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Yo lo esperaba en el apartamento de un viejo amigo; me había hablado tanto de él, de su capacidad para juntar los procesos, para analizar las cosas, su tesón para el trabajo con la gente, que sin conocerlo ya lo admiraba. Lo vi entrar por la puerta, se le notaban los años, pero irradiaba tanta vitalidad que uno identificaba allí a un hombre con la efervescencia propia de las juventudes más rebeldes. Esa cálida mañana conocí a Chucho. Me habló de la Minga, del Precongreso de los Pueblos, de caminar la palabra y mandar obedeciendo. Pronto nació una relación de compañerismo intenso entre ambos.

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Hablando con Amanda Chavarría, su compañera de vida, con la que luchó, construyó sueños colectivos y con quien dieron vida a Juan, su único hijo, supimos que Chucho nació un 16 de enero de 1953, en el corregimiento de Altamira del municipio de Betulia (Antioquia). Desde los 16 años ayudó a organizar varias tomas de tierras para comunidades que no tenían dónde vivir. Desde entonces estaba sintonizado con el movimiento social, particularmente con el movimiento campesino ligado a la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos). Poco después trabajó con una organización que se llamaba Solidaridad Un Peso por Cuba, que tenía como propósito conseguir recursos para enviar a este país.

Hizo parte de varios sindicatos de Medellín, como Asivipa, un sindicato de vigilantes. Con amigos organizaron también varios grupos de trabajo en algunos barrios para prestar vigilancia, por una parte, para tener la relación con la comunidad, y por otro lado también para ayudarse económicamente a sobrevivir.

Participó en la preparación de los diferentes paros que hubo en el departamento de Antioquia, como el paro de 1977 y 1985. En este último se hizo un encuentro en la ciudad de Bogotá al que llegó gente de todas partes: campesinos, indígenas, afros, obreros, gente de los barrios, estudiantes de diferentes universidades, entre otros, para preparar lo que fue el paro cívico nacional de ese año. Chucho estuvo de lleno en esa labor.

Esa dedicación, sus métodos de trabajo y la conciencia que él había desarrollado lo fueron proyectando como un líder de alcance nacional, y como era opositor a las políticas de Gobierno, fue detenido en 1994 en el marco de la cacería de brujas que buscaba ligar al movimiento social con la insurgencia. Esa privación de su libertad física duró 14 años, hasta el año 2008.

Allí también se organizó con los presos políticos. Pasó por distintas cárceles y en ellas se empeñó en el trabajo de derechos humanos y de convivencia de todas las personas privadas de la libertad. Se esmeró por el reconocimiento que se le debe dar a las personas que están en las cárceles por motivos políticos. Cuando salió de la cárcel ya tenía una vivencia, una experiencia que le permitió continuar trabajando con los familiares de los detenidos políticos, y con la población carcelaria en general.

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Desde esa mañana me acerqué y empecé a caminar con él la palabra. Aprendí de su espíritu crítico, de su terquedad, de su paciencia y su alegría. Él era un joven de espíritu llevando con valentía el cuerpo de un veterano de mil batallas.

Él podía pasar horas enteras conversando con alguien, un vendedor informal, un académico, un sindicalista, una líder feminista, un estudiante, un habitante de calle, un “pillo” o un gran dirigente político. Pero no era un hombre solo de palabra, sino ante todo de acción. Dedicaba cada hora de su vida a conversar, escuchar, proponer y hacer: ese era su palpitar, su caminar la palabra, ir haciendo desde el mismo acto de poner en común o en contradicción las ideas y desde allí tejer las acciones transformadoras. Era en esencia un sujeto del cambio, polémico, irreverente, cuestionador, pero profundamente disciplinado y dedicado a los intereses populares.

Durante 2008 hasta el día que su corazón dejó de latir, y sus pasos se hicieron palpitar en la memoria de muchos, Chucho se dedicó con ahínco a la construcción del Congreso de los Pueblos en el Eje Cafetero. Se volcó a las veredas recogiendo y regando semillas como todo un custodio; por ello, las Escuelas Agroecológicas de la región lo acogieron y abanderaron como uno de los suyos. Se adentró en barriadas populares para trabajar con adultos mayores, con pequeños productores y parceleros, con artistas populares, con jóvenes, estudiantes universitarios, sindicalistas y todo el complejo y diverso mundo del campo popular. Para unos Chucho era un irreverente y crítico severo que polemizaba hasta una coma, para otros, la gran mayoría, Chuchito era un tejedor, un relacionista, un verdadero trabajador popular que sabía, y actuaba en correspondencia con ello, que solo el trabajo con la gente de a pie, desde la base, podría labrar los cambios necesarios para nuestra adolorida Colombia.

Desde finales de 2014 cuando su salud se quebrantó, enfrentó con la dignidad del guerrero aquella penosa enfermedad que lo invadía y no cedió ante ella ni un segundo. Tomó los cuidados necesarios entre la medicina ancestral y occidental, y siguió sin pausa en sus tareas. Puso lo mejor de sí para afianzar procesos agroecológicos en la región, sobre todo para emprender con más urgencia y tacto la labor de tejedor y así juntar diversos sectores sociales en función de la defensa del territorio y la lucha contra el modelo de despojo, en el marco de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Este fue su más persistente anhelo en el último tiempo.

Aunque sus pasos se habían vuelto mucho más lentos que de costumbre, producto de aquella dura enfermedad que se acicalaba también entre su ya difícil diabetes, su sentir y su espíritu continuaban irradiando a quienes lo rodeábamos. La última vez que lo vi, estaba bastante débil, iba para Medellín a someterse una vez más a procedimientos médicos que le frenaran la metástasis que ya el cáncer le había hecho. Le preocupaba irse en ese momento porque se preparaba un gran encuentro regional por la defensa del territorio, y sin temor a engaños, Chucho era quizás el gran gestor de ese esfuerzo. Yo saldría de viaje también en un par de días, me dijo que había que seguir haciendo esfuerzos por la unidad, que había en la región un potencial enorme desde diversas colectividades y procesos sociales, que era necesario acercarnos a ellos y no esperar que ellos llegaran a nosotros. Tenía la esperanza de recuperarse para dar un poquito más en ese propósito. El mismo día que regresé de mi viaje me dieron la noticia de su fallecimiento.

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Ningunas palabras pueden describir mejor a Chucho que las de su compañera de vida, cómplice y estandarte: “Chucho era una persona muy tranquila, muy pensante. Fue una persona muy amorosa con todo el mundo, el hombre irradiaba amor por todas partes, entonces en lo personal fue muy humano, pero sobre todo muy tranquilo, no se preocupaba o no lo veía uno con esos desesperos o carreras. Siempre pensaba en qué vamos a hacer con esto, con aquello, como la preocupación por las demás personas. Él hablaba mucho de la normalidad de la muerte. Cuando él se dio cuenta que tenía cáncer, que no fue cuando se lo dijo el médico, sino que él ya lo intuía, él dijo no, yo ya sé que tengo cáncer, pero no, eso es bonito porque es que nos tenemos que preparar para la vida y nos tenemos que preparar también para la muerte”.

Mayo Villareal, o Mayito como muchos le dicen de cariño, partera de La Esmeralda, corregimiento de Arauquita (Arauca), recibió un disparo en la mandíbula cuando a su esposo lo asesinaron mientras trabajaba en su farmacia, la del pueblo; el pecado que provocó el disparo a Mayo fue haber sido dirigente de la Unión Patriótica en una época (los años 90) donde el terror era el pan de cada día. Entre las historias que ha vivido Mayo se encuentra el haber asistido en el parto a la esposa del General que dirigía una operación en el municipio; sus manos dieron la bienvenida a la vida en medio de la muerte y la guerra.

En Arauquita, más de 26 años después, la violencia sigue siendo reina, las Fuerzas Militares tienen poca presencia y parecen destinadas exclusivamente a proteger, cuatro kilómetros a la redonda, el oleoducto Caño Limón-Coveñas, un campo petrolífero gigante de Ecopetrol, empresa lista para iniciar el piloto de fracking en Colombia.

En este pueblo olvidado por el Estado, no solo hay ausencia de Ejército sino, según informes de Defensores de Derechos Humanos, presencia activa de grupos al margen de la ley entre los que hay excombatientes de las FARC, guerrilleros del ELN y según panfletos amenazantes, miembros de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El escudo del municipio reza “Arauquita tierra de todos”, el cuartel inferior izquierdo es blanco y simboliza la paz; Arauquita es tierra de indígenas y de negros, de gente que vive y escribe, como Tony Villamizar, hijo de Mayo y guionista del corto en pre-producción “Las luciérnagas vuelan en mayo” inspirado en la historia de su madre, y el cual iba a ser dirigido por Mauricio Lezama, hasta que el 8 de mayo del presente año hombres armados le propinaran seis tiros por la espalda mientras planificaba el casting para el cortometraje, en la misma vereda de Mayo, La Esmeralda.


