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Siendo adolescente Evelyn Loaiza se hizo la pregunta por el deber ser: “¿yo debería ser así o de otra manera?” Nació en Medellín, el 16 de enero de 1990 en el Hospital General. Una niña de estrato tres, que creció rodeada de sus primos, abuelos, abuelas, en la comuna nueve, “y eso hizo que de cierta manera viviéramos desde muy temprana edad el tema de las bandas, del narcotráfico, Pablo Escobar, y que los pelaos querían ser como él. De cierta manera nos empiezan a normalizar, o a mí —acentúa— me empiezan a normalizar esa idea de lo que era vivir en Medellín en esa época: no saque esas cosas a la calle, esté pendiente por si alguien lo va robar, esté pendiente por si en cualquier momento se arma una balacera”.

Pero esa pregunta era el eco de un planteamiento que había respondido su abuelo con su propia vida. Martín Emilio Quiceno Cuartas nació en Armenia, Antioquia, en 1941. Vivió el país de la Violencia, el de los movimientos sindicales, el de “la política de Pablo Escobar: ser mafioso y adueñarse del país”; por eso asegura que en Colombia no ha dejado de haber violencia desde 1948.

“Yo en el 48 tenía ocho añitos. Entonces yo era un inocente, porque al fin y al cabo campesino, teníamos mucha oscuridad en cuanto a lo mental que adquiere una persona; por una parte la niñez, por otra parte ser campesino, falta de comunicación, porque no podíamos participar en una reunión familiar donde hubiera mayores, nos retiraban y si preguntábamos alguna cosa nos daban en la boca. Papá nunca tuvo una palabra para nosotros. Yo pensaba que cuando tuviera mi familia iba darme a ellos”.
Se casó con Rosalba Berrio en 1966. Tuvieron seis hijos, de esos seis hijos cuatro fueron mujeres. Con ellos construyó una vida familiar que alternaba con las acciones en "la sociedad comunitaria". Martín participaba en el comité pro defensa de la escuela Santo Tomás de Aquino en el barrio Loreto, ubicado en las laderas orientales de la ciudad. Allí se tomaron unos kioscos que estaban siendo apropiados por las barras de fútbol manejadas por Pablo Escobar. Los kioscos fueron solo una excusa para quitarles un espacio activo en el que había un parque y una cancha. Trabajó en la empresa Tejicondor por 26 años. Fue dirigente sindical en 1967. Se volvió opositor del sistema capitalista, y en 1973 dirigió el sindicato de la Industria Textil de Colombia.

Martín recibe una llamada, y dice:

—Que coloque: me reservo el derecho a reclamar.
Y finaliza:
—Cuídese y váyase despacio.
Sospecho que era una de sus hijas.

"Eso sumado al hecho de lo que mi abuelo venía contando –agrega Evelyn sobre la pregunta por el deber ser–, mi abuelo siempre ha sido activo, hay un problema y él no se queda con el problema. Por ejemplo, en el barrio Loreto se necesitaba un pasamanos porque la gente se estaba cayendo a un hueco, entonces mi abuelo veía ese problema, todo el mundo se quejaba, toda la vida habíamos vivido con ese hueco ahí, y mi abuelo sencillamente fue, puso la tutela para que mandaran a poner el pasamanos. Esa idea de hacer acciones silenciosas, es decir: ey, hay algo qué hacer, cómo yo aporto a que mi entorno sea mucho mejor".

Evelyn también habla de su abuelo gestionando dinero con las empresas para dar regalos de Navidad a los niños del barrio. Cuando la reprendía a ella y a sus primos. Las invitaciones a las marchas del 1 de Mayo con la correspondiente explicación: ese es el día de los trabajadores.

Por eso, cuando entró a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y se enfrentó a la pregunta ¿cuál va a ser su apuesta artística? Lo supo: el conflicto social. Evelyn ha trabajado el performance a partir del cuerpo, ha tocado el tema del valor de la vida en la ciudad, el asesinato sistemático de líderes sociales, la contaminación en las quebradas de Medellín. Ahora la pregunta por su deber ser está resuelta en su vida.

—¿Por qué mañana marcha un país? —les pregunto a ambos:
—Marchamos por la defensa de los intereses de las clases. Hay cinco puntos peligrosos: la reforma laboral, rebaja de impuestos a empleados con la farsa de que generen empleo
los jóvenes que no tienen acceso a la educación, el punto de las pensiones, la salud, entre otras —responde Martín.
—Creo que lo más fundamental es la defensa de la vida. También porque es el derecho a la protesta, de cierta manera ha generado un miedo, y es un miedo entre nosotros mismos. La posibilidad de defender la vida diciendo no estoy de acuerdo con ciertas cosas, que esas ciertas cosas se puedan cambiar, que podamos generar un gobierno al cual se le pueda cuestionar y las cosas puedan cambiar; que no esté ese miedo de salir a la calle, ese por favor déjennos salir, salga por la acerita y no haga absolutamente nada, sino que es un asunto de reclamación por la vida y por cosas que son necesarias. Y que de todas maneras tiene que haber compromiso por parte de las personas que estamos marchando y es hacerle veeduría a ese tipo de cosas para que esos procesos sí se sigan, y ahí viene el compromiso ciudadano: hacer esas exigencias pero que también trabaje con la comunidad —concluye Evelyn.

Ese 21 de enero, Evelyn y Martín se encontraron en la calle Junín. Luego fueron a marchar.

De las 10.362 concesiones mineras otorgadas por la Agencia Nacional de Minería, Boyacá concentra en su territorio 1.825, casi el 20% de las concesiones del país, seguido por Antioquia (1.379), Cundinamarca (1.062), Norte de Santander (839), Santander (699) y Tolima (617). Vale la pena resaltar esta concentración de concesiones en la región andina por tratarse justamente de la zona más densamente poblada del país.

Antioquia, Boyacá y Cundinamarca son los departamentos con el mayor número de municipios, y la minería está asociada a las dinámicas de consumo de las poblaciones. La explotación minera en Boyacá ha implicado, más que una relación armónica entre el consumo de la población y las posibilidades poblacionales y tecnológicas de explotación, la perpetuación de relaciones de dominación sobre el trabajo minero a través de diferentes formas de gobierno y de articulación al modo de producción.

De las concesiones del suelo boyacense, casi la mitad están destinadas para la explotación de carbón, seguidas por arcilla, esmeralda, material de construcción, caliza, arena, mineral de hierro, caliza metalúrgica y roca fosfórica.

La distribución de la explotación minera no se da de la misma forma en todo el departamento. Existen municipios en los cuales se ha concentrado la explotación minera, resaltando de lejos Sogamoso y sus alrededores.

Si tomamos la distribución de las concesiones de carbón en relación con los municipios, encontramos que ésta se concentra en los municipios de Sogamoso, Tópaga, Corrales, Socha, Socotá, Paipa, Tasco, Gámeza, Sativasur y Mongua.

La explotación de carbón: de la alfarería artesanal al mercado energético
Aunque parezca obvio, la primera condición para la consolidación de una región minera es que haya minerales. Es decir, que existan las formaciones del suelo necesarias para soportar la cantidad y frecuencia de explotación que los grupos le demanden.
De acuerdo con el tipo de conformación geológica y sus posibilidades materiales, sugiere que otras culturas, relacionadas mediante otros modos de producción, hicieron usos diferentes de estos minerales.

Para el caso del carbón, existen vestigios de la explotación de carbón en la provincia de Sugamuxi mediante el método de cámaras y pilares por parte de indígenas nativos, quienes posiblemente lo utilizaban para la cocción de la arcilla y de utensilios, y taparon las minas para evitar que fueran halladas por los españoles. El carbón hacía parte también de un entramado de minerales que se intercambiaban entre los pueblos de la época, como la arcilla para la construcción de las viviendas, la orfebrería, y la sal. Hacia mediados del siglo XIX, el carbón era utilizado para la cocina doméstica y se incorporaba ya en la herrería y la producción de cal.

