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Segun documentos del Gobierno, las “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII) o “Zonas Futuro” son: “Una estrategia para transformar los territorios llevando institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza”. Están pensadas para poner en marcha cuatro estrategias fundamentales: “implementación concreta de la estrategia de seguridad nacional; seguridad ciudadana, fortalecimiento del Plan de Acción Oportuna (PAO), y el marco de implementación de una política sobre protección y prevención de líderes sociales”. ¿Pero realmente están pensadas para estos fines?

Imposición para militarizar los territorios
De las Zonas Futuro poco se ha hablado en los territorios. Las comunidades aún desconocen mucho de la estrategia que afectará sus planes de vida, su cultura, arraigo campesino y su economía. Las «Zonas Futuro» son el reciclaje de las Zonas de Consolidación y Rehabilitación del Gobierno Uribe. Zonas que dejaron destrucción y muerte en los territorios. Hoy la tarea de las comunidades y los movimientos sociales será nuevamente la defensa y la permanencia en el territorio, como legítimo derecho.

Lo que hay detrás de las Zonas Futuro
Desde esta perspectiva, la abogada Marcela Cruz, plantea que “las Zonas Futuro son una continuidad de las políticas contenidas en el Plan Colombia para controlar algunos territorios que son de su interés; según documentos oficiales del gobierno, como la política de seguridad y defensa, la ley de orden público y el decreto 2278 de 2019”.

Según el Gobierno son zonas que tienen baja presencia del Estado, altos índices de criminalidad y de economías ilegales, también bajos índices de garantía de derechos fundamentales para los habitantes, sin embargo, en estas zonas abundan los recursos naturales ya sea para la minería e hidroeléctricas.

Para Cruz “también hay zonas en las que se cumplen esas características, por ejemplo el Chocó, el departamento de la Guajira, que no están definidas como Zonas Futuro. Lo que hay detrás de esa política es poder intervenir no solamente con entidades civiles del Estado, sino con la fuerza pública y de policía los territorios”. Cruz explica que en estos territorios hay intereses económicos públicos y privados, y una dinámica social y organizativa que ha evitado el saqueo de los recursos naturales. “Por eso el Gobierno expide esta política con la que pretende controlar el territorio y la población que vive en estos”.

¿Qué dicen las comunidades?
Para el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, “el Gobierno de Duque no es otra cosa que un tercer periodo de gobierno de Uribe, está pretendiendo retomar la Seguridad Democrática, lo que conlleva a reactivar uno de los componentes del Plan Colombia que es la consolidación territorial”.

Para Ernesto Roa, líder campesino y presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA), “Iván Duque pretende con las Zonas Futuro dar una dinámica más acelerada para poder extraer los bienes comunes de la naturaleza. El Plan Colombia, en su continuidad de Colombia Crece, sigue siendo un plan contrainsurgente que va orientado a desarticular cualquier expresión de resistencia o de oposición a este sistema político”.
En estos territorios según el movimiento social, lo que se quiere es garantizar el círculo del negocio completo del narcotráfico. Tal es el caso del Pacífico Nariñense y el Catatumbo, zonas donde hay alta producción de coca, pero donde también desde hace muchos años hay una presencia militar muy fuerte, y lo que se quiere es lograr instaurar una fuerza militar con toda una legitimidad para garantizar no solamente el extractivismo, sino un negocio del narcotráfico tranquilo que beneficie a esta elite política en el poder.

Por otro lado, en regiones como el Nordeste Antioqueño, hay una actividad histórica de las comunidades campesinas, que gira alrededor de la minería artesanal y que las comunidades han logrado organizar. Que hoy en esa ansiedad del Estado de controlar todo bien natural, pretende intervenir para seguir satisfaciendo las arcas de las grandes transnacionales.

En regiones como el departamento de Arauca, esta intervención la justifican para controlar la economía ilegal del contrabando. Esta política de intervención es un paquete de agresión integral que se profundiza en contra de la clase popular, el tejido social que históricamente ha hecho patria en estos rincones olvidados y en los que el gobierno central tiene una deuda histórica de inversión social.

Arauca en la mira
Para el caso del departamento de Arauca, las Zonas Futuro se ubican en 211 veredas de los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Van a intervenir el piedemonte araucano, donde está el mayor acumulado histórico de resistencia en el departamento de Arauca, zona que está milimétricamente cuadriculada y entregada en concesión para la exploración petrolera. Zona productiva que la ha puesto en el primer renglón de producción de plátano, cacao, producción ganadera y leche en términos de calidad.
El presidente del CNA insiste que “las zonas futuro tiene un componente muy alto en lo militar, ideológico, social, económico, es decir, mayor pie de fuerza para estos municipios que garantice el expansionismo extractivista de las petroleras, mayor represión al movimiento social, ya que se plantea la actuación de la fuerza pública de cara al código de seguridad y de policía”.
¿Inversión Social?
La inversión social que se plantea en las Zonas Futuro es efímera, similar a la del Plan Colombia que solo llevó programas asistencialistas a las comunidades, y que sirvió para incluir a las familias campesinas humildes en el conflicto armado.

“Las comunidades deben tener claro que toda la inversión que el gobierno pretende hacer con las ZEII, va orientada y controlada por la fuerza pública, que a su vez busca focalizar ambientes sociales de cooptación como los jóvenes con el programa “jóvenes a lo bien”.

Violación de los Derecho Humanos
La población del departamento de Arauca vivió en carne propia la política criminal de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Gracias a la política de Seguridad Democrática, de Uribe y el Plan Colombia, que significó miseria, muerte, desplazamiento. Fue en ese periodo donde más se incrementó la persecución, las capturas masivas y el asesinato.

El Ejército de Colombia a nombre de paramilitares asesinaba campesinos, comunales, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales. Ejemplo de ello es la masacre el 5 de agosto de 2004 en Caño Seco, municipio de Saravena, en contra de Héctor Alirio Martínez, líder campesino; Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, líderes sindicales. Además de la masacre cometida en Flor Amarillo, Piñalito, y Cravo Charo, municipio de Tame. Masacre donde se asesinaron 11 campesinos por paramilitares en complicidad con el ejército los días 19 y 20 de mayo de 2004.

Segun las organizaciones de Derecho Humanos y el Movimiento Social, hoy con las Zonas Futuro, el gobierno pretende desempolvar esas prácticas genocidas. Lejos de perseguir el narcotráfico, por el contrario, lo va a fortalecer.

¿Qué proponen las comunidades?
Ante esta situación, desde las comunidades y organizaciones sociales se proponen fortalecer los instrumentos de denuncia y movilización; todo lo que vaya en contra de la vida y de la clase popular, debe ser denunciado y confrontado a través de la movilización. El peligro se avecina. Las comunidades no deben dejarse engañar con programas asistencialistas que solo buscan ponernos al servicio de la guerra. La población debe apropiarse de las figuras que las organizaciones y el movimiento social han creado para la defensa de la vida y los territorios.

 

DATOS DE CONTEXTO

Las Zonas Futuro se implementaran en 44 municipios y 995 veredas del Pacífico nariñense; el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño; el Catatumbo, en Norte de Santander; El Piedemonte, en Arauca. También se controlará el 38% de los Parques Nacionales Naturales.

«Yo no puedo como feminista defender los cuerpos de las mujeres sino defiendo igualmente al territorio, a la tierra como víctima de la opresión; si es así, no es una defensa política compatible, ni sostenible».
Lorena Cabnal, feminista comunitaria indígena maya- xinka, de Guatemala.
En el documental SANANDO NUESTRO TERRITORIO CUERPO- TIERRA

 

La casa de mi abuela es un corredor largo que atraviesa la mitad de una cuadra. Ahora ella tarda unos minutos más en llegar hasta la puerta para abrirla, el peso de casi ochenta años se ha instalado en sus pies; ya poco funciona lo que antes menguaba el dolor: los remedios caseros, las yerbas aromáticas y el hilo amarrado en el dedo gordo del pie que alivianaba los calambres.

Hace unos días hablé con ella de sus dolores. En algún momento llegamos a hablar de los partos y del fuego que habita el cuerpo de la gestante que extiende su linaje y su sangre (tuvo 6 hijos/as y 2 abortos espontáneos), y mientras me contaba la particularidad del nacimiento de cada uno de sus hijos/as me dijo: “pero ese es un dolor con causa, en cambio este en los pies no me lo aguanto”. Lo único que se me ocurrió decirle fue: “abuela, ¿cómo más podrían estar tus pies después de andar tanto?” De ahí me habitaron muchas preguntas, entre tantas, las formas como mi abuela ha vivido su vida, su casamiento a los 16 años, su primer hijo a los 18, su trabajo permanente en casa, al cuidado de todos y todas, su forma particular en cómo ella dice que expresa el amor alrededor de un plato de comida, y su insistencia en calmar los dolores con las plantas que viven por varios años en el patio trasero de su casa; esto último, de todas las cosas que mencioné y de las tantas más que pensé, es la que me emociona.

