehículos de la comunidad, dejando decenas de heridos”. Así lo afirmaron el pasado 12 de septiembre los miembros del sindicato de la Unión Sindical Obrera, de la seccional Meta, en una denuncia pública realizada a través de las redes sociales.

A pesar de que la mayoría de estas protestas se sellaron con la firma de actas y acuerdos entre las comunidades y Ecopetrol, con presencia de las autoridades, lo que no sabían ni se imaginaban los líderes y lideresas es que entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa estatal Ecopetrol existen convenios y contratos de cooperación por miles de millones de pesos. Y estos contratos buscan acabar con este tipo de protestas a través de la judicialización de sus promotores.

Son muchos contratos “que se desprenden de un contrato marco, que dice que [la Fiscalía y las autoridades] proveerán todos los funcionarios y elementos necesarios para el trabajo [de colaboración], por ejemplo nos sorprendió muchísimo la presentación de videos grabados por la fuerza aérea; porque mover un avión encima de una zona durante media o una hora cuesta millones de pesos, y tienen muchos de esos videos”, afirma la abogada Liria Manrique, refiriéndose a las supuestas pruebas que presentó la Fiscalía en medio de la audiencia que se adelantó el 12 de septiembre en contra de estos tres líderes y cuatro lideresas capturadas.
Entre estas personas, informa el comunicado de la USO Meta, está “la líder comunitaria Sandra Patricia Ruiz Riaño, de quien la Policía dice: “inició su actuar delictivo al estar como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Municipio de Acacias”, no sabemos a qué horas se volvió delito presidir una organización comunitaria; también fueron detenidos el líder de los oficiales civiles y las mesas de concertación laboral, Flaminio Mendoza, Jorge Hugo Sarmiento, José Fernando Barbosa Corredor, Doris Sánchez, Gustavo Carrión, Nidia Janeth Martínez y Jessica Hernández Quevedo”.

Los cargos
Luego de la captura de los líderes y las lideresas, que son ampliamente conocidos en la zona y apoyados por las comunidades en sus labores de veedurías, negociaciones y representación legal de las juntas de acción comunal, el 11 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, y el día 12 de septiembre la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Sorprendió allí la cantidad y complejidad de los cargos que se le imputan a los líderes; según la Fiscal, los detenidos hacen parte de “una banda criminal” y les imputó nueve delitos: concierto para delinquir, homicidio agravado en la modalidad de tentativa, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Según Liria Manrique, quien es asesora penal de la USO seccional Meta, “nos hemos enterado que existe una campaña de desprestigio por parte de la Policía nacional contra los líderes, ya que informa y denuncia públicamente que han capturado una banda criminal, cuando saben que se trata de líderes de las comunidades; todo este proceso es impulsado por la Fiscalía General de la Nación a través de la estructura especial de apoyo EDA, que es financiada y pagada por Ecopetrol. La empresa lo que busca es eliminar toda clase de obstáculos a sus políticas económicas en los territorios, como son los líderes… hemos dicho que en estos procesos hay una asimetría judicial ya que en lo corrido de este año han asesinado más de 30 defensores de derechos humanos, todos en absoluta impunidad, mientras tanto una estructura como la EDA destina fiscales especializados, recursos y funcionarios, solo para investigar a los líderes y vincularlos irregularmente con el crimen organizado, tratándolos como delincuentes”.

Debido a las extensas intervenciones de la Fiscalía y de la defensa de los imputados durante la audiencia del 12 de septiembre, la Juez encargada pidió un plazo, que se cumplió el pasado 25 de septiembre, para tomar la decisión. En esta fecha, la defensa presentó la consideración que no se podían imputar cargos tan delicados pues no era posible comprobar la vinculación entre el hecho y los detenidos. Atendiendo a estos argumentos y al material probatorio, la Juez consideró que una medida intramural no era la adecuada y ordenó la libertad de los detenidos, imponiendo unas medidas no intramurales.

A pesar de que estos líderes recobraron la libertad desde las 6:00 p.m. de este mismo día, la Fiscal y el abogado de Ecopetrol interpusieron un recurso de apelación, porque consideran que deben estar privados de la libertad durante el proceso, calificándolos como un peligro para la sociedad y la empresa. Sin embargo, explica la abogada Manrique, “la Procuraduría apoyó la solicitud de la defensa de que se mantuvieran en libertad, e incluso mencionó que el proceso era el típico proceso judicial espectáculo donde la Fiscal detuvo los líderes y lideresas más por hacer llamar la atención que porque tuviera material para ello”.

