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A principios del nuevo milenio nació en Argentina un cine que se produjo para contar la realidad de estudiantes, obreros y piqueteros (nombre que se le da a los desempleados en Argentina). Impulsados por las facilidades que brinda el formato digital y por la necesidad de informar de manera veraz, sacaron las cámaras a la calle y sin guion ni escaleta entrevistaron a los protagonistas de los movimientos sociales del país.

En 2001, Argentina se encontraba en una profunda crisis (como hoy, en casi toda Latinoamérica), desatada, entre otras cosas, por dificultades económicas que generaron imposiciones políticas como la del “corralito”, que restringía el acceso de la población a dinero en efectivo de los bancos. Fue diseñada por el ministro de economía Domingo Cavallo y el presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa, quien renunció el 20 de diciembre de dicho año, y generó, con ello, un clima de inestabilidad social que llevó a una serie de manifestaciones y protestas en todo el país.

A las manifestaciones se unieron las cámaras digitales. El mundo estaba conociendo el uso de herramientas portátiles, que se valían de cintas de grabación más pequeñas y permitían la incursión en cualquier escenario. Las cámaras y las grabadoras de sonido fueron utilizadas para denunciar la violencia y la represión policial. Al principio solo documentaron estos hechos sin otro afán que el de registrar los abusos, luego, con el tiempo, fueron construyendo una mirada, una estética y unas dinámicas de producción propias, generando cada vez mejores “películas”, vídeos caseros que no respondían a un impulso comercial sino puramente comunicativo, que contaba in situ lo que los medios tradicionales maquillaban y ocultaban con sus noticieros.

Parte de ese cine fue el cine piquetero que nació en la protesta social. Este tuvo un fuerte carácter político y participativo. Los círculos de distribución eran las universidades y las centrales obreras, en donde nacieron colectivos para ver y hacer cine como Cine Insurgente y Ojo Obrero, productoras que de manera autosuficiente realizaron documentales como ¡Piqueteros carajo!, en 2002 (disponible en YouTube). En él no solamente se usaron imágenes grabadas durante las protestas sino que además aprovecharon tomas de archivo de los canales nacionales para develar frases de los políticos de turno, poniendo en evidencia su cinismo y odio, mentiras que contrastaban con hechos de violación a los derechos humanos ejercidos por las fuerzas del orden.

El cine piquetero, obrero y político, en la Argentina de inicios de los 2000, significó un cambio de paradigma frente a las imágenes que se construían. Las cámaras pasaban a ser herramientas al alcance de todos, los criterios estéticos y de producción, siempre cambiantes con la incursión de nuevos formatos, inspiraron la creación de procesos formativos en estudiantes y colectivos obreros de espectadores y realizadores. Esa formación expandió las fronteras del audiovisual. No solo el cine y la televisión oficial podían contar su versión de los hechos, ahora piqueteros, obreros y estudiantes tenían las herramientas para maximizar y difundir su voz.

Los piqueteros son los desempleados que dejaron las políticas del mercado y el fascismo. Son ciudadanos sin derechos. El conjunto de la población humana que cada vez tiene menos comida en la mesa. El cine piquetero, el cine indigenista de México o el gótico tropical en Colombia fueron (y son, gracias a la eternidad que da el cine), el aprovechamiento de las herramientas para contarse a sí mismo, para visibilizar su vida y su muerte, para construir estéticas propias, para esculpir en el tiempo sus luchas y su historia. Además de ser un mecanismo de denuncia y pedagogía, también pretendían construir un contenido que no instaurara verdades sino que permitiera el debate y el análisis.

El mundo ha cambiado lo suficiente desde inicios de los 2000. Más personas pueden tener un dispositivo de grabación en el bolsillo, cada día y a cada hora, listo para registrar incluso en buena resolución. La democratización de las herramientas para grabar imágenes es casi un hecho, pero el mundo es un lugar donde los derechos humanos y del planeta tierra se restringen con voracidad. El cine debe utilizarse para crear narrativas y estéticas propias, para defender la memoria, denunciar lo inhumano y educar para la vida y el respeto a la tierra; las condiciones de desigualdad y de miseria a la que nos empujan gobiernos y emporios económicos están dadas para que tengamos que denunciar y difundir, registrar y resistir

Luego de más de 240 homicidios, y de vivir el mes más violento en Medellín en cinco años (abril, con 71 muertos), el manejo de la seguridad del alcalde muestra su fracaso a solo 8 meses de terminar su administración. Periferia Prensa Alternativa conversó con Fernando Quijano, presidente de Corpades y experto en seguridad, sobre las zonas de confrontación, los grupos en disputa y la estrategia de seguridad actual de Medellín.

Periferia: ¿Cómo podríamos resumir la estrategia de seguridad que ha manejado la institucionalidad con Federico Gutiérrez?

Fernando Quijano: La estrategia está basada en lo mismo que las anteriores: captura, decomiso y control. Capturar jefes y capturar subjefes (aunque esos no son los verdaderos jefes). Algunos decomisos y apretar el crimen. Para mí esa es la estrategia de seguridad de la ciudad. Federico Gutiérrez se ha dedicado más a capturar, pero él simplemente es una pieza del engranaje, donde quien manda es la Policía y la Fiscalía. Ahora han metido más al Ejército. Pero no creo que Federico dé una orden: una cosa es lo que sale a decir públicamente y otra la realidad. A un general de la Policía no lo mueve un alcalde nunca.


P: ¿Cuáles son las zonas de confrontación en este momento?
FQ: ¿Cuál es la zona de impacto hoy? Toda la occidental está desestabilizada. El mayor número de homicidios está en esa parte. Al lado de la occidental, creemos que está comenzando la guerra de las convivir en la Comuna 10 (el Centro). Podría entrar la guerra a la Comuna 5 (Castilla), la Comuna 4 (Aranjuez), y la Comuna 8 (Villa Hermosa). Estamos seguros que La Terraza va a golpear la Comuna 8. Significa que la confrontación de la 7 (Robledo), la 12 (La América), y la 13 (San Javier), está irradiando en la Comuna 11. Muchos homicidios han ocurrido en Laureles.

P: ¿Por qué Laureles?
FQ: Es zona de cacería de los enemigos. Ahí todos se reúnen. Lo que hay que preguntarle a la Estación Laureles es por qué es tan permisiva con la presencia de los jefes de la Oficina ahí. Las otras son San Cristóbal y Altavista. Hay que anotarle la presencia de una de las bandas más poderosas del Valle de Aburrá: la banda de La Raya, que tiene todo el corredor del Manzanillo, tiene control en parte de Itagüí, y tiene control en comuna 15 (Guayabal).

P: ¿Y en San Antonio de Prado?

FQ: San Antonio de Prado es un corredor estratégico que va a otras subregiones. La desestabilización de la parte Occidental de la ciudad está ligada a la construcción del Túnel del Toyo, está pegada a los puertos de Urabá. Medellín y el Valle de Aburrá van a estar a tres horas y media. Quien tenga el control de todos estos lados va tener un poder inmenso. La Oficina lo sabe.

P: ¿Y la Comuna 13? ¿Es cierto que en la 13 mermó la guerra de inicios de este año a raíz de pactos entre las bandas?