Salimos a tomar el sol, tardamos unos dos o tres minutos mientras caminamos directo al patio, aunque estamos a solo unos 20 pasos como mucho; ya mencioné que a mi abuela los años le pesan en los pies y entonces camina despacio, asumo que es así como se camina y se piensa cuando se sabe tanto de la existencia. Llegamos al patio y nos abraza el sol de las cuatro de la tarde. Hago un recorrido con la mirada mientras ella me habla de las plantas que tiene. “Mija, mire el romero, el limoncillo, el cidrón, la menta, la sábila…” Parece saber las propiedades de todas, casi que mientras me nombra alguna me dice para qué sirve. Siempre me ha causado emoción escucharla hablar y probar sus remedios para hallar el alivio; muchas veces he pensado que finalmente esto de la sanación con la medicina alternativa y sabedora es poderosa por varias razones: primero porque la magia viene de ella, de su saber, de su experiencia; después porque le creo y además confío plenamente en el poder de la naturaleza; y tercero por el evidente amor de la tierra para ofrecernos todo como madre curandera.

Con ello, creo entonces que la relación de las mujeres con las plantas ha sido una experiencia no solo en conexión con la fertilidad y la comparación profunda de la tierra y el útero; de esa energía cuidadora, dadora, creadora; ha sido también la expansión de un linaje que puesto en favor de la naturaleza y de nosotras como parte de ella, ha favorecido el reconocimiento de los cuerpos como espacios primeros de defensa, de sanación, de exploración; ha sido la posibilidad de reconocer el cuerpo no estrictamente como la cárcel del alma, como lo enunciaba Platón; por el contrario, es una afirmación del cuerpo como templo para el alma, lo que significa que estar en conexión con él es estar en conexión con la tierra, ésta relación es recíproca: cuidar de la tierra es cuidar propiamente de mí, defender el territorio es defender propiamente mi existencia.

He llegado hasta ahora a esta relación del cuerpo y el territorio porque confío en que no son dos asuntos que puedan separarse; también porque ésta propia exploración de mi linaje, del camino que han trazado mis ancestras, mis abuelas, mi madre, mis hermanas, es una prueba leal de que buscarnos para encontrarnos, –más allá de las denominaciones a las que acudimos por conformismo– es una sensación que se completa cuando no me desligo de lo que le sucede a los demás seres; y cuando digo esto, quiero por favor que se me exima de cualquier responsabilidad en las definiciones, no solo porque carezco de ellas, también porque son apenas mis propias búsquedas, entre tantas, por ejemplo, me pregunto ¿qué es ser mujer?

La feminidad, como la naturaleza, así como la búsqueda del ser mujer, de comprenderse como humana en el mundo, son denominaciones y construcciones que varían, determinadas por los contextos, por el tiempo en que nacemos y las reflexiones a las que llegamos. Tal vez, lo que es ser mujer para mi abuela, puede no serlo para mí, y esto no es una sentencia divisoria, precisamente porque no es una búsqueda sencilla, ni resuelta a la primera; a veces esta pregunta es incluso el camino por el que transitamos pero no el lugar al que llegamos.

Intentar comprender lo anterior, o a lo mucho compartir nuestras propias experiencias como mujeres en el territorio, en reconocimiento de nuestros cuerpos también como territorios, es la posibilidad de reflexionar sobre diferentes prácticas que nacen del vientre del capitalismo y el neoliberalismo, sistemas imperantes que como pestes contagian los cuerpos, viéndolos exclusivamente desde la productividad, la reproducción, la sostenibilidad de la vida en función del dinero, de la explotación, de la imposición de maquinarias que sobre nuestros territorios habitan de igual manera nuestros cuerpos. Sin preámbulos románticos escribo aquí lo que Maritsella Svampa, una socióloga e investigadora argentina, resume en la siguiente frase para dar cuenta de lo que el capitalismo, el neoliberalismo y el patriarcado ven en la naturaleza: «la naturaleza es una mujer que debe ser conquistada y que aunque se resiste, debe ser violada para que entregue sus secretos».

Sé que es una sentencia fuerte y dolorosa, pero estaría mintiendo si quisiera omitirla. Las violencias estructuradas e impuestas en nuestros cuerpos son claras igualmente en la relación con el territorio; por ello, me siento en la obligación amorosa de reconocer la lucha de las mujeres en cada territorio, desde su cuerpo hasta la tierra, porque justamente han sido estas resistencias las que han permitido revelar las violaciones sistemáticas de los patriarcas, de los opresores, de quienes ostentan con el título de conquistadores, descubridores. Las luchas de las mujeres nacidas al calor de los movimientos sociales, de los barrios, los campos, las comunidades indígenas, de los salones comunales, de los centros rurales, de las aulas de clase, de los patios de sus casas, de las conversaciones sinceras alrededor del fuego y las yerbas, han posibilitado que la historia, y entonces la naturaleza humana, encuentre un lugar en el verbo para literalmente hacerse carne.

En este sentido y en reconocimiento de la sabiduría de nuestras ancestras, es importante insistir en la admiración por las experiencias de las mujeres campesinas, indígenas, lideresas, madres y abuelas, quienes en ese encuentro fraterno con el territorio, y un vínculo sincero con la naturaleza, han comprendido la esencia realista de existir, eso de que soy porque somos, de que la tierra no es más que la extensión de un cuerpo común que respira, duele y siente en favor y correspondencia a lo que respiran, duelen y sienten quienes le habitan, le protegen, e incluso quienes le explotan.

El territorio es un cuerpo que somatiza lo que le pasa al mundo; así como el cuerpo de mi abuela es un territorio que somatiza lo que el tiempo ha traído.

Me he quedado mirando a mi abuela fijamente y capturé para mi memoria una de las imágenes que quiero que siempre me acompañe: ella aun respirando el aire, tocando la tierra e intentando agarrar la rama de un árbol para alcanzar más fácil una guayaba verde. Desde siempre, cuando tomo una bebida de yerbas huele a mi abuela. Que sea esta una oportunidad para dejar escrito en tinta negra que a ella y a todas las sabedoras de la tierra les pinto en el cielo con el arcoíris el color de la gratitud. Gracias por enseñarnos a tantas que ser mujer, resistir, defender y cuidar de nuestros propios cuerpos, es también gritar, resistir y defender el cuerpo colectivo y comunitario: el territorio, la tierra, el conjunto de bienes comunes que nos permiten encontrarnos con el antagónico del capital: la humanidad.<

Unidapp, ese es el nombre que un grupo de trabajadores y trabajadoras de las plataformas le han dado a su organización sindical recién constituida. Desde hace algunos meses venían trabajando en la idea y con el apoyo de varias ONGs y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dieron este paso para seguir en la lucha y conseguir mejores garantías.

El sindicato Unidapp busca llegar a los trabajadores y trabajadoras de plataformas a través de una app que pronto estará disponible en las tiendas de aplicaciones. Usarán la tecnología como aliada para crecer en membresía y defender de una mejor manera sus derechos.

En un comunicado que han dado a conocer este martes dicen: “Hoy empieza una nueva etapa para los trabajadores de plataformas en el país. Somos una organización sindical sólida y dispuesta a llevar nuestras exigencias a todas las instancias judiciales, legales y administrativas, ¡Hasta que tengamos derechos laborales!”

Las luchas que persisten
Han sido varios los intentos que los trabajadores de plataformas han tenido para organizarse en el país. En años anteriores, los trabajadores han hecho movilizaciones y han iniciado movimientos que han tenido alcance nacional, pero las aplicaciones los han bloqueado y muchos de los líderes han tenido que buscar otros empleos y dejar abandonada la idea de organizarse.

Pero esta vez parece ser distinto. El grupo está ya más consolidado y animado con lo que ha pasado en otros países donde las justicia les ha dado la razón y ha dicho que los trabajadores de plataformas no son autónomos y que tienen un patrón, que en este caso son las aplicaciones para las cuales trabajan.

Desde inicios de la pandemia, con el apoyo de ONG´s como Temblores, Viva la Ciudadanía, Defens, el Centro de Solidaridad y de la Central Unitaria de Trabajadores. Se han venido organizando y aprendiendo sobre lo que es un sindicato.

Andrés Barbosa es uno de los trabajadores que hoy lidera Unidapp. Trabajaba para Rappi, pero en medio de la pandemia surgieron varios problemas con su cuenta en la aplicación. El último de ellos fue un cobro por $500 mil pesos, el cual se negó a pagar porque dice que le hackeraron la cuenta desde adentro y que le hicieron un fraude. Nadie le solucionó su problema y él hizo la denuncia pública e inmediatamente comenzaron a llamarlo de todo el país comentando casos parecidos y felicitándolo por atreverse a denunciar.


“La gente empezó a escribirme sus problemas y en menos de una semana por lo menos mil personas me habían escrito. Yo no sabía qué hacer. Escuché historias realmente tristes de compañeros con personas enfermas en sus casas, con hijos, en una situación muy compleja por la pandemia”. A raíz de eso, Andrés y otro grupo de compañeros decidieron tomar la vocería y crear el Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales. Con este nombre convocaron a una primera manifestación en agosto. Barbosa calcula que unos 4000 repartidores salieron ese día a las calles de Bogotá a manifestar su inconformismo, y esto los animó a seguir adelante.

El naciente Movimiento escribió derechos de petición a varios ministerios y se comenzó la articulación con las ONG´s y con varias universidades. “Comenzamos a tomar fuerza y comenzamos a aprender sobre cuál era el debido proceso y decidimos conformar un sindicato con el fin de poder reclamar nuestros derechos. Ahí fue donde comenzaron a proyectar lo que será la aplicación y lo que será el primer sindicato que funcionará por una app.
“Empezaremos una fase de afiliación a través de una página web y ahí recibiremos sugerencias para tener la aplicación en menos de 15 días”, dice Barbosa.

