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Entrevista con Alfredo Serrano, director de CELAG 

 

Desde hace cinco años el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) ha intentado aportar una mirada rigurosa, crítica y analítica sobre los fenómenos políticos, sociales y económicos de nuestra apetecida y privatizada Latinoamérica. La institución cuenta con un vasto registro investigativo de referencia para la opinión pública, el debate académico, y el diseño de estrategias públicas.

Esta es la primera entrega de la conversación entre Periferia y Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Economía Pública, Desarrollo y Economía Mundial, profesor en universidades internacionales, columnista invitado en Página 12 y Russia Today, autor de libros como América Latina en disputa, El pensamiento económico de Hugo Chávez, y actual director de CELAG.

Periferia: Se llegó a hablar de Latinoamérica como continente de la esperanza, ¿qué estaba ocurriendo hace veinte años en el mundo en general y en Latinoamérica?
Alfredo Serrano: Cuando se dan crisis en el epicentro del orden capitalista global, suelen tener mecanismos de respuesta más aceitados porque tienen resortes de un estado de bienestar, una capacidad incluso de rebajar precios, están más protegidos por los órganos financieros internacionales. En América Latina, a finales de los noventa, se precipita un proceso de cambio porque el continente sufre el tsunami neoliberal, entonces se da la victoria de Chávez en el 98, después la victoria de Lula en el 2002, la victoria de Néstor Kirchner en el 2003, Evo Morales en diciembre del 2005, Correa en el 2006. El mensaje es “basta ya de políticas neoliberales”; el hartazgo con las políticas neoliberales sintoniza con la emergencia de ciertos liderazgos.

América Latina va contracorriente del modelo neoliberal global; ensaya políticas progresistas, en un sentido muy amplio de preocuparse por los derechos sociales, resolver la deuda social heredada, y esto hace que estos procesos vayan teniendo más tejido social.

Ahora hay una tensión entre el modelo conservador y el modelo más progresista, pero nos precipitamos mucho en creer que la huella de lo que pasó hace 20 años había desaparecido, yo creo que no desaparecen tan rápido las huellas progresistas; ni siquiera en los países donde tienen modelos de gobierno neoliberales como el colombiano, el chileno o el peruano; hay un bloque que se alimenta de la esperanza que hubo en ese momento con sus altibajos, errores, aciertos y demás.

P: ¿Si no hubiera sido Venezuela el primero en dar el campanazo lo hubieran hecho los otros países?
AS: En democracias liberales es fundamental ganar en las urnas, buena parte de la izquierda latinoamericana no estaba en esa tradición, porque las democracias eran aparentes, fallidas, manipuladas. El punto de inflexión en Chávez es que en el 96 decide apostar por la vía estrictamente democrática, incluso teniendo que convencer parte de la gente que le sigue. Esa victoria es relevante. Hay que recordar que estamos en una etapa post caída del muro, post declive del campo socialista, yo recuerdo que resultaba casi inimaginable que la izquierda pudiera ganar una elección presidencial en España.

Si no hubiera sido Chávez seguramente hubiera ganado Lula, hubiera ganado otro actor, no sabemos quién. Pero la victoria de Chávez genera ese empujón a la región para pensar luego en Evo Morales o Rafael Correa.

Se produce ese “click” en la cabeza de muchas mayorías latinoamericanas, la necesidad de estar en el poder para transformar las cosas. A veces uno piensa que solo es suficiente el trabajo territorial para poder transformar las cosas. No, eso es necesario, pero además es importante tener la presidencia de un país para poder transformar las cosas: ese cambio lo encarnaba Hugo Chávez

P: Quisiera ahondar en esto porque viendo lo que pasó, ¿crees que Lula hubiera tenido el liderazgo para empujar toda la región? Chávez se la jugó por la región, no solo por Venezuela; en cambio siento que Brasil se fue solo.
AS: Hugo Chávez hereda un poco el pensamiento geopolítico de Bolívar. Hugo Chávez se forma en la academia militar que cambia el plan de estudios, y él se empapa de la visión bolivariana. Yo creo que Néstor Kirchner también tuvo una visión muy regional, aunque es cierto que llega de una manera muy diferente, con muy pocos votos, casi una suerte de carambola, una aritmética extraña en el Parlamento Argentino en el 2000, pero también tenía una visión así. Rafael Correa tiene una visión muy de prohibición mundial. Seguramente Lula incline otra mirada, en Brasil siempre ha sido distinta la relación con los países latinoamericanos.

Pero gracias a la proyección geopolítica de Hugo Chávez, se descubre que hay un Caribe que es relevante políticamente. De hecho, todavía tiene importancia en la votación en la OEA; en la OEA no logran los votos que quieren para obtener cosas en contra de Venezuela, precisamente por esas políticas iniciales de Hugo Chávez con el Caribe, enmarcadas en una línea global de relaciones que se dan en el 2005, y que retoman las relaciones con Rusia y China. También hay una predilección internacional con la OPEP [Organización de Países Exportadores de Petróleo]. Si Chávez no hubiera intentado revalorar la OPEP, y obtener soberanía a la hora de determinar la política petrolera global, estoy convencido que no le dan el golpe de Estado en el 2002.

Este es un aprendizaje que ayuda mucho a que los liderazgos de la región vayan entendiendo la necesidad de cambios externos para tener una transformación interna. Eso lo hace muy bien Chávez y contamina positivamente. De ahí el surgimiento de UNASUR, la CELAC, y otras tantas instituciones.

P: Para bien o para mal, es clave lo de la diplomacia petrolera: es clave que haya buena producción de petróleo, y que haya un buen precio del petróleo para que Chávez pueda jugar y acertar también con más amigos.
AS: Claro que tiene importancia, pero piensa un poco lo que fue la Cuba de antes, el valor simbólico de Cuba en el ordenamiento progresista latinoamericano, y lo que sigue siendo… y no tiene petróleo. A lo que voy es que el factor económico ayuda y empuja, pero si solo miramos eso estaríamos dejando de lado otro tipo de principios característicos, otra forma de hacer política exterior. Pongo el ejemplo de Cuba porque no tiene esa capacidad económica, pero es capaz, simplemente diciendo “tengo médicos y sé alfabetizar”, no con un recurso económico pero sí con un recurso social, humano y demás.

Chávez más que una persona que se aprovecha del tema petrolero, es alguien que entiende que ahí hay una disputa, y plantea que haya una política de frente común de los países petroleros, incluso al interior de Latinoamérica.

P: Hay un pensamiento económico que se desarrolla, porque sabes que tienes un recurso estratégico mundial. Lo que tiene Venezuela no lo tiene nadie más en el mundo, pero ¿puede Chávez pensar en internacionalizar una propuesta económica, social y política, gracias a esa capacidad petrolera y el bloque ideológico de su pensamiento?
AS: Las ideas económicas son el resultado de una circunstancia en un lugar determinado. El pensamiento económico de Chávez sería inviable entenderlo sin su propio marco epistemológico, sin sus propios recursos, sin la propia historia de Venezuela. Sería ridículo que Chávez tuviera un pensamiento económico y político si no bebiera de la propia historia en la que Venezuela, en la década de 1920, es instrumentalizada a nivel global como el abastecedor del petróleo. Él tiene que afrontar en los 90's una deuda social durísima con los recursos que tiene. El sector petrolero resulta fundamental, pero la mayoría de la renta petrolera en ese país, como en tantos otros, se fuga sin dejar nada, ni siquiera el goteo.

Chávez es fruto de un montón de cosas. Ha leído de todo un poco, hay muchos economistas referentes para él, como Matus el chileno, y el propio Alvarado peruano, una cantidad de autores que le van permeando. Claro que él utiliza el petróleo. Lo que él plantea es una suerte de reapropiación de la renta petrolera. A partir de ahí, va desarrollando un pensamiento con muchos momentos difíciles, que tiene saltos como suele pasar con la evolución de cualquier líder histórico.

Chávez tiene en cuenta que tiene una deuda social muy grande, la gente muere de hambre. Él crea las visiones para responder rápidamente, es como decir: “no tenemos tiempo para pensar qué hacer”. Chávez va resolviendo poco a poco y va cambiando, tiene mucho viraje su pensamiento propio. Es otro Chávez que después se preocupa por la elasticidad de un aparato productivo. Chávez en el 2008, 2009, 2010, 2011, está empezando a preocuparse por la necesidad de tener una oferta interna suficiente para la nueva demanda interna que ha creado gracias a las políticas de distribución.

Tener una transformación productiva en todos los terrenos, primero los estratégicos como el inventario farmacéutico, y el abastecimiento de productos de consumo. Tú dices, ¿dónde tengo la oferta para evitar un rentismo importador? Autores como Frank o Samir Amín dirían que ese es uno de los grandes errores: solo abastecer la demanda interna con importaciones “porque tengo renta”, pero eso tiene un límite.

