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El regreso de Morgan & Drake

“Muchos piratas comenzaron su carrera en Londres”.
Stuart Robertson (Editor), La vida de los piratas. Contada por ellos mismos, por sus víctimas y por sus perseguidores.

Acaba de consumarse un nuevo acto de despojo por parte del imperialismo contra Venezuela, en este caso representado por Inglaterra con el robo de 31 toneladas de oro de este país que se encontraban depositados en El Banco de Inglaterra, valoradas en 1.300 millones de dólares. En un dictamen del Tribunal Superior del Reino Unido, el juez Nigel Teare determinó que el oro del Estado venezolano le pertenece a Juan Guiadó, puesto que este es reconocido como “presidente interino constitucional” por el reino de Isabel II.

Tamaño despropósito que significa demoler lo poco que queda del derecho internacional no debería sorprender si se tiene en cuenta la historia de despojo, saqueo y robo que ha protagonizado Inglaterra desde hace cinco siglos, en lo que se destacan sus acciones de piratería a lo largo y ancho del mundo. Por ello, lo que acaba de suceder bien puede catalogarse como el macabro regreso de Morgan & Drake, los apellidos de los dos más famosos corsarios (tripulantes de barco que estaban autorizados con patente de corso para atacar barcos enemigos) y filibusteros (piratas que en el siglo XVII actuaban en el Mar de las Antillas y que no se alejaban de las zonas costeras y solo atacaban los puertos).


Corsarios de ayer…
Inglaterra como potencia mundial desde el siglo XIV fue una impulsora de la vieja piratería colonialista. Cabe recordar que hubo dos tipos de piratería, una oficial y por arriba, implementada por las potencias coloniales para saquear las riquezas en territorios rivales, y otra popular y por abajo, llevada a cabo por marineros que se rebelaron e intentaron crear otro orden en barcos y territorios liberados del dominio de las grandes potencias de la época. En rigor, el término de pirata debería reservase a los de abajo, que combatían al sistema, eran románticos, mientras que el corsario (el pirata oficial) estaba integrado al sistema dominante, lo defendía y lo sostenía.

Los principales corsarios fueron Francis Drake (1540-1596) y Henry Morgan (1635-1688) que actuaban por órdenes de la corona inglesa y cumplieron un papel activo en la disputa con el dominio colonial español en el mar Caribe. En este rol sobresalieron sus acometidas en los actuales territorios de Haití, Cuba, Venezuela, Panamá, México, Colombia, entre otros.

Una de las riquezas más apetecidas era el oro, el que como parte del botín terminaba directamente en manos de la corona británica, de la que los corsarios mencionados terminaron siendo funcionarios eficientes. No por azar los dos fueron designados con importantes títulos y cargos. Morgan fue nombrado Caballero por el rey Carlos II de Inglaterra y Teniente Gobernador en Jamaica, donde su función principal fue la de perseguir a los piratas de la zona, cuando la piratería de origen popular se convirtió en un obstáculo en el proceso de acumulación de capital y de ascenso hacia el dominio mundial para Inglaterra. Vale decir que Morgan se consideraba como un leal sirviente de su majestad y de nadie más. Por su parte, Francis Drake como corsario y traficante de esclavos, dirigió numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa en diversos lugares del mundo, entre ellos el mar Caribe. Como premio a su labor de saqueador, la Reina Isabel lo designó Caballero Real con el título de Sir y miembro del Parlamento. Fue el típico corsario inglés, puesto que tenía patente de corso (autorización) para realizar expediciones, atracos, saqueos y robos en territorios de las colonias españolas.

Dentro de las acciones que estos emprendieron cabe recordar el saqueo en el actual territorio venezolano en el siglo XVII, el primero realizado por los corsarios oficiales del imperio inglés. Morgan saqueó los territorios de Maracaibo y Gibraltar en marzo de 1669, en donde los filibusteros cometieron numerosos crímenes contra los habitantes locales, a quienes torturaron, a algunos los quemaron vivos y a otros los ahorcaron, siempre en búsqueda del codiciado oro. Para abandonar Maracaibo, Morgan exigió tributo de quema, por el cual le debían dar una cantidad de dinero a cambio de no incendiar la ciudad y como prenda llevaban prisioneros para asegurar el pago.

Fueron estas acciones tan “nobles” las que llevaron a que Morgan fuera nombrado vicegobernador de Jamaica, lo que indicaba un cambio en la lógica de la acumulación de capital: del saqueo en mares y puertos, los corsarios pasaban a convertirse en “honrados” empresarios, que invertían en plantaciones y en comercio legal, como el tráfico de esclavos. Y, en consecuencia, los antiguos corsarios devenidos en hombres de negocios y en políticos “honorables” se dieron a la tarea de limpiar de piratas los lugares donde antes habían merodeado con sus acciones criminales. En pocas palabras, los ladrones, ahora de cuello blanco, se convirtieron en policías.

Tales fueron los invaluables aportes de Morgan & Drake a la consolidación del poderío inglés en el mundo, lo que demuestra la certeza de afirmar que el capitalismo se ha podido formar mediante el robo, el saqueo, la piratería oficial y la esclavitud. Por ello, en Inglaterra el espíritu de estos dos corsarios se mantiene hasta el día de hoy como emblema de lo que ha sido y es la cuna del capitalismo, la pérfida Albión como se denomina a Inglaterra desde 1793.

…Corsarios de hoy
Esa piratería oficial que llevan a cabo las grandes potencias, entre ellas la decadente Inglaterra, que vive de las glorias pasadas y se queda con las migajas que le dejan los Estados Unidos, el imperio que es el campeón mundial del robo y del saqueo, recurre tanto a los viejos métodos de los corsarios en alta mar y en tierra, y a “nuevos” y sofisticados métodos del “Estado de derecho” del capitalismo realmente existente.

Entre esos nuevos métodos predomina la acción del capital financiero, con sus “inmaculados” banqueros, con corbata y portafolio de cuero, sus economistas de cabecera, sus ideólogos y periodistas y, por supuesto, sus jueces y abogados. El objetivo es el mismo de los viejos corsarios: quedarse con el oro ajeno.

Eso se ejemplifica con el dramático caso de Venezuela, que viene soportando un saqueo continuo, descarado y sin compasión en los últimos años, encabezado por Estados Unidos, secundada por sus socios principales de la Unión Europea e Inglaterra y por sus lacayos incondicionales de América Latina, como la Pandilla de Lima y el obsecuente régimen de Iván Duque en Colombia. Todos a una, como en fuente ovejuna, preparan sus garras de ladrones para ver con que parte de la riqueza de Venezuela se quedan, aunque el botín llegue a los corsarios financieros de los Estados Unidos y de sus súbditos ingleses, quienes en realidad actúan como intermediarios o testaferros de los que dictamine Washington, pues son solo mandaderos a sueldo, algo así como sicarios financieros.

Eso se demuestra con los vergonzosos sucesos de las últimas semanas, cuando un juez de Inglaterra dictaminó que el oro de Venezuela no era del gobierno de ese país, sino de un usurpador, a quien nadie eligió, sino que fue escogido a dedo por el gobierno de los Estados Unidos, y a quien la comunidad internacional de delincuentes autoproclamó como “presidente encargado”. Para mostrar el descaro del robo que se acaba de consumar, valga decir que el Juez en cuestión señaló que el dinero le correspondía a la espuria Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, que no opera en ese país sino en los Estados Unidos y en Colombia, como quien dice funciona en el reino narcoparamilitar del eje del terrorismo internacional Washington-Bogotá. En síntesis, Inglaterra le entrega el oro de Venezuela a una junta de hampones, nombrada por un usurpador que ha sido a su vez designado por Estados Unidos, el que finalmente se va a quedar con el oro, como se demuestra con el hecho denunciado hace pocos días, de que una parte de la construcción del Muro de Trump, en la frontera con México, fue construido con dineros robados a Venezuela.

