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En el oriente de Caldas, hacia finales de los años noventa, las poblaciones campesina y pesquera vivían una época dolorosa, no solo por el conflicto armado, sino por el arribo de los proyectos hidroeléctricos como Miel 1, el más grande del departamento de Caldas. Para funcionar, el sobredimensionado Miel 1, además de contar con el embalse Amaní, necesitó del trasvase de los ríos Manso y Guarinó, ríos adicionales a la licencia original otorgada. Luego, en la dirección de la carrera energética, en el año 2016, en medio de denuncias y de un amplio rechazo social, se construyó la hidroeléctrica El Edén en el municipio de Pensilvania, que afectó el abastecimiento hídrico de varias veredas tras el secamiento de las fuentes de agua superficial. Hoy, la región cuenta con más de una docena de proyectos hidroeléctricos sobre sus cuencas. Muchos de estos licenciados o en proceso de licenciamiento por Corpocaldas y por la ANLA.

Cuando vos caminás por las montañas del oriente de Caldas, cuando profundizás en los cañones y te sumergís en sus ríos cristalinos, cuando sonreís con su gente, cuando ves sus bosques milenarios y contemplás la exuberancia de La Selva de Florencia… comprendes el valor infinitamente sagrado de este territorio.

Por eso las comunidades rurales de esta región, después de 20 años de haber recibido sólo los daños socioambientales y ningún beneficio del sector hidroenergético, se oponen, dudan o temen por los nuevos proyectos que se avecinan sobre sus aguas.

Recientemente existe un gran temor por la construcción de la que sería la segunda hidroeléctrica más grande de Caldas, Miel 2. Esta se proyecta a filo de agua con la construcción de un túnel de casi 9 kilómetros y con una capacidad de 120 megavatios/año. Miel 2 es promovida por la Gobernación de Caldas desde 1998; sin embargo, no se ha logrado ejecutar porque tiene un costo de 250 millones de dólares. Razón por la cual prácticamente es un proyecto en venta. En este momento La Promotora Energética del Centro, que opera este proyecto y que además ha cambiado de nombre en varias ocasiones, abrió una convocatoria pública para financiar Miel 2. ¿Quién podrá financiar 250 millones dólares? ¿Quién podría estar interesado en implementar esta hidroeléctrica? Dicen por ahí que podrían ser inversores de China, Canadá o Francia, lo cual aumentaría el riesgo de privatización de los ríos del oriente de Caldas. Recordemos que Miel 1 es propiedad de Canadá y eso quiere decir que parte de las aguas del río La Miel, del río Manso y del río Guarinó ya le pertenecen a Canadá, ni siquiera son del Estado colombiano y mucho menos de los campesinos. Y si Miel 2 fuera propiedad de un extranjero privado, toda la cuenca del río La Miel quedaría privatizada y extranjerizada.
En cuanto a las afectaciones de acceso al agua, se presentan muchos temores porque la población ya ha visto los daños ocasionados por los trasvases y por la construcción del túnel de la hidroeléctrica El Edén que obligaron a varias familias a abandonar sus fincas por la desaparición de sus fuentes de agua. Miel 2 podría dejar sin agua a un gran número de familias en Samaná, Victoria y Marquetalia., esto sumado a las posibles alteraciones futuras en las demás comunidades de la cuenca que se ubican en Pensilvania, Manzanares y La Dorada.

Otro de los grandes temores de la población es la expropiación por vía administrativa. Esta es una de las formas legales de desplazamiento forzoso que emplea el Estado apelando a la “utilidad pública de los proyectos de interés nacional”. Algunos predios del área de influencia de la hidroeléctrica figuran en copropiedad con Miel 2, lo que impide que los campesinos puedan negociar, mejorar y hacer uso de su derecho a la propiedad privada. Este cambio en la propiedad de los predios nunca ha sido informado y de manera arbitraria se le está robando la tierra a quienes por generaciones la han trabajado.

Ante el temor de quedarse sin agua, de perder la propiedad sobre sus fincas y de desplazarse hacia otros lugares, los campesinos y campesinas del oriente de Caldas en compañía de organizaciones ambientales y académicas han creado la Alianza Abrazo al río La Miel.


Abrazo al río La Miel viene articulando pobladores de Samaná, Victoria, Pensilvania, Marquetalia, Manzanares, organizaciones ambientalistas como el Movimiento ambiental campesino del oriente de Caldas, el Movimiento socioambiental Kumanday, Marcha Carnaval Caldas, la Corporación Prodiversitas, organizaciones sindicales como Sintraelecol-Cut Caldas, colectivos comunicativos como Notitires al aire y desde la academia la Universidad de Caldas a través del CEDAT, la Clínica Sociojurídica de interés público y el Proyecto “Modelo ecosistémico de mejoramiento rural y construcción de paz”. La Alianza viene informando a las comunidades sobre los impactos negativos que puede generar Miel 2, realizando acompañamiento sociojurídico, y planteando la necesidad de proteger la biodiversidad de los ecosistemas de la región oriente de Caldas o como también es conocida, la región del Magdalena caldense. Abrazo al río La Miel está abierta a nuevas manos y nuevos corazones dispuestos a cuidar y proteger las aguas y las comunidades de esta hermosa cuenca. Es la esperanza de un río que fluye libre, público, limpio, cristalino, abundante y biodiverso. Que se disfruta de manera libre y consiente. Que le pertenece a quienes lo han conservado por generaciones. Que permite la expansión de la vegetación, de la flora y la fauna en la cordillera central. Esa es nuestra esperanza.

Porque somos un mismo río que va hacia un mismo mar.

Confinamiento, fue la palabra del 2020 según la Fundación del Español Urgente que a su vez agregó otra definición. Todos vivimos su significado cotidiano en una sociedad que se encamina hacia el control de toda forma de vida, donde las palabras relacionadas con “pandemia” (algunos dudan de los criterios usados para llamarle así al Covid), y en este caso, la situación de confinamiento, provienen de la esfera militar. No es raro oír “guerra contra un enemigo invisible”, ver helicópteros y en algunos casos drones encima de los barrios, así como una militarización de la salud pública que debería ser labor de unas instituciones no militares sin financiamiento.

Hablando de la importancia de las palabras y del discurso para generar u ocultar realidades, se podría entrever que la realidad covid y confinamiento es amplificada con una cadena de mentiras y palabras escupidas por los medios masivos que hacen eco de entes gubernamentales, científicos y tecnológicos -como la OMS- y de entes financieros, generando opinión pública que repite sus discursos elaborados para vendernos la vacuna, así como la ideología y la idea de que el Estado y sus fuerzas armadas nos cuidan, y que la ciencia nos salvará mientras el cuerpo se autoinmola y los ”infractores” del autocuidado contagian de “nuevas cepas” a la sociedad, prolongando así las restricciones sobre el contacto social.

El término Confinamiento es cercano a la idea de protegernos y suena más amable que otros como reclusión o prisión, que dejan una sensación más asfixiante y negativa. Sin embargo el diccionario médico de la Universidad de Navarra la define como: “Estancia de un sujeto en un lugar de pequeñas dimensiones, cerrado y no ventilado, en donde se produce la muerte al agotarse el oxígeno”, que no es tan amable y se acerca más a la realidad del confinamiento como una de las manifestaciones de la crisis humanitaria que ha marcado la vida de miles de comunidades y familias en las zonas rurales en medio del conflicto armado.

El Confinamiento pues, va de la mano de la discriminación y los métodos segregacionistas Según Beatriz Montes, en su publicación Discriminación, prejuicio y estereotipos “intentan reducir la capacidad operativa de determinados grupos sociales a través de su confinamiento” generando “graves repercusiones psicológicas como inseguridad, baja autoestima, autoodio y rechazo del propio grupo”
En las narrativas de los grupos armados al igual que las narrativas del brote, a medida que diseminan información, promueven o mitigan la estigmatización de individuos, grupos, poblaciones, localidades y territorios, comportamientos y estilos de vida, y hasta vacían territorios y cambian economías. Confinar ciertas zonas donde las inequívocas tecnologías confirman mayores niveles de brotes y “contagiados” no parece ser diferente a confinar y bloquear regiones señaladas como “nidos de la guerrilla” o de “narcotraficantes” o de “sapos”. Aunque señalamientos como “guerrillero” tienen consecuencias más profundas que señalamientos como “contagiado” o “infractor”, estarían encaminados a fines parecidos.