 

Los reclamos de los repartidores afiliados a Unidapp
Son muchos los problemas que se les presentan a los trabajadores de plataformas. Los principales según Andrés Barbosa son: los bloqueos injustificados, tarifas injustas, el sistema de puntos que genera competencia desleal, los fraudes, la corrupción y la venta de maletas. También exigían el derecho a la defensa y transparencia con las propinas.

Y así con esas ideas armaron un pliego de peticiones que el pasado mes de agosto le presentaron a las empresas, a los Ministerios de Trabajo y de Tecnologías de la Información y la Comunicación y a la superintendencia de Industria y Comercio. Buscaban que estas fueran garantes ante las plataformas y pudieran negociar. No ha pasado mucho en ese sentido, pero si han fortalecido su organización, tanto para llegar hoy en día a formar lo que será Unidapp.

Por su parte, Sandra Muñoz, abogada del Centro de Solidaridad dice que han venido desde hace más de un año apoyando a los trabajadores de las plataformas en sus reclamos. “Lo que hacemos nosotros es apoyar la estrategia de comunicación, de organización, jurídica y de incidencia política para que el movimiento tenga un respaldo”.

Muñoz afirma que han aplicado dos encuestas en las que han encontrado que más del 80% de los trabajadores solo lo hacen con una aplicación. En su mayoría trabajan para Rappi que es la plataforma más grande que hay en el país. “Hemos encontrado que son trabajadores sin seguridad social, que les pagan una suma irrisoria por cada domicilio, que no tienen pago de incapacidad y de pensión de invalidez”, dice la abogada.

Otro de los problemas que tiene la principal aplicación del país es el gran número de repartidores. Se estima que son cerca de 45 mil personas que trabajan. Al parecer, bloquean injustificadamente a los que llevan algún tiempo como repartidores para poder ingresar nuevos rapitenderos, como ellos los denominan.

Las plataformas tampoco permiten que sus trabajadores se organicen. Cuando realizan cualquier tipo de protesta son bloqueados y no son admitidos nuevamente.

El apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), principal central de trabajadores de Colombia ya le ha dado todo el apoyo Unidadpp. Fabio Arias, Fiscal de la central dice que la creación de este sindicato les parece una extraordinaria noticia. “Este es un sector al cual les niegan absolutamente todos los derechos y ahora se organizaron y crearon un sindicato a la medida de las nuevas tecnologías”. Asegura que quieren lograr que el Ministerio de Trabajo les llame la atención a los empresarios dueños de las plataformas.

De la misma manera, la CUT expidió un comunicado que respalda al naciente sindicato Unidapp. Diógenes Orjuela y Edgar Mójica, presidente y secretario respectivamente, firman la comunicación que dieron a conocer.
“Los empresarios, en la trillada lógica de reinventarse, promocionan como fenómeno de innovación y creatividad, la llamada economía colaborativa y su modalidad de vinculación a través de plataformas. Se declaran generadores fértiles de empleo y son la solución a los problemas de ingresos de los trabajadores a partir de mutación a emprendedores”, dice un párrafo de la comunicación.

Asegura la CUT que hay una dinámica de súper explotación por parte de las plataformas para con los trabajadores. Ya no existe la jornada de 8 horas porque se debe estar conectado más de ese tiempo para alcanzar un salario mínimo. Bajo esta modalidad de trabajo tampoco hay seguridad social ni derecho a la pensión. “Así tendremos a futuro una legión de indigentes que fueron productivos durante su vida y que enriquecieron con su sudor a quienes los sometieron al abandono”.

En otro de los párrafos el comunicado dice: “En circunstancia tan vulnerables es muy difícil decidir a organizarse, pero la única opción para revertir este guion es pensarse en colectivo, verse como víctimas del mismo empleador; concebirse como miembros de una misma clase, que han encontrado que sus intereses son comunes, que la necesidad es la misma, que son los mismos sueños los que han frustrado y, en consecuencia, es la misma lucha la que han de librar”.

Finalmente, la CUT expresa el apoyo a Unidapp y hace un llamado para que se denuncie y se luche por los derechos plenos de los trabajadores y por condiciones dignas de empleo y de seguridad social.

En el Oriente antioqueño hay un nuevo capítulo en la defensa del río Cocorná. A la que Cornare, la autoridad ambiental, insiste en que cumplió la Ley al otorgar el 13 de febrero de 2020 la licencia ambiental a la firma Taborda Vélez & CIA para construir el proyecto Cocorná I, el cual generaría 7.72 megavatios de energía, el Movimiento Social por la Defensa del Agua la Vida y el Territorio (Movete) insiste en que Cornare favoreció a la firma en el proceso de licenciamiento.

Un mes después de otorgar la licencia, el 18 de marzo, Sebastián Agudelo, líder de Cocorná Consciente y profesionales del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y la Corporación Jurídica Libertad radicaron ante Cornare la solicitud de revocatoria directa.

La respuesta llegó seis meses después, el 17 de septiembre, en ella Cornare resolvió no acceder a la solicitud, una decisión que suponía la contraparte. Por esta razón es que el 11 de septiembre Sebastián Agudelo, acompañado por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), radicó una acción de nulidad en el Tribunal Administrativo de Antioquia y solicitó medidas cautelares para que no se construya la pequeña central hidroeléctrica mientras el Tribunal resuelve de fondo el conflicto.

Una larga disputa
“El Tribunal es la competencia para conocer las acciones que se adelantan contra Cornare, lo que hacemos frente a ello es que declaren la nulidad del acto administrativo que da la licencia”, dice Isaac Buitrago, investigador de CJL.

Parte de la resistencia hacia este tipo de proyectos de energía en Cocorná surgió con la construcción de los proyectos El Popal, El Molino y San Matías, los cuales generaron desplazamiento, destrucción de algunos de los charcos más importantes del pueblo y la destrucción de un complejo panelero.

Además, y es uno de los argumentos del Movete, de que el Oriente antioqueño ya cumplió con su cuota de generación de energía en el país, pues allí se genera casi el 30% del total nacional y la oposición a este tipo de proyectos también fue una de las causas del exterminio del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

En esa región se ubican las grandes centrales hidroeléctricas de Guatapé, con el embalse de El Peñol (1972), Playas, en San Rafael (1979), San Carlos y su embalse Punchiná (1984), Jaguas y su embalse San Lorenzo (1988) y la PCH Calderas (1988).

Según el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente antioqueño, este tipo de proyectos implicó “la inmersión de la región del Oriente antioqueño dentro de las dinámicas y lógicas del conflicto armado del país. Efectivamente y en esta misma época, las guerrillas de orientación marxista y creadas en el contexto del socialismo real y de la revolución cubana, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y Ejército de liberación Nacional ELN, comienzan a hacer presencia en el Oriente Antioqueño”.

Luego de esto, de la derrota militar de las guerrillas en esa región y de la desmovilización de los grupos paramilitares, allí se dio un auge en la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, de generación estimada de 10.000 KW o menos y construidas a filo de agua y sin embalse. Según la investigadora Nathalia Ávila, esto se da por el auspicio “del Estado Nacional por medio del decreto 2820 de 2010, en el cual se establece que las empresas no tienen que pagar transferencias para estas construcciones y que no necesitan solicitar licencia ambiental, es decir, que no necesitan de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que los permisos son otorgados bajo la figura de concesión de aguas. De esta manera, no solo los principales ríos del Oriente Antioqueño se encuentran ya intervenidos por estas construcciones, como el río Cocorná con la PCH el Popal, el río Guatapé con las Centrales hidroeléctricas San Carlos, Playas y Guatapé, el río Calderas con la PCH Calderas y el río Nare con la Central Hidroeléctrica de Jaguas, sino también, con el auge de las microcentrales, [han solicitado licencia para proyectos hidroeléctricos en] pequeños afluentes, quebradas y cascadas, el río Santo Domingo, la quebrada de Granada, río La Paloma, la quebrada de Alejandría, el Río Melcocho, entre otras”.

En esa dinámica está inmersa la disputa por el río Cocorná. Mientras algunas organizaciones y colectivos defienden los ríos, empresas públicas, privadas y mixtas continúan pujando por explotar una región propicia para los proyectos hidroeléctricos.

De acuerdo con Cornare, en su jurisdicción (conformada por municipios del Oriente, dos del Nordeste y uno del Magdalena Medio) hay 26 PCH. De estas, 7 están en funcionamiento, una en construcción y las demás sin construir. Todas con licencia ambiental, como la PCH Cocorná I. A lo anterior se le suman 8 proyectos a filo de agua: 5 están generando energía, uno está sin construir, otro no está generando y otro corresponde a una autogeneración.

Medidas cautelares para el río Cocorná
En ese contexto se enmarca la defensa del río Cocorná. Cornare dice que la revocatoria de la licencia ambiental solo aplica si es el titular quien lo expresa por escrito, es decir, Taborda Vélez & CIA, la firma beneficiada. Agrega la corporación ambiental que la firma entregó la información en los tiempos y términos exigidos y que la licencia ambiental sigue en firme.

Por eso es que se radicó la acción de nulidad en el Tribunal Administrativo de Antioquia. Dice el documento que Cornare “desconoció el término señalado en la norma y procedió a extenderlo, pasando este de un mes a cuatro meses tal y como quedó consignado en el Acta de reunión N° 112-0617 fechada el 15 de junio de 2018. Posteriormente, CORNARE lo extendió a cuatro meses más mediante Auto N° 112-0926-2018. Dado que el peticionario no allegó la información completa, nuevamente la autoridad ambiental otorgó un plazo, esta vez de cinco meses según consta en el Auto N° 112-0383-2019. En total, CORNARE, concedió a la empresa TABORDA &VELEZ CIA un plazo de trece meses para la entrega de la información requerida”.