FQ: Es un error decir “en la 13 está enfrentado el Coco, la Agonía, los de Betania”. Pura mierda: están enfrentadas las dos líneas. ¿A través de qué bandas? Pesebreros y Agonía. No me desgasto en esas simplezas de las bandas. Eso tiene una directriz y sobre ella se mueven ellos. Yo no creo que hayan dialogado. Y si lo hicieron, seguro fueron pactos muy locales, muy focalizados, pero no tienen nada qué ver con la confrontación. Aunque aquí se dialoga: se dialoga para los panamericanos, la venida del papa, los diciembres, la Feria de las Flores, las cumbres de la OEA. Se ponen de acuerdo todos cuando hay algo importante.

P:Bueno, ¿y cuáles son los actores y las bandas en confrontación?

FQ:
En términos generales, la confrontación de la ciudad se da entre la línea minoritaria, que la hemos llamado la “confederación criminal de Medellín”: La Terraza, San Pablo, Los Pesebreros. Ellos se están enfrentando a la “alianza del norte”, que tiene de aliados a la Oficina del 12, a los Chamizos y controla la Comuna 16 (Belén). Podría tener alianza con La Raya. Ese es el panorama. Significa que en cualquier momento podría reventar en el Centro porque las dos líneas tienen convivires aquí.

P: ¿Aún es posible hablar de un “pacto del fusil”?

FQ: El pacto del fusil existe hasta el momento. Desde 2013. Es un acuerdo entre Gaitanistas y la Oficina de Envigado. Hoy no hay guerra con los Gaitanistas. Ojo: hasta el momento la guerra es dentro de la Oficina, y la hemos definido como “guerra fría”. Directamente no se están matando, pero al que dé papaya le dan. Ya hay casos de jefes desaparecidos. La misma institucionalidad sabe que están desaparecidos y no los nombra.

P: ¿Y los grupos a nivel departamental?

FQ: Esa es la verdadera cuestión. ¿Cómo van a jugar los Caparrapos? ¿Cómo van a jugar los Gaitanistas o Clan del Golfo? ¿Cómo van a jugar las disidencias de los frentes 18 y 36? ¿Cómo va jugar el ELN? ¿Cómo va a jugar el crimen transnacional? No me desgasto con las banditas. Ellas tienen sus jefes.

P: ¿Tiene conocimiento de pactos y connivencias entre bandas y autoridades?

FQ: Claro, en toda la ciudad. Y hay nómina paralela. ¿Cuánto es la nómina paralela? Nosotros llegamos a decir que era del 40, pero ya no vamos a decir nada. Hay protección criminal al crimen, así existan capturas. Hay alianzas en todas las áreas: desde Fiscalía, Ejército, Policía. Las estructuras mandan. Cuando usted ve mover el contrabando en el Centro de Medellín de jueves a domingo, se da cuenta quién manda en la ciudad. La Policía se esconde o ayuda. Entran las tractomulas con el contrabando. Eso es protección oficial. Y si no hubiera protección oficial no habría convivir ni bandas.

En el caso del Centro, para qué más de 120 cámaras, 60 cuadrantes, un comando de la Policía, la Estación Candelaria, la presencia de la Alpujarra y la institucionalidad, si aquí en la esquina en la que yo estoy parado están las convivir. Eso significa protección oficial.

P: ¿En concreto, cómo podríamos enfocar la estrategia de seguridad para mejorarla?

FQ: Lo primero es entender que este no es un asunto de Medellín y Bello, sino departamental y nacional. Hay que construir una estrategia departamental e integral, con la presencia del Estado social de derecho. Con una Fuerza Pública democrática, reestructurada, transparente, depurada, y que ame su pueblo. Un Estado social que busque cerrar la brecha, y que pase de controlar a desmantelar.

Necesitamos una ley de sometimiento real. Una política permanente como la tiene Estados Unidos. Allá el mafioso va y dice “me quiero entregar”, y listo: pague, entregue, y está cinco añitos. Una estrategia de seguridad que involucre a todos los municipios en cabeza del gobernador, que cuente con la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones políticas y culturales. No es un asunto de un gobernador, un alcalde, o un director de fiscalías. Es un asunto de todos.

Ella estaba en la tribuna del frente con un pendón que honraba la memoria de Diana Cardona, “matan la flor mas no la primavera”, se leía en él. Después de que el cielo grisáceo escurriera agua sobre Medellín, supe que no había ido al Museo de Antioquia a escuchar un conversatorio sobre los retos de la verdad en Antioquia, sino para conocerla a ella.

Luz Helena Cardona es pensionada. Una habitante del Centro de Medellín. Es bajita, de carácter robusto, mirada sólida, sonrisa desinteresada y contagiosa. Los labios de color carmesí. Las uñas pintadas de rosa. Camisa blanca con visos negros. Y la sonrisa, de par en par, como si de todas fuera la prenda más importante. El último almuerzo que compartió con su hermana fue aquí, en el primer piso del Café Versalles, un día antes de que la asesinaran.

“Mi hermana no era belicosa, era más bien conciliadora. En esa época, y todavía, si usted pensaba diferente a los partidos tradicionales, usted era una piedrita en el zapato, lo mandaban a liquidar. Apartadó lamentó mucho su muerte porque ella trabajaba por la dignidad de la mujer. Ella decía que como fuera tenía que sacar a la mujer por delante. Esa era la meta, luchar por ellas. Pero le truncaron su camino en la mejor época de su vida”.

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Diana Stella Cardona Saldarriaga sentía afinidad por los principios sociales que pregonaba la Unión Patriótica, movimiento político surgido en 1985 tras las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y una fracción de la guerrilla de las FARC. Diana estudió derecho en la Universidad de Antioquia. Trabajó en la Contraloría, y la política apareció en su vida como una revelación en 1989 cuando el entonces alcalde de Apartadó, Ramón Elías Castillo, militante de la Unión Patriótica asesinado en 1996, renunció al cargo por amenazas en su contra. Diana integró la terna para suplir la vacante, y en septiembre de ese año fue nombrada alcaldesa del municipio más extenso de Urabá.

En los seis meses que duró su administración saneó los recursos, inició las obras del relleno sanitario, emprendió la actualización del catastro municipal, adelantó la instalación de redes de alcantarillado y de alumbrado público, adjudicó lotes, legalizó viviendas, e impulsó debates públicos sobre el presente y el futuro de Urabá.

El viernes 23 de febrero de 1990, después de reunirse con Helena Herrán de Montoya, la entonces gobernadora de Antioquia, Diana estuvo de visita en su casa paterna. El domingo, Luz Helena caminaba pensativa hacia el Parque Bolívar, ubicado en pleno Centro de Medellín. Venía de llevarle flores a su padre en el cementerio Jardines Montesacro. Desde una de las esquinas del Parque Bolívar Luz Helena vio una trenza. “Ve, esa es Diana”, pensó. Premisa que confirmó cuando vio la sudadera que llevaba puesta. Diana estaba con su novio. Luz Helena se acercó a ellos, escucharon juntos la retreta, una orquesta sinfónica que antaño tocaba en lugares públicos, y luego fueron a almorzar al café Versalles. Terminaron de almorzar, se despidieron, y Diana avisó que en la noche pasaría por la casa para despedirse: al otro día, bien de mañana, salía el vuelo hacia Apartadó.