Cuando tú tienes una demanda interna muy chica, porque la consume una oligarquía muy chiquitita del país, es fácil abastecerse importando poquito. Ese es el modelo colombiano. En Colombia el patrón de consumo depende del 5% de la población que consume muy elevado y despacio. Entonces sí queda un poquito de la renta petrolera. Importo todo lo que necesitan, todos los bienes de lujo a su nivel. El problema es cuando tú democratizas el consumo, como lo ha hecho Bolivia, y pasas de un consumo minoritario a un consumo masivo, entonces dices: ¿y ahora cómo abastezco? Es el gran dilema económico que preocupa mucho a Chávez. Es el gran desafío de la economía venezolana: resolver una transformación productiva que tenga capacidad de abastecer la demanda interna.

P: Si el punto es que el petróleo de Venezuela se lo llevan y no queda nada, lo mismo pasa en Bolivia con el gas, en Chile con el cobre, en Ecuador y Colombia con el petróleo, ¿su disputa, y la de América Latina, es por la nacionalización de los sectores estratégicos o es una lucha interna de clases?
AS: Evo Morales llegó al poder y nacionalizó sectores estratégicos. Siendo el gas el principal, pero también la distribución eléctrica. Gracias a eso se generaron 670.000 empleos, se incrementó el consumo por 125%, la inversión pública pudo crecer un 90%, e hizo posible que se obtuvieran 6700 dólares PIB per cápita más. Se trata de evitar que se vaya la plata, para que se quede adentro. Es la disputa de Evo Morales, quien dice: el camino no es la vía de la privatización, la fuga de capitales, de renta de todos los sectores. Es un modelo donde yo nacionalizo y lo que hago es redistribuir la renta y gestionar eficientemente. Ahí siempre se presenta un falso dilema: que nacionalizar es ser ineficiente. Bolivia demuestra que es todo lo opuesto, su modelo ha logrado ser el más eficiente. Lo confirman la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Bolivia ha sido record en los últimos seis años en crecimiento económico, por encima de Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Los modelos neoliberales presumen que ellos son los que saben crecer.

Es una disputa de modelos, lo que pasa es que el bloque conservador no se va de casa cuando le dices “vete”. Cuando democráticamente has ganado, cambias las normas, haces una constitución nueva, la vota la mayoría del pueblo, y le dices al capital que ahora no se puede quedar acá de la misma manera, él nunca se va.

En Antioquia, 12 mil familias se acogieron al Programa de Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que surgió luego del Acuerdo de Paz. Campesinos cultivadores de coca en Briceño, Tarazá, Cáceres y Anorí se comprometieron a sustituir. En ese proceso estuvo Luis Fernando Pineda como director regional del PNIS, hasta que renunció en mayo pasado.

Entre las razones se cuenta que estaban ad portas de firmar acuerdos colectivos con unas 2500 personas de Yarumal, El Bagre, Nechí y Sabanalarga, “pero la orden fue suspender esos procesos con esas familias”. La decisión del Gobierno contemplaba cumplirles a las 12 mil familias que ya habían firmado sus acuerdos colectivos, pero no se iba a extender a estas nuevas familias dispuestas a hacer parte del proceso. El proceso se detuvo y coincidió con la emergencia ocasionada por Hidroituango. En este contexto, el entrante gobierno del presidente Duque tomó la decisión de “reasignar esos recursos con el compromiso de que este año 2019 se hicieran las inscripciones. Estamos hablando de tres mil personas, de 36 mil millones de pesos”.

Y ese dinero no regresó. En este diálogo Pineda plantea sus diferencias con el nuevo Gobierno, el cambio de enfoque en el PNIS, los logros y dificultades, y los aciertos y desaciertos del programa Antioquia libre de coca, liderado por la Gobernación de Antioquia.

Pregunta: ¿Cuáles fueron las dificultades del PNIS en Antioquia?
Respuesta: El programa tenía dos fases, una de vinculación colectiva con presidentes de las juntas y, posteriormente, una vez se verificaba se pasaba a una vinculación individual, el compromiso del campesino con el Estado. Esas tres mil familias quedaron en acuerdo colectivo y no logramos pasar al individual. Hubo comunidades que empezaron a dilatar. Estamos hablando de las comunidades de Valdivia, entre Puerto Valdivia hasta El 12 y la comunidad de El Aro, comunidades limítrofes, donde los actores sociales tienen una relativa comunicación y que es un corredor de actores ilegales.

Esas comunidades pusieron trabas, empezaron a manipular dos programas que estaban en movimiento que eran el PNIS y Antioquia libre de coca. La gente de Valdivia decía que estaba trabajando con el Gobernador y tenían expectativas puestas en lo que hiciera él. Había una dilación a asumir compromisos como lo hicieron los otros 12 mil.

P: Pero Hidroituango también afectó el proceso…
R: Se presentaron problemas objetivos. Nosotros íbamos a hacer la inscripción individual, íbamos en carretera y sucedió la crisis de Hidroituango, eso afectó la fase de inscripción. Esa situación llevó a que el programa hiciera uso de unos recursos. Estamos hablando de cuatro o cinco meses. Hidroituango fue un problema muy crítico para las comunidades de Puerto Valdivia para abajo. ¡Qué iba a hacer una inscripción en semejante caos! Y El Aro quedó aislado. Entonces Naciones Unidas puso restricciones a la movilidad, basados en la restricción de la Gobernación y la Unidad de Riesgo. Ese tiempo, entre mayo-octubre, tuvimos la plata, pero al ver que la situación no mejoraba, el Gobierno tomó la decisión de reasignar esos recursos.

Sucedió en el Gobierno Duque, yo todavía estaba, pero fue imposible conseguir los recursos para estas personas, porque el Gobierno tomó la decisión de paralizar el programa hasta ordenarlo. Una decisión de Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con el compromiso de que este año se retomaba.

Entiendo que las 12 mil están vigentes, están muy atrasadas, no digo que conmigo no hubo atrasos, pero ahora los atrasos son más endémicos. Sin embargo, en el gobierno del presidente Duque, se lo dije al consejero Archila, se montó un esquema de PNIS distinto. Yo digo que no voy a tomar partido por uno de los dos modelos. Sí sé cuál es bueno y cuál no.

P: Describa los dos modelos.
R: El que implementamos como modelo del Acuerdo de Paz, se basaba en la confianza que se construía a partir del Acuerdo mismo y la confianza que se generaba por la construcción colectiva y participativa de la materialización de los diferentes desarrollos del Acuerdo.

En un esfuerzo muy duro de llegar a puntos de acuerdo se logró construir una agenda colectiva, acordada, concertada, y esa agenda se pasaba a las agendas locales y a las comisiones municipales de planeación, donde el Gobierno tenía un cierto desarrollo colectivo. Esa confianza fue la que permitió que en momentos difíciles de incumplimiento la gente misma, a pesar de sus críticas y protestas, aceptara continuar en el programa, porque tenía confianza, sabía que nos íbamos a demorar, pero que íbamos a llegar. Ese era el primer elemento del modelo que montamos con el presidente Santos.

El segundo elemento fue el de una relación, inclusive en Antioquia fuimos pioneros, entre los temas de sustitución y erradicación. Hablamos con Antioquia libre de coca y las acciones con el Ejército y la Policía. Nosotros planteamos una fórmula exenta de confrontación violenta entre erradicación y sustitución. Nosotros priorizamos el tema de sustitución sobre la erradicación. Sí utilizamos la erradicación porque el Acuerdo mismo lo dice: primero para aquellos cultivos grandes, y segundo para aquellas zonas en las cuales los campesinos no se hubieran vinculado al PNIS después de haber tenido todas las oportunidades para hacerlo.

Y el tercer elemento, es lo que denominan el orden. Esto no se está haciendo en el barrio Laureles ni en una comuna, esto se está haciendo en zonas dominadas por la ilegalidad y el crimen, esto se está haciendo en zonas donde campesinos han desarrollado cierta resistencia contra el Estado, en algunos casos con razón. Usted tiene dos opciones: entrar con un programa duro, en el que no puede tener controladas todas las variables, o usted se sienta a construir el orden, que le permita manejar todas las variables. Nosotros optamos por lo primero.

La desmovilización de las Farc favoreció infinitamente al programa. Nosotros optamos por meternos en ese contexto de desorden con un programa que no estaba totalmente estructurado y lo importante era llamar a la voluntad de los campesinos y levantar la coca, en un año arrancamos 5000 hectáreas de coca. Pero luego llega el nuevo Gobierno.

P: Usted manifiesta que el Gobierno decidió paralizar el programa hasta organizarlo. ¿A qué se refiere?
R: Llega el nuevo Gobierno, dice que es un desorden imposible y paralizó el programa, aunque no lo dijo, hasta que lo ordenara. Efectivamente, durante todo ese tiempo, hasta enero de este año, desde agosto de 2018 hasta enero y febrero, el Gobierno nacional se dedicó, o nos dedicamos, a ordenar el programa, a esclarecer dónde vivía la gente. Ordenar no quiere decir no verificar el cumplimiento. El ordenamiento implicó la suspensión. Se desfinanció el programa para este año. Una de las decisiones del Gobierno fue disminuir el presupuesto del PNIS. Hubo una reducción de más del 50%. Este Gobierno desarrolla una idea un poco conservadora en el sentido de que el orden es lo fundamental. Tener el control sobre todas las variables antes de actuar.

