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“¡Déjela pasar y hágale lo que quiera!”, dijo un agente del Esmad a uno de sus compañeros que retenía a un grupo de mujeres manifestantes el 2 de mayo en Acacias, Meta. “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”, fueron las últimas palabras que escribió una joven en Popayán después de haber sido abusada sexualmente por miembros de la policía, hecho que la llevó a quitarse la vida. “Me tocó en presencia de todos sus compañeros, incluida una mujer”, contó una víctima de violencia sexual por parte del Esmad la noche del 30 de abril en Cali.

A 27 días de lucha social del paro nacional, la ONG Temblores registró que han sido denunciados 21 casos de violencia sexual y 6 de violencia basada en género. A estas denuncias que han sido silenciadas y negadas, se suma la de un grupo de mujeres que el pasado 3 de mayo vivieron una noche de terror en lo que se ha denominado “la larga noche de los cañaduzales” en Palmira, Valle del Cauca. Esa noche cerca de Cali, entre los cultivos de caña, miembros del Escuadrón iban abusar sexualmente de un grupo de mujeres. “Nos iban a violar. Nos metieron la pistola en la boca y nos amenazaron”. “Nos tocaron por todos lados y nos decían: Las vamos a matar, zorras, y nos metieron al lado del cañaduzal”, el reportaje fue realizado por Mutante y La Liga Contra El Silencio. Durante la jornada, el Comité de Derechos Humanos de este municipio registró 48 personas heridas y 10 denuncias de violencia de género.

La fuerza pública se ensaña con las mujeres
La represión que viven los manifestantes durante las jornadas de protesta del paro nacional ha sido inmensurable. En las distintas ciudades del país, jóvenes y madres de la primera línea y brigadistas, se han organizado para defender y garantizar la integridad de los protestantes. Es importante aclarar que todos y todas estamos expuestos a las agresiones por parte de miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, en un escenario de protesta, las mujeres estamos doblemente expuestas, ya que miembros de la policía han ejercido sistemáticamente violencia en los cuerpos de las mujeres como si se tratara de un botín de guerra.

La organización feminista Las Rudas Libertarias identificó que en el marco del paro nacional, las mujeres estamos expuestas a agresiones físicas, verbales o gestuales con connotación sexual; comentarios o alusiones sobre el cuerpo o la forma de vestir, registro audiovisual no consentido, actos de exhibicionismo o desnudez, obligar a realizar actos denigrantes, tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos; requisas invasivas por personas de género distinto o en su presencia y sugestión de solucionar un problema a cambio de favores sexuales, estas violencias ejercidas en su mayoría por miembros de la Fuerza Pública.

Unidades de Abuso Inmediato
Uno de los lamentables hechos que conmocionó a todo el país fue el suicidio de una joven de 17 años luego de ser presuntamente abusada sexualmente por miembros de la policía. Este caso evidenció el miedo y la connotación que trae para las manifestantes, enfrentarse con las fuerzas estatales en un escenario tan vulnerable como son las calles durante el paro nacional. El 13 de mayo se conoció que cuatro policías habían ejercido violencia sexual hacia la menor en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Popayán. Cabe destacar que la joven era hija de un miembro de la Policía Nacional, que días después del lamentable suceso, manifestó que se debía mantener la prudencia y que afirmó que “Puede ser un compañero, pero si la embarró que responda”. Además, el brigadier general Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Región de Policía 4, calificó la denuncia como “falsa, vil y ruin”, aunque los uniformados implicados fueran retirados del cargo, este suceso despertó la indignación de muchos ciudadanas y ciudadanos y en varias estaciones de policía se hicieron manifestaciones en protesta al hecho ocurrido.

Respuesta feminista
Para Daniela Oliveros, integrante de Las Rudas Libertarias, las violencias que se dan en el marco de las movilizaciones son sexuales y políticas. “Se dan en un contexto de represión a las movilizaciones sociales. Vemos que la violación llega a ser una forma de acción de poder, un acto de dominación sobre el cuerpo de otra persona más que con fines sexuales. Es por esto que decimos que nuestros cuerpos no son botines de guerra”. Dicha organización realizó una convocatoria de acción feminista para brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres víctimas de violencia basada en género en el marco del paro nacional. Paula Porras, profesional del área de salud, atendió el llamado de la organización, ya que no podía dejar pasar desapercibida las violencias y los actores que la han ejercido y perpetuado históricamente.