El confinamiento amable definido en 2020, está muy lejos de la realidad de los barrios marginales donde la mayoría de personas viven de la economía informal, de la necesidad de trabajar en empresas que no paran su producción, de hacer el “recorrido” por otros barrios y plazas de mercado buscando la solidaridad con el alimento. Barrios levantados por familias que fueron arrojadas de su pequeña economía campesina a la urbe, al rebusque, tras vivir confinadas por grupos armados durante años en sus territorios, y muchas arrastrando el lastre y el señalamiento de ser posibles colaboradores de guerrillas, ejército o paramilitares. El confinamiento en medio del conflicto, se da en muchos casos en territorios cercados por el terror, “control social” y las normas impuestas por los actores armados. A los bloqueos alimentarios y de salud, el miedo a ser reclutados o asesinados y a las minas antipersonales, se suma ahora el control y la búsqueda de legitimidad de grupos protectores ante el avance del coronavirus.

Recordemos que la Corte Constitucional en el Auto 219 de 2011, menciona como “causa del desplazamiento y el confinamiento” ciertos intereses económicos de distintos agentes (legales e ilegales) sobre la tierra y los territorios. Según el Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia emitido por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2015, algunos de estos agentes son el narcotráfico, la minería ilegal, los proyectos minero-energéticos y agroindustriales y los “inversionistas de tierras”. Se desconoce aún el nivel de despojo que estas actividades generaron en 2020, sin embargo, los datos presentados en el mes de enero por la Defensoría son alarmantes, aumentó en “al menos un 252 % con respecto al 2019” año en que -según informe del CICR- 27.694 personas en el país estuvieron confinados, de los cuales el 83 % correspondieron a Chocó: Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio, Juradó.

Entre los casos más visibles en 2020, según lo reportado por la Gobernación están Norte de Santander donde “entre el 27 de marzo y 26 de junio, más de 45.000 personas fueron sometidas a confinamiento forzado”, de las cuales el 70 % en el Catatumbo en medio de la guerra entre ELN y EPL (Los Pelusos); Nariño por combates entre Los Contadores, ELN, AGC y GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales); la subregión del Baudó y Pacífico Chocoano por enfrentamientos entre ELN, AGC y GAOR de las Farc. Desde el 31 de diciembre de 2019, las AGC sometieron a confinamiento forzado a cuatro comunidades de Bojayá durante un periodo.

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2016), Granada: memorias de guerra, resistencia y reconstrucción, “Imposibilitar o prohibir la movilidad de los pobladores y sus productos en un contexto rural y de economía campesina, es una de las maneras más atroces de socavar su libertad, autonomía y dignidad” ya que muchas personas pierden el momento de la siembra o de la cosecha, y por consiguiente pierden su fuente de ingresos y de supervivencia, e incluso su cultura y forma de vida.

El confinamiento como una de las estrategias de guerra que cambia hábitos alimentarios y de subsistencia, y genera miedo de ir a cazar, cultivar o salir a comprar, es denunciado por algunos medios de comunicación como el Tiempo y Crisis Group como una de las “principales causas” del aumento en casos de desnutrición infantil y otras enfermedades, incluso muerte en regiones y grupos étnicos de especial protección, como la muerte por inanición de cinco bebés en comunidades indígenas del Carmen del Darién en marzo de 2019.

Es importante traer a colación casos como el de Granada, a dos horas de Medellín, hace un par de décadas donde confinamientos permanentes hasta de dos años, restricciones horarias o la suspensión del servicio de transporte impuestas por los actores armados, generó el “aislamiento” “de las veredas al casco urbano y de este con los municipios cercanos”, así como la limitación del abastecimiento de alimentos, insumos, medicamentos, y de comercializar “lo poco que quedaba”. Y sin poder huir “porque escaseaban los medios para hacerlo”, situaciones que junto al desplazamiento suturaron la economía y vida local campesina. Esta información puede corroborarse en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

La amenaza paramilitar de tomarse el corregimiento de Santa Ana, hecha con volantes desde un helicóptero, y secundada desde la Gobernación de Álvaro Uribe, reforzó el estigma de Granada como pueblo en posición de sometimiento o de connivencia con la guerrilla o “santuario guerrillero” y posibilitó la estrategia contrainsurgente de “quitarle el agua al pez”. La población campesina soportó fuertes presiones, el bloqueo de alimentos y medicamentos a la zona rural, constantes hostigamientos en connivencia de militares y paramilitares y fue obligada “a desplazarse, o en otros casos, a emplazarse en sus territorios”. Aun así algunos labriegos se arriesgaban a pasar comida en mulas y bestias, pero con probabilidad de ser asesinados después y de ser señalados por los paramilitares de llevarle mercado a la guerrilla. Asfixiaron a la población con bloqueos alimentarios, y restricción al máximo la comercialización de productos agrícolas entre la zona rural y urbana, amenazando a mujeres, ancianos y niños que trataban de hacer mercado. (CNMH, 2016)

El comunicado del Comité Comunitario, generado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, resalta que antes que someterse completamente, las comunidades exigían, “que no se moleste al campesino en su movimiento, en su mercado o en los medicamentos”, o “proyectos agrícolas facilitados en gran medida por asociaciones agrarias y redes de comercialización a pequeña escala” como ASOPROA (Asociación de Campesinos y Productores de Oriente Antioqueño), “como respuesta al desplazamiento masivo y al confinamiento”..

En entornos urbanos también hay barrios enteros confinados por fronteras invisibles. Algunos casos conocidos en Buenaventura, el Valle de Aburrá o en el municipio de Bello, donde no se acató la orden de confinamiento y toque de queda nacional sino el encierro como protección ante las balas, asesinatos o desapariciones en medio del conflicto entre bandas narcoparamilitares, situaciones similares vivió el casco urbano de Argelia, Cauca, en medio del paro armado del ELN a fines del año pasado.

En Medellín llama la atención el tratamiento especial y la militarización que la alcaldía dio a la parte baja de las comunas 2 Santa Cruz y 4 Aranjuez como supuesto foco de covid, y curiosamente donde se proyectan desalojos y barrido de barrios para darle continuidad al proyecto Parques del Río y ampliaciones viales.

Aunque el confinamiento es necesario para frenar la “pandemia”, también es un medio para otros fines y “no todos somos iguales frente a esta medida” según afirma Hamza Esmili en entrevista publicada el 12 de abril de 2020 en el artículo de Norberto Paredes "El confinamiento es un concepto burgués": cómo el aislamiento afecta a las distintas clases sociales. El sociólogo argumenta que “es un concepto burgués” con “la idea es que todos tengamos una casa individual”, sin embargo hay muchas personas sin hogar, incluyendo personas desplazadas o desalojadas por conflicto armado y proyectos, además en muchos casos se vive pero en condiciones insalubres y de hacinamiento. También se cuestiona la idea de que todos estamos confinados, pues las multinacionales no han suspendido sus labores de robo de recursos naturales y de mano de obra, y los supermercados y entes financieros han estado abiertos siempre. Concluye Esmili que el confinamiento es como un lujo, una pequeña parte de los habitantes puede abandonar la ciudad en sus autos para refugiarse en sus residencias temporales en el campo, o con sus autos rumbo a sus hogares con despensas llenas, mientras otros se hacinan en el metro y buses en trancones rumbo a despensas limitadas y ven los anuncios publicitarios de “#quedateencasa” y “todo va estar bien” como un lenguaje extraño.

Aunque para muchos no es tan extraña la palabra, o más bien el hecho de confinamiento y los helicópteros encima, son una amarga realidad, una asfixiante realidad que para muchos es un doble confinamiento, confinados como viven desde hace mucho por el conflicto armado.

160 millones de pesos nos ofreció el Estado por el asesinato de Nicolás. En la marcha del primero de mayo de 2005 en Bogotá, el policía del Esmad Néstor Rodríguez Rúa disparó su escopeta truflay y la bala de gas lacrimógeno impactó en su cabeza; cuando cayó tendido, le llovieron más golpes de otros policías. Nicolás estuvo internado en la clínica hasta el 6 de mayo. Le habían cuarteado la cabeza: la fractura que encontró Medicina Legal medía 26 centímetros, comenzaba en la cien y terminaba en la nuca.

Estaba en la marcha porque es su derecho constitucional. Él hacía parte de un grupo animalista que estaba en contra de las corridas de toros, las peleas de gallos, y los zoológicos.

Muchas veces pensé en tirar la toalla. Decir, apague y vámonos que ya no me interesa nada de esto. Fueron años duros, dolorosos, tristes, agónicos. Un asesinato se puede subsanar fácilmente con pedir perdón, reconocer que se equivocaron y judicializar a los policías. Pero deciden tapar, y quien se atreve a destapar la verdad sufre el calvario que me tocó vivir a mí.

