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Querido Cocorná: de aguas cristalinas que rebosan desenfrenadas por imponentes cascadas formando a su paso charcos fríos, torrentosos, serenos. Ríos trasparentes cuyas aguas desafiantes chocan contra las piedras exigiendo libertad y respeto. No aniquilen las venas de la vida, no asfixien el pulmón airoso que quieren acabar ingenieros y empresarios enemigos de la vida, ensimismados por el valor del peso, por la injuria camuflada en sus cascos amarillos y blancos, por la falsa sabiduría plasmada en sus planos y libretas, engañando territorios con sus efímeras palabras y deslegitimando las prácticas y sabidurías ancestrales. A ellos, les ruego parar con la avaricia que capta ríos para convertirlos en energía, fomentando la sequedad de los ecosistemas. Mientras a los gobernantes de mi pueblo, pido voluntad para prohibir estos proyectos.

Los silencios de la madre tierra

En la vereda La Aurora, el acento de María Irene Ciro se quebranta cuando le hablan del charco El Ocho, convertido en lo que hoy se conoce como la PCH –pequeña central hidroeléctrica– El Popal, ubicada a ocho kilómetros del casco urbano de Cocorná. Ella jamás pensó vivir entre silencios. Recuerda cuando iba al charco a sumergirse con sus hermanos varias horas, para luego, quemados por el sol, finalizar vendiendo sancocho a los complacidos turistas. Esos largos silencios en el ambiente son ahora secuelas profundas porque les prometieron un futuro mucho mejor. “Llegaron prometiendo verdades de toda clase. Nos convencieron de que el progreso va de la mano de los bienes materiales, mejor dicho, nos endulzaron por completo. No nos cambiábamos por nada del mundo. No sabíamos que trabajar con ellos podía ser la oportunidad de abandonar nuestra esencia: la tierra”.

Así fue como el sonido de los machetes perdió su fuerza y su eco. Algunos campesinos prefirieron abrocharse el casco que decía HMV Ingenieros, en lugar de afilar el machete, que no tiene distinciones ni intereses de por medio. Claro está, con el machete se puede cultivar el alimento, y con el agua se puede vivir y comer; mientras que ni la energía ni la plata se pueden comer. Pero la empresa se negó a entender esa noción del habitar.

HMV Ingenieros, la empresa que construyó El Popal, llegó al territorio cuando el conflicto armado había perpetrado en la población un sinnúmero de acciones. Los habitantes apenas estaban regresando, muchos de ellos sin sus seres queridos. El desplazamiento que padeció Cocorná dejó al 95% de la población afectada. La cifra de Cocorná en esta categoría de violencia está entre las tres más altas del Oriente antioqueño. Así lo sostuvo un Informe del Centro Académico Andino para la investigación de Ciencias Sociales, el cual registró 19.732 personas desplazadas entre 1995 y 2005. La llegada de la constructora significó una nueva modalidad de desplazamiento en tiempos de paz donde no se utilizaban las armas ni el secuestro, sino el engaño y la promesa.

En agosto del 2011, las montañas tupidas gritaban ante las heridas causadas por el hombre avaro, amo de su tierra, víctima de una ingenuidad que lo hizo cómplice de sí mismo. Ya no eran los machetes y los azadones, sino las retroexcavadoras y las volquetas. El agua se manchaba de ocre intenso, los bosques eran víctimas de la tala de árboles. El silencio susurraba que algo malo iba a pasar sobre el cauce del charco.

El hilo de la vida

Hasta hace diez años, los extensos cañaduzales se esparcían a lo largo y ancho de las riberas del río. Fácilmente los viernes y sábados, desde la carretera polvorienta, se veía cómo descendía el campesino detrás de su caballo cargado con pacas de panela, ambos derramando gotas de sudor en el camino de herradura.

Ahora, diez años después, todavía hay cañaduzales, pero no predominan como antes. Desde la autopista Medellín-Bogotá se detalla La Aurora como una vereda conquistada por el “desarrollo”. La primera colonización llegó en los años ochenta con la creación del corredor vial que conecta a Bogotá y Medellín. La segunda, con la llegada de un nuevo desarrollo económico donde las empresas aprovecharon el ímpetu del agua para la producción de energía eléctrica, desdibujando la cultura campesina, y la identidad ancestral, provocando la descampesinización y la pérdida del arraigo.

El hilo delgado que abastece El Popal es el río Cocorná. El cual desemboca al río Calderas, luego al río Samaná Norte y finalmente al cinturón del río Magdalena. ¿Quiénes saben el futuro de nuestros ríos y nuestros pueblos? ¿Acaso no basta con que el 30% de la energía que consume el país la produzca nuestra región? ¿Tan ambiciosos se creen, que piensan convertir el río Cocorná en una cadena miserable de cuatro microcentrales? ¿Nos estarán matando lentamente y no nos hemos dado cuenta? Hasta cuándo…

En el tramo donde se juntan el río Cocorná con el río Calderas, la corriente ya no baja impetuosa, imponente y natural como cuando el muro no existía y la desviación del río la ocasionaba únicamente una creciente o borrasca. Así, el muro de la muerte permitió forzar el agua desviándola por un túnel, pues HMV Ingenieros tenía permiso de la Corporación Ambiental Cornare para utilizar el 75% del caudal, aunque tan solo represar el 25% perjudicaría la esencia de El Ocho. “Llegamos a ver hasta 10 buses completamente llenos de turistas –interrumpe Irene– para gozar de nuestros ríos y montar un sancocho en leña, pero mire cómo está esto”.

No hace falta preguntarle a María Irene por el turismo. Es una inquietud que se responde con solo bajar al sector conocido como El Ocho y comparar el panorama de hoy con lo que sucedía antes de la construcción de la PCH El Popal, una microcental que produce 19,8 megavatios de energía. Es posible ver con ojos propios la soledad causada por foráneos contratados por empresas “poderosas”, cuya intención consiste en calcular ganancias, ignorando los bienes innegociables: el río, la naturaleza, los animales, la historia.

–¿Sabías que aguas arriba piensan hacer cuatro hidroeléctricas sobre el río Cocorná? –le pregunto a Irene.
–¿Eso cómo será entonces? Ojalá las que piensan desarrollar no las nombren como minis o pequeñas hidroeléctricas, porque así es como embolatan a los campesinos, quieren reducir el impacto cambiándonos la mentalidad.

Ojalá los proyectos que piensan hacer no se hagan. Ojalá las futuras generaciones vivan en el campo y no se marchen a las ciudades. Ojalá el mismo pueblo escriba el presente y el futuro aprendiendo del pasado. Ojalá los foráneos sean quienes disfruten de las riquezas y no quienes las destruyan. Ojalá nos llenemos de argumentos para decir contundentemente: Ni una más en el río Cocorná, ni una más en los ríos de Colombia; ¡Que la historia de las hidroeléctricas no se repita, carajo!

