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11 años después de haberse autorizado la construcción de la plataforma petrolera en el estero Matemarrano, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) reconoció que se construyó sin el cumplimiento de las distancias mínimas permitidas. Hoy el estero está totalmente seco, y los animales se mueren por falta de agua. Las afectaciones al ecosistema son irreversibles.

El deterioro del estero inició en el 2006. Año en el que las empresas extractivas iniciaron sus actividades en el área. En un principio con los trabajos de sísmica realizados dentro del estero: ocho detonaciones en el cauce activo. Las comunidades, con evidencias fotográficas, pusieron la queja respectiva ante la autoridad ambiental Corporinoquia, puesto que la empresa no acató el Manual para la Realización de Sísmica en Colombia, el cual prohíbe hacer sísmica en el cuerpo de agua y solo permite realizarla a una distancia mínima de 200 metros. Vale la pena aclarar que la actividad sísmica no requiere licencias ambientales y no está reglamentada. Únicamente existe un manual y unas guías ambientales, a pesar de que esta práctica tiene gran impacto ambiental en el suelo, en los recursos hídricos, en la flora y en la fauna.

El estero Matemarrano está ubicado en el municipio de Orocué, Casanare, y tiene un área aproximada de 75 hectáreas. Es un ecosistema con reservas de agua y gran cantidad de especies nativas de flora y fauna. De este sitio nacen cañadas, y, antes de la aparición de las empresas petroleras, a él llegaban migraciones de aves que pintaban sus aguas de múltiples colores, acompañadas por las manadas de venados, chigüiros, zorros, tortugas, peces, serpientes, babillas, guíos, osos hormigueros y palmeros que habitaban la zona.

Corporinoquia realizó un informe técnico sobre esta agrsión ambiental. Y en el año 2007 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó la licencia ambiental para exploración y explotación del Bloque Cravo Viejo, área donde se encuentra ubicado el Estero Matemarrano. Es incomprensible y extraña la decisión del Ministerio teniendo en cuenta las afectaciones y más aún cuando el Plan de Ordenamiento de Orocué prohíbe cualquier tipo de intervención, pues cataloga el estero como zona de alta sensibilidad por su importancia hídrica.

En el año 2008, la comunidad interpuso una queja por el desvío de la cañada que nace del estero para construir una vía que conduce a la plataforma, ubicada en inmediaciones de Matemarrano. La comunidad unida, y con pruebas visuales, volvió a manifestar su inconformidad. Ante la contundencia de las pruebas, Corporinoquia emitió un concepto técnico donde reafirmó que se desvió la cañada y se realizó intervención sobre el cauce alterando el ecosistema de la zona.

Por esa época se construyó la plataforma Gemar dentro del estero, desconociendo así la normatividad sin que ninguna autoridad impidiera tal catástrofe ambiental, ocasionada por el apetito rapaz de las multinacionales que explotan crudo y cuentan con la venia del Gobierno nacional, cuyo único interés es recibir recursos económicos para mantener su aparato clientelista.

Como si fuera poco, en el 2014 la empresa Pacific Rubiales, hoy llamada Frontera Energy, instaló líneas de flujo para transportar el crudo que sacan del estero. Esto provocó un incendio de grandes proporciones que consumió cerca de 200 hectáreas de sabana, mató morrocoyes, cachicamos y ahuyentó otras especies de la zona. Además, puso en riesgo la subsistencia agroalimentaria de los habitantes del sector.

En el 2018, luego de visibilizar por años la problemática, realizar movilizaciones comunales, e instaurar múltiples quejas ante la ANLA y Corporinoquia, la autoridad nacional emitió el tardío concepto que le daba la razón a la comunidad. Frontera Energy siempre minimizó e hizo caso omiso a los pobladores, poniendo de manifiesto la prepotencia y el nulo sentido de responsabilidad social. La empresa siempre negó todo y se limitó a redactar actas basadas en argumentos poco creíbles de los profesionales traídos desde Bogotá que no conocían la realidad de la zona y no le dieron importancia a lo que sucedía.

Cabe mencionar que aparte de las empresas operadoras, la ANLA y Corporinoquia son responsables porque su negligencia permitió que ocurrieran estos hechos. Muchos de sus funcionarios se confabularon con las operadoras para ocultar todo. Las comunidades esperamos que las autoridades ambientales después de estudiar los hechos, cierren definitivamente esta plataforma y hagan estudios técnicos con la Universidad Nacional o la Universidad Industrial de Santander para tomar medidas idóneas que mitiguen el daño y recuperen este valioso ecosistema.

* Líder Comunal Orocué

“La importancia de Girón no está en la magnitud de la batalla, de los combatientes, de los hechos heroicos que allí tuvieron lugar; la gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón”. Fidel Castro Ruz

El 19 de abril de 1961 es una fecha que duele profundamente al imperialismo norteamericano. Ese día ocurrió la “primera gran derrota del imperialismo en América Latina”.

Solo dos años tenía la revolución cubana desde el triunfo del ejército rebelde, que mantenía su curso abiertamente popular y antimperialista, resistiendo presiones, ataques terroristas, guerra diplomática, intentos de aislamiento y bloqueo. Una gran afrenta para Estados Unidos que solo a 90 millas se desafiara su poderío. Por eso orquestó y ejecutó una invasión directa que fue derrotada en solo 72 horas.

Preludio de la invasión


Le antecedió una escalada de hechos que mostraban la necesidad de prepararse para una guerra. La naciente revolución profundizó su estrategia y tácticas militares, incrementó y perfeccionó el armamento, amplió su ejército y creó milicias populares. El ejército rebelde ya no era solo el grupo de barbudos de la Sierra Maestra, era un pueblo en armas.

Desde inicios de abril de 1961 el ambiente estaba muy cargado. El día 13, el grupo contra revolucionario (MRP) incendió la tienda “Almacenes El Encanto”, la más grande de Cuba. El 15, aviones estadounidenses con insignias cubanas y pilotados por cubanos del exilio en Miami, salieron desde Nicaragua y bombardearon las bases aéreas de Santiago de Cuba y San Antonio de los Baños y la pista de Ciudad Libertad en La Habana. Lo que se presentó como un ataque de “pilotos cubanos sublevados contra Castro”.

La respuesta, anunciada por Fidel el 16 de abril en el funeral de los muertos de estos bombardeos, fue profundizar el proceso que llegó como una puñalada a los Estados Unidos: “esta revolución socialista la defenderíamos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaban a balazos a los aviones invasores”.

La invasión mercenaria

Corría la madrugada del 17 de abril de 1961. En las costas de Bahía de Cochinos, Playa Girón y Playa Larga se escuchaba el ronroneo de las olas y los ruidos nocturnos de la ciénaga. Pero el pueblo estaba alerta, allí estaba la milicia popular. En Playa Larga, una avanzada mercenaria chocó con los milicianos. La invasión prevista ya estaba en marcha. Corrió la información por todos los canales hasta el Mando Central del Ejército y la respuesta inicó. Por Playa Girón se produjo el desembarco de tropas mercenarias. Las tropas revolucionarias ya estaban en combate, y otras reforzando los puntos estratégicos a lo largo y ancho de la geografía cubana.

Cinco mil hombres entrenados, equipados y financiados por el gobierno de Estados Unidos pretendían tomar una porción de territorio cubano, hacer una “cabeza de playa” con una pista aérea, proclamar un gobierno provisional, y pedir el “apoyo” militar, que ya tenía Estados Unidos en los límites marítimos frente a Playa Girón.

A la resistencia de las tropas cubanas que combatían por tierra, se sumó una épica batalla de la joven pero certera Fuerza Aérea Cubana, que golpeó a la aviación y a los barcos que aún no habían trasladado el resto de las tropas y pertrechos. Esto, unido a una rápida movilización de tropas y artillería desde las zonas más cercanas a Playa Girón, y fundamentalmente, al mando directo de Fidel desde el frente de batalla.

