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Si Dios hubiese nacido aquí,
Sentiría en carne propia
[…]
La falta de equidad,
por ser negro,
por ser pobre
y por ser del litoral.

Mary Grueso, poetiza de Buenaventura, Pacifico


“Eran las 7:30 de la noche, un niño llega y pregunta: ¿doña Ruby dónde está Jaircito?, unas mamás andan buscando a los otro niños, porque nosotros íbamos para el cañal y yo me devolví, ellos están en el cañal. Nos fuimos con linternas. Los llamábamos: Jair Andrés… Alvarito… Íbamos caminando, al fondo hay una caseta, allí mantienen los vigilantes del cañaduzal, cuando ya íbamos a llegar a la caseta, tenían las luces prendidas, nos escucharon y apagaron las luces. ¿Por qué las apagaron? Porque tienen el pecado. Pasaron cinco minutos, diez minutos, quince, veinte, y nosotros gritábamos: por favor, estamos buscando unos niños; ellos no nos contestaban.

A los 20 minutos dijimos, vamos a llamar a la policía, y aparece un señor como por arte de magia, el señor que cuida, y los perros ladrando. A los perros los tenían entonces con bozal, por qué no ladraron durante los 20 minutos que estuvimos allí clamando que nos dijeran algo sobre nuestros hijos. El señor que cuida el cañal dijo que él no sabía nada, se entró y dejó los perros sueltos. Vemos una moto que vienen… y yo digo eso está raro. Las motos llegaron hasta la casa blanca, de ahí se devolvieron.

Cuando se devolvieron, nosotros empezamos a grita; eran dos motos con policías. Les expusimos el caso. Uno de los policías dijo vamos, el otro dijo no, espere, este no es el caso por el que nos llamaron, a nosotros nos llamaron por una desaparición; otras mamás habían ido al CAI a exponer el caso y a reportar la desaparición, y la policía dijo que tenían que esperar 24 horas. Los policías nos dicen listo, vamos, vamos.

Fuimos a la caseta y nos dijo esperen que nos han dicho que hay unos extraviados, nosotros no esperamos y avanzamos en la búsqueda de los niños, íbamos unos atrás y otros adelante, y nos adentramos al cañaduzal, llegamos a la parte donde no está podado y empezamos a llamar, Jair Andrés… y escuchamos una voz que dice ama, aquí estoy. Cuando nosotros llegamos al sitio donde estaban los niños, había dos policías y dos señores que trabajan en el cañaduzal, con peinillas y la cara llena de sangre. ¿Por qué no los detuvieron? Cuando llegamos, a los niños los tenían en la fosa, los iban a quemar en la noche y en la mañana, cuando llegara la maquinaria, los tapaban. Era una distancia supe larga, pero llegamos, nuestros hijos nos guiaron porque ellos quieren justicia”.

El martes 11 de agosto, casi al medio día, cinco niños afrodescendientes de 14 y 15 años salieron de sus casas a elevar cometas en un cañaduzal aledaño al barrio Llano Verde. Después de casi ocho horas de desaparecidos, Juan Manuel Montaño, Jean Paul Perlaza, Alvaro José Caicedo, Jair Andrés Cortez, Leyder Cárdenas fueron encontrados masacrados en el cañaduzal cercano al basureo de Navarro. Las familias y los niños reasentados en el Barrio Llano Verde, comuna 15 del distrito de Agua Blanca, fueron desplazados del Jarillón del río Cauca por la construcción del megaproyecto Plan Jarillón de Cali, un gran ecoparque turístico que atravesará todo el oriente de la ciudad.

El jueves 13 de Agosto, en el mismo barrio, en la dolorosa despedida a los adolescentes, se registró otro hecho violento: una granada explotó en una vivienda del sector, una persona murió y otras 15 quedaron gravemente heridas, entre ellas un niño de 10 meses de vida. Aunque el alcalde de Cali ha manifestado que la granada iba dirigida al CAI de la policía del sector, y que por casualidad chocó con la rama de un árbol que la desvió hacia una vivienda ubicada al frente del CAI, también es posible que la granada haga parte de una estrategia de intimidación colectiva para contrarrestar la indignación comunitaria que provoca este hecho violento, el que se suma a otros asesinatos en fincas y cañaduzales aledaños a Llano Verde, como el del pasado 11 de marzo:

Ese día encontraron sin vida a un hombre de 24 años, quien, en hechos aún no determinados, fue asesinado en una finca del corregimiento de Navarro, colindante con Llano Verde, a manos del mayordomo de la propiedad, según datos de los diarios locales. Al este se le suman los asesinatos sin resolver de otros dos jóvenes, también en esos sembrados, hace cinco años.

Por qué el Llano Verde se tiñe de rojo
Fruto de la reparación integral a víctimas de la violencia, una de las urbanizaciones de Llano Verde fue construida en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para garantizarle el derecho a la vivienda y al territorio a miles de familias victimas del proceso de desterritorialización forzada, provenientes del Pacifico colombiano. Este proyecto también acogió a personas reinsertadas de las dinámicas paramilitares y, posteriormente, a personas reasentadas por la construcción del Plan Jarillón de Cali. Se construyeron y entregaron más de cuatro mil casas a personas oriundas de Chocó, Nariño, Valle, Putumayo, entre otros. El barrio tiene aproximadamente siete años de construido. El número de habitantes, en su mayoría afrodescendientes, pueden estar por encima de las 9.000 familias.

Aunque las viviendas son pequeñas, como todas las casas de interés social, las familias que culturalmente son extensas y extendidas viven en hacinamiento. A pesar del poco espacio vital, se acomodan para poder vivir la vida. Esta comunidad ha tratado de rehacer sus proyectos individuales y colectivos de vida, simulando los espacios territoriales que perdieron tras el despojo de sus tierras ancestrales. Casi todas las familias poseen azoteas en el andén están frente a sus casas, allí siembran plantas ornamentales, medicinales y alimenticias. Así han ido consolidando, poco a poco el barrio, le han dado vida. Sembraron allí sus esperanzas de un nuevo presente libre de violencias, tal como lo promete la ley de víctimas.

Además, en el marco de este legitimo propósito, conformaron negocios para activar sus economías (tiendas de barrio, venta de comidas rápidas, mariscos y frutas, misceláneas, entre otras). Poco a poco han hecho comunidad. Se conocen y se cuidan unos a otros. Las calles de las manzanas centrales están adornadas con murales que llevan mensajes de reconciliación, perdón y paz. Hay muchos niños y el olor a eucalipto y tierra mojada impregna el ambiente, si no fuera por la abundancia de pavimento, el tamaño de las casas y el ruido de los carros que pasan por la autopista de al lado, se podría creer que es una vereda y no una ciudadela construida en una de las zonas más excluidas de la capital del Valle del Cauca.