La segunda diferencia con el modelo anterior está en el tema de la erradicación, este Gobierno entra muy duro, desprestigiando el modelo de sustitución, diciendo mentiras, que los cultivos estaban aumentando. Lo que hicieron fue abrogarse esa disminución en el periodo agosto-diciembre. El periodo fuerte por la sustitución se dio ente enero y agosto. De las 5000 hectáreas, levantamos 3000 entre enero y agosto.

Entonces, digamos que viene la idea de la inoperancia del PNIS, y eso dio paso para invertir la ecuación. Para nosotros era primero la sustitución y luego la erradicación y ahora es al revés. En algunos casos se respetaron acuerdos colectivos. Unas 2500 personas se quedaron con procesos iniciados. Habíamos hecho cartografías, estábamos a punto de firmar acuerdos porque el Gobierno iba a desarrollar nuevas estrategias. Ahí es cuando insinúan las dos estrategias de sustitución que van a ser el marco de referencia del Gobierno, que son las familias guardabosques y la estrategia de sustituir para formalizar, propuesta explorada en el Gobierno de Uribe, la gente erradica y el Gobierno se compromete a titular.

P: Algunos campesinos del Bajo Cauca que firmaron acuerdos están denunciando que la Fuerza Pública erradicó sus cultivos.
R: Ya no hay PNIS porque se imponen otras estrategias del Gobierno. La erradicación empezó a tener mucha más preponderancia. Digamos que en Antioquia no tuvo tanta repercusión. Donde la coca estaba creciendo, era en zonas que no estaban dentro del programa, por ejemplo, en Cáceres, en los límites con Anorí y Valdivia, en Bejuquillo. Cáceres no estaba incluido. Hubo erradicación también en Nechí y El Bagre, y como no tenían acuerdo no podíamos hacer nada. Mientras no haya acuerdo individual no hay acuerdo. El acuerdo colectivo no te garantiza que no haya erradicación.

Yo defiendo a los campesinos que se han metido al programa. Pero no defiendo absolutamente nada la actitud de los campesinos de Valdivia y de El Aro. Mire el informe del Simsci, muestra que Valdivia es el municipio de más crecimiento, pasamos de 1000 a 3000 hectáreas. Eso se llama jugar torcido. Tuvieron toda la oportunidad del mundo.

Sin embargo, hay un tema crucial, y es que esa perspectiva de concertación y acuerdo que construimos, ese trabajo colectivo se desmoronó por una concepción del Gobierno. Ahora la cosa es que no hay plata, que el Gobierno dice que no hay plata. Todas esas fueron las decisiones por las que renuncié, después de 22 meses.

P: El Gobierno aseguró que parte del denominado desorden era que no se sabía cuántas familias iban a entrar al programa…
R: ¿Quién iba a saber cuántos campesinos eran? Hay 100 mil con acuerdo individual y faltan otros 50 o 60 mil por vincular. Ahora dicen que solo le cumplen a los que están inscritos individualmente. Así que saldría Anorí y parte de Ituango.

Pero de los 100 mil, nosotros dejamos 12 mil inscritos. Y los dejamos en el nivel de ejecución más alto del país, ellos a agosto del año pasado tenían una inversión de 105 mil millones de pesos, casi ocho millones por familia vinculada. Además, dejamos a Briceño libre de coca; dejamos a Tarazá con algunos incrementos. La resiembra solo fue del 0.5%.

P: Antes de que se priorizara la erradicación por encima de la sustitución, ¿cómo era la relación con la Fuerza Pública?
R: Siempre hubo un margen de discusión y de interpretación con la Fuerza Pública. Hay que decir que la Fuerza Pública se manejó de manera extraordinaria en su momento, porque los riesgos de la erradicación eran grandes para ellos, y los riesgos de resiembra eran altísimos. El aliado más importante de nosotros fue la Fuerza Pública. Los mismos líderes campesinos pedían que el Ejército entrara en zonas controladas por narcotraficantes grandes. Ese es otro elemento diferenciador de los enfoques.

P: ¿Cómo era la relación con Antioquia libre de coca?
R: Con Antioquia libre de coca tuvimos una relación muy buena. Nosotros nos repartimos el trabajo: hacíamos sustitución y ellos hacían desarrollo, donde el PNIS ya había entrado, ellos le daban sostenibilidad al PNIS. El problema en Valdivia es que entró primero Antioquia libre de coca. Ellos quisieron hacerle competencia al PNIS, pero apenas vieron que no tenían los recursos ni las posibilidades cambiaron de posición.

Sin embargo, el Gobernador se hace el que no entiende, uno le explica diez veces el PNIS y luego dice que no entiende el programa. Ellos definieron como prioridad a Valdivia e Ituango, los lugares donde más problemas tuvo el PNIS. En Valdivia, los campesinos se entregaron de brazos a Antioquia libre de coca. Ese programa en alguna medida facilitó esa mamadera de gallo de la gente de Valdivia y ese incremento de los cultivos.

Ese es un fracaso del Gobernador, que lo implementó en Valdivia, compitiendo con el PNIS, y el resultado es que en los municipios en donde estaba el PNIS, exepto Tarazá, disminuyó la coca, mientras que en Valdivia se multiplicó por tres.

Esa es una visión cruda de la realidad. Mientras el PNIS sustituye hectáreas de coca en Briceño, Tarazá, Caceres y Anorí, a Antioquia libre de coca, en un municipio donde trabajó, se le multiplicaron por tres, de menos de mil a casi tres mil.

P: Después de 22 meses usted decidió renunciar, ¿qué le dijo el consejero Archila y cree que el Gobierno le va a cumplir a los campesinos?
R: Archila no expresa nada. Él piensa y después sale a decir a los medios lo que se le ocurre. Archila no debate, no confronta.

El programa disminuyó su ritmo, pero no se paralizó totalmente, sigue habiendo asistencia técnica, y algunos pagos con interrupciones. Pero finalmente se pagó. No se paralizó completamente porque eso sería una batalla campal. El presidente Duque ha dicho que cumple y yo le creo. Qué es cumplir, es darle los 36 millones de pesos a cada campesino.

No soy fatalista, el Gobierno está tomando dinámica en algunas partes y creo que los PDET tratan de reaccionar. Porque de pronto el Gobierno pensó que esto lo podía hacer trizas, pero se dio cuenta de que esto es norma constitucional, el que se oponga al desarrollo de los acuerdos está violando la Constitución del país.

*Este artículo hace parte de una alianza entre Periferia y la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Cristina está sentada en las faldas de un edificio del centro de Medellín. Lleva en brazos a su hijo de dos años, tiene el semblante caído, los ojos tristes, la cara llena de pequeñas heridas. Hace unos años luchaba en Venezuela por ser una de las pocas mujeres educadas y cultas de su familia, hoy es indigente.

Así como esta mujer, existen miles de migrantes venezolanas que hoy se encuentran en la mendicidad, son explotadas laboral o sexualmente, sufren acoso callejero y laboral, son violadas, y en el peor de los casos, asesinadas. Este es el drama que sufren en los países a los que migran; sin embargo, la tortura empieza mucho antes: en su país.

Según el informe denominado “Mujeres al Límite”, realizado por organizaciones venezolanas como Avesa, la Asociación Civil Mujeres en Línea, Freya y el Centro de Justicia y Paz, las mujeres son el género con mayor estado de vulnerabilidad en Venezuela. En este informe, publicado en 2017, se mencionan puntos clave como las dificultades para acceder a salud pública, justicia, educación, así como los diversos tipos de violencia que sufren.

“Mujeres al Límite” señala que una mujer tiene menos probabilidades de alimentarse adecuadamente puesto que, en la mayoría de familias, son los varones quienes cubren la canasta familiar y son ellos quienes comen mejor. En cuanto a la salud pública, miles de mujeres padecen complicaciones por no tener acceso a medicinas o implementos de higiene –como unas simples toallas higiénicas–, lo que las expone a contraer infecciones vaginales o urinarias, entre otras enfermedades.

Así mismo, el informe señala que las mujeres son violentadas física, sexual y psicológicamente, en especial por la fuerza militar, ya sea cuando realizan filas para conseguir alimentos, cuando son recluidas por manifestar contra la injusticia o cuando las retienen arbitrariamente y las utilizan para amedrentar a sus familiares. Se mencionan casos de torturas, asesinatos y violaciones a mujeres por parte de la fuerza militar venezolana. No obstante, si ellas desean acceder a la justicia, son ignoradas porque los órganos de justicia no consideran prioritarios dichos delitos.

Por todo esto, las mujeres venezolanas deciden migrar a otros países. Pero dejar Venezuela no es nada fácil, y es doblemente difícil si se trata de una mujer.

