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La embestida de la derecha latinoamericana, si bien es preocupante, no es para nada novedosa. Lo vemos claramente en el discurso militarista e intolerante de Jair Bolsonaro en Brasil, la jerga neoliberal de Mauricio Macri en Argentina y en el triunfalismo lastimero de Iván Duque en Colombia. Y precisamente uno de los viejos proyectos de la oligarquía será reescribir la historia, fundar un relato, tener un control total sobre la memoria colectiva de cada uno de sus ciudadanos.

Es así como el nombramiento de Rubén Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, avizora la puesta en marcha de una estrategia que tiene como fin borrar los últimos cincuenta años de conflicto armado y de lucha de los diferentes sectores sociales golpeados por el poder estatal en nuestro país. Así como María Fernanda Cabal negaba tranquilamente la masacre de las bananeras (1928), amplios sectores de la derecha han creado un relato oficial de la violencia según el cual, por ejemplo, Pablo Escobar patrocinó la toma del palacio de justicia por parte del M-19, o la violencia sicarial en Medellín comenzó cuando el mismo M-19 repartió las armas hurtadas al cantón norte en Bogotá, tal como afirman sendos académicos de las universidades sin ningún rigor histórico o apego a la verdad.

Acevedo niega el conflicto armado en Colombia, sus víctimas, sus actores y sobre todo sus beneficiarios en una dinámica de negacionismo que nos condena a repetir los ciclos de violencia de manera sintomática. Pero veamos cómo el proyecto de fundar un relato propio es parte del discurso de las oligarquías en nuestro país.

Relato nacional en clave heroica
El proceso de construcción de la mayoría de las jóvenes naciones americanas pasó por el crisol de la guerra. La guerra de separación norteamericana llevó a los sectores más proclives al capitalismo industrial depredador a hacerse con el poder, mientras que del río Bravo (sur de Estados Unidos y norte de México) hacia abajo los sectores más retardatarios impusieron patrias fragmentadas, feudos familiares, donde las buenas costumbres, la fe y la gramática marcaron el rumbo intelectual por casi medio siglo.

Las incesantes guerras civiles en Colombia conocieron su cenit con la llamada “Guerra de los Mil Días”, la cual impuso el proyecto conservador donde la fe tuvo un papel fundamental en su sostenimiento. La construcción de la Iglesia del Voto Nacional (1899) junto a la firma de concordato con la Iglesia católica (1985) y la creación de la Academia Colombiana de Historia (1902), se encargaron de imponer un discurso de paz de los vencedores y construir un relato nacional basado en un pasado heroico, donde los padres de la patria inauguraron el tiempo a la manera de patriarcas bíblicos.

Más allá de reflexionar sobre el pasado inmediato (la guerra civil), los textos escolares y disertaciones universitarias se trasladaron al grito de la independencia y la campaña libertadora. La figura de Santander se ató al progreso de la patria y a un proyecto donde las haciendas y los apellidos heredados de la colonia serían los que dominen la nación.

La Academia Colombiana de Historia (donde sus primeros cultores no eran historiadores) ha creado el nuevo relato nacional donde los valores son representados por el caballero católico (Kempis), fino en sus maneras (Carreño), orgulloso de su pasado heroico (Henao y Arrubla) y bien hablante de la lengua (Caro y Cuervo).

Reconciliación nacional y educación cívica
El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán incendió el país en un periodo conocido eufemísticamente como “La Violencia”, verdadera guerra civil que terminó en una dictadura militar y un pacto de partidos o “Frente Nacional”. El pacto, redactado por las familias más poderosas del país en España, repartió el poder político y económico en periodos de cuatro años. Las estructuras partidarias ostentaron los cargos gubernamentales y redujeron la democracia al rito del voto.

En este contexto el Ministerio de Educación replanteó la enseñanza de las ciencias sociales en clave de educación cívica. La recuperación de los símbolos patrios, la historia leída en clave heroica, la urbanidad y las buenas maneras, unidas a la historia sagrada reconfiguraron el relato nacional. En este, las grandes diferencias aparecieron ya desde la independencia y se redujeron a la perniciosa influencia de las revoluciones en nuestro país: el nuevo enemigo hizo su aparición en una conjura que amenazaba nuestra nación y sus valores. La revolución francesa (1789) y la revolución rusa (1917) y sus agentes (masones y bolcheviques) eran aquellos a quienes había que derrotar a través de una adecuada guía de la escuela y la iglesia.

Durante esta etapa que se extendió a hasta comienzos de la década de los noventa, la élite recicló a intelectuales como German Arciniegas con un discurso hispanista, de rancio abolengo racista. Se construyó una visión de la historia nacional sobre un pasado heroico y en franca dialéctica con una pretendida conspiración bolchevique internacional.