En poco tiempo, la armonía, la calma y la vecindad fue interrumpida: líderes y lideresas empezaron a recibir amenazas de grupos armados que se instalaron en la dinámica vital comunitaria, y hoy tienen el control del territorio y de la vida de los habitantes de este sector. Con su llegada, nuevamente se activan las lógicas violentas, así como sucede en los sectores periféricos de las ciudades del pacifico colombiano: Buenaventura, Quibdó, Tumaco. Violencia que incrementa al mismo tiempo que se expande y consolida el megaproyecto turístico Plan Jarillón, el cual, una vez hecho realidad, valorizará significativamente el precio de la tierra de Llano verde, pues la ciudadela es colindante con la obra que se proyecta como el parque ecológico urbano más grande del suroccidente colombiano.

Porque lo vivimos, sabemos que las violencias criminales son funcionales a los megaproyectos. Estas acostumbran a entretejer y fabricar guerras para expropiar territorios cuya ubicación es estratégica. Nos preocupa que la violencia exacerbada y sistemática a la que están siendo sometida la comunidad de Llano Verde esté relacionada con una estrategia racista y clasista para “regentizar” el sector por medio de la violencia extrema. El incremento del valor económico de la tierra de Llano Verde es inevitable. Y el orden político neoliberal y el Estado empresarial, racistas y clasistas, avisaran en un marginal barrio del oriente de Cali un nuevo latifundio que no puede estar en manos de “negras y negros desplazados y reasentadas”. Así se repite la macabra historia del pueblo negro de Colombia en la metrópoli vallecaucana, sintetizada por Carlos Alfonzo Rocero, uno de los líderes más significativos del movimiento social afrocolombiano, quien dice:

“La gente negra de Colombia hace vivible lo invivible y luego es sometida al despojo y la desposesión”.

“Estamos atravesando una crisis y emergencia humanitaria nunca antes vista en la historia del Chocó. Abandono, conflicto, guerra, confinamientos, desplazamientos, violencia en contra de las mujeres, reclutamiento forzado, amenazas. ¡Vivimos y resistimos por respeto a nuestros ancestros!”, afirma Alberto, líder social y defensor de derechos humanos.

El Chocó ha estado marcado por la presencia de grupos armados que hacen de este uno de los departamentos con mayor desplazamiento forzado, asesinatos, abuso sexual y vulneración de derechos humanos. Durante décadas ha sido territorio disputado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y otros grupos que van consolidándose en diferentes zonas.

Andrés* ha vivido siempre en el municipio de Riosucio, ubicado en el Bajo Atrato chocuano. Ha sido víctima de los grupos armados que constantemente dejan a los habitantes en medio de combates. Mientras él duda en responder cualquier pregunta con respecto a la violencia que se vive en su territorio, intenta explicar que para él y su familia “es mejor no hablar de ciertos temas que se convierten en peligrosos”, pues afirma que los grupos armados pueden atentar contra él o alguien de su familia.

El miedo no es en vano, en lo que va del 2020, en Colombia han sido asesinados más de 200 líderes sociales y defensores de derechos humanos, 6 de ellos en territorio chocoano. A pesar de esto, el gobierno aún no ha tomado las medidas necesarias y efectivas para evitar que las amenazas y los asesinatos continúen.

La violencia, la disputa territorial y la vulneración de los derechos humanos permanece a pesar de la pandemia de covid-19. Por tal razón, el 30 de abril la Defensoría del Pueblo envió a la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, una Alerta temprana en la que destacaba los antecedentes del escenario actual de riesgo, y reafirmaba que “entre el 01 de enero de 2019 y el 27 de abril de la presente anualidad, la Defensoría del Pueblo ha emitido 72 Alertas Tempranas (AT): 56 durante el año 2019 y 16 en la actual vigencia”.

“En cuanto a las estructuras de crimen organizado de alcance binacional, se destaca la influencia de actores ilegales provenientes de países vecinos, en las zonas de frontera con Colombia, con intereses en el manejo de economías ilegales como el contrabando, explotación de minerales, la trata de personas, explotación sexual, entre otras. Su accionar violento suele afectar especialmente a grupos indígenas y comunidades campesinas”.

Un suceso significativo durante la pandemia fue el pronunciamiento del ELN quien decretó cese al fuego unilateral activo en todo el país durante el mes de abril, “al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que, presuntamente en el marco de esta salvedad, el ELN sostuvo combates contra diferentes grupos armados con interposición de población civil, principalmente en el departamento del Chocó”.

En mayo el ELN reanudó sus operaciones militares y el 7 de julio lanzó una propuesta de cese al fuego bilateral encaminada, según ellos, a “crear un clima de distensión humanitaria favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y ese grupo subversivo”. Sin embargo, el presidente Iván Duque afirmó que el “gobierno nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. El ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país por décadas”, con estas palabras el mandatario rechazó la propuesta.

Una noticia que llegó también desde el Chocó conmocionó el país. El 16 de julio, Luz Elena Caizamo Rojas, indígena del pueblo Emberá Dobidá de apenas 9 años perdió la vida, según la Organización Nacional Indígena (ONIC), “a causa de una bala perdida durante enfrentamientos entre el ELN y las AGC por el control territorial de la cuenca del río Baudó en el Chocó”.

La Defensoría del Pueblo, por medio de una de las alertas tempranas, ya había advertido del riesgo al que se enfrentaban las comunidades del Alto Baudó. Esto debido a la emergencia de un factible “escenario de disputa territorial entre el ELN, las AUC y AGC”.

En un comunicado de prensa del 27 de abril, la Defensoría del Pueblo aseguró que “por la vida y la salud de todos los colombianos, debemos respetar el principio de humanidad”, y a su vez hizo un llamado a todos los actores armados y civiles para que: “1. Reduzcan hasta la eliminación, el empleo de la violencia armada. 2. Cesen la violencia e intimidación contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. 3. Respeten y permitan la acción de la misión médica para la prevención y atención del COVID-19, así como el abastecimiento de bienes esenciales para mantener el aislamiento preventivo obligatorio. 4. Protejan y prevengan el contagio al interior de sus filas”.

Según la Defensoría del Pueblo, los líderes, lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos, son uno de los grupos poblacionales más vulnerables, las comunidades indígenas y afrocolombianas son otros de los grupos mencionados por parte de la entidad. Cabe resaltar que según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, 118 mujeres indígenas fueron víctimas de violencia sexual en Colombia. El Chocó es uno de los departamentos con más casos registrados en el país.

Alberto, también miembro de la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Quibdó y colaborador del Acuerdo Humanitario para el departamento del Chocó, afirma que les “toca trabajar en articulación con la institucionalidad para obtener una reparación integral de las víctimas del conflicto armado medianamente buena”.

