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Gonzalo Pérez estaba sentado en la mesa principal, mientras niños en el centro de la cancha del coliseo de Támesis, en el marco de la Tercera Travesía por el Suroeste: “un abrazo a la montaña”, sorprendían a Queen y a todos los asistentes con una canción al ritmo de We will rock you, que mostraba el sentimiento que niños de 12 y 13 años tenían por su territorio. Como si hubieran estado esperando ese momento, los niños se coordinaron marcando las dos corcheas y la negra, que asemejaba el ritmo característico de la canción: dos golpes en los muslos, un aplauso. Pronto un coro de voces agudas comenzó a decir “No más minería, fuera Anglo Gold, no queremos Fracking, no queremos oro/ Sí a las montañas, sí al café, sí a la vida, Suroeste libre de minería”. Era en serio, la Tercera Travesía por el Suroeste había comenzado.

Gonzalo escuchó, sonrió y se preparó para asumir su papel de participante en el debate que se iba a realizar con los tres candidatos a la alcaldía de Támesis, cuyo eje de conversación iba a ser el manejo del Plan Municipal de Aguas.

Gonzalo es un campesino de Támesis. Viajó descalzo hasta la escuela de su vereda los dos primeros años escolares, terminó sus estudios en el casco urbano y corrió con la suerte de poder estudiar Licenciatura en Español y Literatura en la Universidad de Antioquia. Actualmente es el Secretario de la Asociación de Acueductos de Támesis, del Acueducto de San Luis y es el presidente de la JAC en su vereda, La Mesa.

Cuando acabó el debate –que fue más un conversatorio dada la homogeneidad de posturas que los candidatos sabían que debían o querían tener frente a los temas de la protección de la naturaleza–, Gonzalo se dirigió a una tienda que había frente al coliseo, ubicado en la parte alta del municipio desde donde se veía el cerro del Cristo Rey, una montaña con una roca gigante que, por sus dos curvas, parece que se está desprendiendo. Él compró una cerveza, nos sentamos en una acera que daba vista a las montañas, como la mayoría de lugares en Támesis, y comenzamos a hablar.

Gonzalo comenzó el camino de formación en gestión comunitaria y políticas públicas del agua, cuando “el alcalde de turno en el 2012, Juan Martín Vásquez, convocó a los acueductos y a la organización Penca de Sábila para que nos capacitara, apoyara, educara, porque no había recursos para el campo. En su programa de gobierno y en su plan de desarrollo iba a construir una política pública de agua y la iba a implementar, entonces comenzamos a trabajar. Y aunque el trabajo no ha sido fácil por lo complicado que es pensar en lo comunitario cuando nos han educado para ser individuos y no sociedad, Támesis hoy cuenta con 24 acueductos comunitarios que tienen desde 30 hasta 300 asociados. Los hemos hecho la gente, porque la ayuda de los gobiernos ha sido casi nula. En el Sistema General de Participaciones hay un dinero para agua potable y saneamiento básico, y los alcaldes dedican esa plata a otras cosas, o si la dedican a los acueductos lo hacen en donde tienen más amistades y así, pero nosotros en la política pública creamos un ente autónomo para tener músculo financiero y poder invertir”.

Los baches en el camino se han convertido en una constante para las personas que como Gonzalo luchan por mantener de una forma u otra la autonomía de los territorios. “Támesis tiene mucha agua y eso puede ser una maldición. En el año 2000 estaba negociando el acueducto y ciertas aguas de Támesis por 30.000 millones de pesos, durante 50 años, y nosotros como siempre hemos tenido un amor tan grande por el agua, el Concejo, a pesar de que no tenía una gran formación política, le negó el acuerdo. En el año 2010 la alcaldesa de turno, Margarita Moncada, quiso entrar al municipio los bonos Carrasquilla y el Concejo lo negó. Y el actual alcalde, quiso entrar al municipio el Plan Departamental de Agua y a pesar de que él tenía mayoría de su parte en el Concejo, las organizaciones Acuatámesis, el CODEATE, el COA y ciudadanos claros en lo que queríamos, logramos convencer al Concejo de lo maligno que era entrar al municipio ese plan, porque por ese camino llegábamos a la privatización más temprano que tarde y renunciábamos al manejo autónomo de los recursos”.

A estos problemas regionales se le suma que la Ley 142 de 1994, la Ley de Servicios Públicos, dice Gonzalo, “quiere es acabarnos, porque como la mayoría de leyes de este país la hacen es los interesados y el Estado solo modula y en algunos casos ni modula. Esta Ley la hicieron las multinacionales y las grandes empresas locales. Por eso siempre nos han mostrado a las empresas públicas, que las hemos construido con esfuerzo, con sacrificio, con sudor, lágrimas e impuestos, como malas y mal administradas, porque los únicos administradores buenos son los privados”.
Esta ley también plantea que las organizaciones sociales y comunitarias sin ánimo de lucro, pueden administrar servicios públicos, pero aún no hay reglamentaciones que lo posibiliten, y por el contrario la normatividad para empresas de servicios públicos cada vez va más en contravía con la realidad de los territorios y más en sintonía con las lógicas de las empresas privadas. Por esta razón, desde hace años, varios líderes encargados de la gestión de aguas en sus territorios se han encontrado en diferentes congresos que buscan que se cree una ley propia para los acueductos comunitarios, acorde a sus lógicas, capacidades y necesidades.