Los noventa y la apertura hacia el futuro
La apertura económica de Gaviria de mano de los “Chicago Boys” puso de moda una nueva jerga dentro de los estudios sociales: gobernabilidad, coalición de clases, acción comunicativa, organización no gubernamental. El sueño revolucionario se cambió por la pesadilla del mercado. Pero fue durante la “política de seguridad democrática” del Álvaro Uribe Vélez cuando los intelectuales en masa se plegaron al poder sobre tesis como “en Colombia no hay conflicto”, o sobre la necesidad de derrocar un pensamiento que según “analistas” como Alfredo Rangel o Eduardo Pizarro, era la causa verdadera de la emergencia de la guerrilla en Colombia.

Por otro lado, comenzó la persecución contra líderes sociales, ellos intelectuales orgánicos al servicio de las causas de los campesinos, obreros, estudiantes, víctimas del terrorismo de Estado y paramilitar. Intelectuales como Alfredo Correa de Andreis, Miguel Ángel Beltrán, Liliani Obando, Javier Díaz, Patricia Sanabria, Carlos Medina Gallego, Renán Vega Cantor, entre otros, pagaron con su libertad y algunas veces con sus vidas su lealtad al pensamiento crítico y su oposición a las formas de pensamiento único que campean impunemente por la academia. La característica principal de estos es el compromiso inquebrantable con el saber, la negación a los discursos de moda, pero también actuando al margen o paralelamente con la academia, para la construcción de nuevos espacios para la verdad, para la militancia, para el pensamiento crítico.

El proyecto del Centro Democrático de sancionar a los docentes que “adoctrinen” a sus estudiantes, o la publicación de cartillas donde se ponderen los “beneficios” de la “Seguridad Democrática”, no es más que recalcar el proyecto de las élites de re escribir el relato nacional, de apoderarse del pasado para también poseer el futuro.
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Hoy día entre el ruido del post conflicto se avizora un conflicto viejo, soterrado y oculto por los medios y la academia: el conflicto social. Es tarea de los intelectuales el no dejar que “la paz” como discurso movilizador de sensibilidades frene la protesta social, el llamado a las conquistas de la clase trabajadora y, por qué no, el giro de Colombia hacia el socialismo del siglo XXI, porque bien entiende quien escribe estas palabras que, parafraseando la frase de Foucault con respecto a Deleuze, “el siglo XXI será socialista o no será

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) llamado Pacto por Colombia: Pacto por la Equidad fue presentado oficialmente ante el Congreso por el Gobierno del presidente Iván Duque y las críticas y reparos frente a este no se han hecho esperar. Desde antes de su publicación, corrían varias dudas sobre el manejo de temas como la paz, la justicia, la economía, el medio ambiente, entre otros.

Por esto, no deja de sorprender que al conocer el texto oficial distintos sectores de la sociedad alcen su voz y se manifiesten en su contra. Tanto es así, que ya el Gobierno ha tenido que salir a dar reversa en algunos puntos que a todas luces afectan al grueso de la población. Pero la alerta va más allá de lo que está a simple vista. En el PND se encuentran artículos que, disfrazados de promesas en educación, infraestructura e igualdad de oportunidades, atropellan derechos, incumplen pactos acordados, desconocen las realidades de las comunidades y propenden por el desarrollo de solo unos pocos.

¿De qué se trata el PND?
​​​​​​​​​De acuerdo con el Departamento Nacional Planeación se trata de un documento base que contiene los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por cada presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Este instrumento formal y legal presenta los objetivos de gobierno y se compone de una parte general, que aborda las estrategias y orientaciones en política económica, social, ambiental, y un plan de inversiones públicas del orden nacional que contiene los presupuestos, proyección de inversión, especificación de los recursos financieros y fuentes de financiación. En resumen, se trata de la hoja de ruta que fija las metas del cuatrienio, los programas, las inversiones, y permite evaluar los resultados de la gestión gubernamental.

Para que el PND sea efectivo debe pasar por el Congreso de la República, el cual lo discute, en primera instancia, en sesiones conjuntas de las Comisiones de Asuntos Económicos y luego pasa a deliberación de las plenarias correspondientes. Es importante tener en cuenta que en su trámite por el Congreso se le pueden realizar modificaciones y que, en caso de no ser aprobado, el Gobierno tiene la facultad de emitir un Decreto-Ley para ponerlo en vigencia.

Para el caso del PND 2018-2022, el documento presentado por Iván Duque presenta las bases, inversiones y disposiciones instrumentales en un texto de proyecto de Ley con 183 artículos. Su fórmula es “Legalidad + Emprendimiento = Equidad” para remover obstáculos y estimular los factores que permitan lograr un país más productivo y con mayor equidad, con un costo estimado inicialmente de $1.100 billones a precios de 2018. A continuación algunas de las principales críticas que ha recibido.