Primero, son asediadas sexualmente en la frontera por militares venezolanos y por el personal de migraciones de los países a los que acuden. Luego, pasan días en buses o caminando rumbo a las ciudades que tienen por destino. En algunas ocasiones tienen suerte, logran conseguir empleo en restaurantes o puestos de atención al público, pero son pocos los finales felices.

La mayoría de veces, cuando llegan a las ciudades donde pretenden residir, pasan un verdadero martirio. Y es que la xenofobia, el machismo, el oportunismo, el acoso callejero, la perversión humana, la explotación laboral y sexual, hacen de su migración un infierno.

Este año, un reportaje de CNN visibilizó el negocio de la prostitución de venezolanas en Colombia. El trabajo del periodista Fernando Rincón hacía énfasis en que la mayoría de estas mujeres optaron por someterse a este oficio por necesidad, por la desesperación de enviar dinero a sus familiares, y en especial por la supervivencia de sus hijos.

–Tengo conocidas aquí, hay muchas que se prostituyen por necesidad, para que sus hijos coman–, asegura Cristina

Entrar en el mundo de la prostitución no es nada fácil. Se han registrado casos de mujeres que ingresan voluntariamente a prostíbulos, las mafias que trafican con sexo se aprovechan de su condición, son explotadas sexualmente, y luego salir del negocio es casi imposible. Además, un reportaje del diario El País documentó que existe actualmente una ola de feminicidios de mujeres venezolanas en América Latina, siendo Colombia uno de los países con mayor tasa de asesinatos de mujeres venezolanas.

Aunque las mujeres no opten por la prostitución, también son violentadas: “Me han ofrecido 50 mil pesos por sexo, me han visto necesitada y han querido aprovecharse de mí, pero no he aceptado”, sostiene Cristina. Las venezolanas no solo sufren explotación sexual o reciben propuestas indecentes. Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), cuatro millones de venezolanos han abandonado su país. Los países con mayor inmigración venezolana son Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. En dichos países las mujeres venezolanas son cosificadas. Inescrupulosos osan darles un empleo para que ellas vistan prendas diminutas y atraigan más clientela, más ingresos. También los empleadores aprovechan su condición para asediarlas y ofrecerles seguridad laboral a cambio de sexo. Dentro o fuera de Venezuela, son víctimas de violencia de género.

Lo peor es que estas mujeres quieren acceder a educación, luchan por sobrevivir, por salir de la crisis, pero las personas simplemente se olvidan de su aguda condición, de su nombre, de su nacionalidad, y hasta las llaman “venecas”, término que además de vulgar es ofensivo. No lo merecen. Merecen respeto y reconocimiento por luchar contra su desgracia. Merecen que amparen todos sus derechos.

De “la paz” quedan papeles, amargas expectativas, insinuaciones del pasado pasado, y nuevas violencias en este grueso pedazo del Nororiente colombiano. El violento corredor –por donde se trafican drogas, armas, minerales, vidas, y despotismos diversos– comienza en el Bajo Cauca antioqueño y termina en la frontera con Venezuela. El Magdalena Medio –subregión que agrupa 13 municipios del centro y el suroccidente de Santander, nueve del Sur de Bolívar, cinco del sur del Cesar, y tres de Antioquia– es el segundo eslabón.

El germen de la actual conflictividad social que vive esta macroregión se remonta a 1918, año en que la Tropical Oil Company inició la extracción petrolera en la soporífera y sudorosa Barrancabermeja. El descubrimiento del oro negro desató conflictos entre los colonos y la empresa estadounidense por la propiedad y el uso de las tierras destinadas a la explotación petrolera. Barrancabermeja fue epicentro de huelgas organizadas por campesinos y trabajadores de la economía petrolera, quienes reclamaban mejores condiciones salariales y laborales. El nacimiento del ELN, cuya primera acción militar fue la toma de Simacota en 1965, atizaría la efervescencia social.

Los paros y marchas continuaron. Con los años, el puerto capital de la región empezó a convertirse en un ícono de los movimientos sociales del país. Las masivas protestas cívicas se transformaron en diferentes expresiones organizativas que fueron atacadas y perseguidas por la organización Muerte a Secuestradores, los 'Grillos', los 'Tiznados', y los Justicieros del Mal, primeras manifestaciones del paramilitarismo en el Magdalena Medio, que asesinaron alrededor de 37 personas señaladas de ser guerrilleras en 1982. Entre 1985 y 1995, se registrarían más de 400 asesinatos políticos en Barrancabermeja. El 16 y 17 de mayo de 1998, los paramilitares asesinaron siete personas y desaparecieron 25 más en el nororiente de la ciudad; esa, más las masacres del 27 de febrero de 1999, y del 27 de septiembre del mismo año, anunciarían la ofensiva paramilitar que azotó la región hasta el 2005.

Por los memoriosos ríos del Magdalena Medio corre sangre y dolor, pero también navega por ellos un legado de resistencia civil en el que las mujeres fueron fundamentales. “Desde los años 70's empezamos a construir un feminismo popular que hoy es una corriente feminista a nivel latinoamericano, pero que en ese entonces no sabíamos cómo se llamaba. Un feminismo con una postura antipatriarcal, pero que iba de la mano de los compañeros cómplices que acompañaban. Yo recuerdo que en los años 80's nos decían a nosotras que no entendían lo que construíamos. Vinieron varias feministas que al poco tiempo salieron de la zona porque no lograban entender cómo construir un feminismo con el movimiento sindical, o con el movimiento campesino, y nosotras sí fuimos capaces de comprenderlo y de construirlo”, asegura Yolanda Becerra, lideresa de la Organización Femenina Popular (OFP) creada en 1972.

Ese feminismo popular también fue forjado con el apoyo de la iglesia católica. Según Yolanda, Barrancabermeja y el Magdalena Medio fueron evangelizados bajo la Teología de la Liberación, “construida casa a casa, barrio a barrio, vereda a vereda; eso nos dio unos elementos diferentes”.

El atípico feminismo popular siempre defendió la vida y el territorio. La paz no es un horizonte coyuntural, durante estos 37 años, asegura Yolanda, todo lo que han hecho, “lo hacemos apuntándole a la paz”. Poco a poco, la esperanza que generó el acuerdo firmado con las FARC se convirtió en desconfianza y pesimismo.

Que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) no avancen, y tampoco el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, es un golpe a la moral de las organizaciones sociales. Ubencel Duque, líder del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, manifiesta que las frustraciones y los interrogantes afloran pues en la puesta en marcha de los PDET's, “las comunidades no estarían en el primer plano para liderar la ejecución, sino que estarían a expensas de los operadores. Volvimos a una dinámica que excluye la participación […] La manera como se ha ido respondiendo a esos acuerdos ha sido muy lenta en velocidad, calidad y volumen. Eso ha generado situaciones de riesgo para las comunidades y los líderes”.

Son precisamente las mujeres una de las poblaciones más vulneradas por la nueva reconfiguración de la violencia y el narcotráfico que se aprovechan del incumplimiento de los acuerdos. En el Cesar, las mujeres de Aguachica que hacen parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, aseguran haber sido amenazadas, mientras que las integrantes de la OFP perciben una normalización institucional y social de la violencia de género, la cual viene en aumento por parte de excombatientes, guerrilleros del ELN, integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares.

Además, afirman que es notorio el empobrecimiento de las mujeres, quienes se ven obligadas a desempeñar trabajos esporádicos, extenuantes y mal pagos. Por ejemplo el de paleteras, que consiste en hacer las veces de “pare” y “siga” en los tramos de la vía donde se desarrollan obras. “La ilegalidad se ha vuelto un elemento de sobrevivencia de las comunidades. Uno encuentra a las mujeres involucradas en esos contextos. El tema de la prostitución se ha vuelto un negocio muy lucrativo. Hay municipios donde sabemos que los fines de semana rifan las mujeres. Hay también un número grande de mujeres venezolanas disputándose el negocio de la prostitución”.


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El Sur de Bolívar podría ser la cantera de oro y plata más grande de Latinoamérica. El territorio está atravesado por la Serranía de San Lucas, un accidente geográfico de 1'800.000 hectáreas rellenas de materiales preciosos. Esta ha sido –y es– una zona disputada por la institucionalidad, el capital transnacional, los grupos al margen de la ley, y las organizaciones sociales. “Siempre hemos estado entre un rango crítico y grave”, asegura Narciso Beleño, representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), organización conformada por 30 asociaciones de campesinos y mineros artesanales.

La subregión y Fedeagromisbol han logrado sobreponerse a diferentes ciclos de violencia. Aunque estiman que asesinaron muchos más, la Federación logró registrar el asesinato de 500 integrantes, víctimas de la arremetida paramilitar que inició en 1995 y terminó en los primeros años del 2000. “Fueron seis años de encierro político, económico, y social de las organizaciones que existíamos en la Serranía de San Lucas –cuenta Narciso–. En algún momento la Federación decidió no desplazarse hacia los municipios, nos desplazábamos de un sector de la Serranía a otro. Los líderes que salieron a las cabeceras municipales fueron desaparecidos o asesinados”. Después de ese primer intento de exterminio y despojo, en el 2005 hubo un copamiento militar que emprendió una campaña de desprestigio contra la Federación, señalándola de ser la enemiga del desarrollo de la Serranía de San Lucas, y así conseguir la licencia social para la explotación minera a gran escala por parte de la Anglo Gold Asanthi.