Este atraco hecho en Inglaterra y por Inglaterra adquiere connotaciones de un sadismo criminal, propio de los corsarios, puesto que supone privar a la población venezolana de mil trescientos millones de dólares, indispensables para paliar la crítica situación económica que se vive en ese país. Ese dinero serviría para comprar medicinas y alimentos destinados a la población de Venezuela. Al quitar esos dineros, Inglaterra está infringiendo torturas y crímenes, peores que las realizadas por Morgan & Drake, y está matando a miles de venezolanos con una saña propia de los poderes colonialistas de Europa, y que tan bien describió Josep Konrad en su novela El corazón de las tinieblas, donde dijo cosas de mucha actualidad sobre los crímenes de los ingleses, tal como estas dos sentencias: “La conquista de la tierra en su mayor parte no consiste más que en arrebatársela a aquellos que tienen una piel distinta o la nariz ligeramente más achatada que nosotros”, y “arrancar tesoros a las entrañas de la tierra era su deseo, pero aquel deseo no tenía detrás otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte”.

De los corsarios de parche y calavera a los corsarios de corbata y computador
El comportamiento de corsarios del gobierno inglés indica que el derecho internacional ha muerto, lo que significa en la práctica que desapareció cualquier credibilidad en la “seguridad” de depositar dineros en las arcas de los bancos de las potencias. Después del vulgar atraco de que ha sido víctima Venezuela en Londres, qué gobierno del mundo periférico va a confiar en la honradez de los bancos de las potencias, que cumplen las ordenes de los amos imperialistas, con lo que demuestra en que consiste la mano bien visible del mercado, que actúa para satisfacer los intereses políticos de Ali Baba y sus cuarenta ladrones.

Es convertir la política internacional de los gobiernos de Estados Unidos y sus lacayos europeos y latinoamericanos en derecho internacional, lo que supone que son esos intereses coyunturales los que priman, desconociendo acuerdos y tratados de los Estados y reconociendo entidades paralelas y ficticias, como el caso de Juan Guaidó y su virtual Junta del Banco Central de Venezuela. Es el paso a la incertidumbre absoluta, que va a tener consecuencias imprevisibles, y sobre todo para aquellos que viven de rodillas ante el amo imperial, como los gobernantes colombianos.

Esa pérdida de confianza tiene implicaciones, puesto que Londres es la principal plaza financiara mundial en comercio de oro y al menos 30 países tienen depósitos de ese metal precioso en bancos de Inglaterra, lo que equivale al 20% del oro del mundo. Es un pésimo precedente que sea el Banco Central de Inglaterra el que niegue la devolución del oro a su legítimo propietario.

El robo que se acaba de presentar en Londres es, y debería ser, un aliciente para todos aquellos que reivindicamos el derecho de los pueblos a expropiar bancos y empresas multinacionales que saquean a nuestros países. Con el atraco de los corsarios ingleses del siglo XXI queda en añicos el argumento capitalista del respeto a la propiedad privada, de la seguridad jurídica, de la confianza inversionista y mil pamplinas de ese estilo que se repiten a diario en las universidades (en sus facultades de Derecho, Periodismo y Economía), en los pasquines pornográficos de la prensa diaria y por los políticos arrodillados de todos estos países.

Razón de sobra tenía Eduardo Galeano cuando aseguraba que “el malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado”.

 

El regreso de Morgan & Drake

“Muchos piratas comenzaron su carrera en Londres”.
Stuart Robertson (Editor), La vida de los piratas. Contada por ellos mismos, por sus víctimas y por sus perseguidores.

Acaba de consumarse un nuevo acto de despojo por parte del imperialismo contra Venezuela, en este caso representado por Inglaterra con el robo de 31 toneladas de oro de este país que se encontraban depositados en El Banco de Inglaterra, valoradas en 1.300 millones de dólares. En un dictamen del Tribunal Superior del Reino Unido, el juez Nigel Teare determinó que el oro del Estado venezolano le pertenece a Juan Guiadó, puesto que este es reconocido como “presidente interino constitucional” por el reino de Isabel II.

Tamaño despropósito que significa demoler lo poco que queda del derecho internacional no debería sorprender si se tiene en cuenta la historia de despojo, saqueo y robo que ha protagonizado Inglaterra desde hace cinco siglos, en lo que se destacan sus acciones de piratería a lo largo y ancho del mundo. Por ello, lo que acaba de suceder bien puede catalogarse como el macabro regreso de Morgan & Drake, los apellidos de los dos más famosos corsarios (tripulantes de barco que estaban autorizados con patente de corso para atacar barcos enemigos) y filibusteros (piratas que en el siglo XVII actuaban en el Mar de las Antillas y que no se alejaban de las zonas costeras y solo atacaban los puertos).


Corsarios de ayer…
Inglaterra como potencia mundial desde el siglo XIV fue una impulsora de la vieja piratería colonialista. Cabe recordar que hubo dos tipos de piratería, una oficial y por arriba, implementada por las potencias coloniales para saquear las riquezas en territorios rivales, y otra popular y por abajo, llevada a cabo por marineros que se rebelaron e intentaron crear otro orden en barcos y territorios liberados del dominio de las grandes potencias de la época. En rigor, el término de pirata debería reservase a los de abajo, que combatían al sistema, eran románticos, mientras que el corsario (el pirata oficial) estaba integrado al sistema dominante, lo defendía y lo sostenía.

Los principales corsarios fueron Francis Drake (1540-1596) y Henry Morgan (1635-1688) que actuaban por órdenes de la corona inglesa y cumplieron un papel activo en la disputa con el dominio colonial español en el mar Caribe. En este rol sobresalieron sus acometidas en los actuales territorios de Haití, Cuba, Venezuela, Panamá, México, Colombia, entre otros.

Una de las riquezas más apetecidas era el oro, el que como parte del botín terminaba directamente en manos de la corona británica, de la que los corsarios mencionados terminaron siendo funcionarios eficientes. No por azar los dos fueron designados con importantes títulos y cargos. Morgan fue nombrado Caballero por el rey Carlos II de Inglaterra y Teniente Gobernador en Jamaica, donde su función principal fue la de perseguir a los piratas de la zona, cuando la piratería de origen popular se convirtió en un obstáculo en el proceso de acumulación de capital y de ascenso hacia el dominio mundial para Inglaterra. Vale decir que Morgan se consideraba como un leal sirviente de su majestad y de nadie más. Por su parte, Francis Drake como corsario y traficante de esclavos, dirigió numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa en diversos lugares del mundo, entre ellos el mar Caribe. Como premio a su labor de saqueador, la Reina Isabel lo designó Caballero Real con el título de Sir y miembro del Parlamento. Fue el típico corsario inglés, puesto que tenía patente de corso (autorización) para realizar expediciones, atracos, saqueos y robos en territorios de las colonias españolas.

Dentro de las acciones que estos emprendieron cabe recordar el saqueo en el actual territorio venezolano en el siglo XVII, el primero realizado por los corsarios oficiales del imperio inglés. Morgan saqueó los territorios de Maracaibo y Gibraltar en marzo de 1669, en donde los filibusteros cometieron numerosos crímenes contra los habitantes locales, a quienes torturaron, a algunos los quemaron vivos y a otros los ahorcaron, siempre en búsqueda del codiciado oro. Para abandonar Maracaibo, Morgan exigió tributo de quema, por el cual le debían dar una cantidad de dinero a cambio de no incendiar la ciudad y como prenda llevaban prisioneros para asegurar el pago.

