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Desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder en 1998 los Estados Unidos han tenido como prioridad, en América Latina, la dominación de Venezuela. En los primeros años de gobierno del comandante Hugo Chávez, este intento de dominación fue por la vía diplomática y política, cosa que hasta 2001 lograron. En esos años, Chávez fue incluso recibido en la Casa Blanca por Bill Clinton, y el acoso por parte de los medios de comunicación fue casi nulo. En el 2001 ocurrió el primer gran quiebre, cuando desde el Gobierno venezolano se decidieron promulgar 49 leyes habilitantes, pues muchas de ellas amenazaban el statu quo de poderosos grupos económicos que dominaban, y aún dominan, la tenencia de la tierra.

A partir de dicho momento Chávez y la revolución bolivariana comenzaron a ser satanizados. Esta satanización se incrementaba conforme el Gobierno bolivariano incluía a los históricamente excluidos, entre ellos millones de colombianos que habían huido de la guerra y la violencia. Chávez era un mal ejemplo, se acercaba a las masas empobrecidas de una forma casi religiosa mientras se alejaba de las élites nacionales y transnacionales.

Aunque no hay pruebas que lo demuestren, es muy factible que Estados Unidos haya asesinado a Hugo Chávez. La inusual intensidad y rapidez del cáncer que lo atacó y la importancia estratégica que tenía para el imperialismo sacar del juego una ficha esencial en el ajedrez, para recomponer fuerzas en una región que amenazaba con salírsele de las manos, da para pensar que el aparato tecnológico-militar actuó de manera letal.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela con los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos habían tenido una actitud con muchos altibajos que se podría generalizar como distanciada de Venezuela, donde tal vez el punto más álgido o cercano a la situación actual fue aquella declaración, en agosto de 2012, donde Uribe, a pocos días de haber entregado el poder, dijo ante un nutrido grupo de periodistas que “le había faltado tiempo” para bombardear Venezuela. Chávez, como siempre muy inteligente en su manejo ante las tendenciosas preguntas de los medios y ante las crisis, le respondió al saliente Uribe que lo que le había hecho falta era cojones.

En realidad Uribe no bombardeó territorio venezolano porque las condiciones no estaban dadas: la Revolución Bolivariana contaba con pleno apoyo del grueso de países latinoamericanos; a nivel interno, Chávez tenía un respaldo gigantesco que parecía no desgastarse; y los Estados Unidos, en manos de la administración Obama, aun queriendo derrocarle, no dieron el beneplácito para tal locura, pues sabían de primera mano la convalecencia del líder bolivariano y que, por ello, no era el momento de atacar, y menos por la vía militar.

Para 2019 el escenario geopolítico es totalmente diferente al de hace escasos siete años. La situación económica en Venezuela es muy compleja, las otrora abultadas arcas del tesoro nacional son insuficientes para cubrir las demandas del país, y el apoyo popular a la revolución no es el mismo, pues el desgaste de los años de gobierno, los indiscutibles errores cometidos y la desconexión entre lo que opinan en los medios muchos de los dirigentes y lo que realmente siente el pueblo, ha terminado por desmovilizar a amplios sectores que a pesar de todo continúan siendo revolucionarios o por lo menos no apoyan ni apoyarán un plan de intervención militar.

En el plano internacional, la revolución se encuentra acorralada, la correlación de fuerzas en el continente ha cambiado, el grueso de países que lo apoyaban ya no lo hacen, en unos por golpes de Estado, auspiciados por Estados Unidos, y en otros por errores tácticos como los de Argentina o Ecuador. Los gobiernos que lo apoyan se encuentran de igual forma acosados por Donald Trump y su grupo de halcones (Marco Rubio, Mike Pence, Mike Pompeo), el Grupo de Lima y el Secretario general de la OEA. Mientras todo esto ocurre, la UNASUR (acéfala sin presidente), la CELAC y hasta el ALBA están prácticamente acabados.

Las sanciones económicas de Estados Unidos y otros países, el permanente desangre a la economía a través del contrabando, la dependencia casi total a la inestable renta petrolera, y la violencia auspiciada por las autoridades venezolanas, tienen en jaque no solo las finanzas sino el futuro del país. No obstante, aún con todas estas variables en contra, el término “ayuda humanitaria” resulta ridículo para Venezuela.

La guinda en el pastel la puso la llegada al poder del presidente, para algunos sub-presidente, Iván Duque, quien desde el primer momento ha manifestado querer seguir la agenda guerrerista que traía Uribe, esta vez con el beneplácito y la dirección de los Estados Unidos, quien le está dando el triste papel a Colombia de ser el centro de operaciones de una ofensiva que de seguro le podría convertir en escenario principal del conflicto.

La escalada violenta contra Venezuela ha llegado a un punto en el que, contra toda lógica constitucional, han reconocido a un gobierno imaginario y de facto, con un presidente autoproclamado que se basa en unos artículos de la Constitución venezolana que fijan para este 23 de febrero el plazo para convocar a elecciones (suponiendo que en realidad hubiese un “vacío de poder” como él lo asegura). Pero además de eso, desde la Casa de Nariño se está a un paso de, no solo apoyar, sino iniciar una invasión militar a Venezuela.

Pero fue precisamente el 23 de febrero el día en que se pretendió violar la soberanía territorial de Venezuela. Para ello se prestaron los medios de comunicación, que pretendieron justificar la intervención militar. Las redes sociales de personajes macabros como Mike Pence o Marco Rubio dan cuenta de ello, y el usurpador Juan Guaidó decía un par de días antes, sin siquiera inmutarse, que los muertos que podrían haber “no eran un costo sino una inversión”.

La “ayuda humanitaria”, no reconocida como tal por la propia Cruz Roja Internacional y la ONU, se pretendía ingresar por Curacao, Brasil y Colombia. Los dos primeros fueron, dentro de lo que cabe, respetuosos. Curacao manifestó que no permitiría el envío de la “ayuda” sin la autorización expresa del Gobierno legítimamente electo. Brasil evitó tratar de traspasar la frontera con Venezuela. Pero Colombia no solo se dio al atrevimiento de traspasar la frontera, sino que se prestó para que desde Estados Unidos se movilizaran tropas que se apostaron, de manera amenazante, en plena línea territorial. Duque no se conformó con esto, sino que de manera descarada promovió, con el apoyo de los medios, la deserción de militares venezolanos.

A pesar de todo ese grosero y penoso papel, de perro de la guerra, que viene jugando la administración Duque, el Gobierno venezolano fue lo suficiente inteligente como para no caer en el juego. Venezuela tiene a esta hora más que motivos suficientes para haber respondido militarmente a Colombia. ¿Se imaginan a Francia haciendo semejante provocación contra España en apoyo a Cataluña, o a Egipto azuzando a los Palestinos en contra de Israel? ¿Cuál habría sido la respuesta de estos dos países?

Sin embargo, los revolucionarios sabemos que un conflicto bélico entre Colombia y Venezuela sería catastrófico, el subpresidente Duque envalentonado por el apoyo de Trump no ha medido las consecuencias de ello. Poblaciones como Cúcuta, Bucaramanga y Arauca serían lugares de combate. La Fuerza Armada Bolivariana tiene equipos y armamento que el Ejército de Colombia no tiene, la aviación venezolana supera, en por lo menos 10 veces, la aviación colombiana. Diosdado Cabello ha mencionado que una fuerza invasora entrará fácilmente a territorio venezolano, pero muy difícilmente podrá salir. Los muertos se contarían en miles sin importar la nacionalidad. Ambos pueblos quedaríamos arrasados, desolados y con heridas muy profundas que costaría muchos años sanar. Latinoamérica se convertiría en un hervidero.

A pesar del rotundo fracaso del desolado concierto Venezuela Aid Live y de no haber podido sacar del poder al presidente Maduro, los halcones de la guerra de Trump seguirán buscando la ruta que le garantice apropiarse de las enormes riquezas minerales y acuíferas, (solo en petróleo, diamantes, oro, gas y coltán Venezuela posee reservas valoradas en 58,8 billones de dólares, es decir, tres veces el PIB de los Estados Unidos), y sentar un precedente para todo aquel que en la región ose “portarse mal”. Duque continuará siguiendo las órdenes de Washington, y para ello permitirá la instalación, adiestramiento y preparación del ejército mercenario que creen que invadirá Venezuela.