Sin embargo, ratifica que “en los planes de desarrollo aprobados hay un retroceso con los derechos de las víctimas porque algunos alcaldes no asignaron los recursos necesarios en el proceso de finalización del periodo de la Ley 1448 de 2011, -“por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”-. Por ejemplo el exalcalde Isaías Chalá asignó 14 mil millones de pesos para éste tema, pero no los pudo ejecutar, y el actual Alcalde tan solo fijó 1.230 millones” en el plan de desarrollo para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023.

“En el acuerdo de paz se crea un capítulo de víctimas, luego se firma el acuerdo y como por arte de magia, el capítulo prácticamente desaparece. Vamos a seguir con los derechos vulnerados, porque en el marco de la implementación de la reparación no se tienen garantías ni recursos para que las víctimas podamos disfrutar la reparación dignamente”, concluye Alberto, abriendo paso a un tema extenso y que merece un capítulo más en la historia del Chocó, un departamento que vive entre la guerra y el olvido.

*Los nombres fueron cambiados por temas de seguridad

Allá, en el occidente de Boyacá, donde emergen con imponente belleza las peñas de Fura y Tena. Cuenta la leyenda que allá se encuentran las más preciosas y valiosas esmeraldas formadas por la madre tierra, custodiadas por serpientes, y decoradas con una de las mariposas más hermosas de la fauna silvestre: la mariposa australiana azul. Allá mismo donde al ocultarse el sol se contempla una mezcla de colores que contrastan con la memoria de los pueblos ubicados en esta provincia boyacense. Allá, antes del río minero que cruza por medio de Fura y Tena, se encuentra una población, cuya experiencia de vida se levanta con “tenacidad” y ánimo de vivir lo que muchos pueblos colombianos desean: la paz.

Pauna se levanta hoy en medio en la provincia llamada “la puerta verde de Colombia”. Sus habitantes afirman que se debe a la naturaleza esplendorosa del municipio, y porque allí nace el camino que lleva a las esmeraldas más hermosas del mundo.

Algunos habitantes del municipio afirman que la población vivió tres ambientes de guerra, algunas más tormentosas que otras, pero finalmente fue violencia que dejó mucho dolor, miedo, zozobra, viudas, padres sin hijos e hijos sin padres, atraso social, individualismo, pobreza y desolación. Hoy la sabiduría popular de los pobladores dice que “es otro cuento”.

La primera guerra que vivió Pauna se desarrolló casi que alterna a la guerra del occidente, la “guerra política”, también conocida como guerra bipartidista, la cual tuvo lugar entre los años 70's y 80's. En Pauna los conservadores se pelearon y se disputaron a muerte los triunfos en las urnas. Esto agudizó y empeoró la vida pueblerina. Generó muertes entre las familias de Pauna. Eran enemigos de los demás pueblos de la provincia, y enemigos entre vecinos que convivían todos los días.

La guerra política vivida en las calles del pueblo se confundió, o se mezcló, con la guerra de los esmeralderos. Muchas muertes ocurridas en Pauna se justificaron por una supuesta diferencia política. Las familias influyentes se enemistaron por razones políticas y por el poder minero. A parte de recibir los muertos que llegaban de la zona esmeraldera, llegaban muertos al casco urbano desde las diferentes veredas. Hubo un momento de violencia sin límite, había muertos casi todos los días, las campanas de la iglesia sonaban para sepelios y no para celebraciones especiales.

Tan agudizada estaba la violencia en los 70´s y los 80´s, que tenían mecanismos para llevar a cabo sus cruentas masacres, y, una vez perpetuada la hazaña, comenzaba a planearse la venganza. Pueden imaginarse como fue esa mezcla de esmeralderos e ideología partidista. Pauna fue el escenario donde se mezcló perfectamente esta maquinaria para la muerte. El léxico de la gente estaba basado en la muerte.

La segunda guerra que envolvió a Pauna, fue una guerra que recibió muchos nombres a nivel nacional: “guerra verde”, “guerra del occidente”, “guerra de la esmeralda”, entre otros. Según cuentan los habitantes, quienes son hoy los más fervientes historiadores, hacia finales de los años 60´s inició una guerra sin cuartel que acaparó los once pueblos que hacen parte del occidente de Boyaca, y que dejó un número de muertos incalculables, muchos cuerpos fueron arrojados al río minero. El inicio de tal guerra tiene varias versiones e historias que han sido transmitidas oralmente, perdiendo así un poco de credibilidad o asertividad. Lo cierto es que la guerra del occidente se convirtió en “una guerra de venganzas”, por ello su crueldad y deseo de exterminar todo aquel que le haya hecho daño al paisano, al amigo y al familiar.

Como fue una guerra de venganzas, los once pueblos se enemistaron entre sí, cuando “mataban” a alguien de un pueblo, los demás culpaban al pueblo enemigo y emprendían la venganza. En el caso particular de Pauna, los habitantes “no se podían ver” con los pueblos vecinos de San Pablo de Borbur, Muzo, Quípama, ni Otanche, solamente tenían amistad con los habitantes de Briceño y Tununguá. Al igual que Pauna, las demás poblaciones también tenían sus oleadas internas de violencia. No había las más mínima posibilidad de dialogo ni amistad entre habitantes de las poblaciones, había que cuidar el terruño de los posibles invasores y espías.

Pauna participó activamente en tal guerra. Cada mañana los hombres mineros se alistaban con sus armas en la cintura para poder salir a las calles a negociar esmeraldas, realizar trueques, o mercar. Los mineros eran quienes custodiaban la soberanía de la pequeña patria y eran quienes se debatían a bala con los enemigos del pueblo.

En esta época, el corazón del paunense se endureció debido a la violencia, la dominancia y el machismo de los mineros. Circulaban armas de todo tipo por las calles del pueblo. Inclusive las mujeres, sobre todo las esposas de los mineros, llevaban su arma como elemento de protección, y estaban dispuestas a enfrentarse a bala con quien tocara.

Finalizando la década de los ochenta, los patrones (señores de mucho dinero y prestigio) se convirtieron en líderes gracias al llamado a la reflexión de Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, obispo de la diócesis de Chiquinquirá, quien los invitó a contemplar la posibilidad de hacer un alto en el camino, de finalizar aquella matazón que no tenía justificación alguna. La del obispo era una invitación a construir la anhelada paz.

Los líderes aceptaron la invitación y en medio de la cruenta guerra se programaron reuniones clandestinas en las montañas de los diferentes municipios, sobre todo las de Pauna y San Pablo de Borbur. Por primera vez algunos líderes se miraban cara a cara y se estrechaban las manos en son de paz, sin pensar en armas y en cómo se podían matar. Ellos sabían que en sus manos también estaba la posibilidad de terminar con tal violencia que tantas víctimas había dejado. Ellos tenían el poder de decirle a sus paisanos que ya era hora de finalizar la guerra del occidente.