El ejército invasor llegó a las costas y pretendió avanzar en profundidad. Pero no encontraron al pueblo desesperado que los recibiría como “héroes libertadores”. A cada paso, detrás de cada trozo de monte, en cada carretera, encontraba un pueblo armado escupiéndoles plomo por doquier.

Con un ejército popular en frente, con una retaguardia quebrada, y sin opción de reembarque, el 19 de abril, después de unas 66 horas de combate, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los milicianos tomaron Playa Girón. La invasión fracasaba. Una gloriosa página de la revolución cubana, que costó la sangre de 176 combatientes revolucionarios. También costó sangre de otros cubanos no patriotas, pero cubanos, 115 mercenarios muertos y 1189 capturados junto a un fuerte pertrecho militar.

Trascendencia de una victoria desde las palabras de Fidel


Cuatro años después se explicitaba el significado que ya tenía en contexto: “Subestimaron a nuestro pueblo, calcularon mal; y ellos, acostumbrados a trabajar con cerebros electrónicos, con datos, con cifras, con computadoras de todo tipo, se equivocaron, porque hay algo que sus cerebros electrónicos no podían medir, hay algo que sus computadoras no podían calcular, y eso era: la dignidad, la moral, y el espíritu revolucionario de nuestro pueblo”.

Pero no hay nada mejor que el tiempo y la historia para demostrar verdades y profundizar en hechos. Quince años después de Girón, en 1976, ya la visión y la dimensión del suceso tenía un significado más relevante: “a partir de aquella fecha el destino de los pueblos de este continente sería diferente. Porque a partir de Girón todos los pueblos de América fueron un poco más libres”.

En 1996, en el epicentro de la más profunda crisis económica que ha vivido el pueblo cubano, durante la conmemoración del aniversario 35 de la victoria de Playa Girón, Fidel enfatizó lo que ha sido un principio de la revolución: “No queremos lucha, no queremos guerra. No tenemos que hacer papel de valientes; creo que ni ellos mismos dudan del valor de nuestro pueblo. Trabajaremos por la paz hasta el límite de lo que admiten el honor y la dignidad de nuestro país. Eran días difíciles aquellos de Girón, sabíamos que el imperialismo no perdonaría la revolución que estábamos haciendo”.

Venezuela, un nuevo Girón en etapa de guerra de Quinta Generación


Pareciera nuevo, pero el imperio retoma sus estrategias y actos, las actualiza y perfecciona. Después de la derrota del ALCA y la proyección de afianzar a América Latina y el Caribe como el “patio trasero” de los Estados Unidos, se estudió, probó y está en marcha una estrategia integral contra los pueblos, los movimientos sociales, los gobiernos progresistas, y todo intento que se contraponga a la lógica de Estados Unidos.

Golpe de Estado en Honduras (Zelaya), golpe parlamentario en Paraguay (Lugo), estrategia contra el Kirchnerismo (y la llegada de Macri). En Brasil, los ataques contra Lula, Dilma, el golpe parlamentario, Temer y la “guinda del pastel” con Bolsonaro. Las manos ocultas, y ahora bien visibles, en Ecuador, con la traición de Lenin Moreno. Los ataques continuos a Bolivia, Nicaragua, Cuba; los intentos de despolitización y desarticulación de los mecanismos de integración regionales como la CELAC, UNASUR y ALBA-TCP, son muestra evidente.

Pero sin dudas, es Venezuela el más tangible ejemplo de escenario de batalla actual. Aquí se unen las más antiguas y las más nuevas fórmulas para aniquilar una revolución y su pueblo. Uno de los ingredientes es el manejo manipulador de la opinión pública, por la maquinaria de las trasnacionales informativas. Se ha probado todo contra Venezuela, y la revolución bolivariana sigue en pie de lucha: la guerra económica y política, el bloqueo, las guarimbas de 2017, el atentado fallido contra Maduro, el 23 de febrero en Cúcuta, el golpe eléctrico y más.

La trascendencia histórica de las victorias en Venezuela no es lo que ha ocurrido, sino lo que no ocurrirá porque la revolución bolivariana sigue viva; por eso es el “Girón contemporáneo”, una “segunda gran derrota del imperialismo en nuestra América”.

La compleja situación que viven los habitantes del Catatumbo y la Serranía del Perijá, y la acción militar ejecutada por el ELN el pasado 17 de febrero, motivan esta crítica a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en la realidad colombiana.

Nuestro análisis partirá del derecho humanitario, precisando que no pretendemos reducir la mirada a un debate jurídico, sino motivar una discusión por la equivocada utilización de categorías del derecho internacional por parte del gobierno de Iván Duque y las élites de poder que representa.

Caracterizar es determinar los atributos peculiares de algo que permite distinguirlo de los demás. El proceso de negociación entre el gobierno de Santos y la extinta Farc-ep no avanzó en la caracterización del conflicto colombiano. En las últimas décadas ha pretendido caracterizarse desde la academia, desde los procesos sociales y desde los intentos de negociación con las guerrillas, pero siempre predomina la narrativa de las élites de poder.

Negar el genocidio colombiano y negar el conflicto
El relato único que se quiere imponer es que en Colombia no ha existido ni existe conflicto armado, sino una “amenaza terrorista”. Según eso, tampoco ocurrieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino el proceder ilegal de servidores públicos que se extralimitaron en sus funciones. Álvaro Uribe es su mayor exponente, pero no el único.

Caracterizar nuestro conflicto permite comprender los intereses de clase y al mismo tiempo desentrañar las lógicas represivas legitimadas mediante los conceptos de legalidad, seguridad y orden. En procesos genocidas ocurridos en otras regiones del mundo la constante ha sido negar los crímenes porque la mayoría de victimarios detentan el poder o cogobiernan después del genocidio.

Colombia no es la excepción. El uribismo y la clase política tradicional son responsables de prácticas sociales genocidas contra el bloque popular, allí radica su constante interés por imponer una narrativa que tergiversa la verdad. La realidad colombiana se complejiza en la medida que concurrieron dos situaciones que se entrelazan y dificultan caracterizar la historia reciente: por un lado, existe una política de Estado que viola los derechos humanos, y simultáneamente un conflicto armado no internacional motivado por razones sociales, políticas y económicas.


La concurrencia de la violación sistemática de derechos humanos y el conflicto armado confunde incluso a ONG's, víctimas y sectores de izquierda. Así se logró percibir cuando muchas de ellas reaccionaron a la acción de guerra del ELN en la Escuela General Santander, anticipándose a calificar el hecho como terrorista (una forma de negación o desfiguración del conflicto), y semanas después, firmaron cartas de rechazo al nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica por considerar que “niega públicamente la existencia de un conflicto armado en Colombia, lo cual está en contra de las definiciones del DIH firmadas por Colombia”, obviando, en esa oportunidad, una de las principales exigencias a esta entidad, la cual es exponer la política estatal que viola los derechos humanos y originó la mayoría de víctimas.

DIH solo para la guerrilla y el derecho operacional para los agentes de Estado
El conflicto armado colombiano no se puede abordar desde la perspectiva de los países europeos o desde la supuesta neutralidad del Comité de la Cruza Roja Internacional (CICR), menos desde la óptica de los Estados Unidos que poco interés ha mostrado por acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario en las distintas guerras que ha iniciado contra pueblos del mundo.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que solo se preocupa por regular los conflictos armados internacionales, internacionalizados o internos. Así las cosas, el “Derecho Internacional Humanitario no permite ni prohíbe los conflictos armados, sino que se aboca al fin de humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario. Se trata de un conjunto de normas cuya finalidad específica es solucionar los problemas de índole humanitaria derivados de los conflictos armados y que, por razones humanitarias, restringe la utilización de ciertos métodos o medios de combate. El DIH pretende un equilibrio entre las necesidades militares y el principio de humanidad, es decir, entre lo que es necesario para vencer al adversario y lo que simplemente denota crueldad”.