Luego de haber dado un recorrido por la historia global de los mercados agroecológicos, pasando por el Tianguis de México, con el que asentamientos indígenas conservaron los saberes ancestrales del cultivo de la tierra (Edición 148), hablaremos del transcurso histórico que ha tenido la agroecología en el contexto latinoamericano con al
La invasión española que se propagó por Centroamérica y parte de Suramérica generó cambios en las culturas, y utilizó la fuerza para someter a los habitantes de estas tierras a los sistemas de producción que traían desde Europa, ignorando completamente la cosmovisión de las comunidades indígenas de Mesoamérica, los Andes y el trópico húmedo que constituyen las raíces de la agroecología en América Latina.

A la par que los invasores españoles instauraban su régimen, los nativos americanos resistían a su exterminio realizando mercados-tianguis en distintos lugares, con lo que hicieron posible mantener viva la tradición, las costumbres y la forma de comercio de una comunidad indígena que representaba toda una legión americana. Varios siglos pasaron para que se empezara a consolidar una forma de protejer el territorio de la explotación, teniendo para ello bases ideológicas y en ocasiones hasta usando la fuerza.

En 1940, los mexicanos fueron los primeros abanderados de la causa frente a la Revolución Verde y la industrialización que la Fundación Rockefeller intentó instaurar en ese momento, y con la cual quería postularse como la mejor alternativa de “progreso”, como supuesto desarrollo del país. Todos estos acontecimientos generaron una revolución social y se empezó a marcar el camino de resistencia a la homogenización tecnológica, es decir, a volvernos todos iguales sin importar las condiciones geográficas, ni climáticas, ni culturales. Apareció la imposición de intereses privados y corporativos del exterior del continente con planes de números y cifras frías, sin tener en cuenta la sociedad, pero aun así existieron movimientos que se fortalecieron con el ejemplo de México y su empeño por consevar y rescatar las prácticas de la agroecología en su totalidad.

A pesar de eso, desde esos tiempos los sistemas hegemónicos han querido inculcar el mito de que la agroecología puede convivir con la agricultura convencional que utiliza agroquímicos. Sin embargo, la agroecología está basada en un conjunto de conocimientos y técnicas que tienen su origen en las comunidades campesinas y en sus modos de experimentación, dichos conocimientos son tan ricos y diversos como lo son los paisajes, los grupos étnicos y culturales de América Latina y poco o nada tienen que ver con los sistemas modernos de producción.

En Venezuela, por ejemplo, a finales de los años 40 incrementaron los índices de abandono del campo por parte de los campesinos, a causa de las políticas gubernamentales de modernización y centralización que provocaron el desplazamiento inminente de estos a las ciudades. La influencia de la renta petrolera distorsionó la política agraria del país, y puso en peligro la seguridad alimentaria de los venezolanos a cambio de las regalías que dejaba el petróleo.

Afortunadamente la agroecología en Venezuela tiene mucha fuerza académica e institucional y es ampliamente aceptada por los movimientos sociales urbanos y rurales. No obstante, las tensiones con el fantasma de la renta petrolera y las ideas de desarrollo tecnológico importado aún siguen siendo parte de las políticas públicas del modelo agroalimentario nacional, algo que significa un reto todavía vivo para los grupos que luchan por una agricultura sustentable y una soberanía alimentaria.

En el caso de Bolivia, la agroecología tuvo su origen con la práctica ancestral indígena de tierras altas y bajas, la cual se basa en el aprovechamiento de las relaciones ecológicas en armonía con la estructura socio-cultural comunitaria, que es el ideario de las tribus nativas de América.

Lo que más tiempo lleva en estos procesos es la legalización y legitimación social que en Bolivia, por ejemplo, inició en la década de los 80s, experimentando la técnica, abriendo el debate en las universidades, perfeccionando el discurso para que al fin en el 2006 se crearan asociaciones de interés social que abrieron las posibilidades de incluir en las políticas nacionales el tema de la agroecología y su importancia en el desarrollo inteligente y sustentable del país.

La situación de Venezuela y la de Bolivia, aunque diferente en las problemáticas internas, se ve afectada por el mismo foco de destrucción y explotación indiscriminada que trajo la Revolución Verde, y se han tomado como ejemplo para evidenciar una problemática que afecta además al resto de países de Latinoamérica; esa idea de “desarrollo” por encima de la vida.


Y ¿qué es esa tal “Revolución Verde” de la que tanto hemos hablado y qué tiene que ver con la agroecología?
Esta estrategia señala un crecimiento exagerado de la producción agrícola que se dio entre 1960 y 1980 en Estados Unidos por la experimentación de científicos de la época, en donde aseguraban que todo el mundo tendría comida en menos tiempo utilizando para ello un aparato tecnológico y una serie de fertilizantes, plaguicidas y riegos.

El costo: una pobre calidad nutricional de los alimentos, nuevas plagas desconocidas, dependencia tecnológica y un alto costo de lo que antes les pertenecía a los campesinos, las sagradas semillas. El sembrador debe adaptarse según esta idea a que su semilla ya no le dará otra semilla para seguir sembrando, sino que debe, cada año como mínimo, ir a comprarle las semillas a una industria que se impuso bajo el disfraz del “desarrollo”. Los Mercados Agroecológicos nacen precisamente de esa tensión y protesta ante el sistema económico consumista que nos han implantado.

Ahora, ¿qué hay de nuestra querida y sufrida Colombia? Este exuberante país que a pesar de ser explotado tan intensamente, no para de dar.
Colombia ha tenido un nacimiento múltiple de la agroecología, un despertar colectivo entre muchas ONGs, activistas ambientales, agricultores, campesinos y académicos que han alimentado con la observación, la investigación y la práctica una consciencia del momento histórico y la responsabilidad existencial que tenemos como individuos del planeta que habitamos.

En la región del altiplano cundiboyacence, en la zona central cafetera, en el valle del Occidente, y en todas las regiones del país ya hay escuelas de educación formal y no formal en agroecología, que más que ser una profesión, es una visión coherente y lógica de relacionarse con la vida que es la tierra, como muchas manifestaciones sociales que lo expresan de la manera más natural y sincera, que ya tendremos la oportunidad de hablar con más atención en la próxima entrega de este especial.

A principios del nuevo milenio nació en Argentina un cine que se produjo para contar la realidad de estudiantes, obreros y piqueteros (nombre que se le da a los desempleados en Argentina). Impulsados por las facilidades que brinda el formato digital y por la necesidad de informar de manera veraz, sacaron las cámaras a la calle y sin guion ni escaleta entrevistaron a los protagonistas de los movimientos sociales del país.

En 2001, Argentina se encontraba en una profunda crisis (como hoy, en casi toda Latinoamérica), desatada, entre otras cosas, por dificultades económicas que generaron imposiciones políticas como la del “corralito”, que restringía el acceso de la población a dinero en efectivo de los bancos. Fue diseñada por el ministro de economía Domingo Cavallo y el presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa, quien renunció el 20 de diciembre de dicho año, y generó, con ello, un clima de inestabilidad social que llevó a una serie de manifestaciones y protestas en todo el país.