Pero es en el siglo XX cuando la explotación de carbón, articulada en un primer momento a los procesos de producción locales, pasa a articularse con los procesos nacionales de intercambio de mercancías.

La minería del departamento de Boyacá fue subsidiaria de la construcción del ferrocarril del nordeste que conectaba Bogotá y Sogamoso. La producción carbonífera alimentó gran parte de la combustión de las locomotoras. El ciclo de las locomotoras, aunque corto, dejó una red de trabajos relacionados con la explotación de carbón que se articuló, no sin contratiempos para los trabajadores, con la puesta en marcha de la Planta Siderúrgica de Paz del Río que empezó a funcionar en 1954.

Con la siderúrgica, el carbón encontró un nuevo uso que comprendía cambios profundos en la estructura productiva del país, pues pasó a hacer con el carbón, en su forma coque, parte del proceso de la producción de acero nacional.

Adicionalmente, a finales de esa década se construyen los proyectos termoeléctricos, que empiezan a funcionar en la década de 1960, alimentados por las minas circunvecinas de Paipa y Duitama.

Sin embargo, entre 1960 y el actual período, existieron cambios sustanciales en la explotación y trabajo sobre el carbón señalados por los trabajadores. En primer lugar, la creación de una industria siderúrgica con plantas asociadas, como la de fosfatos entre otras, conllevó la conformación de una estructura laboral mediada por un salario, con centros conglomerados urbanos de trabajo como Sogamoso y sus alrededores y con la posibilidad efectiva de sindicalización que esto implicó.

El auge sindical estuvo marcado también por la posguerra y el papel de la empresa en la construcción de industria propia o de proteccionismo, impulsado en los países del sur mientras los países del norte reconstruían a Europa y tenían nuevamente la capacidad de cooptar los mercados con el pleno de sus fuerzas productivas.

Así, Acerías Paz del Río fue la empresa de Boyacá hasta los tiempos de la apertura económica decretada por el gobierno de César Gaviria y la penosa década de 1990, en la cual la empresa pasó incluso por la figura de concordato para el pago de sus deudas. En el año 2007, el 51,3% de la empresa fue vendida a la brasileña Votorantim, centrando su actividad en la comercialización del carbón y generando la pérdida para el país de una palanca para la transformación industrial.

Alcances ambientales y propuestas desde el movimiento
Poco se ha dicho sobre las afectaciones que la economía del carbón ha tenido sobre las cuencas de los ríos que nutren los valles del Magdalena y la Orinoquía. Instalada en las partes altas, la empresa Paz del Río obtuvo una concesión de aguas sobre la laguna de Tota que solamente fue revisada hasta 1980. Por su parte, toda la operación de Termosochagota, que entra en operación en 1990, se erige sobre la cuenca alta del río Chicamocha, de la misma forma que lo hace Paz del Río.

Las consecuencias que sobre la población ha tenido esta explotación minera desmedida sobre el valle de Sogamoso se evidencian en las familias que habitan municipios como Nobsa y sus alrededores, aquejados por enfermedades respiratorias prolongadas que afectan varias generaciones de las familias. Además, el abastecimiento de carbón ha sido monopolizado por intermediarios que, apoyados en una actividad ancestral de los campesinos de la región, alimentan a bajo costo uno de los centros de producción de carbón más grandes del país a costa de los socavones en los páramos.

Las empresas, aparte de la construcción de viviendas y de infraestructura, han dado lugar a la explotación de minerales en los márgenes de los ríos que fluyen entre Boyacá y Casanare, que también alimentan las actividades propias de la economía petrolera. Por otra parte, como se ha pretendido mostrar, se trata de actividades con raíces históricas articuladas a la dinámica del capital durante décadas.

La vocación minera del departamento de Boyacá y la vocación petrolera del departamento de Casanare, no son designios de Dios, sino que hacen parte de la manera como se articula la propuesta de un país con una estructura económica dependiente al capital internacional, jerarquizado además entre sus regiones.
Por eso, entre las propuestas del movimiento del Centro Oriente, está, basados en el Plan de Vida, la idea marco de un equilibrio regional con la cuenca de la Orinoquía, que parta del reconocimiento de la economía campesina y de las posibilidades de las ciudades para el avance de propuestas productivas desde los diferentes sectores de trabajadores.

En este ejercicio, se ha propuesto reconocer las posibilidades de gestión propia de los bienes de uso colectivo como el agua, la salud, la educación y los servicios públicos. A partir de allí, se propone una necesaria racionalización de la producción de minería e hidrocarburos, pues estos no pueden ser la base para el mercado internacional a costa del deterioro ambiental y social del país.

Producir lo necesario, avanzar en la sustitución de las formas de producción con gestión popular y en equilibrio con la naturaleza. Para ello, la renta de las actividades mineras y petroleras debe pasar a manos de los trabajadores y en beneficio del conjunto de la población. Se deben respetar ecosistemas y corredores estratégicos del agua: páramos, bosques alto andinos, ríos, lagunas y cuencas. Estas hacen parte de las propuestas del movimiento social en Boyacá y Casanare, y por las cuales los líderes sociales han sido asesinados y encarcelados. Pero también estas siguen siendo las razones por las cuales el movimiento se articula día a día para continuar.

Existe una profunda relación entre el lugar que los hombres escogen para habitar y las aguas: de mares, lagos y ríos; de quebradas y riachuelos; de islas, golfos, bahías y de archipiélagos. Muchas de las principales ciudades, pueblos y comarcas del mundo moran al rumor de sus ondas, y se diluyen entre susurros de piedra y agua. Otras se debaten al vaivén de las olas y de la erosión que roe sus pies, sus zapatos de arena. Más las otras de hielo, o de tierra que llamamos islas, son rodeadas totalmente por ese espíritu esencial. En incesante flujo de mercancías, turistas y personas por caminos móviles; las naves surcan cristalinos espejos de agua, cauces rebosantes de voces, colores y algarabías danzantes al viento.

Algunas más gravitan en torno de un rompecabezas infinito de miles de ínsulas salpicado de un mosaico de caprichosas formas; plasmando archipiélagos de ensueño: volutas y girones de tierra, geografías y contornos que a las palabras huyen –sin dejarse atrapar– y solo la naturaleza puede parir.

Los pueblos, las ciudades a las orillas de los cauces de los ríos se cuentan por miles; llenas de movimiento, como las mariposas anidan en las llanuras aluviales y en los valles que el agua ha esculpido a través de los tiempos. Al ritmo de músicas, de cántigas acuosas, en su sinuoso andar, saturado de rumores: las “criaturas” se ven forzadas a hacer vida en aquellos lugares. Al paso sereno de su cauce, o entre rápidos, el hombre ha buscado refugio, comida y transporte. Los ríos son y han sido venerados desde los tiempos más remotos por los habitantes que moran en sus balcones; los mares, de igual forma, se han llenado de monstruos y de mitos allende el hogar que los soporta.

El hombre además de asentarse en sus riveras ha diseñado toda una serie de mecanismos: acequias, canalones, tanques y posteriormente los acueductos para llevarla hasta su casa y proveerse del elemento vital. La ha transformado en energía, la ha gestionado a través de instituciones sociales del orden municipal y comunal. El agua está en el centro del debate entre las visiones encontradas de las élites nacionales y departamentales con las de la subregión del Oriente Antioqueño y las de los territorios. La matriz energética del país depende de esta región rica en aguas, de la conectividad con la capital del país y la inserción al mercado internacional a través del Aeropuerto José María Córdova.