Guaidó, ahora radicado en Colombia, manifestó la misma tarde del 23 de febrero, en un papel radicalmente rastrero pocas veces visto en el mundo, que pedirá la intervención militar para su propio país, porque sabe que ha venido perdiendo apoyo popular, lo que amenaza con desinflarlo en unas pocas semanas. No es casual que la Cancillería rusa haya denunciado el envío de armamento de combate, proveniente de Polonia, de parte de EEUU para Colombia.

Los medios de comunicación, los dirigentes políticos y hasta los jefes de Estado, están fomentando la división dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 23 de febrero se observó por los medios el recibimiento como “héroes” de los militares desertores, sin embargo, los resultados fueron escasos: se cree que no más de 25 efectivos, aunque en Colombia hablan de 60, entre policías y militares, la mayoría jóvenes soldados que cayeron en la trampa y se asustaron de lo que parecía una inminente invasión. Es tal el desespero que el propio Trump ha manifestado que deportará a los familiares de miembros de la Fuerza Armada Venezolana que vivan en los Estados Unidos.

Nos corresponde a los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela mantenernos alertas, movilizados en las calles. La urgencia de la situación reclama la participación activa y la solidaridad de los movimientos populares colombianos, para evitar que desde allí se siga labrando el camino que convierta la frontera entre Norte de Santander y Táchira en un nuevo Alepo sirio o un nuevo Bengasí libio.

Desde la ladera, Medellín se asemeja a un tapete de faroles que pintan la oscuridad de naranja. Para una ciudad que ha sido escenario de constantes desalojos durante los últimos años, permanecer resulta ser todo un acto de resistencia. En cada barrio que ha sido víctima del despojo, una mujer ha plantado sus piernas y ha sido replicada por sus vecinos. Desde el caso de La Iguaná, con Sofía*, hasta el de San Luis, con doña Teresa*, la bandera de una vivienda digna se ha edificado en los labios de mujeres que se negaron a dejar sus casas.

Doña Cecilia*, que vive en el barrio La Paralela, fue la pesadilla de los funcionarios del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed-. Desde el 2017, cuando les informaron que serían desalojados para la construcción del Metrocable Picacho, se puso al frente de su comunidad y encarnó una lideresa que fue reconocida por todos sus vecinos. Asimismo, en La Iguaná fue Sofía quien encabezó las exigencias para retornar a su barrio y para que la Alcaldía cumpliera con lo pactado. Por su parte, en Nueva Jerusalén, Laura* siempre había impulsado los convites para construir calles y parques, y cuando más de cien familias fueron desalojadas ella asumió una voz fundamental desde la comunidad.

Así, desde los barrios, los ranchos y las calles estrechas, las mujeres han consolidado redes comunitarias con sus vecinos. Se trata de una resistencia que se ha gestado desde las casas y desde el permanecer, y que en Medellín ha tenido la huella de mujeres que construyen vida digna en cada uno de sus territorios. Mujeres que desde la cotidianidad buscan la manera de que su comunidad pueda habitar en una ciudad que ha implementado el despojo como acción sistemática.

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El 13 de febrero de este año un campesino de El Retiro, un municipio cercano a Medellín, encontró el cuerpo sin vida de Isabela Escobar, que había desaparecido hacía casi diez días. La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero estaba con su excompañero sentimental, por lo que ahora es el principal sospechoso del asesinato.

El último boletín del Observatorio de Feminicidios en Colombia, que corresponde a Medellín y su Área Metropolitana, fue emitido en octubre del 2018, e indica que para ese momento se habían contado 56 feminicidios en el Valle de Aburrá y 35 en Medellín. Además, estipula que los agresores, por lo general, son los compañeros y excompañeros sentimentales.

En la ciudad es evidente que a la vida se le pinta y pone precio de cristal. El año pasado finalizó con más de 600 asesinatos y el primer mes del 2019 se registraron más de 40. Estas cifras indican un evidente fracaso de la estrategia de seguridad implementada por la administración de Federico Gutiérrez.

Medellín es una ciudad agreste para la vida, donde la vulnerabilidad de las mujeres se traduce en que cada dos de diez mujeres afirma haber sido víctima de violencia en su propio hogar, según el informe Medellín Cómo Vamos del 2018, acerca de la calidad de vida de las mujeres. Es decir, más de 300 mil mujeres de la capital antioqueña –probablemente sea una cifra mucho mayor– se han sentido en peligro dentro de su misma casa.

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Alonso, Federico, Gabriel Jaime, Eugenio, Juan Carlos y Héctor eran los nombres de los candidatos para la Alcaldía de Medellín en el 2015. Todos hombres. El panorama del Concejo también deja ver un predominio evidentemente masculino, pues de las 21 curules solo cinco fueron ocupadas por mujeres. En una ciudad donde las mujeres constituyen más de la mitad de la población, aún continúan ausentes en la esfera de la política internacional.

En medio de este panorama, cientos de 'buhas moradas' se comenzaron a ver en las calles de Medellín. Este es el símbolo con el cual se identifica Estamos Listas, el nuevo movimiento político que busca incidir en las decisiones políticas de la ciudad de manera más contundente. 2039 mujeres con una buha plasmada en su pañoleta ahora buscan ocupar al menos siete de las 21 curules en el Concejo de Medellín.

Estamos Listas nació como una iniciativa de 60 mujeres de la ciudad que identificaron la necesidad de incidir en la esfera política. Así, de una a una y de voz en voz, las buhas llegaron a ser más de dos mil mujeres que buscan pensar la ciudad, y las decisiones que se tomen con respecto a esta, desde ellas mismas.

No se trata de legitimar la candidatura de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, sino de reconocer su condición histórica de marginación y romper con esta a partir de unas bases claras. En este sentido el movimiento planteó siete elementos fundamentales para su accionar: desde la defensa de la vida, la diversidad y la educación pública no sexista, hasta la seguridad humana, el bienestar del medio ambiente y el reconocimiento de las labores del cuidado que aún recaen exclusivamente sobre las mujeres.

Con estas propuestas, Estamos Listas busca presentar su lista de candidatas al Concejo en las próximas elecciones del 27 de octubre. Así, no se trata únicamente de un nuevo actor en la contienda, un nuevo partido o movimiento político que quiere ocupar al menos siete curules con candidatas mujeres; se trata de reconocerse en cada debate que se lleva al Concejo y asumir la discusión desde una perspectiva de género.

Con la diversificación de los escenarios políticos se abre la posibilidad de que las comunidades que han resistido históricamente desde sus territorios tengan una incidencia real mucho mayor. De esta manera se logra ubicar el reflector y reforzar sus luchas a través de la institucionalidad. En Medellín, una ciudad en donde más de la mitad de sus habitantes son mujeres, que se ha construido desde cada cocina y con el liderazgo femenino, con Estamos Listas surge la oportunidad de que las transformaciones no se queden en el barrio, sino que se materialicen en la ciudad.

En Colombia, los procesos de construcción de memoria sobre la violencia han estado marcados por el silencio, el miedo y la represión. Por esta razón, el arte y las expresiones culturales se han convertido en espacios de visibilidad que resisten a las estructuras de poder que tradicionalmente han llamado al olvido y al silencio.

El costurero de la memoria: kilómetros de vida y memoria, es muestra de ello. Desde el 2007, este espacio acoge a mujeres y hombres víctimas de diversos actores armados de diferentes regiones del país. Entre hilos y agujas, cada semana se reúnen para reflexionar sobre la realidad del país, su cotidianidad, los retos a los que se enfrentan y a reconstruir puntada a puntada memoria, paz, reconciliación y país.

Jacqueline Castillo, integrante del costurero y representante de la organización MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), cuenta que el espacio fue pensado “como una manera para nosotras poder empezar a hacer memoria. Al comienzo fue bastante difícil, fue bastante duro porque el primer trabajo que hicimos era plasmar nuestras historias sobre las telas. El tejido, cada puntada, cada paso que dábamos era un dolor para nosotras porque era revivir todo lo que tuvimos que vivir desde que desaparecieron nuestros familiares”.

En el costurero el arte cumple una función de reparación simbólica y se presenta como uno de los principales medios de las víctimas para ejercer prácticas de resistencia y lucha, al tiempo que actúa como mecanismo de sensibilización para quienes han sufrido la violación de sus derechos. Además, es un espacio donde se resignifica esta labor mayoritariamente femenina, y donde las mujeres, empoderadas de sí, van construyendo liderazgo.