Fueron estas acciones tan “nobles” las que llevaron a que Morgan fuera nombrado vicegobernador de Jamaica, lo que indicaba un cambio en la lógica de la acumulación de capital: del saqueo en mares y puertos, los corsarios pasaban a convertirse en “honrados” empresarios, que invertían en plantaciones y en comercio legal, como el tráfico de esclavos. Y, en consecuencia, los antiguos corsarios devenidos en hombres de negocios y en políticos “honorables” se dieron a la tarea de limpiar de piratas los lugares donde antes habían merodeado con sus acciones criminales. En pocas palabras, los ladrones, ahora de cuello blanco, se convirtieron en policías.

Tales fueron los invaluables aportes de Morgan & Drake a la consolidación del poderío inglés en el mundo, lo que demuestra la certeza de afirmar que el capitalismo se ha podido formar mediante el robo, el saqueo, la piratería oficial y la esclavitud. Por ello, en Inglaterra el espíritu de estos dos corsarios se mantiene hasta el día de hoy como emblema de lo que ha sido y es la cuna del capitalismo, la pérfida Albión como se denomina a Inglaterra desde 1793.

…Corsarios de hoy
Esa piratería oficial que llevan a cabo las grandes potencias, entre ellas la decadente Inglaterra, que vive de las glorias pasadas y se queda con las migajas que le dejan los Estados Unidos, el imperio que es el campeón mundial del robo y del saqueo, recurre tanto a los viejos métodos de los corsarios en alta mar y en tierra, y a “nuevos” y sofisticados métodos del “Estado de derecho” del capitalismo realmente existente.

Entre esos nuevos métodos predomina la acción del capital financiero, con sus “inmaculados” banqueros, con corbata y portafolio de cuero, sus economistas de cabecera, sus ideólogos y periodistas y, por supuesto, sus jueces y abogados. El objetivo es el mismo de los viejos corsarios: quedarse con el oro ajeno.

Eso se ejemplifica con el dramático caso de Venezuela, que viene soportando un saqueo continuo, descarado y sin compasión en los últimos años, encabezado por Estados Unidos, secundada por sus socios principales de la Unión Europea e Inglaterra y por sus lacayos incondicionales de América Latina, como la Pandilla de Lima y el obsecuente régimen de Iván Duque en Colombia. Todos a una, como en fuente ovejuna, preparan sus garras de ladrones para ver con que parte de la riqueza de Venezuela se quedan, aunque el botín llegue a los corsarios financieros de los Estados Unidos y de sus súbditos ingleses, quienes en realidad actúan como intermediarios o testaferros de los que dictamine Washington, pues son solo mandaderos a sueldo, algo así como sicarios financieros.

Eso se demuestra con los vergonzosos sucesos de las últimas semanas, cuando un juez de Inglaterra dictaminó que el oro de Venezuela no era del gobierno de ese país, sino de un usurpador, a quien nadie eligió, sino que fue escogido a dedo por el gobierno de los Estados Unidos, y a quien la comunidad internacional de delincuentes autoproclamó como “presidente encargado”. Para mostrar el descaro del robo que se acaba de consumar, valga decir que el Juez en cuestión señaló que el dinero le correspondía a la espuria Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, que no opera en ese país sino en los Estados Unidos y en Colombia, como quien dice funciona en el reino narcoparamilitar del eje del terrorismo internacional Washington-Bogotá. En síntesis, Inglaterra le entrega el oro de Venezuela a una junta de hampones, nombrada por un usurpador que ha sido a su vez designado por Estados Unidos, el que finalmente se va a quedar con el oro, como se demuestra con el hecho denunciado hace pocos días, de que una parte de la construcción del Muro de Trump, en la frontera con México, fue construido con dineros robados a Venezuela.

Este atraco hecho en Inglaterra y por Inglaterra adquiere connotaciones de un sadismo criminal, propio de los corsarios, puesto que supone privar a la población venezolana de mil trescientos millones de dólares, indispensables para paliar la crítica situación económica que se vive en ese país. Ese dinero serviría para comprar medicinas y alimentos destinados a la población de Venezuela. Al quitar esos dineros, Inglaterra está infringiendo torturas y crímenes, peores que las realizadas por Morgan & Drake, y está matando a miles de venezolanos con una saña propia de los poderes colonialistas de Europa, y que tan bien describió Josep Konrad en su novela El corazón de las tinieblas, donde dijo cosas de mucha actualidad sobre los crímenes de los ingleses, tal como estas dos sentencias: “La conquista de la tierra en su mayor parte no consiste más que en arrebatársela a aquellos que tienen una piel distinta o la nariz ligeramente más achatada que nosotros”, y “arrancar tesoros a las entrañas de la tierra era su deseo, pero aquel deseo no tenía detrás otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte”.

De los corsarios de parche y calavera a los corsarios de corbata y computador
El comportamiento de corsarios del gobierno inglés indica que el derecho internacional ha muerto, lo que significa en la práctica que desapareció cualquier credibilidad en la “seguridad” de depositar dineros en las arcas de los bancos de las potencias. Después del vulgar atraco de que ha sido víctima Venezuela en Londres, qué gobierno del mundo periférico va a confiar en la honradez de los bancos de las potencias, que cumplen las ordenes de los amos imperialistas, con lo que demuestra en que consiste la mano bien visible del mercado, que actúa para satisfacer los intereses políticos de Ali Baba y sus cuarenta ladrones.

Es convertir la política internacional de los gobiernos de Estados Unidos y sus lacayos europeos y latinoamericanos en derecho internacional, lo que supone que son esos intereses coyunturales los que priman, desconociendo acuerdos y tratados de los Estados y reconociendo entidades paralelas y ficticias, como el caso de Juan Guaidó y su virtual Junta del Banco Central de Venezuela. Es el paso a la incertidumbre absoluta, que va a tener consecuencias imprevisibles, y sobre todo para aquellos que viven de rodillas ante el amo imperial, como los gobernantes colombianos.

Esa pérdida de confianza tiene implicaciones, puesto que Londres es la principal plaza financiara mundial en comercio de oro y al menos 30 países tienen depósitos de ese metal precioso en bancos de Inglaterra, lo que equivale al 20% del oro del mundo. Es un pésimo precedente que sea el Banco Central de Inglaterra el que niegue la devolución del oro a su legítimo propietario.

El robo que se acaba de presentar en Londres es, y debería ser, un aliciente para todos aquellos que reivindicamos el derecho de los pueblos a expropiar bancos y empresas multinacionales que saquean a nuestros países. Con el atraco de los corsarios ingleses del siglo XXI queda en añicos el argumento capitalista del respeto a la propiedad privada, de la seguridad jurídica, de la confianza inversionista y mil pamplinas de ese estilo que se repiten a diario en las universidades (en sus facultades de Derecho, Periodismo y Economía), en los pasquines pornográficos de la prensa diaria y por los políticos arrodillados de todos estos países.

Razón de sobra tenía Eduardo Galeano cuando aseguraba que “el malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado”.

 

Nuestra administración de justicia viene enferma; desde hace varias generaciones padece de males que se volvieron endémicos, algunos de ellos agravados por otras dolencias mayúsculas que aquejan al país con repercusión inmediata sobre ella. Fernando Hinestrosa, Estado actual de la justicia colombiana: diagnóstico y soluciones.

Los males que hoy padece la justicia colombiana no son nada nuevos. Como consecuencia de la crisis económica que perturbó a Colombia en 1930 surgieron varias corrientes renovadoras conformadas por quienes propugnaban por unas transformaciones estructurales a nuestra rama judicial y poder así responder a las verdaderas necesidades de la nación.

En 1965, los abogados y catedráticos Jorge Enrique Gutiérrez Anzola y Gabriel Gutiérrez Tovar, en su obra La reforma judicial en Colombia, señalaron como “desde hace mucho tiempo captamos cuán honda e intensa inconformidad existía en el país por su sistema judicial, aquejado de lentitud e ineficacia y cómo –infortunadamente– cada día descendía el aprecio y veneración que un pueblo organizado debe a sus jueces”.