El cuidado de este recurso y la amenaza constante hacia el mismo conviven en el Suroeste. Por un lado, los defensores de este “territorio sagrado para la vida” han hecho frente en la defensa de los bienes comunes como potenciadores de la vida digna. Sin embargo, el uso de los recursos hídricos y su privatización duermen bajo la misma montaña, y esperan poder tener la energía para abastecer los proyectos energéticos que empresas como AngloGold Ashanti quieren instalar en los territorios. Del proyecto Quebradona de Jericó, por ejemplo, espera extraer 1500 toneladas de cobre diarias, lo que significaría un gasto de energía enorme que sería producido por Hidroituango. Cerro Matoso en Córdoba, por ejemplo, consume la energía equivalente a la que necesita Barranquilla. En este sentido, el agua no es un fin, es un medio.

Gonzalo sabe qué significa esto, por esa razón sigue su camino con los procesos de acueductos comunitarios a los que llama “el último reducto de democracia directa” que existe, porque como él dice: “el Estado solo ve tierra y la tierra no es solo tierra”.

Para cuando terminó de hablar ya no quedaba cerveza, pero quedaba todo un camino por recorrer. Para él ese camino refresca más.

En el Suroeste de Antioquia, los territorios son sagrados para la vida y las majestuosas montañas son la inspiración para que sus pobladores persigan firmemente ese ideal. De principio a fin, las luchas promueven un sentimiento conjunto hacia la justicia social y dignidad de las comunidades. Allí las amenazas están más vivas que nunca. La AngloGold Ashanti (AGA), una de las multinacionales que más contamina el ecosistema en el mundo, desea convertir los bienes comunes –el medio ambiente– en mercancía de primera mano. Minería de oro, plata, cobre y otros minerales a gran escala.

Cuenta Herman Vergara, líder comunitario del Cinturón Occidental Ambiental (COA), que la multinacional africana solicitó a la Secretaría de Minas del departamento una licencia ambiental para explotar las montañas de Jericó –municipio multicultural y colonial ubicado a 114 km de Medellín– durante aproximadamente 23 años, por lo que dice no confiar en esa supuesta vigencia, “en caso tal de concesionarse el proyecto, los territorios quedarían totalmente explotados, de igual forma si el material continúa, de seguro les renuevan los contratos y la minería no tendría una fecha límite de cierre”.
Hace catorce años llegó a Jericó la AngloGold Ashanti. De inmediato, emprendió la compra de seis títulos mineros con una extensión de 7.594 hectáreas, terrenos pertenecientes en un 80% a Jericó y un 20% a Támesis. El proyecto Quebradona es una de las principales aspiraciones mineras de todo el país y estaría ubicado en la Provincia de Cartama, compuesta entre otros municipios, por la vereda La Soledad y el corregimiento de Palocabildo de Jericó.

Según explicó un geólogo que adelantó estudios en el área de influencia del proyecto, en los que evaluó el grado de contaminación y cómo se encontraba la calidad del agua, hasta el momento la meta es construir siete kilómetros de túneles por debajo de la superficie de la tierra donde se encuentra localizado el depósito con los correspondientes minerales.

Es por eso que la multinacional se niega a desistir de Quebradona, más que todo cuando se estima que el proyecto producirá 3,92 millones de toneladas de cobre, 6,13 millones de onzas de oro y 85 millones de toneladas de plata. Por tal razón, la AGA es un actor no grato para el Suroeste de Antioquia, tanto así que los campesinos de La Soledad y Palocabildo se niegan a dejarla entrar a su territorio, porque ningún oro calma la sed y ninguna draga remplaza las manos para sembrar y cultivar la tierra.

–Les decimos que ni un centímetro de minería de Palocabildo hacia arriba. Nos hemos ido treinta y cuarenta campesinos a bloquear los estudios de la AGA y les decimos, ¡ustedes de aquí no pasan! Por fortuna no han podido avanzar. Si llegarán a entrar no estaríamos preparados para cargar con esa condena de por vida­–, asegura José Raúl Tamayo Escobar, caficultor de la vereda La Soledad

Mandato popular del COA
El Cinturón Occidental Ambiental ha sido la piedra en el zapato para la AngloGold Ashanti. Sus cosmovisiones son para la empresa una sombra oscura, rebelde y un estorbo que no deja avanzar el “desarrollo y progreso” de una región prometida. A partir del año 2011, este movimiento regional como proceso de articulación ha logrado que organizaciones campesinas, indígenas, ambientales, sociales, juveniles y artísticas del Suroeste antioqueño defiendan sus territorios frente a la explotación minera por parte de transnacionales productoras del deterioro ambiental, económico y social.

Ante eso han surgido propuestas alternativas al desarrollo orientadas hacia la participación y la autonomía de las comunidades. El mandato popular COA se define como una apuesta social, cultural y política de autodeterminación territorial y ha sido, durante años, la principal solución a los conflictos socio-ambientales que amenazan al Suroeste antioqueño. Sus pobladores creen en otras formas de estar y habitar en el territorio sin necesidad de desplazarse a los centros urbanos. El mandato popular, en sí mismo, busca resignificar los usos del suelo y el agua, la tradición campesina, las fuentes hídricas, la participación social y la educación popular territorial con el propósito de que el campesinado no abandone lo que tanto ama, cuida y valora: la tierra.