La definición de prohibiciones y límites a la guerra se ha edificado desde los Estados, con base en sus propias prácticas, y siempre anticipándose a futuros cuestionamientos a su accionar bélico. Otros actores armados (más aún, los sujetos rebeldes), y aquellos que han creado derecho humanitario en códigos de guerra insurgente han sido excluidos de estas discusiones y consensos. Pese a ello, se les exige el acatamiento del mandato de su adversario.

Lo estrictamente formal y conceptual desaparece al momento de estudiar el conflicto colombiano. El defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno plantea que se contraponen dos modelos guerra: la guerra de guerrillas y el modelo de guerra de Estado que pretende dividir la fina línea entre lo militar y lo civil; el paramilitarismo es una clara muestra. Esta propuesta conceptual no es de poca monta por cuanto permite comprender qué actos son considerados acciones legítimas de guerra y cuáles son las trasgresiones a las normas en la guerra.

El desconocimiento de estas realidades genera, sin duda alguna, una aplicación incorrecta del DIH, y la imposibilidad de cumplir su propósito de humanización. Esto se debe a que ninguna realidad puede ser adecuadamente regulada cuando no se conoce, o cuando conociéndose, se oculta de manera deliberada para favorecer la acción militar de una de las partes.

A la insurgencia se le exige el cumplimiento del DIH, pero se niega el conflicto y se normaliza la omisión de los límites humanitarios para acabar con lo que denominan una “amenaza terrorista”. Es más, desde la institucionalidad el derecho de guerra fue remplazado por el derecho operacional, que fue creado por los militares y permite a la tropa estatal acudir a prácticas cuestionables desde la perspectiva humanitaria.

Resulta un contrasentido hablar del DIH y exigir su cumplimiento, si se desconocen las nefastas consecuencias de la política estatal que involucra a la población civil en el conflicto, en tanto copta a las comunidades, especialmente las rurales, en función de los intereses del ejército estatal, y convierte a los demás en adversarios aplicando la doctrina del enemigo interno que ha inspirado la guerra sucia en Colombia.

Un conflicto distinto a cinco conflictos armados no internacionales
El 6 diciembre de 2018, el comité de la Cruza Roja Internacional publicó un informe en el que plantea el surgimiento de “nuevos conflictos armados no internacionales” como consecuencia del vacío de poder dejado por las Farc-ep. La institución indicó que resulta fundamental definir qué se entiende por conflicto armado para determinar cuál debe ser el accionar del CICR y el marco jurídico aplicable. Además, en el informe recordaron los dos requisitos para calificar una situación como conflicto armado no internacional: primero que las “hostilidades alcanzan un nivel mínimo de intensidad”, y segundo que los “grupos no gubernamentales que participan en los actos de violencia están suficientemente organizados”.

En este informe, el CICR insiste en que el DIH no se ocupa de los fines de la guerra, sino de los medios. Y concluye que “hay al menos cinco conflictos armados no internacionales (CANI's) en Colombia, cuatro entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (…) Existe también un quinto CANI entre el ELN y el EPL, cuyo epicentro es la región del Catatumbo”.

La caracterización del conflicto en Colombia que realiza el CICR se basa en la teoría humanitaria construida desde el bloque de poder dominante, y nos permite evidenciar cómo la realidad desborda las ficciones legales, o cómo estas últimas no están hechas para humanizar el conflicto. Una primera crítica a esta manera de entender lo analizado a la luz del DIH, radica en la trampa de cerrar los ojos a la motivación del grupo armado. Nada es más necesario para caracterizar el conflicto, que establecer quiénes son los actores y para qué se constituyeron, a qué modelo de guerra responden, qué intereses representan o defienden; mucho más para realidades como las colombianas.

Desde esta óptica, partimos de un problema al desfigurar el sentido del derecho humanitario: humanizar. Se equivoca la CICR al concluir que existen cinco conflictos no internacionales. Distinto es considerar que en Colombia el conflicto es complejo, precisamente por las realidades que desbordan cualquier encasillamiento a los hechos o al marco jurídico. Calificar como un “conflicto armado no internacional” las aparentes contradicciones del “gobierno Santos-Duque” con las autodefensas gaitanistas de Colombia es considerar a los paramilitares como tercer actor, además de elevarlo a la categoría de “parte” en el conflicto.

El paramilitarismo es una política de Estado que muta constantemente pero que en esencia aplica los postulados de los años 60, que consisten en involucrar a civiles en las hostilidades realizando el trabajo sucio que los agentes del Estado no pueden ejecutar por obvias razones. El paramilitarismo, en este caso denominado por la CICR como “gaitanistas”, va ligado a un fin y no a un medio en las confrontaciones. Desde el modelo de guerra ejecutada por el Estado capitalista colombiano, el paramilitarismo obedece a una estrategia definida y documentada.

El paramilitarismo pretende diluir la frontera entre lo militar y lo civil. Desde el general estadounidense Yarborough, pasando por las Convivir hasta la Red de cooperantes de Uribe, la constante ha sido involucrar a la población en funciones de control, delación y vigilancia militar. Duque continúa esta estrategia mediante la Red de Participación Cívica, que, aunque de forma matizada, va dirigida en esencia al involucramiento de civiles en el conflicto.

Igualmente se equivoca la CICR al entender como un “quinto conflicto armado no internacional” las confrontaciones armadas entre el ELN y un sector del EPL, o un grupo que opera con esta sigla en el Catatumbo. Partiendo de la información pública y de los distintos comunicados difundidos por el ELN y el EPL, se observa que existe un debate más profundo, que poco sale a la luz pública, sobre las motivaciones que inspiran el actuar de un sector del EPL, en una región con claros intereses geoestratégicos por ser frontera con Venezuela.
El 14 enero de 2019, en la página virtual Voces, el Frente de Guerra Nororiental del ELN publicó una carta en la que señalaron que el EPL habría optado “por las relaciones mafiosas y dejar de lado un compromiso mayor por la lucha revolucionaria, los convierte en una estructura funcional a los planes enemigos, máxime cuando terminaron aliándose con grupos narco-paramilitares en la región y desconociendo acuerdos adelantados por su Mando Nacional del EPL y el Comando Central del ELN”.

Más adelante, el comunicado precisa que la confrontación con una parte del EPL se encuentra autorizada por la Dirección Nacional “a sabiendas que esta alianza tiene el propósito de torpedear nuestra actividad revolucionaria, facilitando las acciones del Estado y su plan contrainsurgente”. Si estas acusaciones contra el EPL (o un sector del grupo de armados que usa la sigla) resultan probadas, es un equívoco considerar que, en la región del Catatumbo, esta organización es por sí sola un actor armado independiente.

El 18 de febrero de 2019 circuló otro comunicado firmado por el Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista y el Ejército Popular de Liberación, en el que, además de atribuirse el carácter de rebeldes, aceptan el llamado al diálogo y proponen algunas acciones humanitarias. Sin embargo, no realizan ninguna claridad sobre los cuestionamientos realizados por el ELN. De existir la confrontación de dos sujetos rebeldes, los códigos éticos y jurídicos que se aplicarían en la resolución de las diferencias deberían ser distintos a los del DIH.

En este mismo contexto del Catatumbo, las conclusiones del CICR frente a la existencia de un conflicto armado entre el EPL y las fuerzas del Estado, son también discutibles a la luz de los propios preceptos del DIH, específicamente desde aquellos que apuntan a definir la existencia de un conflicto a partir de la intensidad de las hostilidades.