La estrategia de criminalizar la protesta social no es nueva es este departamento ni tampoco son nuevos los actores. Ya en septiembre de 2017 la líder Marisol Parra Ramos, de Guamal - Meta, tuvo que enfrentar además de una fuerte golpiza por parte de la policía, una imputación penal de las mismas características derivada de un conflicto entre las comunidades y Ecopetrol, por las afectaciones ambientales que provocaba la empresa Repsol en la zona. De este intento de judicialización Marisol salió ilesa gracias a la defensa legal de la abogada Manrique.

“A mí me rescataron de la playa Guayacán, jurisdicción del municipio de Ituango, porque estábamos barequeando en el momento que el río empezó a subir, y las montañas empezaron a venirse, las piedras, una cosa impresionante. Ya no teníamos por dónde salir, y nos metimos por una cañada arriba, hasta que cinco días después arrimó un plan de contingencia y nos sacaron de allá en lancha. Sin embargo, después de la emergencia, a las personas que estamos aguas arriba no nos han brindado ninguna garantía. Ni el Alcalde, ni la Gobernación, ni EPM. Estamos es a lo que las buenas personas nos quieran brindar”.

De esta manera explica María Mendoza*, lideresa articulada al movimiento Ríos Vivos Antioquia, la situación de los afectados por la tragedia ocurrida hace cinco meses, producto de una cadena de irregularidades en la construcción del megaproyecto Hidroituango. Su denuncia es más grave si se tiene en cuenta que desde que la emergencia inició, el 28 de abril del presente año, la respuesta a la pregunta de quién debe responder por las afectaciones, tanto como por las fallas de la obra, no es del todo clara.

Víctimas y afectados a la deriva
Para el caso de las comunidades aguas arriba, refugiadas en Sabanalarga y en Ituango, la situación ha sido particularmente compleja. “La verdad es que después, cuando lo de la emergencia, aguas arriba nunca nos mencionaron. Para EPM nunca hubo damnificados aguas arriba, siempre se concentraron aguas abajo, pero fue un maquillaje, porque tampoco hicieron lo que debieron hacer correctamente con todas las comunidades. Ni siquiera nos han hecho un censo de damnificados. En Ituango no lo hicieron, en Sabanalarga tampoco, a pesar de que cuando salimos de allá fuimos rescatados por el mismo EPM”, explica María.

Es por esto que a finales de septiembre la Alcaldía de Ituango ordenó desalojar a 22 familias que estaban refugiadas en el coliseo Jaidukamá de este municipio, argumentando que allí no habían damnificados, y que su presencia en el lugar afectaba el derecho a los niños a recrearse, razón por la cual estaban siendo reclutados por los grupos armados. En el caso de Sabanalarga, las comunidades que se albergaron en las oficinas de EPM, debido a que nunca recibieron ayuda humanitaria de emergencia ni les fueron brindados albergues, también corren el riesgo de ser desalojados de allí en cualquier momento.

Según explica Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, en situaciones de emergencia son las entidades municipales las primeras que deben garantizar la atención; y los dueños de la amenaza, según la ley de emergencias, son los que deben responder en las siguientes etapas, que son de estabilización y reconstrucción. En este caso, Empresas Públicas de Medellín – EPM. A pesar de esto, ante la falta de respuesta y garantías para los afectados, explica Isabel que “la manera como se han sostenido es por la campaña de solidaridad que tenemos como movimiento Ríos Vivos, y eso es lo que ha hecho posible que hasta el momento se hayan dado alimentos, medicinas, algunos traslados, porque hay personas que están sufriendo mucho con el tema, y tienen crisis postraumáticas, y estrés postraumático relacionado con la pérdida del río, de su fuente de vida”.

A la compleja situación humanitaria, se suman las amenazas y asesinatos que han venido sufriendo líderes de Ríos Vivos, así como sus familiares. También el aumento de pie de fuerza y de control territorial por parte de EPM, pues en el caso de Ituango, por ejemplo, los horarios de entrada y salida del pueblo están siendo regulados.

Con el pasar de los días, sus exigencias siguen siendo “un albergue digno y dónde trabajar, también exigimos una reubicación a EPM, porque ya nosotros sabemos que el río no lo vamos a recuperar nunca más, entonces que nos reubiquen, una indemnización digna”, puntualiza María, quien además manifiesta que su principal exigencia como movimiento es que desmantelen Hidroituango de manera controlada, debido a las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han estado detrás de la construcción de la megaobra.