Un sueño llamado Plan de Vida Comunitario
En medio del Suroeste se forma un collar verde agreste, exuberante y rebelde que acoge a Caramanta, un municipio inmarcesible ubicado en el área de confluencia de los ríos San Juan y Cauca. Escondida en las montañas, aparece el rostro genuino y la fuerza femenina de Olga Rocío Ospina, quien encontró en el COA la mano amiga para fortalecer sus circuitos económicos por medio de los planes de vida comunitarios. “En la vereda San José la Guaira comenzamos a construir nuestros propios planes de vida a través de la diversificación de los productos que daban nuestras fincas. Lo que hicimos fue poder tener especies menores y no vivir de un solo cultivo, eso nos permitió mejorar la economía familiar”, cuenta mientras suelta una mirada dulce y una sonrisa de oreja a oreja.

Olga Ospina hace parte activa de la Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAC) desde poco tiempo después de la muerte de su padre, “uno siendo niño empieza a soñar con unos planes de vida permanentes en el tiempo. Sin embargo, mi papá no permitía que uno tuviera un sueño porque a diario decía que eso valía mucha plata. Él se cerraba a lo negativo, pero cuando quedé sin la compañía de mi padre vi la necesidad de abrazar un sueño llamado plan de vida comunitario”.

Reconoce que los abrazos no solo se dan con las manos sino también con la palabra liberadora y el espíritu transformador. No importa si los sueños fueron estropeados, si, a fin de cuentas, se puede convivir con ellos. De esta manera, en gratitud al amor y cariño que diariamente le ofrece la madre tierra en su finca, Olga participó inagotablemente, de principio a fin, bajo el sol y la lluvia, en la Tercera Travesía por el Suroeste: “un abrazo a la montaña”, que tenía como propósito ratificar a la AngloGold Ashanti como actor no grato en Antioquia y posicionar las voces sinceras y protagónicas que, como la suya, dieron un aliento de fuerza por el agua, la vida y la defensa del territorio.

Cuando la conocí en Jardín pensé: Olga –como muchas mujeres– representa la montaña madre que, a futuro, le quiere regalar muchos sueños a sus hijos que todavía viven y faltan por vivir.

“Hay que ser muy meticuloso, muy juicioso, muy malicioso para sobrevivir en este mar de confusiones. Yo hasta el momento nunca he fallado, y si un día fallo, yo creo que es el último día mío. Hay que leer el territorio todos los días, cuando amanece y cuando va anochecer. Antes de salir del territorio me doy cuenta cómo lo dejo, qué hay en el camino. Cuando voy a entrar lo mismo: cómo están las cosas, quién me puede orientar, qué está sucediendo o qué va a suceder, y por qué están sucediendo las cosas. En su mente uno hace unas alertas tempranas. Líder que no aprenda a leer el territorio es víctima de su territorio”.

El testimonio de Francisco Morales* no alcanza a ilustrar lo letal que puede ser esta región. Las organizaciones defensoras de derechos humanos previeron la crisis humanitaria, pero la Fuerza Pública las llamó mentirosas y alarmistas. La Defensoría del Pueblo les dio la razón al emitir dos alertas tempranas el año pasado. La respuesta estatal fueron 1000 soldados de refuerzo. El Ejército asegura que las 78 operaciones militares ejecutadas en el Bajo Cauca han dejado excelentes resultados, pero los asesinatos no merman, el miedo y los desplazamientos tampoco.

Segunda estación: Puerto Valdivia
Lo que queda de Puerto Valdivia es el primer golpe. Este corregimiento que aprendió a interpretar los estados de ánimo del río Cauca es la puerta de entrada a la subregión, y también una advertencia de lo que uno puede encontrarse conforme se adentra en el territorio.


Hidroituango, el proyecto hidroenergético más ambicioso del país, el símbolo de la pujanza paisa, dejó en Puerto Valdivia las mismas cicatrices que deja la guerra: los barrios a cada orilla del río abandonados, el puesto de salud arruinado, la escuela cerrada, casas destruidas, silencios y ausencias, gente de río sin poder usar las bateas ni las atarrayas, y un río –antes brioso y de color amarillo marrón– convertido en un estanque manso y verdoso.

Los pobladores que quedan estiman que Hidroituango desplazó el 80% de la población. La última emergencia ocurrió el 12 de mayo del 2018. Ese día el Cauca subió proporciones nunca antes vistas en Puerto Valdivia. Inundó algunas casas, mutiló otras y tumbó el primer puente ancestral que conectó a Antioquia con la Costa Atlántica. Liliana Aristizábal*, una de las afectadas que se vio obligada a vender su casa y desplazarse, recuerda que “la comunidad de [el barrio] Remolinos salía corriendo, salía llorando, salían desesperados. Hubo personas que tuvieron que sacar en canoa porque el paso estaba tapado por el río”.

Liliana asegura que quienes se quedaron o retornaron al puerto, lo hicieron porque no les quedó otra opción. Y que a quienes el miedo les impide volver, EPM y la Unidad de Gestión del Riesgo los intenta presionar con circulares para que retornen, aunque no existan las condiciones de seguridad necesarias. “Hace unos días expresaron que había unos microsismos en una margen del proyecto. ¿Entonces cómo vamos a estar tranquilos? La comunidad le dice a uno, a nosotros nos tocó regresar porque ya firmamos un documento, pero nosotros no estamos tranquilos, sabemos que tenemos que tener un bolsito listo, los documentos, y de pronto una linterna por si es de noche”.