Mauricio no solo estaba haciendo un cortometraje. Como promotor cultural inventó el Festival de Cine de Frontera en el puente internacional José Antonio Páez en el 2012 y 2013. En ese momento el puente no estaba militarizado y él aprovechó para poner una pantalla en límite entre Colombia y Venezuela; impartió talleres de cine y teatro en siete municipios de Arauca gracias al programa INI (Imaginando Nuestra Imagen) y fue el primer habitante de Arauquita que ganó un estímulo por parte de Proimágenes para producir su cortometraje.

Lezama fue asesinado haciendo cine de denuncia, preparando un casting en el que iban a participar niños y niñas afros e indígenas, para un cortometraje que iba a contar la historia de Mayo, la partera de la paz. Su asesinato no deja frenada la producción de la cinta pues guionistas y co-director terminarán una obra necesaria en un país donde por lo menos tenemos que contar nuestro dolor, ponerle palabras (e imágenes) a un aluvión de violencia que se vive cada día; su rostro a modo de protesta llegó a la alfombra roja de Cannes gracias a un puñado de directores y actores entre los que se encuentran Ciro Guerra y Carolina Sanín, pero es el día a día el que nos obliga a reivindicar la vida de los que luchan por mantener viva la memoria.

“Yo nací en esta vereda, y no quiero una vida como la que yo tengo”, me dice la señora Marina como si no le deseara a nadie la vida vivida que tiene, ni siquiera a los responsables de que sus madrugadas sepan amargas.

Esta es solo una de las tantas denuncias hechas por campesinos y campesinas de Convención, El Carmen, Hacarí, Teorama, San Calixto y El Tarra durante la Segunda Misión de Verificación convocada y organizada por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, escenario de unidad que articula al Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Movimiento Constituyente Popular (MCP), y las Juntas de Acción Comunal con el propósito de denunciar ante el país y la comunidad internacional la crisis social, política y económica que atraviesa la región desde hace más de un año debido al conflicto armado y la excesiva militarización.

365 días atrás la población estaba en medio del fuego cruzado y sufría las consecuencias humanitarias de la confrontación entre el ELN y el EPL. Los decibeles de los fusiles mermaron. Pero este año, además de algunas disidencias de las FARC, hay un actor armado que, si bien estuvo siempre en el territorio, con el pasar de los meses incrementó sus acciones bélicas. Las Fuerzas Militares quieren implementar en el Catatumbo el llamado 'Plan Candado': cercar la zona norte que colinda con Venezuela y la parte sur que limita con el departamento de Cesar, censar la población, y posicionarse en la región hasta sustituir el poder civil por el poder militar. El tejido organizativo de las comunidades, y la presencia de insurgencias, son un obstáculo para explotar el petróleo y los minerales que yacen en estas tierras. Traba que el Estado pretende eliminar con más de 14.000 pares de botas militares.

Para los catatumberos el Ejército es una amenaza, un dolor de cabeza más. En los corregimientos y veredas visitadas por la Misión de Verificación los patrones violentos son reiterativos. En todos los lugares las personas denunciaron que el Ejército hace retenes, requisa, y fotografía las cédulas. Manifestaron además que los señalan de “guerrilleros” y los maltratan verbalmente. En Honduras, un islote de casas construido en el valle que separa dos filos montañosos, denunciaron que los militares los amenazaron diciéndoles que después de las seis de la tarde nadie podía transitar por las trochas que comunican las veredas aledañas, “porque después de las seis solo anda la guerrilla. Después de las seis al que veamos lo matamos”, les advirtieron. En este corregimiento de Convención también se presentan conductas extorsivas y fraudulentas denunciadas en otros sitios. Según cuentan los afectados, las tropas del Ejército ocupan sin permiso las fincas, toman plátanos, yucas y otros productos de pancoger, en ocasiones usan la energía de las casas, y amenazan con quemar los cultivos de coca si no les dan reses o gallinas.


En Cartagenita, una mujer con más de 70 años a cuestas, vestido hasta los tobillos, y mucha indignación en su voz, denunció que “se me comieron una tienda de siete millones. Me dijeron que yo era una estratega del ELN, eso es una falta de respeto muy grande, yo lo único que he hecho en la vida es vender empanadas”. Los perjuicios no solo son económicos. Los soldados tienen la costumbre de acantonarse cerca de las bocatomas de las que se abastecen los habitantes. Una vez los militares se asientan allí, se suspende con frecuencia el suministro de agua y el líquido vital no llega en condiciones higiénicas adecuadas, a veces ha salido materia fecal o condones por las canillas.

Lo que más preocupa a los catatumberos son las detenciones arbitrarias, el dinero que le ofrecen a los jóvenes a cambio de información sobre las insurgencias, los disparos indiscriminados contra la población civil, y las torturas como las que denunció un joven en La Trinidad, corregimiento de Convención. El veinteañero relató que fue retenido por varios militares cuando se desplazaba a su lugar de trabajo. Los uniformados lo ultrajaron, lo golpearon, le cubrieron la cabeza con una bolsa de tela, intentaron ahogarlo con una sustancia líquida desconocida que según él provocaba ardor, y amenazaron con arrancarle las uñas. En el Catatumbo no pueden evitar asociar este tipo de hechos con Dimar Torres, excombatiente de las FARC y líder de la vereda Campo Alegre asesinado por miembros del Ejército el 22 de abril, un día antes de que firmara su proyecto productivo de gallinas ponedoras. Dimar está vivo, los catatumberos tienen ese nombre en la punta de la lengua. Con él permanece acechante el recuerdo de lo vivido entre el 2004 y el 2010 cuando “los paramilitares decían que hasta las gallinas eran guerrilleras”.

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La finca de Marina Prieto –pelambre cano recogido en una cola, los años hechos pliegues en el rostro, y unos dientes que parecen de leche– se ve desde aquí. Estamos en la escuela de la vereda Piedras de Moler que pertenece a Teorama. La brisa contrarresta el bochorno despiadado que hace en estas cuchillas. Marina me dice que allá, al frente, en la montaña más próxima de todo este mantel montañoso, tras las plataneras que se ven en la mitad de la colina, está su casa. Y me dice que en la cima, en la parte tupida, están acantonados los soldados.

Cada que hay un enfrentamiento entre la insurgencia y los militares, Marina queda en medio del fuego. Semanas antes uno de los dos bandos lanzó un cilindro que quedó a medio camino y cayó en su finca. “Si hubiéramos estado afuera [de la casa] habría muerto cualquier persona. Eso afectó mucho porque mi niño, mi nietecito, siguió llorando toda la noche. A una hija que acababa de llegar le afectó mucho el oído (…) Ese día tuve que meter a mis niños debajo de la cama, y llorar muchísimo por no poder trabajar y no poder dormir por el temor de que mi casa pueda ser derribada por un artefacto. He perdido muchos animales que se me mueren del impacto”, me dice Marina presa de una tristeza más grande que ella.

Pero Marina todavía tiene sueños por cumplir. En el 2008 conoció una comisión del Cisca, y antes de morir de tristeza pudo probar el sabor de la felicidad. El Cisca la invitó a unos talleres, y le enseñaron a elaborar jabones y cremas artesanales. Los primeros jabones, dice desenvainando una sonrisa, le quedaban “feítos”. Con el pasar de los talleres perfeccionó la técnica. Desde entonces a cada reunión, a cada taller, y a cada visita al pueblo, Marina va acompañada de una pequeña canasta copada de jabones, cremas para los dolores y cremas para las quemaduras. “Antes trabajaba en el oficio doméstico. Vivía como estresada, como triste porque no tenía economía. Ahora esa economía no la gasto porque quiero montar una empresa de pomadas. El Cisca es como si hubiera bajado mi Dios de los cielos porque me ha enseñado, me ha protegido, me ha ayudado muchísimo. Para mí el Cisca es el mejor regalo que yo tengo. Cuando me llama el Cisca soy feliz, estoy triste pero en ese momento yo me vuelvo feliz”.

A pesar de lo hostil que es la realidad en la región, gracias a las propuestas y a los horizontes del Cisca muchos catatumberos pueden encontrar razones y formas para permanecer en el territorio. “Nosotros venimos adelantando propuestas económicas para resolver el tema de la coca, que genera muchos recursos, pero también muchos problemas, uno de ellos es la especulación de precios”, quien habla es Dionaid Suarez, integrante del Cisca y de Asojuntas, habitante de Cartagenita y pionero de la tienda comunitaria del corregimiento. En dos años la iniciativa ha dado frutos, el kilo de arroz que antes costaba 3000 pesos, hoy cuesta 2000 o 2300 pesos máximo. Además de combatir la especulación de precios, la tienda comunitaria ha incentivado la producción propia. Antes entraban al corregimiento muchos productos producidos por otras manos en otras tierras, Cartagenita no producía lo que consumía. Una vez la tienda empezó a funcionar, los pagos justos y estables, y el valor agregado que se le da a los productos, motivaron a los habitantes a invertir esfuerzos en una alternativa productiva distinta a la coca.