Hidroituango en la mira
Mientras esto sucede con los afectados, los directivos de Hidroituango intentan a capa y espada salvar este megaproyecto, aunque tengan todos los ojos puestos encima. A las denuncias hechas desde hace años por las comunidades y movimientos sociales, se sumó un informe de la Contraloría General de la Nación el pasado mes de agosto, en el que registró 35 hallazgos administrativos sobre irregularidades en el licenciamiento, y donde cuestionó además las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Esta, por su parte, manifestó que el informe de la Contraloría era inexacto, pero días después, a principios de septiembre, interpuso una multa de 2419 millones de pesos a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango por hechos anteriores a la emergencia.

Mientras avanzan investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría para determinar los responsables de las irregularidades, EPM, socio y encargado de la construcción del proyecto debe responder por los costos extraordinarios que han surgido tras la emergencia, tal como lo determinó la junta directiva de Hidroituango. Por su parte, EPM declaró problemas de liquidez para solventar la crisis y el retraso de tres años que tendría la obra, por lo cual el pasado 31 de julio, con el aval de su junta directiva, pidió al Concejo de Medellín la autorización para vender algunos de sus activos que suman alrededor de $4 billones, y que incluyen acciones en ISA y en algunas empresas colombianas, así como la totalidad de las empresas Aguas de Antofagasta y el parque eólico Los Cururos, ubicadas en Chile.

Esta propuesta, consignada en el proyecto de acuerdo 150 de 2018, será debatida por el Concejo en el mes de octubre, pero ha generado múltiples preocupaciones por tratarse de una de las empresas públicas más importantes del país. Así mismo quedó de manifiesto en el Debate de Control Político, realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 26 de septiembre, en el que además los congresistas León Fredy Muñoz, David Racero y María José Pizarro, citantes al debate, enfatizaron en que la crisis ha sido producto de malas decisiones y falencias en la planeación, e instaron al Gobierno a atender esta emergencia, que sigue generando el desplazamiento de familias que perdieron sus formas de vida y de subsistencia.

*El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada.

Hay hombres y mujeres de futuro, quienes viven con gran preocupación por el pasado y habitan con vehemencia su presente. José Antonio Osorio Lizarazo fue de estos: un escritor colombiano que se dedicó a develar la realidad ante una sociedad que volvía invisibles a quienes vivían en sus márgenes. Lo paradójico es que ahora la pregunta por el olvido de este personaje es inevitable entre quienes lo han leído y estudiado.

Cronista, novelista y periodista. Nació a inicios del siglo XX y antes de dedicarse al oficio de las letras tuvo que vivir en las carencias que luego representaría su obra. Criado en el seno de una familia de artesanos en Bogotá, afrontó en su infancia una educación clasista que convoca a unos pocos al conocimiento y a la dirección, y al resto a las más ruines condiciones de explotación. La novela Garabato, publicada en 1939, retoma su experiencia en el Colegio de San Bartolomé, en donde el hijo humilde de un artesano tiene que lidiar con una educación ortodoxa y con los malos tratos de sus compañeros destinados a ser presidentes de la República.

En la realidad José Antonio Osorio compartió aula en este colegio con el dramaturgo y escritor Luis Enrique Osorio, quien en 1943 publicó un artículo sobre él, partiendo de la injusticia que le representaba la falta de reconocimiento del país hacia sus intelectuales. En esta entrevista que se convirtió en relato, Luis Enrique reconstruyó los pasajes de la vida de José Antonio antes de llegar al periodismo: al hacerse bachiller saldría a buscar mundo y terminaría en Caldas, allí trabajó como vigilante y en labores varias en minas de oro, luego en Marmato como minero y después regresó herido a Bogotá a comerciar café, donde generó una gran empatía por el campesinado. Su figura para este año, según Luis Enrique, era la de un hombre “como siempre, muy delgado, algo torcida la mandíbula, un tanto acre y nostálgica la mirada”.

Su llegada al periodismo tuvo al azar de su lado, al escribir bajo el seudónimo de Jansol (la abreviación de su nombre) una carta a un periódico de Manizales sobre la situación política del momento, la cual resultaría publicada, y ante esto decidiría presentarse en el medio como el autor, siendo así contratado como editorialista. Después siguió el camino del periodismo fundando el periódico El Reivindicador –el cual fracasó–, pasó por los diarios Mundo al Día y El Tiempo en Bogotá, dirigió El Heraldo y escribió en La Prensa, en Barranquilla.