A finales de julio, Gestión del Riesgo levantó la alerta roja para las poblaciones ubicadas aguas abajo de la represa. El movimiento Ríos Vivos, encabezado por la lideresa Isabel Cristina Zuleta, alega que la unidad no ha entregado la resolución, y exige un informe en el que se expresen las razones técnicas que motivaron el levantamiento de la alerta. “Lo único que han hecho es presionar a la gente para que firme documentos y retornen al territorio sin ninguna garantía. El desastre antrópico podía ser atendido por la Unidad de Gestión de Riesgo, solo si ellos comprueban que se hizo sin intencionalidad. ¿Cómo puede probarnos hoy la Unidad de Gestión del Riesgo que EPM tapó unos túneles sin intención? Porque ese es el origen del desastre. Pero lo más grave es que EPM determina los riesgos y la manera de atenderlos. La ley lo que hace es dejarnos solos. Estamos sometidos a lo que quiera la empresa”, aseguró la lideresa.

En el peor de los casos, si llega a romperse el muro de contención de la presa, Puerto Valdivia desaparecería, quedaría un 50% del casco urbano de Tarazá, un 5% de Cáceres, el 30% de Caucasia, y de Nechí no quedaría nada. De colapsar Hidroituango los perjuicios patrimoniales serían incalculables, pero lo más difícil de resarcir son las afectaciones psicológicas y sociales. El hijo de una prima de Liliana que ahora vive en Yarumal, llora cada vez que su mamá considera la opción de retornar, “tiene pesadillas, tuvo bajón en el estudio, cuando le dicen que hay que retornar a la vivienda coge una aguja y empieza a coserse las manitos del estrés que le da. Las personas llevan derechos de petición a la oficina de EPM –asegura Liliana–, y en algunos casos la respuesta es que tienen que habitar el territorio para que el niño se adapte a ese peligro”.

Cualquier escenario es catastrófico para Puerto Valdivia. Aunque Hidroituango logre generar energía, del corregimiento solo quedaría el recuerdo de lo que fue alguna vez.

Tercera estación: Tarazá-Caucasia
Por épocas, los aproximadamente 40 kilómetros de carretera que separan Puerto Valdivia de Tarazá se convierten en uno de los tramos más peligrosos del Bajo Cauca. Son 15 veredas construidas a la vera de la vía, nombradas con números del 1 al 15; del 1 al 12 pertenecen a Tarazá, del 13 al 15 a Valdivia. En lo que va del año, una fuente consultada por Periferia contabilizó seis camiones incinerados en este tramo. Y cuenta que el año pasado, durante tres meses, desaparecieron a toda persona que transitara en moto por la vereda conocida como El 12.
Quien controle este pedazo de la Troncal del Caribe, puede controlar qué entra y qué sale del Valle de Aburrá. El Bajo Cauca es una zona geoestratégica porque también limita con Córdoba, departamento con altos índices de cultivos de uso ilícito. Colinda con el Nudo de Paramillo y por ende con Urabá. Limita también con el Nordeste antioqueño, subregión que la conecta con el Magdalena Medio. Esa localización hace del Bajo Cauca una región apetecida para movilizar armas, droga, contrabandado, y demás cosas ilegales. “Si hay un solo grupo que ejerza el dominio territorial es muy probable que todas las dinámicas de violencia como tal se reduzcan. El problema es cuando varios grupos entran en disputa por todos esos intereses. No es exclusivamente el tema del narcotráfico como dice el Gobierno nacional. Aquí realmente un grupo lo que quiere hacer es un control económico, político y territorial que sea funcional a él, para consolidar una ideología muy similar a estas políticas neofascistas donde solamente se puede ejercer lo que ellos digan”, sostiene Oscar Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz y del Proceso Social de Garantías.

Ese lugar en el mapa puede significar un sinfín de oportunidades, pero cuando los vacíos estatales son llenados por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y bandas transnacionales como el Cartel de Sinaloa que apoya con armas y dinero a las AGC, el resultado es una crisis humanitaria sobre diagnosticada por instituciones y organizaciones sociales. Según Oscar Yesid, en la región –conformada por Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, y Zaragoza– la tasa de homicidios supera los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Bajo Cauca es la subregión de Antioquia donde ocurren más homicidios y agresiones contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. Entre 2016 y 2019 registraron 26 homicidios y aproximadamente 200 amenazas contra estas personas. Desde el Proceso Social de Garantías calculan que al menos 45 líderes y sus núcleos familiares han tenido que abandonar sus territorios.

Camilo Pérez* es uno de ellos. En una región binaria y machista, abanderar las exigencias de la comunidad LGBTI, como comenzó a hacerlo Camilo a finales del 2015, es una labor de alto riesgo. Un día un hombre fue hasta su casa, le mostró una pistola, y le dio un plazo de una semana para que se fuera de Tarazá, porque “si no se va ya sabe lo que le pasa”. “Fueron días muy difíciles porque me tuve que quedar un tiempo en Tarazá aún amenazado. Me tocaba hasta dormir debajo de la cama por miedo a que alguien entrara y me hiciera algo”, asegura el joven de 18 años que no ha recibido ninguna ayuda estatal y que sigue defendiendo los derechos de la población LGBTI en el municipio al que llegó a finales de 2016, año en el que según Camilo fueron desplazadas más de 2000 familias de Tarazá.