Repasando las acciones militares de este sector del EPL contra objetivos militares del establecimiento, se concluye que son mínimos, y con las mismas categorías del DIH no se cumple el requisito de constancia de las operaciones ofensivas o defensivas. Un problema grave del análisis del conflicto colombiano que realiza el CICR consiste en definirlo únicamente a partir de los actores, a los cuales los desprovee de su naturaleza e intereses en la confrontación.

Hemos intentado explicar, a partir de situaciones particulares, por qué razón la realidad no puede interpretarse y regularse de manera forzada a partir de normas anquilosadas construidas por una de las partes del conflicto. Sin desconocer la importancia que tiene el fin de humanizar la guerra, la construcción y aplicación del derecho humanitario no puede reducirse a fórmulas estériles y parcializadas y debe responder a realidades objetivas y concretas.

Una reflexión aparte nos merecerá el análisis del DIH que ha desconocido en su construcción todas las expresiones del derecho humanitario y el impacto real que tiene en la concreción del fin formal del derecho de guerra

—Toda mala vida en el fondo tiene su gozo— dice alguien que es importante, pero no en esta historia.
—No, esto es bueno –responde Areiza–, pero sí hay que mejorar algunas cosas que se hacen difíciles aun siendo uno de este territorio. Con decirte que en este tiempo de verano, que los ríos están secos, hay que caminar una, dos, tres horas hasta la tapa para cobrar el sueldo. Y si no tienes alguien en Turbo que te haga el favor no puedes hasta que… las urgencias, que si se enfermó alguien... y así.

Luz Areiza Salazar es licenciada en etnoeducación con énfasis en antropología. De lunes a viernes Areiza enseña español, matemáticas, biología, química y demás materias a los grupos de básica primaria de Quebrada del Medio, comunidad cercana a la zona humanitaria Nueva Esperanza en Dios, adonde Areiza viene todos los fines de semana; al origen, su lugar en el mundo, ubicado en el medio Atrato, en el Valle del Cacarica, Chocó.

—A mí esto me gusta y siento que lo hago bien. Pero hay necesidades que tenemos que satisfacer para que la educación sea más eficiente, y también para que los chicos se sientan mejor. Yo trabajo en una comunidad donde apenas tengo los marcadores, el tablero y ya. Los niños no tienen un balón de futbol, no hay un hula hula, no hay una bolita, no hay nada para jugar, entonces se hace un poco rutinario y eso hace que uno hasta se desilusione del trabajo.

Cuando Areiza sonríe, se ilumina y se enternece todo el valle cuarteado por el Atrato y sus afluentes. La sonrisa de Areiza parece indestructible, es inconmensurable, contundente, indescriptible, negrísima y, sobre todo, emocionante.

Nueva Esperanza en Dios es un mundo sin alcantarillado, sin agua potable, sin tendido eléctrico… sin tantas cosas, pero este mundo tiene “jaladera”, dice Areiza sin dejar de sonreír, “porque uno se va de este monte, y a uno le hace falta esta mala vida”. Tan fuerte es la “jaladera” que fueron desplazados en 1997, y regresaron tres años después.

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Una tras otra llegaban las pangas al puerto de Turbo. La policía registraba a las personas que descendían de ellas. Las que no tenían familiares en el municipio eran llevadas en volquetas y carros al coliseo. Huían del Cacarica por las bombas que arrojaron los aviones de la Fuerza Pública entre el 24 y 26 de febrero de 1997.

El 27, en la mañana, la zona fue ocupada por militares e integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes dieron un plazo de tres días para desocupar el territorio. Además de las agresiones y las amenazas, los ocupas establecieron un retén donde detenían los botes y decomisaban los alimentos y víveres. Los líderes comunitarios se trasladaron a un sitio llamado La Balsa para pedirle explicaciones al jefe paramilitar y al comandante de la Brigada 17 del Ejército, liderada por Rito Alejo del Río, y procurar que fuera otro el desenlace. “Yo no puedo tomar ninguna decisión, debe hablar con el comandante paramilitar”, dicen que dijo el titular de la Brigada 17. Abandonar el territorio fue la orden del jefe paramilitar. El 20 de noviembre de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la operación Génesis ejecutada por el Ejército y los paramilitares, cuyo saldó fue 86 personas asesinadas y/o desaparecidas, y 3850 desplazados.


Fueron tres años en el coliseo, el lugar más parecido al infierno. Los primeros dos meses desayunaron Bienestarina, almorzaron Bienestarina, y comieron Bienestarina. A las cinco de la tarde comenzaba la pelea por un metro cuadrado de cemento donde dormir. Algunos dormían en colchonetas que regalaba la Cruz Roja, otros en alguna sábana que lograron sacar de su casa, otros en cajas de cartón. Las farolas del coliseo, a pesar del tamaño y el voltaje, permanecían prendidas desde que se ocultaba, hasta que volvía a salir el sol. A muchos empezaba a quemárseles la piel, pero esa era la manera de evitar que un desconocido entrara. Como no había agua en el coliseo, las mujeres dependían de la generosidad ajena para hacerse con un balde de agua y bañar a los niños. Estando hacinados allí, murieron niños y ancianos.

Con la violencia física no bastó, también sufrieron violencia psicológica. Dolía no tener qué comer cuando en Cacarica sobraba la comida, pero dolía más ver a los victimarios caminando orondos por las cercanías del coliseo. Dolía pensar en Marino López y la sádica forma como lo desmembraron, pero nada dolía tanto como la discriminación de los habitantes de Turbo que les decían colaboradores de la guerrilla, que decían que las chanclas se habían acabado por culpa de los desplazados, que decían que los desplazados habían llevado la fiebre, la gripa y otras cuantas enfermedades.

Los colegios también les cerraron las puertas a los hijos desplazados. 750 niños quedaron desescolarizados. 13 jóvenes bachilleres se encargaron de ser los profesores sustitutos y voluntarios de los niños a los que el Estado les dio la espalda. Esa educación casera fue complementada con actividades lúdicas los fines de semana.

Mientras los pequeños estudiaban, o bailaban, los adultos y los patriarcas, como les llaman a los ancianos, denunciaban los hechos y discutían la manera de reconquistar su territorio. Poco a poco, sin ellos mismos darse cuenta, se gestó una organización llamada CAVIDA, un ser colectivo potenciado con la llegada de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, recibida con desconfianza y recelo al principio porque sus integrantes eran blancos como los victimarios.

“Estábamos convencidos de que la ciudad no era donde debíamos estar como campesinos. Porque no teníamos una formación académica para ocupar un puesto en las grandes ciudades. Y había otro problema más coyuntural: estábamos viendo que nuestros hijos e hijas podían adoptar otras costumbres, otras culturas; y la falta del quehacer del día a día. Nosotros no estamos acostumbrados a estar solamente de brazos cruzados esperando que nos dieran una imposición de alimento que no estábamos enseñados a consumir”, asegura Bernardo Vivas, representante legal de las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA), al tiempo que pasa por detrás suyo una gallina negra como su piel y las gafas anchas que casi nunca se quita.

A los tres años, la organización, cuyo sostén era un proyecto de vida elaborado con base en cinco valores: verdad, libertad, justicia, fraternidad y solidaridad, decidió que al momento de retornar todos debían asentarse en un mismo territorio. Luego construyó una ruta de diálogo con el Gobierno basada en cinco puntos. Lo pactado, como casi todo lo que se pacta con el Gobierno, se cumplió parcialmente. Tras lograr la titulación colectiva de 103.024 hectáreas, se consumó el acto de valentía.