Señala el documento que con los plazos que exceden los establecidos en la ley, Cornare vulneró el principio de imparcialidad. Además, durante el trámite de licenciamiento dicha autoridad ambiental debió negar o archivar la licencia, pues la sociedad Taborda Vélez & CIA “demostró durante todo el trámite su falta de diligencia para acatar los requerimientos hechos por la corporación y esta actitud es, en sí misma, un riesgo insoportable para dejar en sus manos la realización de una obra potencialmente dañina del ambiente y de los derechos de quienes lo habitan”.

Otro de los argumentos es que Cornare otorgó la licencia ambiental sin que Taborda Vélez & CIA hubiera cumplido con todos los requisitos. Oladier Ramírez, secretario general técnico de Cornare, le dijo a la Agencia de Prensa IPC que la norma les permitía otorgar los plazos y que, frente a los requisitos, “quedamos en que de esos 19 [requisitos faltantes] cumplieron 11 totalmente. Y quedaron 8 que no son determinantes para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, les faltó un capítulo que pueden presentar en la fase de inicio del proyecto. Mal haríamos nosotros decirles que les negamos por esos ocho requisitos que no son determinantes para el proyecto”.

A pesar de lo que dice Ramírez, en la acción de nulidad se asegura que “otorgar la licencia pese a reconocer la incompletitud de la información precisada para evaluar la viabilidad de la obra, constituye una degradación del proceso de licenciamiento puesto que otorgar una licencia no puede ser 'autorizar sin conocer'”.

Además de que se señalan inconsistencias en el estudio de impacto ambiental, asegura el documento que se vulneran derechos colectivos como al medio ambiente sano o el de las víctimas del conflicto armado que están en condición de retornadas. Para María Botero Mesa, integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, “hechos como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la privación arbitraria e ilegal de niños fueron significativas en la vereda La Esperanza [cerca del proyecto hidroeléctrico]. Gran parte de los habitantes de esta vereda son víctimas del conflicto armado. Además, gran parte de la población está retornando a sus territorios y las garantías de seguridad deben estar relacionados con que en su territorio no existan amenazas asociadas a proyectos de desarrollo que las pongan en riesgo nuevamente”.

La acción de nulidad solicita que se rechace la licencia ambiental y que haya un “claro llamado a la entidad y el ministerio público para que se haga una revisión exhaustiva de todas las licencias otorgadas que compartan similares características, pues la entidad misma ha reconocido algunas falencias en otros proyectos de Centrales Hidroeléctricas”.

Dice Isaac Buitrago que le solicitaron al Tribunal que ordene la suspensión de la licencia hasta que no haya sentencia definitiva y que esto se trata de una medida cautelar que busca que no se adelante la construcción para preservar las condiciones actuales del territorio hasta que haya una sentencia. María Botero coincide en que solicitaron esa medida ante el riesgo evidente de la población, especialmente la que está retornando, por lo que “debe haber garantías para ese retorno.”

Mataron a Carlitos Navia en Argelia, informaba un mensaje de WhatsApp mientras discutíamos con la Procuraduría, el Ministerio del Interior, y los responsables de derechos humanos del Ministerio de Defensa, la importancia de proteger las vidas de los líderes y lideresas de las comunidades de la región, y también a los cientos de participantes que pretendíamos llevar una voz de aliento y esperanza a nuestros hermanos y hermanas del Cañón del Micay, un hermoso lugar entre los municipios de Argelia y El Tambo, empalizado por gigantescas y afiladas montañas que se tejen unas con otras en el bello pero desangrado departamento del Cauca.

Ese 26 de octubre, tres días antes de iniciar la Caravana, la noticia caía como balde de agua fría. Era una advertencia de los grupos armados a los organizadores de la acción humanitaria y a las comunidades para que no se involucraran en la preparación ni participaran. Cobrar vidas a los concejos comunitarios de los Pueblos Negros, a los liderazgos sociales, a campesinos y campesinas que se oponen a la fumigación con glifosato, defienden la sustitución voluntaria de la hoja de coca, y piden la implementación del Acuerdo de Paz, es moneda corriente en el Cañón del Micay, y en casi todo el departamento del Cauca. Esa era la principal razón que nos empujaba a viajar desde diferentes regiones del país hacia un lugar desconocido donde se asesinan a nuestros hermanos y hermanas en medio del mayor abandono estatal. Abrazar, mirar sus rostros, ofrecer una voz de esperanza y llamar la atención de la sociedad y el mundo sobre esos rostros era nuestro objetivo. También sacudir a los entes estatales y gubernamentales, cuya acción y omisión son cómplices del genocidio que allí se adelanta.

Nada iba a detener la Caravana, mucho menos el miedo. Pero el día 29 de octubre, después de cerrar una reunión con la gobernación del Cauca y con las fuerzas militares y de policía en Popayán, justamente para coordinar todos los asuntos de seguridad y debatir sobre la grave situación de violencia y falta de soluciones, llegaron más malas noticias. Al senador indígena Feliciano Valencia, quien anunció públicamente su presencia en la Caravana, le hicieron un atentado, tres impactos de arma de fuego penetraron en el fuselaje de su vehículo blindado en Tacueyó, norte del Cauca. Al mismo tiempo, en el corregimiento de El Plateado, a donde pretendíamos llegar el 31 de octubre, se presentaban hechos que lamentar: el asesinato de un hombre mayor, invidente y muy apreciado en su comunidad por ser un boticario, al que hombres uniformados y fuertemente armados sacaron de su casa y ultimaron a bala; la quema de un vehículo frente a una estación de servicios y un enfrentamiento armado entre los grupos que imponen su ley allí. Al fuego le caía más combustible.

Para aumentar la tensión y convencernos de que no debíamos continuar, con excusas todas las instancias del gobierno y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y la integridad de las personas se negaban a acompañar de manera directa la acción humanitaria. También la Mapp OEA y otros entes internacionales que solo se remitieron a estar atentos y dispuestos a levantar su voz para prevenir y denunciar cualquier hecho grave. El techo de tanta irresponsabilidad y mala voluntad gubernamental llegó con las declaraciones salidas de la boca sucia del consejero presidencial Emilio Archila, quien manifestó públicamente que la acción humanitaria de la Caravana no era más que politiquería, y que lo que pretendíamos era aprovechar la muerte de los líderes y gente de la región para dividir a los colombianos, hágame el favor.

A pesar de todo la Caravana encendió el motor, solos íbamos nosotros, el pueblo. El 30 de octubre, siete chivas repletas de valor y dignidad negra, campesina, indígena y mestiza. Tambores que no dejaban de latir como los corazones de los cerca de 500 entusiastas y valientes armados de solidaridad y amor. Del frío al calor, de la montaña al valle, del verde oscuro al claro. De las curvas suaves de la carretera gris pavimentada, a las pronunciadas, estrechas y empinadas de la carretera destapada que bordeaba los precipicios. No tomen fotos, si nos encontramos a los armados dejemos que los encargados hablen, no los miren, a ellos no les gusta, cuando lleguemos nadie puede andar solo, orientaban los encargados de derechos humanos. Y así, entre alegrías, cantos y el retumbar de las tamboras que alejaban al miedo, llegamos entrada la noche al municipio de Argelia. Nos esperaban chicas y chicos jóvenes, en motos y vehículos con banderas blancas y avisos de bienvenida, también, curiosamente, los caballistas del Micay, quienes en hermosos ejemplares conducían al grupo que daba la bienvenida.

Era de noche, y sin embargo la gente salía a las puertas y ventanas para mover sus manos y mostrar su sonrisa en señal de saludo y aprobación. Llegamos al colegio que nos hospedaría, en el que nos juntaríamos por tres días a convencernos de que el poder de la unidad y la solidaridad era capaz de superar hasta la muerte. Cada uno y cada una armó su carpa, sacó su plato y su cuchara, comimos, los que pudieron se bañaron. Esa noche dormimos profundamente, en los sueños también nos acompañamos y nos dimos fuerza para seguir con nuestra aventura en la madrugada siguiente.

El 31 de octubre todos a bañarse y desayunar muy temprano. Nos esperaba un caluroso día en el parque central de Argelia. Mientras unos coordinaban con los procesos y autoridades civiles del municipio, otros y otras afilaban sus pinceles, pulían sus artes de ventrílocuos, peinaban sus muñecos, afinaban sus instrumentos musicales, hacían sus últimos ensayos de baile y canto. Era un día para conocer a la gente de Argelia, jugar con los niños y las niñas, dejar huella en las paredes y en la memoria de sus habitantes, hablar desde el lenguaje del arte. Había que ponerse presentable para la ocasión.

Jonathan, el alcalde, dijo aquí estoy para las que sea, cuenten conmigo. Y así fue, él y su secretaria Natalia se pusieron la diez, como dicen. Participaron en las actividades, asistieron y saludaron los actos. Nos contaron que en Argelia han asesinado este año 51 personas, 30 en el municipio de El Tambo, y en los alrededores por lo menos 20 personas más, o sea que las muertes violentas en esa región superan los 100 casos. También nos compartieron su pesar y malestar por la falta de compromiso gubernamental con la implementación del Acuerdo de Paz. Es una pena que mientras en su municipio más de 11.400 familias campesinas trabajaron de manera comprometida la propuesta para el programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), el gobierno no haya salido con nada, pero si haya sacado pecho públicamente diciendo que ha trabajado en ese programa en la región, cuando sus propuestas son para tan solo 150 familias.