“Después de muchos años de proceso podemos decir que ha sido un espacio que nos ha dado mucha fortaleza, donde hemos aprendido a expresar ya más tranquilamente nuestra situación, y que a donde quiera que vayamos, que han sido universidades, colegios, espacios abiertos, podamos seguir clamando justicia, seguir reclamando que algún día sepamos la verdad, seguir luchando para que esto no quede en el olvido; hacer memoria sobre todo esto para que no haya repetición es la tarea, la gran tarea que finalmente consideramos que tenemos nosotras en este momento”, dice Jacqueline.

Las prácticas artísticas llevadas a cabo en el costurero posibilitan la construcción de testimonio y archivo de memorias sobre la violencia, que se convierten en dispositivos de visibilidad con un significado y un sentido inscrito en el cuerpo individual y social, a través de unas manifestaciones que van más allá del discurso, porque las palabras no pueden decirlo todo.
Para Lilia Yaya, fundadora e integrante del costurero, el espacio es desarrollado “a través de nuevas formas de narrativas como es el arte y el arte plasmado en la costura. Utilizamos la metáfora de la costura de unir, zurcir pedacitos de tela, de remendar, de esta forma estamos remendando, zurciendo, uniendo proyectos de vida que han sido fragmentados, proyectos de vida individuales, pero también colectivos, sociales, políticos. Entonces en la metáfora decimos que unimos todos estos fragmentos de vida, proyectos de vida rotos con hilos de sueños, de esperanzas, con hilos de diversos colores, de sonrisas, también de lágrimas, pero de mucha esperanza”.

En la lucha de estas víctimas el arte se ha convertido en uno de los principales medios de resistencia y denuncia, además ha tenido un efecto transformador que contribuye a una causa emocional y también política. De acuerdo con Lilia Yaya, este espacio “ha sido una forma terapéutica de transformar el dolor. También es una forma de reconciliarnos con la vida, con el país y con el Estado, que ha sido uno de los que más ha victimizado por acción o por omisión”.

La experiencia del costurero muestra que la cultura y el arte son una forma de reivindicación de las víctimas y les ayuda a reconocerse como sujetos de derecho. En el marco del posconflicto se habla de reparación integral que comprende una rehabilitación física y psicológica por los daños causados, así como por garantías de satisfacción que siguen la verdad, la memoria y la conmemoración. En este sentido, el arte aporta por su carácter terapéutico, denunciante, pero sobre todo sensibilizador.


El Juzgado Cuarto Penal de Cali condenó a los militares Julián Villate Leal, Alfonso Abondano y Marco Fidel Rivera, a cuatro años de cárcel, por el delito de concierto para delinquir. Julián era un coronel, Alfonso y Marco eran mayores.

Los militares fueron procesados por hacer seguimientos y atentar contra la vida de varios directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), entre los que se encuentran Luis Imbachí, Óscar Figueroa y Luis Hernández (expresidente del sindicato). Además de los sindicalistas, los militares también pretendían atentar contra el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López (en ese entonces representante a la Cámara), y contra la defensora de derechos humanos Berenice Celeita.

El plan de los militares fue denominado 'Operación Dragón', y fue pensado desde la sección de inteligencia del Ejército, en el 2004. Esta operación pretendía, palabras más, palabras menos, atacar al sindicato, atentar contra la vida de sus miembros, cambiar sus directivas, y según el fallo, “obstaculizar la carrera política de Alexander López Maya y que Berenice Celeyta cesara su labor de asesora del sindicato”. Pero esta historia no comienza ni con la condena del Juzgado ni con la Operación Dragón. Comienza con la privatización de las Empresas Públicas de Cali.

Álvaro Uribe y Emcali

Desde que Álvaro Uribe empezó en la presidencia (2002), se empeñó en privatizar Emcali, y para llevar a cabo esta tarea encargó, por la naturaleza de sus funciones, a la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, entidad que estuvo dirigida durante los dos mandatos de Uribe, por la abogada Evamaría Uribe, mujer de confianza del expresidente. Evamaría, cuya responsabilidad en la Operación Dragón ha sido denunciada por las víctimas, es la actual directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Desde el 2000 hasta el 2013, el Gobierno trató de buscarle socios privados a Emcali. Vale recordar que se trata de una empresa muy importante (la principal empresa pública del Suroccidente de Colombia), cuyo presupuesto es de 3,2 billones de pesos, y que cuenta con más de 2000 trabajadores. El punto es que, en el 2004, el Gobierno nacional tenía intervenida la empresa, y la quería privatizar. Sintraemcali se oponía.

Berenice Celeita, reconocida defensora de derechos humanos y actual presidenta de la Asociación Para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), fue una de las personas contra las que los militares pretendían atentar, dado que era asesora del Sintraemcali y opositora a la privatización. Berenice, en diálogo con Periferia, explicó que en torno a la privatización había muchos intereses de por medio. “El capital internacional puso sus ojos sobre este negocio para dividir los diferentes componentes de la empresa y el Gobierno inventó una quiebra técnica para entregarlo a grandes multinacionales como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Intergen y Tokioenergy”, expresó Celeita, agregando que también ha habido empresas de la región interesadas en adueñarse de los servicios públicos: “las empresas Corfipacífico, Corfivalle, Conciviles, entre otros grupos económicos del Valle interesados en convertir en negocio el derecho fundamental a los servicios públicos de calidad”.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que Berenice Celeita, Alexander López, y los miembros de Sintraemcali, denunciaron seguimientos y amenazas. Inmediatamente empezó el proceso para privatizar Emcali, gestionado desde lo más alto del Gobierno de Uribe, empezó también a construirse la Operación Dragón, con un objetivo muy claro: atacar a todo el que se opusiera a la privatización.


Empresas fachada

Alexander López fue el primero que denunció ser víctima de seguimientos ante la Fiscalía. Lo hizo el 25 de agosto del 2004. Fue así como el ente investigador empezó las pesquisas y descubrió el plan de los militares. En primer lugar, se conoció que los militares utilizaron unas “empresas fachada” y firmaron unos contratos con Emcali, destinados a la prestación de seguridad. Las empresas se llamaban “Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) y Compañía de Seguridad Privada (Seracis)”.

Uno de los contratos más relevantes fue el firmado con Seracis. Según la Fiscalía: “este contrato constituyó el último eslabón de la plataforma legal en la que se atrincheraron para atacar a Sintraemcali, específicamente a los miembros de la junta directiva del mismo, y a quienes le prestaban asesoría en temas de derechos humanos, como la señora Berenice Celeyta y asesoría política externa como era el caso del congresista Alexander López Maya, con acciones que iban desde el desprestigio de los dirigentes del sindicato, la judicialización de los mismos y hasta su eliminación física”.

Lo llamativo, o más bien, lo más delicado, tiene que ver con las personas que contribuyeron a la aprobación de dichos contratos. Al parecer, funcionarios del Gobierno, como se verá más adelante...

Fue a través de los contratos que los militares obtuvieron información detallada de los miembros de Sintraencali, de Alexander López, y de Berenice Celeita: nombres e información de familiares, residencias, rutinas diarias, escoltas, cédulas, números telefónicos, y en el caso del senador, información de su sede política en Cali.

Además, gracias a un allanamiento al coronel Julián Villate Leal, se encontró que los militares poseían documentos de inteligencia, información detallada sobre las actividades del sindicato, y bitácoras de los seguimientos que hacían. Los militares conocían detalladamente los esquemas de seguridad del senador y de las otras personas, información que solo pudo ser suministrada a los militares por el Ejército nacional y el cuestionado DAS.


De perseguir a asesinar

Durante el proceso judicial contra los tres militares se permitió conocer los autores materiales e intelectuales del plan. Pero también se descubrió que la persecución contra los sindicalistas, contra Alexander López y contra Berenice Celeita, tenía la intención final de asesinarlos.