“Tenemos varios proyectos, por ejemplo, la cría de pollos. Este es un corregimiento de aproximadamente 500 habitantes. Hubo una demanda del consumo de pollo, a la tienda semanalmente venían entrando más de 200 pollos de MacPollo y Pimpollo. Hoy en día los estamos produciendo nosotros mismos, lo mismo con el cerdo, el pescado, las gallinas ponedoras, y así con muchos productos que son pequeños pero que nos han permitido organizarnos –asegura Dionaid–. La idea es seguir viviendo aquí, ojalá morir de viejitos y que no sea en otras circunstancias. Una de las propuestas es permanecer en el territorio con alternativas que surjan desde la base de las comunidades”.

Si no se organizan, los catatumberos saben que no pueden pervivir. Y sin las mujeres el Catatumbo no podría mantenerse en pie. Las catatumberas aportan valor, pero sobre todo posibilidades y creatividad. Yuliana Herrera es lideresa comunitaria de La Trinidad, corregimiento de Convención. Minutos antes de que conversáramos, Yuliana estaba anunciando los números de las balotas que sus paisanos buscaban en las tarjetas del bingo. Cada que el comité de mujeres de La Trinidad necesita fondos para alguna actividad, organiza una rifa, un bazar, una fiesta, o un bingo bailable. El dinero que se recoja hoy será destinado al alquiler de los trajes para las comparsas de las fiestas patronales. De no ser por los fondos y los jornales voluntarios de la comunidad, La Trinidad no contaría con el polideportivo donde se realizó el bingo. De no ser por un bingo, la escuela de primaria no tendría techo ni piso. De no ser por la rifa de una novilla y un bingo, tampoco hubieran comprado el lote donde quieren construir la iglesia, y el lote donde piensan construir el nuevo internado para que cada vez más niños de las veredas lejanas puedan venir a estudiar. “Eso lo llamamos gestión de las comunidades. Hemos tocado muchas puertas, pero a la hora de la verdad uno también se cansa de eso, ¿no? Entonces nosotros hemos autogestionado, con eventos, con bazares, hemos descubierto que podemos hacer cosas, podemos avanzar sin estar esperando a la Alcaldía”, dice Yuliana.

El Catatumbo no puede mirar hacia adelante sin antes mirar hacia atrás. “Los catatumberos somos gente muy dada a resistir y por eso tenemos que hacer memoria, para que se den cuenta de la capacidad de resistencia que tenemos”, dice Edinson Delgado a las afueras de la Casa de la Memoria de El Aserrío, corregimiento de Teorama. Edinson es el representante legal de la Asociación de Desplazados del Medio Catatumbo. En el 2015 fue elegido para integrar la Mesa Nacional de Víctimas. Ese año viajó a Tumaco y tras conocer la casa de la memoria del municipio ubicado en el pacífico nariñense, inició gestiones para que su corregimiento también contara con un espacio que honrara la historia de El Aserrío y el Catatumbo. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, los mismos habitantes pudieron construir su propia casa e inaugurarla el 2 de diciembre de 2018. Pocas regiones han padecido un conflicto de tales magnitudes. Entre 1980 y 2013 ocurrieron en el Catatumbo más de 66 masacres que desplazaron más de 110.000 personas. Resulta inevitable, asegura Edinson, “hacer memoria, recordar para no volver a repetir lo que ya vivimos”.

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Hace un año también vine a la Misión de Verificación, nada cambia: vías de acceso que no son vías ni accesos, corregimientos y veredas que al crecer el río o enfangarse la trocha quedan incomunicadas, escuelas con paredes de tela, hacinamiento en las aulas, baterías sanitarias inservibles, puestos de salud inundados, medicamentos vencidos, camillas podridas, equipos consumidos por los años, casas que parecen del siglo XVIII con electrodomésticos del siglo XXI, distancias inabarcables, ausencia Estatal y botas, muchas botas.

La apuesta por la vida y la permanencia también sigue intacta. En el Catatumbo solo piden que no los involucren en una guerra ajena y que el Estado no los desprecie. Ellos con sus peajes comunitarios –satanizados porque según el Ejército eran la fuente de financiamiento del ELN–, con sus normas y sus formas propias, encontrarán la manera de echar una placa huella, construir un polideportivo, comercializar su café y sus pomadas, comprar una ambulancia para transportar al enfermo, o una retroexcavadora para volver transitable la trocha.

Marina no necesitó una maestría para descubrir la simplicidad de la fórmula: “Para mí la paz es cuando ya no haya más niños con hambre, cuando ya no haya más madres llorando, esa es la paz: que tengamos una vivienda digna para todos y una comida digna, porque a veces nuestros niños padecen mucho de hambre”.

El Catatumbo y el Cisca están cansados de que el Estado proponga la guerra como proyecto de vida, como único destino posible. “Al lado de este dolor histórico ha crecido también la templanza, valentía, y resistencia de una población que se niega a doblar la cabeza, a marchitarse, a cada golpe trágico lo ha sucedido un renovado esfuerzo por organizarse, por luchar, por permanecer en el territorio”, dijo el Cisca en un comunicado publicado el 30 de julio de 2018, día en el que asesinaron a nueve personas en el casco urbano de El Tarra. La historia del Catatumbo tiene inicio, nudo, y pareciera que no tiene final, aunque yo vi a las comunidades escribiéndolo.

La primera llamada la recibí en el andén de mi casa. –Ve, que te necesitan, dijo mi hermana al pasarme por la ventana el teléfono inalámbrico.


De este lado de la bocina se escuchaba la interferencia en la señal y del otro, la voz de mando de un hombre estalló:


–Bueno negra hijueputa, te callás ¿vas a seguir molestando en ese hospital o te limpiamos?
Intenté responder, pero con más fuerza insistió:
–Déjame hablar hijueputa, malparida, te callás o te vas de aquí.

Entonces me quedé en silencio y la llamada terminó, pasaron un par de minutos para que el teléfono volviera a timbrar, eran mis compañeros del sindicato; no solo me habían amenazado a mí, también habían contactado a Humberto Grueso, María Florentina Hurtado, Rubiela Libreros y Noreida Guerrero, todos hacíamos parte de la junta directiva del sindicato y para todos el mensaje era el mismo: debíamos desistir de exigir que nos pagaran el salario que el hospital nos debía desde hacía varios meses.

 

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De mis 46 años de vida, 20 los he dedicado a la salud y al sindicalismo. A estos llegué en el año 1994 como estudiante del SENA para ser auxiliar de enfermería en el Hospital Departamental San Rafael en Zarzal, un municipio que queda al norte del Valle del Cauca. Durante mi formación nos hablaron mucho de la relación entre la sociedad y nuestra profesión, de su carácter humanitario, entonces el mundo se empieza a ver de otra manera, donde el otro importa, y por eso digo que para luchar por uno mismo también hay que emprender luchas por el otro, en este caso los usuarios.

Pero de esto ya me habían hablado en la casa, mi abuelo fue sindicalista de Colpuertos y mi padre perteneció al Sindicato de Trabajadores del Ingenio Riopaila, crecí escuchando sobre reclamar los derechos porque en Colombia, aunque estén consagrados en normas y ahí se vean muy bonitos, para que se te apliquen y se cumplan tienes que exigirlos. Esto se me grabó como una veta, por eso creo que ante una injusticia siempre hay que hacer algo.

Al año siguiente de haber iniciado mis prácticas, recibí un oficio en el cual la administración me informaba que empezaba a prestar mis servicios en nombramiento provisional en el área de consulta externa, y de inmediato me afilié a ANTHOC (la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia del Hospital).

Para entonces todo era muy diferente, pero también empezaba a cambiar. Los primeros síntomas del problema comenzaron en 1997. A pesar de que la Ley 100 había entrado en rigor desde el año 1993, fue en este que se comenzaron a manifestar las consecuencias para los trabajadores del hospital.

 

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¿Qué es lo primero que uno debe garantizar en su casa? Pues las necesidades básicas satisfechas con el salario, un derecho que debe tener todo trabajador a una remuneración por la prestación de sus servicios. Pero aquí eso cambió. En enero de 1997 ocurrió un primer atraso en el pago de los salarios, fueron más de cinco días y para nosotros era una sorpresa, también había comenzado a disminuir la contratación de personal; se reestructuró la E.S.E. Así iniciaba la crisis y el enfrentamiento del sindicato con la administración del hospital.

Con el tiempo estos atrasos se volvieron constantes, en el año 2000 esto hizo metástasis: llegamos a pasar hasta ocho meses sin salario, además no nos pagaban la seguridad social, las horas extras, los recargos nocturnos ni dominicales. Imagínese ¿cómo sobrevive uno sin salario tanto tiempo? Tocaba empeñar y prestar a los prestamistas, esos que llaman “gota-gota”, ahí aparece ese otro fenómeno de violencia económica de los prestamistas que cobraban interés al 10, 15 y 20 por ciento, entonces cuando llegaba el sueldo no se veía nada de dinero, había que entregarlo a estas personas.