En un inicio se asentaron en la que hoy en día es conocida como la comunidad El Limón. Cuando Álvaro Uribe Vélez puso en marcha su plan de seguridad democrática, los militares y paramilitares volvieron a incursionar en el territorio. El Estado pagó informantes que se infiltraron en la comunidad. Varios líderes, señalados de ser narcotraficantes de las FARC, fueron víctimas de un montaje judicial, algunos tuvieron que exiliarse de nuevo. Regresó la militarización, y regresaron las agresiones. Intentaron violar a las mujeres y clausuraron la emisora comunitaria.

El Estado violaba, una vez más, el mandato central de CAVIDA: “no queremos actores armados en el territorio”. Decidieron entonces penetrar la selva y construir su proyecto de vida a cinco minutos de El Limón. Para evitar futuras agresiones declararon el territorio como Zona Humanitaria, desarrollaron un cordón humanitario y un sistema de alertas tempranas para denunciar ante organizaciones nacionales e internacionales la violación a la soberanía comunitaria.

Los hostigamientos de todos los actores cesaron parcialmente. La aparente calma permitió a CAVIDA reconstruir el tejido social y fortalecer sus dos pilares fundamentales: verdad y justicia. En el 2007 las comunidades del Cacarica, gracias al apoyo de la Comisión de Justicia y Paz, participaron en un compartir de experiencias con la línea fundadora de las Madres de La Plaza de Mayo de Argentina, el Comité Ético Contra la Tortura de Chile, ex detenidos políticos y el pueblo Mapuche también de Chile, organizaciones civiles de México, El Salvador, Nicaragua y Sudáfrica, y organizaciones de todo Colombia. Al escuchar las diversas iniciativas de verdad y memoria emprendidas contra la impunidad, las comunidades del Cacarica concluyeron que necesitaban construir una propuesta de derecho restaurador, pues la cárcel no era sinónimo de justicia. Mucho antes de que Santos y las FARC-EP firmaran un documento que prometía una dosis de paz, Cacarica imaginaba y materializaba el país del futuro.

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Tres horas largas en lancha, más una o dos horas de caminata por una selva espesa si es época de verano, separan la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios de Turbo, la capital económica de Urabá, el puerto por donde entran y salen todos los males de la patria.

Una vez el mar Caribe se encuentra con el río Atrato, todo se vuelve selva. Conforme el motor devora kilómetros, aparecen súbitamente asentamientos hechos de madera donde brotan niños que juegan con un cangrejo como si fuera un juguete de goma, niños de cinco años que reman un bote, con la experticia de quien se ha enfrentado a las tormentas de cinco mares, sin más protección alguna que el mismísimo cuero. Caseríos poblados por pieles tinturadas en el río, y tostadas y refinadas al sol. Gentes de sonrisas genuinas y tropicales que lograron estabilizar su vida sobre la inestabilidad cíclica del agua, que conocen sus resabios y saben patinar sobre ella montados en una panga. Gentes que generaron los anticuerpos necesarios para tomar agua sucia, descartar la higiene, caminar el mundo descalzo, saber dónde está el sur y el norte, aunque para donde uno mire toda sea igual: pura infinitud. Gente que naturalizó lo que para el que mira por primera vez es poco natural.

Hace cuatro meses que no llueve. La tierra está agrietada, tan dura, tan deshidratada, que pareciera que aquí ya hubiera empezado o ya hubiera pasado el fin biológico del mundo. En la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios la estética vital es simple, básica: casas de madera con techos de madera sostenidos por pisos de madera; chiquillos que corren por aquí y por allá, que crecen como criaturas silvestres; mucha silla plástica, y mucho tiempo para sentarse a ver cómo lo único que pasa es el tiempo; una fraternidad manifestada en una mirada, en el desparpajado, en esta aparente calma que invade el cuerpo amenizada por la sinfonía animal; y en la noche, solo la oscuridad.

Aproximadamente 40 familias viven aquí. Sobre este corredor estratégico que comunica la ilegalidad colombiana con el pacífico y con Panamá. Región apetecida por proyectos de infraestructura como la Transversal de las Américas, proyectos energéticos, proyectos extractivos, y agro negocios como los cultivos de palma aceitera y bananera. Territorio donde actualmente hay un laboratorio de paz, a pesar de que ahora, con el vacío de poder dejado por las desmovilizadas milicias de las FARC, el 90% de la zona y de la población estén bajo el control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

La tranquilidad es el anhelo, pero las certezas espantan los miedos. CAVIDA lleva muchos duelos y mucho tiempo de ventaja. Saben que la paz no se hace con leyes ni con términos teóricos, la paz comienza y termina en la consciencia, reconciliándose consigo mismo, que es también reconciliarse con el otro.

Según Bernardo “la reparación moral le permitiría a la gente dar un respiro hondo. (…) Esa reparación parte de una palabra: ya no más. Y que los victimarios o inculpados pidan perdón a las víctimas (…) Pueden las Cortes institucionales o los Congresos dictar las leyes habidas y por haber, pero si no hay perdón, si no hay arrepentimiento, no habrá paz en este país (…) Esa es una de las apuestas de CAVIDA. Es un error pensar que con la cárcel se va a pagar todo. Con la cárcel no se paga nada porque el victimario o el inculpado sigue viviendo, y cuando salga de allá cómo va salir, ¿será que sale mejor? A esa persona hay que llamarla, venga, vamos a trabajar juntos, vamos a recomponer lo que se dañó. Este país necesita es eso”.

Las comunidades de Cacarica quieren que los victimarios cuenten qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron y quién ordenó que hicieran lo que hicieron. Y que sean condenados a cumplir castigos morales como pilar arroz, girar la canilla de los baños de la escuela y experimentar una impotente desazón porque no sale agua, tirar el balde al pozo y cargarlo los metros que sean necesarios si quieren bañarse, pagar los 50mil pesos que vale el trayecto hasta Turbo en caso de necesitar atención médica, o radicar un derecho de petición y correr el riesgo de perder la cita o encontrar la oficina cerrada porque puede dañarse el motor en el camino, o caminar dos horas bajo un sol cruel con una mochila al hombro y después de cierto tiempo sentir que llevan en la espalda el peso de toda la maldad del mundo.

Ese país imaginado es un país muy distinto al nuestro. ¿Por qué los políticos-intelectuales-revolucionarios que planean y escriben el futuro de la patria no escuchan las propuestas que construyen las comunidades en las profundidades de la patria? ¿Si nuestro modelo de sociedad fracasó –y nos dejó 8.771.850 víctimas– por qué no implementamos el de ellos? El de ellos que hace mucho rato entendieron que “habitar es reconstruir lo cotidiano".

Territorio en disputa

La selva en llamas, las explosiones de bombas de gas cilíndricas, la tierra quemada, los helicópteros militares y los disparos nocturnos aterrorizan a Aserrío, un caserío pequeño en el lado de las aguas rocosas del río Catatumbo en el Norte de Santander.

Miedo, desplazamientos, y un toque de queda marcan las vidas de las familias de esta comunidad, y también de San Pablo, municipio que queda más arriba en el cañón del río, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Venezuela.

Sobrecogidas entre las plantaciones de coca, las violaciones a los derechos humanos y las confrontaciones entre los guerrilleros del ELN y El ejército colombiano, las vidas inciertas y precarias de los campesinos del Catatumbo desmienten las afirmaciones de los medios de comunicación de que Colombia ha logrado la paz.

“Para los medios de comunicación no pasa nada aquí. Los periodistas dicen que nuestro territorio está militarizado, pero nunca dicen por qué, o cómo se ve afectada la gente”, relató un líder de la Junta de Acción Comunal en una reunión realizada en el corregimiento El Aserrío entre campesinos, defensores de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos (EJP), y observadores internacionales de la Red de Hermandad y Solidaridad (Redher).