Diana, recuerda Luz Helena, llegó a las siete de la noche, “muy bonita, bien puesta como ella siempre se mantenía. Era morena y alta, y con garbo. No es porque sea mi hermana, pero era muy linda. Mi hermana era muy linda de todo: de espíritu, de cuerpo, de alma, de sentimientos”. Hicieron chocolate, y compraron empanadas y parva para amenizar la despedida. La familia, casi toda, conversaba sentada en el comedor. Luz Helena aprovechó que Diana se alejó del banquete por un instante para salir de la duda:
–¿Diana, a vos te han amenazado en Apartadó? – le preguntó.
–No, a mí no me han amenazado. Pero estoy segura de que si me amenazan no me matan en Apartadó, me matan en otro lugar menos en Apartadó.

La cuestión quedó ahí. Diana había cumplido 34 años el 12 de febrero. Como le gustaban tanto las cachuchas, Luz Helena le regaló una boina roja. “Te queda bonita”, le dijo. “Mañana me la pondré, o sino esta semana”, le respondió Diana. La cuarta de los nueve hermanos empacó todos los detalles que le dieron, dio las gracias, y se despidió: “cuando llegue a Apartadó yo las llamo”, dijo.

Ese lunes 26 de febrero de 1990, el vuelo salía a las seis de la mañana. Siendo las cinco, hombres armados que aseguraron pertenecer al DAS, el organismo estatal que realizaba inteligencia y contrainteligencia en el país, llegaron al edificio donde vivía Diana. Le pareció raro que llegaran por ella tan temprano, avisó que no estaba lista, y terminó de arreglarse a las carreras. Diana abandonó el edificio con los sujetos. Minutos después llegaron al lugar los verdaderos escoltas.

A Diana la encontraron muerta en el puente de Argos, en el sector industrial de Guayabal. A las seis de la mañana ya estaba en la morgue. La Secretaria de Gobierno de Apartadó llamó a la familia, Diana no llegó a la reunión que tenían programada a las diez de la mañana. Los familiares comenzaron la búsqueda por todas las clínicas de la ciudad, hicieron varias llamadas, pero nadie daba razón de ella. A las cinco de la tarde recibieron una llamada del exesposo: había encontrado a Diana en la morgue.

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Los lineamientos políticos de la Unión Patriótica estaban resumidos en un documento de 21 puntos. Uno de sus mayores intereses era potenciar el carácter democrático de la nación eliminando el control electoral que estaba en manos de los dos partidos tradicionales, y fomentar la participación de la sociedad a través de consultas populares y referendos. También hacía parte de los mandatos políticos convocar una Asamblea Popular Constituyente; decretar un alza general de salarios; reducir los gastos militares y de la policía, de manera que no fueran superiores al presupuesto de los ministerios de salud, educación, ciencia y cultura, agricultura y obras públicas; nacionalizar la banca y las materias primas; aprobar una reforma agraria; entre otras deudas sociales que el aparataje político sigue teniendo con la nación.

El 28 de mayo de 1985, primer aniversario del acuerdo entre Belisario Betancur y las FARC, oficializaron en Bogotá la creación del partido. Ese año realizaron 572 eventos en todo el país, y en 209 municipios constituyeron 2229 organizaciones de base llamadas Juntas Patrióticas. La UP estaba conformada por las FARC, el Partido Comunista de Colombia –una de sus extremidades más importantes–, sectores independientes, organizaciones y líderes de todo el país provenientes de partidos tradicionales y fracciones de izquierda. La UP pretendía ser una propuesta política que invitara a la convergencia democrática.

Las presidenciales de 1986 fueron la primera prueba electoral. Jaime Pardo Leal, asesinado al año siguiente, fue el candidato en aquellas elecciones. 328.752 personas votaron por Pardo Leal, la mayor cantidad de votos que hasta el momento había obtenido una propuesta de izquierda en el país. En las elecciones de ese mismo año, las alianzas resultaron fundamentales para que la Unión Patriótica contara con nueve representantes a la Cámara y seis senadores. También fueron electos 24 alcaldes, y 325 concejales en 167 municipios.

El Centro Nacional de Memoria Histórica registró 1284 asesinatos y desapariciones de personas que tenían filiación con la UP, entre 1984, año del acuerdo, y 1988, año de las segundas elecciones a gobernaciones y alcaldías en las que participó el partido. Los gobiernos municipales encabezados por representantes de la Unión Patriótica se caracterizaron por ser administraciones que procuraron mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Se valieron de convites para paliar necesidades básicas de infraestructura que los recursos públicos no permitían solventar. Y las actividades o discusiones que antes se realizaban a puerta cerrada las hacían en lugares públicos.

Las agresiones nunca cesaron, pero los picos más altos de violencia contra la Unión Patriótica fueron los años de 1988, 1996 y 1997. El aumento de las acciones violentas fue directamente proporcional a la disminución del caudal electoral. 256 concejales en 115 municipios, 23 diputados en 14 departamentos, y 17 alcaldes de la UP resultaron electos en las elecciones de 1988, mientras que en las elecciones de 1990 solo fueron elegidos 9 concejales, 11 diputados, y 11 alcaldes. El patrón volvió a repetirse años después: mientras que en las elecciones de 1994 posicionaron 173 concejales en 87 municipios, 13 diputados en 10 departamentos, y 10 alcaldes, en 1997 solo fueron elegidos 49 concejales y 5 alcaldes.

Entre 1984 y 2002, año en el que la UP perdió la personería jurídica, el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó el asesinato o desaparición de 4153 integrantes de la Unión Patriótica. Lo que quiere decir que cada 33 horas, cada día y medio, hubo un muerto o un desaparecido. En total, 1229 personas que representaban a la UP fueron elegidas para ocupar cargos públicos, 227 de ellas fueron asesinadas o desaparecidas, es decir, una de cada cinco. Además, asesinaron 32 candidatos a concejos municipales, alcaldías, asambleas, y dos aspirantes a la presidencia.

Particularmente en Urabá –zona de la que hacen parte cuatro de los 40 municipios que concentran el 63,4% las víctimas de la UP–, la agresión estuvo motivada por una suma de factores económicos, sociales y militares. En la primera fase de violencia, que abarca desde 1986 hasta 1990, hubo una alianza entre la Fuerza Pública, empresarios bananeros y grupos paramilitares provenientes del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño. En la década siguiente, el aumento de los homicidios y desapariciones coincide con la llegada y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes declararon objetivo militar a cualquier miembro de la UP, según ellos por pertenecer a las FARC-EP, que, ante la falta de garantías, se retiraron de la UP en 1987 e hicieron un llamamiento para que sus miembros reintegraran los frentes militares.

El genocidio de la Unión Patriótica es una página singular, vergonzosa y tenebrosa del conflicto armado colombiano. Los avances en materia de justicia, verdad y reparación son insuficientes. Falta mucha parte de la historia por develar. Por eso, el 4 de marzo de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –uno de los tres organismos que integran el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR)–, abrió el caso 006, reconociendo, simbólicamente, que el genocidio de la Unión Patriótica exige atención especial.

El organismo también anunció que trece integrantes de la Fuerza Pública se habían acogido a la JEP por participar en casos de victimizaciones contra miembros de la UP; y que otros dos militares de alto rango, además de trece ex agentes del DAS, solicitaron acogerse por las mismas razones. En los informes que suministró la Fiscalía General de la Nación, la JEP encontró que había 863 procesos en investigación, 53 procesos en juicio, 246 sentencias y 67 casos declarados como crímenes de lesa humanidad.