En un escrito de la Fiscalía divulgado por el periodista Yohir Akerman, esta entidad cuenta que no solo se intimidaba a Alexander López con sufragios, sino que además se llegó a pagar la suma de 10 millones por asesinarlo. La siguiente es la declaración de un testigo ante la Fiscalía: “Se elaboraron unos mapas. Uno de las entradas y salidas de Sintraemcali. Que este era para hacerle un atentado al Representante. Que estos los elaboraba el señor Julián, que recibió la orden del señor Hugo Obando de comprar un sufragio después del allanamiento y enviarlo al congreso, luego del allanamiento contó que lo trasladaron a la ciudad de Ibagué. Que estando en esa ciudad realizó una consignación de $ 10,000.000 que tenía como destinatario una persona de la ciudad de Cali de nombre Yilson, que este era para realizar un atentado contra Alexander López”.

Es ese mismo documento se cuenta que el coronel Villate tenía la tarea de conseguir personas “para hacerle un atentado a Petro, por las discusiones que hubo en el debate sobre los paramilitares”. Además, no eran simples militares retirados. Eran, según Celeita, “militares con antecedentes bastante graves como por ejemplo Abondano, quien participó en homicidios múltiples en Antioquia”. Y Julián Villate, el cerebro de la operación, quien “fue director de la Escuela de Guerra en Colombia, y profesor de la Escuela de las Américas en Estados Unidos”.

Las reuniones de Evamaría

Álvaro Uribe tuvo la intención de intervenir Emcali hasta el último momento de su mandato. Yohir Akerman contó en su columna del 3 de febrero, que el expresidente “felicitó” a Evamaría y a la Superintendencia por su trabajo de reestructuración de la empresa, en uno de los últimos consejos de ministros que realizó, el 13 de marzo de 2010.

El plan para asesinar al senador del Polo, a los directivos del sintraemcali, y a Berenice, habría sido contratado, según López, por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, y específicamente, por la señora Evamaría Uribe.

Según manifiesta un documento de la Fiscalía, Evamaría habría tenido reuniones con Julián Villate Leal, el militar al que la Fiscalía le encontró los documentos de inteligencia y de la Operación Dragón. “El señor Villate se reunió con la señora Eva María Uribe Tobón y el señor Germán Huertas en el Restaurante la Carrilera (...), el señor Villate le manifestó que se pretendía privatizar Emcali, por eso se hacían esas reuniones”, dice el documento. En otras palabras, Evamaría se habría reunido con el cerebro principal de la operación.

Además, según el senador, Evamaría Uribe participó en el comité técnico que aprobó el contrato con el que los exmilitares pudieron acceder a la información privilegiada. Ella habría estado en la reunión en la que el gerente interventor de Emcali, Carlos Potes, dio el aval con que se les facilitó todo a los exmilitares.

Pero Evamaría no es la única acusada como responsable intelectual. También lo son Carlos Alfonso Potes y Germán Huertas. El primero era el gerente interventor de la empresa en el 2004, quien aprobó los contratos con los exmilitares, y el segundo era y es el jefe de seguridad de la empresa. “En la etapa preliminar estuvieron vinculados, rindieron declaración, pero ya sabemos cómo es la justicia colombiana, que finalmente resultó absolviéndolos aun cuando hay pruebas suficientes de su vinculación, igual que en el caso de Evamaría, pues ella estuvo al frente del encargo fiduciario, y obviamente del pago de estos militares que estaban a la cabeza de la Operación Dragón”, expresó Berenice Celeita.

Ahora, en 2019, quince años después de la Operación Dragón, una sentencia de un Juzgado de Cali presentó una primera pincelada de justicia, aunque sea para mostrar que es cierto lo que han denunciado los líderes y las comunidades: que el Estado colombiano es capaz de todo, incluso de ir contra la vida, por favorecer los intereses económicos. “Estamos hablando de la responsabilidad del Estado colombiano, efectivamente en cabeza de quien era en su momento el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, y de manera directa quien estuvo reunida con quienes realizaron todos los actos de seguimiento”

Es una verdad por todos compartida. Un debate aplazado. Una falla estructural que integra esa deshonrosa lista de realidades de las cuales se habla, única y superficialmente, cuando sucede una tragedia o un hecho estrambótico.

La crisis carcelaria en Colombia cada vez es más crítica. La población carcelaria del país podría poblar un municipio o fundar uno nuevo. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hasta el 18 de febrero de 2018, 115.792 personas estaban privadas de la libertad en el país.

La cifra que con los años tiende a incrementar, se justifica, dicen, por la constante migración del campo a la ciudad, el desplazamiento forzado, la industrialización mal planeada, la concentración desmesurada de tierra, capital y bienes, el desempleo, las necesidades básicas insatisfechas, entre otras fallas estatales que incitan a la violencia y al aumento de los índices de criminalidad.

Incrementar la cantidad de inquilinos de las sobrepobladas cárceles colombianas, pareciera ser la orden de Iván Duque. Recientemente el Equipo Jurídico Pueblos publicó su informe anual sobre la política penal y la situación carcelaria del país, en el cual concluyen que diversos proyectos de ley y actos legislativos pretenden mantener la “tendencia punitivista y populista que ha marcado la política criminal del país”.

El informe, condensado y sintetizado a continuación, alerta sobre la militarización de la vida civil, las acciones policiales invasivas, “el endurecimiento de penas, la prolongación del tiempo en prisión y el recrudecimiento del régimen de detención preventiva”. Asegura también que se mantiene el concepto de “seguridad entendido desde una perspectiva represiva y restrictiva de los derechos individuales y colectivos, pero que es además discriminatoria de amplios sectores sociales”.

Abogados, nuevo objetivo de la política de seguridad Duque
Bajo el supuesto de someter al grupo paramilitar denominado como Clan del Golfo, se profirió la Ley 1908 de 2018. Esta crea el delito de Asesoramiento a Grupos Delictivos o Armados Organizados (art. 340A), penalizando a quien ofrezca o preste conocimientos jurídicos de manera ocasional, “con el propósito de contribuir a los fines ilícitos” de tales grupos. La norma asegura que no perseguirá penalmente a quien preste sus servicios de defensa técnica, pero ello impide que el abogado acredite el origen lícito de sus honorarios puesto que hay una suposición previa sobre la procedencia ilegal de los recursos.

Además, la Ley extiende a tres y cuatro años las medidas de aseguramiento a quienes se les impute cargos relacionados con la presunta pertenencia a Grupos Delictivos o Armados; medida que desconoce el plazo razonable determinado por la jurisprudencia internacional, y que modifica la Ley 1786 de 2016 que impone un año prorrogable.

Muertes de primera clase y entierro definitivo del delito político
Álvaro Uribe quiere modificar el Código Penal promoviendo un proyecto de ley que tipifica un nuevo tipo de homicidio cuyo sujeto pasivo son los integrantes de la Fuerza Pública. En otras palabras, lo que pretende el expresidente es que sea más grave asesinar a un militar o policía que a una mujer o un niño.

Este proyecto tiene el claro objetivo de “negar la existencia del conflicto” mediante la eliminación del delito político. Desde la tradición jurídica demo-liberal en la rebelión se emplean armas que ocasionan muertes a la contraparte, por ese motivo, los homicidios ocurridos en combate están eximidos de responsabilidad penal; desde 1997 se consideran homicidio agravado, pero ahora es un delito autónomo que aumenta severamente las penas para los rebeldes que ocasionen muertes en combate de integrantes de la Fuerza Pública.

Mientras avanza la agonía del delito político en la legislación colombiana, ahora se pretende restringir los beneficios jurídicos a integrantes de esa insurgencia ante un eventual acuerdo.

Criminalizar el consumo de drogas y la pobreza
El Proyecto de Ley 060/2018 mantiene la tendencia a crear delitos, incrementar penas, incorporar agravantes, restringir beneficios y otras disposiciones que generan consecuencias directas en la prolongación de la privación de la libertad y por ende agravan la crítica situación carcelaria. Dicho proyecto se propone, en primera instancia, incorporar un parágrafo al artículo 376 del Código Penal para penalizar el porte de dosis superiores a la dosis mínima sin considerar su propósito.

Así mismo, pretende incrementar las penas al tráfico de estupefacientes, y otras infracciones como la modificación de medios de transporte para ocultarle las sustancias a las autoridades. El aumento de la pena la convierte, en términos cuantitativos, en una sanción desproporcionada. Transportar estupefacientes (art. 376 del C.P.) en la caleta de un vehículo (art. 4-e del P.L.060/2018), tendría una pena que oscila entre 21.3 y 45 años. Tal comportamiento se sancionaría con mayor severidad que asesinar o torturar una persona.

