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De nada sirve tener vida si no hay esperanza. 22 años después la llama de la esperanza sigue viva. La esperanza de que volverán, que les dirán por qué se los llevaron, y quién ordenó que se los llevaran. La esperanza de que algo así no vuelva a suceder nunca más.

Entre el 21 de junio de 1996 y el 27 de diciembre del mismo año, paramilitares del Magdalena Medio comandados por Ramón Isaza y un grupo de soldados que integraban la Fuerza de Tarea Águila incursionaron en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral y apresaron a Aníbal de Jesús Castaño, Oscar Hemel Zuluaga, Juan Crisóstomo, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego, Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía, Javier de Jesús Giraldo, Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego, Orlando de Jesús Muñoz, Leonidas Cardona Giraldo y a Andrés Gallego Castaño. Desde entonces nadie los volvió a ver.

En 1996 un tramo de aproximadamente 60 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, que iniciaba en el sector Alto Bonito del municipio del Santuario y finalizaba en el sector Montebello de San Luis, fue catalogado por las autoridades departamentales como un punto crítico por la presencia de grupos guerrilleros. El Ejército creó entonces la Fuerza de Tarea Águila para recuperar y ejercer control en la autopista. La unidad especial, actuando de manera conjunta con los paramilitares del Magdalena Medio, cometió graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición de 12 personas y el asesinato de un campesino de la vereda La Esperanza, ubicada al borde la autopista.

Los esperanzados de La Esperanza denunciaron los hechos ante las autoridades. El personero del Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, asumió el caso y de manera valerosa denunció la participación del Ejército. Helí fue asesinado el 26 de noviembre de 1996.

Pasaban los años y con ellos el silencio y la impunidad. Los familiares continuaron reclamando justicia. Buscaron el apoyo de organizaciones de derechos humanos y en 1999 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Nunca dejaron de acudir a las instancias judiciales colombianas, y lograron obtener la versión de los responsables en las audiencias de Justicia y Paz, luego de que los paramilitares se desmovilizaran entre el 2003 y 2006. Quienes testificaron aceptaron su responsabilidad y admitieron que actuaron conjuntamente con el Ejército. La verdad fue una verdad a medias. Ocultaron los nombres de los militares que participaron y ordenaron las acciones, y tampoco dieron luces sobre el paradero de los desaparecidos. 

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia donderesponsabiliza al Estado colombiano por violar el derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales. La Corte también ordenó al Estado “continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes”; y “efectuar una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas”.

No son más de 12 los casos colombianos que cuentan con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, hasta el día de hoy, el Estado no manifiesta intenciones de cumplir la sentencia.

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Cada año las familias de La Esperanza le recuerdan al Carmen de Viboral, al Estado y a sus desaparecidos, que para ellas siguen y seguirán vivos; “que la memoria es el alma de los que no están”. En el primer memorial el Ejército realizó varios disparos cerca al lugar donde estaban congregados. En la conmemoración de los diez años pintaron los rostros de cada desaparecido, celebraron una eucaristía y construyeron un monumento. En 2008 depositaron en las aguas del río Cocorná sus anhelos de encontrarlos. Y en 2011 realizaron una caminata.

El año pasado, en el casco urbano del municipio, también realizaron el acto de memoria característico. Además de la carga emotiva, el acto contó con el respaldo de la Comisión de la Verdad representada por Alejandro Valencia. “Estoy aquí como una muestra de reconocimiento a ellas y ellos. Lo que más me sorprende es su capacidad de resistencia, de organización, su capacidad de estar juntos, de caminar y también de recordar”, manifestó al inicio de su intervención el comisionado.

Valencia también aprovechó para recordarles a los que ya lo sabían, y aclararles a quienes no, cuál es la razón de ser de la Comisión de la Verdad, organismo incluido en los acuerdos firmados con las FARC cuyo funcionamiento empezó a finales de noviembre del año pasado. Uno de los propósitos centrales, dijo el comisionado, es promover los ejercicios de memoria que enaltezcan la dignidad y el valor de las víctimas. La Comisión además aspira promover la convivencia en los territorios, y ofrecer una verdad histórica que explique qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y a quién benefició lo ocurrido en el conflicto armado.

Consciente del manto de impunidad que cobija a Colombia, el abogado defensor de derechos humanos, quien ha participado en iniciativas nacionales e internacionales de verdad y memoria, explicó que la Comisión de la Verdad no posee facultades penales ni judiciales, ambos temas son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La intervención dejó claro que la Comisión no escuchará las más de ocho millones de víctimas. “Imposible que una entidad como la nuestra, que tiene un mandato de tres años y bastantes limitaciones humanas y financieras, pueda esclarecer todos los casos. Por eso la Comisión ha decidido que se va dedicar al esclarecimiento de ciertas dinámicas de violencia que se presentaron en épocas determinadas, en regiones determinadas, perpetradas por unos actores armados específicos, y así arropar un número significativo de casos”.