Podría escribir un libro gordo sobre lo impune y oprobioso que es el Estado colombiano, empezando por todo el aparato criminal de la Policía Nacional. Siempre el culpable fue Nicolás. En las ruedas de prensa dijeron que el joven se cayó de un camión, después afirmaron que fue pelea de punkeros, luego que se había resbalado y se pegó contra el andén. El alcalde de turno, Luis Garzón, un alcalde supuestamente de izquierda, se negó a hablar del hecho y fue cómplice con su silencio. El secretario de gobierno, Juan Manuel Ospina, que luego integró la junta directiva de los despojadores y paramilitares de Fedegan, siempre me tildó a mí de guerrillero, de terrorista. El único que se comportó con decencia fue el secretario de convivencia y seguridad ciudadana. Me apoyo hasta donde pudo, y tal vez por esa presión se retiró del Estado. Ni qué decir de las élites políticas a las que pertenece la famosa señora Gilma Jiménez, quien siempre se autoproclamó defensora de los niños, pero en una sesión del Concejo de Bogotá, cuando se estaba haciendo una moción de censura a la Policía, dijo que a quien deberían juzgar era a mí, Yuri Enrique Neira, padre de Nicolás Neira, por dejar ir a su hijo a la marcha y estar diciendo lo que estaba diciendo.

El famoso director de la comunidad del anillo, Rodolfo 'Anillo' Palomino, hizo todo lo posible por desprestigiar mi causa y mi lucha colocándole todos los palos a la rueda judicial. Cuando sabía que teníamos que citar a un policía a indagatoria, si el policía estaba en el CAI de Laureles, inmediatamente lo trasladaba. Cuando llegaba la citación, decían que no estaba ahí y tocaba cambiar la notificación. Cuando nos enterábamos del sitio donde estaba, ya habían pasado tres meses. Todo eso fue directriz del exdirector de la policía Rodolfo Palomino.

Se supone que la Fiscalía trabaja para hacer cumplir los derechos de las víctimas, pero siempre fue un auxiliador de los victimarios. El fiscal Luis Ernesto Orduz, que era la joya de la corona en derechos humanos según la directora de fiscalías Marlem Barbosa, se reunió a puerta cerrada con los victimarios, se perdió parte del expediente en esa reunión, hicieron preacuerdos, y en la audiencia se les olvidaba la documentación. En junio del 2019, a cambio de que le rebajaran la pena, Néstor Rodríguez Rúa llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su delito. La trampa fue avalada por un juez, pero interpusimos una tutela con la que logramos que la Corte Suprema de Justicia invalidara ese preacuerdo.

También gané una tutela, no recuerdo si a la Fiscalía o a un juez, y ha sido la primera vez que una magistrada de un tribunal saca un fallo, pasa el tiempo establecido sin cumplirse el fallo, y luego la magistrada saca otro fallo diciendo que ya no tenía derecho a la tutela. Esto es único en la historia del derecho en el mundo, me decía mi abogado.

Gracias a las demandas y tutelas, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación entre 2016 y 2019, tuvo que hablar conmigo. Yo ya estaba viviendo en España y un día me llamó: «Señor Neira, mi secretario particular me dijo que tenía que llamarlo». ¿Y no le dijo nada más?, no sé entonces para qué me llama si no sabe nada más, le respondí. «Pero debe ser algo sobre un caso», dijo. Sí, de mi hijo, mi hijo se llama Pedro, le dije que había aparecido ahorcado, le dije un montón de mentiras. «Ah, ya recuerdo cuál es el caso de Pedro, el martes me reúno con su abogado», me dijo el fiscal. Él no tenía ni puta idea de lo que tenía que hablar conmigo.

La Procuraduría no se salva. En la época de Alejandro Ordóñez salió un fallo que responsabilizaba a los policías y los suspendía del cargo por 10 años. Como buen tirano, Ordoñez dijo que la revisión del fallo solo la podría hacer él. La revisó y de tres plumazos borró todo; que todo era mentira y que no podía sancionar ni retirar a los policías. Fuimos atacados desde todos los ángulos. Siempre pusieron en tela de juicio lo nuestro. Hice el listado, y por el expediente habían pasado 67 investigadores del CTI de la Fiscalía. La verdad estaba ahí hace 15 años, lo sabía la Policía, lo sabían los jueces, lo sabían todos los fiscales que pasaron por el caso. 15 años, 8 meses y 25 días después llegamos a buen puerto. El 25 de enero una juez anunció que en marzo de este año condenará por homicidio a Néstor Rodríguez Rúa.

Si pudiera hablar con él le diría muchas cosas. Sé que no tiene hijos, y entiendo la razón por la cual no tiene hijos, porque le gusta asesinar a los jóvenes. Y no le preguntaría a él, le preguntaría a la mamá, qué piensa al tener un hijo asesino, y asesino de niños. Y le preguntaría a la familia que lo ha protegido, y a los oficiales que lo han cubierto y lo mantuvieron en las calles armado y de civil, porque era el escolta de un político. Les preguntaría qué se siente tener un asesino al lado y encubrirlo; por qué lo hacen.

Me gustaría saber qué tanto gusto le sacó al asesinato de Nicolás, porque él tiene el gen asesino, sus compañeros dicen que cuando se montaron al bus para retirarse de la marcha, con cara negra y riendo les dijo: «¿si vieron cómo volé a este chino hijueputa?» Muestra de su facilidad para asesinar y no tener remordimiento. Ahora que va ser condenado si está rogando y alegando que vela por su mamá y tres sobrinas. Me imagino que también dará el diezmo y pasará las viejitas en la calle, no sé qué más cosas hará. Ahora sí es buena gente. Quiero que se ría diciéndole a su madre que le toca pagar tantos años de cárcel porque mató a un niño, y lo hizo con gusto.

A veces la sed de justicia se transforma en sed de venganza. Yo empecé desde ese lado. Empecé con ira e intenso dolor. Quería acabar todo lo que fuera Policía Nacional. Lo he dicho públicamente: quería matarlos a todos, acabar con todos, quería inmolarme. Afortunadamente encontré seres maravillosos de una organización que antes se llamaba Tierra de Hombres, y ahora se llaman Centro de Atención Psicosocial; trabajan con las víctimas de crímenes de Estado o de violencia estatal. Gente muy preparada. Psicólogos, médicos, trabajadores sociales que no me lavaron el cerebro, sencillamente me hicieron caer en razón, que yo mismo entendiera que una cosa es justicia y otra venganza. A ellos les debo muchísimo y siempre les pido perdón por todo lo que sufrieron conmigo. No fue fácil, la ira y la sed de venganza no me dejaban respetar ni acatar nada de nadie. Este proceso ya va por otro lado. Lo hemos hecho de la forma legal: en tribunales, con jueces, con abogados, con pruebas, con testimonios, tal vez por eso nos hemos demorado tanto.

El caso de Nicolás ha tenido tanta repercusión nacional e internacional porque ha logrado doblar la recta de la impunidad hacia el camino de la ley. Es la primera vez en la historia que un hombre del Esmad va a ser condenado por homicidio. Esta condena no es un punto final, es una puerta que se abre para desmontar esa maquinaria de muerte que ha asesinado a 33 personas desde su creación hace 22 años.

Los dueños del Estado necesitan gatilleros para mantener un Estado oprobioso, terrorista y ladrón, porque cómo hacen para robarse las tierras si no es con el servicio de paramilitares ayudados por policías y militares. Los policías tienen prebendas por su servicio, tienen caja de compensación, tienen auxilios de vivienda, auxilios para estudios, tienen vacaciones. Y en un país con tanta desigualdad y desempleo, la Policía es una de las pocas instituciones que da empleo con todas las garantías necesarias. Además, los cubren para hacer lo que quieran. No es el gatillero de las barriadas, es el estudiante que un día aprendió química, física, los colores de la bandera, y se la cambiaron por una 9 milímetros, un uniforme, una patente de corte, y la orden de hacer lo que quiera porque ellos están ahí para protegerlos siempre. La Policía debería ser una entidad a cargo del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Tampoco debería portar todo ese armamento, solamente determinados oficiales deberían portar armas; ese armamento les da la potestad de ser abusivos, torturadores, ilegales y asesinos. La Policía debería estar integrada por personal profesional y que ingrese por la voluntad propia de servir, no porque los bachilleres no encuentren nada más que hacer, y encuentren en la Policía un nido de impunidad para mamar de la teta del Estado y desahogar sus más bajos instintos. Se tiene que hacer un borrón. Ingresar nueva gente y judicializar a todos los oficiales que han estado al mando de la Policía, así sean mandos medios, ellos son los responsables. En responsabilidad civil le enseñan a uno que el papá debe responder por los actos de sus hijos, como el profesor por sus alumnos y el patrón por sus empleados; ellos fueron los que dieron las órdenes, los que encubren, los que educan en el arte de torturar y asesinar. Hay una sistematicidad en el comportamiento delictivo. ¿Qué es lo que están enseñando en las escuelas de Policía? Les enseñan lo mismo a los de Bogotá, a los de Barranquilla, a los de Medellín y a los de Cali. Deben ser judicializados antes de ser retirados, y deben pagar de su bolsillo todo lo que se ha indemnizado a las víctimas porque ellos se lucraron de todos los hechos.