Actualmente, el Sur de Bolívar enfrenta nuevas amenazas. En la región hay presencia de los Rastrojos, los Gaitanistas y el Clan del Golfo, que según Ubencel son la estructura más fuerte y numerosa. En municipios como San Pablo, Santa Rosa, Simití, Cantagallo, y Morales, asegura Ubencel, hay pequeños grupos que portan armas cortas, pero en la zona de Río Viejo, Arenal, Norosí y Tiquisio, corredor que permite llegar a la convergencia del río Magdalena y el río Cauca, existen grupos mejor organizados, uniformados y con armas largas. Además, el ELN ha copado zonas que antes controlaban las FARC. A principios de septiembre, el ELN en alianza con supuestas disidencias, cuya presencia en el territorio no está comprobada por las autoridades, anunciaron un paro armado en San Pablo y declararon objetivo militar a todos los candidatos a la Alcaldía.

Para combatir la nueva avalancha armada el Gobierno no encuentra de momento otra alternativa que no sea llevar más armas al Sur de Bolívar. Las autoridades nacionales prometieron que la región pasaría de 5000 a 20.000 integrantes de la Fuerza Pública, aunque el Procurador delegado para el Magdalena Medio sostiene que no puede asegurar si ya llegaron todos los refuerzos. Lo que sí está confirmado es que la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, creada en febrero de este año por el presidente Iván Duque, está funcionando y cumpliendo las órdenes para las cuales fue creada: hacer labores de inteligencia, combatir al ELN, al narcotráfico, y a la minería ilegal, y aprehender a los civiles que tienen órdenes de captura en su contra.

La ley colombiana no establece una distinción clara entre la minería ilegal y la minería artesanal que desempeñan los mineros asociados a Fedeagromisbol. A las operaciones militares, el Gobierno pretende sumarle trabas jurídicas para acabar la extracción “fraudulenta”. La estrategia pone en el ojo del huracán a la Federación y a las 30 pequeñas empresas mineras que tiene conformadas. Para legalizar su operación, y acceder al Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), solicitada en la Agencia Minera Departamental, la ley obliga a la Federación a bancarizar todas sus empresas, para ello es necesario abrir una cuenta bancaria. En reiteradas ocasiones la Federación ha intentado abrir una cuenta en el Banco Agrario, pero este a su vez les exige el RUCOM. El limbo legal en el que se encuentran los mineros, los obliga a vender semanal o quincenalmente su producido al mercado negro para poder continuar con sus labores.

“La Dian está llamando a la Federación a decirnos: “tienen 30 empresas, de las 30 empresas solamente 15 están vendiendo oro legal. El año pasado una de las empresas pagó una nómina de 150 millones de pesos, de dónde sacaron los 150 millones de pesos si no han vendido un solo gramo de oro legal”. Ante esa eventualidad, yo que soy el representante legal, puedo estar siendo acusado de testaferrato o de evasión de impuestos. Aquí en Colombia, al que se le compruebe que ha lavado más de mil millones de pesos en oro, lo pueden extraditar. Yo podría estar en esa situación, porque si son 15 empresas, y cada una pagara una nómina de 150 millones de pesos, ¿cuánto oro tenían que vender para pagar esa nómina? Es una manera muy fácil de quitarse a la Federación de encima. Si se quitan la Federación de encima, pueden quitar el proceso ciudadano de Tiquisio; va a ser más fácil quitar Asamisur [Asociación Agrominera del Sur de Bolívar] del camino, y a las demás organizaciones”, asegura Narciso.

Las artimañas jurídicas también están siendo utilizadas para mostrar resultados en la batalla que libra el Gobierno contra el ELN. La estrategia gubernamental consiste en atacar la supuesta estructura militar y financiera de la guerrilla, vinculando y judicializando a la población y a las organizaciones que según la Fiscalía apoyan a la insurgencia. Abogados que brindan acompañamiento jurídico a Fedeagromisbol, afirman que han accedido a informes de inteligencia en los que se señala a la Federación como financiadora y administradora de los bienes del ELN. En esos informes también se vincula a líderes y habitantes de Micoahumado y de otros territorios con la insurgencia. Este corregimiento, ubicado a tres horas de la cabecera municipal de Morales, es una de las zonas focalizadas por el Ejército y la Fiscalía, pues es un territorio donde ha estado asentado el ELN desde 1975. Si bien es cierto que ante la falta de oportunidades muchos jóvenes de Micoahumado deciden alistarse en la guerrillerada, la población ha exigido que no se los estigmatice y que se los deje al margen de esa guerra ajena.


En lo que va del año, se han presentado alrededor de nueve enfrentamientos en Micoahumado. El corregimiento vive días de zozobra por los civiles heridos y muertos que dejan las confrontaciones, y por la judicialización de campesinos inocentes. El 16 de julio, en horas de la madrugada, la Policía y el Ejército realizaron de nuevo un operativo en el que capturaron a nueve habitantes acusados de rebelión y concierto para delinquir agravado.

Aunque el Sur de Bolívar es una región que registra bajas cifras de líderes sociales asesinados, la judicialización es otra forma de agresión contra las organizaciones sociales. En marzo del 2017 fueron detenidas, por los mismos delitos y en diferentes municipios, 13 personas –dos de ellas en Micoahumado– vinculadas a procesos sociales, que serían dejadas en libertad meses después. Además, debido a los seguimientos y señalamientos de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales de Cartagena, en abril del 2018, cinco líderes de diferentes organizaciones sociales y comunitarias afiliadas a Fedeagromisbol se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación para constatar si existían procesos judiciales u órdenes de captura en su contra, lo cual fue negado por la Fiscal que atendió la diligencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Sembrar, sospechan que este tipo de acciones hacen parte de un plan que busca desarticular los procesos organizativos de la región y despojarlos de su territorio. Los abogados que hacen seguimiento a los casos de Micoahumado, también señalados de ser abogados del ELN, advierten que existen 28 órdenes de captura más contra personas indeterminadas de la región: “El Gobierno dispuso un cuerpo especializado y un helicóptero de uso exclusivo para las detenciones”.

“La población [de Micoahumado] está desgastada, está vuelta mierda”, asegura uno de los abogados. Sin embargo, líderes del corregimiento como Pablo de Jesús Santiago, quien es mencionado en los informes de inteligencia, está convencido de que “vamos a dar la pelea porque se respete la vida, y porque este territorio lo podamos ocupar nosotros y nuestras generaciones. De aquí no nos van a sacar porque es lo único que nos queda”.

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Al Magdalena Medio, al Sur de Bolívar y al Catatumbo los hermana la violencia. También el empeño de las organizaciones sociales por permanecer en los territorios y construir una paz que solo conocen en su imaginación. Existen patrones de violencia similares, pero cada región tiene sus particularidades y matices.

Después de tantos años de olvido, el Estado parece incapaz de recuperar el control del Catatumbo. Nunca la casa del trueno –significado de Catatumbo en lengua Barí– había estado tan militarizada. Se estima que son alrededor de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública los que hacen presencia en la región fronteriza. Aquí la bota militar tampoco ha dado frutos. Aunque en octubre fue creada la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, una brigada con innovaciones tecnológicas y logísticas, el ELN, el EPL, y las disidencias de las FARC se afincan en los municipios, y los homicidios ya alcanzan un índice de 34,7 por cada 1000 habitantes.

La situación es crítica, pero tiende a empeorar. La Defensoría ha llamado la atención por el incremento del reclutamiento de menores, la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, y las quejas por los abusos de la Fuerza Pública que estigmatiza, ocupa propiedades, restringe la movilidad y capta el agua de las bocatomas. Una fuente de la entidad admitió además que la “frontera [con Venezuela] es un hoyo negro sin control por donde pasa buena parte de lo que ocasiona el conflicto”.

Por otra parte, funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, temen que la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito que piensa implementar el Gobierno genere un recrudecimiento del conflicto. A la MAPP-OEA también le preocupa los aproximadamente 600 excombatientes de las FARC, pues la mayoría se encuentran dispersos por la región, y han sido declarados objetivo militar por parte de las disidencias, en especial aquellos que van a participar en la contienda electoral.

La vida en el Catatumbo sigue siendo una cuestión de supervivencia. La coca es la principal empresa, policías y soldados son víctimas de emboscadas y ataques con explosivos, los militares y sus fusiles conviven entre la población, la detonación de cilindros puede confundirse con los truenos en época de lluvias, y el Frente 33 de las FARC hace retenes y entrega panfletos en los que invita a los exguerrilleros a considerar la posibilidad del rearme.