Para identificar tales dinámicas, los 11 integrantes de la Comisión visitarán los territorios e instalarán 26 Casas de la Verdad donde “todos y todas, de manera voluntaria, pueden ir a dar su relato”. En Antioquia habrá tres: una en Medellín, otra en Urabá, y la tercera fue proyectada en Caucasia pero por las condiciones de seguridad que se viven en el Bajo Cauca su instalación fue postergada. “Queremos proponer un gran ejercicio de habla y de escucha. Tenemos un gran desafío porque no solo debemos escuchar a las víctimas, también a los responsables. La única forma de completar la verdad es hablar con empresarios, paramilitares, políticos, policías, militares, y guerrilleros de diversas organizaciones”, finalizó el comisionado.

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El meridiano de la violencia pasa por el Oriente antioqueño. Bombas, masacres, tomas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, desplazamiento y campos minados dejaron cicatrices y conmoción a lo largo y ancho del territorio.

Las comunidades han construido una rica memoria del conflicto en la región después de enfrentarse con su pasado. Fue tan cruda y tan compleja la violencia que quedan muchos dolores y voces por documentar.

Fernando Valencia, director de Conciudadanía, aprovechó la presencia del comisionado de la verdad en la conmemoración para hacerle un llamado a tener en cuenta las memorias de las comunidades en el momento de buscar el esclarecimiento de la verdad, y para pedirle a él y a su equipo de trabajo que estudien el calvario que los conductores de servicio público, conocidos en la región como 'chiveros', sufrieron durante el conflicto. Según Fernando, Conciudadanía logró registrar el asesinato de 55 conductores entre 1996 y 2003 en el Carmen de Viboral.

La principal puerta de acceso al Carmen es la carretera que comunica el municipio con Rionegro, la capital industrial y el centro de servicios del Oriente antioqueño. Su zona rural es muy extensa: se extiende al sur hacia la parte más montañosa de la región, la cual fue retaguardia estratégica de las FARC y el ELN. El municipio limita con Cocorná, territorio rico en agua ubicado a un costado de la autopista Medellín-Bogotá, y con Sonsón, el corredor que comunica al Oriente antioqueño con el Magdalena Medio.

Los chiveros fueron, y en algunas partes siguen siéndolo, el único transporte público en las zonas rurales. Los conductores de esos jeeps cuadrados, trompones, capaces de soportar el peso de un remordimiento y serpentear cualquier trocha, fueron involucrados en una guerra ajena. 

Hace 20 años todos encontraban utilidad en ellos. Las rutas que conducían a la cabecera urbana les servían a las guerrillas como línea de abastecimiento y de logística para el desplazamiento. Para no entrar en zona de guerra, quienes necesitaban hablar con las guerrillas encontraban en los chiveros el mejor canal de comunicación. Y para los campesinos era la única forma de mantener viva su economía y acceder a diferentes servicios.

En el Carmen y en toda la región hubo una agresión contra este sector. La guerra paró el transporte, bloqueó veredas, acabó con la vida de los conductores y de las flotas. Las culpas recayeron sobre el gremio. Los administradores públicos y la Fuerza Pública los presionaban para que no suspendieran el transporte cuando había un paro armado o para que interrumpieran sus actividades cuando querían bloquear una zona. Los paramilitares los señalaban por colaborar con la guerrilla, y la guerrilla los señalaba por colaborar con los paramilitares.

“Quisiéramos estudiar la situación de los chiveros en el Carmen. Hacer una conversación de territorio: ¿qué pasó en el territorio con los conductores de servicio rural? ¿Qué pasó en el territorio con el servicio de transporte? Aquí hubo un patrón particular que valdría la pena tener en cuenta en la construcción de los ejercicios de memoria”, manifestó Fernando Valencia.

La zona rural del Carmen y del Oriente antioqueño, al igual que cualquier zona rural del país, se caracterizaba por la ausencia estatal. Las veces de Estado las hacían las guerrillas encargadas de tomar decisiones logísticas o de solucionar conflictos. Contra su propia voluntad los chiveros tenían que relacionarse con los grupos insurgentes. 