Los asesinatos por parte del Estado no paran, y mientras siga siendo así, yo seguiré con mis denuncias. Yo también temo, pero sigo adelante, me cubre un poco que estoy fuera del país. Ahora está fresco el hecho de los jóvenes asesinados el 9 de septiembre en Bogotá. El caso de Dylan Cruz que lo devolvieron a la justicia penal militar hay que sacarlo de ahí. El de Nicolás es un antecedente judicial para decir que el caso de Dylan no puede estar ahí, porque claramente están indicando que el asesinar hace parte del servicio y es parte de la función de un policía. De cada 1.000 casos que van a la justicia penal militar, solamente terminan condenados dos.

A la gente le digo que callar no es la solución, el callar nos hace víctimas. Si el día de mañana estos individuos que uno pudo denunciar le hacen algo a otra persona, termina uno siendo cómplice de estos hechos. Desde que mataron a Nicolás nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que han aumentado la impunidad, el número de víctimas y la brutalidad policial sobre la juventud. En 1993, un policía violó y mató a Sandra Catalina Vásquez, una niña de 9 años, en una Estación de Policía ubicada en el centro de Bogotá. Todos los días vemos como la policía golpea brutalmente a las personas sencillamente por hacerles una reclamación en ley. Vimos casi en vivo y en directo el asesinato de Dylan Cruz. Vimos en vivo y en directo como la Policía el 9 de septiembre desenfundaba armas y disparaba despiadadamente contra la multitud. Un solo policía hizo más de 40 disparos. No sé si haya una pistola que tengo 40 disparos. Tuvo que recargar más de una vez, y para recargar más de una vez, ha tenido que respirar más de una vez. Una cosa es ira e intenso dolor, pero esto es sevicia, esto es gusto, matar por matar, tienen el poder de matar a otro hombre por tener un uniforme.

El día apenas comienza, son las 8 de la mañana. Ana María está lista para dictar sus clases y dejó a Amalia en la sala, atenta al computador. Margarita da la última pasada con la trapeadora, deja el desayuno listo y se dispone a salir para la casa de su madre. Diana lleva tres horas y media levantada, ya estudió inglés, se alistó y está comenzando su jornada laboral. El Covid 19 parece solo estar presente en el tapabocas colgado detrás de la puerta y el alcohol en la entrada, las tareas de estas tres mujeres, sin embargo, están presentes en todas las partes de sus casas.

Las labores del cuidado son todas aquellas acciones vinculadas a la atención de otros, especialmente de niños y adultos mayores, así como el mantenimiento del hogar, la limpieza y la alimentación. Estas acciones no son remuneradas económicamente pero demandan grandes lapsos de tiempo al día, en el caso de las mujeres representan 7.14 horas diarias de trabajo extra, frente a 3.25 que tienen los hombres. Según el Dane este representaría el 20 % del PIB de ser cuantificado financieramente.

Desde el 2010, mediante la ley 1413, en Colombia se incluyeron las labores de cuidado dentro del sistema de cuentas nacionales. De esta forma buscaban medir la contribución que estas labores tenía en el desarrollo económico del país y el papel que ocupaba la mujer, ya que son ellas quienes realizan el 78 % del trabajo según el estudio Tiempos de cuidado: Las cifras de la desigualdad del Dane y ONU Mujeres.

Pero de manera imprevista, en marzo de 2020 estas dinámicas tradicionalmente establecidas sufrieron una variación. Se implementó como medida preventiva la cuarentena por la Covid 19, la mayoría comenzó a trabajar, estudiar y realizar todo desde casa. La separación entre espacios académicos, laborales y familiares se volvió difusa.

Diana Carolina se identifica como mamá, ama de casa, empleada y esposa, vive en Turbaco, Bolívar y es ingeniera civil. Durante la pandemia ha trabajado desde casa y además asumió los cuidados indirectos de su hogar: cocinar, lavar y realizar tareas que benefician al resto de miembros de la familia. Debido a la cuarentena los trabajos del hogar que antes realizaba solo los fines de semana, por el apoyo que recibía de su empleada, invadieron su jornada laboral. Como ella, a julio de 2020 un 54 % de familias que antes contrataba empleadas domésticas asumieron esta responsabilidad, según datos del Dane.

Debido a la contingencia, Diana se levanta una hora antes de lo normal y trata de optimizar el uso del tiempo, afirma sobre la cuarentena que “uno está mucho más cansado, no tiene tiempo. A mí me gusta mucho el orden entonces el hecho de tener que dejar de hacer las cosas de la casa por tener que cumplir lo del trabajo es un estrés”. Aunque su esposo realiza algunas labores del hogar, no lo hace si ella no se lo pide directamente. Para ella, el problema radica en las responsabilidades implícitas que tienen las mujeres y en el desconocimiento de los padres en temas como la educación de los niños y la compra de alimentos. Estas se siguen desarrollando independientemente de la situación de la pandemia y de estar compartiendo espacios en casa.

María Maya, Antropóloga de la Universidad de Antioquia, desarrolló un estudio con dos grandes empresas colombianas sobre la situación de los empleados que trabajaban en casa durante la cuarentena, allí identificaron una carga mayor sobre las mujeres: “Ellas sintieron con mucho más fuerza la dificultad de coordinar ese cuidado de los hijos con el trabajo y con cosas de las que no necesariamente tiene que ser la mujer la responsable”, explicó.

El nacimiento de Amalia la hija de la docente e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, Ana María Agudelo, coincidió con su inicio como docente en la universidad. En los que ella nombra como los 7 años más demandantes, dividía su tiempo entre sus nuevas responsabilidades laborales y familiares. Desde el principio estuvo acompañada de Ana, su empleada, pero esto no disminuyó la carga del cuidado pasivo, es decir, la vigilancia y atención de personas que requieren cuidado, en este caso su hija. Ante el colegio es su acudiente y es quien durante las noches le indica a qué hora cepillarse los dientes y dormir. Para Ana la cuarentena significó la mezcla de sus espacios.

El primer cambio que realizó en su casa fue el montaje de espacios de estudio aptos para ella y para su hija. Las investigaciones que venía desarrollando se adaptaron a la virtualidad y gracias a los acuerdos previos que mantiene con su esposo en la división de tareas y a la ayuda de Ana se han reducido las consecuencias de la cuarentena. Pero reconoce que ha perdido capacidad de concentración y no se siente igual de diligente para desarrollar sus labores. “Lo que más me ha invadido es que yo soy mamá, todo lo relacionado con el estudio de Amalia me preocupa. No solo es una invasión de tipo rutina y actividades, sino también mental porque me preocupa el tema de su ocio”.

Como se explicaba en el estudio del Dane y ONU Mujeres, esta desigualdad entre hombres y mujeres se traduce en una menor posibilidad de acceso a oportunidades laborales para estas últimas, sobrecargas y limitaciones para disfrutar del tiempo libre. Durante la pandemia estas problemáticas se hicieron más evidentes, como explica María: “Hay que tratar de garantizar que no se esté sacrificando ni la esfera personal, ni ese tiempo para estar en familia, para tener otras cosas, ocio; pero también que el trabajo no pierda sentido y no pierda calidad”

Margarita Blandón lleva 7 años desplazándose 5 cuadras desde su casa en Buenos Aires, Medellín, hasta la casa de su madre. Allí realiza labores de cuidado directo, con ella y su tía. Aunque no lo reconoce con este término, cuando la ayuda a comer, a vestirse y a desplazarse a las citas médicas está realizando este tipo de trabajo no remunerado. En Colombia al igual que ella otras 8.6 millones de personas de más de 10 años lo realizan. A diferencia de Ana María y Diana su rutina diaria no cambió significativamente en cuarentena.

Cuando la mayoría permanecían en casa Margarita salía a cuidar a su madre, tenía la justificación preparada en caso de ser detenida por no cumplir con el pico y cédula: “El día que me pararan yo diría que era cuidadora, pero nunca paso, me favorecía que no usaba transporte público”. Lo único que cambió en su rutina fue la presencia de sus dos hijas en casa, una estudiante universitaria y la otra trabajadora, además del aumento de medidas de precaución para evitar el contagio de su madre y tía. Reconoce que en muchas ocasiones no se trata de no tener ningún espacio de tiempo libre, sino de sentirse demasiado cansada para disfrutarlo.

Como explica el informe COVID-19 y la economía de los cuidados: Acciones inmediatas y transformación estructural para una recuperación con perspectiva de género de la ONU: las mujeres representaron un soporte importante en medio de la pandemia para las estructuras familiares. Ellas han asumido responsabilidades extras que quedan fuera del alcance por motivos económicos o sociales, pero se debe considerar que su tiempo “no es infinitamente elástico”. Es necesaria la ayuda tanto de miembros del hogar como la implementación de medidas desde distintos sectores para evitar que se llegue “a un punto de quiebre con consecuencias a largo plazo para la salud y el bienestar de las mujeres y sus familias”.