Gracias a los informes de la Corporación Renacer, la JEP identificó que de 1984 a 1986 hubo mayor participación de los agentes del Estado en los hechos victimizantes. Mientras que de 1996 a 1998 se presentó un aumento significativo de las acciones conjuntas entre estructuras paramilitares y agentes de Estado. Para la JEP el genocidio de la Unión Patriótica resulta un caso primordial, entre otras razones, porque al parecer la persecución sistemática estuvo enmarcada en una operación anticomunista ejecutada por las Fuerzas Armadas.

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Fueron 34 crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica, entre ellos el de Diana Cardona, los declarados crímenes de lesa humanidad por la Corte Constitucional en 2014, pero para Luz Helena con eso no basta. La Comisión de la Verdad representa una oportunidad para que las víctimas puedan cerrar el ciclo de dolor e incertidumbre que con tanta dignidad llevan a cuestas todos los días. Esta entidad, que también hace parte del SIVJRNR, tiene la misión de ofrecerle al país una verdad histórica que esclarezca qué ocurrió, por qué ocurrió, y quién se benefició de lo ocurrido.

Para ello, la Comisión dividió el país en nueve macroregiones: Caribe e Insular, Pacífico, Surandina, Orinoquía y Amazonía, Nororiente, Magdalena Medio, Centro Andina, y Antioquia-Eje Cafetero. El año pasado, los 11 comisionados que hacen parte del organismo recorrieron el territorio para hacer pedagogía y entablar vínculos con procesos y organizaciones que tienen un acumulado en términos de memoria.

Este año se han inaugurado las 19 casas de la verdad. Espacios permanentes a los que cualquier colombiano podrá acudir para ofrecer su testimonio y aportar a la construcción de una memoria plural del conflicto armado. En Antioquia –departamento con el 17% de las víctimas registradas por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas–, se estipularon dos casas de la verdad: una en Apartadó, y otra en Medellín, que fue inaugurada el 10 de abril –el día que conocí a Luz Helena–.

–A mi hermana no me la van a devolver. A nosotros no nos van a devolver la tranquilidad. Nosotros no somos familia de rencores, pero sí quisiéramos saber la verdad. Aun siendo conscientes de lo que pasó y quién lo patrocinó, es bueno saberlo por boca de quien lo hizo.

Cuando vi a Luz Helena me pregunté durante cuántos años y a cuántos sitios habrá ido ese pendón con ella. Tal vez –porque quizás no–, ese pendón quedará guardado el día que conozca la verdadera verdad.

La joven abogada fue invitada en marzo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad en Ginebra, Suiza, por la asociación francesa Le Pont, organización no gubernamental defensora de Derechos ante el organismo internacional. Allí denunció a Iván Duque y su gobierno por hacerse los de la vista gorda ante la muerte sistemática de líderes sociales, la incierta implementación del acuerdo de paz y sus objeciones a la JEP.

María Camila Arias, nació en Armenia, Quindío. Es abogada de la Universidad La Gran Colombia y líder social juvenil. Junto a otros jóvenes construyó un Campamento por la Paz, y se plantaron en la Plaza de Bolívar de Armenia, capital del Quindío. Tiene 22 años y ha sido presidenta de la Plataforma Municipal de Juventudes de Armenia. Viajó a La Habana durante el proceso de renegociación del acuerdo de paz entre las Farc-Ep y el Gobierno nacional de Juan Manuel Santos. Además, asesoró la campaña política de Gustavo Petro. Durante los últimos dos años, María Camila Arias ha recibido varias amenazas de muerte.

Periferia: Usted estuvo en Ginebra, Suiza, exponiendo la situación de vulneración de Derechos Humanos en Colombia. Estando allí recibió una amenaza. ¿Qué fue lo que ocurrió?

María Camila: Me han amenazado en varias ocasiones. La primera fue en el 2016 durante el Campamento por la paz. La segunda se dio en el 2018, cuando un hombre en una moto abordó mi carro y sacó un arma de fuego; fue en son de advertencia. Tuve entonces que salir del país. Después sería en la ONU, cuando un funcionario de la embajada colombiana en Ginebra me dijo en repetidas ocasiones que ya me estaban esperando en Colombia, y se atrevió a preguntar cuándo era la fecha de mi regreso al país. He denunciado todas estas amenazas ante la ONU.

P: ¿Usted espera algún pronunciamiento por parte de la cancillería?

MC: Yo espero que este funcionario de la embajada colombiana sea sancionado y expulsado. Es una persona muy joven. Trabajó para el gobierno de Juan Manuel Santos e incluso trabajó en posconflicto con el alto consejero Rafael Pardo, y posteriormente fue enviado por el presidente Iván Duque a la ONU. Es preciso aclarar que él no es el embajador, pero sí tiene un alto cargo dentro de la embajada.

P: ¿Qué arrojó ese balance sobre la vulneración de derechos humanos que expuso en la ONU?

MC: Ese informe dice que el 59% de los asesinatos en Colombia se realizan en ámbitos comunitarios; y que el 66% de las razones por las que se asesinan personas en el país se debe a la oposición y denuncia de accionares criminales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa que aún no se han aprobado las disposiciones y garantías para la movilización y la protesta pacífica.

P: Usted ha puesto en juicio el respeto a los Derechos Humanos en el país. ¿De qué manera se puede velar por el cumplimiento real de estos?

MC: El cambio debe darse desde el Gobierno. Debemos empoderar a la comunidad, la gente debe reconocer cuál es la responsabilidad que tiene el Estado de velar por sus derechos. El ejemplo más reciente fue la Minga Indígena en el Cauca. Sin embargo, vimos cómo intentaron asesinarlos. Tiene que darse un cambio de Gobierno, porque este no es consciente de los derechos del pueblo y nos los respeta, así nos empoderemos no lo vamos a lograr.

P: ¿Qué le hizo creer que Petro era la respuesta al cambio?

MC: Yo apoyé la candidatura de Gustavo Petro porque creo que era la única persona que representaba un verdadero cambio. Aunque creo que todos los colombianos deberíamos salir de esa dicotomía de la derecha o la izquierda, eso ya no tiene ningún sentido. Todo se trata en últimas de las políticas de la vida versus las políticas de la muerte, desde ahí debe construirse. Por ello debemos elegir unos gobernantes que estén dispuestos a velar por el cuidado y respeto de la vida.

P: ¿Qué observaciones puede hacerle al Acuerdo de paz y su actual implementación?

MC: Estuve en el proceso de renegociación y en la ruta de implementación. Considero que fue el mejor acuerdo posible. Esa frase ha sido repetida por muchos, pero estoy convencida de eso, fue una lucha muy grande por parte de las víctimas, la sociedad civil, el Gobierno y las Farc. La implementación en este momento está por debajo del 20%, la reincorporación económica, por ejemplo, se había planteado a través de los subsidios de sostenimiento, correspondientes al 90% del salario mínimo. Este dinero a veces llega, otras veces no. Del otro lado están los proyectos productivos, la televisión muestra al país unos cuantos proyectos que no corresponden ni al 10% de la comunidad en proceso de transición y reincorporación. El temor de muchos, y mío, es que reincidan en la medida en que no encuentren otra alternativa de vida. Para la restitución de cultivos, el Gobierno pareciera que no conoce el campo colombiano. Los han tratado como criminales y los han perseguido. Muchos departamentos aún no tienen vías de acceso para sacar otra cosa que no sea coca, es una cuestión de supervivencia. Se debe combatir el narcotráfico.