Empezamos entonces a movilizarnos, a hacer asambleas, derechos de petición, a solicitar reuniones, a defender nuestros derechos. Siendo de la base, empecé a hablar y liderar procesos, y al notarlo, mis compañeras auxiliares de enfermería consideraron que debían blindarme con un fuero sindical y hacerme parte de la junta del sindicato, así llegué a ocupar con otros compañeros este espacio.

Y fue allí cuando llegó la amenaza por teléfono. Nos llamaron a casi todos los miembros de la junta, que si seguíamos molestando en ese hospital nos iban a desaparecer, que nos calláramos. Hicimos las denuncias respectivas, algunos de los compañeros dijeron que eran las águilas negras porque llegó también un panfleto, pero la respuesta de las autoridades fue que ese fenómeno no existía en nuestro municipio. Yo era nueva en la junta, no entendía muy bien por qué motivo nos amenazaban, si lo que estábamos pidiendo era justo.


Sobre esto hay mucho que decir, es difícil recordar fechas exactas sin tener en la mano algunos documentos que nos refresquen la memoria. Han sido varias las amenazas que nos han hecho, muchos compañeros se tuvieron que ir: el señor Humberto Grueso, la compañera Noreida Guerrero, la psicóloga del hospital, María Florentina Hurtado. Algunos exiliados y otros asilados. A otros los mataron como a Juan Carlos Libreros, ¿y quién quería ser el próximo difunto? Nadie, ya con un muerto de por medio uno dice: aquí toca callarse. Por ejemplo, la compañera que trabajaba con él se tuvo que ir, ella se llama Libia Yaneth Mejida Ibáñez.

Luego, en el año 2002, nos amenazaron por segunda vez. Llegó una carta con letras de papel periódico, y en esa ocasión me resultó asilo. Yo sentí morir. Uno lejos de la familia, lejos de la tierra. Pensaba que los que realmente hacen algo malo están tranquilos con las puertas abiertas en sus casas y uno por pedir que le paguen el salario, que está trabajando todos los días con gusto, amor y respeto por los pacientes, a uno sí lo amenazan. Si yo me retiro ¿será que no pasa nada? –me rondaba en la mente–, si me iba pensaba en la muerte de mis padres y en que si regresaba después seguiría latente la amenaza, como le pasó hace casi tres años al compañero Robinson Rendón que, al volver del exilio en Canadá, fue desaparecido.

“Yo no estoy matando a nadie, ni soy ninguna delincuente para tenerme que retirar del sindicato o irme del país. Aquí me quedo porque no estoy cometiendo ningún ilícito por reclamar un derecho que tiene todo el que trabaja, si en otros sectores se paga ¿a nosotros por qué no?”, me dije y tomé esta decisión como un acto de supervivencia.

 

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Con las amenazas de muerte le cambia la vida a uno. Al salir de mi casa todos se quedaban preocupados sin saber si volvía o no, afuera sentía que me perseguían. Para entonces en Zarzal la violencia estaba en su auge, era un estado de zozobra y después de que los compañeros se fueron exiliados, siempre se estaba a la espera del momento en que arremeterían contra uno.
A nivel familiar siempre ha sido difícil combinar la actividad sindical con el rol de madre soltera y en este contexto de amenazas mucho más, porque a uno le cambia el panorama al no poder salir con sus hijos a caminar y compartir con normalidad. El solo hecho de estar dedicada al sindicalismo ha marcado también la vida de mis hijos y aunque siempre he tenido el apoyo de mi familia, no pude estar presente en muchos momentos de ellos por el hecho de que en ocasiones significaba riesgos. Como madre nunca pude enseñarles a mis tres hijos a montar bicicletica, por temor a que les pasara algo al estar cerca de mí, y mi hermana tenía que cubrirme en las reuniones de la escuela. Alguna vez mi hijo, que hoy tiene 22 años, me hizo el reclamo por no estar en la reunión de padres de familia y me dijo frente a su profesor:
–No pues siga dedicando el tiempo a su sindicato.

Estos sacrificios muchas veces no son valorados dentro del movimiento sindical y a veces venía sobre mí la pregunta: ¿será que sí vamos por el camino correcto? Pasa un gerente, llega otro, pasa un gobernador, llega otro, y todo es lo mismo. En ocasiones uno dice, bueno, y con tanta lucha usted qué consigue, cuando poco o nada cambia.

Pero para mí nada es difícil. Yo considero que uno está en lo correcto, si el que te doblega tiene unos derechos hasta de mandarte a amenazar y joderte la vida, no los va a tener uno que trabaja juicioso, cumple un horario, hace el trabajo con amor y entrega lo mejor de sí, así no me estén pagando y no pueda llevar en condiciones normales y dignas el sustento a mi casa, sino que me toque fiar, prestar o empeñar.

Aquí hay un problema que es estructural: a un soldado o policía no le pagan por producción, a él le pagan por una necesidad social, por prestar su servicio, pero a nosotros nos quieren pagar por número de enfermos atendidos y tenemos que emitir una factura que dice que se presta un servicio, pero tenemos que estar funcionando como hospital con personal las 24 horas.

 

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Si tú construyes sobre cimientos débiles, esa estructura tiende a caerse. La verdad se debe construir para poder que en Colombia se respeten los derechos de las personas, y pienso que ahora hay una gran oportunidad para que se escuchen nuestras voces.

Si se logra construir verdad, que nuestros testimonios puedan servir y llegar a todos los rincones, que todas las personas puedan contribuir para construir esa verdad, va a ser importante. Cuando a mí me dicen la verdad, se puede sanar el alma, saber quién nos amenazó y por qué motivo, quién asesinó a nuestro compañero y por qué motivo, quién desapareció a nuestro compañero y por qué motivo, construir esa verdad pero que no se sigan enmascarando más situaciones de los trabajadores, de los líderes sociales que reclamamos lo justo.
A partir de eso se pueden cambiar procesos en el país y llegar a una verdadera democracia, si los colombianos en su mayoría lo quieren hacer, porque llegar a la verdad nos va a permitir, primero, calmar esa sed de justicia y que haya cambios estructurales, que es lo más importante para poder que se descubra y se materialice la corrupción como un fenómeno terrible. ¡Esa sí es una rueda en la estaca! No son los sindicalistas, porque a la corrupción le ofende que uno señale: vea, se están llevando tanto y estos se están oponiendo, porque en ocasiones no se pagan salarios, porque hay que pagarle al proveedor y el proveedor da tanto para los bolsillos de no sé quién. Conocer la verdad va a permitir que haya cambios de fondo.


*Este testimonio fue construido con el relato de una lideresa sindical, cuyo nombre se modifica por motivos de seguridad.
*El presente artículo es la primera entrega de la alianza entre la Escuela Nacional Sindical y Periferia con el propósito de visibilizar la violencia antisindical en el país y las apuestas del sindicalismo ante el SIVJRN.

Esta es la historia de un hombre que se hizo viejo cuando era un niño –uno de tantos–.

Mauricio García tenía 13 años. Vivía en una finca en la vereda La Estrella, cerca al corregimiento Santa Ana de Granada, municipio ubicado en el Oriente antioqueño. La suya era una típica familia campesina colombiana: su mamá era ama de casa y su papá agricultor. Cultivaban café, molían caña, y vendían panela en el pueblo.

No solo los cuerpos, las almas también envejecen. La de Mauricio empezó a aviejarse un lunes, el lunes 13 de enero de 2003. Ese día su hermano, Alejandro García, estaba en el pueblo. Sonaron varios disparos, uno impactó en la espalda y otro en la pierna de Alejandro. El Ejército echó su cuerpo en una bolsa, como algo que ya no sirve, luego en un ataúd, y después en una bóveda como si fuera un NN. Se llamaba Alejandro, tenía 16 años, y sueños, y esperanzas, tenía un futuro.

Desde 1995 todo fue horror. Las primeras masacres y amenazas se expandieron por el Oriente antioqueño desde la zona del altiplano, el corazón urbano y económico de la región. Las FARC y ELN estaban concentradas en las zonas rurales de los municipios que no integran el altiplano. A partir del 95, las Fuerzas Militares, con ayuda de grupos paramilitares, emprendieron la recuperación del territorio y el exterminio de las guerrillas. Para lograrlo, la Fuerza Pública incursionó con una consigna: todo el que viviera en esos municipios hacía parte de la guerrilla, había que sacarlos de los territorios, sin importar si era hombre o mujer, todos eran el enemigo.

Los militares y los paramilitares cercaron la población. Los campesinos quedaron sitiados, no podían ir a las cabeceras municipales. Los hombres, que acostumbraban ir los fines de semana al pueblo para hacer el mercado, dejaron de ir por miedo a que los asesinaran. Les encomendaron esa tarea a las mujeres y también las mataron. La responsabilidad recayó luego sobre niños y jóvenes que fueron retenidos por sus captores hasta que los padres no fueran por ellos. El plan era cortarle el suministro básico de subsistencia a la población. Los paramilitares se encargaron del bloqueo económico en las zonas rurales mientras los militares controlaban los cascos urbanos.