Facultades especiales para el presidente
En términos políticos, el artículo 181 otorga facultades extraordinarias para el presidente de la República, a través de las cuales podría modificar o fusionar entidades, reasignar funciones, cambiar presupuestos y otras facultades que hoy le corresponden al legislativo. Dichas facultades estarían habilitadas durante seis meses a partir de la publicación de la Ley y sería lo que muchos analistas políticos denominan un “cheque en blanco” con el que el gobierno podría hacer cualquier cosa.

Paz
Al respecto, el partido Alianza Verde advirtió que en el artículo 4 sobre el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) no hay una sección específica sobre el dinero para la construcción de paz, como lo establece el Acto Legislativo 1 de 2016 que ordena por 20 años incluir una partida para la paz. Además, indica que los recursos que hay para la paz no son recursos adicionales, como debería ser, sino que están divididos en los llamados “pactos” del PND. De esta forma, políticas para el cierre de brechas sociales y la reparación de víctimas, que hacen parte del Acuerdo de Paz, son insuficientes, y asuntos como pobreza, salud y educación quedan sin mucho amparo.

Economía
En este punto está incluida la Ley de Financiamiento con propuestas iniciales como el aumento de cotización de seguridad social a los trabajadores independientes o a quienes laboran por cuenta propia, la eliminación de subsidios y el aumento del IVA a productos básicos de la canasta familiar. Aunque sobre estos puntos el Gobierno ha dado marcha atrás, persisten otros igual de preocupantes. El Centro de Estudios Económicos y de Trabajo (Cedetrabajo), en comunicado para medios, señaló que el Plan Nacional de Desarrollo orienta la economía del país hacia la minería soportada en la inversión extranjera y en la especulación financiera. También señala que no se apuesta por la diversificación productiva y que no trabaja por la mejoría de los ingresos de la población, el replanteamiento de las políticas fallidas o la concentración de riqueza.

Por otra parte, preocupa la reforma al Sistema de Regalías ya que les quitaría a las regiones la autonomía para definir y aprobar proyectos a los OCAD (órganos colegiados de administración y decisión). Además, se le quita la administración de los recursos de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y pasa a manos del Ministerio de Hacienda, lo que dejaría al DNP como un órgano de evaluación, mientras que los recursos quedarían a cargo de un organismo político como es la cartera de Hacienda.

Medio ambiente
En este aspecto es cuestionado el artículo que avala la licencia minera express de 30 días, con lo cual quedarían en peligro lugares como el Páramo de Santurbán. En gobiernos anteriores se insistió en la necesidad de tramitar estos permisos de forma rápida para asegurar la inversión, sacrificando el tiempo para evaluar los riesgos ambientales.
En términos generales el PND trae consigo un conjunto de elementos problemáticos en temas como poder estatal, paz, economía, derechos y medio ambiente. Para los profesores Mauricio Gómez y Darío Restrepo, el Plan propone entregarle a la figura del presidente facultades extraordinarias para reformar el Estado y para intervenir en aspectos como el Sistema General de Participaciones, lo que trae como consecuencia una implementación autoritaria, centralizada, sin acuerdo con las fuerzas sociales y políticas del país, que además desconoce lo acordado en el Proceso de Paz.

Por otra parte, el académico y analista Daniel Librero llama la atención sobre la profundización del extractivismo como el fracking y la explotación manera, con lo cual se destruyen poblaciones y se genera desplazamiento. Jhenifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, menciona que este pacto estimula el perdón y olvido de la acumulación y el despojo de tierras, por lo tanto, no es un desarrollo incluyente que busque cerrar la brecha entre campo y ciudad, y que sea una respuesta a las poblaciones campesinas del país.

Las alertas están encendidas y la invitación a reflexionar y actuar sobre la realidad política y social del país está sobre la mesa. No hay duda que la lucha contra el PND presentado por el Gobierno nacional y la defensa de la implementación del Acuerdo de Paz son motivos para salir a las calles en la gran movilización del 25 de abril, en el marco del Paro Nacional de todo el pueblo colombiano.

Es evidente el cambio de ciclo que trajo consigo el gobierno de Duque. Pasamos de la posibilidad de solucionar políticamente el conflicto armado –alternativa que venía posicionándose en la sociedad colombiana–, a la propuesta de salida militar ante la “amenaza terrorista” adoptada por los uribistas para negar la existencia del conflicto político, social y armado que no cesa en Colombia desde hace décadas, y al cual sus dos gobiernos anteriores le vaciaron muchos ríos de sangre.