P: Uno de los puntos que expuso en la ONU fue la JEP y las objeciones de Iván Duque. Tal parece que para muchos colombianos aún no está claro su objetivo. ¿Cuál es su objetivo e importancia?

MC: La JEP debe ser entendida como el órgano esencial y transversal del acuerdo de paz. No es un plan de justicia para las Farc, eso fue un mito que nos vendieron desde el Centro Democrático. Esta jurisdicción es para que se acojan todos los actores implicados en el conflicto: fuerzas armadas, políticos, empresarios. El principal compromiso es decir toda la verdad sin sesgos. Son más de 500 militares que ya se han acogido a la JEP. Hace más o menos dos meses el General Rito Alejo del Río, conocido por sus vínculos con el paramilitarismo, lo hizo. Hace dos semanas Salvatore Mancuso envió desde los Estados Unidos, donde se encuentra preso, una carta en la que manifiesta querer acogerse a la JEP. Necesitamos saber qué fue lo que pasó durante estos años de conflicto y cerrar este capítulo. Las objeciones que hizo el presidente Iván Duque fueron políticas y no jurídicas, es claro que intentaba cubrir una vez más a su jefe, y no operó en función de la reparación a las víctimas y al pueblo colombiano.

A mediados del siglo XX, el gobierno gaullista en Francia, en cabeza del general Charle de Gaulle, ejerció un control total de todos los medios de comunicación. Frente a esto, pequeñas irrupciones organizadas empezaron a construir mecanismos para descentralizar las fuentes de información y generar brotes de descontento y oposición. Radios, afiches, grafitis y comités por la libertad de expresión acompañaron la bola de nieve que luego conoceríamos como Mayo del 68.

La recordada revuelta de la primavera de mayo del 68 en Francia tuvo sus orígenes el 22 de marzo en la Universidad de Nanterre, en París. Estudiantes que protestaban contra la detención de seis militantes de un grupo antiimperialista forjaron un movimiento que continuó realizando diversas acciones, tras las cuales la Universidad fue cerrada. El descontento se generalizó y el 3 de mayo se realizó otro mitin en la Universidad de La Sorbona en el que la Fuerza Pública respondió con atropellos, generando una sublevación que duraría varias horas. A raíz de esto, sindicatos de la educación decretaron una huelga indefinida que generó más protestas, a las que luego se le sumarían razones como la oposición a la guerra de Vietnam y reivindicaciones de democracia estudiantil.

De esta manera, el lunes 6 de mayo se realizó otro mitin histórico en el que más de 10.000 estudiantes, obreros y desempleados estuvieron hasta la media noche en barricadas y enfrentamientos contra la Fuerza Pública. Aquel día empezaron a aparecer inscripciones con mensajes en los muros de las calles que contenían las revueltas. No eran mensajes del partido socialista o comunista, ni propaganda anarquista, eran deseos humanos: "Seamos realistas, pidamos lo imposible".

Grandes batallas campales se siguieron desarrollando en días posteriores, y los sindicatos y centrales obreras convocaron a huelga nacional para el 13 de mayo. Ese día, cerca de un millón de obreros desfilaron por las calles de París junto a maestros y estudiantes. Estos últimos decidieron ocupar nuevamente la Universidad de La Sorbona, y de forma imprevisible ocurrió que los universitarios abrieron las puertas para que los obreros también participaran de la ocupación. Empezaron a aparecer inscripciones, carteles y consignas en las paredes de La Sorbona y de la ciudad que tendrían una amplia resonancia.

A partir del 17 de mayo tuvo lugar otra huelga general e indefinida a nivel nacional, a la que se sumaron más de nueve millones de manifestantes, y que paralizó todo el país. En solo una semana millones de personas se sumaron y el descontento tomó forma en buscar romper los condicionantes de la vida funcional y de las manipulaciones ideológicas y mediáticas. Era un ambiente festivo, de accionar el sentir y sin roles jerárquicos, más que de apuestas estratégicas. Los desconocidos se saludaban y se encontraban en la acción, se respiraba libertad y revuelta. Esto desató una ola de creatividad política y de sentires nuevos que se reflejaron en los grafitis, volantes, radios, canciones, y talleres para la creación de estas piezas.

Mayo del 68, como diría Patricia Badenes, “representa el único y último momento en el que una sociedad, casi por completo, detuvo la maquinaria de su vida cotidiana, salió a la calle y liberó la palabra que llevaba prisionera en su seno”. Tanta fue la magia de esta corta irrupción que hasta un ente gubernamental del gaullismo como Claude Mauriac afirmó años después: “Lo que era fabuloso, en mayo, era la atmósfera, el aire. Aquéllos que no lo han conocido no lo pueden comprender, y siempre les faltará haber vivido esta experiencia”. El buen clima de aquella primavera hizo de las calles el lugar común para la discusión, la acción y la intervención de un sin número de piezas, que representaron un caso excepcional debido a su masividad, creatividad y carga transgresiva. Badenes dice que se contabilizaron más de quinientos carteles y cuatrocientos grafitis diferentes en esta revuelta.

Antes de que las protestas en Francia estallaran, la Secretaría de Estado para la Información había creado el Servicio de Enlace Interministerial para la Información. Desde allí se reunían diferentes funcionarios ministeriales con dirigentes de radios, periódicos y canales de televisión para coordinar la información audiovisual antes de ser emitida. Era una sociedad donde el 70% de los hogares tenía televisor, y Charles de Gaulle leyó bien el inmenso poder que en ese contexto tenían los medios de comunicación para transmitir mensajes que secundaran su proyecto político. Por eso, el ejercicio de contra información fue exitoso frente a la realidad comunicada por los medios de información oficiales, controlados por el Gobierno.

El epicentro de esta efervescencia contra informativa fue el taller Branchon de la Escuela de Bellas Artes, que luego sería bautizado Atelier populaire (Taller popular). Este taller tuvo su origen cuando un gran conglomerado de artistas que hacían presencia en las discusiones de La Sorbona decidió empezar a actuar, ideando y creando las piezas gráficas que serían la insignia del Mayo del 68. Allí se construyó lo que sería el valor agregado más importante de esta revuelta: su propuesta estética y simbólica. Por primera vez en una revuelta revolucionaria no predominaban panfletos partidistas, de movimientos o centrales obreras, sino que el arte mismo era el motor de las ideas que quedaban plasmadas en los muros. La fuente de información no era el comunicado del partido, sino el afiche y el grafiti anónimo en la calle.

Los afiches eran producidos con técnicas de litografía y serigrafía. El taller funcionaba toda la noche y a primera hora de la mañana grupos bien organizados llenaban de carteles toda la ciudad. Tanta fue la acogida de esta propuesta que se creó un manual de serigrafía para descentralizar la producción de estas piezas, así surgieron “talleres populares” por todo París y Francia. La mayoría de estos carteles eran sencillas combinaciones de texto e imagen, porque como diría Patricia Bedenes: “las mezclas resultaban complejas, porque la urgencia revolucionaria exigía ser práctico”. Mensajes contra la policía antidisturbios o Charles de Gaulle, y palabras de ánimo a la lucha eran las piezas más recurrentes.