A las manifestaciones se unieron las cámaras digitales. El mundo estaba conociendo el uso de herramientas portátiles, que se valían de cintas de grabación más pequeñas y permitían la incursión en cualquier escenario. Las cámaras y las grabadoras de sonido fueron utilizadas para denunciar la violencia y la represión policial. Al principio solo documentaron estos hechos sin otro afán que el de registrar los abusos, luego, con el tiempo, fueron construyendo una mirada, una estética y unas dinámicas de producción propias, generando cada vez mejores “películas”, vídeos caseros que no respondían a un impulso comercial sino puramente comunicativo, que contaba in situ lo que los medios tradicionales maquillaban y ocultaban con sus noticieros.

Parte de ese cine fue el cine piquetero que nació en la protesta social. Este tuvo un fuerte carácter político y participativo. Los círculos de distribución eran las universidades y las centrales obreras, en donde nacieron colectivos para ver y hacer cine como Cine Insurgente y Ojo Obrero, productoras que de manera autosuficiente realizaron documentales como ¡Piqueteros carajo!, en 2002 (disponible en YouTube). En él no solamente se usaron imágenes grabadas durante las protestas sino que además aprovecharon tomas de archivo de los canales nacionales para develar frases de los políticos de turno, poniendo en evidencia su cinismo y odio, mentiras que contrastaban con hechos de violación a los derechos humanos ejercidos por las fuerzas del orden.

El cine piquetero, obrero y político, en la Argentina de inicios de los 2000, significó un cambio de paradigma frente a las imágenes que se construían. Las cámaras pasaban a ser herramientas al alcance de todos, los criterios estéticos y de producción, siempre cambiantes con la incursión de nuevos formatos, inspiraron la creación de procesos formativos en estudiantes y colectivos obreros de espectadores y realizadores. Esa formación expandió las fronteras del audiovisual. No solo el cine y la televisión oficial podían contar su versión de los hechos, ahora piqueteros, obreros y estudiantes tenían las herramientas para maximizar y difundir su voz.

Los piqueteros son los desempleados que dejaron las políticas del mercado y el fascismo. Son ciudadanos sin derechos. El conjunto de la población humana que cada vez tiene menos comida en la mesa. El cine piquetero, el cine indigenista de México o el gótico tropical en Colombia fueron (y son, gracias a la eternidad que da el cine), el aprovechamiento de las herramientas para contarse a sí mismo, para visibilizar su vida y su muerte, para construir estéticas propias, para esculpir en el tiempo sus luchas y su historia. Además de ser un mecanismo de denuncia y pedagogía, también pretendían construir un contenido que no instaurara verdades sino que permitiera el debate y el análisis.

El mundo ha cambiado lo suficiente desde inicios de los 2000. Más personas pueden tener un dispositivo de grabación en el bolsillo, cada día y a cada hora, listo para registrar incluso en buena resolución. La democratización de las herramientas para grabar imágenes es casi un hecho, pero el mundo es un lugar donde los derechos humanos y del planeta tierra se restringen con voracidad. El cine debe utilizarse para crear narrativas y estéticas propias, para defender la memoria, denunciar lo inhumano y educar para la vida y el respeto a la tierra; las condiciones de desigualdad y de miseria a la que nos empujan gobiernos y emporios económicos están dadas para que tengamos que denunciar y difundir, registrar y resistir

Luego de más de 240 homicidios, y de vivir el mes más violento en Medellín en cinco años (abril, con 71 muertos), el manejo de la seguridad del alcalde muestra su fracaso a solo 8 meses de terminar su administración. Periferia Prensa Alternativa conversó con Fernando Quijano, presidente de Corpades y experto en seguridad, sobre las zonas de confrontación, los grupos en disputa y la estrategia de seguridad actual de Medellín.

Periferia: ¿Cómo podríamos resumir la estrategia de seguridad que ha manejado la institucionalidad con Federico Gutiérrez?

Fernando Quijano: La estrategia está basada en lo mismo que las anteriores: captura, decomiso y control. Capturar jefes y capturar subjefes (aunque esos no son los verdaderos jefes). Algunos decomisos y apretar el crimen. Para mí esa es la estrategia de seguridad de la ciudad. Federico Gutiérrez se ha dedicado más a capturar, pero él simplemente es una pieza del engranaje, donde quien manda es la Policía y la Fiscalía. Ahora han metido más al Ejército. Pero no creo que Federico dé una orden: una cosa es lo que sale a decir públicamente y otra la realidad. A un general de la Policía no lo mueve un alcalde nunca.


P: ¿Cuáles son las zonas de confrontación en este momento?
FQ: ¿Cuál es la zona de impacto hoy? Toda la occidental está desestabilizada. El mayor número de homicidios está en esa parte. Al lado de la occidental, creemos que está comenzando la guerra de las convivir en la Comuna 10 (el Centro). Podría entrar la guerra a la Comuna 5 (Castilla), la Comuna 4 (Aranjuez), y la Comuna 8 (Villa Hermosa). Estamos seguros que La Terraza va a golpear la Comuna 8. Significa que la confrontación de la 7 (Robledo), la 12 (La América), y la 13 (San Javier), está irradiando en la Comuna 11. Muchos homicidios han ocurrido en Laureles.

P: ¿Por qué Laureles?
FQ: Es zona de cacería de los enemigos. Ahí todos se reúnen. Lo que hay que preguntarle a la Estación Laureles es por qué es tan permisiva con la presencia de los jefes de la Oficina ahí. Las otras son San Cristóbal y Altavista. Hay que anotarle la presencia de una de las bandas más poderosas del Valle de Aburrá: la banda de La Raya, que tiene todo el corredor del Manzanillo, tiene control en parte de Itagüí, y tiene control en comuna 15 (Guayabal).

P: ¿Y en San Antonio de Prado?

FQ: San Antonio de Prado es un corredor estratégico que va a otras subregiones. La desestabilización de la parte Occidental de la ciudad está ligada a la construcción del Túnel del Toyo, está pegada a los puertos de Urabá. Medellín y el Valle de Aburrá van a estar a tres horas y media. Quien tenga el control de todos estos lados va tener un poder inmenso. La Oficina lo sabe.

P: ¿Y la Comuna 13? ¿Es cierto que en la 13 mermó la guerra de inicios de este año a raíz de pactos entre las bandas?

FQ: Es un error decir “en la 13 está enfrentado el Coco, la Agonía, los de Betania”. Pura mierda: están enfrentadas las dos líneas. ¿A través de qué bandas? Pesebreros y Agonía. No me desgasto en esas simplezas de las bandas. Eso tiene una directriz y sobre ella se mueven ellos. Yo no creo que hayan dialogado. Y si lo hicieron, seguro fueron pactos muy locales, muy focalizados, pero no tienen nada qué ver con la confrontación. Aunque aquí se dialoga: se dialoga para los panamericanos, la venida del papa, los diciembres, la Feria de las Flores, las cumbres de la OEA. Se ponen de acuerdo todos cuando hay algo importante.