El proyecto también propone anular los beneficios contemplados en el artículo 68 A del Código Penal, y restringir los permisos penitenciarios para personas con antecedentes penales. Hay claras intenciones de negarle el acceso a prisión domiciliaria (art. 38 G) y libertad condicional (art. 64) a esta población.

Prevenir militarizando
Buenaventura León León, representante del partido Conservador, presentó un proyecto para crear “una estrategia en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio nacional, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de la previsión, prevención y control de las lesiones personales, homicidios y delitos cometidos con armas cortopunzantes y/o blancas…”.

Preocupa el enfoque del proyecto porque conlleva una suposición delictiva sobre el portador del arma blanca (considerando como tal un amplio y ambiguo catálogo de elementos que cumplen usos lícitos diversos como machetes, garfios, mazos, hachas y martillos), asumiendo anticipadamente que esta sería usada para perpetrar una conducta delictiva.

En contraste con lo incipiente del componente pedagógico contemplado en la iniciativa, se plantean facultades amplias a la policía local y departamental para realizar registros y controles indiscriminados de las y los ciudadanos, bajo la premisa de detectar y prevenir el uso anticipado de armas blancas en la ejecución de delitos.

Esto crearía un escenario propicio para el abuso de poder, la normalización de la presencia y la acción policial invasiva y represiva en escenarios públicos, transportes públicos e individuales, y espacios públicos en general.

Avanzada contra el sistema de responsabilidad penal de adolescentes
El Proyecto de Ley 019 de 2018, presentado por Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Representante a la Cámara del Partido de la U, busca, entre otras cosas, modificar la normativa para los menores de 14 a 18 años declarados responsables de los delitos de “homicidio doloso, secuestro extorsivo, hurto calificado, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual”. De otro lado, los Proyectos de Ley 085 y 034 de 2018-S tienen propósitos similares, y pese a contener disposiciones que difieren en algunos aspectos, adoptan el mismo enfoque regresivo.

Por otra parte, los Proyectos de Ley 085 y 034 de 2018-S proponen la creación de antecedentes penales para menores infractores entre los 14 y 18 años, e incluir la reincidencia entre los criterios para aplicar sanciones penales; medidas que afectarían la posibilidad de reintegración social del adolescente.

¿Lucha contra la corrupción o populismo regresivo?
La corrupción es abordada a partir de las fórmulas jurídicas para combatirla y prevenirla. El marco de interpretación se centra en responsabilidades individuales, que obvian que la corrupción es una práctica estructural derivada de la naturaleza misma del actual sistema económico y su relación con la institucionalidad del Estado.

Desde esta perspectiva es posible entender la existencia de fórmulas de corrupción institucionalizadas, legalizadas y socialmente aceptadas. Por ejemplo, la institucionalización de un modelo de salud privatizado que favorece los intereses de las Empresas Prestadoras del Servicio, las políticas tributarias que favorecen a emporios económicos, las normas hechas a la medida de las multinacionales mineras, la legislación que favorece la impunidad de criminales de Estado, etc.

El Proyecto de Acto Legislativo 012/2018 presentado por el Gobierno nacional pretende modificar la Constitución para convertir en imprescriptibles los delitos de peculado, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, usurpación y abuso de funciones públicas, y la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública. Es decir que no existe límite de tiempo para que el Estado persiga a una persona por haber cometido este tipo de delitos.

Lo llamativo de esta iniciativa es que desde la perspectiva del derecho penal internacional, delitos como el genocidio o los crímenes de lesa la humanidad (CLH) son imprescriptibles. Colombia, como es sabido, ni siquiera ha incluido en el ordenamiento penal el CLH, pero sí acude a la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con actos de corrupción, propuesta populista que busca generar legitimidad del gobernante de turno y los políticos que la promueven.

En este mismo paquete de reformas, el Proyecto de Ley 164 de 2018 fomenta la restricción de beneficios y derechos para quienes resultan asegurados o condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado y la administración pública, y “los que atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia”. Para ellas y ellos se prohíben la detención y prisión domiciliaria, y la libertad condicional. Al respecto, el Equipo Jurídico Pueblos reiteró que es un falso dilema aquel de la lucha contra la impunidad y la restricción de derechos y garantías y el endurecimiento punitivo.

Las reformas propuestas en términos procesales encaminadas a “fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública en el país”, también van dirigidas a impedir el acceso a beneficios cuando se trate de los delitos ya mencionados. Se prevé la privación de la libertad en un establecimiento de reclusión como única medida de aseguramiento, desestimando la suspensión condicional de la pena, libertad condicional, rebajas por preacuerdos y negociaciones, y otros beneficios penales. Dicho paquete también pretende introducir reformas a garantías constitucionales como la prescripción.

El retorno al castigo físico como pena
Implementar “el procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en menor de 14 años”, es lo que quiere implementarse con el Proyecto de Ley 051/2018.

No existe discusión alguna sobre el reproche social que merecen estas conductas delictivas, de las cuales el Estado tiene una corresponsabilidad importante en la protección y garantía efectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes. La creación de penas degradantes no comulga con los compromisos que en materia de derechos humanos ha asumido el Estado, por ello la gravedad del delito y el daño que se causa con este no pueden ser la razón para legitimarlas y justificarlas.

 

Varios estudios sobre el tema coinciden en que a pesar de la diversidad de perfiles de los agresores, han sido identificados varios elementos desencadenantes que originan la violencia sexual, entre los que señalan: elementos biológicos, el fracaso del aprendizaje inhibitorio, actitudes socioculturales favorecedoras o tolerantes de la agresión sexual, pornografía violenta o infantil, circunstancias próximas facilitadoras tales como estados de estrés prolongado, excitación, consumo abusivo de alcohol, etc., distorsiones cognitivas sobre sexualidad adquiridas por agresores en su desarrollo infantil y juvenil, y circunstancias próximas de oportunidad. En las investigaciones se mencionan los factores de reincidencia contenidos en el Manual de valoración del riesgo de violencia sexual - SVR-20. Con este puede identificarse información del sujeto que constituya elementos y variables que hacen más probable el mantenimiento de la actividad delictiva. La guía contiene 20 ítems que deben ser cuidadosamente analizados por profesionales idóneos.

Tampoco hay informes que den cuenta de la eficacia de los tratamientos intramurales que se aplican a los condenados por estas conductas delictivas. El Proyecto de Ley, entonces, carece de total fundamentación empírica y científica que permita justificar la necesidad y proporcionalidad de una medida tan invasiva y deshumanizante como la planteada.

Más penas y disciplina para solucionar problemas sociales
Quienes prefieran la minucia y el detalle pueden quedar satisfechos leyendo el completo informe del Equipo Jurídico Pueblos. En pocas palabras –para los y las que prefieren el resumen, lo realmente “importante” de lo importante– la política punitiva de Iván Duque tiene tintes clasistas, persigue a quien disiente, y niega la violencia y el terrorismo de Estado.

Además, siguen siendo insuficientes las medidas adoptadas y las propuestas del nuevo Gobierno para atender la deficiente y precaria infraestructura de los establecimientos carcelarios colombianos que son incapaces de satisfacer derechos básicos elementales como la alimentación, la salud, la recreación, entre otros.

Los programas de resocialización ejecutados por el INPEC no contribuyen a mejorar la salud emocional y psicológica de las personas privadas de la libertad. Los programas de redención de penas a cambio de trabajo y educación son poco diversos y cuentan con limitaciones de acceso de tipo económicas y administrativas.

La forma en que el Estado sanciona al delincuente dice mucho del Estado. Pero dice mucho más lo que hace o deja de hacer el Estado para que sobren cárceles y falten delincuentes.

 

 

A menudo pensamos que la periferia está ubicada en un lugar geográfico al que es posible desplazarse, o que se trata de poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos que crean relaciones e independencias con el paisaje que les rodea. Sin embargo, esta palabra guarda un significado que desde lo simbólico puede habitar cualquier espacio; hablamos entonces de las fuerzas que surgen a las márgenes del poder establecido, de las diferencias que se manifiestan en la cotidianidad y que no tienen cabida en las instituciones, pero que aun así constituyen una parte fundamental de la sociedad.

La poeta Audre Lorde habitó estas periferias del significado, identificándose después de muchos cuestionamientos personales como mujer, negra, lesbiana, y feminista; categorías que dejaban entrever su verdadero carácter: el de una luchadora incansable por la vida y los derechos humanos que dedicó su vida a darle fuerza y palabra a las mujeres de su tiempo.