Por más común que parezca, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) se niega a normalizar la anormalidad. Aparte de la apuesta por la organización, la movilización y la disputa institucional, el CISCA afronta una reflexión profunda sobre la construcción de alternativas para permanecer en el territorio. Cuando María Ciro intentó estimular la creatividad preguntando cuáles son las formas de construcción de paz que le permitirían al Catatumbo salir de esta condena violenta y armada, afloró un silencio espeso y azaroso entre las más de 20 personas que acudieron a un circulo de la palabra en Filo Gringo, corregimiento de El Tarra, donde son contadas las paredes que no tienen una pinta alusiva al ELN. “Cuando vamos a hablar del conflicto, el tiempo no nos alcanza. Pero cuando vamos a hablar de la paz, no encontramos qué decir. Somos una generación que no sabe qué es la paz, no tenemos ningún referente cercano”, sentenció luego la lideresa del CISCA.

Quienes están vinculados al CISCA saben que la paz es un verbo activo, no pasivo. David Pérez, por ejemplo, no duda en afirmar que “nosotros como jóvenes, que somos materia prima para la guerra, nos vemos en la obligación de llegar a los espacios vivos de construcción de paz, y esos espacios vivos se llaman Juntas de Acción Comunal. Allí hay unos mecanismos claros de participación […] Esos que tienen las armas encima son unos flojos, porque les da miedo llegar a esos espacios de diálogo. La propuesta nuestra como jóvenes es clara: fortalecer las Juntas de Acción Comunal, allí es donde nos escuchamos, debatimos, y nos ponemos de acuerdo independientemente del credo o la religión”.

La paz demanda la participación de los jóvenes, y, sobre todo, la participación femenina. Filo Gringo puede enseñarle al país una manera exitosa de replantear el rol social que desempeña la mujer. Desde hace diez años el corregimiento cuenta con un comité de mujeres. En algún momento fueron 20, pero las tareas del hogar, las prohibiciones de los esposos, y las raíces que echa el patriarcado en la sociedad, alejaron a muchas mujeres del proceso. De momento solo quedan seis, pero, más allá de la cantidad, lo realmente importante es que mujeres como Gladis, Yuliana y Mercedes sepan que pueden, que sirven –no solo para barrer o lavar trastes–, y que son “portadoras de futuro”.

Las mujeres que hacen parte del comité tienen su propia casa comunitaria; realizan talleres; hacen vaporub, crema de coca y marihuana para los dolores, jabones líquidos y en barra, y champús artesanales; marchan los 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer; han encarado a los grupos armados cuando ha sido necesario; y denuncian cada violación contra los derechos humanos que se presenta. “El CISCA nos ha enseñado el valor de nosotras como mujeres, cómo hacernos respetar, cómo querernos nosotras mismas; porque hemos estado ahí, sumisas, pero nosotras como mujeres tenemos muchas capacidades que podemos compartir con el resto de compañeros”, afirma María Mercedes, acompañada por sus dos escuderas.

Es cierto que un conflicto sin muertos –sin desesperanzados, y sin presos– no tiene sentido. Pero lo único positivo que puede dejar este conflicto son las ganas que –la OFP, Fedeagromisbol y el CISCA– tienen de seguir vivos.

Llegamos el sábado a Santander de Quilichao. Miradas furtivas cayeron sobre los bolsos, los zapatos, las botas y los rostros. Ojos provenientes de las motos, taxis, buses y chivas que buscaban clientes potenciales entre el grupo que llegó al parque. Llegó la camioneta. Mercado, bolsas y pasajeros hicimos espacio. Atrás dejamos casas y calles para ser recibidos por el polvo, los zancudos, las montañas, y los abrazos de las viejas amistades.

Más tarde se armaron las carpas de todos los colores. Se organizaron los turnos de guardia nocturna y se definieron los voluntarios para esa labor. La tranquilidad y silencio que armoniza el centro Los Tigres, equilibró los ánimos de los y las guardias. El saludo de las autoridades indígenas dio apertura formal al encuentro de la Guardia Campesina en el norte del Cauca.

A las cinco de la mañana, antes de salir el sol, los ejercicios en la cancha de fútbol avisan que la jornada empieza: trote, estiramiento, calentamiento de coyunturas y trabajos de resistencia y agilidad. Luego una hora para bañarse, lavar la ropa, y dar paso al desayuno, preparado por los mismos guardias, y por las manos mágicas y tiernas de doña Yolanda, una indígena de la comunidad. Posteriormente, talleres y reuniones hasta caer la noche, momento en el que cada persona alista el camping, la cobija y la almohada para dormir o trasnochar en la guardia.

El domingo en la tarde, mientras los demás juegan fútbol, le pregunto por la crisis que vive el norte del Cauca a Jhon Jairo Calderon, miembro del equipo nacional del Congreso de los Pueblos, y esto me responde: “Debido a la situación que viven los pueblos indígenas del norte del Cauca, las decisiones de modificar algunos cultivos de uso ilícito, la presencia de grupos armados, y la militarización de las fuerzas de seguridad del Estado, consideramos que era necesario adelantar una jornada para fortalecer organizativa, política e ideológicamente la guardia campesina”.

Los zancudos se hacen notar al llegar la noche. Se reparte la cena para todos y todas, y aprovecho el momento para conversar con David Donado, costeño de agua dulce como dirían algunos del interior. Este campesino nato viene del Cesar, es miembro del Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades de este departamento, y orgulloso integrante de la Guardia Campesina del nororiente del país. Siempre con una sonrisa, David me explica el papel que cumple este cuerpo comunitario en la defensa, protección y cuidado de los Derechos Humanos: “Los gobiernos nos han tenido abandonados, y siempre que nos meten la Fuerza Pública, es represión. Es una obligación organizar la Guardia Campesina, porque es la que defiende y protege a los procesos sociales”. Noto, mientras charlamos, que en su bastón de mando están talladas unas letras. ¿Qué dicen esas letras David? Enseguida levanta el bastón y con la sonrisa más extendida me dice: “Es el nombre del proceso, Flaco”.

A más de uno le sorprende que haya pocas aves en el paisaje. De vez en cuando se ven chulos, una que otra pareja de loros, y las tórtolas con sus nidos en el salón de trabajo. Sin embargo, para estar a la pata del cerro, debería haber más especies volando entre los gualandays. Me llama la atención una guacamaya con los colores de la bandera colombiana que resalta a lo lejos. Me percato de que no se mueve y no se despega de su dueño. Al preguntarle por el pájaro, Jhonatan Sanchez, con su acento costeño, me explica que hace parte de la identidad de la Guardia Campesina, Agrominera y Ecológica del Nordeste antioqueño, al igual que el escudo que contiene montañas, ríos, campesinos y barequeros de ese territorio.

Detallando la tez negra, los brazos fuertes y los ojos rasgados de Jhonatan, recuerdo las tensiones cosechadas entre negros, indígenas y campesinos en algunos territorios. Aprovecho para saber cómo pueden juntarse estos pueblos en un solo territorio. Con el porte de un profesor que explica a un estudiante un tema por primera vez, Jhonatan me va diciendo esto: “Tenemos una mirada, la guardia indígena tiene otra forma de mirar, y también los afros tienen otra forma de mirar. Eso nos conlleva a juntarnos, ver cuál es el camino que nos lleve hacia adelante. En el caso de los indígenas que hay en el resguardo de La Pó, estamos haciendo junto con ellos vigilancia en las noches. A las personas que vemos, les preguntamos si están afiliadas a la Junta de Acción Comunal. Sin violentar a nadie, solo se les exige que se afilien y hagan parte de la JAC. Hago el llamado a que no tengamos miedo, sino a seguir luchando y reclamar nuestros derechos con el bastón en alto”.

Al bastón de chonta no lo dobla el miedo, ni se astilla con los ataques tramposos del Gobierno nacional. Por el contrario, en cada carcajada, abrazo y bastón al cielo, las raíces de la dignidad y lucha se entierran profundamente en los corazones de los pueblos del campo y las ciudades.

*Integrante de la Secretaria de Formación, Comunicación, Investigación y Pensamiento Propio del Coordinador Nacional Agrario

Era un martes frívolo y oscuro en las calles de Ituango. Sonaban las campanas de la iglesia. Exactamente a las 5:30 de la tarde, en uno de los tres resguardos indígenas, fuimos recibidos por integrantes del Movimiento Social Ríos Vivos, quienes nos compartieron sus procesos de lucha y defensa de la vida en el Norte de Antioquia, un territorio en disputa. Mientras pasaban los minutos, sentía cómo se me arrugaba el corazón al observar esos rostros insensibilizados por una guerra que no les pertenece. Media hora después, pude comprender que la Caravana Humanitaria, que tenía como propósito compartir una palabra de alegría y esperanza a líderes, lideresas y habitantes de estas comunidades, había comenzado. “En resistencia por el territorio y por nuestro río –decía en letras mayúsculas y minúsculas la pancarta que sostenían dos mujeres alzadas en coraje–, ¡Seguimos vivos y vivas, cañoneros y cañoneras!”.