Otro factor que complejizó los hechos fue la llegada de un grupo residual del EPL. Aunque esa guerrilla se desmovilizó parcialmente en Urabá en 1991, la fracción que no se desmovilizó fue hostigada y se vio obligada a migrar al Oriente antioqueño. El frente Elkin González del EPL se instaló en la zona rural del Carmen. Intensificó el secuestro y la extorsión sobre la autopista, y emprendió el reclutamiento de campesinos que ocasionaría varios muertos entre la población por culpa de los señalamientos. El EPL duró poco tiempo en el territorio. Algunos se desmovilizaron, otros se enrolaron en las filas paramilitares y el resto se convirtió en informante del Ejército.

Todas las expresiones armadas hicieron presencia en el territorio: las FARC que ejercían presión sobre los grupos residuales, el ELN caracterizado por sus campañas de reclutamiento, el sobrante del EPL que debía cumplir con cuotas de señalamiento, las Autodefensas del Magdalena Medio, el Cacique Nutibara y varios batallones del Ejército.

Las autoridades departamentales también participaron de la maraña bélica. Uno de los gobernadores de la época afirmó que había varios municipios guerrilleros gobernados por administraciones guerrilleras, entre ellas la del Carmen de Viboral. La estigmatización fracturó los territorios. Se hizo evidente la división y la desconfianza entre las cabeceras municipales, controladas por los paramilitares, y la zona rural, plagada de presencia guerrillera. Se multiplicaron los bloqueos y las amenazas al transporte y al comercio. La población entró en estado de zozobra, “en el silencio profundo”. 

Analizar la afectación a los chiveros, aseguró Fernando, permitiría esclarecer hechos que perjudicaron a toda la sociedad. Por ello, reiteró la necesidad y la voluntad de trabajar de la mano con la Comisión de la Verdad. “Cuesta mucho que ese tipo de víctimas silenciosas se reconozcan como gremio en una afectación colectiva. Hay muchas ganas de hacer cosas para comprender estos contextos del conflicto”.

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Colombia se acostumbró a hacer memoria en medio de las balas. Las memorias construidas y las que faltan por construir están en disputa. Hay igual número de personas que anhelan verdad como personas interesadas en enterrar y adulterar el pasado.

Las fechas son una combinación de números, no son motivos. Los que quedaron construyen las memorias todos los días, porque ni el dolor ni los muertos que están vivos dan descanso. Las palabras de Flor Gallego, bandera de persistencia y dignidad en el Oriente antioqueño, demuestran que el fin de la lucha de una víctima es el comienzo de otra: “El día que yo encuentre a mis hermanos y a mi esposo, ese día me voy caminar para buscar a todos los desaparecidos que tiene Colombia. Es que no solo es mi dolor, son miles y miles que tenemos el mismo dolor”

¡Basta Ya!

Gilberto Valencia, líder juvenil de Suárez, Cauca, fue el primer líder asesinado en el 2019. El dos de enero, en la trágica lista continuó Jesús Adier Perafán, en Caicedonia, Valle del Cauca. La muerte siguió su tenebrosa ronda en Cajibío, Cauca, llevándose la vida de Wilder Antonio Miranda el cuatro de enero. Igual suerte corrió José Solano en Zaragoza, Antioquia. A la luchadora por la tierra Maritza Quiroz los asesinos le cobraron su osadía de justicia el cinco de enero, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a Wilson Pérez Ascanio en Hacarí, Norte de Santander.

El desangre de líderes continuó la noche del siete de enero en Cartagena de Chairá, Caquetá, con Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria. El diez de enero la comunidad indígena Awá de Nariño sufrió por su primer líder asesinado, Leonardo Nastacuás Rodríguez. Un día después fue hallado, en límites entre Cauca y Nariño, el cuerpo de Faiber Manquillo Gómez, líder campesino, desaparecido desde el 26 de diciembre. Cuatro días después la comunidad de Puerto Guamo, Bolívar, denunció el asesinato de Víctor Manuel Trujillo.

Pero el genocidio no paró allí. El cuerpo de Maritza Ramírez, de Tumaco, fue encontrado en inmediaciones de El Tigre, Tumaco, el 24 de enero, con visibles signos de violencia, y en el Oriente antioqueño un par de jóvenes apuñalaron al también joven y valiente Samuel Gallo en El Peñol, el 25 de enero. El 28 de enero fue baleado por sicarios José Jair Orozco, en Cartago, Valle del Cauca, y al otro día fue encontrado el cuerpo de Dilio Corpus Guetio, en Suárez, Cauca. El primer mes del año cerró con 14 líderes sociales asesinados.

El asesinato sistemático o, mejor dicho, el genocidio perpetrado contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, indígenas, afros y en especial integrantes de juntas de acción comunal, viene en ascenso desde el primero de enero de 2016, año en el que sicarios, paramilitares y otros grupos armados cobraron la vida de entre 80 y 120 líderes y lideresas sociales, según cifras del programa Somos Defensores, Marcha Patriótica, Indepaz, y la Defensoría del Pueblo.