Pero este desarrollo contrasta con los campesinos pobres que han padecido las consecuencias de su implementación y el casi nulo aprovechamiento de sus réditos. La defensa del territorio y la lucha por servicios públicos dignos y de calidad se tradujo en resistencia civil y en el posterior aniquilamiento del Movimiento Cívico. La guerra atravesó el Oriente antioqueño con su torrente de sangre y la población quedó inerme, atrapada entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales quienes se trenzaron en una feroz batalla por el control del territorio.

“El campesino sentí-pensante del agua y la montaña
[…] para nosotros los indígenas la tierra es la madre, para nosotros los indígenas la tierra no es solo un pedazo de llano o de loma que nos da comida, como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida, por eso la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres.

Al igual que los indígenas, los campesinos se abrazan a la tierra y sienten el húmedo y vital calor que de ella emana, la agricultura o cultura de la tierra es una de las prácticas más antiguas que se conserva hasta nuestros días, es decir que gracias al campesinado y los millones de toneladas de azucares, carbohidratos y proteínas producidas en los labrantíos, existe una sociedad urbana hiperdesarrollada y moderna como la que hoy conocemos, no existe modernidad sin tradición.

La ruralidad es un motor vital de la cultura, según el antropólogo Eric Wolf: el campesino se caracteriza por ser un enlace cultural entre la naturaleza y la sociedad en general; el agricultor media con las contingencias del clima, del suelo, de la semilla y del mercado, sostiene y organiza el trabajo familiar, usufructúa la frontera agraria etc.

Al entendimiento del campesino han llegado todos los saberes del agua, las formas de las quebradas las comprende como las de la palma de su mano, las acumula en un telar de experiencias que teje en su sentir de labrador.
Gran observador de los tiempos del agua: en su mente hila un calendario con cada día que pasa, un ciclo es una nueva trama; de tanto tejer sus jornales ha podido adivinar las temporadas de lluvia y verano, la luna justa para la semilla, el cuidado del monte y los nacimientos de agua. Todos estos aprendizajes se aventuran a la interpretación de los azares de la naturaleza. El campesino también hila su trabajo en el paisaje: borda con su azadón colchas de retazos, teje las colinas con los hilos de la lluvia.

Pero cuando el campesino empieza a producir más allá de los límites naturales, las inestabilidades del clima lavan gradualmente la tierra negra, y la sobreexplotación desprotege los suelos haciendo competir la comida contra el agua, el suelo excesivamente maltrecho de las colinas de Marinilla, Antioquia, tiene unos antecedentes centenarios manteniendo nuestra cultura campesina al borde de sus posibilidades:

[...] “los primeros habitantes se aprovecharon para las formas agrícolas, de la ligera capa de grasa vegetal depositada por la alteración de los bosques, durante centenares de años, sobre las cimas y faldas de las cordilleras, cejas, colinas y oteros. Bien pronto después, aquellos sitios fueron lavados por los copiosos aguaceros de la región equinoccial; los campos quedaron estériles y fue mucho si una feracidad relativa se conservó en ellos. El aspecto de la tierra quedó en cierta manera yermo, solitario y melancólico; reducidas sementeras de maíz, frisoles, arracachas, ahuyamas, calabazas, etc. eran y han sido pobremente cultivadas para contribuir en algo a una frugal alimentación”.

Desde los tiempos de la colonización una actitud oportunista y egocéntrica hacia la naturaleza ha reducido los bosques del territorio a su mínima expresión, alejando cada vez más el agua de nuestra vida cotidiana, expulsándola del territorio. Cuando el campo deja de producir para alimentar los hijos de la tierra el campesino aliena su trabajo y su cualidad de intermediario con la naturaleza es desconocida por el mercado; un campesino autónomo y libre para el cuidado del hogar común es un labrador amigo del agua, la luna y las montañas, un campesino que defienda la cultura de la tierra, que tenga tiempo para observar y transmitir a sus descendientes los saberes del agua, que produzca en un territorio comida y no dinero preserva la naturaleza y el campo: alma de la cultura.

*Este es un fragmento del libro Humedal, tejido del viento, hecho por el colectivo Ciudad Solar de Marinilla, Antioquia.

¿Qué?
“Los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en Urabá, porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado con cuchillo en la mano diciéndoles que quien hiciera paro lo matábamos. ¿Por qué?, por buscar los beneficios de los empresarios bananeros, ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ellos y ninguno está pagando”.

Este testimonio de Hebert Veloza, alias 'H.H, hace parte de una sentencia emitida en 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La declaración del excomandante del Bloque Calima de las Autodefensas fue utilizada y recuperada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación, organizaciones que con el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá, pretenden demostrarle a la Comisión de la Verdad, y al país, que empresarios locales e internacionales, en complicidad con las Fuerzas Militares y el Estado, llevaron a cabo un macabro plan de acumulación y despojo de tierras para lograr imponer una dinámica económica extractiva y privatizadora.

El despojo y la titulación fraudulenta de tierras en Urabá son tan antiguas como el país mismo. El siglo pasado, por ejemplo, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, ordenó en 1943 que se desalojaran “los bosques nacionales […] y reclutar a los pequeños colonos como fuerza de trabajo”. Además, adjudicó baldíos de hasta 2.300 hectáreas a terratenientes ganaderos.

En la década del 60, lo que detonó el despojo en Urabá fue la producción de banano, que hasta la década anterior era sembrado por campesinos colonos. Pero en 1959, tras la llegada de la Frutera Sevilla, filial de la empresa estadounidense United Fruit Company, para quienes trabajan los asesinados en la conocida 'Masacre de las Bananeras, la economía campesina, que hasta ese momento era de pequeña escala, se convirtió en agroindustria.

En el 70, el Gobierno incentivó la compra de plantaciones bananeras por parte de empresarios colombianos a través de los créditos generados por la Alianza para el Progreso, la ayuda monetaria, impulsada por John F. Kennedy, con la que Estados Unidos colonizó económicamente a América Latina. El proceso de compra fue conflictivo e irregular. La titulación de tierras estuvo marcada, según el informe de las organizaciones, por “la especulación acompañada de la expulsión de viejos colonos mediante subterfugios legales, [y] presiones directas que obligan al pequeño propietario a vender o abandonar la zona”.

Por la misma época que se instaló la Frutera Sevilla fue terminada la carretera que conectaba a Medellín con Urabá. La conexión terrestre permitió que se consolidara la industrialización de la producción agrícola. Muchos campesinos vendieron sus tierras a empresarios bananeros de Medellín y Bogotá, quienes se aprovechaban del desconocimiento de los campesinos sobre el valor y la importancia estratégica de sus bienes.

El llamado eje bananero –del que hacían parte Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo– pasó de 10.000 hectáreas sembradas de banano en 1960, a 19.300 hectáreas en 1982. Ese mismo año las hectáreas de palma africana pasaron de 351 hectáreas a 2.260, mientras que la ganadería pasó de 179.000 a 362.000 hectáreas. A medida que incrementaba la agroindustria y la concentración desigual de la tierra, aumentaban los conflictos por ella. Las instituciones estatales obraron en favor de los dueños de las grandes extensiones de tierra, y destinaron la presencia de fuerza pública para brindarle seguridad a su producción y exportación.

La conflictividad se agudizó con las protestas y la invasión de predios organizados por la Asociación de Nacional Usuarios Campesinos (ANUC) en los 70, años de surgimiento y consolidación de guerrillas como las FARC y el EPL, las primeras en hacer presencia en la zona. Los trabajadores sindicalizados, obligados a dormir en cambuches y a soportar jornadas que superaban las 16 horas, también empezaron a demandar condiciones laborales dignas. La visión anticomunista del empresariado, sumado al apoyo militar del Estado, desató la militarización de la zona, la estigmatización de los sindicatos, las amenazas, la desafiliación masiva, el exilio, y el asesinato de dirigentes sindicales.