El día anterior, los insurgentes del ELN habían intentado atacar a los militares en las montañas de este pueblo, con bombas, cilindros de gas y morteros. El Ejército respondió con morteros y granadas que causaron incendios en la selva y en las plantaciones de coca que ardían mientras los campesinos relataban la confrontación 30 horas después.

Los soldados dispararon indiscriminadamente durante horas, impactando las casas de El Aserrío con balas que atravesaron los techos frágiles de hojalata y golpearon las paredes de las habitaciones de los niños. Una campesina mostró a los defensores del EJP el video que tomó en su celular; una escena que recuerda a las grabadas por los civiles atrapados en sus hogares en la primera línea de la guerra civil en Siria.

El terror golpeó a los niños acurrucados bajo una cama cubierta de peluches, mientras que las fuertes ráfagas de fuego de rifle automático y explosiones de granadas sacudieron las ventanas de su habitación. “La gente estaba desesperada por los disparos, hubo pánico, los niños estaban muy asustados”, relató la mujer.

Otros campesinos informaron cómo las fuerzas de seguridad de la empresa petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, acompañados por soldados, patrullan sus tierras para hacer cumplir, en efecto, un toque de queda. “Ellos declaran que nadie puede moverse durante la noche o serán fusilados”, porque, según relata un hombre, para los militares “los que están afuera en la noche son guerrilleros”.

“Nos preocupa que nos maten un muchacho de la vereda y lo pasen como guerrillero, sabemos que vivimos en una zona difícil, pero no somos guerrilleros y de eso nos tildan, y por eso vivimos las consecuencias de la guerra, los abusos de la fuerza pública”, afirmó.

De otro lado, las comunidades describieron cómo Ecopetrol explotó la riqueza petrolera de su territorio, pero no contribuyó a la comunidad. “La presencia militar y el dinero para protegerlos a ellos son excesivos, pero Ecopetrol nunca está interesada en nosotros, no se molesta en capacitar la gente de aquí y nunca emplea a trabajadores de aquí”, explicó otro hombre.

En San Pablo la población cuestiona la fuerte presencia militar y el incumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado: “En el Catatumbo hay un soldado por cada 100 campesinos, pero solo un médico por cada 6.000 personas. Los militares tratan este territorio como si lo estuvieran ocupando, y como si todos los que estamos aquí fueran el enemigo”, comentó un habitante del lugar.

Las campesinas que se refugiaron en San Pablo luego de ser desplazadas de sus tierras informaron que los soldados ocuparon su finca. “Había combates y estaban pasando las balas y las explosiones cerca a la casa, el helicóptero llegó y comenzó a hacer ráfagas de disparos. Eso nos preocupó porque podían caer en la casa. No teníamos más remedio que irnos, y ahora perdimos nuestra cosecha”.

La evidencia proporcionada a los defensores del EJP y a los observadores internacionales en El Aserrío, San Pablo y también en El Tarra, donde más de 100 campesinos han sido desplazados por el aumento de las incursiones militares y las ocupaciones de fincas, desmiente la afirmación del Gobierno de que no hay conflicto en Colombia; además evidencia que existe una violación sistemática de los derechos humanos.

“Se están produciendo olas de desplazamientos masivos debido a amenazas de muerte, hostigamientos y enfrentamientos… se está haciendo notoria la aplicación de la doctrina del enemigo interno, en el marco de la cual las comunidades se consideran adversarias del Estado”, declaró el abogado del EJP, Rommel Durán Castellanos, quien finalmente advirtió que “el aumento en casos de detención arbitraria, la estigmatización y la presión crean un ambiente de angustia y ansiedad para la gente”

Los días son cortos en los escarpados cañones del Catatumbo, donde la tierra cae precipitadamente hacia quebradas caudalosas de agua clara y rápida. El sol sale tarde sobre Venezuela, al este, y toma tiempo para despejar las nieblas blancas del bosque nuboso antes de pegar en los techos de hojalata de las fincas dispersas, agarrando precariamente los caminos de herradura pisados por los caballos y las mulas. Tan idílico como su nombre sugiere, por su belleza natural, El Edén ha sido azotado en las últimas décadas por el largo brazo de los actores del conflicto armado en Colombia.

Pertenece al Alto Bobalí, del municipio El Carmen, una zona originalmente ocupada por los indígenas Barí, y luego por la colonización de migrantes campesinos que buscaban mantener su cultura campesina en un país que ofrece cada vez menos acceso a la tierra. Ahora el Estado intenta ejercer control sobre este territorio debido a su valor estratégico en la guerra y el narcotráfico, y sus abundantes recursos naturales apetecidos por las transnacionales.

La violencia, según cuentan los habitantes del Alto Bobalí, inició por la presencia del paramilitarismo en la región, en la que veían gran potencial para la producción de marihuana y amapola debido al clima propicio y la falta de presencia estatal. Estos grupos paramilitares usaban la violencia de forma indiscriminada, y las luchas por el control del territorio entre ellos se resolvían a disparos.

Un campesino que habita una vereda del Alto Bobalí recordó su experiencia como cultivador de marihuana cuando era adolescente. “Si decías que te querías ir y que te pagaran, [los paramilitares] te esperaban en el camino y te daban plomo. Delante de los otros trabajadores te decían que podías irte y te pagaban, pero después te esperaban para matarte y recuperar la plata”. Él pudo escapar gracias a la información que le dio un amigo. Pidió el dinero que le debían excusándose en la necesidad de comprar medicinas para su madre. Se fue dejando sus contadas pertenencias entre las que se encontraban una hamaca y unas botas de goma rosas.

Ahora, la raíz de la violencia es la presencia militar que ha impuesto el Estado en la zona. Antes de la dispersión de los grupos paramilitares, el Ejército protegía al paramilitarismo y cubría sus prácticas de bloqueo y extorsión hacia el campesinado. Desde entonces, el ejército ha retomado las prácticas paramilitares y ejercen un bloqueo a la región, instalándose en las vías de acceso para controlar la entrada y salida de personas y de productos, y amenazar al campesino con la quema de sus cultivos.

“No somos los dueños de esta tierra, pero somos los dueños de la memoria. Hemos resistido antes y podemos hacerlo de nuevo”, dice Giovanni* mientras mira hacia las montañas sin nombre y los profundos escarpados cañones del Catatumbo. Detrás de él, fuera de una escuela de una sola sala, construida con adobe y hojalata, otros campesinos bajan de sus caballos, cuelgan sus machetes y se preparan para una reunión.

Debido a la política estatal que margina el campesino y desvaloriza el trabajo en el campo, la coca ha supuesto la única forma de sustento para los campesinos de la región en los últimos años. Muestra de ello es que el dinero producido por la coca ha sido fundamental para construir la poca infraestructura existente. En este contexto, la organización comunitaria es la única respuesta eficaz disponible para los habitantes de la región, las Juntas de Acción Comunal han tomado un valor incuestionable en el Alto Bobalí. Cuentan los habitantes que las vías de acceso, y el colegio de El Edén, donde se hizo la reunión de Asojuntas, fueron construidas por las JAC con el dinero de la producción de coca, pues el Gobierno nunca invirtió dinero en la región.

Mirando a través del valle escarpado hacia un trozo de selva ardiente en la ladera opuesta, Giovanni explica que la tierra se está ‘limpiando’ para cultivar coca. “No hace mucho tiempo, aquí se cultivaba café, chocolate, plátano, aguacate y muchas frutas”, recuerda. En este momento hay una dependencia absoluta de este cultivo en la región, ya que “la coca da un mayor rendimiento por hectárea y hay más cosechas cada año. Los campesinos no necesitan viajar varios días para llevar café al mercado o pagarles a los arrieros la mitad del valor de su cosecha; las mafias vienen al campesino a comprar coca”.