P:Bueno, ¿y cuáles son los actores y las bandas en confrontación?

FQ:
En términos generales, la confrontación de la ciudad se da entre la línea minoritaria, que la hemos llamado la “confederación criminal de Medellín”: La Terraza, San Pablo, Los Pesebreros. Ellos se están enfrentando a la “alianza del norte”, que tiene de aliados a la Oficina del 12, a los Chamizos y controla la Comuna 16 (Belén). Podría tener alianza con La Raya. Ese es el panorama. Significa que en cualquier momento podría reventar en el Centro porque las dos líneas tienen convivires aquí.

P: ¿Aún es posible hablar de un “pacto del fusil”?

FQ: El pacto del fusil existe hasta el momento. Desde 2013. Es un acuerdo entre Gaitanistas y la Oficina de Envigado. Hoy no hay guerra con los Gaitanistas. Ojo: hasta el momento la guerra es dentro de la Oficina, y la hemos definido como “guerra fría”. Directamente no se están matando, pero al que dé papaya le dan. Ya hay casos de jefes desaparecidos. La misma institucionalidad sabe que están desaparecidos y no los nombra.

P: ¿Y los grupos a nivel departamental?

FQ: Esa es la verdadera cuestión. ¿Cómo van a jugar los Caparrapos? ¿Cómo van a jugar los Gaitanistas o Clan del Golfo? ¿Cómo van a jugar las disidencias de los frentes 18 y 36? ¿Cómo va jugar el ELN? ¿Cómo va a jugar el crimen transnacional? No me desgasto con las banditas. Ellas tienen sus jefes.

P: ¿Tiene conocimiento de pactos y connivencias entre bandas y autoridades?

FQ: Claro, en toda la ciudad. Y hay nómina paralela. ¿Cuánto es la nómina paralela? Nosotros llegamos a decir que era del 40, pero ya no vamos a decir nada. Hay protección criminal al crimen, así existan capturas. Hay alianzas en todas las áreas: desde Fiscalía, Ejército, Policía. Las estructuras mandan. Cuando usted ve mover el contrabando en el Centro de Medellín de jueves a domingo, se da cuenta quién manda en la ciudad. La Policía se esconde o ayuda. Entran las tractomulas con el contrabando. Eso es protección oficial. Y si no hubiera protección oficial no habría convivir ni bandas.

En el caso del Centro, para qué más de 120 cámaras, 60 cuadrantes, un comando de la Policía, la Estación Candelaria, la presencia de la Alpujarra y la institucionalidad, si aquí en la esquina en la que yo estoy parado están las convivir. Eso significa protección oficial.

P: ¿En concreto, cómo podríamos enfocar la estrategia de seguridad para mejorarla?

FQ: Lo primero es entender que este no es un asunto de Medellín y Bello, sino departamental y nacional. Hay que construir una estrategia departamental e integral, con la presencia del Estado social de derecho. Con una Fuerza Pública democrática, reestructurada, transparente, depurada, y que ame su pueblo. Un Estado social que busque cerrar la brecha, y que pase de controlar a desmantelar.

Necesitamos una ley de sometimiento real. Una política permanente como la tiene Estados Unidos. Allá el mafioso va y dice “me quiero entregar”, y listo: pague, entregue, y está cinco añitos. Una estrategia de seguridad que involucre a todos los municipios en cabeza del gobernador, que cuente con la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones políticas y culturales. No es un asunto de un gobernador, un alcalde, o un director de fiscalías. Es un asunto de todos.

Ella estaba en la tribuna del frente con un pendón que honraba la memoria de Diana Cardona, “matan la flor mas no la primavera”, se leía en él. Después de que el cielo grisáceo escurriera agua sobre Medellín, supe que no había ido al Museo de Antioquia a escuchar un conversatorio sobre los retos de la verdad en Antioquia, sino para conocerla a ella.

Luz Helena Cardona es pensionada. Una habitante del Centro de Medellín. Es bajita, de carácter robusto, mirada sólida, sonrisa desinteresada y contagiosa. Los labios de color carmesí. Las uñas pintadas de rosa. Camisa blanca con visos negros. Y la sonrisa, de par en par, como si de todas fuera la prenda más importante. El último almuerzo que compartió con su hermana fue aquí, en el primer piso del Café Versalles, un día antes de que la asesinaran.

“Mi hermana no era belicosa, era más bien conciliadora. En esa época, y todavía, si usted pensaba diferente a los partidos tradicionales, usted era una piedrita en el zapato, lo mandaban a liquidar. Apartadó lamentó mucho su muerte porque ella trabajaba por la dignidad de la mujer. Ella decía que como fuera tenía que sacar a la mujer por delante. Esa era la meta, luchar por ellas. Pero le truncaron su camino en la mejor época de su vida”.

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Diana Stella Cardona Saldarriaga sentía afinidad por los principios sociales que pregonaba la Unión Patriótica, movimiento político surgido en 1985 tras las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y una fracción de la guerrilla de las FARC. Diana estudió derecho en la Universidad de Antioquia. Trabajó en la Contraloría, y la política apareció en su vida como una revelación en 1989 cuando el entonces alcalde de Apartadó, Ramón Elías Castillo, militante de la Unión Patriótica asesinado en 1996, renunció al cargo por amenazas en su contra. Diana integró la terna para suplir la vacante, y en septiembre de ese año fue nombrada alcaldesa del municipio más extenso de Urabá.

En los seis meses que duró su administración saneó los recursos, inició las obras del relleno sanitario, emprendió la actualización del catastro municipal, adelantó la instalación de redes de alcantarillado y de alumbrado público, adjudicó lotes, legalizó viviendas, e impulsó debates públicos sobre el presente y el futuro de Urabá.

El viernes 23 de febrero de 1990, después de reunirse con Helena Herrán de Montoya, la entonces gobernadora de Antioquia, Diana estuvo de visita en su casa paterna. El domingo, Luz Helena caminaba pensativa hacia el Parque Bolívar, ubicado en pleno Centro de Medellín. Venía de llevarle flores a su padre en el cementerio Jardines Montesacro. Desde una de las esquinas del Parque Bolívar Luz Helena vio una trenza. “Ve, esa es Diana”, pensó. Premisa que confirmó cuando vio la sudadera que llevaba puesta. Diana estaba con su novio. Luz Helena se acercó a ellos, escucharon juntos la retreta, una orquesta sinfónica que antaño tocaba en lugares públicos, y luego fueron a almorzar al café Versalles. Terminaron de almorzar, se despidieron, y Diana avisó que en la noche pasaría por la casa para despedirse: al otro día, bien de mañana, salía el vuelo hacia Apartadó.