Asdrúbal Jiménez, asesor jurídico de varios sindicatos bananeros de Urabá en los 80, dijo a los investigadores que la primera huelga se hizo en la empresa Codelsa [empresa colombo-holandesa que cultivaba palma de aceite] en 1972. El sobreviviente de esa primera oleada de violencia sufrida por en la región antioqueña, asegura que el paro total de la producción “trajo una nueva situación para la crisis que se vive en Urabá que fue la participación del ejército colombiano en la solución de los conflictos laborales”. Según el testimonio de Jiménez, Urabá era una zona muy pacífica donde el ejército no hacia presencia, y el trabajador no sabía qué derechos tenía, “consideraba que el hecho de darle trabajo era un favor que le hacía el patrón”.

El día de la huelga, el ejército hizo presencia en la empresa, y capturó toda la “dirección del sindicato. Los trasladan a las instalaciones de La Maporita [donde se había ubicado el Ejército en Chigorodó…] Cuentan los trabajadores que a todos los dirigentes sindicales los torturaron. Una de las torturas que utilizaban era raspar los árboles en la zona de polígono y los obligaban a subirse en los árboles lisos con una bayoneta sosteniéndolos por detrás, y si el trabajador no subía o se resbalaba pues se enterraba la bayoneta”.

La violación de los derechos humanos y laborales, y la violencia contra el sindicalismo, marcó los años 80 en Urabá. Esa década también trajo consigo la participación y llegada a cargos públicos de organizaciones en cuyos discursos demandaban la redistribución de la tierra, y criticaban la lógica de acumulación fomentada por el modelo de producción y el uso de la tierra. En 1986, la Unión Patriótica –partido fundado e integrado por guerrilleros desmovilizados de las FARC y el ELN que se acogieron al acuerdo de paz de Belisario Betancur– ganó la alcaldía de Chigorodó, logró 9 sillas en el congreso, 10 en las asambleas departamentales, y 350 en los concejos municipales del país. Y en las elecciones de 1988 se hizo con la alcaldía de dos municipios de Urabá: Apartadó y Mutatá.
A la efervescencia política de organizaciones de izquierda como la Unión Patriótica, el Frente Popular, A Luchar y el Partido Comunista, el empresariado respondió con una violencia sicarial que extinguió las huelgas obreras y acabó con la vida de varios dirigentes de esas organizaciones. Los empresarios intentaron justificar la violencia ante la opinión pública remarcando las potencialidades geoeconómicas de la región. En un artículo publicado por la revista SEMANA en 1989, un ganadero de Urabá sostuvo que “Colombia no se ha dado cuenta del papel estratégico que tiene este golfo […] Urabá es la prolongación de Centroamérica y nosotros estamos viviendo los procesos de revolución y contrarrevolución que se viven en este punto del planeta. Es un enfrentamiento entre la democracia y el comunismo".

El capital empresarial apelaría a la violencia –en público y en privado– para controlar y usufructuarse de este corredor estratégico que conecta Antioquia con Chocó y Cordoba, y en el que se piensan implementar tres megaproyectos: Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí, los cuales suman una inversión de más de 1.350 millones de dólares.

¿Cómo?
Entre el 14 de enero de 1990 y el 26 de diciembre de 2005 se contabilizaron 98 masacres Urabá, la mayoría perpetradas por paramilitares. Desde el sur de Córdoba llegó a la región portuaria la primera manifestación paramilitar: alrededor de 100 hombres llamados 'Los Tangueros', quienes obedecían ordenes de Fidel Castaño, autor intelectual de la masacre en la que murieron 42 campesinos de Pueblo Bello, Turbo, en enero de 1990. 'Los Tangueros' hacían parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, conformadas por Fidel y Carlos Castaño en 1987. El telón de fondo de la violencia paramilitar era el conflicto por la tierra. Según “el Agustín Codazzi, en 1988 los predios menores a 5 hectáreas sumaban el 62% del conjunto de los predios, lo que contrastaba con las propiedades mayores a 500 hectáreas, las cuales, constituyendo apenas el 1.3% del total de predios, equivalían al 42.14% de la superficie”.
Los paramilitares y el empresariado conformaron un rentable pero letal matrimonio. El mayor incremento de los índices de despojo se dio de 1995 a 1998, años en los que se “pacífico” Urabá, coparon el territorio las Autodefensas Campesinas, proliferaron las convivir patrocinadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, e hizo presencia la Brigada XVII del ejército comandada por el general Rito Alejo del Río.

Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, explicó, en el marco del proceso de Justicia y Paz, cómo empresarios, ganaderos y palmicultores aprovecharon la expansión paramilitar en la región para adquirir tierras a bajos costos: “En la medida que las autodefensas fueron avanzando […] muchos empresarios, ganaderos y bananeros, gente muy honorable, aprovechó para comprar tierras en ese momento, los campesinos, debido a los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, vendieron sus propiedades […] mucha gente a la sombra de Vicente Castaño vio un nicho de negocio, llevaban calculadora […] Mucha gente compró cientos de hectáreas en esa zona con el propósito de desarrollar ganadería y palma”.

La consolidación y expansión del paramilitarismo en Urabá no hubiese sido posible sin el decreto 356, expedido el 11 de febrero de 1994 por el Ministerio de Defensa de Colombia, cuyo artículo 42 permitió la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). Las Convivir fueron fachadas utilizadas para organizar, legalizar y financiar el paramilitarismo en Urabá. Sus autores materiales e intelectuales fueron Pedro Juan Moreno Villa, secretario de gobierno de Antioquia, Rito Alejo del Rio, José Miguel Narváez, experto en seguridad nacional, Irving Jorge Bernal Giraldo, empresario bananero y palmicultor, y Raúl Emilio Hasbún Mendoza, empresario ganadero y bananero, accionista de la comercializadora Banacol, y comandante del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La Corporación Jurídica Libertad logró documentar la existencia de nueve Convivir en Urabá. En 2010, Hasbún señaló “con nombre propio a 226 empresarios ganaderos, palmicultores y bananeros de Urabá como los financiadores del Bloque Bananero que él mismo comandó”, y “entregó a la Fiscalía un listado de 346 fincas bananeras y 60 ganaderos que apoyaron a los paramilitares”. En ese listado mencionó a personas como Nicolás Echavarria, quien fuera exembajador del gobierno de Álvaro Uribe en Bruselas y que para la época era presidente de la comercializadora de banano Banafrut; también aparece Guillermo Enríquez Gallo, socio mayoritario de la comercializadora de banano Unibán y propietario de una de las fincas más grandes de la región; y Felipe Echeverri exdirectivo de Augura e investigado por despojo de tierras.

“Al inicio las Convivir era para la consecución o legalización de los recursos por parte de los empresarios bananeros. A medida que se van conformando y van empezando a funcionar, se dedican al tema político, político entre comillas, las conformaciones de las juntas de acción comunales, etc., recoger información de la brigada o del ejército y la policía […] manejar un sistema de comunicaciones en toda la zona de Urabá que controlaba 800, 900 radios de comunicaciones, un control permanente, apoyo a la fuerza pública”, declaró ante la justicia Hasbún.