Durante su carrera como periodista escribió un cuerpo de crónicas que presentan a personajes lanzados al olvido por la gran prensa, como lo revelan algunos de sus títulos: “Biofilo Panclasta: el anarquista colombiano, amigo y compañero de Lenin, que conoció los horrores de la estepa de Siberia”, “La vida extraordinaria de Jacinto Albarracín, el primero que en América ensayó un gobierno de soviet” o “Pablo Emilio Mancera: el hombre que durante 40 años publicó un periódico del que era el único lector”, son solo algunas de estas crónicas que también retomarían sus empatías hacia personajes que lucharon pero fueron derrotados en algún sentido.

Sus novelas podrían catalogarse de un realismo trágico, o como él mismo dijo en su correspondencia, su obra total podría tomar el título de “La Miseria Humana”. “Yo he tenido la afición, un poco tonta y pesimista, de escarbar entre esas almas que presentaban algo extraordinario o irregular, pero esta afición se ha situado por lo bajo y me gustan más esos espíritus humildes y sinceros que llevan una pobre vida de probaciones y de dolor, que lo que se ha llamado gentes de selección”, escribió en “La vida misteriosa y sencilla de Julia Ruiz”.

El historiador Oscar Calvo, quien ha estudiado su obra y publicado varios trabajos y recopilaciones sobre ella, y además organizó su archivo en la Biblioteca Nacional, reconoce en su novelas momentos específicos de la vida del escritor “de su labor en varias empresas de comercialización de café, La cosecha; de su experiencia en la redacción del periódico Mundo al Día y su enfermedad, El criminal; de su apasionada aventura con Blanca Restrepo, La casa de vecindad; de su recorrido por las dependencias del Estado, Hombres sin presente…”.

En sus novelas habita la Bogotá de las chicherías, los burdeles, las cárceles, la desigualdad y el hambre, lejos de esa imagen de la Atenas suramericana que se proyectaba para mediados del siglo, en donde vive la indígena esclavizada y maltratada por una sociedad que abusa de su inocencia (El día del odio); también existe el minero que es explotado en la oscuridad de los socavones durante la semana y que para sacarse el diablo se embriaga los domingos, a la espera de que alguno de sus compañeros lo convoque a matarse a puñaladas (El hombre bajo la tierra).

No sería preciso afirmar que José Antonio fue un escritor que vivió en el olvido, este hombre participó en medios nacionales, incluso fue servidor público en varios ministerios y ganó varios reconocimientos, pero fue debido a su constante empeño por sobrevivir de la escritura lo que lo llevó a tener una amplia cantidad de títulos, algunos encargados por personajes de la política nacional e internacional que muchas veces lo trampearon y desilusionaron, como es el caso del partido Liberal o del dictador Trujillo, quien ni siquiera le pagó lo que debía por escribir su biografía. Sin embargo, su obra, la de sus preocupaciones íntimas y en la que se ciñó al mandamiento de “amar al pueblo sobre todas las cosas”, tuvo poca distribución a excepción de algunos casos. Hoy en día solo algunos títulos se han reeditado y es poco lo que se habla de este autor.

En las novelas de Osorio Lizarazo se encuentra el arte en su capacidad de avizorar las tragedias de la humanidad. La casa de vecindad, por tomar un ejemplo, se convertiría después en el cartucho, “¿y qué atención le prestó Bogotá a esto?”, fue la pregunta que lanzó el sociólogo Edison Neira, quien ha estudiado su obra desde el tema de la gran ciudad, durante el reciente lanzamiento de una nueva edición de este texto. Este cuestionamiento valdría la pena volcarlo sobre toda la obra de José Antonio para preguntarnos: ¿qué atención ha prestado Colombia a la miseria humana?

Era octubre del 2004, y en el editorial se denunciaba que en lo transcurrido del Gobierno 164 líderes sindicales habían sido asesinados, además se exponía con preocupación que el Gobierno no presuponía de la inocencia de nadie; por el contrario, todo quien pensara distinto era sospechoso. Asimismo, en ese artículo se ponía sobre la mesa un vergonzoso caso en el que tres sindicalistas de Arauca habían resultado asesinados a quema ropa por el Ejército, señalados de ser miembros de la insurgencia.

Este fue el primer editorial del periódico Periferia, hace 14 años. Los hechos referenciados marcaban el inicio de la campaña de judicialización contra líderes sociales, parte de una política de seguridad que con cifras buscaba demostrar que el Gobierno iba ganando la guerra, la misma que cínicamente negaba; también comenzó a denunciarse cómo la fuerza pública ejecutaba extrajudicialmente a miles de civiles para aumentar precisamente los informes de esta política de seguridad.