Diana, recuerda Luz Helena, llegó a las siete de la noche, “muy bonita, bien puesta como ella siempre se mantenía. Era morena y alta, y con garbo. No es porque sea mi hermana, pero era muy linda. Mi hermana era muy linda de todo: de espíritu, de cuerpo, de alma, de sentimientos”. Hicieron chocolate, y compraron empanadas y parva para amenizar la despedida. La familia, casi toda, conversaba sentada en el comedor. Luz Helena aprovechó que Diana se alejó del banquete por un instante para salir de la duda:
–¿Diana, a vos te han amenazado en Apartadó? – le preguntó.
–No, a mí no me han amenazado. Pero estoy segura de que si me amenazan no me matan en Apartadó, me matan en otro lugar menos en Apartadó.

La cuestión quedó ahí. Diana había cumplido 34 años el 12 de febrero. Como le gustaban tanto las cachuchas, Luz Helena le regaló una boina roja. “Te queda bonita”, le dijo. “Mañana me la pondré, o sino esta semana”, le respondió Diana. La cuarta de los nueve hermanos empacó todos los detalles que le dieron, dio las gracias, y se despidió: “cuando llegue a Apartadó yo las llamo”, dijo.

Ese lunes 26 de febrero de 1990, el vuelo salía a las seis de la mañana. Siendo las cinco, hombres armados que aseguraron pertenecer al DAS, el organismo estatal que realizaba inteligencia y contrainteligencia en el país, llegaron al edificio donde vivía Diana. Le pareció raro que llegaran por ella tan temprano, avisó que no estaba lista, y terminó de arreglarse a las carreras. Diana abandonó el edificio con los sujetos. Minutos después llegaron al lugar los verdaderos escoltas.

A Diana la encontraron muerta en el puente de Argos, en el sector industrial de Guayabal. A las seis de la mañana ya estaba en la morgue. La Secretaria de Gobierno de Apartadó llamó a la familia, Diana no llegó a la reunión que tenían programada a las diez de la mañana. Los familiares comenzaron la búsqueda por todas las clínicas de la ciudad, hicieron varias llamadas, pero nadie daba razón de ella. A las cinco de la tarde recibieron una llamada del exesposo: había encontrado a Diana en la morgue.

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Los lineamientos políticos de la Unión Patriótica estaban resumidos en un documento de 21 puntos. Uno de sus mayores intereses era potenciar el carácter democrático de la nación eliminando el control electoral que estaba en manos de los dos partidos tradicionales, y fomentar la participación de la sociedad a través de consultas populares y referendos. También hacía parte de los mandatos políticos convocar una Asamblea Popular Constituyente; decretar un alza general de salarios; reducir los gastos militares y de la policía, de manera que no fueran superiores al presupuesto de los ministerios de salud, educación, ciencia y cultura, agricultura y obras públicas; nacionalizar la banca y las materias primas; aprobar una reforma agraria; entre otras deudas sociales que el aparataje político sigue teniendo con la nación.

El 28 de mayo de 1985, primer aniversario del acuerdo entre Belisario Betancur y las FARC, oficializaron en Bogotá la creación del partido. Ese año realizaron 572 eventos en todo el país, y en 209 municipios constituyeron 2229 organizaciones de base llamadas Juntas Patrióticas. La UP estaba conformada por las FARC, el Partido Comunista de Colombia –una de sus extremidades más importantes–, sectores independientes, organizaciones y líderes de todo el país provenientes de partidos tradicionales y fracciones de izquierda. La UP pretendía ser una propuesta política que invitara a la convergencia democrática.

Las presidenciales de 1986 fueron la primera prueba electoral. Jaime Pardo Leal, asesinado al año siguiente, fue el candidato en aquellas elecciones. 328.752 personas votaron por Pardo Leal, la mayor cantidad de votos que hasta el momento había obtenido una propuesta de izquierda en el país. En las elecciones de ese mismo año, las alianzas resultaron fundamentales para que la Unión Patriótica contara con nueve representantes a la Cámara y seis senadores. También fueron electos 24 alcaldes, y 325 concejales en 167 municipios.

El Centro Nacional de Memoria Histórica registró 1284 asesinatos y desapariciones de personas que tenían filiación con la UP, entre 1984, año del acuerdo, y 1988, año de las segundas elecciones a gobernaciones y alcaldías en las que participó el partido. Los gobiernos municipales encabezados por representantes de la Unión Patriótica se caracterizaron por ser administraciones que procuraron mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Se valieron de convites para paliar necesidades básicas de infraestructura que los recursos públicos no permitían solventar. Y las actividades o discusiones que antes se realizaban a puerta cerrada las hacían en lugares públicos.

Las agresiones nunca cesaron, pero los picos más altos de violencia contra la Unión Patriótica fueron los años de 1988, 1996 y 1997. El aumento de las acciones violentas fue directamente proporcional a la disminución del caudal electoral. 256 concejales en 115 municipios, 23 diputados en 14 departamentos, y 17 alcaldes de la UP resultaron electos en las elecciones de 1988, mientras que en las elecciones de 1990 solo fueron elegidos 9 concejales, 11 diputados, y 11 alcaldes. El patrón volvió a repetirse años después: mientras que en las elecciones de 1994 posicionaron 173 concejales en 87 municipios, 13 diputados en 10 departamentos, y 10 alcaldes, en 1997 solo fueron elegidos 49 concejales y 5 alcaldes.

Entre 1984 y 2002, año en el que la UP perdió la personería jurídica, el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó el asesinato o desaparición de 4153 integrantes de la Unión Patriótica. Lo que quiere decir que cada 33 horas, cada día y medio, hubo un muerto o un desaparecido. En total, 1229 personas que representaban a la UP fueron elegidas para ocupar cargos públicos, 227 de ellas fueron asesinadas o desaparecidas, es decir, una de cada cinco. Además, asesinaron 32 candidatos a concejos municipales, alcaldías, asambleas, y dos aspirantes a la presidencia.

Particularmente en Urabá –zona de la que hacen parte cuatro de los 40 municipios que concentran el 63,4% las víctimas de la UP–, la agresión estuvo motivada por una suma de factores económicos, sociales y militares. En la primera fase de violencia, que abarca desde 1986 hasta 1990, hubo una alianza entre la Fuerza Pública, empresarios bananeros y grupos paramilitares provenientes del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño. En la década siguiente, el aumento de los homicidios y desapariciones coincide con la llegada y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), quienes declararon objetivo militar a cualquier miembro de la UP, según ellos por pertenecer a las FARC-EP, que, ante la falta de garantías, se retiraron de la UP en 1987 e hicieron un llamamiento para que sus miembros reintegraran los frentes militares.

El genocidio de la Unión Patriótica es una página singular, vergonzosa y tenebrosa del conflicto armado colombiano. Los avances en materia de justicia, verdad y reparación son insuficientes. Falta mucha parte de la historia por develar. Por eso, el 4 de marzo de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –uno de los tres organismos que integran el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR)–, abrió el caso 006, reconociendo, simbólicamente, que el genocidio de la Unión Patriótica exige atención especial.

El organismo también anunció que trece integrantes de la Fuerza Pública se habían acogido a la JEP por participar en casos de victimizaciones contra miembros de la UP; y que otros dos militares de alto rango, además de trece ex agentes del DAS, solicitaron acogerse por las mismas razones. En los informes que suministró la Fiscalía General de la Nación, la JEP encontró que había 863 procesos en investigación, 53 procesos en juicio, 246 sentencias y 67 casos declarados como crímenes de lesa humanidad.