La oportunidad para generar cambios
Ana María, Margarita y Diana contaron durante la cuarentena, y antes de ella, con la ayuda de otras mujeres para el desarrollo de las actividades del hogar, con la limpieza, el mercado o el cuidado de los hijos. Estas ayudas no son remuneradas económicamente en todos los casos y a veces provienen de familiares cercanos, madres, hijas o hermanas. El fortalecimiento de estas redes de apoyo donde también se incluya a los hombres generaría una posibilidad para equilibrar cargas en el hogar, además de la posibilidad de pensarse en pro de las nuevas masculinidades.

Sin embargo, como lo explica Ana María en muchos casos es difícil delegar. Lo que se convierte, en lo que ella llama, un “Juego a varias bandas, estar pendiente aquí y allá”. Por ello considera importante la educación de los más pequeños desde el reconocimiento de alternativas y no repetición de patrones para así combatir ideas machistas heredadas. Además del establecimiento de contratos de convivencia en los hogares donde todas las partes adquieran una responsabilidad.

Como explicó la antropóloga María Maya, la contingencia generó espacios en algunos hogares para discutir e implementar acuerdos para equilibrar las cargas. El objetivo es volver estas conciliaciones definitivas: “tratar de mantener algunas de esas reflexiones o esos acuerdos a los que se había llegado, aprovechar ese momento de reflexión y ver que todo lo que se tuvo en ese momento puede concretarse”, afirmó María.

La situación actual de la atención desde el sistema educativo oficial a nivel nacional tiene hoy una de sus mayores tensiones de los últimos tiempos. Por la vía del distanciamiento social, se ha logrado develar y desmitificar algunas tramas de la argumentación administrativa del sistema educativo que lo hacían ver omnipotente, como lo ha sido la adecuación del propio sistema a las tecnologías de la educación en el marco de las ideas del desarrollismo ilustrado y el ofrecimiento del profesionalismo con la ilusión de la movilidad social. Las perspectivas críticas han profundizado hace ya más de medio siglo en el asunto y el listado de enunciaciones esta hoy a flor de piel, la alienación ideológica eclesial que heredó el aparato opresivo estatal y que hoy delega a la máquina de producción en serie, tomando prestadas algunas palabras del Freire profundo, podemos sumar hoy a ese listado de enunciaciones, el negocio de la “burocracia de la mente”, que por lo menos en Colombia va creciendo en clientela.

El entorno protector del sector económico que vive de la contratación
Desde finales del año que pasó se viene hablado de lo necesario o lo conveniente que es para la ciudad, que los estudiantes de la básica vuelvan a las aulas presencialmente, ya que el último año el sistema educativo en Colombia, en modo pandemia, se efectuó desde la virtualidad y según parece, el experimento no fue satisfactorio. Las preguntas que surgen de tal situación tienen que ver con: ¿será que la presencialidad en el sistema educativo es más efectiva? ¿cómo entender esa efectividad en términos del para qué y para quién? ¿será que la virtualidad pone en crisis la sensación de atención por parte del establecimiento?

Al escuchar las declaraciones de la Secretaría de Educación del municipio de Medellín en enero del 2021, semanas antes de iniciar el año escolar, en su idea de “entorno protector escolar”, estereotipo internacional de atención educativa en tiempos neoliberales, deja en el ambiente su real preocupación con la presencialidad y al parecer ese afán por llevar al estudiantado a las aulas tiene mucho más que ver con la protección del entorno de los sectores que se benefician económicamente de la dinámica educativa, que con lo que pueda pasar con la salubridad de los reales actores del escenario escolar.

Según parece, los afanes con la presencialidad o en su defecto la alternancia, pretenden responder a las clientelas políticas patrocinadoras, evitando la quiebra de los contratistas alrededor del funcionamiento de la educación. Es preocupante que la funcionaria en sus declaraciones no haga alusión a la parte académica y las posibles afectaciones a los desempeños o a las situaciones cognitivas que puedan generarse. Aunque no es extraño, este tipo de énfasis, habitual cuando la tecnocracia aborda la educación pública, no deja de ser inquietante, pues la preocupación por mantener los empleos de los operadores logísticos, ya acomodados a las maneras del sistema oficial, que entre otras aportan muy poco a la superación de las adversas condiciones en las que estudiantes y docentes afrontan la salubridad, la vida social y la cultura académica , deja ver que la crisis en el sistema educativo y su funcionamiento es exacerbada por las políticas y abordajes de los administradores.

A los espíritus críticos, las preguntas nos seguirán rondando, pues no terminaremos de comprender el entorno protector de la contratación de la dinámica educativa en Medellín en términos de ¿cómo es la presión o el lobby de los mercaderistas del sistema educativo local sobre los funcionarios para que se vuelva a las aulas? y ¿de qué modo las asignaciones presupuestales, en época de educación vía digital, afectan los bolsillos de la oficialidad de turno?

Decadencia de los discursos de calidad y eficiencia del sistema educativo
Otra arista que aparece en la tensión de volver o no a las aulas tiene que ver con los esquemas mentales de algunos directivos docentes, que deja ver la pre-modernización que habita la gerencia educativa y la administración curricular en la localidad, pues dichos directivos, con la virtualidad, parece que pierden poder de control de los cuerpos y los espacios de la dinámica de la atención educativa oficial. Hace aproximadamente tres décadas el sistema educativo plantea el soliloquio de la calidad y la innovación tecnológica y bajo ese discurso, prioriza la inversión en supuesta modernización y tecnologización. Hoy esas asignaciones suman al despilfarro del erario público. No queda más que preguntarse ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo los discursos tecnicistas de la calidad y la innovación exitosa de la educación oficial? y ¿quiénes institucionalmente se benefician el mantenimiento de tales eufemismos?

Lo real es que el paso del panóptico análogo a su versión digital fue abrupto. Aún las sociedades latinoamericanas no están tan modernizadas para la atención básica en la educación, como se hacen ver ante la opinión pública, incluso no han podido responder al pedido de la OCDE, quien se supone marca el avance educativo neoliberal de los últimos años. Entonces ¿para qué ha servido el dinero de la supuesta modernización y la propaganda de la tecnologización educativa?, hasta ahora no hay otra respuesta que enriquecer a la firma de turno, manteniendo una clientela politiquera, convirtiéndose en nómina paralela de carácter privado, que desempeña funciones que tendrían que desempeñar los funcionarios oficiales. Hasta los potentados del neoliberalismo internacional debe estar sorprendidos, por el grado de despilfarro y corrupción de los impulsadores de los discursos tecnocráticos en la fracasada condición virtual del sistema educativo regional. Una jugada maestra, que se deja ver como imprevisto, la pandemia, devela las reales situaciones sociales desde uno de sus aspectos más claves para la manipulación doctrinaria del sistema educativo: el dogma del desarrollismo.

La idea defectuosa de implementación de un sistema de atención digital, que hoy se usa como dispositivo remedial que, aunque no ha sido evaluado sistemáticamente mediante una investigación a rigor, realza las versiones de las “comunidades educativas”, que dejan ver que la oferta digital no será apropiada en el corto plazo y se convierte en el argumento para plantear el retorno a las aulas y mantener el cartel burocrático de la mente. La falacia está en creer que el sistema de educación presencial es el adecuado, ya que no les es conveniente implementar la digitalidad.

Ante el por qué de la insistencia con la alternancia, parece ser que el Ministerio de Educación tiene claro que no está en condiciones de transformar sus formas de operar el establecimiento, ofreciendo un sistema educativo digital y haciendo creer a la mayoría de la población, que el mamertismo resentido no tiene razones de peso para preguntar ¿por qué en 200 años de vida republicana, tampoco se ha estado en condiciones de ofrecer un sistema adecuado presencialmente?

Los contratistas de la educación o los “burócratas de la mente” en cambio, siguen convenciendo al incauto poblador de estas comarcas, que con el esquema de digitalización de la oferta educativa se vulneran los derechos del estudiantado y se aumentan las brechas de inequidad. Lo paradójico es que en los 150 años de instrucción pública presencial en Colombia, son soportables los daños provocados por el sistema, que ha ahondado las brechas entre los que pueden y los que tienen menos posibilidades, así como la lógica del capital lo ha predispuesto hasta el final de los tiempos.

A finales del siglo XIX, los artesanos recibieron la represión del Estado, los sastres se organizaron y exigieron que los contratos para fabricar los uniformes de la policía se les otorgaran a ellos y no a una empresa extranjera. Luego los obreros de los enclaves petroleros, bananeros, los de los ferrocarriles, entre otros, tuvieron que soportar la humillación de las multinacionales que los esclavizaban en medio de las peores condiciones de salubridad, cientos morían de paludismo y enfermedades tropicales. Fue necesario reclamar con huelgas que el pago de su arduo trabajo se hiciera con dinero y no con vales para gastar en los comisariatos de las multinacionales, y por ello fueron masacrados.