Los campesinos fueron asesinados por incluir en el mercado un medicamento, unas pilas, unas botas de caucho o un paquete de cigarrillos, en los retenes consideraban que estas eran raciones de abastecimiento para las guerrillas. Además de asesinar campesinos y campesinas, militares y paramilitares también destruyeron bienes esenciales para la permanencia de las comunidades: los puestos de salud, las escuelas, las tiendas rurales, y a los cultivos, por ejemplo, les echaban gasolina o veterina. La región vivía una crisis humanitaria, en el momento más crítico fueron en total siete batallones, dos unidades aéreas y cuatro frentes guerrilleros los que hacían presencia en el territorio.

El Oriente antioqueño empezó a reportar las ejecuciones extrajudiciales una vez las Fuerzas Militares coparon el territorio, pero los asesinatos de civiles reportados por los soldados como guerrilleros muertos en combate incrementaron con la desmovilización de los bloques paramilitares entre 2003 y 2006. Mauricio dice que creció “viendo muertos”, muertos que eran ajenos hasta que el conflicto le robó la niñez. Primero fue su hermano mayor, después su papá: Nicolás Emilio García.

Fue un lunes, el lunes 14 de junio de 2004. Mauricio estaba en la sala de la finca haciendo las tareas del colegio, cuando escuchó un estruendo “demasiado fuerte”. Se asustó, salió al patio, y vio a varios soldados apuntándole a su papá que estaba tirado en el suelo. Segundos después su madre llegó a los gritos intentando evitar el atropello. Los militares doblegaron a Mauricio y lo tiraron al piso al lado de su padre. Don Nicolás pidió clemencia, “no, él es un niño”, les dijo. Mauricio no entendía nada. Los soldados no escucharon las súplicas de su madre. A su papá le dieron una patada “súper fuerte que recuerdo perfecto”, lo amarraron y lo llevaron a la parte trasera de la casa. A él y a su mamá los metieron en un baño. “Ahí pensamos que nos iban a hacer algo –recuerda Mauricio–, esperamos unos minutos, cuando salimos no vimos a nadie”.

Luego fueron al pueblo porque sabían que allí estaba asentado el Ejército. Su mamá logró hablar con uno de los comandantes. “Si él debe algo, preséntelo ante una entidad competente que en este caso sería la justicia”, le dijo ella. “No se preocupe que a él no le va pasar nada, a él solamente le estamos haciendo unas preguntas. A él no le va pasar nada, tranquila, váyase para su casa, él va estar bien”, respondió el militar. Mamá e hijo intentaron salir de Granada, pero no había transporte y las vías estaban bloqueadas. El viernes 18 lograron llegar a Medellín en la noche y se contactaron con la Corporación Jurídica Libertad para notificarles el caso. “La primera recomendación que nos hace el abogado es visitar anfiteatros porque habían subido muertos desde la zona. Como para descartar, lo hicimos, y en el segundo anfiteatro lo encontramos, ya mi papá estaba muerto”.

Una habitante de Granada declaró que vio cuando el Ejército bajó con Nicolás hasta la parte baja del pueblo, donde quedaba el puesto de salud, y que a los cinco minutos escuchó una balacera. La mayoría de ejecuciones extrajudiciales en esta región de Antioquia compartían el mismo modus operandi. Fernando Valencia, que en aquellos años era abogado de la Corporación Jurídica Libertad y acompañó a las comunidades y organizaciones del Oriente antioqueño asediadas por el conflicto armado, recuerda que llamaban a la corporación a decirles que habían detenido un pariente, se lo habían llevado y más adelante habían escuchado un tiroteo. “Retenían la persona, la llevaban hasta un lugar apartado, simulaban un enfrentamiento, una explosión, o disparaban un largo rato, y luego la sacaban en una mula o la llevaban a un paraje muy distante de la captura para entregarla como guerrillero”. En el museo Casa de la Memoria de Medellín, durante la presentación del informe Ni descuidos ni manzanas podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antioquia una política de Estado, Fernando afirmó también que era común encontrar los cadáveres desfigurados. A las mujeres, por ejemplo, les cortaban el cabello o se lo tinturaban, también solían cambiarle la ropa a las personas y dejarlas en lugares donde nadie las conociera o que fueran muy alejados, incluso en otros municipios, para que el sol y el agua las desfiguraran y así ni los parientes pudieran reconocerlas.

Ese procedimiento explica en parte el auge de los asesinados no identificados en el Oriente antioqueño. Sin embargo, si la justicia penal militar no hubiera ocultado pruebas para defender el comportamiento de los soldados, o los inspectores de Policía municipales hubiesen realizado con rigor los levantamientos de cadáver, o los médicos no hubiesen pasado por alto detalles importantes como tatuajes, fracturas o características de la dentadura en las historias clínicas, muchas personas habrían podido ser identificadas.

El Oriente antioqueño es una de las regiones con más desapariciones forzadas registradas, solo en San Luis, municipio ubicado a tres horas de Medellín, 180 personas permanecen desaparecidas. Según la cantidad de víctimas registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Oriente, el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá suman 10.377 de las 60.630 personas desaparecidas forzosamente entre 1970 y 2016. En sus informes la institución determinó que, a nivel nacional, los grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización son responsables de más de la mitad de los casos.

 

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El 27 de mayo decenas de familiares de los asesinados entregaron el informe sobre ejecuciones extrajudiciales a Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y a Max Yuri Gil, coordinador de la macro región Antioquia - Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad. El informe elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Jurídica Yira Castro, la organización Equitas y la organización Humanidad Vigente Corporación Jurídica, da cuenta de 112 casos cometidos en el Magdalena Medio, el Oriente y el Nordeste antioqueño que dejaron 154 víctimas.

El informe está dividido en dos periodos. El primero documenta 65 hechos que arruinaron 97 vidas entre el 17 de diciembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004, los cuales están siendo investigados por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y se le atribuyen al Batallón de Artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez que en aquellos años comandaba el coronel retirado Juan Carlos Barrera Jurado, quien solicitó someterse a JEP y, según los investigadores, fue contratado como asesor para el diseño de la actual doctrina militar llamada 'Damasco'. El segundo periodo de la investigación lo integran 47 casos ocurridos entre 2007 y 2008 que dejaron un saldo de 57 víctimas. De ellos, 15 casos son responsabilidad del Batallón Bomboná que operaba en Anorí, Amalfi, Vegachí, Yalí, Cisneros y San roque; 15 fueron perpetrados por el Batallón Calibío que operaba en la zona rural de Yondó, Puerto Berrío, Cimitarra y Puerto Parra; 10 son atribuidos al Batallón Especial Energético y Vial número 8 que operaba en Remedios y Segovia; 4 señalan como responsable al Batallón Bárbula que operaba en Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá y Caracolí; 1 culpa al Batallón de Servicios número 14; y de los 2 restantes aún no hay responsables identificados.

No solo hay cifras, el informe también detalla los patrones criminales. La mitad de las víctimas fueron presentadas por los soldados como personas no identificadas para evadir la justicia y evitar que iniciaran las investigaciones. Los investigadores también encontraron que la mayoría de víctimas eran retenidas de forma ilegal en sus casas o en los lugares de trabajo frente a sus familiares. En muchos de los casos, aseguran, hubo selección previa de las víctimas y se utilizaron guías o informantes, el Batallón Calibío, por ejemplo, destinó más de 20 millones de pesos al pago de estos. La investigación es una de las tantas pruebas que pretende confirmar que las ejecuciones extrajudiciales fueron una política de Estado que contemplaba la muerte como único resultado aceptable de las Fuerzas Militares para posicionar la idea de que la Fuerza Pública estaba siendo la vencedora del conflicto armado interno.

“Este informe y las pruebas que lo acompañan tiene una finalidad: develar la responsabilidad de los comandantes en las ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido conocimiento de que aquí en Antioquia la justicia solo ha escalado la responsabilidad hasta los soldados rasos”, manifestó Sergio Gil, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Los comandantes a quienes el informe y los investigadores también responsabilizan son Wilson Hernández Cedeño, Oscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, y Mario Montoya Uribe.

Mientras muchos soldados ganaban viajes y vacaciones extras por cada inocente reportado como guerrillero muerto en combate, el miedo florecía en el alma de las comunidades. Mientras algunos comandantes eran ascendidos y recibían medallas por cada orden ejecutada por sus subalternos, el campo se quedaba sin campesinos. Mientras los guionistas de esta novela sangrienta hacen todo lo posible por destruir el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, las víctimas que han puesto los muertos les piden a los militares que digan la verdad.

Antioquia es el departamento con más ejecuciones extrajudiciales. A pesar de todo, a pesar de tanto, las víctimas confían en que la memoria, las evidencias y la Jurisdicción Especial para la Paz, acaben con una parte de su calvario. “Esto no es solo un informe, es la reivindicación de la dignidad de las víctimas, es la posibilidad de reconstruir la verdad”, manifestó Fernando Valencia en el evento de lanzamiento.