“Profesionales de la salud y el área jurídica nos unimos para planear estrategias que ayudaran a aliviar y proteger a la población. Hemos lanzado un vídeo que enseñaba al público en general a dar auxilios sicológicos, también presentamos una guía de autoprotección y cuidado personal, todo esto con el fin de causar un impacto y cuidarnos entre todas”, expresó. “Espero que este movimiento que se está formando en estos momentos, continúe con todo su impulso porque la unión y la necesidad de cuidarnos ha sido muy bonito poderlo presenciar”, agregó. Si eres víctima de violencia de género en el marco del paro nacional, puedes recibir atención gratuita.

 

Para acompañamiento psicosocial las líneas de atención son 322 532 4988 y 318 461 8173, acompañamiento jurídico 319 752 6129 o al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. y recepción de denuncias públicas al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En Colombia la minería ancestral y tradicional existe desde antes de la conquista y se ha mantenido hasta nuestros días. En Antioquia existe algo denominado “el anillo de oro”, una extensión de tierras que suman aproximadamente la tercera parte del departamento, el cual está formado por las subregiones del Nordeste con 854.400 hectáreas, comprendidas por: Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó; y en el Bajo Cauca con 841.500 hectáreas comprendidas por: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Allí se ejerce la minería artesanal y tradicional a pequeña escala por parte de los pequeños mineros, estos mismos generan una economía propia en la región, beneficiándose desde el arriero, el aserrador, el pequeño comerciante hasta un grupo de mujeres llamadas “las chatarreras”, que aprovechan los desperdicios dejados por los pequeños mineros. Pese a todos estos beneficios sociales, económicos y culturales que se dan a partir de esta actividad, y el impulso económico que dan a las regiones, los mineros se ven afectados por la persecución y criminalización del estado colombiano hacia los campesinos agromineros.

El campesinado históricamente ha sido víctima de despojo, señalamiento y estigmatizaciones, un protagonista más en el conflicto armado, político, social, cultural y económico que vive el país. La falta de políticas públicas que apoyen y beneficien el sector agrario, se debe en algunos casos a los intereses particulares de quiénes pretenden entregar el país en concesión a empresas extractivistas y multinacionales o a terratenientes para siembra de monocultivos, omitiendo a las comunidades que viven allí y que se ven afectadas directamente por esas empresas que encuentran un valor económico en ellas. En otros casos se debe al desinterés del Estado en conocer y atender las necesidades reales de las comunidades campesinas y sus territorios que son excluidos y marginados, no tienen vías de acceso y el Estado solo hace presencia a través de las fuerzas militares.

Las medidas represivas ejecutadas por parte del Estado en contra de los campesinos agromineros, parten del supuesto de que la minería artesanal y tradicional son generadoras de violencia y de acciones ilegales, ubicándola en la misma línea del narcotráfico y las insurgencias, situando al campesino agrominero en el centro del conflicto, limitando las posibilidades que tiene de realizar su actividad ancestral y de ser reconocido como sujeto político de derecho. Adicional a esto, las acciones del Estado han interiorizado en el país la imagen de un campesino criminal que cambia su vocación natural de siembra por la explotación “ilegal” de recursos auríferos.

Dentro de los ejercicios de deslegitimación existe el “marketing punitivo”, este se encarga de desprestigiar y estigmatizar al campesino agrominero, ya que genera información errónea sobre las prácticas de la minería ancestral y tradicional, e inserta discursos vacíos sin ningún fundamento, y replica ideas falsas hasta convertirlas en “reales”, utilizando términos como: “depredadores ambientales, minería ilegal, minería de subsistencia”, y demás adjetivos peyorativos, que buscan ocultar el impacto ambiental generado por los proyectos extractivistas de multinacionales como: Drummond Colombia, Anglo Gold Ashanti, Gran Colombia Gold, Mineros S.A y demás empresas que explotan el suelo y el subsuelo de los colombianos. Las prácticas capitalistas de estos gigantes, aumentan las condiciones de pobreza arruinando la economía de la región, exportan el oro y demás minerales para comercializarlos directamente en el mercado internacional, ya sea de manera legal o ilegal.