Muchos de los empresarios señaladas han intentado limpiar su nombre asegurando que los aportes iban destinados a organizaciones de seguridad privada legalmente constituidas, y que en algunos casos lo hicieron bajo presión. Pero además de Hasbún, Freddy Rendón, y Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Catatumbo, reconocieron que había un acuerdo para que los dineros de las Convivir fueran a las AUC. Aparte de los aportes voluntarios, recibían tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Mientras que los ganaderos pagaban cuotas por cada hectárea a través de la Asociación Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar), y de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), fundada por empresarios entre los que estaba Claudia Argote, cuya familia, según 'El Alemán', aprovechó los precios irrisorios que le ponían los campesinos a sus tierras cuando se agudizó la incursión paramilitar.
La Chiquita Brands, antigua United Fruit Company, fue condenada por la justicia estadounidense después de reconocer que realizó más de 100 pagos a grupos paramilitares de Santa Marta y Urabá. La empresa aceptó que pagó más de 1.7 millones de dólares, desembolsados a través de su filial colombiana Banadex. Además, el 7 de diciembre del 2000, entraron al país por el puerto de Zungo, un puerto privado de la empresa Banadex, 3.000 fusiles y dos millones y medio de cartuchos para los grupos paramilitares.


La jefatura militar declarada para Urabá en 1994, ayudó al paramilitarismo a consolidar su control territorial y suplantar los gobiernos locales. Tres años después, se presentaría el mayor número de víctimas en Urabá: 119.944, de las cuales 115.744 eran víctimas de desplazamiento forzado. Justo ese año, 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron y conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia.
El paramilitarismo incluso fue capaz hacerse con el poder institucional. También en 1997, Vicente Castaño ordenó la conformación de un movimiento político llamado “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”. Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el dinero del movimiento “provenía de las múltiples subastas que realizaba 'El Alemán' en Virgen del Cobre, una finca en Necoclí que fue propiedad del narcotraficante José Antonio Ocampo alias 'Pelusa', y a la que acudían ganaderos de la región para regalar o comprar las mejores reses”.
Políticos aliados y avalados por el entramado paramilitar llegaron a alcaldías, concejos municipales, a la asamblea departamental, y obtuvieron una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2002–2006, curul que se alternaron entre Manuel Ávila Peralta, Jesús Doval Urango, Estanislao Ortiz Lara y César Moreno, cada uno “renunciaba a su cargo tras cumplir un año para cederle el puesto al siguiente”.

Para controlar el escenario político e institucional, las AUC conformaron organizaciones sociales no gubernamentales y “cooperativas de trabajo asociado a las que integraron a personas que tenían relaciones activas o pasivas con el paramilitarismo”. También fortalecieron y dinamizaron las Juntas de Acción Comunal y las veedurías ciudadanas para formar cuadros políticos y tener una masa electoral que les permitiera determinar y manipular el rumbo de las elecciones, obligando “a la población a votar por los políticos que contaban con su bendición”. Lo que explica por qué en 2002 y 2006, Rubén Darío Quintero, y el Movimiento Renovación Acción Laboral (Moral), fundado por Mario Uribe –primo de Álvaro Uribe condenado por parapolítica–, obtuvieron altos índices de votos en Urabá, región en la que no desarrollaron trabajo político

La consecución del poder fue utilizada “no solo para favorecer a los paramilitares sino también a los empresarios durante su paso por el Senado […] Rubén Darío Quintero presentó el Proyecto de Ley 68 de 2006 que abrió una puerta para la legalización del despojo al dar origen a la Ley 1183 del 14 de octubre de 2008, aún vigente, por medio de la cual el Estado les asignó funciones de titulación de tierras a los notarios y estableció tres requisitos para legalizar la posesión regular de predios: la identificación del solicitante, la identificación del inmueble y la declaración jurada del solicitante, diciendo que no hay procesos pendientes sobre la propiedad. Bajo esta legislatura, varios empresarios legalizaron predios despojados haciéndolos pasar como tierras baldías a través de resoluciones del Incoder […] Pero no sólo las instituciones y cargos de elección popular fueron infiltrados por los intereses del paramilitarismo. Las notarías y oficinas de registro, así como las oficinas locales del Incoder”, fueron utilizadas para la titulación fraudulenta de tierras.

¿Quién?
La desmovilización paramilitar iniciada en el 2003 no significó la desaparición de este actor armado. Grupos residuales como las Autodefensas Gaitanistas (AGC) controlan actualmente las rutas del narcotráfico, cuidan propiedades de algunos empresarios, e impide los procesos de restitución de tierras en Urabá.

Los acontecimientos y las cifras indican que la nueva oleada de violencia paramilitar que vive la región tiene su razón de ser en los procesos de reparación que allí se adelantan desde que se decretó la Ley 975 en el 2005. Entre el 2018 y el año en que se expidió la ley, fueron asesinados 25 líderes reclamantes de tierras. 4.159 víctimas del despojo y del abandono forzado de Urabá han presentado 6.880 solicitudes en las que piden que se les reparen un total de 6.371 predios. Hasta el 15 de noviembre del 2018, solo se habían emitido 146 sentencias que daban respuesta a esas solicitudes. Solo en 195 casos se ha dado la restitución. En zonas rurales como La Balsita, Macondo, Blanquicet, Guacamayas, Nuevo Oriente, California, San José de Apartadó, entre otras, la presencia de las AGC ha impedido el retorno o la restitución de las tierras.

No es conspirativa, ni fundada en argumentos ideológicos, la tesis de las organizaciones que elaboraron el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá. Hay casos de sobra que demuestran la estrategia empresarial, armada, e institucional que se llevó a cabo en Urabá para implementar megaproyectos y un modelo económico que privilegia la concentración de la riqueza. El caso de Puerto Antioquia, les da la razón. No es una simple coincidencia que el megaproyecto, calculado en 700 millones de dólares, se vaya construir “en una zona sobre la que existe una solicitud de restitución colectiva de tierras presentada el 3 de octubre de 2017 por el Consejo Comunitario Puerto Girón”, comunidad afrodescendiente que reclama 11.269 hectáreas. Tampoco es casualidad que entre los promotores de Puerto Antioquia estén empresas como la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A., Unión de Bananeros de Urabá S.A. (Uniban), y Agrícola Santamaría S.A.S., empresa de la que es propietaria la familia de Guillermo Henríquez Gallo, quien fue señalado por el exparamilitar Raúl Hasbún como financiador de paramilitares en esa zona de Antioquia.

Lo de Urabá fue algo planificado. Urabá es la muestra de que en Colombia hay muchas personas millonarias, y no precisamente por sus buenas conductas, por el sudor de sus frentes, o por estar apegados a la ley.

Una mujer de acero

No sos vos.
A veces, de tanta mierda que te embarran,
terminan convenciéndote de que esa mierda es tuya.
De algún modo, terminás creyendo que hay algo malo en vos,
una especie de falla, un defecto, que te hace merecer dolores,
tristezas, maltrato, desamor o malamor.
No es verdad.
Nadie se merece la violencia.
Por ninguna razón.
Bajo ninguna excusa.
Son odiadores seriales, recipientes llenos odio,
derramando su porquería, que ensucia todo lo que toca.
No es tu culpa.
No existe culpa, porque no hay delito en ser quien sos.


Dibeth María Quintana tiene un rostro que esconde muchos miedos, pero su sonrisa fugaz entre tanto dolor, embriaga a quienes la vemos. Su historia, es la historia de una luchadora. Una mujer que se identifica con la solidaridad como bandera y la reivindicación como bastón que la ayuda a soportar el dolor parecido por hacer parte de la organización sindical.

Sufrió todo tipo de agresiones en la industria petrolera. Resistió al programa de resocialización comportamental Mobbing, creado por Ecopetrol en el año 2003 cuando la empresa decidió encerrar por 6 meses a 44 trabajadores en un cuarto de adoctrinamiento en el que intentaba convencerlos de que ser sindicalista debía ser considerado un delito y por tanto merecía ser castigado.