Este tercer des-gobierno de la seguridad democrática se jugó todo para fortalecer las fuerzas militares, dándoles recursos suficientes para incidir en obras públicas, educación, seguridad empresarial, protección, campañas de salud, y vías libres para realizar actividades cívico militares, que les permiten no solo condicionar a las comunidades en sus territorios, sino participar en jugosos y multimillonarios negocios. De otro lado, la lealtad del uribismo con los altos mandos militares que incurrieron en delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado, y falsos positivos, llevó a Duque a nombrar a varios de ellos en cargos poderosos, y responsabilizarlos de tareas absurdas como garantizar la protección a los líderes y lideresas sociales perseguidos y estigmatizados precisamente por esta clase de oficiales.

Aunque las armas solo deben estar en manos del Estado, según las normas constitucionales y legales, en Colombia estas normas son un buen chiste. Arsenales se mueven en la ilegalidad y se nota desidia por parte de las fuerzas militares a la hora de perseguir, capturar y judicializar a los miembros de grupos paramilitares, bandas criminales, carteles de narcotraficantes nacionales y extranjeros, a quienes se les permite el libre tránsito por todo el territorio nacional, en especial en los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, donde imponen su ley sin obstáculo alguno. La cereza del pastel de la militarización de la sociedad está en la propuesta de otorgar el uso de armas a la “gente de bien” como preámbulo a la estrategia muy conocida del millón de amigos, es decir, la participación de civiles en el conflicto armado y la creación del semillero paramilitar, medidas que consolidan un pensamiento reaccionario en toda la sociedad.

Departamentos como Arauca, territorios como el Catatumbo en el Norte de Santander o Micoahumado y sus alrededores en el Sur de Bolívar, son ejemplos concretos de la política de militarización que le permite al Estado perseguir, asesinar y judicializar a los líderes sociales y estigmatizar a sus procesos organizativos. Miles de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) cumplen su papel y lo hacen uniformados o de civil, a punta de plomo y represión o a través de campañas cívico militares para arreglar caminos, construir escuelas, centros de salud o canchas de fútbol. El Estado administrado por los militares. Injustas, ridículas y perversas medidas tomadas por el gobierno de Duque en un país que sigue viendo sin inmutarse cómo aumenta el contador de líderes y lideresas sociales asesinados, judicializados, amenazados y perseguidos por el Estado.

Una vez el Estado y sus agentes combinan todas las formas de lucha contra los líderes y los procesos que defienden el territorio y protestan contra las medidas antipopulares del nuevo Gobierno, los medios corporativos de comunicación hacen su trabajo que consiste en invisibilizar o tergiversar las causas de las problemáticas en los territorios, como hicieron con Hidroituango. O peor aún, afianzar la política de estigmatización de la protesta social, señalando a los líderes y lideresas como terroristas o desadaptados que impiden el progreso, el desarrollo y la inversión extranjera en los territorios.

Es bueno remitirse al caso del departamento del Cauca, donde el Gobierno y los medios señalan a los indígenas y campesinos de ser responsables por el desabastecimiento de víveres, gasolina y medicamentos que requieren los más necesitados. Los mismos a los que el Estado y los medios jamás prestan atención en materia social y económica. Duque se niega a ir a los territorios porque según él no acepta las vías de hecho, sin embargo, sus fuerzas militares y el escuadrón del ESMAD lo hacen cada tanto con sus acciones represivas. Tal vez sucede que a Duque no le da réditos visitar a los indígenas y a los campesinos y conversar con ellos, cosa que sí sucede cuando le busca camorra a Maduro. En suma, Duque ofrece ayuda humanitaria a una oposición mafiosa y ladrona en Venezuela, pero se niega a hacerlo con su propio pueblo humilde al que le da tratamiento de guerra.

Lo que este Gobierno y sus asesores guerreristas no comprenden es que el pueblo y sus procesos están lo suficientemente curtidos y dispuestos a soportar muchos días o meses en las carreteras, en los puertos y en sus territorios hasta que se les escuche y se les resuelvan, entre otras cosas, los acuerdos que desde los gobiernos de Uribe y Santos les han incumplido. La Minga y el Paro Cívico Nacional que se prepara para el 25 de abril en todo el país no pretende regalos, ni plata para palear las agudas crisis. Tiene fines políticos acordes al momento, para defender la vida y la libertad, la no injerencia militar en Colombia o contra los vecinos, la desmilitarización de los territorios, el respeto e implementación de los Acuerdos de Paz, adoptar la solución política como única medida para solucionar los conflictos sociales y armados, y detener las políticas regresivas contra el pueblo, en especial las contenidas en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

En abril se viene el Paro y se viene el Refugio Humanitario para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, y le corresponde a toda la sociedad acudir al llamado de los pueblos que se levantan por la justicia social.

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