Mauricio García ahora hace parte de la organización Tejiendo Memoria. Alejandro García, su hermano, y Nicolás Emilio García, su padre, no morirán mientras él siga vivo. “Está plenamente identificado qué batallón fue el que realizó el operativo. También tenemos conocimiento de nombres y apellidos de la patrulla que hizo la visita a nuestra vivienda (…) Me he dado a la tarea de hacer visible esto porque siento que mucha gente en el país no lo conoce. En conversaciones con amigos, con gente cercana, me he dado cuenta que incluso ellos no saben que hay víctimas del Estado en el país. Nosotros como víctimas merecemos ser escuchados, reconocidos y reparados en todos los sentidos porque hay una gran afectación. Mi misión en este momento es hablar por las víctimas, perder el miedo, porque al principio no lo hacía por temor, otras veces por indiferencia, pero en estos momentos estoy comprometido plenamente con este escenario de la JEP que se abre para mostrarle la realidad al país (…) No es fácil, la política de Estado afectó mi familia y afectó mi integridad, mi futuro; no solo es el muerto que queda en el cajón y se llora, es lo que viene después, es cómo empezar a reconstruirse y seguir avanzando, porque igual la vida continúa”.

Después de escuchar a Mauricio en la rueda de prensa solo supe decirle gracias y abrazarlo. Ojalá no sea cierto –como él cree– que 15 años después, el caso de su hermano esté “durmiendo en un expediente de la Fiscalía”.

 

*Contenido realizado para la alianza de medios Periodismo de Verdad

David Berrío regresó con la caña en su mano y se detuvo antes del puente de más de cien metros sobre el río Samaná Norte.
-Primo –le gritaron–, ¿y los peces?
-En el río –respondió automático–.

Una mujer le contó que su esposo pescó una dorada de varias libras. Notó su pesimismo e intentó consolarlo, le dijo que esa tarde o al día siguiente tendría su desquite.

David no pareció reconfortarse con el comentario. Cruzó el puente con la caña en la mano y su cara desconsolada. La pregunta que escuchó desde las primeras casas no dejarían de repetirla hasta la puerta de la suya.
-¿Y los peces?

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En 1880 el alemán Friedrich Von Schenck cruzó el río Samaná en un viaje que lo llevaría a Medellín. En su primer día de viajes le tocó cruzar “el torrentoso Samaná sobre caminos muy pendientes, parecidos a trochas para cabras”.

Ese camino al que se refiere el alemán, David Berrío lo llama Camino real. Lo recorrió por décadas hasta que los embalses, las carreteras de las hidroeléctricas y la guerra misma contribuyeron a su desaparición. David es hijo de los bosques de San Carlos, un pueblo a 113 kilómetros de Medellín. Su papá nació en Donmatías y su mamá en Guatapé. Y él, cerca del corregimiento El Jordán, de San Carlos.

Tiene 70 años y conoce el Samaná desde que tenía 8. Aprendió a pescar con machete porque no existía atarraya. Conoció Puerto Garza, el corregimiento en el que vive, cuando no era pueblo, cuando solo era monte y selva, cuando no había carretera, cuando solo había una que otra casa regada en medio de la nada. David recuerda los años en los que construyeron Jaguas, Playas y San Carlos, recuerda la carretera que abrieron para conectar con Puerto Nare y así construir más pronto la central San Carlos. Y con esa carretera y ese puente de más de cien metros que cruza todos los días, una y tantas veces, vio nacer este pueblito a principios de los 70, en donde ahora viven poco más de mil personas.

Entonces el río Samaná se volvió el patrón de todos los que construyeron su casa al lado de la carretera y al lado del río. El patrón o les daba pescado o les daba oro. Y así ha sido por décadas. El pueblo que surgió por una carretera que abrieron para construir una hidroeléctrica, hoy está sentenciado a su desaparición si sobre el patrón construyen un muro de 140 metros para generar 352 megavatios de energía (el 3% de la energía nacional).

La energía los llevó al pescado y al oro. Con más energía no habrá bagre, picuda, dorada, pataló ni bocachico.

 

 Fotografía: Fundación Yumaná

 

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El Samaná es verde en verano, verde cuando la central San Carlos no le descarga agua oscura, verde cuando está bajo y brioso. Claro que hubo un tiempo que no era tan ancho, porque el que es hoy en Puerto Garza fue transformado por las aguas y arenas ajenas que recibe.

En épocas de lluvia es un rugido oscuro y alborotado. Sus rápidos se ven gigantes y los lancheros deben cruzarlo con pericia, recordando las piedras monumentales y acelerando en los remolinos y embestidas. Razón tiene Joanna Andrea Barrera, ingeniera en recursos hidráulicos, al decir que los ríos tienen personalidad, que laten como si tuvieran un corazón. No humano, porque el del Samaná varía con las épocas del año: la subienda, la bajanza, la mitaca, el invierno, el verano. Es lo que ella llama el hidrograma: es propio y esencial de cada río. Si este se altera significa cambiarle su personalidad y, por tanto, su flora y su fauna.

Tanto sabemos ahora del Samaná por investigadoras como Joanna, por hidrólogos, biólogos, defensores de derechos humanos, por gente del Oriente de Antioquia, por pescadores como David Berrío, e incluso por los que quieren volverlo una fábrica de energía.

La empresa Integral hizo el estudio de impacto ambiental para el proyecto Porvenir II, el que construiría un muro de 140 metros sobre el Samaná. Hablaron de bocachico, dorada, bagre y pataló, pero se olvidaron de nombrar el comelón, las sardinas, el mazorco, el bagre rayado, el blanquillo, la vizcaína, la arenca, el barbudo, el capaz, la picuda, todos esos peces que David Berrío ha pescado y comido en su casa. En 2014, Integral averiguó la producción de pescado de acuerdo con el mes: febrero es el de más pesca (11.8 toneladas), seguido por julio (1.7). Con base en esos datos identificaron el valor del negocio, quiénes son los pescadores y cuánto podrían darles como indemnización.

Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo

Joanna Andrea Barrera concluye en un estudio sobre el Samaná, que si se construye el muro o los muros, habrá cambios en los caudales, no habría intercambio de sedimentos y nutrientes de los que viven animales y plantas, y el río perdería su conectividad con el Magdalena y los peces mismos que suben contra la corriente. Sería un aislamiento: los peces atrapados a un lado del muro y los peces que no volverían a migrar del otro lado. Y eso traería problemas sociales para las comunidades que viven del río, como Puerto Garza.

David Berrío no podría volver a pescar: no habría peces migratorios ni lo dejarían Celsia, Isagén o las empresas que se adueñen del río. El Samaná cambiaría su personalidad, cambiaría sus latidos, dejaría de ser.

 

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Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo


David Berrío miró el río desde el puente. Turbio, violento, crecido. Bajó hasta la orilla y sobre una roca destripó un comelón. Cortó un trocito y lo enganchó en la caña. Tiró el cebo al Samaná y no hubo pez que jalara. Lo hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y siempre regresó con el trozo de carne encogido.

-Hoy no parece que es el día –dijo–.
Se recostó en una roca rumiando la impotencia. Miraba el agua furiosa, los rápidos alborotados.
- ¿Vio cuerpos bajar por el Samaná? –le pregunté–.
-Del puente de aquí tiraron mucha gente. Nosotros veíamos los cuerpos en los remolinos de agua. En esa violencia, tiraban gente que uno no conocía, y uno los dejaba pasar.

Los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara también hicieron del Samaná una fosa común. Los paramilitares y las guerrillas y el Ejército también hicieron desplazar a David de Puerto Garza. A sus hijos los querían reclutar, él ya sabía la historia de otros vecinos que engrosaron bandos contrarios. Prefirió perder sus cultivos de aguacate e iniciar la huida.

Pero regresó y los cultivos de coca pululaban. Tenía 100 árboles de mandarina y las avionetas también regaron sus litros de glifosato y lo dejaron sin sus arbustos.

David tiró de nuevo la cuerda, tan resistente como para soportar la fuerza de un pez de 20 libras, y siguió hablando del desplazamiento, de uno de sus hijos que a veces le gana en la pesca, de la coca, de las lanchas que se han volteado capoteando el río con sus rápidos, hasta que la cuerda se tensó. A veinte metros una dorada saltó sobre el agua, pero se llevó el trozo de comelón.

No era el día, estaba claro, por eso prefirió nombrar los concursos en los que ha ganado en las Fiestas del Bocachico, cuando la subienda es alegría en Puerto Garza. En el 2017 pescó un bagre de 8 libras y quedó primero. “Un señor se enamoró de él y se lo vendí por 70 mil pesos”, dijo.

La mañana fue una tertulia al lado del Samaná. David se encaramó entre las rocas y ascendió hasta la carretera, llegó a un extremo del puente y empezaron las preguntas por sus manos vacías. Estaba desanimado, claro, pero sabía que el río siempre da su recompensa.