Fue señalada como integrante de la insurgencia en los medios de comunicación de Barrancabermeja, lo que le causó el reproche hasta de su familia. Durante sus años de dirigenta de la USO (el sindicato de Ecopetrol), debió lidiar con ofrecimientos de dinero por parte de las empresas que pretendían comprar su dignidad sindical, también allanamientos a su vivienda, amenazas de muerte contra ella y su familia por parte de paramilitares que insistían en defender los intereses de las empresas petroleras, sumado a una constante lucha interna en el sindicato para ser reconocida como igual por parte de sus compañeros.
Durante los 10 años que ostentó el cargo en la organización sindical, denunció empresas corruptas que jugaban con la seguridad de los y las trabajadoras para ahorrar costos en materiales de trabajo, soportó permanentes hostigamientos y amenazas, y, debido a la presencia de hombres extraños cerca de su vivienda, debió cambiarse constantemente de domicilio para proteger a su familia. Dibeth cultivó una frustrante relación con la justicia colombiana, que jamás ha emitido una sentencia condenatoria a los agresores, manteniendo la impunidad que día a día la laceraba.

En el 2016 fue brutalmente golpeada por cuatro policías y por el jefe de seguridad de la Refinería de Barrancabermeja, quienes impidieron a toda costa su ingreso al sitio y el cumplimiento de sus compromisos sindicales. A Dibeth la agredieron para que se soltara de la reja de entrada a la instalación petrolera. El hecho, a pesar de estar documentado en video, se encuentra en total impunidad.

La justicia, esa que no ha fallado en ninguno de los procesos en los cuales ostenta la calidad de víctima, la convocó a una diligencia judicial el día 13 de febrero del 2019 en el municipio de Aguachica, Cesar, por una denuncia interpuesta por el jefe de seguridad de la Planta de Ayacucho de Ecopetrol, quien la acusaba de calumniarlo en el marco de las denuncias que Dibeth había interpuesto por los hostigamientos que recibía cuando intentaba ingresar a la planta para acompañar los trabajadores afiliados a la USO. Dibeth llegó en horas de la mañana desde Bucaramanga, donde prestaba sus servicios a la estatal petrolera. Al medio día, luego de una larga espera en la Fiscalía, salió a buscar un lugar dónde sacar unas copias. De un momento a otro sintió cómo se le iba la vida. Horas después despertó secuestrada, amordazada… Soportó los golpes, los gritos, los abusos sexuales y logró huir mientras sangraba, con parte de su ropa hecha harapos. Dibeth sobrevivió al ataque letal perpetrado por tres hombres, dos de los cuales fueron asesinados tres días después en un polideportivo. La noticia fue reportada por la prensa local como un ajuste de cuentas.

Esta tenaz mujer lidió luego con las posteriores amenazas, los señalamientos de incredulidad frente a lo narrado, y la desintegración de su familia que la convirtió en un ente que deambulaba, opacando la mujer valiente que siempre conocimos. Las lágrimas de Dibeth salían con la facilidad del dolor lacerante que no da tregua en la vida, ese dolor que se escondía detrás de unos ojos temerosos cuando habla de su caso.

Para formar parte de la USO, asegura, debió comportarse como hombre. Optó por posturas machistas: hablar fuerte e imponerse para ganar el respeto de los hombres que la rodeaban. Creó fama de mujer incapaz de sentir dolor, pero ese dolor permanecía vivo en ella, la apagaba, y le pasaba cuenta de cobro con sus hijos, su pareja, pero sobre todo con ella misma que en silencio recuerda a diario la marca de un conflicto que le niega la condición de sindicalista y le recuerda que su cuerpo se convierte en un campo de batalla cuando la mujer reta al sistema patriarcal.

Dibeth un día decidió irse del país. Renunció a su esquema de seguridad. Perdió los subsidios que recibía de Ecopetrol. Dejó de asistir a las audiencias judiciales y a mirar de frente la impunidad y la desconfianza a la que fue sometida. Asumió la condición de refugio forzado como medida extrema de protección, pero su vida misma ganó porque volvió a hablar con fuerza, se le oye sonreír entre líneas, ya no teme, ya no llora, ahora está reencontrando la mujer que ama.

Yo aprendí la profundidad de la sororidad a su lado, viéndola ayudar a los demás, viendo el poder de su corazón a través de su sonrisa. Desde el sitio dónde se encuentre, un año después del secuestro, aún espera que se haga justicia.

“Yo trabajaba como auxiliar de enfermería y él era policía. Me había afiliado al sindicato de la salud y lo veía en los trajines de la organización, entonces lo hice retirar de la policía. Duró cinco años sin trabajo, durante ese tiempo sobrevivíamos de mi salario, hasta que logró ingresar a Ecopetrol y enseguida se afilió a la USO [el sindicato de la empresa]”. Doña Delfina, viuda del líder obrero y político, narra así cómo influyó para que la vida de Alirio Bermúdez López diera un viraje y terminara siendo un destacado dirigente popular en el Magdalena Medio.

En la década de los 80 se profundizaron las luchas campesinas en Yondó, Antioquia, por la posesión de la tierra. A raíz de estas luchas la represión se intensificó. Los operativos militares se incrementaron desde mediados de esa década. En Yondó los militares tenían como justificación la supuesta “persecución a la guerrilla”, pero esta era solamente la disculpa que utilizaban para encubrir los atropellos cometidos contra los pobladores de la región. Lo que realmente se estaba castigando por parte de los militares era el alto nivel organizativo y la lucha de los trabajadores y campesinos por sus derechos. Muchas personas fueron detenidas, torturadas y enviadas a la cárcel para ser investigadas.

Doña Delfina resalta que Barrancabermeja y el Magdalena Medio siempre fueron señalados como una “zona roja”, era una forma de estigmatizar las luchas de la gente por reclamar sus derechos más elementales.

El joven Alirio Bermúdez López llegó a Barrancabermeja en la década de 1970, procedente del municipio de Puerto Wilches, Santander. Ingresó a Ecopetrol y se afilió a la subdirectiva Casabe de la Unión Sindical Obrera. De a poco se vinculó a ese torrente de luchas de la época y se integró a la comisión negociadora del pliego de peticiones del año 1981. Por su participación fue detenido y encarcelado con otros cuatro compañeros. Las esposas conformaron un comité femenino que se trasladó hasta Bogotá para exigir su libertad y, a la postre, fueron liberados.

Doña Delfina comenta que esa experiencia, y la liberación, las motivó a mantener la actividad del comité de mujeres. Fueron ellas quienes sugirieron a la Junta Nacional de la USO que incluyera en sus reclamaciones a la empresa un plan educativo para las esposas de los trabajadores, objetivo que efectivamente se logró en la siguiente negociación.

En ese contexto de luchas y exigencias, Alirio ingresó al Partido Comunista, y lideró algunos de los paros cívicos en los que se reclamaba agua y servicios públicos para Yondó. Con la elección popular de alcaldes y concejales, Alirio, que ya gozaba de un carisma muy significativo, fue postulado por los campesinos y los trabajadores como candidato al concejo municipal en la lista de la Unión Patriótica. Alirio resultó elegido e inmediatamente ejerció su labor sindical y defendió los derechos de los trabajadores en los campos petroleros de Ecopetrol ubicados en esta zona del Magdalena Medio, hecho que les incomodaba a las élites de la región, al empresariado y a la fuerza pública.

La persecución de la fuerza pública contra los campesinos de Yondó continuó incrementando. Mientras más avanzaban las formas organizativas campesinas, más se arreciaba la persecución contra ellos. Ya muchos habían sido desaparecidos, asesinados y torturados por sus luchas por la tenencia de la tierra, por condiciones de vida digna y por buscar alternativas políticas para la construcción de su propio destino. Pero lo peor estaba por venir.