Gracias a los informes de la Corporación Renacer, la JEP identificó que de 1984 a 1986 hubo mayor participación de los agentes del Estado en los hechos victimizantes. Mientras que de 1996 a 1998 se presentó un aumento significativo de las acciones conjuntas entre estructuras paramilitares y agentes de Estado. Para la JEP el genocidio de la Unión Patriótica resulta un caso primordial, entre otras razones, porque al parecer la persecución sistemática estuvo enmarcada en una operación anticomunista ejecutada por las Fuerzas Armadas.

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Fueron 34 crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica, entre ellos el de Diana Cardona, los declarados crímenes de lesa humanidad por la Corte Constitucional en 2014, pero para Luz Helena con eso no basta. La Comisión de la Verdad representa una oportunidad para que las víctimas puedan cerrar el ciclo de dolor e incertidumbre que con tanta dignidad llevan a cuestas todos los días. Esta entidad, que también hace parte del SIVJRNR, tiene la misión de ofrecerle al país una verdad histórica que esclarezca qué ocurrió, por qué ocurrió, y quién se benefició de lo ocurrido.

Para ello, la Comisión dividió el país en nueve macroregiones: Caribe e Insular, Pacífico, Surandina, Orinoquía y Amazonía, Nororiente, Magdalena Medio, Centro Andina, y Antioquia-Eje Cafetero. El año pasado, los 11 comisionados que hacen parte del organismo recorrieron el territorio para hacer pedagogía y entablar vínculos con procesos y organizaciones que tienen un acumulado en términos de memoria.

Este año se han inaugurado las 19 casas de la verdad. Espacios permanentes a los que cualquier colombiano podrá acudir para ofrecer su testimonio y aportar a la construcción de una memoria plural del conflicto armado. En Antioquia –departamento con el 17% de las víctimas registradas por la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas–, se estipularon dos casas de la verdad: una en Apartadó, y otra en Medellín, que fue inaugurada el 10 de abril –el día que conocí a Luz Helena–.

–A mi hermana no me la van a devolver. A nosotros no nos van a devolver la tranquilidad. Nosotros no somos familia de rencores, pero sí quisiéramos saber la verdad. Aun siendo conscientes de lo que pasó y quién lo patrocinó, es bueno saberlo por boca de quien lo hizo.

Cuando vi a Luz Helena me pregunté durante cuántos años y a cuántos sitios habrá ido ese pendón con ella. Tal vez –porque quizás no–, ese pendón quedará guardado el día que conozca la verdadera verdad.

La joven abogada fue invitada en marzo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad en Ginebra, Suiza, por la asociación francesa Le Pont, organización no gubernamental defensora de Derechos ante el organismo internacional. Allí denunció a Iván Duque y su gobierno por hacerse los de la vista gorda ante la muerte sistemática de líderes sociales, la incierta implementación del acuerdo de paz y sus objeciones a la JEP.

María Camila Arias, nació en Armenia, Quindío. Es abogada de la Universidad La Gran Colombia y líder social juvenil. Junto a otros jóvenes construyó un Campamento por la Paz, y se plantaron en la Plaza de Bolívar de Armenia, capital del Quindío. Tiene 22 años y ha sido presidenta de la Plataforma Municipal de Juventudes de Armenia. Viajó a La Habana durante el proceso de renegociación del acuerdo de paz entre las Farc-Ep y el Gobierno nacional de Juan Manuel Santos. Además, asesoró la campaña política de Gustavo Petro. Durante los últimos dos años, María Camila Arias ha recibido varias amenazas de muerte.

Periferia: Usted estuvo en Ginebra, Suiza, exponiendo la situación de vulneración de Derechos Humanos en Colombia. Estando allí recibió una amenaza. ¿Qué fue lo que ocurrió?

María Camila: Me han amenazado en varias ocasiones. La primera fue en el 2016 durante el Campamento por la paz. La segunda se dio en el 2018, cuando un hombre en una moto abordó mi carro y sacó un arma de fuego; fue en son de advertencia. Tuve entonces que salir del país. Después sería en la ONU, cuando un funcionario de la embajada colombiana en Ginebra me dijo en repetidas ocasiones que ya me estaban esperando en Colombia, y se atrevió a preguntar cuándo era la fecha de mi regreso al país. He denunciado todas estas amenazas ante la ONU.

P: ¿Usted espera algún pronunciamiento por parte de la cancillería?

MC: Yo espero que este funcionario de la embajada colombiana sea sancionado y expulsado. Es una persona muy joven. Trabajó para el gobierno de Juan Manuel Santos e incluso trabajó en posconflicto con el alto consejero Rafael Pardo, y posteriormente fue enviado por el presidente Iván Duque a la ONU. Es preciso aclarar que él no es el embajador, pero sí tiene un alto cargo dentro de la embajada.

P: ¿Qué arrojó ese balance sobre la vulneración de derechos humanos que expuso en la ONU?

MC: Ese informe dice que el 59% de los asesinatos en Colombia se realizan en ámbitos comunitarios; y que el 66% de las razones por las que se asesinan personas en el país se debe a la oposición y denuncia de accionares criminales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observa que aún no se han aprobado las disposiciones y garantías para la movilización y la protesta pacífica.

P: Usted ha puesto en juicio el respeto a los Derechos Humanos en el país. ¿De qué manera se puede velar por el cumplimiento real de estos?

MC: El cambio debe darse desde el Gobierno. Debemos empoderar a la comunidad, la gente debe reconocer cuál es la responsabilidad que tiene el Estado de velar por sus derechos. El ejemplo más reciente fue la Minga Indígena en el Cauca. Sin embargo, vimos cómo intentaron asesinarlos. Tiene que darse un cambio de Gobierno, porque este no es consciente de los derechos del pueblo y nos los respeta, así nos empoderemos no lo vamos a lograr.

P: ¿Qué le hizo creer que Petro era la respuesta al cambio?

MC: Yo apoyé la candidatura de Gustavo Petro porque creo que era la única persona que representaba un verdadero cambio. Aunque creo que todos los colombianos deberíamos salir de esa dicotomía de la derecha o la izquierda, eso ya no tiene ningún sentido. Todo se trata en últimas de las políticas de la vida versus las políticas de la muerte, desde ahí debe construirse. Por ello debemos elegir unos gobernantes que estén dispuestos a velar por el cuidado y respeto de la vida.

P: ¿Qué observaciones puede hacerle al Acuerdo de paz y su actual implementación?