Históricamente la clase trabajadora no solo se ha opuesto a las prácticas abominables desplegadas desde el Estado, sino que ha sido testigo y víctima de sus instancias gubernamentales, cuyo objetivo ha sido siempre borrar del mapa a los que se organizan y luchan por la construcción de la democracia, la vida digna y la felicidad; como ocurrió con miles de obreros de las bananeras en diciembre de 1928 a manos del ejército y bajo las órdenes del coronel Cortés Vargas, el presidente conservador Miguel Abadía Méndez y la aprobación de la multinacional Fruit Company.

Todos los gobiernos que ha tenido Colombia han defendido los privilegios de la clase alta y la de sus patrocinadores- financiadores derramando ríos de sangre. Se asesinó a los socialistas, a los comunistas, a los religiosos de la teología de la liberación, a los campesinos organizados, a los indígenas que se opusieron a la colonización y al despojo de sus territorios ancestrales, a los pueblos negros que lucharon por un lugar para recuperar su cultura y memoria, a los obreros que organizaron sindicatos y exigieron nacionalizar el petróleo, el carbón y otras riquezas naturales; a los estudiantes por exigir la educación pública, a los profesores y profesoras, a los liberales después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, a los insurgentes de los Llanos Orientales que negociaron su desmovilización con el dictador Rojas Pinilla, a los campesinos del sur y el oriente del Tolima les lanzaron bombas de napalm y los metieron en campos de concentración, luego bombardearon a los de Marquetalia. Asesinaron y descuartizaron a cientos de miles en la época de la violencia de los años 50, luego persiguieron a las guerrillas que reclamaban justicia, igualdad y reparto de la tierra, y a sus seguidores; desaparecieron casi a cien mil durante cuatro décadas, la mayoría, militantes de grupos de izquierda legal e ilegal; y nuevamente a los que se organizaron en la Unión Patriótica, y después a los de A Luchar, y en seguida a los que negociaron con Barco y Gaviria. Lo de hoy es solo la continuidad del proceso genocida, más lideres y lideresas que defienden el territorio, más defensores y defensoras de derechos humanos, más excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc.

Se ha hecho de todo para que pare el genocidio, marchas pacíficas y beligerantes, se ha peleado en las calles y carreteras. Se ha denunciado ante la comunidad internacional, ante los organismos como la ONU y la OEA, se han juntado miles para ir en caravanas a los territorios donde se presenta mayor violencia, pero las prácticas genocidas no se detienen, y el Estado ya no solo mira hacia otro lado sino que expone una mueca burlona, cínica y humillante que asiente o niega.

Cerca de 400 organizaciones sociales y populares, defensoras de derechos humanos, partidos y procesos de los territorios, se han juntado para solicitar al Tribunal Permanente de los Pueblos, (TPP), con sede en Roma, que se adelante una audiencia de juzgamiento contra el Estado Colombiano por Genocidio Político, Crímenes contra la Paz y contra la impunidad casi del 100 % que reina en nuestro país. Se trata de un juicio ético, humanista y político.

El TPP nació en el año 1979, fue Lelio Basso, un abogado, humanista y socialista italiano que inspirado en las luchas de Bertrand Russell de los años 60 y en la carta de Argel de 1976, en donde se reivindican los derechos que los pueblos tienen a rebelarse contra las dictaduras y los malos gobiernos quien propuso el Tribunal, que además nació como un homenaje a las luchas que libran los pueblos en el mundo y como una posibilidad para señalar y denunciar las injusticias y arbitrariedades de sus gobernantes. El TPP surge como respuesta a la ausencia de justicia global y ante las componendas que la geopolítica genera entre las potencias mundiales y sus organismos multilaterales que en últimas se arropan con la cobija de la impunidad. Desde 1979 hasta hoy se han adelantado 47 sesiones del TPP, esta última que se instaló el 26 de enero de 2021 en Colombia sería la numero 48.

Aunque los fallos o sentencias del TPP no son vinculantes u obligatorios para los organismos de justicia formales de los diferentes estados, sí tiene un peso específico porque sus jueces, jurados y fiscales son personalidades de la mayor reputación mundial. Entre ellos se encuentran los mejores juristas del mundo, premios Nobel de paz y de literatura, académicos, e investigadores de renombre que con sus fallos han puesto a tambalear algunos regímenes, y logrado que el mundo entero ponga sus ojos en esos pueblos y países oprimidos.

Nada impide denunciar al Estado colombiano y luchar para que sea juzgado por el genocidio político que sus propios agentes de seguridad e inteligencia, sus fuerzas militares y de policía -con el apoyo o no de escuadrones de la muerte-, la policía chulavita, los grupos paramilitares, los carteles de la droga y los mercenarios internacionales han ejecutado durante décadas de manera continua y sistemática. Este genocidio, desarrollado salvajemente a través de prácticas como el asesinato, la masacre, la desaparición, los falsos positivos, la tortura, el desplazamiento, el despojo, la amenaza, la violación y abuso sexual, el exilio, las interceptaciones, entre otras, insólitamente fue legitimada por una sociedad víctima de los medios masivos de comunicación al servicio de las élites que sembraron el discurso oficial del “enemigo interno”, que señala a todos aquellos que están en contra o que quieren cambiar el país y hacerlo más justo, a los que amenazan los privilegios de las élites, como los campesinos, los sindicalistas, los profesores, los negros, los indígenas, los rebeldes…

El 25, 26 y 27 de marzo de 2021 el TPP, juzgará por genocidio al Estado colombiano. En estas sesiones el tribunal trabajará con fuerza y con el apoyo de los colombianos y colombianas dignas, las comunidades y procesos de los territorios se escucharán las voces que desnudarán las prácticas genocidas del Estado Colombiano.

“¿Quién se preocupa de los hombres que condujeron los cereales del desayuno a través de las tormentas invernales? Qué irónico comprobar que en cuanto más han crecido los barcos en tamaño y trascendencia, menos espacio han llegado a ocupar en nuestra imaginación”.
Rose George.

A diario se habla de las virtudes de la revolución informática, virtual o digital. Se alaban sus logros en cuanto a comunicación, distracción y diversión. Se indica que es la transformación tecnológica más importante de todos los tiempos, que supera a las revoluciones neolítica (que originó la agricultura) e industrial (que consolidó el capitalismo) y trae unos beneficios nunca vistos para la humanidad, incluyendo la pretendida sustitución de la naturaleza y hasta el acceso a la inmortalidad. Esos cantos de sirena, entonados por académicos, periodistas, divulgadores, nos hablan de un mundo posmaterial, de una sociedad de servicios, sin trabajadores, y donde el conocimiento y la información sustituyen a los objetos materiales, por tratarse de un mundo virtual, ese orden paralelo de realidad aumentada.

Esta visión idealista del mundo contemporáneo desconoce la principal transformación que ha hecho posible la “revolución informática” y es su premisa indispensable: la revolución en el sistema de transporte de mercancías en las últimas décadas, con la invención del contenedor, y la bomba de rebote en los barcos que los portan a través del mundo. Esta es una infraestructura material y no virtual. Los contenedores (containers) llevan en su interior neveras, computadores, celulares, productos agrícolas, cosas gigantescas (partes de aviones, camiones, automóviles) y objetos diminutos (chips de computador).

Esta revolución material del transporte marítimo que ha generado la invención y difusión de los contenedores se complementa con los barcos petroleros, que llevan hidrocarburos a través del mundo, desde las zonas de extracción hasta los grandes centros de consumo, el principal de todos los Estados Unidos. Sin petróleo, una sustancia material, no funcionaría el sistema informático del mundo, porque, en contra de la propaganda corporativa de Bill Gates y compañía, los computadores requieren grandes cantidades de materia y energía.

La transformación experimentada en el tráfico de mercancías a través de los océanos es la principal modificación comunicacional de nuestra época, sin la cual no sería posible que los computadores, celulares y otros cachivaches de la revolución microelectrónica llegaran a nuestras casas. Sin los grandes barcos no existiría la tal virtualidad de nuestra época, porque en esos barcos se transportan bienes alimenticios, vestidos, juguetes, productos de diversión, muebles, libros, cuadernos, bombillos, computadores, celulares, etc., y a su vez, su transporte se facilita por la invención del contenedor, una innovación más importante que el computador, aunque pocos lo mencionen, como si no existiera.
Millones de mercancías son transportadas en los buques que se deslizan por los océanos y provienen principalmente de China, el taller del mundo. Los barcos no andan solos como si fueran buques fantasmas, necesitan de operarios que los accionen y los guíen a través del mar hacia puerto seguro. Estos operarios forman parte del proletariado flotante, al que también pertenecen los trabajadores de los buques petroleros y los marineros de los barcos de placer y descanso, los famosos cruceros. Proletariado porque lo único que tienen para vender son sus brazos, su fuerza de trabajo a los dueños del capital marítimo flotante y con su trabajo excedente enriquece a capitalistas de los más diversos sectores de la actividad económica. Flotante en varios sentidos: por el lugar donde trabajan; por sus volátiles condiciones laborales, puesto que no tienen trabajos permanentes sino unos cuantos meses, durante el tiempo que dura la travesía y porque no se les reconocen los mismos derechos básicos de los trabajadores en tierra.