Monseñor los convenció y ellos mismos sabían que era lo mejor. Así, un 12 de julio de 1990, se firmó la paz en el occidente de Boyacá. Se silenciaron las armas, el río minero ya no volvió a arrastrar cuerpos sin vida, mermaron las viudas y los huérfanos, los pueblos se estrecharon la mano, la gente podía ir de un municipio a otro, se pasó de un lenguaje de muerte a un lenguaje de paz y de armonía. La guerra verde había terminado.

Sin embargo, Pauna estaba destinada a vivir otro capítulo de violencia. Una tercera guerra que, aunque menos cruenta que las anteriores, dejó dolor, miedo y un número significativo de muertes. Se cree que son imperfectos de la paz, erradicar la cultura de la violencia de la noche a la mañana no era una tarea fácil, heridas de años de guerra toman tiempo en ser sanadas.

Esta guerra se dio entre “los mineros dominantes”, aquellos mineros “disidentes” de la paz, los demás habitantes del pueblo y los miembros de la policía. Querían imponer su voluntad, mataban sin razón alguna, amenazaban y humillaban a la gente, incluso llegaron a organizar bandas para hacer asaltos, todas las noches se escuchaban las balas sonar, las casas amanecían con señales de haber sido baleadas, las calles eran tenebrosas, realmente daba miedo transitar por allí.

En Pauna habían algunas normas: quien estuviera fuera de casa un domingo después de las 5 de la tarde, era porque se buscaba “una muerte pendeja; de hecho existió una calle que bautizaron “la calle por donde la vida no vale nada”. Ir a la plaza de mercado era toda una odisea y en las cantinas se cumplía el dicho popular “el licor cumple con su deber”.

Pero también llegó el momento de hacer un alto y comenzar a desarrollar procesos para conciliar opiniones y transformar la cultura de muerte. La Alcaldía y la parroquia se dieron a la tarea de hacer un llamado a la conciencia y a protestar masivamente en contra de la violencia. Se hicieron marchas, se comenzaron a señalar a los culpables, llegó la Fiscalía al municipio y además se trajo a la memoria aquel acuerdo de paz firmado para todo el occidente. Fue un proceso que no demoró demasiado, pues la gente estaba cansada de tanta violencia y tanto dolor.

La paz para el occidente de Boyacá, y para Pauna en específico, no era ya una utopía, era una realidad, era una decisión tomada. No se puede decir que fue un acuerdo con grandes garantías, y que pretendía reparar a las víctimas, no, el objetivo fue simplemente la paz. Hoy Pauna es un terruño y un ejemplo de paz para Colombia y el mundo. Se sanearon aquellas rencillas que quedaron de la guerra, es un ambiente de paz donde se puede disfrutar de un bonito fin de semana, disfrutar de las festividades, compartir con amigos. Familias enteras que habían huido del pueblo por temor a morir, regresaron por amor a la patria chica y para abrazar a sus coterráneos.

La paz no es una mera utopía, la paz es una decisión, la paz es una realidad, la paz es un deber y un derecho. Hoy aquella provincia tan temida es una de las más deseadas por turistas y boyacenses debido al encanto de sus paisajes, la amabilidad de su gente, el clima, y porque se puede degustar un alimento cultivado con el mejor abono del mundo, el abono de la paz y el amor por estos pueblos que vieron nacer y crecer a grandes hombres y mujeres de bien, que pueden decirle al mundo que si es posible vivir en paz.

Las medidas económicas y sociales de Duque para sortear el impacto de la pandemia

 

 

“Si tenemos que escoger entre caminos, siempre escogeremos el de la dignidad”
Pueblo Nasa, Norte del Cauca

La tenencia y el uso de la tierra ha sido una historia de largo aliento que hasta el día de hoy representa uno de los mayores problemas estructurales de equidad, justicia e igualdad en los territorios colombianos.

Las reformas agrarias o políticas de tierras propuestas han resultado fallidas, ya que no solucionan el problema de la concentración en pocas manos. La presencia del Estado social de derecho representado en sus instituciones es ínfima y termina siendo un victimario más de los indígenas, afros y campesinos que habitan el territorio.

La tierra y la propiedad son importantes para entender el conflicto armado, pues para aquellos que la poseen es concebida como fuente de ingresos a través del pastoreo, las rentas o los cultivos. Entre más tierra se posea más ingresos se obtienen, y se consigue una mayor participación en las actividades económicas y políticas, además de proveer empleo y tener la capacidad de influir en quienes trabajan la tierra, configurando así una relación directa entre la tierra y el poder.

Relación que se materializa en una repartición desproporcionadamente desigual de la tierra, generando conflictos entre los terratenientes y las comunidades ancestrales. La adjudicación de los terrenos solía –y en la actualidad se repite la dinámica– darse por medio de dinámicas violentas o fraudulentas. Quienes han trabajado la tierra o han sido sus habitantes nativos acaban por abandonar sus hogares por temor a perder la vida, sufren desplazamientos en repetidas ocasiones y violaciones directas a su dignidad. Una vez abandonada la tierra, los actores en disputa como los terratenientes, los grupos armados o narcotraficantes, se adueñan de ésta y de su uso.

Cauca: una historia de lucha
El Cauca es uno de los departamentos más disputados por los diferentes actores debido a su ubicación geográfica, su riqueza natural y la fertilidad de sus suelos para el desarrollo de procesos agrícolas e industriales.

Las dinámicas propias del Cauca versan en tres grandes luchas. La primera está ligada a las empresas privadas de grandes terratenientes y agroindustrias que promueven el monocultivo, los cuales se traducen en tierras no cultivables debido a que erosionan la tierra y restringen la variedad de cultivos necesarios para la subsistencia, además de ser una fuente de empleo representativa para las comunidades. La mayor parte de las tierras del Cauca está en manos privadas. El 28% pertenece a ingenios azucareros y el 60% a pequeños y medianos propietarios. En el norte caucano no hay ni un centímetro de tierra baldía.

La segunda disputa gira en torno al narcotráfico. El Cauca es un territorio en el cual se cultiva la coca para producir clorhidrato y exportarlo. Además está en un punto estratégico para sacar la droga por el Océano Pacífico o moverla hacia el río Magdalena. La cadena productiva del narcotráfico necesita del control territorial en su sentido más amplio: desde tener poder de las rutas, hasta el dominio de las personas que lo habitan. Resulta importante resaltar que en este departamento ha habido procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y sus promotores se han visto amenazados y desplazados. Por otro lado aparecen grupos armados como las disidencias de las FARC, divididas en tres frentes asentados al norte del departamento, la guerrilla del ELN ubicada hacia el sur, las Guerrillas Unidas del Pacifico localizadas en el suroccidente, y reductos paramilitares a lo largo del territorio. Todos estos operan en una lógica belicista para la consecución de objetivos económicos valiéndose de diferentes modalidades como las masacres, los asesinatos selectivos, la desaparición forzada y el confinamiento.