-El Samaná nunca nos ha pagado mal. Es una riqueza de vida. Dios quiera que no lo vayan a represar. Nos echan con las manos vacías y eso da desconsuelo. Fuimos desplazados y esta vez, viendo toda la vida que tiene el río, lo van a privatizar, si es la cuna de nosotros.

Fotografía: Fundación Yumaná

Frente al incremento y abuso de la criminalización y judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el país, coinciden las organizaciones de abogados como el Equipo Jurídico Pueblos, la Fundación para la promoción de la justicia Javier Alberto Barriga, y los asesores jurídicos de la Corporación Sembrar y del Movimiento de Masas del Centro Oriente colombiano, entre otros, que los organismos de inteligencia como la Dijin, la Sijín, el Ejército y la Fiscalía se encargan de vigilar, interceptar, hostigar, amenazar y finalmente encuadrar en tipos penales y capturar a los líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, los derechos humanos, y organizan a los trabajadores y a las comunidades, para sacarlos del medio y así debilitar y exterminar los procesos sociales y populares. En casi todos los casos utilizan a los desmovilizados y falsos testigos para incriminarlos y ganar beneficios legales.

Son muchas las organizaciones y procesos sociales víctimas de esta modalidad, por lo que amerita indagar e investigar a fondo la magnitud de la situación que sufren muchos líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Por ahora trabajaremos sobre los casos, datos y fuentes que pudimos recoger.

Sur de Bolívar
En marzo 22 de 2017 fueron capturadas Nubia Gómez Jaimes, Milena Quiroz, José Lemus Jaimes, Isidro Alarcón, Manuel Sabaleta, Félix Muñoz, Joaquín Gómez Quiñones y Santos González Pimienta en el Sur de Bolívar.

Jorge Reales, quien se desempeña como abogado de la Corporación Sembrar y tiene a su cargo la defensa de la mayoría de procesos en contra de estos líderes sociales comenta que “el proceso de los ocho primeros casos es de conocimiento del Juzgado Primero Penal especializado de Cartagena… Las personas fueron capturadas y judicializadas con base en informaciones de personas desmovilizadas del ELN. Es decir, repitiendo el patrón de casos anteriores de detenciones masivas”. La precariedad de las pruebas y las irregularidades legales de las capturas obligó a los jueces a dejar libres, meses después, a los capturados, aunque siguen procesados.

En el Sur de Bolívar ya se habían presentado falsos positivos judiciales en el año 2007 y 2008. Con montajes y falsos testigos las autoridades incriminaron a Teófilo Acuña y Alirio Salgado, lo cual fue demostrado en medio de sus procesos. La estigmatización y la presión de las Fuerzas Militares y la Fiscalía sobre los líderes de la región no cesó, en 2018 cinco de los principales líderes del corregimiento de Micoahumado se vieron obligados a presentarse ante el ente investigador en la ciudad de Bogotá para exigir que se les presentaran los cargos y si era del caso fueran capturados o se les dejara en paz de una vez por todas, la Fiscalía General de la Nación certificó que no tenían orden de captura.

Suroccidente, Nariño y Valle
El 21 de abril de 2018, fueron capturados 33 líderes del Suroccidente colombiano, en especial del departamento de Nariño, la mayoría ex servidores públicos de reconocida trayectoria social entre las comunidades, lideresas indígenas y afrodescendientes. En este caso 27 de ellos tuvieron que ser dejados en libertad por la misma razón: precariedad en las pruebas e irregularidad en las capturas. Los cargos en este caso eran concierto para delinquir, narcotráfico, porte de armas, rebelión, entre otros que vinculaban a los y las lideresas con el ELN. Sin confirmar está la versión de que esas capturas estuvieron coordinadas y presionadas por la DEA.

Hoy se encuentran privadas de la libertad Sara Quiñones y Tulia Marys Valencia Quiñones, madre de Sara, las dos lideresas reconocidas del Proceso de Comunidades Negras, PCN, de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, y defensoras de derechos humanos, quienes, según el PCN, llevan más de 257 días injustamente privadas de la libertad por vencimiento de términos, y en total cumplen más de un año en una cárcel de Cali. La lideresa Alejandra Dizú también está privada de la libertad en un centro de armonización por la jurisdicción indígena.

Nororiente de Colombia
Las conclusiones de un informe sobre judicialización del Equipo Jurídico Pueblos, con sede en Bucaramanga, pero que atiende profesionalmente toda la región norte y sur de Santander y parte del Cesar, es contundente: “una vez revisadas las zonas más afectadas con las detenciones masivas, todas ellas son regiones donde concurren intereses económicos y/o político-militares claros, que requieren ser “pacificadas” o “estabilizadas”. Tal es el caso de los pozos petroleros alrededor de Caño Limón, explotados por las empresas petroleras Oxy, Repsol-YPF y la British Petroleum (BP); o el Sur de Bolívar donde la Anglogold Ashanti está explorando minas de oro; Sabana de Torres, que hace parte del enclave petrolero, donde además existen grandes sembrados de palma y hoy en día la famosa “RUTA DEL SOL” con el proyecto “DIAMANTE CARIBE SANTANDERES”, el cual ha generado varias capturas de campesinos que reclaman derechos al Estado colombiano y Multinacionales que desarrollan estos proyectos”.

En este marco, en enero y febrero de 2014 fueron capturados tras los testimonios de desmovilizados que obtuvieron beneficios judiciales por su colaboración con la justicia, los campesinos Wilson Becerra Becerra, Alonso Serrano Arias y Jairo Ramírez, del municipio de La Gloria, Cesar. La Fiscalía renunció a las declaraciones de los desmovilizados, quienes no pudieron ser contrainterrogados por la defensa; dos y cuatro años más tarde Wilson y Jairo recuperaron su libertad, pero continúan vinculados al proceso judicial, mientras que Alonso continúa detenido. También, bajo declaraciones de desmovilizados corrieron igual suerte en agosto de 2015 el campesino Manuel Antonio Cardozo de Curumaní, Cesar, y en diciembre del mismo año los campesinos Matilde Ureña y Otoniel Caballero de El Carmen, Norte de Santander.

En junio de 2016, en Becerril, Cesar, la Sijín y el Ejército nacional (Batallón Energético y Vial, en adelante BAEV2), acompañados de cuatro personas que cubrían sus rostros y portaban armas, capturaron a los campesinos Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Wilson Paredes, Cristo Humberto Calderón Rozo, Cristo Pineda Castillo, Ubernel Duran Riogó, Jorge Enrique Mieles y William Paredes Aguilar. El desmovilizado que declaró contra ellos fue asesinado posteriormente por miembros del BAEV2 del Ejército, sección de inteligencia. Hoy todos los campesinos están libres, pero con un proceso abierto. Otros 17 casos, la mayoría con montajes judiciales y declaraciones de desmovilizados, bajo los mismos patrones o similares condiciones, se presentaron entre el 2012 y 2018. Todos fueron atendidos por el Equipo Jurídico Pueblos, y la mayoría de imputados están hoy en libertad, pero siguen judicializados.

También el Equipo Jurídico Pueblos representó a la joven defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, en medio de su captura y la de nueve jóvenes más acusados de actos terroristas, a través de un irregular proceso de captura, conocido mediáticamente como el caso del Centro Comercial Andino.

Bogotá
Desde el año 2015 trece líderes y lideresas estudiantiles fueron judicializados y capturados en medio de un show mediático, tres de ellos por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público; los diez restantes por porte ilegal de armas (papas bombas), y violencia contra servidor público; a pesar de recobrar su libertad por la debilidad probatoria, todos siguen judicializados. Situación similar sufrió el joven estudiante y líder Mateo Gutiérrez, judicializado y llevado a la cárcel en marzo de 2017 acusado de atentados con explosivos en la capital. A Mateo también querían involucrarlo en el atentado del Centro Comercial Andino, aunque fue demostrado que no participó en estos hechos pues estuvo tras las rejas 20 meses.

El seis de junio de 2018 fue capturado el secretario técnico y líder social del Congreso de los Pueblos Julián Andrés Gil Reyes. Según su proceso organizativo local Quinua y el Congreso de los Pueblos, las autoridades judiciales utilizaron como “informante” a un excompañero de Universidad, Andrés Felipe Ospina Guarín, quien con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, involucró a Julián en acciones bélicas con explosivos y armas, en las que jamás estuvo presente. La Fiscalía pretende propinar un “falso positivo judicial” imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.

Arauca, Casanare y Meta
El abogado Alex Arguello del equipo especializado de derechos humanos del Centro Oriente de Colombia, recuerda que las judicializaciones no son asunto nuevo. En noviembre de 2002 bajo el gobierno de Uribe Vélez, llevaron a la cárcel a cientos de líderes en todo el país, con casos emblemáticos como el de Arauca en donde un total de 2000 personas, incluidos menores de edad y amas de casa, fueron trasladadas al coliseo Jacinto Jerez, donde fueron encerradas mientras se verificaban las ordenes y se hacían efectivas las capturas de más de 90 personas, la mayoría líderes sociales. Fue la primera captura masiva a nivel nacional, tras la expedición del Decreto 1837 del 2002, y la realizaron personal del Ejército y el Gaula de la Policía. Pretendían según ellos desmantelar las redes de apoyo a la guerrilla del ELN. Aún varios de estos procesos siguen sin resolver. Igual sucede con el caso del líder Jorge Sanabria, de la organización juvenil Anjeco de Arauca, que fue capturado desde septiembre de 2016.