Se suponía que la cifra pararía allí por la protección del Estado y la firma del proceso de paz entre gobierno Santos y las Farc, pero no fue así. En el año 2017 la escalada criminal de estos grupos, por la omisión del Estado y los organismos internacionales, incrementó esta cifra, que según el programa Somos Defensores fue de 106; Indepaz asegura que fueron 170 y la Defensoría del Pueblo reporta 206. Las cifras varían de acuerdo a las variables que las organizaciones utilizan para recolectar los datos, y según perfiles o métodos de investigación. El 2018 cerró, según la Defensoría, con 172 asesinatos (158 hombres y 14 mujeres).

Así las cosas, desde el primero de enero de 2016 hasta hoy, el terrorismo de Estado y sus prácticas genocidas, por acción u omisión, recorrieron 27 de los 32 departamentos de Colombia, quitándole la vida a cerca de 500 colombianos y colombianas dedicadas a transformar el país; a darle valores humanistas, a luchar contra las injusticias que padece uno de los rincones más desiguales del mundo. Un genocidio de esta naturaleza contra líderes sociales no se presenta hoy en ningún lugar del mundo, sin embargo, no ha logrado un solo rechazo del jefe de Estado Iván Duque, de su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y mucho menos del señor ministro de Defensa o la ministra del Interior, quienes han optado por menospreciar el tema, lo han negado o hasta ridiculizado. Tampoco la llamada comunidad internacional ha hecho algo contundente que logre parar el genocidio, y el movimiento social reacciona entre indignado y temeroso en jornadas simbólicas de mayor o menor calado que los asesinos que dirigen el país observan de manera burletera.

Recientemente, las redes sociales le cobraron el oportunismo a la vicepresidenta Ramírez, que envió condolencias a la familia de un joven fallecido en Venezuela supuestamente en medio de los disturbios de los últimos días, pero no ha tenido la cortesía de hacerlo con el medio millar de víctimas del genocidio colombiano. Los muertos por acciones violentas y protestas sociales de los últimos años en Venezuela no llegan ni a la mitad de los que perdieron su vida en la “democrática” Colombia.

Los medios de comunicación actúan aun con mayor cinismo. Los asesinatos cotidianos, que son muestra de una tragedia humanitaria, son tratados como intrascendentes por los principales medios tradicionales; son reducidos a simples notas sin contexto; son cifras, fácilmente superadas en la agenda noticiosa por secciones banales, o por chivas que muestran como primicia la podredumbre de la corrupción que carcome al país y que es practicada por lo más granado del establecimiento. Chivas noticiosas, superficiales, que terminan ocultando la responsabilidad y los crímenes de los poderosos, para la muestra un fiscal.

Sin embargo, los terribles y condenables hechos de violencia perpetrados por el ELN en la Escuela General Santander de Bogotá, que segaron la vida de 22 cadetes, sí fueron seguidos en detalle y condenados hasta la saciedad por todas las instancias del Estado, los medios tradicionales de comunicación, y velozmente resueltos por los organismos de inteligencia y de justicia. Reacciones calculadas políticamente, y aprovechadas por los carroñeros que conducen el país y que esperaban una oportunidad para promover de nuevo la guerra, para saciar su apetito de cadáveres. Los mismos carroñeros que en medio de la marcha del dolor de miles de colombianos y colombianas fueron sorprendidos por las cámaras riendo a carcajadas. Los que ahora juegan a varias bandas para involucrar a los más humildes en guerras internacionales contra los vecinos; los que inoculan odio y polarizan; los que nos ponen a mirar para las fronteras mientras saquean el patrimonio nacional, y acaban con la dignidad y la soberanía de la nación.

Es verdad, no se puede ocultar, en Colombia existen muertos de primera, segunda y tercera categoría, para los cuales no hay ceremonias, ni homenajes, ni honores, ni marchas de condolencia convocadas por los medios tradicionales y patrocinadas por las instituciones del Estado; a estos otros héroes y heroínas solo los lloran sus pueblos, sus territorios y sus familiares; los lloramos sus compañeros, que no tenemos reparo en condenar las muertes de todos y todas los que sufren las guerras ajenas que provocan los poderosos, que jamás enviarán a sus hijos e hijas a los frentes de batalla. Muy pronto tendremos la oportunidad de salir a las calles y protestar masivamente en defensa de la vida y la paz, por nuestros líderes y lideresas, y en contra de los corruptos; y de regocijarnos con el triunfo de la justicia social.

 

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