– ¿Es muy difícil ser homosexual en el Bajo Cauca? – le pregunto a Camilo en el lobby de un hotel de Caucasia.
–Es difícil, porque tenemos que estar escondidos. La población LGBTI aunque no parezca es muy atropellada por la violencia, porque hay personas muy homofóbicas, el comandante paramilitar que había en ese tiempo [en Tarazá] era muy homofóbico. No soy el primero desplazado, conmigo ya son tres líderes desplazados de Tarazá.
– ¿No crees que en esas organizaciones también puede haber homosexuales?
– Tuve un amigo que era gay, y él me contaba que se acostaba con hombres que eran paramilitares. Es algo que no tiene sentido, se acuestan con otros hombres y luego los matan.

El machismo en el Bajo Cauca cuesta vidas, pero los evidentes nexos entre la institucionalidad y el paramilitarismo también ponen en peligro la vida, e impiden satisfacer las necesidades básicas. “Hoy la gente piensa que los paramilitares son personas que están allí en la vereda con un fusil terciado en el hombro. No, los paramilitares están en todos lados –manifiesta Jesús Alean Quintero, director de la Fundación Redes ONG–. En las alcaldías tenemos paramilitares manejando la salud, los contratos de infraestructura, los contratos de la dotación que abastece los municipios. Los organismos de control han sido inoperantes en esta región porque hay mafias trabajando en el sector público”.

Además, la podredumbre institucional ha permitido que mucha tierra se concentre en pocas manos. Basta recorrer las afueras de Caucasia para comprobar que el ganado tiene más tierra a disposición que la misma gente. Según Jesús Alean, esas fincas que alcanzan a ser de hasta 3000 hectáreas, fueron tomadas por el paramilitarismo de manera ilegal, compradas a bajos precios, o adquiridas a través de la Ley de baldíos. “Hoy tenemos la oficina de Restitución de Tierras en Caucasia, pero ha sido muy lento, es un plan tortuga. No hay garantías. A muchas personas que les han dado las tierras les toca volver a desplazarse porque se ven sometidos otra vez por las amenazas de estos grupos y los enfrentamientos”.

El municipio más extenso y con mayor población del Bajo Cauca no es ajeno al sometimiento armado en que se encuentra la región. Al caer la noche Caucasia queda sin vida, las calles son mucho más oscuras, el comercio suspende labores, y solo algunos tercos pueblan el parque. Los comerciantes del municipio, dice Jesús, quien ha sido amenazado por varios grupos, reciben hasta tres boletas extorsivas, y el medio regional NP Noticias reporta a diario el asesinato de al menos una persona. Los jóvenes militares de gesto agrio que están firmes como banderas en la carretera, aferrados a sus fusiles, no impiden que los violentos circulen por el territorio. Un día antes de que la Caravana Humanitaria llegara a Caucasia, explotó un artefacto en el parque principal.

“El señor Presidente la semana pasada estuvo en Caucasia. No escuchó, vino a inaugurar un hospital que lo han inaugurado ya dos veces; una infraestructura que está vacía. En nuestra región todo es crítico, porque es inesperado lo que pueda suceder. Se hacen capturas permanentemente. Capturan 10, 11, 15 y siguen los homicidios. El Estado no reivindica la gobernabilidad, no tiene una política pública eficiente. Parece que hubiera un gobierno sobre otro gobierno”.

Cuarta estación: Cáceres
Cualquier foráneo podría pensar que aquí no pasa nada. Cae la tarde, el sol pierde agresividad, el parque está desierto, una cuadrilla de militares observa el vacío paisaje, y un bafle amarrado a la parrilla de una moto escupe con todos sus decibeles una canción de Michael Jackson.

La palabra que mejor puede definir a Cáceres es soledad. En el casco urbano hay barrios totalmente vacíos, decenas de casas abandonadas, y muchas otras en venta. Raúl Cardona* me dice que no dejan de pasar hechos que lamentar, pero que actualmente hay una “calma aparente” porque de momento la presión militar ha surtido efecto y, sobre todo, porque están claramente demarcadas las zonas que domina cada grupo. Lo que Raúl Cardona no puede negar es que cuando se desatan las confrontaciones, el resultado es lamentable. Según José Alean, este año han salido desplazadas 700 familias, y según el Secretario de Gobierno encargado –designado por el Gobernador, puesto que el Alcalde electo se encuentra en curso de un proceso penal–, hasta el mes de agosto de este año se han registrado 59 homicidios, mientras que en todo el 2018 ocurrieron 56 homicidios. Tres de esos 56 asesinados eran presidentes de Juntas de Acción Comunal que hacían parte de un proceso liderado por Raúl.

Cuando hubo, la coca trajo problemas a Cáceres. Ahora que no hay, también. Entre el 2002 y el 2011, 'Macaco', ex jefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, y 'Cuco Vanoy', ex jefe del Bloque Mineros, se disputaron el negocio del narcotráfico en el Bajo Cauca. “Quien se torciera a vender un gramo de base al otro bando, perdía la vida […] La gente subsistía bien –explica Raúl–. Quince, doce años atrás, una libra de base valía un millón doscientos, pero yo compraba los insumos a unos precios muy bajos. Un timbo de gasolina me valía 55.000 pesos, hoy vale 186.000, y así todos los insumos, en comparación con la base que nunca tuvo un aumento. A muchos campesinos todavía les parece que sembrar y raspar cada 60 días puede ser una solución, pero hoy podemos decir que es una brutalidad sembrar coca”.