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Varias agujas entre unas manos heridas sirvieron para reconstruir la memoria de un pueblo olvidado. Varios hilos tejidos en una lona de diversos colores y texturas fueron el inicio de la juntanza llamada Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (AMARUD), creada en marzo de 2015 bajo la premisa: tejemos memorias y sueños.

Cuatro mujeres –madres, viudas, desplazadas, amenazadas, discriminadas– paridas en el cañón del río Cauca, y víctimas de una guerra sucia perpetrada por todos los actores habidos y por haber, se convirtieron en el símbolo de la resistencia en medio de una historia escrita con los calificativos más nefastos.

Hace 25 años comenzó una historia tan común como enigmática. Amenazar la tranquilidad de los suyos, desplazar la gente, matar la vida, talar la montaña, apagar los sonidos sabios de la naturaleza, represar el río, revictimizar a las víctimas y humillar la dignidad humana era el fin único de esta. Y entonces pulularon los desplazamientos forzosos y masivos que desterraron las raíces más profundas de la tierra a las grandes ciudades.

Aunque no pudieron lograr totalmente esa meta, a las 5:40 de esa tarde, doña Elena*, mientras estiraba su mirada hacia nosotros, soltó la primera de sus tantas pesadillas: “Cuando tenía 14 años fue mi primer desplazamiento cometido por los grupos armados. En medio de esta tormenta perdí a tres familiares: dos hermanos y mi esposo desaparecido. El segundo desalojo fue en el 2011 cuando nos desplazaron para construir el muro de la presa [de Hidroituango]. Recuerdo que nos montaron a un helicóptero y nos subieron hasta la montaña. Poco después cogimos para las playas de más arriba”.

En ese entonces la violencia parecía –y parece ser– un mal sin salida. Doña Elena fue víctima del conflicto armado que azotó esta zona geoestratégica, y de EPM. Catorce desplazamientos bastaron para comprobar que existe una crisis humanitaria que perdura hasta el día de hoy. Abandono y olvido traen consigo la violencia que significa un insulto a la paz y una bofetada a la tranquilidad de las comunidades.

El 95% de los ituanguinos se reconocen como víctimas. En el tercer piso de una casa sin equipamientos, los relatos de Elena y su amiga Julia* traspasan las barreras de la impunidad, aunque representen un mínimo porcentaje de esa cifra: “El último desplazamiento fue el año pasado cuando 700 hombres armados y varios encapuchados nos desarraigaron”.

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Para AMARUD, cada tejido ha servido para sanar muchas de sus heridas. También ha servido para tramitar ese dolor impune, esa desaparición forzada y esa injustificada pérdida humana. El miércoles en la mañana, la Caravana Humanitaria arribó a Toledo, un municipio empinado que es sostenido por una montaña ubicada en todo el meollo del megaproyecto Hidroituango. Fue allí donde conocí el lado más humano de toda esta resistencia. Entendí que el liderazgo social no admite puntos de comparación y de represalia. La transformación social debe fomentar respeto por el otro y lo otro. Pese a los innumerables intentos de apagar la vida, dicen las mujeres, el perdón constituye la virtud que destaca a la asociación en su quehacer diario.

Sentadas en una silla de madera que adorna el parque principal, explican que la pancarta ha recorrido 16 países, cinco universidades, y multitudinarias marchas, “el mensaje lo construimos en un momento muy doloroso porque habíamos perdido todo: nuestras casas, nuestros bienes, nuestro río… no sabemos de dónde sacamos el valor de coger una aguja y tejer cuadrito por cuadrito lo que nuestros corazones sentían”.

De repente, las dos mujeres liberaron los brazos y nos contaron sobre quienes la tejieron: “El trabajo colectivo nos permitió expresar las vivencias de cada una de nosotras. Por ejemplo, este dibujo lo tejió el compañero Oscar* cuando tenía pareja. El de allá lo tejió otro compañero. Este lo hizo mi hijo. Abajo está plasmada la casa de la memoria. Este es el río Cauca con el color natural. Esta culebra, esta montaña y este tigre lo hizo el compañero Rubén. Esta otra montaña la hizo el compañero Chucho. Esta serpiente y este sol la hice yo. Es decir, una obra de arte contada desde diferentes historias”.

Según Elena, la casa de la memoria quedaba a un lado del río, en la playa conocida como la “arenera”. Para construirla aprovecharon los plásticos y los troncos que bajaban por el río. Una vez terminada decidieron destinarla exclusivamente para hablar de las víctimas, cómo iba el asunto de la reparación, y pegar en las paredes, en forma de postal, las fotos de sus víctimas.

La inundación del año pasado represó las memorias y los sueños de los hijos y las hijas del río Cauca. La incertidumbre creció con el paso de los días y hoy solo queda el legado de sus descendientes. Insisten en conservar su oficio y convertirlo en tradición, así como en algún momento la pesca y el barequeo fueron la tradición cultural de Ituango.

Elena toma un suspiro, el tono de su voz aturde todo lo que toca. Ahora se lamenta porque el 11 de noviembre tienen que entregar el sitio donde viven: “Estamos en el albergue nada más con lo básico. Algunas veces no tenemos la forma de dormir bien y mucho menos contamos con una escoba para barrer. Dependemos de la venta de las mochilas”.

Piden al Estado que de una vez por todas solucione la situación que afrontan, pues no tienen para dónde irse. “Nos quitaron el trabajo, nos quitaron el sustento, nos quitaron la comida, nos quitaron la tierra, nos humillaron, nos discriminaron, nos desplazaron”. Aún no se resignan porque confían en recuperar su río.

Por ahora estas dos mujeres –madres, lideresas, defensoras, luchadoras, reconciliadoras– estiran la mirada, arrugan las cejas y engrandecen la esperanza: “Entonces las personas que vean este mensaje, que les guste el tema de los derechos humanos, ayúdenos a tejer nuestro territorio porque cuando compran estas mochilas, están comprando miles de sueños, puntadas, tejidos, recuerdos, memoria y resistencia”.
- ¡Bueno pues, ahí tienen la invitación!

*Los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados por seguridad

Si un apelativo en el mundo de la música caribeña guarda una absoluta simetría, ese es el de Sonero Mayor, mote con el que se conoció al tremendo cantante puertorriqueño Ismael Rivera; y es que sin temor a equívocos, son pocos los intérpretes que han tenido la habilidad para realizar alegres y ocurrentes improvisaciones verbales, saliéndose del riguroso esquema rítmico que impone la clave, y volviendo a esta sin alterar la cadencia y armonía del ritmo salsoso.

En la década del 50 del siglo pasado, cuando en el Caribe y América Latina predominaba una música caracterizada por estar impregnada de pompa y fastuosidad en su elaboración, hecha para no lacerar el oído del público blanco que la consumía, y que fue impuesta y difundida principalmente desde la proyanqui Cuba batistiana, fue donde el Sonero Mayor junto a su entrañable amigo y compadre Rafael Cortijo (los dos fueron las principales piezas de la agrupacion Cortijo y su Combo) lograron atenuar la hegemonía musical cubana, y posicionar con toda autoridad y legitimidad dos de los ritmos autóctonos y además populares de la isla de Borinquen, la bomba y la plena, ambos heredados de los negros africanos esclavizados durante la invasión del imperio español al territorio Abya Yala.

Cuando las bombas y las plenas (ya para los años 60 y 70 en el género salsa) interpretadas por Ismael Rivera se afincaron en el medio musical, empezaron a ser perceptibles en el cancionero caribeño y latinoamericano las gentes de raza negra, sus sentimientos, sus valores, su cotidianidad barrial, y de igual manera sus congojas y sufrimientos, producidos principalmente por el “cáncer social” que significa su discriminación y victimización, motivadas históricamente por la falsa y anticientífica idea de su inferioridad racial.

Para ilustrar la primera de las afirmaciones figura como evidencia el fragmento: “Las caras lindas de mi raza prieta, tienen de llanto, de pena y dolor, son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Por eso vivo orgulloso de su colorido, somos betún amable, de clara poesía, tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra” (Las Caras Lindas).

Por su parte, la victimización se puede observar en el fragmento “Mataron al negro bembón, hoy se llora noche y día, porque al negrito bembón todo mundo lo quería […] Y llegó la policía, y arrestaron al matón […] Y saben la pregunta que le hizo al matón, “por qué lo mató, diga usted la razón”, y saben la respuesta que le dio el matón, “yo lo maté por ser tan bembón” (El Negro Bembón).