Como era costumbre, Alirio acudía a los campos petroleros para atender las necesidades de la gente. El 7 de febrero de 1991 se movilizaba en un campero por la vía que conducía a la inspección departamental de San Miguel del Tigre, corregimiento de Yondó. A 100 metros de la escuela de la vereda La Cabaña, los victimarios pararon el vehículo, le ordenaron a Alirio Bermúdez López, presidente del Concejo Municipal y dirigente de la USO, a Héctor Emilio Moreno Guevara, secretario del Concejo Municipal, y a Moisés Cortes Tabares, conductor del vehículo oficial, que descendieran del campero. Además de los militantes de la Unión Patriótica, viajaban la esposa de uno de ellos –quien contaba con 7 meses de embarazo–, y tres jóvenes más. Los victimarios obligaron a estas cuatro personas a regresar caminando. Minutos más tarde escucharían varios disparos. Alirio, Emilio y Moisés habían sido asesinados a sangre fría. Quienes quedaron con vida volvieron a pasar por el mismo sitio hacia las 9 de la noche. Se encontraron con una patrulla militar, la cual no quiso dar razón de los cadáveres allí presentes. El carro fue incinerado. Los asesinos vestían prendas militares y los hechos ocurrieron a solo un kilómetro de una base militar.

Alirio trabajaba como bombero en el campo Casabe de ECOPETROL, y fue presidente de la subdirectiva de la USO de ese campamento. Un declarante afirmó que cuando estaba en la base militar llegaron unos soldados y les oyó decir: “allá dejamos tres tirados en la carretera”.

La noticia se regó como humo por toda la región. Los trabajadores de la refinería de Barrancabermeja y de los distritos de producción del Centro, Casabe y Cantagallo, se negaron a trabajar en protesta por la muerte de Alirio. La Unión Sindical Obrera se declaró en asamblea permanente y decretó la suspensión de labores hasta nueva orden. Sus restos fueron velados en el recinto del Concejo municipal de Yondó y luego trasladados a la sede de la USO.

Doña Delfina recuerda que uno de sus hijos, que estudiaba en la Unión Soviética y había venido de vacaciones, viajó a comienzos de esa misma semana al lejano país a continuar sus estudios. Ella decidió no contarle la desgraciada noticia para evitar que su hijo se devolviera. Dos meses después le enviaría los recortes de prensa, lo cual obviamente impacto terriblemente al joven, quien intentó devolverse, pero su madre logró convencerlo de que eso ya no resolvía nada y lo mejor era que se quedara en la Unión Soviética a culminar su carrera.

El crimen del dirigente Alirio Bermúdez no fue investigado. El sistema judicial también había sido copado por el paramilitarismo y los sectores descompuestos de la fuerza pública. Este caso, 29 años después, continúa en la impunidad. Sin embargo, la USO rescata su memoria para reivindicar el nombre y el legado de este dirigente que jugó un papel destacado en la lucha por los derechos de los trabajadores y la población.

El paradigma que encarnan los indígenas en resistencia no sólo exige un gesto externo de respeto por la diversidad cultural. No bastan las palabras, mucho menos aquellas que disfrazan y encubren para adornar los discursos del poder.

La lucha por la tierra y el territorio ha sido una constante a lo largo de la historia colombiana. La llegada del colonizador español trajo consigo el despojo de tierras y territorios, y el consiguiente aniquilamiento de quienes se opusieron a tales actos. El carácter paternalista de la Corona Española solo sirvió para la expedición de ordenanzas reales que en la práctica nunca se cumplieron, como dice el adagio popular: “se acata, pero no se cumple”.

Los colonizadores vieron en estas tierras ricas y fértiles un medio para satisfacer sus propios intereses, reclamando derechos sobre ellas, adjudicándolas y explotándolas a su parecer. Fue así como surgió el conflicto por la tierra y el territorio que ha prevalecido hasta nuestros días. Mientras que para los invasores la tierra sólo constituía un objeto de lucro, de compra y venta; para los indígenas era (y es) la base para la vida misma.

Con el encubrimiento de la conquista, utilizando la falsa idea de proceso civilizatorio, se buscó convertir al indio en un sujeto civilizado permitiendo su inserción (violenta) en la economía, especialmente la extractiva. Concebido entonces como inferior, pero útil para los propósitos de la Colonia, esta forma de ver al otro intentó exterminar al indígena, arrasando su cultura, sus espacios sagrados, violentando y desarmonizando su territorio.

Con el fin de la Colonia y el triunfo de la República, la situación no cambió y en muchos casos empeoró. Las leyes coloniales de protección y confinamiento de los indígenas en resguardos, pasaron a ser leyes de la República en donde se intentó la parcelación y reparto de los mismos a favor de los intereses privados de unos pocos.

Muy ligado a este proceso histórico de acumulación por despojo, encontramos tanto en la época de la Colonia como en la República, una idea de progreso en donde se cree ciegamente que las sociedades avanzan sin freno hacia el futuro, sin importar el nivel de destrucción de la naturaleza que se necesite para tal avance. Esta idea, bajo el paradigma actual de la modernidad, se alimenta todo el tiempo de la dominación ejercida por los modelos coloniales aún persistentes, en donde se ve al indígena como obstáculo al desarrollo de la sociedad mayoritaria.

Con la entrada del siglo XX y la consolidación de la República, la lucha de los pueblos indígenas por la tierra no cesó. Es así, como siguiendo el ejemplo de liderazgo de Manuel Quintín Lame, se trazaron las bases para la defensa de los derechos indígenas, bases que a su vez, décadas más tarde, serían articuladas en el Norte del Cauca bajo la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en los años 70's.
Todos los pueblos indígenas coinciden en que las causas de sus luchas (luchas que han sido históricas y han permanecido hasta nuestros días) residen en el territorio y en la reclamación de sus derechos sobre las tierras que legítima y ancestralmente les pertenecen, pues no se concibe una vida en comunidad o un progreso comunitario que no gire en torno a la madre tierra. El territorio constituye en sí mismo un recordatorio sobre sus orígenes, sus prácticas y su cultura; la lucha es y ha sido constante, pues es evidente que los foráneos no respetan el lugar que ellos ocupan ni tampoco su cosmovisión, que entiende la tierra como un ser vivo y en donde existe una apropiación colectiva y no a título personal sobre el territorio.

El proceso histórico y el manejo actual que se le ha dado a los derechos territoriales en cabeza de los grupos étnicos del país, los han llevado a una lucha más allá de las barreras jurídicas e institucionales, generando nuevos espacios de resistencia y pugna ante las controversias en la disputa por el territorio. Un ejemplo que vale la pena citar, es el del pueblo Nasa del Norte del Cauca, que resiste al despojo y desplazamiento mediante el proceso de liberación de la madre tierra, acto político de toma de haciendas, pero también ecológico al abogar por la defensa de la tierra ante los abusos de químicos y monocultivos.

Bajo la premisa de recuperar la tierra de los resguardos, realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas, el pueblo Nasa del Norte del Cauca inicia la liberación de la madre tierra, la cual se enmarca en un escenario de movilización y protesta social que no es nuevo y que tiene como antecedente la recuperación de tierras de la época de los 70, en el que los principales componentes motivadores son la indignación y la percepción de injusticia social.

La liberación es entonces “una reivindicación por la tierra y para la tierra. Es la orientación dada teniendo en cuenta el Derecho Mayor o Ley de Origen, en aras de proteger el territorio y a su vez, dar sustento alimentario a las familias”, asegura una exlideresa Nasa. Según la cosmovisión Nasa, el sol es quien da vida a la tierra, protege al pueblo de la oscuridad, resguarda del frío y permite que en la tierra crezca el alimento: “Tata Sek o Tay” que significa “El sol es nuestro padre”.