En 1986, el entonces Presidente Virgilio Barco advertía que “sin justicia oportuna que aplique la ley en los casos particulares sometidos a su consideración (…) no habrá paz ni orden social”. En 2007, en su análisis La problemática de la Administración de Justicia en Colombia, Eduardo Fierro y Martha Cecilia Manrique identificaron que la duración de los procesos judiciales en Colombia era el mayor de toda América Latina.

En el año 2016, el Rule of Law Index del World Justice Project, organización internacional de la sociedad civil que trabaja “para extender el imperio de la ley en el mundo”, ubicó a Colombia en el puesto 70, entre 113 países, en un ranking sobre la efectividad de la justicia civil, y en el puesto 91 respecto a la justicia penal.

El Doing Business que proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías y ciudades seleccionadas, nos ha posicionado en el puesto 174 entre los 190 países analizados, concluyendo que el tiempo promedio de solución de los procesos judiciales en el país es de 1.288 días (735 más que la media de los países de la OCDE).

A juicio de esta última organización, nuestra justicia es incompetente, carente de conocimientos técnicos y de gestión. Existe complejidad normativa: desde 1991 se han expedido 2.010 leyes. La impunidad es del 97.7%, pues apenas el 2.3% de los casos penales son juzgados. Predomina el yo te elijo, tú me elijes, incentivado por la corrupción y el clientelismo. Campea la inseguridad jurídica aupada por múltiples interpretaciones de las normas por carencia de precedente judicial.

Ahora bien, uno de los problemas identificados de forma más recurrente es la congestión judicial, que se define de distintas maneras y que usualmente se asocia con la acumulación o no tramitación de una cantidad superior al 35% de los procesos que tuvo a su cargo un despacho judicial durante los últimos 12 meses. Según Fierro y Manrique, algunas de las mayores causas son la morosidad de algunos funcionarios y empleados de la rama judicial, la inconveniente distribución de personal, las deficiencias tecnológicas, los procedimientos excesivamente formalistas y la excesiva litigiosidad.

Otra de las problemáticas que ha tratado de resolver desde hace décadas nuestro país, tiene que ver con el esquema de gobierno y de administración de la rama judicial. A pesar de las múltiples reformas que se impulsaron bajo la Constitución de 1886, no se logró encontrar un esquema que mantuviera un equilibrio en la rama, una estructura que permitiera un correcto direccionamiento técnico y estratégico, y asegurara la autonomía y la independencia de los jueces.


En cuanto a las soluciones, si bien los diferentes gobiernos al menos han manifestado no ser indiferentes ante la problemática, transcurren los años y no se han aplicado verdaderas soluciones. Es así como en los últimos 20 años, los intentos de reformar la justicia no han pasado de ser eso, simples intentos. Veamos:

Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2002, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia. Proyecto de Ley Estatutaria 112 de 2004, por el cual se reforma la Ley 270 de 1996. Proyecto de Acto Legislativo 10 de 2008, por el cual se reforman unos artículos de la Constitución Política de Colombia. Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo 09, 11, 12, 13 y 143 de 2011, por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia

Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2011, por medio del cual se reforman los artículos 78, 86, 116, 179 a 181, 183, 184, 228, 230 a 232, 237, 238, 241, 254 a 257, 264 y 265 de la Constitución Política de Colombia; acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011. Proyecto de Ley 137 de 2013, por el cual se consulta al pueblo para convocar una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución Política en lo relacionado con la Justicia y la elección de sus delegatarios. Proyecto de Acto Legislativo 18 de 2014, por medio del cual se adopta una reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional, fue aprobado y se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2015. Sin embargo, la estructura básica de dicha reforma constitucional, en lo relacionado con el Gobierno Judicial y la Comisión de Aforados, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 2016 y otras decisiones complementarias (C-053, C-230 y C-373 de 2016 y C-094, C112 y C-290 de 2017).

Proyecto de Acto Legislativo 19 de 2014, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de Administración de Justicia y se reforma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos. Proyecto de Ley Estatutaria 130 de 2015, por el cual se desarrolla parcialmente el Acto Legislativo número 2 de 2015, se reforma la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de Acto Legislativo de 2018, por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia.

Iniciativas todas que han fracasado. Mientras tanto los colombianos seguimos aquejados por la falta de seguridad jurídica que ha sido definida por la Corte Constitucional como “aquella cualidad que tiene el ordenamiento jurídico relativo a la certeza del Derecho cuando el mismo se aplica”, y, en este sentido, constituye un componente esencial de un Estado de Derecho y del funcionamiento ordenado de las instituciones. Sin embargo, la complejidad del ordenamiento jurídico colombiano y la excesiva litigiosidad ha hecho que este principio del derecho sea frecuentemente desconocido frente a las decisiones judiciales. Esta situación ha generado que los colombianos no tengamos nunca certeza sobre las decisiones judiciales que se profieren en cada uno de nuestros casos en particular, pues, por regla general, existen más de siete recursos o acciones contra una sentencia (reposición, apelación, impugnación, queja, revisión, casación y tutela contra la decisión de casación).

Caso aparte de la variopinta gama de recursos y de la inseguridad jurídica que hoy padecemos, lo constituyen la tutela contra decisiones judiciales en firme, y la tutela contra sentencias de tutela. Estas dos figuras, aparte de acrecentar la inseguridad jurídica, han desatado los denominados choques de trenes, pues las decisiones ejecutoriadas, en firme, son revocadas, anuladas por otros jueces o magistrados que lastiman el henchido ego de sus pares desencadenando arduas disputas que trascienden del ámbito académico y laboral, al personal, y que solo perjudican al ciudadano de a pie esperanzado en obtener pronta y cumplida justicia.

Quien lo creyera, a pesar de conocer suficientemente sus padecimientos, el panorama de nuestra justicia es peor hoy que hace noventa años. Se encuentra maniatada por los corruptos, la ineficiencia, el burocratismo, la improvisación y, hoy más que en el siglo XX, por la politización de las altas cortes.

La reforma a la justicia no da espera, verdadera trasformación integral debe comprender, en lo administrativo, una política pública de administración de justicia que fortalezca la independencia y autonomía en su gobierno, que establezca un servicio planeado, con tecnología de punta, con una gestión y ejecución del presupuesto controlables. Para la eficiencia de los procesos se requiere que cuanto antes se implemente la meritocracia, sin excepción. Hoy el 44% de los cargos de jueces y de magistrados, y el 50% del personal de auxiliares, son provisionales.

Todos los cargos deben proveerse por concurso de méritos y no a dedo. No hay razón valedera para someter a las normas de carrera la escogencia a un citador de un juzgado municipal, mientras que la elección de un magistrado se hace a través del ejercicio de prácticas clientelistas cual proceso de elección de un mandatario local; el atraso en la adopción integral de la meritocracia judicial es evidente, con ello se impediría el clientelismo y se facilitaría el acceso de los más idóneos para desempeñar tan esencial tarea.

En materia de virtualización se debe superar la fase del discurso. La justicia debe dotar con conectividad efectiva y eficiente a los despachos judiciales, de métodos eficientes de archivo, de sistemas rápidos de copiado y reproducción de las audiencias, contar con salas de audiencias dotadas con excelentes equipos, con ello se facilitan las audiencias, sobre todo en lugares de acceso complejo, como cárceles de mediana y alta seguridad, facilitar el acceso a personas con discapacidad, etc.

En lo relacionado con el aspecto propiamente jurídico y normativo, debe establecerse un verdadero proceso de formación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que hoy no tiene cobertura territorial, este centro de enseñanza requiere urgentemente incrementar su presupuesto para poder ampliar sus programas y llegar a todos los rincones de la patria.