La flota mercante mundial cuenta con 120 mil buques, y la marina mercante de alta mar y de gran calado está compuesta por 55 mil embarcaciones, que tienen un total de 1 millón doscientos mil marineros. Seis mil de esos buques llevan contenedores y uno solo tiene una capacidad que impresiona: puede transportar 15 mil contenedores, en los que puede llevar 746 millones de plátanos en un solo viaje, o sea, uno para cada europeo. Si esos contenedores se pusieran en fila alcanzarían once mil millas de extensión, casi la circunferencia de la tierra; si se apilaran uno encima de otro alcanzarían 25 mil kilómetros de altura, algo así como 7500 torres Eiffel, y si esos contenedores fuesen descargados para ser llevados en camiones, la fila del tráfico sería de 100 kilómetros.

Los propietarios de los barcos son preferentemente europeos o japoneses, pero sus trabajadores son de Filipinas, Bangladesh, China, Indonesia. Cocinan, limpian camarotes, manejan la sala de máquinas, reparan y arreglan desperfectos. Están sometidos a terribles condiciones laborales, que poco han cambiado en los últimos cinco siglos, porque el mar es un lugar salvaje por sus peligros naturales y porque allí no opera ninguna legislación, y menos laboral. Burlar cualquier disposición se facilita porque existe un engranaje de ilegalidad consentido en el comercio marítimo, en el que se combinan el Estado de la bandera del barco, el estado del puerto, el estado de origen de los marineros y el Estado en que está registrada la empresa. En estas condiciones, cuando un proletario flotante quiere reclamar, como dice Rose George, “a quién se dirige, si ha sido contratado por una agencia de mano de obra en Manila, en un barco de propiedad estadounidense, con bandera panameña y contratado por un chipriota en aguas internacionales”.

El transporte marítimo goza de un bajo costo comparativo, y eso explica en gran parte las irracionalidades ambientales y laborales del comercio mundial, por ejemplo, cuando se despachan de Escocia toneladas de bacalao para procesar en China y luego retornan a Escocia para ser vendidas, tras haber recorrido miles de kilómetros de ida y vuelta.

Del total de 1.200.000 proletarios del mar, 400.000 son filipinos, que tienen la doble ventaja de “ser baratos y hablar inglés”. El trabajo es duro y agobiante, se realiza en difíciles condiciones sanitarias, climáticas y laborales. La tasa de mortalidad de los marinos es 10 veces superior a la de los trabajadores de tierra. Entre los accidentes más frecuentes está caerse por las pasarelas, quedar atrapados entre el barco y el muelle, ser lanzados por el oleaje contra la maquinaria de acero, o ahogarse. Los contratos suelen ser por el período en que el marinero permanece en el barco durante un viaje específico, y excepcionalmente llegan a los 11 meses como tiempo máximo, y luego son sustituidos por otro contingente de trabajadores. Cada mes son reemplazados 200.000 de ellos por un contingente similar, pasan a la reserva laboral, esperando que sean llamados para un próximo viaje. A menudo los contratos son de cinco o seis meses y el trabajador vuelve a ser enganchado varios meses después.

Las cadenas globales establecidas en la economía mundial, interconectan los cinco continentes y solo pueden funcionar con los grandes buques llenos de contenedores y los grandes barcos petroleros. Esas cadenas globales de suministros funcionan las 24 horas durante los 365 días del año de manera ininterrumpida o, por lo menos, así fue hasta que se expandió el coronavirus en los primeros meses del 2020. Se trabaja día y noche, siete días a la semana, sin jornada establecida, en una especie de régimen de semi-esclavitud laboral, hasta el punto que los marineros dicen que son asalariados de una prisión flotante, lo cual no se diferencia mucho de los “ataúdes flotantes” que fueron los barcos-prisiones de España e Inglaterra durante 400 años.

Entre las vicisitudes de la vida laboral de los marinos se encuentra el tipo de contratos, efímeros y fugaces como las tormentas, en donde el futuro es incierto, dado que el comercio marítimo está cubierto por un manto de opacidad, ausencia de regulaciones e impunidad, más ostensibles que de los paraísos fiscales. Todo se oculta bajo lo que se denomina en la jerga marítima “el pabellón de conveniencia”, es decir que el barco ondea una bandera que no guarda ninguna relación con sus propietarios, ni con lo que transporta, ni con sus trabajadores. Hay casos tragicómicos de barcos que están registrados en países que no tienen mar, como Mongolia. Esta condición posibilita que a la hora de algún problema laboral no haya a quien reclamarle ni en mar ni en tierra y suele suceder que la empresa relacionada con un barco quiebra y los marinos quedan abandonados a su propia suerte en pleno mar, esperando durante meses unos salarios que nunca les pagan. Entre 2004 y 2018 se documentaron 400 hechos en que fueron abandonados 5000 proletarios del mar en las embarcaciones.
Esto se facilita porque el 90 % de los marinos no tiene ninguna comunicación con tierra, no tiene acceso a internet y los teléfonos móviles no funcionan en alta mar. Como en los viejos tiempos, estos barcos son “tierra de nadie” y lo que sucede en el mar se queda en alta mar:: puede morir alguien y ser lanzado a las aguas, e incluso las pocas mujeres que trabajan en los barcos soportan abusos y violaciones.

Importancia estratégica del proletariado flotante
Los marineros son cruciales en la cadena productiva mundial, pero esa importancia es inversamente proporcional a su reconocimiento, en tierra y en mar. Son unos trabajadores invisibles, juegan el mismo papel que las mujeres en el trabajo doméstico, cuya labor nunca es reconocida como parte fundamental de la reproducción de la economía capitalista. Los marineros desempeñan el trabajo doméstico del capitalismo mundializado, en las trastiendas flotantes (que son como las casas en tierra), donde nadie los ve, ni los siente, como si no existieran. Son tan invisibles como las mujeres y sin su labor no existiría el sistema mundo-capitalista, tal y como hoy lo conocemos, puesto que a través de los mares se distribuye el 90% de los productos que circulan en el comercio mundial. En forma prosaica, si examinamos los productos que usamos, prácticamente todos ellos han pasado por el mar y vienen de muy lejos: el computador, el celular, el televisor, los asientos de los buses, el yogurt del desayuno, el filete de pescado quede almuerzo, el libro que alguien lee, el juguete que disfruta un niño, la ropa que se lleva puesta, el té que se consume en la tarde, el combustible que acciona el automóvil o el bus en que nos desplazamos, las frutas de una deliciosa ensalada, etc. Lo paradójico estriba en que nadie sabe ni se preocupa por averiguar el recorrido de esas mercancías y, sobre todo, por indagar qué trabajadores han hecho posible que esas mercancías recorran miles de kilómetros. Esos trabajadores invisibles son los marinos y no los vemos porque sufrimos una “ceguera marítima”, que nos impide ver lo que sucede en los grandes buques en los mares del mundo, donde muchos seres humanos laboran de día y noche, y su trabajo hace posible que las mercancías que atraviesan los océanos lleguen a nuestras manos.

Por esta circunstancia, hoy, a un año del desencadenamiento de la pandemia de coronavirus, pocos saben que miles de marineros se encuentran atrapados en el mar o en los puertos, donde llevan un año prisioneros en jaulas flotantes.

Parálisis del comercio mundial y abandono del proletariado flotante
Apenas se expandió el coronavirus como una pandemia mundial, uno de los primeros afectados fue el transporte marítimo que sufrió una brusca interrupción, incluyendo los barcos de placer (los cruceros), aunque no se paralizó en la misma forma el movimiento de buques petroleros. De la noche a la mañana quedaron bloqueados miles de barcos, con sus tripulantes a bordo. Esto sucede en diversos mares del mundo: en la isla de Fiyi, en el pacífico, mil marinos llevan atrapados más de un año; en Egipto, Canadá y otros lugares acontece lo mismo; en Estados Unidos están atascados 60.000 marinos a bordo de 90 barcos. Uno de los hechos más dramáticos sucedió en el mes de agosto en Beirut, cuando un barco petrolero fue abandonado con 13 marineros a bordo, que se salvaron de milagro cuando se presentó una pavorosa explosión. Esos marineros se encontraban atascados sin salario, ni agua, ni comida. Aparte del confinamiento forzoso, en 2020 hubo 49 casos en que los marineros fueron abandonados a su propia suerte cerca de algún puerto.