Arguello también informa que el 30 de septiembre de 2018 en Casanare y Arauca fueron detenidos cinco líderes sociales del Movimiento de Masas del Centro Oriente, pertenecientes a las organizaciones Asonalca y Asmuc; y el 20 de octubre de 2018 fue capturado en Arauquita el afiliado de Asonalca, Horacio Lizarazo Bernal. El 27 de noviembre de 2018 también fueron capturados ocho líderes comunales más y en abril de 2019 a otros trece se les inició proceso penal. En la actualidad ya suman 27 los lideres judicializados en la región, la mayoría líderes y lideresas reconocidas por su lucha contra las petroleras que explotan los recursos en esas zonas del Centro Oriente.

La Estructura Especial de Apoyo, EDA, cuerpo especializado de la Fiscalía al servicio exclusivo de las empresas petroleras nacionales o extranjeras, pagado por estas, se encarga, como en otras regiones, de hacer seguimiento y perseguir a los líderes de las comunidades que adelantan acciones reivindicativas y de protesta social, exigiendo que respondan por sus obligaciones legales y económicas en los territorios donde explotan los hidrocarburos. La EDA se encarga de enmarcar las acciones legítimas de las comunidades en tipos penales, con el fin de vincularlos con estructuras del crimen organizado y llevarlos a la cárcel. Así ocurrió el 12 de septiembre de 2018 en Acacias, Meta, con siete líderes de las comunidades que exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados con Ecopetrol. En este caso, aunque lograron su libertad, siguen procesados por varios delitos.

Antioquia
El 8 de marzo de 2019, fue capturado el concejal de San Francisco, Ancísar Morales, campesino oriundo de esa región del Oriente antioqueño y reconocido desde su adolescencia por el liderazgo social y popular con la Asociación Campesina de Antioquia y con el Congreso de los Pueblos. Su abogado Johan Giraldo, la comunidad, y hasta las autoridades locales, no salen del asombro porque conocen a Ancísar y lo respaldan, todos creen que es un montaje judicial o un grave error de la justicia. Ancísar es una persona dedicada de tiempo completo al bienestar de su comunidad, ha luchado frontalmente contra el flagelo de la drogadicción y el micro tráfico que afecta a los jóvenes de su comunidad, y un montaje judicial lo tiene hoy en la cárcel, presuntamente por estar implicado con delitos de distribución de droga y porte ilegal de armas porque en su residencia campesina tenía una escopeta.

Sin cubrir la totalidad de casos de judicialización que sufren las organizaciones sociales y populares en Colombia, estos procesos, que superan los cien casos de abuso del derecho penal, son apenas una muestra y estarían enmarcados en las prácticas genocidas del Estado colombiano que hoy lo tienen en la palestra internacional por los más de 702 casos de ejecuciones extrajudiciales contra líderes y lideresas.

Desde hace mucho tiempo la humanidad se ha inclinado, al parecer, por la consigna de creerle al poderoso y negar al humilde. Si los gremios económicos sienten que sus ganancias no son acordes a lo esperado, proponen reformas para ajustar sus expectativas, y sus gobiernos, los congresos, “sus instituciones”, y por supuesto los medios masivos de comunicación, salen a vociferar miles de razones para convencer a los pueblos sobre la necesidad de esos cambios. La mayoría de los afectados con esas transformaciones simplemente no se dan cuenta del engaño ni del daño causado.

Así convencieron a casi todo el mundo de que lo privado era mejor que lo público, que lo público era corrupto, ordinario, de mala calidad e ineficiente. Con ese argumento baladí, las familias más poderosas, los ricos, los empresarios y los políticos corruptos, convirtieron en negocio el agua y la tierra, se llevaron a sus bolsillos toda la riqueza natural, la comida de los humildes. También se apropiaron de la riqueza producida por el trabajo de miles de asalariados y explotados, en especial de la plata de sus pensiones, la de sus ahorros de cesantías, sus primas de servicio, la salud, vivienda y educación de sus hijos e hijas; les esculcaron los bolsillos a los pobres para salvar bancos y banqueros, para engordar ladrones de cuello blanco. Toda la riqueza de esta nave espacial llamada planeta tierra cae a chorros en sus arcas y de allí extraen migajas para continuar un ciclo interminable de injusticia.

Y la cosa no para allí. Cuando los humildes y desposeídos se organizan y exigen con justicia sus derechos, y protestan y reclaman, los que se han enriquecido a costillas de estos, los poderosos, arremeten de nuevo: se necesita mano dura, orden, moral y honor para defender la patria de la amenaza populista que podría expropiar los harapos y los tiestos de los pobres. Ahora no bastan los aparatos de engaño masivo, se requiere la fuerza física y la violencia legítima del régimen, el crimen, el desplazamiento, la masacre, la cárcel, el robo; y de nuevo los empobrecidos aplauden a “las instituciones”.

Aun así, hay quienes no aplauden, se organizan, denuncian, investigan, escriben, y a gritos informan y argumentan seriamente, y llaman a los empobrecidos y explotados al cambio. Pero a pesar de su esfuerzo casi nadie los escucha, a veces ni siquiera se creen entre ellos; sus medios de comunicación e información son débiles, marginales y en lugar de fortalecerlos y luchar unidos por recuperar el derecho a la comunicación y a la autonomía, se desalientan, huyen, se apartan, critican sin hacer nada por resolver el asunto de fondo, o esperan que la ética o la decencia de algún periodista de los medios masivos los rescate. Mientras tanto, los libros con grandes e impecables investigaciones, o las propuestas y sueños de nuevo país se quedan en las bibliotecas de sus oficinas, en los escritorios, o en los periódicos madurando aguacates; al parecer para generar el cambio están las redes sociales: tal vez un día una buena convocatoria provocará la revolución.


Una que otra vez, alguno de los grandes aparatos de engaño masivo reconoce el daño causado a la humanidad, y denuncia, señala y confronta en apariencia a sus dueños, tratan de decir que sí hay democracia en estos aparatos de engaño y que así como se alteró la realidad en favor de los poderosos podría hacerse en favor de los humildes. Entonces ocurre lo inesperado, los inconformes asumen que hay un cambio sincero dentro de los medios, se olvidan por completo que tienen dueños y que estos son los mismos que provocaron el caos y la injusticia, y creen que es posible que un par de comunicadores éticos y periodistas íntegros puedan cambiarlo todo. Así nace y crece una nueva esperanza, en realidad un nuevo engaño, pues mientras estos periodistas no se metan con el problema de fondo, el aparato les va a permitir hacer su trabajo, pero el día que toquen la cereza del pastel los van a despedir sin contemplación, o tal vez algo peor.

Y así como sucede dentro de cada país, ocurre en el ámbito internacional. Los ires y venires de la geopolítica de vez en cuando le permitirán a un poderoso decir más cosas que a otro; algunos mandarán a callar a los menos grandes, como hizo el New York Times. Duele saber que los crímenes del Estado que por décadas han padecido y denunciado los humildes, solo tengan eco y credibilidad cuando lo dice un poderoso.

Es lamentable que la suerte de una sociedad esté en manos de los poderosos, pero es peor que los inconformes estemos esperando que la solución llegue como por arte de magia de estos poderes que nos han socavado la dignidad. La salida del gran periodista Daniel Coronell de la poderosa revista Semana es un ejemplo, más no es el primero que ocurre en Colombia, del poder que maneja la economía, la política y la ideología en nuestro país. Pero a la vez es la demostración de la debilidad que acompaña la propuesta política de cambio y transformación de las fuerzas progresistas y democráticas.

La comunicación popular, la prensa alternativa, las iniciativas culturales y creativas que existen en nuestro entorno social siguen viendo cómo las marginan los mismos que las deberían fortalecer. Las posibilidades de construcción de autonomía, poder popular y democracia pasan por ser dueños de nuestra propia realidad, por poder construir coyuntura y no salirle al paso a la de los poderosos. Hay que voltear la mirada a lo que tenemos en nuestras colectividades, procesos y organizaciones y creer en esas propuestas.

No debemos poner sobre los hombros de la comunicación popular y las iniciativas alternativas toda la responsabilidad del cambio social, pero sí hay que darle la importancia que se merecen. Siempre cabrá la esperanza de ver juntos en un gran proyecto comunicativo y cultural a las decenas de periodistas, intelectuales, artistas, fotógrafos, cineastas, escritores, músicos y creadores en general que hacen parte del sueño transformador. ¿Cuándo sucederá?

 

Ilustración: Juan David Gil Villegas

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