Dada la múltiple expedición de leyes, inflación o proliferación legislativa, se ha propuesto dotar al gobierno de precisas facultades para que compile las normas de orden legal por materias. Con base en esa compilación, le corresponderá al Congreso el deber de proferir la nueva legislación de manera ordenada por sectores, identificando la normativa que modifica de manera precisa, dando con ello mayor claridad a los operadores jurídicos y al ciudadano en general.

Nuestro país evidencia una falta absoluta de política anticriminal del Estado, esta debe convertirse en otra verdadera política pública. Ese será el inicio de una auténtica reforma de la justicia. Se parte del errático supuesto de que todos los problemas de la justicia penal encuentren solución en nuevas leyes, esa es la razón por la cual hoy coexisten múltiples sistemas de enjuiciamiento criminal: la Ley 600 del 2000, la Ley 1826 del 2017, el Código de Infancia y la Adolescencia, el Código de Justicia Penal Militar, el Código de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Ley 906 que ha tenido 20 reformas en 17 años de vigencia.

Con el fin de dar solución definitiva a la grave crisis detectada, se ha dado a conocer un nuevo proyecto de acto legislativo propuesto por el Ministerio de la Justicia y del Derecho que algunos expertos consideran un revoltijo sin columna vertebral, pensado para resolver problemas coyunturales y no de fondo. Paños de agua tibia para un enfermo terminal y que resultarán peor que la enfermedad. Se pretende, con el fin de obtener el apoyo de los actuales magistrados, por un lado, garantizar su pensión extendiendo su período de ocho a doce años y, por el otro, darles un mayor control sobre el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, se va a robustecer el detestable carrusel o el yo te elijo, tú me eliges.

Otras de las críticas al proyecto de reforma se fundamenta en que definitivamente se perpetua el mecanismo de cooptación, que es un sistema de selección de nuevos magistrados por nominación interna de los magistrados antiguos, sin dependencia de criterios externos; lo que tira por la borda cualquier intento de que el ascenso por méritos, propio de la carrera judicial, se implemente en las altas cortes.

Esta propuesta de reforma, al igual que las anteriores se hace sin consultar las necesidades del país, sin escuchar las voces de la ciudadanía y sobre todo ignorando el concepto de los directos interesados: abogados litigantes, empleados judiciales operativos, las facultades de derecho, asociaciones de abogados, etc.

Oscuro panorama el de la Justicia colombiana. Como en un verdadero Macondo o lugar de lo imposible seguiremos padeciendo de carteles de la toga, puertas giratorias, carruseles de las pensiones, ineficiencia rampante y congestión en aumento.

Fabián Arturo Palacios Pulido, de 48 años, padre de cinco hijos, desde hace diez años auxiliar de enfermería en el CARI (Hospital Mental de Barranquilla) y miembro del comité nacional de reclamos del sindicato de trabajadores de la salud, Anthoc, falleció por coronavirus el martes 2 de junio. Exactamente 40 días después del mitin de protesta que él mismo lideró para exigir medidas y elementos de bioseguridad, con pancartas, tapabocas y distanciamiento social, como toca en estos tiempos de pandemia.

Lo primero que hay que decir es que –vaya a saberse por qué– el virus no tuvo ninguna clemencia con Fabián. Se lo llevó en un santiamén, en diez días; a él, un hombre fuerte, sano, cero fumador, nada bebedor, bien plantado todavía para los 48 años que tenía; algo pasado de kilos, eso sí tal vez su pecado. En todo caso, estadísticamente el covid-19 no se amaña mucho en organismos sanos como el de Fabián, no se esperaban los estragos.

El mitin de protesta lo hicieron el 1 de mayo, y su objetivo, como se dijo, fue denunciar las precarias condiciones laborales y la carencia de elementos necesarios para tener algún margen de seguridad en el trabajo. Que no es cualquier trabajo. Su riesgo de infección es tan alto como el que pueden tener los soldados que marchan en la primera línea de un combate. Y más en una ciudad como Barranquilla, que tiene una de las curvas de contagiados más altas del país. El 22 de julio superaba las 1.000 muertes y más de 26.054 contagiados.

En el mitin del 1 de mayo, Fabián Palacios estuvo muy activo y fogoso, como siempre, al pie de las pancartas y con su tapabocas. Recordó que si bien la atención del CARI se centra en la atención de enfermedades mentales, en esta época todo hospital, de cualquier especialidad, es territorio apache del coronavirus. La posibilidad de contagio es más alta que en cualquier otro lugar porque los cuidados de la salud son de toma y dame, no se hacen por los laditos, ni de lejos, tienen que ser de frente y de cerquita.

Pero el plantón no solo fue por el coronavirus, también se hizo para protestar por el retraso de los pagos de quincenas a los trabajadores vinculados al hospital por prestación de servicios como Fabián. Todos ellos asistieron al mitin para exigir el pago de los salarios atrasados y su vinculación directa a la nómina del hospital.

“Fue como si Fabián hubiera adivinado lo que se venía. Lo prueba es que a las pocas semanas él y siete compañeros se infectaron por un paciente que llegó al hospital con coronavirus. Él fue el único que falleció, los demás están bien y aislados”, señaló Ángel Salas, empleado administrativo del CARI, secretario nacional de Anthoc, amigo personal de Fabián Palacios y compañero de luchas sindicales desde hace cinco lustros. Ambos empezaron en la dirigencia sindical de Anthoc desde muy jóvenes, en 1994.

Técnicamente hablando, podemos afirmar que la causa del contagio y muerte de Fabián, que él mismo –¡vaya ironía!– previó con un mes de anticipación, fue la ausencia de elementos de bioseguridad. No hay que cargarla toda al coronavirus, que al fin de cuentas es un elemento más de la naturaleza, el más simple incluso; feroz y devastador, sí, pero evanescente, con agua, jabón y buenos elementos de bioseguridad se mantiene a raya. Elementos que no han tenido completos, ni tienen aún, los trabajadores del CARI de Barranquilla, denunció Ángel Salas.

Y a eso agréguele la inestabilidad laboral y los malos salarios, que también hacen mella en la mente y el cuerpo del trabajador, bajando sus defensas.

Así las cosas, ésta viene siendo entonces otra crónica de una muerte anunciada, una más en la larga lista de muertes anunciadas en Colombia.

El día señalado en la vida de Fabián Palacios
La maluquera en el cuerpo le empezó a Fabián Placios desde la tarde del jueves 28 de mayo, pero no lo tomó con alarma porque pensó que era efecto del estrés que manejaba esos días, por las dificultades en su trabajo y en su bolsillo. Ya estaba hasta prestando plata.

El viernes 29 no amaneció mejor. Todo lo contrario, no pudo levantarse a hacer lo del diario: salir temprano a tomar el transporte público hasta el hospital. En la mañana la fiebre le aumentó y le empezó una tos pertinaz, de esas que no paran. Entonces no la pensó más y arrancó de una para la clínica Murillo, donde por el protocolo del gobierno local debe dirigirse todo caso de sospecha de covid-19. Lo vieron tan mal, que lo dejaron en observación.

Al día siguiente, sábado 30, su estado empeoró. Lo cogió una tos de tísico y una asfixia apremiante, que ya para el domingo en la mañana obligó a entubarlo a un respirador artificial en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Con su vida pegada a ese respirador, Fabián Palacios estuvo diez días más, sin ninguna mejoría. El lunes 8 de junio fue crítico, su cuadro clínico se complicó, ya era necesario trasladarlo a un hospital de nivel cuatro, de mayor complejidad, que tuvieran los aparatos de respiración artificial que su estado requería. Pero cuando lo intentaron trasladar advirtieron que no había forma de hacerlo, estaba tan mal que no resistiría el traslado.
Horas después entró en paro cardio-respiratorio y el martes por la tarde Fabián falleció.