Desde las 10 de la mañana el parque central se colmó de actividades culturales, musicales, artísticas, murales, clases de percusión, de malabares, y elaboración de pancartas, fue un día del color y el tamaño de los sueños de la noche anterior. Los excombatientes y procesos sociales del corregimiento El Mango tenían preparada una sorpresa, una invitación a almorzar y compartir con esa comunidad, allí los rostros de alegría y esperanza también le dieron la bienvenida a la Caravana. El sol se ocultó tras las siluetas de los artistas, los comunicadores y comunicadoras, los defensores y defensoras de derechos humanos, y las manos levantadas diciendo adiós y gracias.

La noche cerró tensa, aunque no se dijo nada públicamente, en la Asamblea convocada para preparar la salida de madrugada hacia El Plateado, nuevos mensajes de amenaza y advertencia llegaban desde ese corregimiento. No vengan por aquí o aténganse a las consecuencias; el que asista o apoye la Caravana será declarado objetivo militar. Como si hubiera sido una orden, el colectivo omitió hablar del tema, nadie quería negarse la posibilidad de asistir en cuerpo y alma a percibir con sus sentidos el dolor de esos compatriotas que en la oscuridad de sus miedos esperaban ansiosos las voces, los abrazos y los mensajes de paz y de esperanza. La decisión estaba tomada, no ir al Plateado significaría dejar que venciera el miedo y la violencia, dejar un mensaje de derrota en la comunidad.

Por eso muy temprano estábamos desayunados y montados en las chivas, ahora eran 10 totalmente repletas, unas 700 personas. Durante casi cinco horas transitamos por un paisaje lleno de retazos de diferentes tonalidades verdes, cadenas interminables de montañas, empinadísimas todas sembradas de coca, ni una mata de plátano o de comida, siete estaciones de servicio de gasolina, ventas de insumos. Entre la maleza asomaban tímidos soldados de rostros imberbes. Antes de llegar al Plateado pasamos por varios poblados, El Mango, Puerto Rico, Sinaí, entre otros, llenos de negocios de toda clase víveres, ropa, aparatos electrónicos. La gente salía a las aceras y a las ventanas a saludar la Caravana con banderitas blancas en sus manos o fijadas en sus ventanas. Para ellos, la coca no es cocaína, es una mercancía que hace parte de su vida cotidiana, es la base de su economía familiar. Hay otros, los que están detrás del negocio transnacional del narcotráfico, que sacan provecho del trabajo de los que la cultivan y la cosechan, gente muy poderosa, que no vive por allí cerca, que la compran, la comercializan y la trafican, que cobran por dejarla pasar o miran para otro lado mientras entran los insumos, las redes delincuenciales, y sale la cocaína.

Llegamos al Plateado, mucha gente en las calles. Nos miraban tratando de evitar nuestras miradas, evitando la sonrisa, pero los niños, las niñas, y sus manitas, no sabían mentir, se movían para saludar ese extraño montón de gente sobre los techos de las chivas tocando tamboras y derramando colores y sonrisas. Igual que en el casco urbano de Argelia, el parque central se colmó. Nada resiste a la música, la fotografía, el arte creador. Aunque la intervención del alcalde de Argelia fue interrumpida por un coincidencial corte del fluido eléctrico, la actividad no se detuvo, las tamboras y las baterías del pueblo negro venían recargadas. De nuevo la galería de la memoria acercó a los habitantes de El Plateado que querían recordar los rostros de los que ya no están por causa del genocidio.

Salimos casi tres horas después de nuestro arribo. Esta vez había más gente despidiendo la Caravana, el miedo ya no estaba ni siquiera en los hombros tensos de la mayoría, el peso de la tensión se aligeró y dio paso a un sentimiento de éxito, de satisfacción por el deber cumplido, ese que solo paga la alegría y el agradecimiento de la gente a la que queremos, la que se parece a nosotros, la gente del pueblo.

Llegamos de nuevo a Argelia, embriagado de satisfacción, la evaluación fue en general positiva. Hay que seguir adelante, la Caravana no termina aquí, hay que hacer una o varias audiencias en el Congreso de la República, como acordamos con el senador Feliciano Valencia, Colombia y el mundo debe saber de las voces de las propias comunidades del cauca, las verdaderas razones de su desgracia y, por supuesto, las propuestas para parar la muerte y detener el genocidio.

El 1 de noviembre del año pasado, los directivos de Indupalma reunieron a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa para anunciarles que se someterían a un proceso de liquidación voluntaria motivada por una crisis económica. Pero Sintraproaceites, el sindicato de la empresa, sospecha que con la liquidación pretenden acabar con la Convención Colectiva y con las demandas laborales del sindicato.

El 2020 será recordado en la historia como el año de la crisis generalizada, especialmente en términos de la salud pública y sus impactos en la economía y el mundo del trabajo. También ha sido el telón de fondo perfecto para que varios sectores de la economía, entre los que se destaca la agroindustria de la palma de aceite, lleven a cabo cambios acelerados que no necesariamente son consecuencia de estos tiempos de incertidumbre por la pandemia del COVID-19.

Con Covid – 19, la agroindustria no paró
En el contexto de pandemia, el gobierno colombiano, además de declarar el estado de emergencia económica y social, ha expedido más de 40 decretos con el fin de mitigar el impacto del virus en los casi 50 millones de habitantes del país; no obstante, la agroindustria de la palma de aceite al pertenecer al sector de la agricultura estuvo exenta de restricciones y continuó su proceso habitual en el marco de la cadena de suministro. Bajo este panorama debe reconocerse que no todas las empresas del sector adoptaron inmediatamente medidas de protección para la población trabajadora y de salvaguarda de sus empleos e ingresos, sin embargo, éstas fueron demandas encabezadas por las organizaciones sindicales que exigieron la implementación de medidas sanitarias de bioseguridad en lotes de cosecha hasta llegar a las plantas de producción.
La adopción de estas medidas, a diferencia de otros sectores económicos que han visto paulatinamente la afectación de sus actividades hasta llegar al punto de despidos masivos, reducción de salarios, el cierre de sus establecimientos o, en casos más extremos, la declaración de bancarrota, deja al sector palmicultor en un escenario muy favorable, máxime si se tiene en cuenta la última declaración ad-portas del Congreso de Fedepalma 2020 que hizo Jens Mesa Dishington, presidente del gremio empresarial.

Mesa dijo: “Nuestra producción se mantuvo en niveles similares en los últimos tres años después de tener una subida de nivel importante. Este año, en los primeros siete meses, hemos experimentado un crecimiento en la producción comparado con igual periodo de 2019, más de 8% anual. Estimamos que para cierre de 2020 nosotros debemos estar con una producción de 1,6 millones de toneladas”.

Estas afirmaciones y las cifras de la agroindustria muestran como el sector palmicultor está en un momento favorable, tanto en el mercado interno como el mercado internacional. En 2019, Colombia continuó ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en producción con 1,67 millones de toneladas, antecedido solo de los países asiáticos; desde el 2012 el país ha ocupado este lugar por ocho años consecutivos, y el primer puesto en el continente americano.

A nivel nacional el panorama del sector también va en ascenso, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, la palma de aceite ocupa el segundo puesto, en el sector agrícola, como el cultivo con mayor número de hectáreas en el país, antecedido del cultivo de café y seguido por el de arroz y el maíz.

En términos de cultivos agroindustriales, de nuevo la palma de aceite ocupa el segundo lugar en términos de distribución y uso de los cultivos activos por el número de áreas de siembra (546.085Ha) y de cultivo (504.117Ha); el primer lugar lo ocupa el café, el tercero la caña de azúcar, el cuarto la caña panelera y el quinto, y último lugar, el cacao.

En medio de la pandemia esta actividad, de tipo plantación y producción, no contó con muchos perjuicios. No obstante, en términos de demanda, la principal afectación estuvo en la baja de consumo de aceites y grasas por parte, especialmente, de la cadena de negocios que tuvieron que cerrar a razón del confinamiento y las medidas tomadas, sin embargo, las exportaciones compensaron esta disminución.

Según el informe de índice de precios de los alimentos de la Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura- FAO presentado en agosto de este año, “las cotizaciones internacionales del aceite de palma subieron por segundo mes consecutivo en julio”; así también lo manifestó James Fry, presidente de la firma LMC International en una entrevista para Fedepalma.

Fry dijo: “A pesar del efecto macroeconómico negativo en todo el mundo a raíz de la pandemia del Covid-19, el mayor uso del aceite de palma en los hogares ha ayudado a recuperar su demanda. Lo mismo ha pasado en el biodiésel, en donde la disminución de aceites usados y sebo en las mezclas ha impulsado la demanda por aceites vegetales, como el aceite de soya y palma”.

A esto se suma una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ha sido adoptada por los gobiernos de cada país en los protocolos de bioseguridad en términos de prevención para la transmisión del Covid, como son las medidas de limpieza y desinfección, especialmente, del lavado de las manos; y es en este procedimiento que el aceite de palma tiene una incidencia representativa, porque es una de las materias primas para la fabricación de jabones, desinfectantes y productos de limpieza, tanto para el cuidado personal como para la desinfección de espacios. Datos de la encuesta Nielsen revela que en Colombia el incremento en la adquisición de jabón de tocador y antibacteriales tuvo un aumento del 35%, limpiadores líquidos 31%, limpiavidrios 29% y lava loza en un 28%.