La efervescencia se diluyó poco a poco, y el 25 de mayo las centrales obreras llamaron a terminar todas las protestas y huelgas, proponiendo negociar reformas en el marco de derechos laborales y económicos de los trabajadores. El Gobierno también repitió el llamado el 30 de mayo, y propuso dos caminos: la represión o las elecciones legislativas. Los líderes sindicales optaron por las elecciones y la salida negociada, lo que representó la pérdida de fuerza de todo el movimiento. Así, para mediados de junio todos los sectores habían negociado, o sus protestas habían sido reprimidas.

Mayo del 68 no cambió ni el poder ni el sistema, pero marcó un hito en la resignificación de la práctica revolucionaria, con una inmersión estética y sensitiva que hoy es imprescindible en las luchas y procesos contra informativos y revolucionarios. Frases como "La imaginación al poder", "Bajo los adoquines está la playa", "Haz el amor y no la guerra", "La belleza está en la calle", "Seamos realistas, pidamos lo imposible", todavía retumban y suenan en reivindicaciones actuales

 

El país avanza cuando para

Con piedras, palos y llantas la vía quedó taponada en instantes. Habían transcurrido ya cinco días desde que las comunidades campesinas de Norte de Santander iniciaran una movilización desde La Gabarra, corregimiento de Tibú, hacia Cúcuta, en el marco del Paro Nacional, exigiendo atención del Gobierno departamental para resolver sus necesidades. Los llamados, sin embargo, eran infructuosos, y por el contrario recibían cada vez más militarización y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública.

Ese 28 de abril, la única salida que parecían tener era bloquear y defenderse del tratamiento militar que en Colombia acostumbra recibir cualquier protesta social. Por eso, neumáticos se convirtieron en chalecos, y las señales de tránsito que decían 30, PELIGRO y CURVA PELIGROSA, fueron utilizadas como escudos.

El gobernador de Norte de Santander no demoró en llegar al punto de concentración, y luego de una hora y media de diálogo con los voceros, las partes se comprometieron a instalar formalmente una mesa de negociación que iniciaría al día siguiente. Cesar la militarización en el territorio, tener garantías para construir la paz en condiciones de vida digna, y exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores, eran algunos de sus principales reclamos. Con la instalación de esta mesa culminó la protesta en la que participaron alrededor de 1300 personas de la región del Catatumbo.

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Eran días de movilización en todo el territorio nacional, la Minga del Suroccidente dejó encendidos los motores. Mientras la protesta ocurría en el Norte de Santander, relativamente cerca –si se mira en el mapa– otros 1500 campesinos del Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño se movilizaban sobre la Ruta del Sol, en el punto La Lizama, departamento de Santander.

Estos se sumaron al paro desde el 24 de abril, agobiados por la falta de garantías para habitar su territorio, la estigmatización y persecución hacia toda forma organizativa y la criminalización de la pequeña minería, principal fuente de sustento. Allí, con bloqueos parciales y jornadas pedagógicas bajo el sol inclemente, buscaron hacerles entender a quienes transitaban la vía el por qué se habían concentrado en este punto.

Igual sucedía hacia el Oriente del país, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del departamento de Arauca iniciaron movilizaciones desde el 22 de abril sobre la entrada a los complejos petroleros de Caño Limón, Caricare, Corocito y Banadías, los cuales significan para los habitantes de esta región su mayor amenaza por el deterioro ambiental y social que generan.

Y desde este llano hasta las selvas chocoanas, al occidente del país, se sintieron también las protestas. Resguardos indígenas y comunidades negras del Medio San Juan y del Tamaná salieron a movilizarse sobre las vías Quibdó–Pereira y Quibdó–Medellín, pidiendo educación, vías e infraestructura, vivienda, saneamiento básico, salud, soberanía alimentaria, garantías para las guardias interétnicas e inversión para las comunidades. Luego de varios días de bloqueo, también lograron interlocutar con las autoridades locales buscando resolver sus demandas.

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Un tejido de protestas e indignación se fue formando en todo el país. El 25 de abril una sola voz se escuchó en los territorios rurales, urbanos y populares que por cientos de años han sido excluidos de los centros de poder políticos y económicos. El Caribe, Pasto, Buenaventura y Puerto Carreño fueron algunos de esos lugares periféricos que, junto a otros casi 20 puntos, salieron a marchar ese día. Aunque en algunas regiones las comunidades tenían reivindicaciones puntuales, sus motivaciones eran políticas.

Por eso, el 25 de abril las comunidades mostraron su descontento con el Plan Nacional de Desarrollo, por priorizar al sector minero-energético (con una inversión de 122,5 billones) sobre el agro (con 21 billones de inversión), y de paso desconocer al campesinado; por recortar derechos sociales, como el caso de la salud y las pensiones; por contener implícitamente una reforma laboral y pensional nociva para los trabajadores colombianos; y por el enfoque y tratamiento que le da a la paz, dado que desconoce el conflicto armado, y anula en el plan de inversiones la implementación de los Acuerdos de Paz.

También, durante las protestas, las comunidades exigieron reactivar la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN; rechazaron el creciente asesinato y judicialización hacia los líderes sociales; y exigieron el cumplimiento de los acuerdos pactados. Crear un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia; incluir en el censo del DANE la categoría campesinado como primer paso para esto; realizar una consulta sobre la reforma a la ley 160; establecer el principio de anualidad para la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; financiar completamente el Diálogo Nacional Minero-energético; y crear una comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos son, por ejemplo, algunas de las deudas que el Gobierno nacional tiene con los movimientos campesinos y populares desde hace años.

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El pasado 2 de mayo, a pupitrazo, el Senado de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo contra el que masivamente protestaron las comunidades, y que trae consigo el fracking, la desfinanciación para el agro y la destrucción de las pensiones, entre otros puntos no menos lesivos. Eso significa, por ahora, que las comunidades y sectores sociales no se quedarán quietos. En Bucaramanga los defensores del páramo de Santurban continuaron la movilización rechazando la minería de oro sobre este ecosistema estratégico para el país. También los transportadores y cafeteros ya anunciaron movilizaciones para mayo y junio. Por lo menos, en la historia quedará esta constancia.

Vivos y libres los queremos

Fueron días intensos. Días alargados que empezaban muy temprano y que quizás para algunos no acaben de terminar nunca. Fue uno de esos sucesos históricos que la desmemoria, el vértigo y la indolencia colombiana son capaces de convertir en una anécdota más, una anécdota menos.

Más de 1000 lideresas y defensores de derechos humanos del norte, del sur, del oriente y del occidente del país viajaron hasta Bogotá para participar del Refugio Humanitario por la Vida. Los corazones de quienes mantienen vivos los territorios y las comunidades olvidadas por el Estado latieron con más fuerza entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Salir de los territorios es un peligro, regresar también. Por eso viajaron hasta la capital con la esperanza de que el simbolismo instara al Gobierno a implementar medidas que acaben con el peligro de encontrarse una bala o una orden de captura en el camino.