Nació en Nueva York en 1934, lugar donde vivió gran parte de su vida, en una familia de migrantes afrocaribeños que sembraron en ella el amor y respeto por sus raíces africanas, condición que determinó su forma de ver el mundo. Fue en este momento donde comenzó a descubrir la poesía como un lenguaje propio, siendo esta un aprendizaje, su forma de darse a entender al mundo. Se formó en diversas instituciones académicas universitarias de Estados Unidos y cuestionó desde estos lugares, recintos donde se da forma a las ideas y donde convergen las manifestaciones de la cultura, los privilegios de unos humanos sobre otros y la latente muerte que esto conlleva.

Fue en el entendimiento de la diferencia, en el habitar estos bordes de los esquemas establecidos tradicionalmente, donde Lorde encontró su centro de poder dentro de un mundo que se le presentaba contradictorio, enfocando su lucha en tres ejes fundamentales: la liberación afroamericana, la liberación de la mujer y la liberación de la comunidad LGTBI. Todas estas sustentadas en una visión de servicio y justicia social que fluía junto a su obra poética e intelectual, llevando las teorías hacia acciones liberadoras. Su visión audaz sobre el futuro de los movimientos sociales a los que perteneció planteaba duras críticas hacia las formas de opresión que estos guardaban como vestigios de los poderes establecidos; acuñando la expresión “las herramientas del amo no tumbarán la casa del amo”, planteaba la necesidad de crear nuevos entendimientos para la palabra libertad, el trabajo colectivo y las formas posibles de lucha contra la tiranía del pensamiento occidental. Es por esto que sus visiones han servido de base para los movimientos que buscan la visibilidad de la mujer y las multiplicidades sexuales, y que se plantean la emancipación y el cambio del sistema económico y cultural imperante como asuntos indispensables para llegar a una verdadera libertad de ser.

Su producción poética e intelectual es abundante, publicó gran parte de su obra, insertándola a los debates de su contemporaneidad. Tal es el caso de su libro “Sister, outsider”, traducido al español como “La hermana, la marginal” o “La hermana, la extranjera”, en el que aborda desde su experiencia personal como mujer divergente las diferentes formas de desigualdad y omisión a las que se ve enfrentada, a la vez que abre ventanas para una posible liberación cotidiana. Sin embargo, su gran aporte podría ser el entendimiento del conocimiento, no como una proyección de la realidad como lo plantea el mito de la caverna de Platón, donde el ser humano se deleita con su propia sombra provocada por una luz exterior y ajena, sino como un poder que reside en la oscuridad de las propias entrañas, por lo que se hace necesario descender a ese interior sombrío de nuestro ser para entender sus contradicciones y encontrar allí la luz para irradiar el mundo. En esta filosofía se vislumbra la necesidad de volver a la raíz del pensamiento humano mediante el quebrantamiento de las lógicas occidentales que nos alejan del mundo y nos llevan a su destrucción.

En esta liberación se establece a la mujer, o al pensamiento femenino, como potencia transformadora. Audre nos enseña cómo transformar el miedo, la ira y el dolor que históricamente se ha enquistado en los cuerpos, que es invisibilizado a través de repetidos discursos, en una fuerza en potencia. Esto se hace evidente en sus escritos alrededor de la enfermedad que la llevó a la muerte en 1992; un cáncer con el que libró una batalla de 14 años. Es en ese momento que habla de la necesidad de abandonar el silencio, de hacer consciente sus causas comunes a todas, de la importancia de decir y decidir sobre el mundo que nos rodea, y de crearnos una red, una comunidad en la que se teja un apoyo colectivo, en el que el conocimiento de las diferencias y contradicciones sea el motor del movimiento hacia la emancipación. Con esta última conciencia partió de este mundo a sus 54 años, después de una ceremonia africana en la que tomó el nombre de Gambda Adisia, que en español traduce “Guerrera que hace saber su significado”.

Los escritos de Audre Lorde, a pesar de ser poco difundidos en Latinoamérica, han tenido una repercusión universal, es por esto que en el contexto que hoy vivimos en Colombia, donde las fuerzas de la muerte se empeñan en acabar con la vida y con quienes la defienden, en el que mediante la manipulación de la verdad pretenden dividirnos y crear distancias cada vez más amplias entre los seres humanos, a la vez que nos alejan de nuestra esencia y de la naturaleza, hay que recurrir a su lectura, a su poesía iluminadora, para alimentar el poder que nos habita, para fortalecernos y llevar a la acción colectiva nuestra potencia transformadora.

La pugna por la memoria

Recuerdo la forma del avión fantasma en el cielo y las ráfagas desde tierra; recuerdo la salida en fila de los policías que quedaban en la estación sostenida por dos paredes rellenas de impactos de bala y metralla; recuerdo Toribío, Mitú, Bojayá. Lo curioso es que nunca he estado allí. Nací en Medellín y la mayor parte de mi vida la viví lejos de las tomas guerrilleras, retenes y masacres, sin embargo, imaginaba la guerra.

Mentiría si afirmo que el conflicto ha sido un interés temprano, de hecho la biología, el periodismo y la religión aparecían como los intereses primarios sobre un quehacer futuro, no obstante, las rampas, los tatucos, las minas quiebrapatas, los fusiles, y toda la parafernalia de la guerra habitaba en mi memoria aunque nunca la hubiese tocado. Monojojoy, Alfonso Cano, Jacobo Arenas, eran nombres conocidos incluso cuando no sabía muy bien qué hacían o cuál era su profesión. Los conocía porque su nombre se repetía como cantinela.

Todo acontecimiento cobra sentido solo a la luz de otros más. El encuentro con el conflicto armado fue una historia fortuita, una bagatela trascendente, en el que la cercanía de un amigo a unos amigos que necesitaban rotular un expediente, puso entre mis manos la tediosa tarea de señalar el contenido de cinco cuadernos página a página; la tediosa tarea de hacerse consciente página a página.

La idea de poner etiquetas no se veía nada amena, pero en la universidad uno siempre quiere tener algo de más que exceda lo de las copias y los pasajes, por si sale un buen plan. Eran más de 10 años de actuaciones judiciales y remisiones de despacho a despacho; el expediente saltaba de una fiscalía a otra y cada salto tenía como constancia un oficio. Entre testimonios y remisiones a otros expedientes era un laberinto de papeles que contaba la historia de una masacre.

Debía anotar bien los nombres, porque había hermanos (el uno apareció en “la Ye” con un disparo en la cabeza, el otro estaba amarrado a un árbol en la entrada de la vereda), el color de los carros, la marca de los vehículos en los que los vieron por última vez, misma marca, distinta placa, mismo recorrido (debo anotar mejor, abrir un cuadro de vehículos), un dispositivo de dos soldados cada 200 y algo metros, mismo recorrido. Comencé a separar las hojas, a hacer cuadros, tenía viñetas y una orgia de memos que se apilaban a los lados de la mesa, ¿por qué no recordaba? Eran demasiados muertos y no estaban en mi memoria, nunca vi una noticia, siquiera una nota de ellos.

Fue toda una vereda, lugares vacíos por los que había pasado. Por allí los victimarios y yo hicimos el mismo recorrido, más de una vez crucé el río en el que arrojaban los cuerpos eviscerados; más de una vez vi la orilla de piedras con las que rellenaban los cuerpos para que no flotaran; conocía el río y aun así parecía, ahora, un cementerio desconocido. La memoria volvió a esculpir dolorosamente el mismo recorrido lleno de curvas y puentes, de montañas inclinadas, de desvíos, caminos de riel y herradura.

Pocas cosas cuestionan con tanta fuerza nuestra vida consciente como el contraste entre lo que recordamos y lo que no recordamos, dependemos en gran medida de nuestras vivencias para que la memoria, condición estructurante del conocimiento, nos pueda orientar en el mundo. Para recordar, dependemos en gran medida de la reproducción de los acontecimientos, máxime cuando no los hemos vivido de forma inmediata.

Por eso, cuando la política de seguridad y defensa del Plan Nacional de Desarrollo plantea que “El Ministerio de Defensa nacional desarrollará un programa que vele por que los procesos de construcción de memoria histórica y verdad incorporen también la perspectiva de las fuerzas militares y de la Policía nacional”, me asalta la duda entonces sobre la perspectiva de quien habita en mi recuerdo.