El Acuerdo de Paz significó una posibilidad de encontrar una alternativa de subsistencia diferente a la coca. De las 109 familias que habitan la vereda Alto del Tigre, 103 se inscribieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y arrancaron las matas de forma voluntaria. El programa prometió que a partir de febrero de 2018 cada familia recibiría doce millones de pesos, divididos en seis cuotas de dos millones. A la par de los pagos, la administración municipal se encargaría de ejecutar una serie de proyectos productivos para que las familias tuvieran una huerta casera que les garantizara una seguridad alimentaria.

Hasta el momento ni al municipio han llegado los recursos, ni a esta vereda, ubicada a tres horas del casco urbano de Cáceres, han llegado los proyectos. “Hace siete meses recibimos el último pago, y la seguridad alimentaria no ha llegado. La gente está perdiendo la esperanza. Quieren irse de por aquí porque no ven proyectos ni ayuda del Gobierno. Nosotras tenemos una asociación de 38 mujeres que están trabajando apicultura, estamos a la espera de poder ejecutar el proyecto para tener un sustento. Si ahora llegan las cosas, estamos en tiempo de verano y aquí no tenemos acueducto. Aquí el agua llega por horas, por eso las dificultades tan grandes que hay en esta vereda”, manifiesta angustiada una lideresa, quien además agrega que los Caparrapos los obligaron a darles 200 mil pesos de cada pago.

A diferencia de otras veredas, Alto del Tigre no padece la violencia que azota al municipio y al Bajo Cauca. En esta zona, aseguran los líderes, los grupos armados se respetan sus territorios. Sin embargo, no dejan de suceder escaramuzas. Hace aproximadamente dos meses, la comunidad impidió que el ELN minara una parte de la vereda para evitar alguna avanzada del Ejército. La de hoy es una endeble calma. El incumplimiento del PNIS, el corazón del punto cuatro de los Acuerdos de Paz, motiva a la resiembra de coca, y a cosechar nuevas oleadas de violencia.

La implementación de los Acuerdos de Paz, mejorar los canales de comunicación, y no dejar únicamente en manos de las administraciones los recursos destinados para inversión social, son las medidas que según Raúl garantizarían las condiciones necesarias para la permanencia y el porvenir de Alto del Tigre y el Bajo Cauca. “Hay territorios donde si tú te demoras 15 días, son 15 días que estás lejos del contexto nacional. Si hubiera una comunicación fluida habría posibilidad de gestar muchos proyectos que ayuden a fortalecer la vida campesina. Hay territorios donde hay actores con unos reglamentos, pero no hay comunicación, ese delito se llama confinamiento, y es lo que están viviendo las comunidades”.

Quinta estación: Medellín
Alguien dijo que este país tiene la guerra que se merece en los lugares que menos se la merecen. Pequeñas grandes guerras desangran el país. Solo recorriendo los territorios se pueden encontrar soluciones, entender las verdaderas dimensiones del problema y sentir asombro.

Ni la Gobernación de Antioquia, ni la Procuraduría, ni la Defensoría del Pueblo participaron en la Caravana Humanitaria que recorrió parte del Bajo Cauca durante tres días. Las instituciones perdieron la posibilidad de escuchar al Secretario de Gobierno de Cáceres asegurar que los municipios están asfixiados económicamente porque deben mantener a los policías y asumir el traslado de los asesinados a medicina legal y luego al cementerio; perdieron la posibilidad de decirle a los líderes y a las organizaciones que les importan, porque aparte de vías, proyectos productivos, transparencia, educación, salud, y seguridad, el Bajo Cauca necesita esperanza.

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo argumentaron que no participaban de la Caravana porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. La Gobernación pidió aplazarla para después de las elecciones locales y departamentales. Pero como dijo Johan Giraldo, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y del Proceso Social de Garantías, “lo que está viviendo el Bajo Cauca no puede seguir esperando los tiempos de la institucionalidad”. Los tiempos de la crisis humanitaria no son los tiempos lentos de la institucionalidad.

*Los nombres fueron modificados por seguridad

“Fue el deseo de vivir, de salvaguardar la vida de los otros”, responde uno de los líderes del Catatumbo cuando se le pregunta por aquello que impulsó el encuentro comunitario que daría origen al Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca).

En medio de temores colectivos, de la sensación permanente de zozobra, de las dificultades para transitar por trochas y caminos bifurcados que aún recorrían los paramilitares, el 9 de septiembre de 2004, más de 400 campesinos y campesinas de la región del Catatumbo dieron inicio al encuentro que abrió las puertas a un espacio cuya principal apuesta era la reconstrucción del tejido social con carácter regional.

Este encuentro, convocado en la iglesia católica del corregimiento de San Pablo, en el municipio de Teorama, marcó el inicio de una nueva época de lucha y resistencia en la que campesinos e indígenas –pese a los infortunios a los que se enfrentan los bienes naturales y las verdes serranías de la casa del trueno– asumieron el desafío de permanecer en el territorio y defender la vida.

La convocatoria no fue fácil, sin embargo el reto se enfrentó, y con diferentes estrategias de comunicación se pasó la voz de pueblo en pueblo. A San Pablo llegaron jóvenes, niños y niñas, mujeres y hombres con amor al Catatumbo, con la esperanza de cesar los ruidos de los fusiles, con la ilusión de reconstruir lo que el paramilitarismo debilitó. Se reunieron las Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones de Juntas, el Movimiento Cooperativo y organizaciones de Derechos Humanos, con un mensaje claro: “pese a esta barbarie, todavía estamos vivos”.