La tendencia del mercado de aceite de palma a nivel nacional y mundial muestra para su agroindustria un escenario favorable, tanto en un contexto inmediato aún con Covid, como en el mediano plazo, en términos de post pandemia.

Entonces, ¿qué es lo que va mal en la palma de aceite?
Dos asuntos han preocupado a las y los trabajadores y gremios sindicales de la palma de aceite en Colombia. El primero de ellos asociado a la coyuntura Covid-19 en términos de las medidas sanitarias para salvaguardar la salud y la vida de quienes están vinculados a la producción de palma; y la segunda, de la cual poco se ha hablado, responde a los movimientos que desde finales de noviembre de 2019 algunas empresas han comenzado a jugar declarándose en liquidación voluntaria argumentando una “crisis del sector”.

Si bien la pandemia generó interrogantes al interior de las empresas en términos de hacerle frente, fueron principalmente las trabajadoras y los trabajadores quienes debieron enfrentarse, sin tener cese de actividades, a continuar con sus oficios aun sin que se tomaran las medidas necesarias de bioseguridad. Según el Boletín No. 6 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus publicado en el mes de mayo, el análisis riguroso a 14 empresas del sector para revisar cómo éstas implementaron o no el protocolo sanitario establecido por el gobierno nacional, identificó que la mitad de estas empresas cumplió con la adopción de algunas de las medidas para afrontar la contingencia en términos de prevención y control del contagio; y la otra mitad, no tenía aun ningún protocolo acogido.

Bajo estas circunstancias, la solicitud de las organizaciones sindicales exigía, principalmente, que se suministrara a la población trabajadora los implementos necesarios de protección personal, y aunque se reconoció que los canales de información y comunicación sobre medidas de protección y cuidado eran importantes, la prioridad estaba en la entrega inmediata y continua, de acuerdo a las necesidades, de un kit de protección personal y la adecuación de la infraestructura con medidas de bioseguridad adecuadas.

A su vez, algunas de las empresas, en especial las que se encuentran ubicadas en los departamentos de Magdalena, Santander y Cesar, cumplieron con su deber de garantizar condiciones de trabajo digno y decente al tomar medidas “para salvaguardar los empleos o ingresos de los trabajadores, evitando figuras como la suspensión o terminación de contratos laborales y, optando en cambio por la aplicación de vacaciones adelantadas o licencias remuneradas”. No obstante, el panorama y la adopción de medidas, según lo señala el informe, varía de acuerdo al tamaño de la empresa. En este sentido, se estima que en las pequeñas agroindustrias son más escasos los protocolos o procedimientos adoptados.

El otro hecho coyuntural, y en el mismo nivel de preocupación que el Covid-19, es la reorganización empresarial que podría estar sucediendo en algunas de las empresas del sector o de casos de liquidación voluntaria como el que lleva actualmente Indupalma, una empresa que en 2019 estuvo dentro del ranking de la Revista Dinero de las 20 mejores empresas de palma de aceite calificadas por sus utilidades. ¿Cómo pasa Indupalma de estar durante los últimos 3 años dentro de las 20 empresas más prósperas del sector a declararse en liquidación voluntaria en razón de una “crisis económica”?

Indulpalma: un caso de liquidación voluntaria que atenta contra la libertad de asociación sindical
Indupalma está ubicada en el Municipio de San Alberto, departamento del Cesar. Desde 1961 ha sido un referente para la agroindustria palmera en el país. Su liderazgo en términos productivos y los procesos que las y los trabajadores agremiados han logrado, la ubican como una empresa modelo.

El 30 de octubre de 2019, en reunión extraordinaria, la junta de socios de la empresa tomó la determinación de disolver y liquidar la sociedad, decisión que se argumenta, según un comunicado divulgado en diferentes medios de comunicación locales y nacionales en:

(…) la situación de la compañía, su carga pensional, las dificultades laborales y temas relacionados con el mercado, han llevado a sucesivas y cuantiosas inyecciones de recursos para capital de trabajo. El análisis de las proyecciones de la empresa justificó la determinación de la junta de socios de disolver y liquidar la compañía.

(…) a pesar de que en los últimos tiempos la empresa había logrado alcanzar una sana estabilidad económica, desde principios del año pasado, ha sido objeto de reducción constante en días productivos que ocasionaron un profundo daño económico.

Para el momento de esta decisión, la empresa contaba con 465 trabajadoras y trabajadores, sin embargo, esta cifra puede aumentar. Se estima que hay alrededor de 1.200 personas trabajadoras mediante empresas tercerizadoras. Valga la pena decir que dichas empresas fueron creadas apenas el año pasado debido a un cese de actividades de los trabajadores. El acuerdo entre Induplama y los tercerizados incluyó la creación de dichas empresas.
En la voz de Sintraproaceites, organización sindical de Indupalma y que agrupaba a más del 50% de las y los trabajadores, la decisión de liquidación voluntaria se fundamenta, principalmente y de acuerdo con declaraciones de Raúl Patiño Núñez a la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical, en que quiere quitarse la “carga” que representan los trabajadores para la empresa. “Quieren acabar con los beneficios que los trabajadores hemos logrado a través de la historia. Además, quieren acabar con la convención colectiva que es la mejor en el sector palmero y con Sintraproaceites”.

La convención colectiva de trabajo lograda por el sindicato Sintraproaceites en diálogo con Indupalma S.A., se constituía como un referente a seguir para muchos sindicatos del sector, pues reconocía acceso a créditos para los trabajadores, la garantía del derecho a la educación de hijos e hijas de los mismos, y otro cúmulo de acciones en reconocimiento de derechos humanos en el trabajo. De ahí que las afirmaciones de los líderes sindicales tomen fuerza en la idea de que no solo se afectó la vida de un significativo grupo de trabajadores de la región del Magdalena Medio, sino que se atentó contra una convención colectiva de trabajo que representaba años de lucha, persistencia y negociación sindical.

Entonces es necesario hacer cuestionamientos cómo los siguientes: ¿es la liquidación voluntaria una medida frente a una “crisis” del sector o una forma de violencia antisindical? El caso Indupalma es quizá una alerta para las y los trabajadores de la palma en el país, que ven un crecimiento productivo y de cargas laborales reciente que no concuerda con las ideas de crisis al interior de las empresas palmicultoras.


El panorama anteriormente mostrado da cuenta de que la producción de palma en Colombia se encuentra estable. Aún en medio de una pandemia global, no existe una crisis económica ni productiva del sector, y si por algún motivo una empresa usara la justificación del Covid-19 para tomar medidas que afecten al grueso de los trabajadores, lo más posible es que estén mintiendo. Por ello, hacer un rastreo de la producción de palma de aceite en Colombia se convierte en una tarea de rigor para la defensa de las luchas sindicales en curso.

 

La conclusión es sencilla: ¡la crisis económica de la palma de aceite es un mito!

El punto
Papita no le pone silla ni freno al caballo. Solo le hace unos nudos en la trompa, pone un tapete o una cobija, y a cabalgar. Los maldadosos de Papita y Stiven dejaban que me les adelantara para fustigar a la talladora yegua. Gozaban viéndome sufrir cuando ´Manchita´ aumentaba el galope. Los adultos son igual de maldadosos y burleteros.

Papita es uno de los niños de la flora y fauna humana del punto 9 de la Liberación. Antes de “liberar”, los indígenas Nasa del Cauca “recuperan”: entran a fincas que pertenecen a Incauca u otros ingenios azucareros, queman la caña de azúcar, ocupan esa tierra que estaba sembrada de caña, siembran comida y soportan –una, dos, tres, cinco, quince, quién sabe dios cuántas veces– las embestidas del Esmad, el Ejército y la Fuerza Pública. Los Nasa argumentan que ancestralmente eso era suyo y fue quitado a sangre y fuego; y que para ellos vivir –trabajar y hacerse a lo suyo, a lo propio– necesitan tierra –y que hay algunos que tienen más tierra de la que necesitan o pueden subutilizar. Vista Hermosa, el punto 9 de la Liberación de la Madre Tierra es un punto liberado desde hace cuatro años: la comunidad vive en la tierra que trabaja –aunque cada tanto la Fuerza Pública intenta sacarlos de ahí: arrestados, heridos, muertos, a las buenas, a los tiros… como sea, pero que se larguen de ahí.

Este fin de semana están celebrando 4 años de haber liberado el punto. A metros de la carretera, varios jóvenes y adultos están montando una carpa en la parte más plana de la colina que nos separa de la cocina. La discoteca artesanal es tan grande como las carpas que arman en la Feria de Las Flores de Medellín, la Feria de Cali, o el Carnaval de Barranquilla. Y la cocina: un plástico en forma de v invertida, sostenido sobre 16 guaduas, que cubre un amplio rectángulo de tierra pura y dura; ahí se cocina, se sirve, se comparte y se come. Hoy, en la carpa, hay bingo y baile. Mañana, cuando empiece a morir la tarde, todo el que quiera –sea del punto o no– puede acercase a la cocina por una generosa porción de carne, arroz, papa, y yuca empacada en una bolsa plástica transparente, en la noche show de streaptease, más baile y más chirrincho –el aguardiente artesanal de los Nasa. El domingo, desenguayabe con más tecnocumbia, y más aguardiente caucano.