El tercer factor a tener en cuenta es la carga y la fuerza de las organizaciones sociales presentes. Allí la presencia del Consejo Regional Indígena del Cauca, el Movimiento de Liberación de la Madre Tierra, los Consejos Comunitarios afros, entre otros, han labrado una lucha perpetua por la defensa de sus territorios, territorios que para ellos son la misma vida. Proveedores además de un espacio para habitar, de alimento, y, en especial, de una morada para sus ancestros y deidades.

En cuanto a las formas de repensar la propiedad y el uso de la tierra, tenemos la resistencia combativa que generan diferentes grupos indígenas. La identidad del ser Nasa está determinada por la tierra y la naturaleza. Se ha caracterizado por su fuerza milenaria, defensora del Uma Kiwe (la Madre Tierra) de la explotación de los intereses privados. ¨Los Nasa sin tierra no somos nada. Se derrama sangre pero la tierra algún día tiene que ser de nosotros¨.

Su lucha es paulatina, tardía, pero nunca vencida. Recuperar la tierra es un componente fundamental para recobrar su componente identitario. Para tener la soberanía comunitaria sobre sus semillas y sus suelos. Para decidir su sistema de producción, comercialización y consumo, es decir, para materializar una economía y una organización comunitaria propia. La defensa de la Uma Kiwe es una contrarespuesta al neoliberalismo depredador que poco a poco nos va llevando a un punto de no retorno.

Vale la pena señalar que los conflictos por la tenencia de la tierra y la posesión de los predios en disputa también sucede entre las mismas comunidades ancestrales y minoritarias, es decir entre grupos indígenas de distintas comunidades; entre afros e indígenas; entre indígenas y campesinos. La problemática se agudiza puesto que la zona debe ser repartida entre varias colectividades, y el Estado, mediante acuerdos inconclusos y obviando las particularidades sociales, cede tierras en lugares donde previamente ya había un resguardo de cierta comunidad o cuya tenencia ya había sido dada a otros. Cuando el Estado hace presencia en el territorio cumple dos roles. El de mediador entre los conflictos de las comunidades, desconociendo muchas veces su relación con el territorio que ocupan, e incitando al conflicto entre ellas y por lo tanto entre sus prácticas y sus fines colectivos. Y el de expresión policial y militar, mas no como Estado democrático, pues su presencia se ciñe al despliegue de fuerza pública, pasando por alto la concertación comunitaria.

¿Qué ha estado pasando?
La realidad en el Cauca ha llegado a tal punto que es el departamento con más líderes sociales asesinados en lo corrido de este año. También escenario de la masacre sucedida el 21 de agosto en El Tambo, donde seis campesinos fueron torturados y después asesinados. Meses atrás se habían presentado hostigamientos a la comunidad, junto con asesinatos selectivos de líderes que promueven o trabajan en mesas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

En el Cauca viene sucediendo un proceso de des-territorialización y destrucción de los saberes ancestrales mediante la igualación y la estandarización de las relaciones económicas con el territorio. El modelo neoliberal de propiedad rural predominante reduce la tierra a una situación de mercancía, desagregando a la comunidad —en este caso indígena— en individualidades separadas, tanto de su vínculo cultural como económico. Así, a pesar de las reivindicaciones del ideal ancestral de propiedad colectiva de la tierra, la relación real sobre el modo de supervivencia y producción hegemónico viene destruyendo el patrimonio cultural al rebajar a la naturaleza a un simple medio para la explotación.

El desarrollo rural guiado por el lenguaje simplista del dinero no reconoce lo sagrado ni lo colectivo, además que trata de igualar, por la ley o por la fuerza, las formas de vida cuyo valor no tienen precio. Paradójicamente, al igualar todo, sometiéndose a la ley de oferta y demanda, la desigualdad aumenta ya que se empieza a concebir a los demás y a la naturaleza como un medio para conseguir el beneficio individual mas no el colectivo.

El territorio es visto como un botín al cual se le debe extraer su ganancia, y no como el lugar donde reposa la tradición. Tanto el Estado como los grupos armados al margen de la ley son miopes al sentir de las comunidades ancestrales. Mientras que el Estado, incapaz de administrar y garantizar el disfrute de los derechos, ve en la tierra colectiva un espacio carente de sentido, los grupos armados ven en estos un escondite, una ruta para el comercio o un medio para extraer su dinero y financiar la guerra.

A pesar de que las condiciones posicionan a las comunidades en desventaja frente a los abusos de los grupos armados, y ante la indiferencia y abandono del Estado, aún persiste el anhelo de justicia social y el derecho a ser libres en la diferencia.

 

La dignidad será horizonte, los pueblos persisten, el Cauca resiste

 

Caso AngloGold Ashanti y su proyecto Quebradona en Jericó

En muchos de los territorios de Colombia donde AngloGold Ashanti tiene títulos y proyectos mineros, se registran también altos índices de desplazamiento forzado, despojo, asesinatos de líderes sociales y persecución estatal. Así lo expone el informe Títulos mineros de la Anglogold Ashanti Colombia S.A versus, despojo de tierras, desplazamiento forzado y asesinato de líderes sociales, elaborado por la organización Forjando Futuros.

Esta violencia que acompaña a la empresa ha sido nutrida por un factor fundamental: la firma de convenios entre la multinacional minera y el Ministerio de Defensa Nacional, entidad encargada de coordinar las políticas de seguridad en el país y de dirigir el accionar de la Fuerza Pública.

Con el objetivo explícito de mantener la “integridad de los bienes de la empresa, de sus empleados, contratistas y comunidades vecinas”, empresas como AngloGold Ashanti pagan grandes sumas de dinero a las Fuerzas Militares y la Policía.

Pero los convenios, regulados por la Resolución 5342 del Ministerio de Defensa, más que para mantener la integridad material y humana de quienes trabajan en las empresas, han servido para dos cosas: primero, enriquecer a los militares y pagarles viajes turísticos (como lo denuncia La Liga Contra el Silencio en su investigación Petroleras y Mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía), y segundo, para violentar y perseguir a campesinos, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Según la Constitución Política de Colombia, el mandato del Ejército es “defender el orden constitucional” (artículo 217), y el de la Policía mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (artículo 218). Sin embargo, los convenios entre el Ministerio y las empresas mineras alejan mucho a la Fuerza Pública de su mandato.