En Maelo, como también se conoció a Ismael Rivera, brotó siempre un profundo amor por el ser de raza negra, tanto así que en ejercicio de sus metafísicas convicciones religiosas decidió acoger como santo de su devoción al Cristo Negro de la ciudad de Portobelo, en la zona Atlántica de Panamá a quien dedicó la canción “El Nazareno”. En razón de ello cada 21 de octubre desde 1975 y hasta 1986 (un año antes de su muerte), como parte de una promesa que hizo, acostumbró a caminar por las calles de aquella ciudad en la procesión que se organiza cada año en honor al santo. Cuentan testigos que en medio del ritual reverencial que hacía, se dirigía a la efigie del Cristo diciendo: “Es que Cristo muy blanco no pudo ser. Tuvo que ser así, como este”.

El Sonero Mayor nació en el popular barrio de Santurce, del municipio de San Juan, el 5 de octubre de 1931, y desde muy temprana edad tuvo que abandonar sus estudios para contribuir con el sostenimiento del hogar, ejerciendo el oficio de albañil, a través del cual conoció al maestro Rafael Cortijo, con quien a duo y al son de llana y cincel como instrumentos improvisados, atenuaban las duras jornadas que encierra el arte de la mezcla y el cemento.

Corría el año 1954 y el Sonero Mayor hacía parte de la prestigiosa Orquesta Panamericana, que amenizaba los bailes de los ricos en salones y clubes sociales de un Puerto Rico que empezaba a industrializarse y por ende a visibilizar el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. Ese mismo año Ismael (buscando sus senderos) renunció a la Orquesta Panamericana y decidió unirse al Combo que fundó Rafael Cortijo, formado en su mayoría por músicos negros y cuyo escenario principal eran los clubes nocturnos de las zonas marginales. Cuando al Sonero Mayor se le preguntó por las implicaciones de su decisión (la Panamericana significaba, además de prestigio, estabilidad económica), simplemente respondió: “Es que yo me siento bien con los negritos”.

Para el sociólogo Angel Quintero, profesor e investigador de la Universidad de Puerto Rico, esta decisión tuvo un profundo alcance sociológico, y a su juicio, fue el punto de partida para que los negros y mulatos de la isla se encargaran de determinar la identidad boricua. En su libro ¡Saoco salsero! o el swing del soneo del Sonero Mayor, indica: “Cuando el melao de Ismael Rivera empezó a resonar por allá por 1954, junto a Cortijo y su combo, Puerto Rico cambió. Negros y mulatos se apoderaron del Show business (lo menos importante) y de cierta forma de la identidad boricua. Fue allí cuando el ritmo de la bomba y la plena invadieron la televisión y permearon, con su irreverente cadencia, los espacios de la cultura y las formas de hacer música en el Caribe”.

La efímera vida del Sonero Mayor (56 años) estuvo marcada por dos hechos que en su ser tuvieron una profunda afectación emocional. El primero, su detención y reclusión junto a Rafael Cortijo (por posesión de alucinógenos) durante casi cuatro años en la ignominiosa mazmorra de Lexington en el Estado de Kentucky, Estados Unidos; este acontecimiento motivó su interpretación del considerado himno de la población reclusa del Caribe, “Las Tumbas” del maestro Bobby Capo: “De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará, las tumbas son pa' los muertos y de muerto no tengo na' […] Cuándo yo saldré de esta prisión que me tortura, me tortura mi corazón, si sigo aquí enloqueceré”.

El segundo fue la partida final de su querido e incondicional amigo Rafael Cortijo en 1982, lo que le generó a Ismael una afectación en su voz y su retiro de las tarimas. Según la crónica El entierro de Cortijo de Edgardo Rodríguez Julia, la madre de Ismael, doña Margot, en aquel duro momento le decía: «“Ismael tengo que preparar un remedio para la garganta, esa es tu herramienta de trabajo”. Y él, afligido, respondía “no mamá, el maestro murió y se llevó la llave”».

¿Qué hacer en un país donde no funcionan la democracia y las instituciones, y el sistema de justicia, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía tienen prácticas criminales y de impunidad? Donde el sistema electoral es un fiasco porque las investigaciones y denuncias que señalan los vínculos de los clanes de siempre con la delincuencia, no solo no llegan a ningún lado, sino que las mafias siguen reeligiendo una y otra vez a las mismas familias que saquean los recursos públicos. Y el Gobierno, con ánimo guerrerista, exhibe su habilidad para engañar a los organismos internacionales legitimando la mentira, el crimen, la ilegalidad y los antivalores autoritarios y traquetos.

Donde los medios masivos de comunicación tapan un escándalo con otro nuevo, echándole tierra al anterior sin que la verdad se pueda conocer y los responsables paguen por ello. Peor es cuando la verdad se conoce y sin embargo nadie responde. Así se construyen montañas de olvido e indiferencia. También su lenguaje legitima la violencia, al punto que la sociedad, los líderes de centro o izquierda, y las organizaciones sociales y de derechos humanos, terminan usándolo. “Uso desmedido de la fuerza”, dicen, refiriéndose a varios policías del ESMAD que patean sin piedad a un jovencito o jovencita por protestar ante la corrupción en el sector de la educación, o ante los incumplimientos del pasado paro, como si hubiera una violencia que se pudiera medir y aceptar.

Acudimos mudos y ciegos al derrumbe de lo poco que queda de democracia. En los últimos meses fuimos testigos de cómo la protesta legítima de la sociedad fue reprimida de manera violenta, con policías infiltrados entre los estudiantes destruyendo puertas y ventanas de edificios para provocar el uso de la fuerza; con cuerpos élites del ESMAD y militares disparando de manera letal contra campesinos e indígenas en la Minga, portando armas que apagan ojos y mutilan extremidades, lanzando golpes que rompen cráneos y al mismo tiempo familias, vidas, sueños y esperanzas.

Seguimos contando cadáveres y observando impávidos el terrorismo de Estado. Atendemos como espectadores a la traición de las élites que, a través del genocidio, acaban con las vidas de los desmovilizados que entregaron sus armas, creyendo honesta, o ingenuamente, que los caminos del cambio y la revolución se podían transitar también por las vías institucionales. Pareciera que no tuviéramos fuerza para detener el asesinato y la judicialización de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, reivindican sus derechos, y construyen la paz con justicia social.

Sin embargo, la voz desprovista de autoridad y ética del Estado, y su Gobierno ilegítimo, nos vuelven a invitar a participar en las elecciones, las más sangrientas en comparación con las que se llevaron a cabo hace cuatro años. Según la revista Semana, han sido asesinados una candidata y seis candidatos a las alcaldías, y 46 más han sido amenazados y presionados a retirarse de la contienda.
Pero ese no es el principal problema. Reducir la democracia a la clásica y vacía concepción de que hay derecho a elegir y ser elegido, mientras se escogen a las buenas o a las malas los mismos de siempre, viene siendo una manera lapidaria forma de enterrar otras formas de lucha y de construcción de democracia que las comunidades y los procesos sociales han desarrollado por décadas en nuestro país.

El pacifismo y el electorerismo baboso se impregnan como almizcle y se apoderan de todo, empujando a los procesos sociales y a las voces críticas a sumarse a las consignas de las derechas: “más vale una paz y una democracia imperfectas que una guerra perfecta”; “en política todo se vale porque esta es dinámica”. Bajo estas “máximas” hoy es fácil ver a candidatos de izquierda o de procesos sociales pedir avales o aliarse con personajes de los partidos de la derecha vinculados con el paramilitarismo, la corrupción, o el crimen.

Ahora nadie puede justificar ni reivindicar la legitimidad de las acciones beligerantes de las comunidades, ni las explicaciones históricas y éticas que amparan el derecho a rebelarse, so pena de quedar encasillado, por la derecha o la izquierda políticamente correcta, en la fila de los guerreristas y ser linchado socialmente.

El sueño, válido y legítimo de llegar al gobierno con una propuesta alternativa no puede mermar la convicción ideológica de los procesos que históricamente han contribuido a la dignidad colectiva. Esta les ha permitido a las comunidades confrontar con la cara en alto las políticas entreguistas de las élites y fomentar la defensa del territorio, el poder popular y la denuncia al terrorismo de Estado. Tampoco se pueden reducir los esfuerzos y las propuestas de transformación social a su participación desordenada y descriteriada en las urnas.

Las comunidades, partidos, movimientos y procesos populares tienen la obligación política y ética de poner a jugar todo su acumulado en la disputa por el poder en todas las modalidades y escenarios. En la disputa institucional su aporte es fundamental, justamente en el cambio de mentalidad, de las prácticas y de las costumbres políticas antidemocráticas y discriminatorias que durante casi dos siglos le asignaron al pueblo el papel pasivo y sumiso de asistir tímidamente a votar, creyendo que allí se agotaba su responsabilidad.

El rol de un movimiento social que aspira a disputarse el poder debe ser el de cogobernar, exigir, denunciar, vigilar y movilizarse en torno a sus intereses. Esto solo es posible si el ejercicio electoral va a acompañado de una dinámica de poder popular que sea capaz de jugar de tú a tú, y bajo las mismas condiciones en el fortalecimiento del gobierno progresista, o uno de transición hacia la democracia que proponga nuevas formas de gobierno en donde los pueblos tomen las riendas de su presente y futuro.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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