La condición extractivista sitúa la relación del hombre con la naturaleza para la extracción de recursos no renovables y no para su cuidado y protección, estos recursos, dentro de las lógicas del capitalismo deben responder ferozmente solo a la acumulación de capital. Con base en esto, en Colombia se han otorgado licencias para exploración y explotación de auríferos en territorios habitados por comunidades que extraen el mineral de manera tradicional y artesanal, generando una relación problemática entre los valores extraeconómicos que tienen las comunidades locales y la condición del medio ambiente. El problema entonces no es que no se puedan generar recursos, sería un poco inocente pensarlo, más aún en un contexto global que ha coaptado y sumergido las formas de vida sociocultural en relación con las lógicas del capital. Sin embargo, se hace necesario por el bien de las comunidades y el territorio, repensarse el paradigma capitalista donde lo económico es el valor hegemónico, se debe proponer un giro que permita virar las formas de ser y hacer, tejer una relación entre el hombre y la naturaleza que permita un equilibrio ecológico y se garantice la permanecía de las comunidades agromineras en el territorio, se respete su arraigo y su identidad.

La lucha de las comunidades campesinas agromineras ha exigido que se legitime su actividad ancestral y tradicional, y se reconozca al campesino como sujeto político de derecho. Además que se desmonte o se modifique la ley 2da de 1959 y se deje de legislar en contra de estas comunidades, es por ello que en el marco del paro nacional se realizan movilizaciones en algunos municipios de Antioquia: en Caucasia se concentran campesinos agromineros del Nordeste, Bajo Cauca antioqueño y Córdoba, exigiendo el retiro de los proyectos de ley 059 de 2020 y 283 de 2019, debido a que no existe una distinción efectiva entre la minería ancestral y tradicional de la minería ilegal y tratan un problema social a través de una política criminal.

Es la ley la que debe adecuarse a los territorios, no los territorios a la ley.

Desde el 28 de abril se vienen presentando en el país movilizaciones multitudinarias en rechazo a las políticas sociales y económicas, implementadas por el gobierno de Iván Duque. Los manifestantes, desde el inicio de las protestas, declararon paro nacional indefinido hasta alcanzar acuerdos, sobre un pliego de emergencia que fue presentado hace más de un año, en el marco de la pandemia originada por la Covid-19. Estas masivas marchas, podríamos decir, son la continuidad de las que se realizaron en noviembre de 2019, que duraron un par de semanas hasta que se declaró cuarentena general. A nuestro parecer, este es un ciclo de protestas antineoliberales, porque no solo son en contra de una reforma tributaria, sino que son levantamientos que rechazan los resultados nefastos que ha dejado la aplicación, a sangre y fuego, del recetario neoliberal en amplias capas de la población. Las movilizaciones, por su masividad y permanencia, son las más importantes en la historia reciente del país, lo que las convierte en un hecho de suma importancia para el presente y futuro de la nación.

El cubrimiento mediático de estos levantamientos y movilizaciones populares, ha sido lamentable y vergonzoso. Esto no debería sorprender, teniendo en cuenta la actuación de los grandes medios en situaciones sociales y políticas similares. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos 15 días es muy preocupante, porque atenta contra el derecho a una información veraz. Lo realizado por los medios de comunicación tradicionales lo podríamos catalogar como un tipo de vandalismo mediático.

Estigmatización
Con la llegada de las movilizaciones a lo largo y ancho del país, los medios masivos de comunicación tradicionales se enfocaron en los desmanes y enfrentamientos –generados e incentivados por la policía en su mayoría–, que se presentaban en el final de las marchas entre manifestantes y las fuerzas represivas del Estado. Redujeron todas las protestas y marchas multitudinarias, a actos “vandálicos”, frase repetida hasta la náusea en los noticieros del país. Durante la emisión de estos noticieros, que en promedio duran 2 horas y media, una parte importante de la transmisión, es dedicada a la infiltración de “vándalos” y a los daños que producen en las ciudades. Esa categoría de “vándalo” es bastante cuestionable para explicar lo que sucede en las calles. Como dice el periodista Juan Cárdenas,

“no veo «vándalos» por ninguna parte. A lo sumo veo gente desesperada, gente hambrienta, veo muchachos que, sin ninguna otra oportunidad, se unieron a un combo de ladrones y ahora pescan en el río revuelto de las protestas y la permisividad de las fuerzas estatales; veo personas a las que se les ha negado cualquier otra forma de vida desde su infancia, sin acceso a los derechos más elementales en uno de los países más desiguales del planeta, sistemáticamente excluidos de cualquier beneficio estatal, acostumbrados a vivir al margen de eso que nosotros, desde el bando correcto de la mercancía, llamamos un estado social de derecho”.