MC: Estuve en el proceso de renegociación y en la ruta de implementación. Considero que fue el mejor acuerdo posible. Esa frase ha sido repetida por muchos, pero estoy convencida de eso, fue una lucha muy grande por parte de las víctimas, la sociedad civil, el Gobierno y las Farc. La implementación en este momento está por debajo del 20%, la reincorporación económica, por ejemplo, se había planteado a través de los subsidios de sostenimiento, correspondientes al 90% del salario mínimo. Este dinero a veces llega, otras veces no. Del otro lado están los proyectos productivos, la televisión muestra al país unos cuantos proyectos que no corresponden ni al 10% de la comunidad en proceso de transición y reincorporación. El temor de muchos, y mío, es que reincidan en la medida en que no encuentren otra alternativa de vida. Para la restitución de cultivos, el Gobierno pareciera que no conoce el campo colombiano. Los han tratado como criminales y los han perseguido. Muchos departamentos aún no tienen vías de acceso para sacar otra cosa que no sea coca, es una cuestión de supervivencia. Se debe combatir el narcotráfico.

P: Uno de los puntos que expuso en la ONU fue la JEP y las objeciones de Iván Duque. Tal parece que para muchos colombianos aún no está claro su objetivo. ¿Cuál es su objetivo e importancia?

MC: La JEP debe ser entendida como el órgano esencial y transversal del acuerdo de paz. No es un plan de justicia para las Farc, eso fue un mito que nos vendieron desde el Centro Democrático. Esta jurisdicción es para que se acojan todos los actores implicados en el conflicto: fuerzas armadas, políticos, empresarios. El principal compromiso es decir toda la verdad sin sesgos. Son más de 500 militares que ya se han acogido a la JEP. Hace más o menos dos meses el General Rito Alejo del Río, conocido por sus vínculos con el paramilitarismo, lo hizo. Hace dos semanas Salvatore Mancuso envió desde los Estados Unidos, donde se encuentra preso, una carta en la que manifiesta querer acogerse a la JEP. Necesitamos saber qué fue lo que pasó durante estos años de conflicto y cerrar este capítulo. Las objeciones que hizo el presidente Iván Duque fueron políticas y no jurídicas, es claro que intentaba cubrir una vez más a su jefe, y no operó en función de la reparación a las víctimas y al pueblo colombiano.

A mediados del siglo XX, el gobierno gaullista en Francia, en cabeza del general Charle de Gaulle, ejerció un control total de todos los medios de comunicación. Frente a esto, pequeñas irrupciones organizadas empezaron a construir mecanismos para descentralizar las fuentes de información y generar brotes de descontento y oposición. Radios, afiches, grafitis y comités por la libertad de expresión acompañaron la bola de nieve que luego conoceríamos como Mayo del 68.

La recordada revuelta de la primavera de mayo del 68 en Francia tuvo sus orígenes el 22 de marzo en la Universidad de Nanterre, en París. Estudiantes que protestaban contra la detención de seis militantes de un grupo antiimperialista forjaron un movimiento que continuó realizando diversas acciones, tras las cuales la Universidad fue cerrada. El descontento se generalizó y el 3 de mayo se realizó otro mitin en la Universidad de La Sorbona en el que la Fuerza Pública respondió con atropellos, generando una sublevación que duraría varias horas. A raíz de esto, sindicatos de la educación decretaron una huelga indefinida que generó más protestas, a las que luego se le sumarían razones como la oposición a la guerra de Vietnam y reivindicaciones de democracia estudiantil.

De esta manera, el lunes 6 de mayo se realizó otro mitin histórico en el que más de 10.000 estudiantes, obreros y desempleados estuvieron hasta la media noche en barricadas y enfrentamientos contra la Fuerza Pública. Aquel día empezaron a aparecer inscripciones con mensajes en los muros de las calles que contenían las revueltas. No eran mensajes del partido socialista o comunista, ni propaganda anarquista, eran deseos humanos: "Seamos realistas, pidamos lo imposible".

Grandes batallas campales se siguieron desarrollando en días posteriores, y los sindicatos y centrales obreras convocaron a huelga nacional para el 13 de mayo. Ese día, cerca de un millón de obreros desfilaron por las calles de París junto a maestros y estudiantes. Estos últimos decidieron ocupar nuevamente la Universidad de La Sorbona, y de forma imprevisible ocurrió que los universitarios abrieron las puertas para que los obreros también participaran de la ocupación. Empezaron a aparecer inscripciones, carteles y consignas en las paredes de La Sorbona y de la ciudad que tendrían una amplia resonancia.

A partir del 17 de mayo tuvo lugar otra huelga general e indefinida a nivel nacional, a la que se sumaron más de nueve millones de manifestantes, y que paralizó todo el país. En solo una semana millones de personas se sumaron y el descontento tomó forma en buscar romper los condicionantes de la vida funcional y de las manipulaciones ideológicas y mediáticas. Era un ambiente festivo, de accionar el sentir y sin roles jerárquicos, más que de apuestas estratégicas. Los desconocidos se saludaban y se encontraban en la acción, se respiraba libertad y revuelta. Esto desató una ola de creatividad política y de sentires nuevos que se reflejaron en los grafitis, volantes, radios, canciones, y talleres para la creación de estas piezas.

Mayo del 68, como diría Patricia Badenes, “representa el único y último momento en el que una sociedad, casi por completo, detuvo la maquinaria de su vida cotidiana, salió a la calle y liberó la palabra que llevaba prisionera en su seno”. Tanta fue la magia de esta corta irrupción que hasta un ente gubernamental del gaullismo como Claude Mauriac afirmó años después: “Lo que era fabuloso, en mayo, era la atmósfera, el aire. Aquéllos que no lo han conocido no lo pueden comprender, y siempre les faltará haber vivido esta experiencia”. El buen clima de aquella primavera hizo de las calles el lugar común para la discusión, la acción y la intervención de un sin número de piezas, que representaron un caso excepcional debido a su masividad, creatividad y carga transgresiva. Badenes dice que se contabilizaron más de quinientos carteles y cuatrocientos grafitis diferentes en esta revuelta.

Antes de que las protestas en Francia estallaran, la Secretaría de Estado para la Información había creado el Servicio de Enlace Interministerial para la Información. Desde allí se reunían diferentes funcionarios ministeriales con dirigentes de radios, periódicos y canales de televisión para coordinar la información audiovisual antes de ser emitida. Era una sociedad donde el 70% de los hogares tenía televisor, y Charles de Gaulle leyó bien el inmenso poder que en ese contexto tenían los medios de comunicación para transmitir mensajes que secundaran su proyecto político. Por eso, el ejercicio de contra información fue exitoso frente a la realidad comunicada por los medios de información oficiales, controlados por el Gobierno.

El epicentro de esta efervescencia contra informativa fue el taller Branchon de la Escuela de Bellas Artes, que luego sería bautizado Atelier populaire (Taller popular). Este taller tuvo su origen cuando un gran conglomerado de artistas que hacían presencia en las discusiones de La Sorbona decidió empezar a actuar, ideando y creando las piezas gráficas que serían la insignia del Mayo del 68. Allí se construyó lo que sería el valor agregado más importante de esta revuelta: su propuesta estética y simbólica. Por primera vez en una revuelta revolucionaria no predominaban panfletos partidistas, de movimientos o centrales obreras, sino que el arte mismo era el motor de las ideas que quedaban plasmadas en los muros. La fuente de información no era el comunicado del partido, sino el afiche y el grafiti anónimo en la calle.