El punto 9 está ubicado en Caloto, al borde de la carretera que comunica al municipio con Corinto y Miranda. Cerca de la cocina hay varios cambuches, camastros prácticos e improvisados hechos con madera, plástico, y colchonetas. También piscos, gallinas, patos, plataneras, la cancha de fútbol con su evidente desnivel, yucales, frutales y más pancoger. Desde la carretera se puede ver la contaminación lumínica que expele Cali en las noches; las monumentales columnas de humo que escupe algún ingenio; y los potreros inabarcables que antes eran un mar de caña. Al otro lado de la carretera está la formación montañosa, cuyo misterio boscoso permanece majestuoso e impecable. Los Nasa y la gente del punto la usan de retaguardia: a veces corren hacia ella cuando los hostiga el Esmad, como la conocen, la usan para defenderse de una violencia dispar. Aquí la llaman Resguardo. También la conservan, procuran no intervenirla, no alterarla. En la montaña están las disidencias de las FARC, el actor armado, la desarmonía territorial. Al visitante le recomiendan no subirla sin la compañía de la comunidad. La montaña engulle. Algunos la han subido –al rato se oye un disparo– y nunca más vuelven a bajar. En el Resguardo también hay barrios de ladera como los de las ciudades centroandinas, manchas de luz que en realidad son cultivos hidropónicos de marihuana. Este es el norte del Cauca. El valle del departamento, la zona inundada de caña, la más plana y cercana a Cali. Al occidente está la costa caucana, el Pacífico, el embarcadero de la droga y lo “ilegal”. Detrás de la montaña, ósea más kilómetros hacia el sur, está el Macizo, el tejido montañoso, el campesinado.

Hasta 2016, a cinco años de haber empezado a liberar a Uma Kiwe, los Nasa habían logrado cortar 3.500 hectáreas de caña. En total son 13 puntos repartidos en Caloto, Corinto y Guachené. Más de 300 veces la fuerza pública ha fracasado en sus intentos de desalojo. La Liberación cuenta más de 600 personas heridas y más de 10 muertos por los ataques de las fuerzas estatales. Todos los puntos han sido igual de agredidos, pero unos están más liberados que otros, cada uno tiene su ritmo, sus avances, y sus dinámicas particulares. “La Liberación de la Madre Tierra no es un nido dentro del Estado ni dentro del capitalismo. Liberamos la Tierra del capitalismo, nos liberamos nosotros mismos, para volver al tiempo en el que simplemente gozamos la vida comiendo, bebiendo, danzando, tejiendo, ofrendando al ritmo de Uma Kiwe. Somos un nido en el camino de la Madre Tierra, –eso dice de sí mismo el Proceso de la Liberación de Uma Kiwe, que significa Madre Tierra en lengua Nasayuwe–. Sí, señores y señoras: En las fincas en proceso de liberación, hemos fundado aldeas con cocina, letrinas en tierra, charcos para nadar, sede para reuniones, tulpas para nuestras ceremonias sagradas y varias chozas alrededor. Las aldeas de la Liberación han sido sede de reuniones, de juego, de encuentros de capacitación, de mingas artísticas, de llegada de visitantes de muchos lugares de Colombia y del mundo que no quieren ver desde la barrera cómo David encara a Goliat”.

–¿Cuántas hectáreas más quieren liberar? –le pregunté a Don A., el moreno de unos cuarenta años que está al frente de la organización y materialización del festejo del punto 9, el líder comunitario que busca el bosque cuando está triste o discute con alguien.
–Hasta que lleguemos a Tuluá –me respondió muy consciente de los casi 90 kilómetros que separan Tuluá de Cali.

Las más de 200 hectáreas liberadas en el punto 9 no son de nadie. Son de todos, de la comunidad. Todos las trabajan. Todos las protegen. Todos cumplen un rol. El dolor, el trauma, las heridas, los sueños, el cuidado, la(s) responsabilidad(es), el descanso, el goce, las conquistas, también son de todos y todas. Ese es el superpoder del sujeto colectivo Nasa.

K. me cuenta que la disputa ilegal y armada por el control del territorio, y por el control del narcotráfico, está al rojo vivo. A S., la primera vez que vino, le recomendaron no salir a la carretera después de las 6 de la tarde. El punto y la Liberación están, inevitablemente, en medio del fuego. Los niños saben, y te dicen, cuáles son las lujosas camionetas en las que patrullan “los armados”; saben cómo visten y cómo suenan las bombas que dispara el Esmad.

El simbolismo, el trasfondo reivindicativo, la telaraña humana, y el regazo de Uma Kiwe no bastan para contrarrestar la patología armada. Las Disidencias son bandolas de jóvenes indígenas –campesinos, citadinos, afros– que cuando no son reclutados, caen en la tentación de las armas, esas lámparas mágicas que te cumplen cualquier deseo a cambio de matar o empeñar el alma. La segunda noche, a S. lo abordó un joven campanero de las disidencias de menos de 18 años que calzaba unas botas costosas y llevaba una colorida ruana terciada. Le preguntó quiénes éramos, qué hacíamos, y a qué habíamos ido. S. respondió sus preguntas y le propuso ir a la montaña para hacer un trabajo fotográfico y periodístico con ellos. “Nosotros no podemos salir en medios”, le dijo el muchacho.

El domingo en horas de la tarde, un grupúsculo de disidentes tomaba Águila Cero y se pasaba sus revólveres en la mesa de al lado. Fueron los únicos que entraron las motos a la carpa, como si estar armados no les bastara para decir “mírennos, aquí estamos, somos nosotros”. Que no nos preocupáramos, “mientras ustedes estén con nosotros, no les va pasar nada”, nos había dicho Don A. y otras personas de la comunidad. Al parecer los muchachos disidentes –o su grupo– estaban buscando a otro muchacho que asesinaron más tarde en una cantina cercana. La siguiente noche, en redondo, volvimos a hablar con el campanero, con el que averigua, mira, pregunta, y comunica hasta que la información llegue al que, probablemente, le da las ordenes a él. No encontramos rastros ideológicos en su credo armado. La codicia, el afán del dinero y de poder amedrentar a la muchacha que no se quiere acostar conmigo, el pelado que me ganó el chico de billar, el que no me quiere pagar la vacuna o no me está vendiendo la marihuana o la hoja de coca a mí, son el germen que mantiene viva la desarmonía armada. Donde hay coca, y tanta marihuana, hay armas. Y donde hay armas…

En el Cauca casi a diario hay uno –dos, seis, muchos– homicidios. K. también me había explicado que “los armados” respetan el proceso de la Liberación. Por lo general, los muertos son hombres –en su mayoría jóvenes– que pertenecen a algún grupo, que empiezan a “trabajar” con uno y luego se enfilan en otro, que burlan las reglas del “negocio”, o personas –sean indígenas liberadores o no– que incomodan más de la cuenta.

La coca –y en menor medida la marihuana– es medicina ancestral, también codicia vitamínica. Sin rodeos don A. acepta que muchos de ellos plantan y cosechan coca y marihuana. Hay enseres y alimentos que la generosidad de la tierra no puede suministrar. No hay más alternativa –viable y real– de subsistencia en condiciones dignas. A su pesar, todos aquí –directa o indirectamente– sostienen la pirámide. El problema no es un sarpullido causado por el “olvido estatal”, parece más bien algo planeado por una mente calculadora y siniestra. Si no hay quien coseche y cultive, no hay a quien perseguir y culpar. Si no hay a quien perseguir y a quien culpar, tampoco hay quien procese, transporte, y comercialice la droga –que luego el político, empresario o militar se esnifa o legaliza con un negocio de construcción en Popayán o una campaña para el Senado o la Presidencia de la República. Y si no hay quien procese, transporte y comercialice la droga, no hay a quien armar, ni cómo justificar la publicitada “guerra contra las drogas” que difuminó el límite entre lo militar y lo paramilitar. Es la novela de la guerra vista desde un apartamento en Miami, o en el restaurante del Club el Nogal de Bogotá. Es la guerra y la droga imponiendo su ley, gobernando al gobierno. “La vigencia de lo perverso bajo la apariencia de lo normal”, a la que hacía referencia el mexicano Sergio González Rodríguez.

Pero el horizonte de los indios y los Nasa es otro. Tampoco retroceden, ni se dejan amedrentar. Si agreden a uno, agreden a todos. Si un militar –o un disidente, o un indio de la comunidad– dispara contra una persona –una gallina o una casa–, la comunidad en masa –hombres y mujeres– emprenden la búsqueda hasta encontrar al agresor. “Necesitamos que su jefe venga acá y hable con nosotros, porque esto no se puede volver a presentar. Y a partir de este momento usted está en un centro de armonización”, así, palabras más palabras menos, sentencian a los soldados que se extralimitan en sus labores militares y que la comunidad luego logra aprehender. Es su territorio, y en su territorio las órdenes las dan ellos. Los Nasa y los indios son de armas tomar. E. me cuenta que hombres y mujeres se plantan frente a los soldados, los miran a los ojos y les dicen: “Peguelo, hijueputa; péguelo”.

El indio Nasa no tiene armas como las del Esmad, las disidencias, los terratenientes, o el Ejército, pero tiene el territorio de su lado, conspirando a su favor. En el encuentro de Liberadores que hace unos años se realizó en el Punto 1, en Corinto, E. cuenta que ese día cocinaron los hombres que estaban purgando sus penas en los centros de armonización, y que ese día los rodeó el pleno de la “malvada”. Policía, Esmad, Ejército, drones, helicópteros. Los mayores y mayoras mambeaban serenos en la Tulpa. Dieron un parte de tranquilidad, se habían comunicado con los espíritus del agua y presagiaron que caería mucha agua. Más tarde “la malvada” fue dispersada por el infernal aguacero. El territorio también es actor. También se manifiesta, opina. También influye.