Nula atención se les ha dedicado a las motivaciones, la diversidad, amplitud y complejidad del movimiento social que se ha desplegado en los últimos días, simplificando, hasta el absurdo todo este estallido ciudadano a un asunto de “vandalismo”. Es una salida fácil y superficial que le evita al televidente o lector el ejercicio de pensar, cuestionar sobre las noticias que le presentan y el contexto en el que vive. Impide analizar y produce pereza mental en la opinión pública.

Esta tergiversación de los acontecimientos conlleva a una equiparación entre protestante y vándalo, que cala en las audiencias de estos medios de comunicación y les inducen a creer que aquel que se moviliza es un agente de destrucción y caos, más no un sujeto que lleva a cabo una práctica política y social al manifestar su inconformismo. Este tratamiento de los hechos es profundamente desequilibrado y sesgado, produciendo miedo y terror en el televidente u oyente, y desalienta su participación en el espacio público, al percibir las movilizaciones como sinónimo de violencia y destrucción. Esta distorsión de la realidad, tiene claras intenciones políticas e ideológicas, ya que los conglomerados mediáticos dominantes del país, poseen una agenda noticiosa que es dictaminada por sus dueños –poderosos políticos y empresarios– y responde a intereses particulares, por ello no es extraño que se deslegitime y satanice la protesta social, sobre todo si esta cuestiona al orden social establecido y a los grupos en el poder.

Otro punto que es necesario resaltar, es cómo estos medios de comunicación, han sido caja de resonancia para la estigmatización ejercida por parte del gobierno de Iván Duque. Durante quince días de paro nacional, las autoridades han señalado que las manifestaciones y protestas, son financiadas e infiltradas por milicianos del ELN, disidencias de las FARC y por el gobierno de Nicolás Maduro. Afirmaciones que ni siquiera son cuestionadas o contrastadas y mucho menos criticadas por estos medios. Las pruebas presentadas para reforzar estas noticias son bastante flojas y, en algunos casos, no son mostradas. Esto conlleva a una peligrosa estigmatización porque señala al manifestante como guerrillero o terrorista, que busca derrocar al gobierno de turno. Por ello es constante leer en las mal llamadas redes sociales y escuchar en algunos sectores políticos y sociales, que las protestas y los que hacen parte de las movilizaciones son guerrilleros vestidos de civil, situación que ha justificado la brutal represión ejercida por la policía y el Estado. Allí vemos una reactualización de la doctrina contrainsurgente y anticomunista que ahora concibe al protestante como el “enemigo interno” que es legítimo aniquilar. Los medios masivos de comunicación ni se inmutan ante tal desenlace, puesto que repiten y machacan el mismo tema durante todo el día en radio, televisión e internet.

 

Noticias falsas
Los medios masivos y tradicionales de comunicación, también han utilizado las noticias falsas para desinformar y crear confusión entre sus audiencias durante el paro nacional. El canal RCN, por ejemplo, en su emisión de noticias de las 11 de la noche del viernes 30 de abril, afirmó que “Les vamos a mostrar cómo reaccionaron decenas de caleños, frente a la decisión de Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria. Miremos: con arengas, cantando el himno de Colombia y de la ciudad, en distintos puntos, celebraron el anuncio, pero también ha enardecido las riesgosas aglomeraciones que se registraron. Una vez más, en Noticias RCN, reiteramos que celebramos la protesta pacífica pero jamás la violencia como forma de manifestación". En el video que acompañó la nota periodística, se veía a una masiva congregación de manifestantes, que como se supo pocas horas después, no estaban celebrando ninguna modificación a la reforma tributaria ni su retiro del congreso, sino todo lo contrario, era una movilización de solidaridad con las personas de Puerto Resistencia –lugar brutalmente atacado por la policía–, por la salida de la zona del ESMAD, contra la represión y por la continuidad del paro en el país. Sectores movilizados en la ciudad de Cali exigieron una retractación al canal por la difusión de esta noticia falsa, que tenía la clara intención de manipular a la opinión pública.