Los afiches eran producidos con técnicas de litografía y serigrafía. El taller funcionaba toda la noche y a primera hora de la mañana grupos bien organizados llenaban de carteles toda la ciudad. Tanta fue la acogida de esta propuesta que se creó un manual de serigrafía para descentralizar la producción de estas piezas, así surgieron “talleres populares” por todo París y Francia. La mayoría de estos carteles eran sencillas combinaciones de texto e imagen, porque como diría Patricia Bedenes: “las mezclas resultaban complejas, porque la urgencia revolucionaria exigía ser práctico”. Mensajes contra la policía antidisturbios o Charles de Gaulle, y palabras de ánimo a la lucha eran las piezas más recurrentes.

La efervescencia se diluyó poco a poco, y el 25 de mayo las centrales obreras llamaron a terminar todas las protestas y huelgas, proponiendo negociar reformas en el marco de derechos laborales y económicos de los trabajadores. El Gobierno también repitió el llamado el 30 de mayo, y propuso dos caminos: la represión o las elecciones legislativas. Los líderes sindicales optaron por las elecciones y la salida negociada, lo que representó la pérdida de fuerza de todo el movimiento. Así, para mediados de junio todos los sectores habían negociado, o sus protestas habían sido reprimidas.

Mayo del 68 no cambió ni el poder ni el sistema, pero marcó un hito en la resignificación de la práctica revolucionaria, con una inmersión estética y sensitiva que hoy es imprescindible en las luchas y procesos contra informativos y revolucionarios. Frases como "La imaginación al poder", "Bajo los adoquines está la playa", "Haz el amor y no la guerra", "La belleza está en la calle", "Seamos realistas, pidamos lo imposible", todavía retumban y suenan en reivindicaciones actuales

 

El país avanza cuando para

Con piedras, palos y llantas la vía quedó taponada en instantes. Habían transcurrido ya cinco días desde que las comunidades campesinas de Norte de Santander iniciaran una movilización desde La Gabarra, corregimiento de Tibú, hacia Cúcuta, en el marco del Paro Nacional, exigiendo atención del Gobierno departamental para resolver sus necesidades. Los llamados, sin embargo, eran infructuosos, y por el contrario recibían cada vez más militarización y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública.

Ese 28 de abril, la única salida que parecían tener era bloquear y defenderse del tratamiento militar que en Colombia acostumbra recibir cualquier protesta social. Por eso, neumáticos se convirtieron en chalecos, y las señales de tránsito que decían 30, PELIGRO y CURVA PELIGROSA, fueron utilizadas como escudos.

El gobernador de Norte de Santander no demoró en llegar al punto de concentración, y luego de una hora y media de diálogo con los voceros, las partes se comprometieron a instalar formalmente una mesa de negociación que iniciaría al día siguiente. Cesar la militarización en el territorio, tener garantías para construir la paz en condiciones de vida digna, y exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores, eran algunos de sus principales reclamos. Con la instalación de esta mesa culminó la protesta en la que participaron alrededor de 1300 personas de la región del Catatumbo.

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Eran días de movilización en todo el territorio nacional, la Minga del Suroccidente dejó encendidos los motores. Mientras la protesta ocurría en el Norte de Santander, relativamente cerca –si se mira en el mapa– otros 1500 campesinos del Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño se movilizaban sobre la Ruta del Sol, en el punto La Lizama, departamento de Santander.

Estos se sumaron al paro desde el 24 de abril, agobiados por la falta de garantías para habitar su territorio, la estigmatización y persecución hacia toda forma organizativa y la criminalización de la pequeña minería, principal fuente de sustento. Allí, con bloqueos parciales y jornadas pedagógicas bajo el sol inclemente, buscaron hacerles entender a quienes transitaban la vía el por qué se habían concentrado en este punto.

Igual sucedía hacia el Oriente del país, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del departamento de Arauca iniciaron movilizaciones desde el 22 de abril sobre la entrada a los complejos petroleros de Caño Limón, Caricare, Corocito y Banadías, los cuales significan para los habitantes de esta región su mayor amenaza por el deterioro ambiental y social que generan.

Y desde este llano hasta las selvas chocoanas, al occidente del país, se sintieron también las protestas. Resguardos indígenas y comunidades negras del Medio San Juan y del Tamaná salieron a movilizarse sobre las vías Quibdó–Pereira y Quibdó–Medellín, pidiendo educación, vías e infraestructura, vivienda, saneamiento básico, salud, soberanía alimentaria, garantías para las guardias interétnicas e inversión para las comunidades. Luego de varios días de bloqueo, también lograron interlocutar con las autoridades locales buscando resolver sus demandas.

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Un tejido de protestas e indignación se fue formando en todo el país. El 25 de abril una sola voz se escuchó en los territorios rurales, urbanos y populares que por cientos de años han sido excluidos de los centros de poder políticos y económicos. El Caribe, Pasto, Buenaventura y Puerto Carreño fueron algunos de esos lugares periféricos que, junto a otros casi 20 puntos, salieron a marchar ese día. Aunque en algunas regiones las comunidades tenían reivindicaciones puntuales, sus motivaciones eran políticas.

Por eso, el 25 de abril las comunidades mostraron su descontento con el Plan Nacional de Desarrollo, por priorizar al sector minero-energético (con una inversión de 122,5 billones) sobre el agro (con 21 billones de inversión), y de paso desconocer al campesinado; por recortar derechos sociales, como el caso de la salud y las pensiones; por contener implícitamente una reforma laboral y pensional nociva para los trabajadores colombianos; y por el enfoque y tratamiento que le da a la paz, dado que desconoce el conflicto armado, y anula en el plan de inversiones la implementación de los Acuerdos de Paz.

También, durante las protestas, las comunidades exigieron reactivar la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN; rechazaron el creciente asesinato y judicialización hacia los líderes sociales; y exigieron el cumplimiento de los acuerdos pactados. Crear un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia; incluir en el censo del DANE la categoría campesinado como primer paso para esto; realizar una consulta sobre la reforma a la ley 160; establecer el principio de anualidad para la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; financiar completamente el Diálogo Nacional Minero-energético; y crear una comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos son, por ejemplo, algunas de las deudas que el Gobierno nacional tiene con los movimientos campesinos y populares desde hace años.

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El pasado 2 de mayo, a pupitrazo, el Senado de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo contra el que masivamente protestaron las comunidades, y que trae consigo el fracking, la desfinanciación para el agro y la destrucción de las pensiones, entre otros puntos no menos lesivos. Eso significa, por ahora, que las comunidades y sectores sociales no se quedarán quietos. En Bucaramanga los defensores del páramo de Santurban continuaron la movilización rechazando la minería de oro sobre este ecosistema estratégico para el país. También los transportadores y cafeteros ya anunciaron movilizaciones para mayo y junio. Por lo menos, en la historia quedará esta constancia.

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