Los acuerdos de La Habana prometieron un programa de sustitución de cultivos para los campesinos dependientes de la coca, pero el gobierno de Duque ahora obliga a los campesinos a dejar la producción sin ofrecer alternativas. Enfrentados a la necesidad de diversificar los cultivos debido a las amenazas de quema, y el retorno de las fumigaciones de Glifosato, buscan formas de emprender nuevas alternativas en la región, volver al auto-abastecimiento y a la producción sostenible. Las Juntas de Acción Comunal juegan un rol fundamental en este proceso.

“Hay una conciencia de que es necesario cambiar”, dice un líder del Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades del Cesar (MTCC), “especialmente porque la presencia de la coca es una excusa para que los militares ataquen. El Estado quiere terminar con el campesinado y se niega incluso a reconocernos, como al menos lo ha hecho con los indígenas”.

“El campesino vive en una miseria diferente a la pobreza de las ciudades”, comenta un compañero. “En la ciudad la pobreza es desesperada, y los que están allá están desconectados de la tierra, des-plazados e individualistas. Aunque aquí el Estado nos olvida y se nos niega la oportunidad de avanzar –no hay electricidad, carretera, ni clínicas médicas–, al menos podemos organizarnos colectiva-mente para tratar de lograr una vida digna”.

En la oscuridad de la escuela que no tiene electricidad, la discusión se centra en organizar una cooperativa para compartir recursos. Emprender una minga para colectivizar el trabajo de las cose-chas, y construir un horno comunal para hornear pan. “Es una convicción ser un campesino”, reconoce una activista del Congreso de los Pueblos. “Una forma de resistir a los paramilitares durante el apogeo de la violencia, era ser autosuficientes durante las confrontaciones y el asedio. Pero con la coca esta forma de resistencia se ha perdido. Un nuevo retorno a la diversificación de los cultivos, al trueque en lugar de comprar alimentos comerciales, importados y poco saludables, un retorno a los mercados locales y la solidaridad, compartir con los necesitados, son actos de resistencia que fortalecerían la autonomía campesina”, argumenta.

“La lucha está aquí”, concluye Giovanni, “la lucha comienza aquí, con solidaridad entre todos noso-tros en estas montañas y con la esperanza de que todos compartamos"
*No se usan nombres originales por petición de las fuentes.

La embestida de la derecha latinoamericana, si bien es preocupante, no es para nada novedosa. Lo vemos claramente en el discurso militarista e intolerante de Jair Bolsonaro en Brasil, la jerga neoliberal de Mauricio Macri en Argentina y en el triunfalismo lastimero de Iván Duque en Colombia. Y precisamente uno de los viejos proyectos de la oligarquía será reescribir la historia, fundar un relato, tener un control total sobre la memoria colectiva de cada uno de sus ciudadanos.

Es así como el nombramiento de Rubén Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, avizora la puesta en marcha de una estrategia que tiene como fin borrar los últimos cincuenta años de conflicto armado y de lucha de los diferentes sectores sociales golpeados por el poder estatal en nuestro país. Así como María Fernanda Cabal negaba tranquilamente la masacre de las bananeras (1928), amplios sectores de la derecha han creado un relato oficial de la violencia según el cual, por ejemplo, Pablo Escobar patrocinó la toma del palacio de justicia por parte del M-19, o la violencia sicarial en Medellín comenzó cuando el mismo M-19 repartió las armas hurtadas al cantón norte en Bogotá, tal como afirman sendos académicos de las universidades sin ningún rigor histórico o apego a la verdad.

Acevedo niega el conflicto armado en Colombia, sus víctimas, sus actores y sobre todo sus beneficiarios en una dinámica de negacionismo que nos condena a repetir los ciclos de violencia de manera sintomática. Pero veamos cómo el proyecto de fundar un relato propio es parte del discurso de las oligarquías en nuestro país.

Relato nacional en clave heroica
El proceso de construcción de la mayoría de las jóvenes naciones americanas pasó por el crisol de la guerra. La guerra de separación norteamericana llevó a los sectores más proclives al capitalismo industrial depredador a hacerse con el poder, mientras que del río Bravo (sur de Estados Unidos y norte de México) hacia abajo los sectores más retardatarios impusieron patrias fragmentadas, feudos familiares, donde las buenas costumbres, la fe y la gramática marcaron el rumbo intelectual por casi medio siglo.

Las incesantes guerras civiles en Colombia conocieron su cenit con la llamada “Guerra de los Mil Días”, la cual impuso el proyecto conservador donde la fe tuvo un papel fundamental en su sostenimiento. La construcción de la Iglesia del Voto Nacional (1899) junto a la firma de concordato con la Iglesia católica (1985) y la creación de la Academia Colombiana de Historia (1902), se encargaron de imponer un discurso de paz de los vencedores y construir un relato nacional basado en un pasado heroico, donde los padres de la patria inauguraron el tiempo a la manera de patriarcas bíblicos.

Más allá de reflexionar sobre el pasado inmediato (la guerra civil), los textos escolares y disertaciones universitarias se trasladaron al grito de la independencia y la campaña libertadora. La figura de Santander se ató al progreso de la patria y a un proyecto donde las haciendas y los apellidos heredados de la colonia serían los que dominen la nación.

La Academia Colombiana de Historia (donde sus primeros cultores no eran historiadores) ha creado el nuevo relato nacional donde los valores son representados por el caballero católico (Kempis), fino en sus maneras (Carreño), orgulloso de su pasado heroico (Henao y Arrubla) y bien hablante de la lengua (Caro y Cuervo).

Reconciliación nacional y educación cívica
El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán incendió el país en un periodo conocido eufemísticamente como “La Violencia”, verdadera guerra civil que terminó en una dictadura militar y un pacto de partidos o “Frente Nacional”. El pacto, redactado por las familias más poderosas del país en España, repartió el poder político y económico en periodos de cuatro años. Las estructuras partidarias ostentaron los cargos gubernamentales y redujeron la democracia al rito del voto.

En este contexto el Ministerio de Educación replanteó la enseñanza de las ciencias sociales en clave de educación cívica. La recuperación de los símbolos patrios, la historia leída en clave heroica, la urbanidad y las buenas maneras, unidas a la historia sagrada reconfiguraron el relato nacional. En este, las grandes diferencias aparecieron ya desde la independencia y se redujeron a la perniciosa influencia de las revoluciones en nuestro país: el nuevo enemigo hizo su aparición en una conjura que amenazaba nuestra nación y sus valores. La revolución francesa (1789) y la revolución rusa (1917) y sus agentes (masones y bolcheviques) eran aquellos a quienes había que derrotar a través de una adecuada guía de la escuela y la iglesia.

Durante esta etapa que se extendió a hasta comienzos de la década de los noventa, la élite recicló a intelectuales como German Arciniegas con un discurso hispanista, de rancio abolengo racista. Se construyó una visión de la historia nacional sobre un pasado heroico y en franca dialéctica con una pretendida conspiración bolchevique internacional.

Los noventa y la apertura hacia el futuro
La apertura económica de Gaviria de mano de los “Chicago Boys” puso de moda una nueva jerga dentro de los estudios sociales: gobernabilidad, coalición de clases, acción comunicativa, organización no gubernamental. El sueño revolucionario se cambió por la pesadilla del mercado. Pero fue durante la “política de seguridad democrática” del Álvaro Uribe Vélez cuando los intelectuales en masa se plegaron al poder sobre tesis como “en Colombia no hay conflicto”, o sobre la necesidad de derrocar un pensamiento que según “analistas” como Alfredo Rangel o Eduardo Pizarro, era la causa verdadera de la emergencia de la guerrilla en Colombia.