La lucha por recuperar la madre tierra es válida toda vez que se traduce en la intención de proveer al pueblo Nasa de alimentos, pero es también el espacio en donde los Nasa, como guardianes del territorio, procuran defenderla de los excesos y abusos. En el marco de este proceso, se ha intentado buscar a través de la tierra la reparación simbólica de los daños causados a la comunidad. Por ejemplo, la liberación de la Hacienda La Emperatriz es el reclamo por el asesinato de 20 miembros de la comunidad del Nilo, es la reparación que solicitan ante ésta tragedia y las ocurridas en Gualanday, San Pedro, El Naya y López Adentro.

 

La mayor parte de la tierra del norte del Cauca está destinada al cultivo de caña. Las comunidades que allí habitan estiman que unas 250.000 hectáreas están dedicadas a la producción de azúcar y biocombustibles. Mientras que los 111.642 habitantes del pueblo Nasa del norte del Cauca sólo cuentan con 206.288 hectáreas de éstas tierras, el 82% (169.556 hectáreas) sirven para dejar crecer el monte y alimentar los animales, sólo el 18% restante (37.132 hectáreas) son aptas para actividades agropecuarias.

El pueblo Nasa exige tierras reivindicando el hecho de que son sus propietarios ancestrales y justificando el volver a ellas para garantizar la soberanía alimentaria, la protección, el ejercicio y goce de sus derechos fundamentales, así como el reconocimiento de su cosmogonía y el respeto por sus tradiciones.

Los Nasa resisten a la cultura Occidental, que con sus ideas desarrollistas reemplazaron la memoria colectiva por la institucional, los derechos colectivos por los individuales, y los espacios de deliberación colectiva por una institucionalidad excluyente y violenta del otro-diferente. Mientras que esto ocurre, la lucha indígena se articula en un espacio de resistencia en el cual no sólo están llamados a participar los indígenas sino que se genera un ambiente de esfuerzo colectivo, denominado minga, en donde también se pretende la articulación obrero/campesino/afro/indígena/popular para resistir los embates del capitalismo y el abandono del Estado.

Más de 50 marcas de cerveza artesanal asomaban su cara al público medellinense entre los años 2015 y 2018, sin contar las marcas que surgieron en todo el departamento de Antioquia. Fue entonces cuando comenzó el boom de la cerveza en la región y la mezcla de conceptos extranjeros y autóctonos, llenos de sabor y maridaje, llenos de historias. Hoy, del nicho económico que estaba tomando forma en la capital paisa, quedan pocas iniciativas que sobrevivieron al tiempo, a las restricciones y a los impuestos.

El viaje de la cerveza artesanal comienza con muchos caminos que de alguna forma terminan por coincidir: una construcción cuasi románica en su estructura comercial y en su discurso primordial. Si todos los caminos llevan a Roma, todas las cervezas llevan a cada artesano que impregna con historias y leyendas su producto, llenándole de vida, cuidado, de momentos y de sabores. Cada uno lleva su propia travesía, sus vivencias y conocimientos que al final son transformados en pola. Es esa la construcción discursiva de los artesanos cerveceros.

Otro es el relato desde el punto de vista económico en un país donde 7 de cada 10 iniciativas de emprendimiento suelen quebrar antes de los primeros 5 años, según publicó la revista Portafolio en el 2016 luego de analizar el informe de Confecámaras. La situación es mucho más adversa para los productores de cervezas artesanales, puesto que los potenciales clientes son un nicho en desarrollo, y el entorno procura sofocar las pequeñas iniciativas con los altos impuestos.

“Son trabas para que no todo el mundo pueda hacerlo y restringir el consumo. Entre ellas están las rentas departamentales que equivalen al 48 % por cada litro que produzcamos. Se paga el IVA que es el 19 %, y además en los bares se paga el impoconsumo del 8 al 9%. El Invima no nos apoya a los pequeños productores con el registro sombrilla. Es decir que si un panadero hiciera dos tipos de panes, quedan cubiertos bajo un solo registro. Nosotros no, por cada variación, aunque esta sea solo en el lúpulo [ingrediente esencial en la elaboración de la cerveza], debemos pagar un registro nuevo que vale aproximadamente 3 millones, sin contar industria y comercio”, asegura Juliana Cardona, socia del emprendimiento Madre Monte Cervecería Artesanal.

No resulta extraño que muchas empresas nacientes desaparezcan en menos de 2 años de existencia en este sector. Startups que pretenden suplir la necesidad de una cerveza de alta calidad. Cabe destacar la gran diferencia entre una cerveza comercial tipo Lager, baja en fermentación como lo puede ser una Pilsen, una Águila, una Corona, una Budwieser, una Poker, entre otras que requieren un menor tiempo de fermentación en condiciones controladas, y una cerveza artesanal de fermentación alta como Tres Cordilleras, Apóstol, Mapaná, Metamorfosis, Madre Monte, Sierra Blanca, entre otras. En estas últimas cervezas encontramos una mayor densidad, mayor presencia de alcoholes, pero también sabores más fuertes, un cuidadoso proceso de clarificación, muchos más nutrientes, proteínas, y una mayor variedad de sabores. Por ejemplo, en la leyenda de la etiqueta de la cerveza Mapaná se lee: “Elaborada en pequeñas cantidades con procesos manuales e ingredientes en su estado más puro para obtener un sabor intenso y aroma auténtico. Cerveza inspirada en los bosques tropicales”.

Esto no quiere decir que las cerveza tipo Lager sean más simples, puesto que existen casos de cervezas muy elaboradas y enfocadas a una alta calidad, como la cerveza Rusa Baltika. Sin embargo, en la oferta del mercado nacional, encontramos una gran diferencia en relación a la calidad del producto.

Debido a los procesos y la materia prima necesaria para lograr una cerveza tipo Ale de alta calidad, esta suele ser mucho más costosa que las tipo Lager. Especialmente cuando se producen en pequeñas cantidades, y resulta inevitable importar gran parte de la materia prima debido al escaso desarrollo del país en este sentido.

El tema de la cerveza artesanal está directamente ligado con la soberanía alimentaria. Con el derecho a decidir e incidir en el sistema alimentario y productivo. ¿Si la mayoría de nuestros alimentos provienen de importaciones, o son producidos por los monopolios de un determinado sector, por qué la regulación no le permite al ciudadano crear sus propios productos, consumirlos, y comercializarlos a escalas tan pequeñas como es el caso de los emprendimientos de cervezas artesanales? Como sociedad desembocamos en una dependencia de los monopolios y en un círculo vicioso que cohíbe el libre mercado.

“Como somos pequeños productores, obviamente todo nos va a salir súper costoso porque todo lo tenemos que importar. Si tengo una cerveza que me cuesta 4.000 pesos producirla, después de [pagar] impuestos debo sumarle mucho más y venderla a 7.000 u 8.000 pesos mínimo, casi sin ganancias. Luego en el bar que la distribuya deben sumarle también. Así no va haber quién la compre por ese precio. El pequeño no puede ser pequeño, y le toca crecer a las malas o dejar la actividad. Las empresas de carácter artesanal perciben sus ingresos en Colombia, aunque sean más caros los productos, el dinero se queda acá en Colombia y se reinvierte, contrario al dinero que perciben las multinacionales”, concluye la artesana Juliana Cardona.

Pero incluso después de estos caminos empinados, las cervecerías artesanales han logrado construir un público fiel a sus marcas y a las ideas que ellas reflejan. A pesar de todo, han surgido festivales de catadores o de simples entusiastas que desean salir a conocer algo nuevo, o adquirir nuevos hábitos de consumo, porque al final y al cabo el valor va más allá del producto. Son las historias, el conocimiento colectivo, los momentos, y el compartir entre entusiastas artesanos y público en general los que han mantenido hasta el día de hoy la llama de los calderos de la cerveza hirviendo y los bidones fermentando.

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