Un total de 400.000 marinos, algo así como la población de una ciudad de tamaño medio como Manizales, permanecen atrapados en sus barcos. Algunos llevan un año y medio encerrados, porque habían iniciado sus labores seis meses antes de que comenzara la pandemia. Ante las cuarentenas, confinamientos y medidas preventivas contra el Covid 19, los hombres de mar son vistos como un peligroso foco de contagio, máxime que la mayor parte de ellos después de concluida su labor en los barcos deben regresar en avión a sus países de origen, a menudo a miles de kilómetros de distancia. Sufren su propio confinamiento en pequeños espacios, lo que aumenta los riesgos para su salud, e incluso se les niega cualquier tratamiento médico normal en los puertos cercanos. Muchos marineros han enfermado, otros han muerto y algunos se han suicidado.
Miles de marineros se ven afectados por la parálisis, porque forman parte de las tripulaciones de reemplazo, están atrapados en sus casas, sin poder viajar a los puertos en donde debían sustituir a sus agotados compañeros, y sin ningún ingreso. La parálisis no ha sido total, pero otros buques han estado funcionando durante la pandemia, transportando alimentos, medicamentos y diversos bienes en todo el mundo.

Los marineros llevan meses separados de sus familiares y seres queridos, no ven a sus hijos desde entonces y en algunos casos han sido padres sin poder ayudar a sus esposas ni contemplar a sus hijos recién nacidos. Para completar, se encuentran en países distintos a los suyos, sorteando condiciones más hostiles que las habituales, debido a los miedos que se generalizan entre los habitantes de las ciudades-puertos porque los marineros puedan traer y difundir el Covid 19.
Los marineros soportan en plena pandemia estrés generalizado, agotamiento físico y mental, problemas psicológicos, sentimiento de abandono y soledad, tras meses de incertidumbre y sin perspectivas de que la situación vaya a mejorar en el futuro inmediato, ante el segundo brote del contagio y el previsible tercero que se espera en las próximas semanas.

Si a la cifra de 400.000 marinos abandonados en los barcos se le agrega la del personal de sustitución, se tiene un total de 800.000 desempleados, que corresponden al 70 % del total de personal ocupado, cifra que muestra la magnitud del impacto del Covid 19 entre el proletariado flotante.

El encerramiento de los marineros en lugar de aminorar el impacto del coronavirus lo agrava, porque dadas las condiciones de hacinamiento, los barcos no cuentan con protocolos efectivos de bioseguridad y un solo marinero enfermo puede contaminar a decenas de compañeros. El resultado es una mortandad generalizada en la más terrible de las condiciones, en completo aislamiento y soledad y sin el derecho a un entierro medianamente digno y normal. El barco se convierte en un ataúd flotante.

Para darse cuenta de quiénes ganan y quiénes pierden con la pandemia, debe recordarse que Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon que tanto se ha enriquecido en esta coyuntura, sustenta gran parte de su negocio en el transporte de los grandes barcos, mientras que miles de marinos no tienen salario, ni alimentación y se encuentran prisioneros en jaulas flotantes. Los que continúan trabajando en las duras condiciones de la pandemia transportan los suministros de Amazon a través de los océanos del mundo, su esfuerzo laboral es una de las fuentes de la riqueza del dueño de esa empresa. Esa es la explotación acentuada del proletariado flotante, que genera fabulosas ganancias a capitalistas tipo Jeff Bezos, y se complementa con el sufrimiento que soportan miles de marinos abandonados que viven en carne propia una agobiante cuarentena que parece no tener fin. En ese sentido, los proletarios flotantes son los palestinos de mar abierto.

“Un país donde el Ministro de Defensa muere de covid-19, debe invertir más en salud y menos en defensa”, escribió acertadamente el tuitero @arfisica el día que falleció Carlos Holmes Trujillo, conocido negacionista del conflicto armado y guerrerista de la élite que gobierna a Colombia.

El mensaje de twitter es una buena e inteligente síntesis que nos permite afirmar que el país sigue manejado por una casta a la que le importa poco la vida, pero mucho el dinero y la guerra. Mientras el presupuesto en salud, a pesar de ser el rubro de mayor incremento, es de 32,3 billones, el de Defensa y policía es de 33,5 billones; y eso que el actual gobierno se encontró con un país que acababa de firmar un Acuerdo de Paz.

Prácticamente todos los gobiernos que lo antecedieron han hecho lo mismo, pero Duque se ha esforzado por ganar el primer lugar en cinismo, nepotismo y corrupción. No solo roba abierta y descaradamente metiendo las manos sucias en toda clase de contratos, incluyendo el de las vacunas, sino que nombra funcionarios sin las cualidades necesarias y cuyo único mérito para ocupar el cargo es hacer caso y facilitar los planes del gobernante y sus aliados.

Si repasamos los nombramientos de Duque, confirmamos lo que hasta aquí se ha dicho. En primera instancia, este gobierno echó mano de los cargos diplomáticos para pagar favores a quienes apoyaron su tramposa campaña presidencial. Se dejaron de lado funcionarios y funcionarias con idoneidad, que se han preparado por años en la carrera diplomática para representar el país y fueron reemplazados por uribistas pura sangre. Esto ha generado un detrimento al erario público, pues se han invertido recursos en la formación de estos funcionarios o han sido nombrados en Bogotá sin estar ejerciendo en el exterior. Por ejemplo, para la embajada de Egipto nombró a la señora Ana Milena Muñoz, exesposa de César Gaviria, quien de manera traidora apoyó a Duque y dejó en la mayor vergüenza al partido liberal. Le concedió la principal responsabilidad de la embajada en USA a un uribista tan inepto como Francisco Santos y la de la OEA al ultraderechista Alejandro Ordóñez. En la lista también aparecen Angelino Garzón, Viviane Morales, Gloria Inés Ramírez, la tuitera Erika Eliana Salamanca y Ubeimar Delgado quien se posesionó en la embajada de Suecia a pesar de no saber inglés ni sueco.

También es reprochable y delictivo el respaldo de Duque al exfiscal Néstor Humberto Martínez a pesar de la tonelada de pruebas que lo incriminan con el escándalo de Odebrech, las chuzadas a la oposición, el enriquecimiento ilícito y el asesinato del señor Jorge Pizano y su hijo Alejandro. También es reprochable el nombramiento del actual fiscal, Francisco Barbosa, reconocido amigo y seguidor del uribismo que no genera la más mínima confianza y transparencia. O el respaldo al exembajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, partícipe en la producción y tráfico de cocaína; o el silencio ante la demostrada relación de la vicepresidenta y su esposo con el narcotraficante Memo Fantasma. Entre otras acciones antiéticas y oscuras, se encuentra el nombramiento, sin mérito alguno, de Diego Molano como Ministro de Defensa, el apoderamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del pueblo y la Contraloría, sumándole casi toda la junta directiva del Banco de la República, de la que ahora hace parte la hija de su amiga y embajadora ante la ONU Alicia Arango. Faltarían páginas para seguir enumerando los despropósitos y la desfachatez del gobierno en este sentido, por ejemplo, en las Fuerzas Militares y la Policía.

A estos actos de corrupción y clientelismo, hay que sumarle las recientes acciones que confirman el enfoque clasista y segregacionista del gobierno. El salario mínimo solo aumento un 3.5 %, es decir, $18.000; mientras que a los congresistas les incrementó lo correspondiente a dos salarios mínimos, quedando su salario en más de $32´000.000. Duque además se niega reiteradamente a establecer una renta básica universal para las personas que no tienen empleo ni posibilidades de sobrevivir en una cuarentena, no ha ordenado a las instituciones del Estado, ni a los particulares de la salud, que se pongan al día con los salarios y deudas que tienen con los trabajadores de ese sector y que han puesto su vida al servicio de todo el país.

Los billones que Duque destinó a palear la crisis económica provocada por su inexperiencia e ineficacia y ahondada por la pandemia, fueron a parar a las arcas de los banqueros, los empresarios ricos del país y las transnacionales. Además, prefirió endeudarse con el Banco Mundial e incrementar una deuda externa que ya es impagable, y que hoy tiene comprometidos más de 51, 3 billones de pesos del presupuesto general de la nación

Mientras tanto, el país se cae a pedazos. Aumenta el desempleo y el genocidio contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, y excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación. Los montajes judiciales contra organizaciones que han presentado resistencia y oposición al régimen de Duque también han aumentado, entre ellos el Congreso de los Pueblos. Siguen las masacres, que en 2021 ya suman 11, y desde que Duque llegó superan las 100. Los jóvenes siguen siendo víctimas de la brutalidad policial como ocurrió en Soacha, donde 8 de ellos fueron incinerados vivos ante los ojos de sus familiares.

Si el país, la ciudadanía, los movimientos sociales, los partidos y todos los que queremos vivir en paz con justicia social no nos ponemos las pilas, no nos sacudimos y cambiamos este infierno, seguiremos otros cuatro años de muerte, desolación y corrupción.

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