El director de noticias de ese canal, José Manuel Acevedo, ante las quejas realizadas desde diferentes movimientos sociales y ciudadanos, dijo en una emisión del noticiero del 1 de mayo, lo siguiente:


"A propósito de esa noticia publicada anoche en nuestra emisión de las 11:30, en la que registramos una celebración de los manifestantes de Cali después de conocerse la decisión del Gobierno de modificar aspectos sensibles de la reforma tributaria, quiero ser claro: hablamos de una reacción de las personas que estaban congregadas y celebraban una victoria de ellos frente al Gobierno, y no un triunfo del Gobierno, siendo conscientes de que la gente que allí protestaba no estaba aplaudiendo al Ejecutivo. Dejo esta claridad expresa y ratifico que seguiremos informando con seriedad, como siempre lo hemos hecho".

Esta fue una retractación a medias y muy cínica, al afirmar que el canal informaba con “seriedad”. No hubo una condena rotunda por esta evidente noticia falsa, ni por la tergiversación de los hechos que a todas luces buscaba desinformar a la audiencia, haciendo creer que la manifestación y celebración, era por las dadivas del gobierno de Iván Duque al retirar unos puntos de la reforma tributaria.

Con la adhesión de grupos de camioneros al paro, se presentaron algunos bloqueos en distintas vías nacionales. Los medios de comunicación rechazaron lo que para ellos era la violación a la circulación y al trabajo, debido a los taponamientos de carros de carga e insistieron en los graves problemas de desabastecimiento, que se estaban presentando en ciudades y regiones del país. En redes sociales, distintos medios promocionaron el numeral “marchas sí, bloqueos no”, en donde se señalaba y estigmatizaba a los camioneros y se les responsabilizaba del hambre y la escasez. Caracol radio, el 10 de mayo, en su emisión de la mañana, afirmó que Bogotá sufría desabastecimiento por culpa de los bloqueos y por ello los precios habían empezado a subir. Decían que solo ingresaron un 33% de los camiones con alimentos a Corabastos. Ante estas aseveraciones, la periodista de la W Radio, Karen Bohórquez, salió a desmentir esas noticias con datos de la misma central de abastos.

La reportera, en su perfil de Twitter, escribió “¡Ojo! Corabastos informa que los vehículos con alimentos han ingresado sin problema a la central. No hay desabastecimiento en Bogotá. Hoy ingresaron 993 camiones y se han normalizado los precios. Desde el fin de semana ha ingresado en promedio 7.844 toneladas diarias de alimentos a Bogotá”.

Se trataba de una noticia falsa, que tenía un objetivo claro, desvirtuar el paro nacional, estigmatizarlo y culparlo de un supuesto desabastecimiento en la capital del país. El libreto ha sido repetido hasta el hartazgo, en estos medios de comunicación casi no se habla de la profunda crisis de los transportadores por los elevados costos de los peajes, de la gasolina y de los fletes; tampoco, de la situación de miles de campesinos arruinados por las deudas y los altos precios de los insumos y los bajos precios de los alimentos que comercializan. Esto parece no importar, solo les interesa satanizar al movimiento social y popular que se expresa en las calles y vías.

Ocultamiento y omisión
En el transcurso del paro nacional se han presentado hechos de suma gravedad que comprometen a las fuerzas represivas y al gobierno de Iván Duque. Hacemos referencia a la violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que se materializan en crímenes de lesa humanidad y que se suman al prontuario criminal del Estado colombiano, campeón mundial en este campo. La cifra de muertos en medio de las movilizaciones asciende a 43, 40 a manos de la policía y el Esmad, según datos de organizaciones sociales; 22 casos de violencia sexual contra mujeres; más de 500 desaparecidos; 28 víctimas con pérdida de alguno de sus ojos y más de 2000 detenciones arbitrarias. Ante estos dramáticos datos, los medios de comunicación tradicionales han adoptado una actitud pasiva, dedicando muy poco tiempo a los sucesos que involucran a la policía. Algunos reportajes aislados y pare de contar. ¿Más de 40 muertos no significan nada? ¿Por qué los medios no realizan investigaciones serías sobre esto? ¿Por qué no hay reclamos vehementes ante las autoridades? ¿Estas muertes, no configuran una masacre?