Adiós entre aplausos
El cadáver de Fabián Palacios fue cremado el miércoles 10 de junio, tal como lo dispone la norma sobre muertes por Covid-19, que en su caso se hizo oficial el lunes, cuando se conoció el resultado de la prueba que le hicieron cuando ingresó a la clínica.

Pero antes de que lo cremaran, sus compañeros de trabajo quisieron hacerle un homenaje póstumo. Pidieron que el coche fúnebre pasara por el frente del CARI Mental para, entre lágrimas, canciones y aplausos, hacerle calle de honor y despedir al compañero que se va.

“Como lo merecía –comentó Ángel Salas–. Porque Fabián fue un hombre bueno, honesto y leal a los amigos. Muy apreciado en el sector de la salud. Por eso hoy es el símbolo del sector en el Atlántico y en el país. Murió exigiendo elementos de bioseguridad y mejores condiciones laborales para los tercerizados, pidiendo que les pagaran lo que les deben”.

La otra arista del problema es Ana Contreras Berrío, la segunda mujer de Fabián, con quien éste vivía desde hacía diez años, los mismos que llevaba de enfermero en el CARI Mental. La mujer quedó con su hijo de ocho años en el aire, con el inmediato futuro completamente envolatado, pues Fabián era el único sustento económico del hogar.

Ana recibirá una ayuda solidaria de parte de Anthoc y del movimiento sindical, anticipó Ángel Salas.

“Las revoluciones en este continente requieren de cuerpos que buscan rehacerse en libertad, para poder enfrentar las opresiones de todos los sistemas de dominación: el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado”
Claudia Korol

Hace unos meses en el mundo se hizo eco el himno de las compañeras chilenas un violador en tu camino, el cual, desde diferentes idiomas, denunciaba la responsabilidad del Estado frente a las violencias que sufrimos las mujeres, desmentía por completo que son hechos aislados, asunto de faldas o casos esporádicos, y revelaba que las violencias son la respuesta y consecuencia de un estado incapaz de garantizar la vida de las mujeres. Para hablar de violencias hay lana pa' hilar, pero uno de los aprendizajes del aislamiento es que aquello que vivimos a diario no es una cuestión echada a la suerte, sino que da cuenta de los sistemas opresores que recaen sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos.

Hablar de des-pa-triar-ca-li-zar-nos –una palabra hasta compleja en su pronunciación– es una cuestión que no da espera, pues el patriarcado ha cobrado la vida de millones de mujeres y disidencias de género, y con ello no me refiero únicamente al feminicidio, sino a todas las expresiones y formas de violencia que vivimos a diario, que nos mantienen subordinadas e invisibilizadas, y que están ligadas al sexo, la clase, raza y orientación sexual.

¿Cómo hacer para empezar ese proceso de deconstrucción patriarcal?, siendo fundamental para responder esta pregunta hablar de las violencias como un asunto estructural, reconocer que las paredes que sostienen nuestra realidad como sociedad están soportadas en la violencia, y nosotras nos vemos obligadas a habitar allí. La emancipación significa para nosotras tumbar esos cimientos patriarcales que naturalizan, legitiman y promueven la misoginia, el racismo, el clasismo, la transfobia, la homofobia, y construir junto al pueblo un nuevo lugar donde vivir dignamente, tan amplio y libre como lo imaginemos.

Seguramente, o eso anhelo, hemos visto como en las últimas semanas se han hecho públicos algunos casos de violencias por parte de la fuerza pública, la institucionalidad o al interior de los hogares. ¡Vamos a traer a la memoria algunas compañeras!, –porque como aprendí de una amiga, si para el Estado somos cifras, para nosotras nombrarnos es una apuesta política–.

Hace unas semanas, mientras nos encontrábamos con un nudo en la garganta y el corazón en la mano por el feminicidio de Heidy y su hija Celeste en la localidad de Kennedy, Bogotá, a manos de su compañero sentimental, la comunidad indígena Embera de Risaralda denunciaba el abuso sexual a una niña de 13 años por parte de siete militares. Luego estalló la noticia de que se encontraban en investigación más de 100 casos de violencia sexual por parte de las fuerzas militares.

Esa misma semana salíamos a las calles a exigir justicia por Alejandra, una trabajadora sexual trans que dejó morir este sistema de salud por ser prostituta, tener VIH y ser trans. En las horas posteriores a esta movilización, asesinaron a Salomé en Garzón, Huila, una niña de cuatro años que antes de morir fue abusada sexualmente. Con la devastadora realidad que nos trajo el mes de junio, es más que evidente y necesario decir que ¡no son hechos aislados, es toda una estructura la que tenemos en contra! En todas estas historias hay algo en común: el estado no hizo nada por garantizar sus vidas sino que fue el causante de sus muertes.

Muchas feministas decimos, ¡el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tumbar! pues en esta larga lucha por la defensa de los Derechos Humanos algo tenemos claro: ninguna estructura se caerá por sí sola por más grietas que tenga, y menos si se sostiene la una de la otra; como engranajes, uno funciona al ritmo del otro, así se conectan el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo.

Al inicio surgió esa palabra larguísima: DES-PA-TRIAR-CA-LI-ZA-CIÓN, que, siendo sincera, me cuesta muchísimo pronunciar, pero es necesario interiorizar. Esa palabra me arroja una pregunta, ¿en nuestros proyectos por la emancipación y liberación de los pueblos, actuamos como engranajes?, es decir, ¿hemos logrado pensarnos la transformación reconociendo que el anticapitalismo no va sin el antirracismo, antipatriarcado, anticolonialismo?, o, ¿seguimos viendo estás últimas como una adición, una alianza, o como lo que trabajaremos una vez hagamos la “revolución”?

Este “carreto” no fue escrito sólo para decir que la responsabilidad única de las violencias y opresiones la tiene el Estado, sino también para asumir la responsabilidad de quienes nos enunciamos desde un proyecto que tiene como consigna la vida digna, la liberación de los pueblos y nuestros cuerpos, la emancipación de todas las formas de opresión. La liberación de las mujeres y disidencias de género no es un asunto netamente personal y privado, sino que pasa por tumbar esas vigas y barrotes que nos han sometido a estar bajo las estructuras de este sistema de muerte.

Despatriarcalizar la vida requiere, necesariamente, comprendernos desde una lucha integral, un proyecto político transformador en todas sus estructuras, nada a medias, y así poder hacer frente a un Estado que odia nuestras vidas. Nuestro triunfo será mantenernos vivas, al calor de la manada y la colectividad, porque el Estado no nos cuida, nos cuidamos entre nosotras.

El sistema de salud colombiano vive en crisis permanente desde la aprobación de la ley 100 de 1993, por medio de la cual se crearon las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) como administradoras de recursos y como intermediarias entre el Estado y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (hospitales, clínicas, centros de salud y de emergencias, entre otros).

Según la exposición de motivos de la ley 100, ésta se crea para hacer frente a un sistema de salud inequitativo y con problemas de acceso y calidad para la mayoría de la población. Con esta ilusión, aparecen las EPS “como salvadoras”, no obstante, casi tres décadas después, las condiciones perduran y la corrupción y el mal manejo de los recursos se ha profundizado.

A nivel nacional, los trabajadores y las trabajadoras de la salud se han visto obligadas a protestar para exigir el pago de salarios que se retienen por meses, el promedio nacional de la deuda con los trabajadores de la salud es de 4 meses. Por otro lado, los hospitales permanecen sin elementos básicos y los medicamentos han sido suplantados por acetaminofén.

Aunque la tasa de cobertura ha mejorado a nivel nacional, debido a la afiliación de gran parte de la población, departamentos como el Caquetá continúan con una cobertura del 78%, lo que lo ubica como el quinto departamento con mayor índice de barreras de acceso a servicios de salud con 11,27% de los hogares desprotegidos, y noveno departamento en barreras de acceso a salud para cuidado de la primera infancia con el 24,14%.