Por otro lado, comenzó la persecución contra líderes sociales, ellos intelectuales orgánicos al servicio de las causas de los campesinos, obreros, estudiantes, víctimas del terrorismo de Estado y paramilitar. Intelectuales como Alfredo Correa de Andreis, Miguel Ángel Beltrán, Liliani Obando, Javier Díaz, Patricia Sanabria, Carlos Medina Gallego, Renán Vega Cantor, entre otros, pagaron con su libertad y algunas veces con sus vidas su lealtad al pensamiento crítico y su oposición a las formas de pensamiento único que campean impunemente por la academia. La característica principal de estos es el compromiso inquebrantable con el saber, la negación a los discursos de moda, pero también actuando al margen o paralelamente con la academia, para la construcción de nuevos espacios para la verdad, para la militancia, para el pensamiento crítico.

El proyecto del Centro Democrático de sancionar a los docentes que “adoctrinen” a sus estudiantes, o la publicación de cartillas donde se ponderen los “beneficios” de la “Seguridad Democrática”, no es más que recalcar el proyecto de las élites de re escribir el relato nacional, de apoderarse del pasado para también poseer el futuro.
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Hoy día entre el ruido del post conflicto se avizora un conflicto viejo, soterrado y oculto por los medios y la academia: el conflicto social. Es tarea de los intelectuales el no dejar que “la paz” como discurso movilizador de sensibilidades frene la protesta social, el llamado a las conquistas de la clase trabajadora y, por qué no, el giro de Colombia hacia el socialismo del siglo XXI, porque bien entiende quien escribe estas palabras que, parafraseando la frase de Foucault con respecto a Deleuze, “el siglo XXI será socialista o no será

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) llamado Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad fue presentado oficialmente ante el Congreso por el Gobierno del presidente Iván Duque y las críticas y reparos frente a este no se han hecho esperar. Desde antes de su publicación, corrían varias dudas sobre el manejo de temas como la paz, la justicia, la economía, el medio ambiente, entre otros.

Por esto, no deja de sorprender que al conocer el texto oficial distintos sectores de la sociedad alcen su voz y se manifiesten en su contra. Tanto es así, que ya el Gobierno ha tenido que salir a dar reversa en algunos puntos que a todas luces afectan al grueso de la población. Pero la alerta va más allá de lo que está a simple vista. En el PND se encuentran artículos que, disfrazados de promesas en educación, infraestructura e igualdad de oportunidades, atropellan derechos, incumplen pactos acordados, desconocen las realidades de las comunidades y propenden por el desarrollo de solo unos pocos.

¿De qué se trata el PND?
​​​​​​​​​De acuerdo con el Departamento Nacional Planeación se trata de un documento base que contiene los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por cada presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Este instrumento formal y legal presenta los objetivos de gobierno y se compone de una parte general, que aborda las estrategias y orientaciones en política económica, social, ambiental, y un plan de inversiones públicas del orden nacional que contiene los presupuestos, proyección de inversión, especificación de los recursos financieros y fuentes de financiación. En resumen, se trata de la hoja de ruta que fija las metas del cuatrienio, los programas, las inversiones, y permite evaluar los resultados de la gestión gubernamental.

Para que el PND sea efectivo debe pasar por el Congreso de la República, el cual lo discute, en primera instancia, en sesiones conjuntas de las Comisiones de Asuntos Económicos y luego pasa a deliberación de las plenarias correspondientes. Es importante tener en cuenta que en su trámite por el Congreso se le pueden realizar modificaciones y que, en caso de no ser aprobado, el Gobierno tiene la facultad de emitir un Decreto-Ley para ponerlo en vigencia.

Para el caso del PND 2018-2022, el documento presentado por Iván Duque presenta las bases, inversiones y disposiciones instrumentales en un texto de proyecto de Ley con 183 artículos. Su fórmula es “Legalidad + Emprendimiento = Equidad” para remover obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y con mayor equidad, con un costo estimado inicialmente de $1.100 billones a precios de 2018. A continuación algunas de las principales críticas que ha recibido.

Facultades especiales para el presidente
En términos políticos, el artículo 181 otorga facultades extraordinarias para el presidente de la República, a través de las cuales podría modificar o fusionar entidades, reasignar funciones, cambiar presupuestos y otras facultades que hoy le corresponden al legislativo. Dichas facultades estarían habilitadas durante seis meses a partir de la publicación de la Ley y sería lo que muchos analistas políticos denominan un “cheque en blanco” con el que el gobierno podría hacer cualquier cosa.

Paz
Al respecto, el partido Alianza Verde advirtió que en el artículo 4 sobre el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) no hay una sección específica sobre el dinero para la construcción de paz, como lo establece el Acto Legislativo 1 de 2016 que ordena por 20 años incluir una partida para la paz. Además, indica que los recursos que hay para la paz no son recursos adicionales, como debería ser, sino que están divididos en los llamados “pactos” del PND. De esta forma, políticas para el cierre de brechas sociales y la reparación de víctimas, que hacen parte del Acuerdo de Paz, son insuficientes, y asuntos como pobreza, salud y educación quedan sin mucho amparo.

Economía
En este punto está incluida la Ley de Financiamiento con propuestas iniciales como el aumento de cotización de seguridad social a los trabajadores independientes o a quienes laboran por cuenta propia, la eliminación de subsidios y el aumento del IVA a productos básicos de la canasta familiar. Aunque sobre estos puntos el Gobierno ha dado marcha atrás, persisten otros igual de preocupantes. El Centro de Estudios Económicos y de Trabajo (Cedetrabajo), en comunicado para medios, señaló que el Plan Nacional de Desarrollo orienta la economía del país hacia la minería soportada en la inversión extranjera y en la especulación financiera. También señala que no se apuesta por la diversificación productiva y que no trabaja por la mejoría de los ingresos de la población, el replanteamiento de las políticas fallidas o la concentración de riqueza.

Por otra parte, preocupa la reforma al Sistema de Regalías ya que les quitaría a las regiones la autonomía para definir y aprobar proyectos a los OCAD (órganos colegiados de administración y decisión). Además, se le quita la administración de los recursos de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y pasa a manos del Ministerio de Hacienda, lo que dejaría al DNP como un órgano de evaluación, mientras que los recursos quedarían a cargo de un organismo político como es la cartera de Hacienda.

Medio ambiente
En este aspecto es cuestionado el artículo que avala la licencia minera express de 30 días, con lo cual quedarían en peligro lugares como el Páramo de Santurbán. En gobiernos anteriores se insistió en la necesidad de tramitar estos permisos de forma rápida para asegurar la inversión, sacrificando el tiempo para evaluar los riesgos ambientales.
En términos generales el PND trae consigo un conjunto de elementos problemáticos en temas como poder estatal, paz, economía, derechos y medio ambiente. Para los profesores Mauricio Gómez y Darío Restrepo, el Plan propone entregarle a la figura del presidente facultades extraordinarias para reformar el Estado y para intervenir en aspectos como el Sistema General de Participaciones, lo que trae como consecuencia una implementación autoritaria, centralizada, sin acuerdo con las fuerzas sociales y políticas del país, que además desconoce lo acordado en el Proceso de Paz.

Por otra parte, el académico y analista Daniel Librero llama la atención sobre la profundización del extractivismo como el fracking y la explotación manera, con lo cual se destruyen poblaciones y se genera desplazamiento. Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, menciona que este pacto estimula el perdón y olvido de la acumulación y el despojo de tierras, por lo tanto, no es un desarrollo incluyente que busque cerrar la brecha entre campo y ciudad, y que sea una respuesta a las poblaciones campesinas del país.

Las alertas están encendidas y la invitación a reflexionar y actuar sobre la realidad política y social del país está sobre la mesa. No hay duda que la lucha contra el PND presentado por el Gobierno nacional y la defensa de la implementación del Acuerdo de Paz son motivos para salir a las calles en la gran movilización del 25 de abril, en el marco del Paro Nacional de todo el pueblo colombiano.

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