A quién pertenecen entonces las narraciones públicas, ¿cómo es que recuerdo Toribío?, ¿de quién es el relato de Mitú?, ¿quién exhibía el cuerpo de Iván Ríos con un disparo en la frente?, ¿de dónde recuerdo la exhibición impúdica de la atrocidad como trofeo de guerra, como la verdad obscena de quienes reclaman haber ganado la guerra?, ¿de quién es esta perspectiva? Mientras las historias de las madres de Soacha las encontramos por nuestras vivencias, sus relatos circulan como si se tratara de Juglares; entre la informalidad y la fantasía su historia no es parte de la memoria colectiva; la memoria de sus hijos es un relato de sufrimiento individual y no de vergüenza colectiva.

El nombramiento de Darío Acevedo para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica, no es, a la luz de estas cuestiones, producto de un descalabro sistemático debido a la falta de talento para reconstruir la verdad entre las huestes de Gobierno; es parte de la oficialización de la memoria, de la apropiación del relato, es la prolongación de la guerra al hipocampo de los ciudadanos para recrear la infantil narración de un conflicto entre héroes y villanos, o lo que sería la negación del mismo: civilidad contra barbarie.

El relato pueril del conflicto es condición para su reproducción, dotar de justificación la atrocidad solo consigue repetirle. La disputa por la memoria es un ejercicio cultural que tiene en el centro un proyecto de nación. Levis Strauss en su obra El pensamiento salvaje, relata cómo algunas comunidades creían que solo dos criaturas tenían alma, los seres humanos y los loros. La palabra es desde esta mirada la constancia del alma. Si decimos entonces que la disputa es por el alma, al menos desde esta perspectiva, no estaremos exagerando. Toda noción estética expresa la comunión con un orden, la apuesta de la memoria es también una apuesta estética que denuncia los órdenes imperantes que parieron la atrocidad, por eso no podría ni debería ser un lugar de alivio para el pasado que anida en nuestro presente.

Es preciso recordar como mandato, narrar como imperativo, hacer tangible la memoria como estrategia. La pugna por la memoria es la disputa por el espíritu de un pueblo. Más que una garantía de no repetición es la condición fundamental para la misma. Pretender un relato de nación que sepulta la verdad, tarde o temprano terminará por sepultar a quienes la buscan. Recordar en tiempos de negación es un profundo acto de rebeldía, es la reivindicación de sí mismo en lo colectivo, es hacerse dueño de sus propias velas, como diría William E. Henley, es hacernos amos de nuestro destino, capitanes de nuestras almas

500 personas afectadas que se oponen al proyecto Hidroituango protestan en Valdivia. Alguien recibe una llamada. Del otro lado del teléfono, una voz se presenta como alias 'Alejandro', líder paramilitar de la zona. 'Alejandro' les prohíbe gritar consignas en contra de EPM y del proyecto. Y les ordena que se vayan inmediatamente porque le están calentando la zona, y si no se van los matarán a todos.

La megaobra –su muro de contención, sus toneladas de concreto, sus costosas máquinas compradas en Europa– es una mínima parte. La punta que vemos del iceberg. Hidroituango es un acertijo de violencia, vicios, mentiras, secretismo, coincidencias, intereses, modificaciones, opiniones encontradas.

Libros como Colombia Nunca Más: Extractivismo – Graves violaciones a los derechos humanos. Caso Hidroituango, una lucha por la memoria y contra la impunidad, dan pistas para resolver el misterio. La investigación realizada por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), presentada a finales de febrero, revela que el mayor orgullo de los antioqueños huele feo, como huele un cadáver putrefacto.

***
La publicación de la CJL documentó 255 casos –de masacres, homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento– que involucran a 604 víctimas de seis municipios del Occidente y seis municipios del Norte de Antioquia. Su columna vertebral es una hipótesis: el extractivismo y la violación a los derechos humanos son una pareja inseparable.

Históricamente los territorios ricos en recursos han sufrido acciones violentas planificadas, cuyo propósito es preservar un modelo económico lucrativo como lo es el extractivismo. En los últimos 25 años, la mayoría de violaciones a los derechos humanos en el Occidente y el Norte de Antioquia, regiones de influencia de Hidroituango, fueron perpetradas por los paramilitares y con la complicidad de la Fuerza Pública.

En 1995 el proyecto paramilitar gestado en el Magdalena Medio comenzó a colonizar Antioquia. Llegó primero a Urabá y luego se expandió por el Norte. Actualmente, 180.000 personas habitan los 12 municipios donde la CJL realizó su investigación. Entre el 1996 y 2006, década en la que el paramilitarismo se afianzó en el departamento, fueron desplazadas más de 80.000 personas de esos territorios.

El paramilitarismo logró derramarse por el departamento gracias a las Convivir promovidas por el gobernador de la época. Uno de esos primeros grupos de civiles alzados en armas fue conformado por comerciantes, ganaderos, civiles, entre ellos un sacerdote, en los Llanos de Cuivá, corregimiento ubicado al Norte de Antioquia, entre los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y Angostura. Otra Convivir que fomentó la expansión paramilitar, fue fundada también en Yarumal y estaba integrada, entre otros nombres, por Julián Bolívar, quien años después sería el comandante del Bloque Central Bolívar.

Años después, la zona del Bajo Cauca y parte del Norte fue copada por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia comandadas por 'Cuco Vanoy'. Mientras que el Occidente fue ocupado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que más tarde formaron el Bloque Noroccidental comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias 'Memín'.

El brote paramilitar asesinó a 3500 personas entre 1990 y 2016. El 80% de los casos ocurrieron entre 1995 y 2006. Astrid Torres, quien participó activamente en la investigación, aseguró que después de cruzar cifras, contabilizaron 48 masacres que dejaron 290 víctimas. 39 de ellas perpetradas en su mayoría por el Bloque Mineros entre 1996 y 2005.

Los investigadores también pudieron comprobar que los grupos paramilitares del Norte y el Occidente pasaban de una región a otra y participaban en acciones conjuntas. El Bloque Noroccidente, por ejemplo, apoyó al Bloque Mineros en la masacre cometida en el corregimiento El Aro de Ituango, el 22 de octubre de 1997. A la masacre de El Aro, le siguieron, entre otras tantas, las masacres de Orobajo en el municipio de Sabanalarga el 12 de julio de 1998, y la masacre de Peque en 2001, que provocó el desplazamiento de 3500 personas en menos de tres días.

La violencia de esa década se focalizó en los líderes y presidentes de las juntas de acción comunal, puesto que el nivel organizativo era de carácter primario y no había grandes plataformas sociales y políticas. Astrid Torres contó que en las audiencias de Justicia y Paz el comandante del Bloque Mineros en Briceño, José Higinio Arroyo Ojeda, dijo que la orden era clara: “las mujeres no tienen que estar haciendo nada en colectivo, eso es para chismiar. Esos procesos organizativos se tienen que acabar”.

En el Occidente, en Yarumal y en Ituango, los profesores denunciaron las tomas de los colegios, el reclutamiento y el accionar paramilitar en los territorios, convirtiéndose así en objetivo militar. En Ituango, por ejemplo, fueron capturados tres profesores. Asesinaron dos y al tercero lo lanzaron desde un helicóptero.

Es casi imposible hablar de Hidroituango y no mencionar la palabra desaparecido. La desaparición forzada fue una práctica utilizada para generar terror. “'Cuco Vanoy' expresaba: “yo nunca le dije a mis subalternos que desaparecieran la gente. Lo que pasa es que a ellos les daba pereza, entonces preferían tirarlos al río que hacer el hueco”. Eso no es cierto. Las víctimas han sido contundentes en decir que a sus hijos, a sus madres, a sus padres se los llevaban porque los paramilitares querían desaparecer y querían bajar el número de homicidios en el territorio (…) Se dice que en la zona solo hay desparecidas 682 personas, pero al Bloque Mineros se le imputan 1150 desapariciones forzadas en el Bajo Cauca y parte del Norte”, aseguró Astrid.

Los paramilitares usaron el río Cauca como cementerio. Las laderas del Patrón Mono se convirtieron en fosas donde enterraban los muertos que no eran lanzados al río. Ni EPM ni el Estado se han interesado en buscar los cuerpos y determinar cuántas son las víctimas de desaparición forzada en la zona.