Todas estas personas deseaban dar una respuesta colectiva al terror sembrado por la mano paramilitar que, entre otras cosas, quebró el tejido social, desarticuló los liderazgos y desarrolló estrategias para eliminar toda expresión comunitaria en la región. A este propósito no fue fácil ponerle nombre, llamarle federación o asociación generaba discusiones entre quienes construían la propuesta, y cómo no, si era muy importante que aquello que estaba naciendo obedeciera a intereses comunitarios, a una apuesta conjunta. Tampoco fue fácil definir estructura, organización, horizonte político, responsabilidades, etcétera. No obstante, a pesar de lo difícil que es llegar a acuerdos, hace quince años nació con claras banderas de lucha el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca).
Con la ilusión de reconstruir sueños colectivos, se empeñaron en defender la región basados en tres elementos: integración, vida y territorio, articulados en el Plan de Vida. Al respecto una lideresa comenta que: “Veíamos en el surgimiento de luchas indígenas y campesinas […] una apuesta por la permanencia, no por el desarrollo. El Plan de Vida es la apuesta de la comunidad para la supervivencia en los territorios, se constituye en una utopía que todo el tiempo nos hace caminar hacia un horizonte. Para el Cisca, es una apuesta política que se va concretando en posturas […] contra el extractivismo, contra la corrupción y en defensa de la naturaleza”.

Inspirado en procesos latinoamericanos, el Cisca se pensó en una estructura organizativa horizontal que posibilitara la participación activa en los distintos escenarios constituidos en el territorio. La creatividad y la innovación fueron dos características fundamentales para lograr horizontalidad en el relacionamiento, en la toma de decisiones, en la construcción de propuestas de región, tal como lo asegura una de las lideresas del CISCA. Al cabo de dos años se veían materializados sueños de integración y de fortalecimiento comunal.

En estos caminos fueron compañeros y compañeras quienes dieron vida y fuerza a la construcción y fortalecimiento de dicha apuesta regional. Como esta lucha iba en contra de intereses económicos sobre la región, líderes como Trino Torres y Daniel Guerra fueron asesinados en los primeros años de vida del Cisca, en el marco de un plan que buscaba desarticular el proceso.

Sobreponiéndose a estos duros golpes, la convicción y el compromiso llevaron a continuar la labor, y fueron surgiendo así, con los años, los caminos de lucha: la organización, la disputa institucional y la movilización.
Hoy el Cisca se estructura a partir de colectivos de base que le dan vida a los ejes de trabajo y constituyen el entramado de sueños, esperanzas y visiones diversas para construir colectivamente en medio del debate permanente.

Hacia el 2010, en la III Asamblea, el Cisca se transformó en un sujeto social y político y asumió como un camino de lucha la disputa institucional, planteando así su vocación de poder y la búsqueda de nuevas formas de ser y hacer gobierno, en las que se piense una relación de igualdad entre los seres humanos, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la lucha contra la corrupción. También, en los años 2014 y 2016, el Cisca retomó las experiencias heredadas de la década de los 80 y se movilizó en medio de las jornadas de Paro Nacional, para gritar que el Catatumbo existe.

Son 15 años de trabajo que se materializan en logros significativos. Hoy el Cisca cuenta con diversas voces que hacen eco de sus luchas en los Concejos municipales de la región, y con Alberto Castilla, dirigente surgido de sus bases, defendiendo en el Senado de la República al campesinado del Catatumbo y de Colombia.

Además, hoy son múltiples los casos de catatumberos que encuentran una esperanza en los planes de vida y la apuesta productiva del Cisca. Marina Prieto, quien desde el 2008 pertenece al Cisca, es un ejemplo de ello. Antes de conocer el proceso, Marina se dedicaba a las labores domésticas, ahora hace jabones y cremas artesanales: “Vivía como estresada, como triste porque no tenía economía. El Cisca es como si hubiera bajado mi Dios de los cielos porque me ha enseñado, me ha protegido, me ha ayudado muchísimo. Para mí el Cisca es el mejor regalo que yo tengo. Cuando me llama el Cisca soy feliz, estoy triste pero en ese momento yo me vuelvo feliz”, asegura Marina.

Las transformaciones son individuales y también colectivas. Gracias la tienda comunitaria impulsada por la comunidad de Cartagenita y el Cisca, los habitantes de este corregimiento de Convención encuentran una alternativa productiva diferente a la coca: “La coca que es un problema económico que aparte de que genera muchos recursos, genera muchos problemas, y uno de ellos es el tema de la especulación de precios. Las tiendas comunitarias son una propuesta para darle una solución al tema de los precios. Es también una iniciativa para que la producción del campo tenga un valor, decirles a los campesinos que produzcan para llevarlo hasta las tiendas comunitarias para que lo vendan a un valor justo sin hacer ninguna especulación”, cuenta uno de los líderes comunitarios de Cartagenita.

Tras 15 años de trabajo, el Cisca no deja de plantearse retos aún más grandes. Su mejor lema en este cumpleaños ha sido reiterar que la lucha por vida digna apenas comienza.

El genocidio estatal contra las organizaciones sociales no para, tampoco la violencia de toda clase contra el pueblo y la oposición política, y es posible que no se detenga mientras los colombianos, las colombianas y el resto del planeta sigan reaccionando ante la tragedia como cuando uno se enoja y maldice frente al televisor por una noticia o imagen que muestra injusticia y dolor. La simple rabia y la protesta frente al televisor no sirven de nada ante el abuso; si no hay acciones contundentes y masivas de la sociedad contra las arbitrariedades del Estado en materia económica, social y política, o en contra del genocidio, este no se detendrá.