“Cuando se dan estos convenios hablamos de una Fuerza Pública que, contrariando el mandato constitucional, direcciona su accionar en beneficio de privados y no en beneficio de la comunidad”, explica Vanessa Vasco, abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

Además, Vasco deja en evidencia que es común que AngloGold Ashanti firme este tipo de acuerdos: “Un ejemplo de ello es el proyecto La Colosa, en el Tolima. Una vez llega AngloGold Ashanti al territorio, instala una base del Batallón de Infantería y un Batallón de Alta Montaña para proteger la infraestructura en la fase de exploración minera. Lo mismo pasa en Jericó, en el proyecto Quebradona, allá hacen presencia integrantes del Ejército y el ESMAD”.

Es recurrente que AngloGold Ashanti pague por seguridad, pero no siempre a la Fuerza Pública. Según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe La maldición del oro, la empresa ha sido denunciada por financiar grupos paramilitares en la República Democrática del Congo en África.

¿Qué dejan este tipo de convenios?
Tal como sucedió en La Colosa (proyecto suspendido de AngloGold Ashanti), y como pasa con su proyecto Minera de Cobre Quebradona, en Jericó, Antioquia, sucedió también en el Sur de Bolívar. Allí AngloGold operó junto a la Fuerza Pública, y esta relación dejó un desenlace fatal. Así lo relatan dos organizaciones de derechos humanos:

Según el Centro Internacional de Toledo para la Paz, en su informe Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia: “Las actividades extractivas de la AngloGold en el Sur de Bolívar inicialmente estuvieron acompañadas de un amplio espectro de denuncias públicas por parte de habitantes y organizaciones civiles, quienes adjudicaron la muerte de un reconocido líder minero de la región (Alejandro Uribe Chacón) y las amenazas contra sus habitantes a una fuerte militarización de la zona en el marco de un acuerdo entre la compañía y el Ejército para facilitar su operación”.

Uribe Chacón, integrante de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), fue asesinado el 20 de septiembre de 2006 por soldados del Batallón Antiaéreo N° 2 Nueva Granada, y presentado como guerrillero dado de baja en combate. Doce días antes del homicido, Uribe Chacón había denunciado ante la Defensoría del Pueblo que militares lo estaban persiguiendo y amenazando por oponerse a AngloGold Ashanti.
Tras el asesinato, el Ejército afirmó que se trataba de un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin embargo, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación demostró que no pertenecía a ningún grupo armado ilegal. Se trató entonces de una ejecución extrajudicial. En el 2010 inició la judicialización a cuatro militares por el homicidio: el capitán Álvaro Enrique Ramírez Flórez, el sargento Segundo Villafrades Pérez y los soldados Julio César Carvajal y Yeison Pérez.

Consultamos con la empresa sobre el caso y esta es su respuesta: “Sobre el asesinato del líder minero Alejandro Uribe Chacón, AngloGold Ashanti no tiene ningún conocimiento ni versión al respecto”.

Sobre este caso, en su informe Sindicalismo en Colombia: homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, Amnistía Internacional, organización defensora de derechos humanos, expone que: “Diversos testigos han manifestado que, en el último año, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada han amenazado con matar a dirigentes de Fedeagromisbol. Asimismo, los informes indican que los soldados han dicho a los habitantes de la zona que sus operaciones tienen por objeto garantizar la presencia de los intereses de empresas mineras internacionales en la zona, donde tiene intereses la empresa aurífera internacional AngloGold Ashanti (Kedahda S. A.)”.
Militares, policías y AngloGold Ashanti en Jericó
En Jericó ha sido estrecha la relación entre AngloGold Ashanti y la Fuerza Pública. El primer convenio del que se tiene conocimiento con operación en el municipio, es el Convenio 17-023, suscrito el 2 de octubre de 2017 y firmado por Andres Valencia Prieto como representante de la empresa.

A raíz de este acuerdo, la multinacional le entregó una suma de dinero al Batallón Cacique Nutibara, a la Cuarta Brigada y a la Séptima División del Ejército. El convenio incluyó a las empresas AngloGold Ashanti Colombia, Gramalote Colombia Limited, Exploraciones Northern y Minera de Cobre Quebradona. La suma de dinero entregada a la Fuerza Pública fue, según la Liga Contra el Silencio, de $1.099.791.000.

En un comunicado expedido por la empresa, la multinacional afirma que tiene vigente un nuevo convenio, con intención de renovarlo: “Actualmente la empresa tiene un convenio vigente con el Ministerio de Defensa Nacional para el proyecto Gramalote y Minera de Cobre Quebradona para la vigencia - año 2020. Existe la posibilidad de renovar dicho acuerdo para la vigencia - año 2021.”

Para la época en que se aplicó el primer convenio, el alcalde de Jericó era Jorge Andrés Pérez. Así describe él la relación que había entre el Ejército, la Policía y la empresa: “Había una camioneta y unos 15 efectivos de la Policía dedicados a proteger a los funcionarios de la multinacional. También tuvieron un contrato con militares. Había una base del Ejército instalada arriba en la montaña donde tienen las plataformas. Los efectivos patrullaban la zona, pero no cuidaban a los campesinos ni a la comunidad. Estaban cuidando las instalaciones de la multinacional y a los empleados”.

Gustavo Arboleda, caficultor del corregimiento de Palocabildo, cuenta que, en la vereda La Soledad, la policía intimidó a los campesinos que asistieron a la manifestación pacífica contra las actividades de la empresa: “La Policía llegó donde nosotros estábamos haciendo la manifestación pacífica y nos dijo que lo que estábamos haciendo era ilegal. Nosotros les decíamos que no queríamos la minería y que la región no era minera. Ese día un comandante de la Policía me amenazó, me dijo que me iba a capturar porque estaba incitando a la gente en las manifestaciones. Nosotros le respondimos que estábamos cuidando el territorio y el agua, que nuestra región era agrícola y cafetera”, cuenta Gustavo.

Jericó, contrario a muchas otras zonas del país, ha estado libre de la presencia de actores armados ilegales. Si bien algunos grupos de delincuencia organizada tienen presencia en el territorio por asuntos de microtráfico, el municipio se ha caracterizado por tener un ambiente tranquilo. “No estoy de acuerdo con que la empresa minera venga a traernos el Ejército a esta región sana, calmada y sin ningún grupo armado. Todos somos campesinos, caficultores, gente trabajadora, aquí solo tenemos las finquitas que nos han dado el sustento toda la vida”, agrega Gustavo.

¿Qué pasa con la autoridad de los alcaldes?
Los alcaldes son, según el artículo 315 de la Constitución, “la primera autoridad de policía del municipio”, pero cuando las empresas mineras y el Ministerio de Defensa firman los convenios ignoran este mandato constitucional.