Mientras los paramilitares negociaban su desmovilización en Ralito, la Fiscalía solicitó a 'Cuco Vanoy' que le permitiera ingresar al cementerio que tenían en el Guáimaro, corregimiento de Tarazá, para exhumar los cuerpos. 'Cuco Vanoy' aceptó y dio la orden de permitir la entrada. Cuando la Fiscalía llegó, encontró que las fosas habían sido abiertas. “Cuando se les pregunta a los comandantes de medio rango, ellos dicen: “sí, nosotros abrimos las fosas, sacamos los cadáveres y los tiramos al río porque nos dijeron que nos metían a la cárcel”. Revictimizan a las familias con un mecanismo que sí es planificado”.

Sin el consentimiento de la Fuerza Pública y las autoridades civiles, el paramilitarismo no hubiese podido llevar a cabo su terrorífica expansión. El libro de la CJL demuestra los nexos, ya fueran deliberados o por omisión, de los diferentes bloques con los batallones Girardot y Pedro Nel Ospina del Ejército, las brigadas móviles de Ituango, las comandancias locales de Policía, los alcaldes de Valdivia y Yarumal, notarios, e Inspectores de Policía que en aquellos años eran los encargados de realizar el levantamiento de los cadáveres.

Del 2006 al 2016, último periodo del cual da cuenta el libro, bajaron sustancialmente las cifras de desplazamiento, homicidios y masacres en el Norte y el Occidente. Esto no quiere decir que hayan desaparecido los efectos o hayan dejado de ocurrir hechos violentos. Entre 2010 y 2017 se contabilizaron más de 2500 agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, especialmente en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y el Occidente, la subregión que después de Urabá reconcentró más tierras en pocas manos entre 1996 y 2006.

Saber –comprobar una hipótesis– sirve para darse cuenta de que sabemos muy poco –que faltan hipótesis por comprobar–. ¿Sin esta campaña violenta hubiera podido construirse Hidroituango? En las guerras no hay vencedores, pero sí personas que se benefician de ella.

Quizás por eso en el 2011 el Tribunal de Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía para que investigará quiénes son los socios de Hidroituango en su primera conformación. Para la magistratura de Justicia y Paz resulta coincidencial y sospechoso que, a partir del año 98, cuando se realiza la primera asamblea de socios de Hidroituango, se desaten la mayor cantidad de masacres en el territorio. Es primordial para la magistratura que la Fiscalía determine si hubo relación entre los socios y el Bloque Mineros.
Los investigadores de la CJL identificaron dos socios de dudosa procedencia. El primero de ellos es William Vélez Sierra, que ha sido accionista de la empresa Proyectos S.A, accionista minoritaria que estuvo en la primera asamblea de socios de Hidroituango y se mantiene hasta la fecha. Vélez Sierra además fue presidente de Odinsa, filial de Argos, que también hace parte de los socios minoritarios del proyecto. Vélez Sierra, a quien Iván Cepeda denunció por acaparar baldíos del Estado en Córdoba. Vélez Sierra, señalado por paramilitares de tener jugosos negocios de basura en la Costa Atlántica.

El otro socio rastreado por los investigadores es la empresa Cobaco Limitada. Una de las 60 empresas que aparecían en los documentos contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá encontrados en 1997 por la Fiscalía después de allanar un parqueadero en Medellín. Entre los documentos estaba el registro de los cheques girados por las empresas al grupo paramilitar.

***
Son 27 los impactos que componen el estudio de impacto ambiental de Hidroituango. De los tres positivos, uno de ellos remarca que por la crudeza del conflicto no hay comunidades a las que fuera necesario reubicar, por lo tanto, Hidroituango produciría el megavatio más barato del continente.

“¿Cómo vamos a demostrar que sí estamos ahí? Esa fue nuestra primera batalla. Incluso gente de la sociedad civil quiso anularnos. La voz particular ha querido ser opacada por la voz de los profesionales, de los geólogos, de los expertos. Cuando queremos enunciar las cosas con nuestras palabras la voz es arrebatada. No es un derrumbe o un volcán, es un movimiento en masa”, manifestó Isabel Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos, en la presentación del libro de la CJL.

Las comunidades estaban ahí, los opositores también. De entrada, cuando comenzó la obra en el 2008, EPM dijo que no negociaría con Ríos Vivos. La empresa, ayudada por las instituciones locales, departamentales y nacionales, impulsó una campaña de difamación que creó un ambiente para que el Movimiento fuera blanco de ataques. En el 2015 Ríos Vivos denunció a EPM por arrojar material de excavación al Cauca. La obra quedó suspendida durante ocho meses. “Por culpa de Ríos Vivos tuvimos que despedir 3000 obreros”, dijo la empresa. “Por ustedes me quedé sin trabajo”, decían los vecinos y los familiares de los integrantes del Movimiento que trabajaban en el proyecto. A esto se sumó la prohibición de entrar a las instalaciones de la Alcaldía de Valdivia, y la amenaza de que a ningún integrante le darían ayudas o trabajo en las administraciones locales.

“Nuestro interés no es crecer. Por una sencilla razón: el Movimiento es de afectados. Y lo que queremos es que no hayan afectados. El Movimiento lo que quiere es desaparecer desde que se funda, no quiere crecer ni llegar al poder”, sostuvo Isabel Zuleta.

El progreso verde jamás llegó, Hidroituango institucionalizó la violencia en el Norte y el Occidente. EPM utilizó a menores, sin el consentimiento de sus padres, para hacer campañas publicitarias. En 2012, durante una protesta, fueron capturadas 80 personas, 13 de ellas judicializadas. Ese día detuvieron a Isabel y la montaron a un helicóptero de EPM. La Policía hizo una reunión y amenazó a los demás manifestantes. “Van a llegar por ustedes. Los van a matar los paramilitares. Ustedes son muy verraquitos con la Fuerza Pública, pero nosotros sí sabemos de quién les da miedo”, cuenta Isabel que dijeron los policías.

No con la misma crueldad, pero los paramilitares siguen en el territorio. Una vez iniciaron las obras, los paramilitares hicieron paros armados durante varios días, quemaron varias máquinas y un helicóptero. Sin un acuerdo tácito entre ellos y la empresa, la obra no hubiera podido continuar. Aunque en la zona hay cuatro bases militares, en ningún momento hubo un operativo militar. “Los militares solo salían cuando nosotros estábamos protestando”, advirtió Isabel.

Desde un principio estaba pronosticado que a las comunidades les correspondía sacrificarse, resignarse y asumir los perjuicios. No fueron pensados para ellos los beneficios. Una de las tres grandes líneas de transmisión que salen de Hidroituango van dirigidas a Cerro Matoso, una de las minas a cielo abierto más grande de Colombia; otra a la represa de Hidrosogamoso, que a su vez se dirige al Páramo de Santurbán, un manantial de minerales; y la tercera a Medellín. Además, hay 20 títulos mineros en Briceño, en Toledo y en Ituango que atraviesan el embalse, la mayoría propiedad de la empresa Continental, quien ya tiene una mina en Buriticá. Todo indica que Hidroituango fue hecho para que la empresa canadiense tuviera el agua y la energía necesaria para extraer oro.

Alguna vez funcionarios de EPM le dijeron a Ríos Vivos que el proyecto era ambiental y técnicamente inviable, pero la presión política y los intereses empresariales impusieron su terquedad y su avaricia.

En la mayor hidroeléctrica del país –el gran orgullo paisa– depositaron dinero el banco francés BNP Paribas, el banco alemán KFW, bancos chinos y brasileños. “Nos reunimos la semanada pasada con ellos –manifestó Isabel–. Y nos dijeron de frente: nosotros no vamos a perder. La banca extranjera nunca pierde, primero se quiebra EPM. El problema no es de nosotros, es de ustedes los colombianos”.

Si Hidroituango no funciona el problema es de nosotros. De nosotros que nos quedamos sin río Cauca, sin el bosque nativo, sin la fauna, sin la mayor fuente de empleo, sin los caminos de herradura y sin los pasos de quienes los transitaron durante 120 años. De nosotros que nos quedamos endeudados y con el cadáver, porque desmontar la obra “vale otro montón de dinero” y EPM no va querer prestar plata para eso.

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