Más de 600 líderes y lideresas fueron asesinados entre el 2016 y el 2019. Durante el gobierno de Iván Duque hemos perdido a 147, y el 90% de estos asesinatos siguen impunes. Los asesinatos son la cara más visible de la crisis humanitaria que vive Colombia. La muerte resulta insoslayable, pero perder la libertad es otra forma de morir, más indigna, más tortuosa, más arbitraria. La judicialización de los liderazgos además de infundir miedo y decapitar los procesos, pretende que la sociedad satanice las justas causas. La mayoría de asesinatos son cometidos por grupos al margen de la ley, mientras que la judicialización es una manera legal de institucionalizar la violencia contra el movimiento social.

Uno de los casos más emblemáticos del Refugio Humanitario que personificó la persecución judicial contra los liderazgos sociales fue el de José Murillo, detenido en el 2003 por culpa de un montaje judicial enmarcado en la modalidad de las capturas masivas ejecutadas por la Fiscalía, que cumplía órdenes del gobierno de Álvaro Uribe, quien por ese entonces implementaba las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Murillo sería liberado en el 2006.

–Yo nací el 1 de abril de 1977, en la cuna de una familia humilde, pobre, trabajadora, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca (…) Gracias a la crianza, a los principios y valores que mis padres me inculcaron desde muy pequeño, he podido tener una sensibilidad social y estar comprometido con las causas de los más necesitados, eso llevó a que en la secundaria ejerciera un liderazgo en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)– relata José Murillo.

Del liderazgo estudiantil y la juntanza con otros estudiantes de Arauca, surgió en 1997 la Asociación Juvenil Estudiantil Regional (Asojer). Años después, Murillo puso su empeñó en defender los derechos humanos en el Centro Oriente colombiano a través de la Fundación Joel Sierra. Una vez liberado continuó articulado al movimiento social, y retomó el liderazgo que las comunidades campesinas le habían delegado. Desde entonces participa en escenarios de interlocución con el Gobierno y compañías transnacionales, siempre reclamado el cumplimiento de la deuda histórica, social, ecológica y humanitaria que han tenido con las comunidades afectadas por megaproyectos minero energéticos. En el 2014 fomentó la participación en el gran paro nacional agrario, del cual surgió el Decreto 870 que creó de manera legal a la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

La región Centro Oriente que con valentía ha defendido y dignificado Murillo –conformada por Arauca, Casanare, Meta, y Boyacá– es víctima del despojo, la miseria, y los daños ambientales provocados por la lujuria extractiva de las multinacionales que, gracias al beneplácito del Estado, explotan petróleo, madera, oro, plata, entre otros bienes naturales en los diferentes departamentos. Ni los gobiernos neoliberales, ni las empresas que fundamentan este modelo, la han tenido fácil. El Centro Oriente cuenta con una tradicional herencia organizativa y comunitaria que tonifica la identidad y anima a defender el territorio, aunque sea necesario dar la vida misma para preservarla.

El arraigo no tiene precio, y eso, argumenta Murillo, ha traído una ola de violencia estatal a la región: “El gobierno utiliza varias técnicas: amenazar a los dirigentes y sus organizaciones; la técnica de matarlos a través de sus fuerzas militares y pasarlos como guerrilleros; la técnica de acciones de guerra sucia para achacárselas a agentes externos del Estado, que en últimas es el mismo Estado; también la técnica de elaborar burdos montajes judiciales para detener y tener tras las rejas, tres, cuatro, cinco años a los dirigentes del movimiento social. Lo que hay en el fondo no es contra una persona en específico, sino que apunta a exterminar al movimiento social, apunta a callarle la voz a las comunidades, a dejar sin representación, sin vocerías a las comunidades organizadas en el movimiento social”.

Los gobiernos que nos han gobernado pueden ser ágiles, diligentes e implacables cuando de acallar al que piensa diferente se trata. Que el desgobierno de turno tenga en la mira a Murillo no es algo nuevo, es más de lo mismo. Desde hace varios meses organismos del Estado lo han seguido, lo han estigmatizado, lo han grabado y fotografiado; han intentado recoger la información útil y necesaria para preparar otro montaje judicial en su contra.

–A pesar de lo cruda o dura que pueda ser la cárcel o la muerte, por encima de la muerte y de la cárcel hay un valor supremo que es la dignidad de un pueblo, que es la justeza de nuestras luchas. A pesar de que nos maten, a pesar de que nos asesinen, desaparezcan, encarcelen y hagan lo que acostumbran a hacer, debemos sostenernos, no claudiquemos, no renunciemos, no desfallezcamos. Podrán arrebatarnos la vida, podrán arrebatarnos la libertad, podrán arrebatarnos lo que quieran, pero jamás podrán arrebatarnos la dignidad de un pueblo, eso es invaluable, eso es incontable, eso no tiene precio, y como tiene un valor para nosotros como pueblo, pues lo defendemos hasta con la vida misma–, asegura Murillo convencido.

Son incómodas las terquedades que no tienen precio. Más incómodos aún los tercos que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. En el marco del Refugio Humanitario por la Vida, los corazones congregados en Bogotá realizaron un plantón al frente de la sede de la Fiscalía General de la Nación en rechazo a la estigmatización institucional y las masacres judiciales. Ni el Fiscal, ni sus subalternos, le dieron la cara a los y las que preguntaban por qué los encarcelaban si ser líder social no es un delito.

“Señor Fiscal aquí estoy en sus puertas (…) No nos van a detener las mazmorras del régimen, no nos van asustar con eso, y no nos van asustar con las balas asesinas. Un pueblo digno así sea en el lecho de la muerte, si tiene dignidad, no es derrotado”, dijo Murillo, bajo el sol lacerante capitalino, al pie de las instalaciones de la Fiscalía cercada con vallas y protegida por un cordón policial. Al terminar la intervención Murillo ingresó al edificio. Si la institución tenía en sus despachos alguna orden de captura o algún proceso en su contra, él venía a entregarse voluntariamente. Horas después, salió por la misma puerta que había ingresado.

“Dicen lo mismo que respondieron al derecho de petición del 11 de marzo: que en mi contra no aparece ninguna investigación, ni como indiciado, ni como imputado”, anunció Murillo, con la frente en alto, y seguro de que tal respuesta no lo libraba de una futura captura, o un asesinato.

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Durante el refugio, los más de 1000 líderes y lideresas también visitaron las embajadas de España, Francia y Alemania. A diferencia del Fiscal, los diplomáticos abrieron las puertas de las embajadas para que los voceros de los diferentes procesos pudieran denunciar con mayor detalle las problemáticas particulares que componen la crisis humanitaria. Mientras que en la audiencia pública realizada en el Congreso de la Republica, exigieron mecanismos integrales de protección y demostraron por qué resultan insuficientes las medidas implementadas hasta el momento. El refugio sirvió además para reafirmar que las calles y la movilización seguirán siendo la trinchera desde donde el movimiento social y los sectores alternativos recuperarán lo que históricamente les han robado en los despachos de la Casa de Nariño.

En estas páginas convergen el periodismo y una postura política ante la realidad de nuestro país. Se necesitan y se justifican la una con la otra. Estuvimos en el refugio escuchando y acompañando a quienes emprenden esas luchas que no son pagas, a quienes hacen lo que hacen por la dignidad sus comunidades, la dignidad del ser humano y de la naturaleza, esos cuyo mayor anhelo es que las comunidades puedan vivir en sus territorios, y puedan cumplir sus sueños, sus planes de vida, en los territorios que les pertenecen.