Así lo confirma Jorge Andrés Pérez, ex alcalde de Jericó, quien cuando se desempeñaba como autoridad municipal no podía pedirle nada a los militares que trabajaban para la empresa, porque solo recibían órdenes de los empleados de AngloGold: “Ellos no me avisaban nada. Alguna vez vino el gobernador y les pedimos el favor (a los policías) de que nos acompañaran en la camioneta y ellos dijeron que no podían moverse si la multinacional no les daba la orden”, cuenta el ex alcalde de Jericó.

Para Juan Martín Vásquez Hincapié, actual alcalde de Támesis, los convenios son una muestra de la concentración de poder que tiene el Gobierno Nacional. “Este es un país exageradamente centralista. A los alcaldes para lo único que nos tienen en cuenta es para autorizarnos, como en el caso de la pandemia, para que atendamos las emergencias locales, pero la descentralización como tal no existe. Aquí hay una concentración de funciones del gobierno Central hacia los territorios”.

Por el contrario, el actual alcalde de Jericó, David Alonso Toro, manifiesta no sentir vulnerada su autoridad como alcalde ante el hecho de que el Ministerio y la empresa no cuenten con su aprobación para firmar un convenio de seguridad, ni siquiera si esto produce una militarización en su municipio. “Si hacen convenios, con el uno o con el otro, eso no implica que el alcalde no sea autoridad, sigue siendo la autoridad y supongo yo que ellos tendrían que coordinar acciones con el municipio”, afirma.

Vale aclarar que cuando se realizó este artículo, el alcalde David Alonso no sabía de la existencia de los convenios que ha firmado Anglogold en su municipio. Tampoco sabía que este tipo de convenios de seguridad existieran en el país.

“Decían que venían a enfrentarse con gente peligrosa”
Mientras regía el Convenio 17-023 entre Minera de Cobre Quebradona y el Ministerio de Defensa Nacional, en mayo de 2019 el Ejército hostigó a un grupo de campesinos que se oponía a la instalación de una plataforma de perforación en la vereda Vallecitos de Jericó.

Su oposición se basaba en el argumento de que las actividades de la empresa iban en contra del Acuerdo Municipal 010 de 2018 que prohíbe la minería de metales en el municipio.

Ese día el ex alcalde Jorge Andrés Pérez tuvo que ir hasta el lugar e intervenir. Así describe la situación: “Me encontré con unos 25 policías del ESMAD preparándose para lo que ellos pensaban iba a ser un encuentro con subversivos. Cuando llegué, vi al comandante del Distrito, 10 policías más y gente de la Sijín. Yo le exigí a la multinacional que abandonara el espacio porque estaban incumpliendo el Acuerdo 010. También le pedí al comandante del Distrito que por favor retirara al personal de la zona. La empresa da la vuelta y se retira, pero evidenciando un uso excesivo de la fuerza pública contra los campesinos de la zona”.

Según Pérez, hacia el lugar de la manifestación se dirigía también un grupo de soldados provenientes del Batallón Cacique Nutibara, ubicado en el municipio vecino de Andes. Además, cuenta que los soldados iban con una información muy particular, porque decían que los habían llamado para combatir subversivos: “Los del Ejército llegaban preparados para hostigar y amedrentar a quienes estaban en la manifestación pacífica. Decían que venían a enfrentarse con gente peligrosa, que tenían que apaciguar una fuerza violenta, pero se encontraban con unos campesinos queridos que estaban defendiendo pacíficamente la vida, el agua y el territorio”, puntualiza.

A pesar de estas denuncias, David Alonso Toro, actual alcalde de Jericó, manifiesta no conocer ningún hecho que involucre a la empresa en violaciones a derechos humanos en Jericó, ni actualmente, ni en su mandato anterior como alcalde (2012-2015). “No he visto violación a los derechos humanos, la empresa ha sido respetuosa con estos temas y también con el tema de la protesta”, afirma.

De igual manera, la empresa AngloGold Ashanti manifesta que “ha sido respetuosa de los Derechos Humanos siendo activos en el análisis de riesgos, prevención, y colaboración con autoridades y comunidades”.

¿Privatizar la Fuerza Pública?
La Corte Constitucional afirma que las labores de seguridad que debe prestar el Estado no pueden convertirse en un servicio al que se accede pagando. Así lo dictamina en la sentencia C-020/96:


“El servicio de policía, por ser esencial, ha de ser ofrecido a toda la comunidad en condiciones de igualdad, porque todas las personas tienen derecho, en la misma medida, a reclamar de las autoridades de la República aquello para lo cual están instituidas (...) No es tolerable, a la luz de la normatividad superior, que se establezcan por el legislador categorías de personas beneficiarias en distinto grado del servicio esencial de policía, según su capacidad para retribuir un servicio que por su naturaleza ha de ser gratuito”, sentencia C-020/96 de la Corte Constitucional.

Según Juan Martín Vásquez, alcalde de Támesis, es un “contrasentido” que la Fuerza Pública privatice sus funciones al firmar convenios con las empresas. “Eso es como privatizar la seguridad nacional y el orden público. Estoy de acuerdo con lo que dice la Corte Constitucional: los servicios que prestan la Policía y el Ejército son para todos los habitantes del territorio nacional. Con los convenios se generan privilegios en orden a algo censitario, es como volver a la edad media, cuando los derechos eran de acuerdo al dinero que se tuviera”, expresa.

De igual manera, Yamid González Díaz, integrante del Cinturón Occidental Ambiental (COA), afirma que: “Este tipo de convenios invisibiliza la existencia de conflictos ambientales en los territorios. Además, ¿qué se entiende por conflicto y qué tratamiento se le ha dado en el país? ¿Qué consecuencias puede traer la presencia de actores armados en los territorios, más cuando son financiados por los directos responsables de los conflictos?”.

Por el contrario, para el actual alcalde de Jericó estos convenios responden a una necesidad de las empresas. “Cada quien ve la necesidad y busca la forma de solucionarla. Es una necesidad de seguridad y de protección, y si se la pueden brindar, yo no tengo ahí ninguna posición”.

¿Vendrán más convenios para el Suroeste?
Como se dijo anteriormente, la empresa tiene actualmente un nuevo convenio con la Fuerza Pública en Jericó y lo piensa renovar para el próximo año.
Por ello, al realizar este informe, se les consultó a todas las fuentes humanas, y con presencia en el territorio, su opinión sobre la posibilidad de que AngloGold Ashanti continúe firmando este tipo de convenios en Jericó y demás zonas de influencia del proyecto.

Todas estas fuentes se opusieron a la idea, a excepción del actual alcalde de Jericó, David Alonso Toro. "Si una empresa privada puede acceder a la protección del Estado firmando convenios y pagando para eso, pues supongo yo que está en todo su derecho", afirmó.

Al respecto, Yamid González Díaz, integrante del COA, expresa preocupación debido a que la actual Administración Municipal es complaciente con los intereses y actuaciones de la multinacional minera. “El actual mandatario es un aliado de la empresa, lo que nos plantea un futuro incierto y preocupante en la forma como se va a tratar la protesta social”.