Algo similar ha ocurrido con las denuncias realizadas por manifestantes, que documentan la infiltración de policías de civil cometiendo desmanes y saqueos en las movilizaciones, situación que hasta el momento no tiene eco en

estos medios. Mucha menos atención ha tenido la información y evidencia que muestra a policías, también de civil, disparando a protestantes. En la ciudad de Cali circularon vídeos que mostraban a policías de particular bajando de furgones y abriendo fuego hacía las personas que estaban en puntos de concentración apoyando el paro nacional. No hay investigaciones concretas por parte de los grandes medios, a pesar de existir evidencia material sobre la actuación criminal de las autoridades policiales. Bastó solo con la versión oficial del comandante de policía de Cali, que ni se contrastó ni corroboró. ¿Denuncias tan graves, no merecen toda la atención de los grandes medios?

El 9 de mayo, también en la ciudad de Cali, la minga indígena que había llegado días antes desde el Cauca, para acompañar a las personas que se encontraban en resistencia y apoyando el paro, fue atacada por un grupo de civiles que se desplazaban en camionetas portando armas de fuego de corto y largo alcance. El resultado que dejó el asalto fue de diez indígenas heridos, tres de ellos de gravedad que fueron trasladados a centros de salud de la ciudad. Integrantes de la minga relataron cómo estos individuos les disparaban desde los automóviles y, algunos de ellos, lo hacían a pie con la complicidad de agentes de policía.

En vídeos que fueron gravados por ciudadanos, se observa a estos criminales vestidos con camisetas blancas disparando contra la minga indígena. Varios de estos sujetos lo hacían al lado de policías, sin que estos intentaran detenerlos o impedir que siguieran atacando a los indígenas. No hubo detenidos por estos sucesos a pesar de que la policía lo podría haber hecho, ya que, literalmente, las personas que disparaban permanecieron, la mayoría del tiempo que duró el ataque, muy cerca de la policía, casi que en complicidad. ¿Por qué la policía protegía a paramilitares urbanos? ¿Por qué no hubo detenciones?

Los medios de comunicación culparon a los indígenas afirmando que la minga había provocado a un grupo de personas o “gente de bien” y habían ocasionado desmanes y caos en un sector de la ciudad, afectando la propiedad privada. Se hizo escaza mención al hecho de que personas de civil, en camionetas dispararan a la minga indígena, dejando diez heridos. Nula fue la información sobre policías protegiendo a este grupo paramilitar y no se dijo nada de por qué no había capturados o detenidos por el acto criminal. Toda la responsabilidad recayó sobre la minga indígena que fue conminada, desde el gobierno de Iván Duque, a devolverse al Cauca, sin ni siquiera condenar el ataque realizado por parte de grupos armados ni abrir investigaciones.

La minga tuvo que retirarse de la ciudad de Cali. Se le prohibió regresar ya que se cerraban las fronteras del departamento del Valle del Cauca. En tono racista, autoridades gubernamentales dijeron que los indígenas debían permanecer en sus resguardos y que no debían movilizarse. El ocultamiento y omisión de información por parte de los medios de comunicación debería catalogarse como violencia mediática, porque ofrece una mirada unilateral y sesgada de la realidad que, a su vez, deriva en desinformación y manipulación e induce a la opinión pública a caer en el espacio de la estigmatización, como en el caso de la minga indígena.

Se necesitan más medios de comunicación que ofrezcan una mirada amplia y diversa de la realidad, que informen desde las múltiples voces y fuentes. Los grandes conglomerados del país, cumplen una función antidemocrática y eso ha quedado demostrado en estos 15 días de paro nacional, porque impiden la materialización del derecho a la información veraz. A su vez, es de suma importancia darles más visibilidad a los medios de comunicación comunitaria y popular que, con mucho esfuerzo, realizan un cubrimiento más democrático de los hechos que han sucedido durante el paro nacional.