Los Nasa y el territorio son uno mismo. Se hablan, se escuchan, se cuidan, se necesitan. En el punto escuché poco Nasayuwe, pero los niños nos dijeron que el arcoíris es el espíritu que vive en el lago. El misticismo y la vitalidad del territorio y de los Nasa brotan en el momento y de la forma menos pensada. Si con insistencia la codicia y los dueños del Estado pavimentan la “vía violenta”, soberbia y vil, los Nasa y el Cauca ofrecen su palabra, su saber, su fuerza, su recursividad, su Tulpa, su corazón. Cuando el Esmad y el Ejército logran tomarse el punto, esperan a que “la malvada” queme el pancoger sembrado, boten la comida, y a los días se vayan, para ellos volver a sembrar, ocupar, y armonizar el territorito. A las mayoras y mayores les profesan el respeto y la devoción que merecen las deidades. Y a las vacas que los soldados del ejército matan a balazos, les dicen “mayoras caídas en combate”.

La Minga
Indígenas, campesinos, y afros del suroccidente querían debatir en plaza pública con el presidente Iván Duque. Demostrarle –con cifras, argumentos y el dolor propio– por qué el suyo es un mal gobierno, y por qué la vida en Colombia vuelve a estar en peligro. El presidente y su gobierno inventaron toda clase de mentiras y teorías para rechazar la invitación. La Minga del suroccidente, entonces, le hizo un juicio político al impopular Iván en la Plaza Bolívar de Bogotá. Ese 19 de octubre las vocerías expusieron algunas cifras: hasta ese día, entre 2019 y 2020 se habían cometido 104 masacres: 36 en 2019 y 68 en lo corrido de este año; una semana después asesinaron 5 hombres en los límites de San Benito Abad y San Marcos, municipios de Sucre.

Las organizaciones indígenas, afros, campesinas, estudiantiles, sindicales, y urbanas que participaron en el cierre de la Minga en Bogotá, también denunciaron que desde la firma del Acuerdo de Paz (a finales de 2016), hasta el 19 de octubre de 2020, habían asesinado a 1.039 líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Según Indepaz, de los 251 líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año, 83 fueron asesinados en el Cauca. El año pasado el departamento registró una tasa de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, 12 puntos por arriba del promedio nacional. El suroccidente colombiano acumula 25 de las 71 masacres registradas este año: Cauca (9) + Nariño (9) + Putumayo (4) + Valle del Cauca (3). Los números cada día se actualizan en el mercado colombiano de la muerte, el homicidio en Colombia –en el Cauca y el suroccidente– cotiza al alza.

El año pasado fue lo mismo. Los indígenas se declararon en Minga y bloquearon la Vía Panamericana, la arteria vial que comunica el suroccidente con el resto del país. Duque dijo que no se sentaba a dialogar con los mingueros en el parque de Caloto porque “no habían garantías de seguridad”. El 9 de abril el presidente estuvo en el municipio y propuso una reunión con máximo 200 personas. La Minga dijo que no, con todos o con nadie, y Duque, el soberbio, se devolvió para Bogotá.

Este año Duque tampoco quiso hablar con la Minga en Cali porque estaba infiltrada por terroristas, guerrilleros y francotiradores, y el Ministerio de Defensa no podía garantizar su seguridad; si la Fuerza Pública del Estado no puede garantizar la seguridad del Presidente, ¿entonces la de quién?, se preguntaban en Cali los voceros de la Minga.

El presi-diario de su incompetencia mandó 5 ministros a Cali a negociar con la Minga. Queremos hablar con el dueño del circo, no con los payasos, le respondieron al gobierno. La silla volvió a quedar vacía y el sur volvió a ser víctima del desplante presidencial. Después de acampar tres días en el Coliseo del Pueblo de Cali, esperar al carrotanque para poderse bañar, y soportar el insoportable olor de las baterías sanitarias, los miles de mingueros decidieron ir hasta la casa del “presidente”. Muchas delegaciones, como las del Resguardo de López Adentro de Caloto que nos arropó a nosotros en la Minga, regresaron a sus territorios para recargar fuerzas y comida. Porque la Minga no está financiada con sangre del narcotráfico, la Minga come lo que siembra y cocina en sus propias ollas. No es violenta, ni armada, es colorida, musical, diversa, y se pronuncia en muchas lenguas. No es socialista –como dicen los seniles fabuladores–, porque practica el “gobierno propio”.

Algunos consideramos desafortunada la decisión de peregrinar en chiva por Armenia, Ibagué, Fusagasugá, y Soacha, hasta llegar a Bogotá. El indio, el campesino y el afro encuentran el sentido de la vida en el hacer: trabajar la tierra, participar en la asamblea, formar la cooperativa, liberar, hacer guardia, marchar, o bloquear la vía las veces y los días que sea necesario. Nosotros osamos pensar y sugerir que lo correcto era bloquear: vías de hecho. Pero la Minga y los mayores tenían razón. El indígena no toma decisiones con la cabeza en llamas. Consulta y discute con el pueblo, con los mayores, con los dioses naturales, y toma, casi siempre, la mejor decisión.

Una mayora le dijo a E. que estaba gratamente sorprendida. Ya no les gritaban “guerrilleros hijueputas, váyanse para el monte a dar bala”, sino que la gente cuando veía pasar la chiva los aplaudía y los alentaba. Sin un solo gesto violento, la Minga logró paralizar y embotellar las vías del país por varios días. Sin un solo fusil, sin una sola lacrimógena, solo con su guardia y sus dignas chontas.

La Minga y la estatua derribada de Belalcazar en Popayán provocaron “clásicas pataletas por el honor hispánico mancillado”, como escribió hace unos días Juan Cárdenas. Este es un país de indios, negros, mestizos, y de tristes y rancios “aspirantes a blancos” que se escandalizan porque un indio tiene celular, pantalón, es dueño de la tierra y tiene los recursos suficientes para viajar a Bogotá. Detrás de ese estupor hay miedo de que los indios no sean los que limpian la mesa en el Club el Nogal, que no sean los que venden manillas y piden limosnas en Cartagena; que dejen de ser tratados como
judíos en su propia tierra.

Casi todos los Nasa –y el indígena caucano en general– lleva en el cuerpo la herida de algún perdigón disparado por el Esmad, o el recuerdo vivo del día que asesinaron algunos de sus hermanos. Es cierto que el indio practica otro tipo de justicia, pero no olvida ninguno de sus muertos. El hecho de que no puedan cancelarles la memoria, les da una segunda oportunidad para seguir con vida.

 

*Se omiten los nombres de los protagonistas porque en Colombia la vida está en peligro

Los periódicos y noticieros colombianos vuelven a ser un espectáculo sangriento. Volvió la horrible noche. Los días y los años en los que nos dedicamos a tabular asesinatos. Vuelve el miedo a gobernar en esos rincones que nunca quiso copar el “Estado”.

La muerte y la violencia volvieron a ser nuestro pan de cada día. Llevamos 71 masacres en 45 semanas. Los miles de líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinados ya no nos caben en las páginas. Y aunque los excombatientes de las FARC no firmaron la paz para que los asesinaran, van 237 farianos y farianas asesinadas violentamente.

Una representativa porción de la sociedad colombiana está cansada de este guión macabro. En los primeros meses del año, cientos de personas peregrinaron desde varios rincones del país para denunciar la crisis de seguridad que se avecinaba. Y hace unas semanas, la Caravana Humanitaria al Cañón del Micay y la Minga indígena, afro, campesina, y popular, nos recordaron que no se deben estimar esfuerzos para reinvindicar la esperanza y el valor sagrado de la vida.

Hoy más que nunca está vigente eso de que solo el pueblo salva –cuida y protege– al pueblo. Somos una nación acéfala, huérfana. El (des)gobierno sigue negándonos la posibilidad de caminar por la calle tranquilas y tranquilos. Pasan los años y el discurso bélico que se publicita desde la Casa de Nariño sigue siendo el mismo. Hay razones de sobra para decir que el derramamiento de sangre es sistemático y vilmente planeado.

Sabemos que se seguirá criminalizando y atacando a quien defienda la vida. Pero ante la muerte y el discurso del odio instaurado en nuestra sociedad por medio de los canales de comunicación “masivos”, no sigue quedando la alternativa de recurrir a la resistencia, palabra dulce y dadora de vida. Atender y escuchar el llamado de nuestros hermanos indígenas, negros y campesinos que durante años han intentado mostrarnos hasta el cansancio que es posible caminar de otras formas más armónicas, más sentidas y profundas, por medio de la autonomía y los planes de vida colectivos. Más al sur lo chilenos también nos demostraron que es posible enterrar el legado sangriento de cualquier dictadura.

En el 2022, tendremos la oportunidad de escoger un gobierno y un Congreso que se parezca a lo que en realidad somos: un pueblo capaz, festivo, diverso, solidario, fraterno, que respeta la vida y recursivo. Mientras llega ese día, tenemos que perseverar en nuestras pequeñas acciones. Hablar y denunciar todo aquello que desde chiquitos nos dijeron que no se podía llevar a la mesa, y ser conscientes del poder político y transformador del voto.

Los procesos sociales y la ciudadanía organizada no retroceden porque primero siempre está la vida.

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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