Volver sobre ella evidencia que sigue vigente el proyecto de un país basado en la exclusión y la violencia, a pesar de los esfuerzos de la sociedad que han obligado a abrir espacios de diálogo y de solución política al conflicto social y armado, y con esto a conseguir aquel hito histórico en el que se suscribió un acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, a nombre del Estado colombiano.

Aunque estamos en un momento político diferente al del embrujo autoritario del primer gobierno de Uribe, basta solo referenciar el debate de control político, que tomó lugar en el Congreso de la República el pasado 5 de septiembre, para contrastar nuestra realidad con la de aquel momento. Este debate, realizado en la Cámara de Representantes y liderado por un grupo de parlamentarios que hacen parte de la bancada alternativa, tuvo el objetivo de prender la alarma sobre las cifras de asesinatos a líderes sociales que continúan preocupando, sobre todo ante su aumento en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

Mientras sucedía el debate, la Plaza de Bolívar se encontraba a medio llenar por manifestantes. David Racero, joven parlamentario por la coalición Decentes, ubicó en un mapa los puntos más neurálgicos donde están sucediendo estos asesinatos y amenazas: norte de Arauca, Catatumbo, Nudo de Paramillo, Cordillera Central, Cauca, Tumaco, La Macarena, el río Caguán y Putumayo, fueron los lugares señalados, lo cuales a su vez lidian con el abandono estatal. Estos puntos, según el congresista, se reiteran al indagar otras variables como las solicitudes de permisos para explotación minera y licencias ya concedidas, solicitud de restitución de tierras, cultivos ilícitos, presencia de grupos armados, bajos índices de desempeño de la justicia local, entre otros. Por esto mismo, los perfiles de los líderes asesinados, según expuso el senador Alberto Castilla, son: “defensores del territorio y de los recursos naturales, se oponen al cambio del uso de suelo (…) se oponen al modelo extractivista de economía, reclaman tierras, defienden los territorios frente a los intereses privados y buscan el acceso a la participación política en los diversos debates electorales”.

Las cifras de estos asesinatos varían, sin embargo todas están por encima de cualquier nivel de vergüenza y descaro. Según el programa Somos Defensores, en los últimos ocho años la cifra asciende a 563 asesinados, y en el primer semestre del 2018 ya van 77 nuevos casos que se suman a este infame problema. De igual manera, también señala que la impunidad en estos casos llega a cerca del 91 por ciento, muy contrario a lo que señala la Fiscalía.

Así como se hizo en el primer editorial, hoy que cumplimos 14 años hacemos un llamado a continuar tejiendo la unidad en las calles y desde cada escenario en donde se gesta una lucha por la justicia; también a entender la comunicación como una herramienta que nos permite reconocernos en nuestra diferencia para buscar soluciones colectivas a los problemas derivados de este establecimiento excluyente y violento.

Por esto resaltamos que en el mes pasado se haya instalado el movimiento Colombia Humana con un carácter asambleario en la Plaza de Bolívar. De la misma manera el llamamiento que hacen los movimientos sociales a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos: por la unidad, la vida, el territorio y la paz. En estos y otros escenarios hay que seguir insistiendo en que la comunicación es estratégica para generar las transformaciones que nuestro país tanto necesita. Así lo han demostrado diferentes procesos y/o medios de comunicación que han surgido en las últimas décadas como Prensa Rural, Trochando Sin Fronteras, Colombia Informa, Contagio Radio, Hekatombe, La Oreja Roja, Colombia Plural, la Alianza de Medios Alternativos, entre otros que han compartido con nosotros la tarea de hacer periodismo y comunicación para mostrar esa Colombia que no aparece en los medios que responden al poder económico.

Por eso para Periferia es grato recordar el caso del niño catatumbero que le leía el periódico a su papá analfabeto y les servía de herramienta didáctica a ambos para formarse políticamente; o el obrero que se vio representado en nuestras páginas y encontró un espacio para visibilizar sus historias. Seguimos convencidos de nuestro quehacer al saber que nuestros artículos registran la trayectoria de movimientos regionales, reconstruyen la historia de las victimas del paramilitarismo, y ponen rostro a los crímenes de Estado.

Tal vez al celebrar los próximos 14 años no tengamos que contar las muertes de quienes le apuestan a un país diferente, y podamos ahondar en la vida que siempre ha de merecer nuestra admiración. Para esto seguimos narrando y visibilizando esa Colombia que vive a las márgenes del poder y que se levanta todos los días a construir un país más digno para todos y todas.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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