Gente con el brazo en alto

La protesta como derecho y riesgo en las democracias

 

Una masa abierta no tiene una impresión o idea clara de la magnitud que puede llegar a alcanzar. Elias Canetti. Masa y poder.

El siglo XX, el más peligroso de todos, fue el siglo de las marchas reclamando derechos civiles, libertad en los totalitarismos, liberación de la pobreza, formas dignas de trabajo y empleo, salud básica y educación completa –con criterios de fondo y libertad de cátedra–. Estas marchas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad del Estado, a los conceptos conservadores de los gobiernos que impedían el cambio y al miedo que, como dijo Albert Camus, se había convertido en una estrategia para gobernar. Y en estas marchas, donde se tenía un sueño –I have a dream, gritó Martin Luther King– y en los carteles de las protestas de los grupos negros norteamericanos se leía: Yo soy un hombre, los medios de comunicación tergiversaron, se hicieron análisis sesgados y hubo más propaganda que información. Pasó igual cuando los checos, en la primavera de Praga, se rebelaron contra el dominio ruso y los chinos contra el Estado chino, en la plaza de Tiananmén; cuando los jóvenes franceses del Mayo de 1968 reclamaron el derecho a imaginar y ser humanos, igual que reclamaban dignidad los que protestaban contra la guerra de Vietnam. Muchas marchas hubo en el siglo XX, incluyendo las de la muerte –que se llamaron las de los cadáveres andantes– llevadas a cabo por los nazis con los prisioneros de los campos de exterminio. La gente se iba muriendo en el camino, con la boca abierta y los ojos mirando nada.

Una historia mínima
La Revolución Francesa –su primera marcha fue la de la gente que cantaba la Marsellesa–, creó tres conceptos: libertad, igualdad y fraternidad. Con la libertad, el ser humano es libre de pensar, debatir, hacer una vida digna y crecer en términos de grupo y desarrollo económico. Con el cumplimiento de los deberes, aparecen los derechos inalienables. Con la igualdad, nace la palabra ciudadano (citoyan) por primera vez en la historia. Un ciudadano cuando está en igualdad de condiciones con los demás, educándose, trabajando y pagando impuestos; adquiere el derecho a ser elegido o, en su defecto, a fiscalizar el Estado. Y la fraternidad, ¿qué es la fraternidad? Acoger a todos aquellos a los que les han vulnerado sus derechos.

Con la Revolución Norteamericana en 1776, se dan los conceptos de independencia –no vamos a depender de nadie sin antes definirnos nosotros, decía Ralph Waldo Emerson–, creencia libre en cualquier dios, libertad de empresa –producir lo que necesitamos– y libertad de prensa, lo que implica saber escribir, pensar en orden e imprimir libros y periódicos para educar a los demás.

Ambas revoluciones –entendiendo como revolución un cambio drástico de paradigmas–, se unen en una sola palabra: liberal. Siendo los liberales quienes han sumido la libertad y están de acuerdo con la Revolución Francesa y los planteamientos de John Locke en su libro, Segundo tratado sobre el gobierno civil. Y contra esta ideología están los conservadores –anclados en el republicanismo romano–, que se oponen a todo lo de la Revolución francesa y siguen a Joseph De Maistre, que ha teorizado el pensamiento conservador en Las veladas de San Petersburgo, un libro que le gustaba mucho a los viejos jesuitas.

Del liberalismo nace Karl Marx, el filósofo del trabajo en la ciudad industrial. Con él aparece una utopía y la gente que canta La internacional, la pone a marchar. Marx, como Adam Smith, también es un moralista. Muchas costumbres deben cambiar. Aparecen, entonces la derecha y la izquierda, las dos se desfasan y desmesuran, las dos siguen enfrentadas.