En suma, las Instituciones prestadoras de salud han sido categorizadas en tres niveles y solo las grandes ciudades cuentan con entidades de tercer nivel en las cuales se prestan la mayoría de especialidades, como si los departamentos más alejados de la capital o con menor población pudieran contraer únicamente enfermedades comunes.

En el departamento del Caquetá solamente hay hospitales de segundo nivel en las cabeceras municipales de Florencia, La Montañita y Morelia, en los demás municipios hay hospitales o puestos de salud de primer nivel, con personal limitado y las especialidades básicas. En lo que respecta al sector rural, la red de salud es casi inexistente y las pocas instituciones presentan problemas de infraestructura, problemas de dotación y mínima o nula presencia de personal.

Sistema de salud y covid-19
Desde la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC), se realizó [en mayo] el foro “Sector salud y territorios en medio de la crisis actual”, en el que participaron Yesid Camacho, expresidente del sindicato de trabajadores de la salud ANTHOC; Yahira Granados, funcionaria de la ESE Sor Teresa de Adelle del municipio de Cartagena del Chairá; María Gonzáles, funcionaria de la ESE sor Teresa de Adelle del municipio de El Doncello; y Carlos Garay, coordinador indígena del tema de salud de ASCAINCA y miembro de la OPIAC.

Los cuatro panelistas fueron enfáticos en señalar que la principal problemática del sistema de salud es la ley 100 de 1993, debido a que su accionar convirtió los hospitales en puestos de salud con miles de problemáticas porque los dineros quedan en la intermediación de las EPS. Además, la ley fomenta la violación de las condiciones laborales y la integridad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud.

La ley 100 ha generado barreras geográficas, financieras y administrativas que quebranta el derecho a la salud de la población en general. A ello hay que sumar las malas administraciones que perduran en las entidades prestadoras de salud debido a las redes de corrupción y la politiquería local.

La mayoría de departamentos carecen de camas de Unidad de Cuidados Intensivos suficientes para enfrentar una emergencia. La precariedad del sistema de salud rural motivó a las comunidades a establecer puestos de control y desinfección para evitar la propagación del virus en los territorios.

Adicional a esto, quedó demostrada la dificultad para dar atención a problemas psicológicos que se han agudizado durante la pandemia, en muchos casos, potenciados por el manejo que los medios de comunicación han dado a la situación. También el abandono en el que viven los pueblos indígenas, quienes han denunciado el etnocidio por el que atraviesan. En los últimos días, el coronavirus cegó la vida de Camilo Suárez, diputado del departamento de Amazonas e importante igura para los pueblos indígenas de la Amazonia.
El Gobierno Nacional anunció la inyección de recursos al sistema de salud, acción que no implica que los dineros lleguen a hospitales o puestos de salud, como debería ser. Los recursos llegarán a las EPS, que en el mejor de los casos usarán los dineros para pagar las deudas que tienen con los hospitales desde hace años.

Propuestas
Es necesario cambiar la lógica con la que se viene manejando el sistema de salud en Colombia. Abolir la intermediación y potenciar la salud rural. Esto implica mejorar la conectividad de los territorios y la red de comunicaciones que permita a las comunidades indígenas y campesinas acceder al servicio de salud.

De igual manera es indispensable restituir los derechos que perdieron los y las trabajadoras de la salud con la ley 100. A finales del 2019 se presentó el proyecto de ley 291 con el que se pretende garantizar que el Estado les pague de manera directa. Dotarlos permanente de elementos de bioseguridad, teniendo en cuenta que el covid-19 no es la única enfermedad contagiosa, existen otras como la tuberculosis.

Por otra parte, urge avanzar en la creación del sistema de salud indígena, fortalecer los procesos de trasferencia de conocimientos y reconocer el valor de la salud tradicional y ancestral que pueden curar enfermedades que no cura la medicina occidental.

Medio ambiente y PDET´s
Vale la pena mencionar que los problemas ambientales como la contaminación de las cuencas hídricas, el aire y los alimentos causada por la minería y aspersiones de glifosato, amenazan la salud de los pobladores del Caquetá. La salud empieza por la prevención, por ello son indispensables unas condiciones ambientales óptimas y un fomento de la soberanía alimentaria.

Uno de los pilares de la construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fue la salud. Las comunidades fueron enfáticas en manifestar que la salud rural debe estar a cargo del Estado y no puede depender de agentes privados nacionales o internacionales. Entre las iniciativas para mejorarla se contempla asegurar la comunicación y la conectividad de los territorios, fortalecer los procesos de veeduría ciudadana y consolidar escuelas interculturales que involucren la medicina ancestral para construir una Salud Rural con enfoque comunitario y amazónico.

*Este artículo fue publicado inicialmente en el medio amigo recsur.com.co

“Desde hacía años se tiraban allí restos de ladrillo y cemento, tejas de asbesto, variadas estructuras de madera, tuberías de agua y gas, fieltros para techos, pedazos de acero, cobre y aluminio, cartones, papeles, y vidrios, y plásticos, y accesorios eléctricos; era como una pirámide de diferentes niveles moldeada sobre la ladera de la montaña, si se le miraba desde la distancia parecía camuflarse con una fábrica de arena; de hecho, su área se abrazaba con lo que eran varias canteras, de estas se extraía material para la edificación de casas y edificios en la ciudad, era una fuerza que hacía crecer la urbe, y resultaba curioso —por no decir paradigmático— que las canteras se abrazaran con los botaderos de escombros.

A Pedro Cadavid, esta doble circunstancia le parecía el cara y sello del verdadero Medellín: sobre una misma montaña, al occidente del Valle de Aburrá, el Estado y la empresa privada habían levantado un paraje donde confluían la destrucción y el nacimiento; al divisar La Escombrera, Pedro pensaba en una herida, un paraje montañoso que sangraba, un resquebrajamiento de la tierra, la naturaleza vilipendiada por el crecimiento desaforado de una urbe”.

Acabamos de leer un fragmento de La Escombrera, la nueva novela del escritor colombiano Pablo Montoya; lo leyó antes de terminar una entrevista en la que también habló de Pedro Cadavid, ese hombre que nos ofrece esta mirada del “verdadero Medellín”, un personaje ficticio creado por Pablo para proyectar muchas de sus ideas en la novela.

“En la medida que me fui acercando a este sitio geográfico que hay en la Comuna 13, me fui dando cuenta que era un territorio apto para la literatura, porque es un lugar simbólico de algún modo, es una especie de metáfora también de la violencia colombiana. Por un lado fue un acercamiento muy vivo, muy vivencial a este lugar de la Escombrera; pero al mismo tiempo fue un acercamiento literario, y un acercamiento donde mi imaginación, como escritor siempre estuvo como manejando este tipo de emociones, fue lo que yo quise imprimirle a la novela misma”, explica Pablo.

Ese lugar “apto para la literatura” tiene una historia que para los habitantes de la comuna antecede las seis operaciones militares del año 2002— y otras tantas que no tuvieron resonancia mediática, solo se quedaron en los relatos de quienes las vivieron—, se dice que allí hubo antes una especie de laguna, y después comenzaron los relatos de personas que aseguraban haber visto cómo camiones subían con personas que nunca más volvían a aparecer.

Luego sucedió la Operación Orión: en las primeras horas de la madrugada del 16 de octubre de 2002, se hizo el descargue de la tropa y se acordonó la zona —para impedir que los habitantes del lugar pudieran salir—. Esta operación no solo es recordada por el cubrimiento mediático que tuvo, por todas las investigaciones académicas, periodísticas y procesos artísticos y colectivos territoriales que generó, también es recordada porque más de 1.000 uniformados del Ejército, Policía, DAS, CTI, Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación, helicópteros arpía de las FAC (Fuerza Aérea Colombiana) llegaron con la consigna de pacificar la comuna y arrebatarle de las manos el control a los grupos guerrilleros asentados allí; y por aquella imagen de un encapuchado sin insignias militares que señalaba casas. Fue la entrada del paramilitarismo a la Comuna 13 de Medellín.