El terrorismo de Estado no es nuevo, tampoco lo es la corrupción practicada a diario y la desigualdad provocada por las élites que han mal gobernado este país. El 29 de agosto, 24 horas antes de que se conmemorara el día internacional del desaparecido, la Fiscalía General de la Nación abofeteó a las víctimas de los más de 80 mil casos de desaparición reportados en los últimos 42 años en Colombia, al manifestar que las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia del año 1985 a manos de las fuerzas militares, y por las que la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado colombiano, jamás ocurrieron. También se conoció días antes el plan de las fuerzas militares para acomodar un informe a su amaño ante la Comisión de la Verdad y de paso borrar la memoria histórica pisoteando de nuevo a las víctimas.

El terrorismo de Estado es una práctica muy vieja en Colombia, pero la manera como lo hace el gobierno de Iván Duque es muy preocupante. Sumado a los ataques contra la verdad y la memoria de las víctimas, se ha empeñado en destrozar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz, y cerró las puertas a las comunidades y pueblos que en los territorios claman su derecho a construir paz emprendiendo diálogos regionales u otras iniciativas que les permitan algún día dormir sin miedo.

Sin embargo, las comunidades en los territorios no se han quedado quietas y vienen enfrentando las agresiones con protesta social y acciones como refugios humanitarios, misiones de verificación, caravanas humanitarias, la multitudinaria marcha por la vida de julio 26, las asambleas, los cabildos, las mingas, y decenas de manifestaciones en todas las modalidades habidas y por haber. Pero la tragedia no para porque los criminales caminan a sus anchas haciendo daño por los territorios con el auspicio del gobierno y las autoridades. El Presidente de la República, el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Fiscalía General, la Contraloría, el Congreso de la República y los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía son simples cargos de papel que como dice Rubén Blades escuchan sin oír y miran sin ver.

Las misiones y las caravanas han jugado un papel fundamental en la denuncia y constatación de la crisis humanitaria que viven zonas como el Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Norte del Cauca, Chocó, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño, entre otros. Recientemente, decenas de internacionalistas, cientos de líderes y lideresas de organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos, transitaron con participación de algunas comunidades del Chocó los ríos Truandó, Chintadó y Salaquí, también caminaron por las zonas humanitarias de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde el control paramilitar no se ve, pero se conoce y se siente.

Según los caravanistas, el panorama de miseria, inseguridad, falta de agua potable, salud y educación es vergonzoso, y ver caseríos desolados por el desplazamiento forzado es verdaderamente demoledor. Los cuerpos médicos que acompañaron las Caravanas encontraron en adultos e infantes problemas graves de salud como consecuencia de la guerra, falta de concentración, pérdida de la visión, del oído, afectaciones al sistema nervioso. Se registran abortos espontáneos y nacimiento de bebes con malformaciones. El hacinamiento provoca rupturas del núcleo familiar, afectaciones en las relaciones sexuales y de pareja; problemas de columna y articulaciones. Los bombardeos y las erradicaciones con glifosato han afectado a las personas y a la naturaleza, han aparecido enfermedades como la diarrea, la fiebre, las intoxicaciones y los brotes en la piel (todo a causa de la contaminación del agua). Bajo esta situación, las prácticas culturales (medicina tradicional), el deporte o los juegos tradicionales se vienen perdiendo; el esfuerzo por desarrollar soberanía alimentaria ha desaparecido prácticamente.

Por su parte, en el Bajo Cauca, que es la tercera subregión más grande de Antioquia con una extensión de 8.485 km2 y una población total de 302.261 habitantes, la militarización estatal y de grupos narcotraficantes, paramilitares, e insurgentes es abrumadora. Así mismo lo es la violenta confrontación armada que se extiende contra la población civil y en especial contra los y las lideresas sociales…

Si no fuera por la sonrisa permanente de los rostros de los niños y las niñas de los pueblos negros; la belleza de las pinturas en la piel indígena; el profundo negro de los ojos esperanzadores de los Emberas; o el ímpetu de los campesinos y campesinas que salieron en el Bajo Cauca a apoyar y avivar la solidaridad y el mensaje de vida y paz, el dolor y la angustia de los participantes de las caravanas no hubiera sido fácil de superar.

Los días y las noches en los territorios de la Colombia profunda siguen oliendo a miedo; las comunidades despiertan con noticias tristes, noticias que llegan a las ciudades, pero no a los corazones de la muchedumbre que viaja atestada en los transportes masivos o caminan mirando sus celulares, con los oídos tapados. Por eso la masacre de Karina, la aspirante a la alcaldía del municipio de Suarez y cinco personas más no genera dolor sino a sus familiares, y quizá a los defensores de la paz y la vida. Un anuncio trágico para las candidaturas alternativas de octubre, que no será denunciado por el mejor noticiero de los últimos años (Noticias Uno) que también murió bajo las balas del mercado.

Con semejante crisis humanitaria ante nuestros ojos, y aún nos dejamos convencer por los medios masivos que señalan el regreso de las FARC – EP a la lucha armada como la peor noticia. Regresa la guerra, dicen los analistas; nunca se fue de nuestros territorios y nuestras vidas, gritan indignados los habitantes de la Colombia profunda.

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