Por su parte, el alcalde de Támesis se negó totalmente a la idea de que en su municipio se llegue a firmar un convenio de seguridad. “Si la minería es buena, ¿por qué tienen que contratar grupos armados para la defensa de sus intereses en una región tan buena y tan próspera como el Suroeste de Antioquia?”.

Así mismo, expresó su decidido rechazo a la realización del proyecto minero Quebradona: “Nosotros nos hemos opuesto de una manera franca, sincera y directa contra el desarrollo de minería de metales en el Suroeste. No tiene ningún sentido que pongamos en riesgo nuestras riquezas estratégicas por acudir a una explotación minera que nos va dejar un pasivo ambiental supremamente grave en el país y un espejismo de una riqueza pasajera que tampoco va ser para nosotros”.


NOTA:

A continuación compartimos cinco convenios que ha firmado AngloGold Ashanti con la Fuerza Pública. Es muy probable que a parte de estos cinco, la multinacional haya firmado otros cuyo documento y presupuesto se desconocen, por ejemplo, el que rige actualmente en Jericó.

- Convenio 18-027 (San Roque, Antioquia)
- Convenio 14-034 (Puerto Nare, Antioquia)
- Convenio 13-082 (Bogotá, Cundinamarca)
- Convenio 009-008 (Bogotá, Cundinamarca)
- Convenio 17-023 (Bogotá, Cundinamarca)

AngloGold Ashanti tiene hasta la fecha 3 proyectos mineros en Colombia:

- La Colosa (Cajamarca, Tolima), suspendido mediante una consulta popular en la que más de 6.000 cajamarcunos rechazaron el proyecto.
- Gramalote (San Roque, Antioquia), en etapa de perforación.
- Quebradona (Jericó, Antioquia), a espera de licencia ambiental.

Añadido a esto, para 2017 según el Catastro Minero, la cantidad de títulos mineros aprobados para la empresa asciende a 504 y tiene más de 3.000 solicitudes de titulación.

 

Más de trescientos mil muertos de la violencia bipartidista de los años 50, casi cien mil desaparecidos, más de ocho millones de desplazados, más de tres mil sindicalistas asesinados, casi diez mil asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por las fuerzas militares, miles de presos y detenidas políticas hacinados en las cárceles, mil líderes y defensoras de derechos humanos asesinados, 225 excombatientes firmantes de la paz asesinados, más de 105 masacres en territorios militarizados, pero abandonados socialmente por el Estado.

La tragedia humanitaria que cubre con su manto de muerte a Colombia desde hace dos siglos, se recoge en un concepto: genocidio. Una avalancha de la cual no se conoce su origen y tampoco su final, pero se sabe que su objetivo es el exterminio de todo lo que huela a renacimiento, cambio, revolución, transformación, humanismo. Una gigantesca ola de lodo manejada por poderosos criminales que lanzan escombros y esquirlas mortales, que despojan, torturan, desplazan, masacran, desaparecen, encierran, matan, señalan, estigmatizan, espían, producen miedo. Una tecnología de poder que combina, de manera refinada, todas las modalidades de violencia para reorganizar el Estado y adaptar una hegemonía a la medida de sus intereses egoístas y neofascistas.

Las prácticas genocidas han sido diseñadas en el Palacio de Nariño, en los batallones y escuelas militares, en los organismos de inteligencia y “seguridad”, en las oficinas de los entes de investigación y judicialización, en los escritorios de los jueces y las cortes, en los campamentos paramilitares, en las escuelas de sicarios y de militares del comando sur de los Estados Unidos. Todos los que ven amenazados sus privilegios, conseguidos gracias al despojo, la corrupción y la muerte, desatan toda su imaginación para perseguir y exterminar por cualquier medio al que pone en riesgo esos privilegios.

Lo peor del genocidio, de esta tecnología de poder, y del refinamiento de las prácticas genocidas, es que se naturalizan en la sociedad, la cual termina justificando la violencia y el proceder de los poderosos. Es tal el andamiaje ideológico, político, jurídico, mediático y militar, que los genocidas terminan siendo héroes y mesías de sus pueblos.

El negacionismo y la banalización de los graves hechos genocidas por parte de los representantes éticos y morales de la sociedad, bastan para ocultar la magnitud de la realidad y crear una paralela donde los crímenes pasan desapercibidos e impunes. La burla a las víctimas destroza su moral y aspiraciones de justicia. El negacionismo, el engaño y las mentiras de los gobernantes son reproducidas por los medios de comunicación corporativos que posicionan narrativas y relatos afines a su ideología racista, segregadora, violenta, y clasista. Los genocidas se cuidan y apoyan entre ellos.
De nada sirve señalar la torpeza e incapacidad de los gobernantes que han pasado por la casa de Nariño, unos más lúcidos que otros, más o menos brillantes, pero casi todos perversos ante sus compatriotas, débiles ante las provocaciones del dinero, y sumisos ante el poder del imperio yanqui y las transnacionales. Duque no es un tonto como parece, tampoco lo han sido los demás presidentes y sus equipos de gobierno. Todos y cada uno de ellos fueron puestos allí con un propósito. Han entregado el país a pedazos, lo han destrozado culturalmente, no han permitido la construcción de una Nación con referentes éticos y valores humanistas, ni se inmutan ante la muerte o la depredación de la biodiversidad, por el contrario, la justifican.

Las colombianas y los colombianos no podemos seguir dejándonos embaucar por las jugaditas de los que han tomado el poder a la fuerza. Es fundamental empezar a llamar las cosas por su nombre, no son homicidios colectivos, ni falsos positivos, ni líos de faldas, son prácticas genocidas, son masacres. No es un gobierno, es un régimen dictatorial. No luchan contra el narcotráfico, llegan al poder gracias a él. No son águilas negras, son las fuerzas militares encubiertas. Es un gobierno ilegítimo.

Es necesario retomar la calle y darle continuidad a la rebeldía popular que la pandemia enfrió. Hay que denunciar de todas las formas el genocidio. Apoyar masivamente las denuncias internacionales y nacionales que diferentes grupos y procesos han emprendido. Adelantar nuevas denuncias ante la Corte Penal Internacional, y participar con convicción y fuerza en el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionará en febrero de 2021 en Colombia. Apoyar a la Corte Suprema de Justicia y exigirle respeto a los que de manera oportunista la descalifican. Defender la memoria histórica y la verdad de las víctimas del genocidio. Juntarnos, a pesar de las diferencias, para que en 2022 llegue a la Casa de Nariño un gobierno de transición hacia la democracia, esa que no hemos podido saborear jamás. Además, es un deber ético pedir la renuncia de un gobierno traqueto y cómplice del genocidio.

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