¿Pero qué relación tienen la Operación Orión y La Escombrera? Según informes del Tribunal de Justicia y Paz, en La Escombrera hay alrededor de 300 cuerpos, no solo de la Comuna 13, también de otros municipios.
Al respecto, Pablo dice: “Yo soy de los que cree que allí hay muchos cuerpos, y que encontrarlos va a ser muy difícil por lo que ha pasado allí, y porque ha habido remoción de escombros, porque eso pertenece a territorios de empresas privadas que se han negado rotundamente a detener sus labores. El Estado que ha tenido una presencia mínima allí, que muestra su gran vacío y su gran irresponsabilidad frente a este lugar”.

Pablo habla de una herida en la montaña, pero ese lugar no es el único con heridas; por eso mirar la dimensión espiritual y la condición humana de los habitantes de la Comuna 13 fue tan valioso:

“Lo que yo sentí es que: primero, hay una gran resistencia en ellas, en el sentido que son personas con una gran dosis de dignidad humana. Esa dimensión espiritual puede verse cuando yo conocí a estas señoras [Mujeres caminando por la verdad], yo dije: pero estas son las señoras que han logrado visibilizar el asunto de la desaparición forzada en la Comuna; son señoras humildes, sencillas, muchas de ellas no tienen una formación escolar, son amas de casa, son abuelas, son madres. Muchas de ellas escriben o están intentando escribir sus testimonios, muchas de ellas tejen, hacen trabajos con el arte, con la cultura para poder de alguna manera aligerar ese peso terrible que significa tener familiares desaparecidos hace años. Esa fortaleza la encontré particularmente en las mujeres, es un ejemplo de resistencia femenina.

Las excavaciones que se hicieron en 2015 obedecieron al trabajo de protesta del colectivo Mujeres Caminando por la verdad, si esas señoras no salen a denunciar lo que sucedió en la Escombrera jamás la Alcaldía de Medellín hubiera atendido estas reclamaciones, que terminaron durante la alcaldía de Aníbal Gaviria.

Pero por otro lado, hay un gran resentimiento, porque uno se da cuenta que el Estado no ha hecho nada, el Estado no ha reparado a esas víctimas; entonces hay una sensación de orfandad que desemboca inevitablemente en una especie de resentimiento sobre todo hacia las élites que han gobernado este país y sobre todo hacia esas élites que son las que han fundado eso que llamamos Estado colombiano, que es una cosa completamente anómala. Y eso está presente en la novela, el estado en La Escombrera es una entidad a la que se le fustiga constantemente”.

Cómo fue posible que un escritor colombiano radicado en la comuna francesa de Saint-Nazaire por una beca para escribir otra novela, la Escuela de música, sintiera el deseo de escribir sobre la Escombrera y la Operación Orión, ¿Cómo llegó a esa historia? ¿Qué fue lo que lo inquietó?

“Te lo voy a decir sinceramente: yo sentí que los fantasmas de los desaparecidos tocaban a mi casa, tocaban la puerta de mi casa. La primera llamada fue de esa índole, fue una llamada metafísica. Fue una llamada que obedece al mundo de los sueños, no sé, al mundo onírico; porque me despertaba a toda hora, ¡No me dejaban dormir!

Entonces ahí surgió el primer deseo de escribir esta novela, en el 2015, pero yo desde antes estaba pensando en ella continuamente, pensando en la ciudad de Medellín, pensando en ese enredo social que siempre hemos tenido, y que particularmente se ha agudizado desde los años 70´s que continúa hasta nuestros días. Viene del deseo de dar una especie de espacio en la literatura a esos desaparecidos que pertenecen especialmente a los sectores más bajos, más humildes, más desfavorecidos de la sociedad colombiana, particularmente de la sociedad de Medellín”.

Pablo termina su novela con un hecho muy importante para las Mujeres caminando por la verdad: el inicio de las excavaciones en La Escombrera.

“Entonces se cuenta un poco la historia de estas comunas desde los años cuarenta del siglo 20, y la novela termina cronológicamente hablando de las primeras excavaciones que se hacen ahí en la Escombrera, excavaciones que se hicieron en 2015, y que fueron completamente fallidas porque excavaron donde no era. Hubo un gasto inoficioso, porque se basaron en unos testimonios de un solo líder paramilitar que es 'Móvil 8', y con base en esos testimonios de este señor pues decidieron excavar en unos lugares donde evidentemente no iban a encontrar absolutamente nada”.

Esa inoperancia y errores a la hora de realizar las búsquedas por parte del Estado es algo que las víctimas de la desaparición forzada en la comuna llevan años demostrando. En un conversatorio que fue parte de la conmemoración Orión Nunca Más en el año 2015, una integrante del Grupo interdisciplinario de Derechos Humanos contó que “las organizaciones sociales comenzaron a decirle a la Fiscalía: hay que parar de tirar escombros, hay que hacer una buena investigación antes de que empiecen a cavar, pero ellos no lo hacen”.

Uno de los jóvenes asistentes habló de un foro en el que convocaron a la Alcaldía de Medellín, y le cuestionaron “por qué estaban buscando justamente allí, donde 'Móvil 8' les dijo que estaban, si 'Móvil 8' llegó mucho después de las grandes operaciones militares, ese pedazo de la escombrera era más nuevo que esas operaciones”.

Por su parte, Luz Elena Galeano, integrante de Mujeres caminando por la verdad, agregó: “Desde que se construyó el Plan Integral de Búsqueda nosotros sabíamos que no era específicamente para encontrar los desaparecidos de Comuna 13, precisamente se creó para buscar también a desaparecidos de otras comunas o veredas o subregiones. Para nosotros el solo hecho de encontrar un cuerpo, así no fuera los de nosotros, era una luz de que sí había personas enterradas ahí, y como poderle mostrar al Estado que había sido negligente por tanto tiempo; no teníamos certeza de que hubiera cuerpos ahí, pero como acá le creen más a los desmovilizados que a las propias víctimas. Nosotros sí sabíamos que ahí en la laguna hay personas enterradas”.

A la fecha no han iniciado las excavaciones en el segundo de los tres polígonos y a La Escombrera se siguen arrojando escombros. La continuidad de las excavaciones quedó perdida entre la poca claridad en cuanto al presupuesto y la ruta para continuar.

En muchas entrevistas, conversatorios y textos, he visto la fe de Pablo por la palabra, por tal motivo le pregunté ¿Con qué conjunto de palabras y símbolos salió de la Comuna 13?

“Yo como escritor creo en el poder de la palabra, pero también siento que antes las dimensiones de la crueldad y la violencia humana la palabra a veces se queda cortica. Eso está muy presente en la novela, el escritor, el protagonista, siente que se llega a un límite, la palabra de la literatura —Pablo sonríe perplejo, como si nunca hubiese esperado que algo pudiera superar la capacidad de la palabra— no puede llegar al meollo de la crueldad humana, y sobre todo no puede resarcirla. Entonces en mi novela hay una sensación ambigua: es un escritor que está tratando de nombrar todo esto a través de la palabra literaria, y al mismo tiempo siente que no logra, que no logra exorcizar la violencia”.

Así sale Pablo Montoya de este territorio y de esta historia, pero hay otro ser del cual es importante saber cómo salió de esta historia. Después de contarme que Pedro Cadavid comienza a conocer la historia de la comuna, las operaciones militares, habla con las víctimas de la desaparición forzada; después de eso hizo una reflexión que podría ser un poema, una metáfora de este país, de usted que me lee, del que no está leyendo, del que murió, de esta tierra nuestra: “Entonces Pedro Cadavid termina enfermándose de violencia, se vuelve una especie de fosa común en sí mismo”.

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