Volvimos a encontrarnos con esas mujeres y esos hombres que conocimos recorriendo la periferia de este vertiginoso país. Con esas historias que en estas páginas hemos plasmado, y que nos han llenado de ilusión, y también de rabia y desesperanza. Nos emociona volvernos a encontrar con el calor de su abrazo y su sonrisa. Nos frustra que sus angustias y sus dolores de cabeza –meses o años después– sigan siendo los mismos. Pero nos reconforta –y nos dan razones para seguir imprimiendo mes a mes este periódico– esa convicción y esa fuerza que continúan intactas.

Mirando a los ojos a Lars Bredal, jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea, nuestro director dijo: “Nosotros somos los que le damos la riqueza a este país. Este país nos pertenece. El gobierno tiene que entender que aquí estamos los que queremos el país, no los que se lo roban. Por eso tenemos derecho a vivir y a estar en libertad”.

A nuestros hombres y mujeres más necesarios los queremos vivos y libres. Si los asesinan o los encarcelan: asesinan y encarcelan el futuro –y el porvenir– de este marchito país.

Fue la angustia la que llevó a los defensores y defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones sociales, populares y de algunas ONG a pensar en una acción política, una iniciativa de gran envergadura, que mostrara la magnitud de la tragedia que deja el genocidio de los que luchan por defender la vida, la libertad y dignidad en los territorios.

Al llamado acudieron miles desde Cauca, Chocó, Valle, Nariño, Arauca, Bolívar, Norte y Sur de Santander, Cundinamarca, Casanare, Meta, Putumayo, Atlántico y Magdalena, entre otros. Dejaron temerosos sus parcelas para apostarle al Refugio Humanitario por la Vida, una forma de protestar desde sus corazones buscando conmover a todo aquel o aquella que aún tiene en su pecho un corazón latiendo. Su objetivo era llamar la atención de una sociedad que ve los toros desde la barrera sin percatarse de su crisis humanitaria, y dar cuenta del genocidio que desde el primero de enero de 2016 y hasta hoy le ha costado la vida a más de 620 de sus hermanos y hermanas, y la libertad a otros cientos.

Llegaron a Bogotá en caravanas desde muy temprano el día 28 de abril. Y aunque la cita era para resistir a la muerte, las sonrisas reflejadas en sus rostros retaban con humildad la adversidad que cargaban en sus maletas llenas de dolor, sacrificio y pesar ante la pérdida de sus líderes, aquellos que habían dejado enterrados, amenazados, o tras las rejas de una mazmorra inhumana de esas que solo abren sus puertas a los pobres y se mantienen cerradas para los criminales de cuello blanco.

Fue una protesta digna, no era para llorar y pedir compasión al Gobierno, era para mirar a los ojos de la sociedad que los ignora y mostrarle su valor y compromiso con la vida, y con el país. También para exigir a las instancias nacionales e internacionales su obligación ética y legal de garantizar sus derechos humanos y decirle al mundo entero que en Colombia no hay autoridades que puedan y quieran detener el asesinato sistemático y selectivo de líderes y lideresas; para denunciar que incluso los miembros de la fuerza pública asesinan con alevosía a quienes le apostaron a la paz.

Una semana antes de instalar el Refugio Humanitario por la vida de líderes y lideresas, el 22 de abril, en Convención Norte de Santander el Ejército le quitó la vida a Dimar Torres, un excombatiente de las Farc, sin razón alguna. El hecho fue descubierto y enfrentado por la comunidad que pudo confirmar el homicidio y detener la consumación de un falso positivo. El cuerpo de Dimar, visiblemente torturado, iba a ser enterrado en una fosa que acababan de abrir los uniformados, pero lo peor de todo fue que el Ministro de Defensa, quien representa al más alto Gobierno, no solo justificó el asesinato, sino que trató de evadir la responsabilidad de la tropa inventando versiones que dejaban en el ambiente que todo había sido un accidente. A pesar de que los propios generales de división responsables de esas tropas reconocieron el grave crimen y pidieron perdón, hoy el ministro Botero permanece campante en su cargo y el presidente Duque guarda silencio.

Y en Nariño, el 28 de abril fue asesinado por desconocidos Marco Agrada, otro líder social integrante de la JAC de Leiva, que se disponía a participar en el Refugio Humanitario de Bogotá. Lo mataron antes de viajar. Tal vez los asesinatos viles de Dimar y de Marco son una respuesta cínica y despiadada del Estado y de los sicarios a la protesta, o simplemente un mensaje cruel a la humanidad que clama justicia.

Sin embargo, el Refugio cumplió sus objetivos, millones en Colombia y el mundo siguieron a través de los medios la valiente y digna jornada que contenía un programa de cinco días con acciones culturales, políticas, movilizaciones, audiencia en el Congreso de la República y visitas a embajadas y a la Unión Europea para pedir masivamente medidas de protección internacional, algo que jamás había ocurrido en Colombia, a pesar de los miles que han abandonado el país para proteger su vida.

Las tamboras de los pueblos negros retumbaron con más fuerza, los bastones de los pueblos indígenas se hincaron más alto, las banderas campesinas hondearon con orgullo, los cánticos de los jóvenes y los estudiantes se escucharon con más brillo, y las consignas dignas de las mujeres tuvieron mayor nitidez. Se escucharon en medio de las conversas cotidianas, a la hora de descanso dentro del Refugio, las valoraciones espirituales y filosóficas de algunos que compararon el refugio con el útero: “es la vida, aquí juntos y juntas apoyándonos entre todos y todas se siente uno más protegido como cuando uno está en el vientre de la madre”.

Protegernos y autoprotegernos, cuidarnos mutuamente, formar más guardias indígenas, cimarronas y campesinos para defender el territorio y la vida, construir refugios humanitarios territoriales para que los líderes y lideresas amenazadas o perseguidas puedan guarecerse allí, exigir al Gobierno la reinstalación de las mesas de garantías y otras instancias preventivas que eviten que el genocidio continúe, y adelantar asambleas humanitarias para hacer realidad todas estas ideas en los territorios. Al final, eso fue lo que discutieron y aprobaron los líderes y las lideresas que sesionaron durante un día completo en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.

Apenas estaban llegando a sus territorios los pueblos afros, agotados por las exigentes jornadas del Refugio, no se acababan de acomodar y deshacer de sus maletas, cuando recibieron en medio de su territorio, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, la terrible noticia del atentado con fusil y granadas que casi le cuesta la vida a sus mejores mujeres y hombres. Allí Francia Márquez y un puñado de sus compañeros y compañeras vieron de cerca a la muerte, palparon el desprecio que en Colombia se tiene por la vida. Sin embargo, el mismo cinco de mayo, día del atentado, desde muchos rincones del mundo y de Colombia se escucharon voces y mensajes repudiando el hecho, avivando la lucha y el valor del pueblo afro, haciéndoles entender que no están solos y solas. Hay que juntar a las colombianas y colombianos, al planeta entero si es necesario, en una sola voz, en un solo corazón para que entre todos y todas impidamos, sin más reparos, que se riegue más sangre de los perseguidores de sueños y utopías.

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