Colombia
El siglo XIX fue el de las guerras civiles y locales, el de las luchas políticas acomodaticias y el de toda clase de micro dictaduras. Abundaron los ejércitos particulares y todavía, en La Vorágine de José Eustasio Rivera, se los menciona comenzando el siglo XX. Y este siglo XX se inicia con la batalla de Palonegro, en Santander, en donde se enfrentaron gentes que no entendían bien de qué se trataba lo que estaban defendiendo, pero estaban rabiosos y produjeron una matanza tal que la hedentina de los cadáveres se olía a kilómetros de distancia (se dice que murieron cinco mil de la peor manera posible, a machetazos, martillazos, chuzadas con palos y navajas, mordiscos, disparos repetidos etc.), dejando vivos a cojos, mancos, ciegos, locos y mucha gente rabiosa que se fue a la guerra y regresó de ella sin saber qué cosa era un país, un gobierno y una patria. Reclutados a la fuerza para matarse unos a otros, unos fueron liberales por un pañuelo rojo y otros conservadores por un escapulario.

Pero bueno, Colombia se llamó Colombia en honor a Cristóbal Colón. Y, como Colón, mintió, deliró y buscó el paraíso en medio de alucinaciones. No sé si fue bueno llamarse así. Los cabalistas dicen que las palabras convocan y que el destino se hace con lo que decimos y hacemos, asunto con el que también Gandhi estuvo de acuerdo y váyase a saber si Brama, que construye mundos para que Visnú los sostenga y Shiva los destruya. Pero de todas maneras nos llamamos Colombia, un país que se hace y se deshace, como debería decir en el escudo de armas, donde se luce una canal de Panamá que ya es ajeno.

Después de un siglo de guerras civiles, en Colombia comenzaron las protestas. Las primeras, promovidas por los mismos partidos, como pasó en 1909, cuando el partido conservador protestó porque Rafael Reyes había incluido en su gabinete ministros liberales. Reyes, conservador, militar, aventurero y empresario quebrado, de alguna manera era un progresista –Rafael Uribe Uribe lo alaba–, pero sus copartidarios –la mayoría fisiócratas– no quieren este progreso. Ellos ven el país a través de la renta de la tierra y no de empresas echando humo. La marcha conservadora del 13 de marzo de 1909 puso a Rafael Reyes en el exilio. Bastaron dos días, del 13 al 15, para que Colombia siguiera siendo un país que no miraba las periferias.

El 11 de noviembre de 1928, los trabajadores de la bananera United Fruit Company, entran en paro y protestan por las malas condiciones laborales. Y en esa huelga que duró hasta el 6 de diciembre, el general Carlos Cortés Vargas resolvió el problema disparando, por orden telegráfica del presidente Miguel Abadía Méndez. Según Gabriel García Márquez, en Cien años de soledad, los muertos fueron tantos que el tren casi no dio abasto para cargarlos. Seguimos, entonces, siendo una Banana Republic, término creado por O'Henry, el cuentista norteamericano. O un reinado del Papa verde que, según Miguel Ángel Asturias, criaba gente a su amaño.

Abadía Méndez enfrenta otra marcha el 11 de junio de 1929, en Bogotá, y al día siguiente, debido a la presencia de los estudiantes de la Universidad Nacional en la protesta, la manifestación se reprime con las armas y muere el estudiante de derecho Gonzalo Bravo Pérez, al que casi no entierran porque todavía muerto siguió protestando. La hegemonía conservadora cae en 1930.

Y siguieron las protestas. En 1948, el 7 de febrero se dio La marcha del silencio, liderada por Jorge Eliecer Gaitán. Protestaban por los asesinatos a liberales. El 9 abril, Gaitán sería otro muerto liberal. Seis años después, el 8 y 9 de junio de 1954, 10 estudiantes mueren en una protesta contra la dictadura del General Rojas Pinilla. Se impone la censura. El 5 y 8 de mayo, de 1957, la protesta contra el dictador ha unido a trabajadores, estudiantes, industriales, banqueros y gente del común. Esta vez no hay quien dispare y el dictador se exila. El país se calma en lo que se podría entender como un más o menos llamado Frente Nacional. Pero todo sigue cojo y ya, con Alfonso López Michelsen como presidente, la gente protesta el 14 de septiembre de 1977, contra el costo de la vida. Se habla de 20 muertos, cifras oficiales. El 13 de agosto de 1987, en Medellín se protesta contra la violencia en lo que se llamó La marcha de los claveles. Días después asesinan a Héctor Abad Gómez, Pedro Valencia Giraldo, Luis Felipe Vélez y a Leonardo Betancur. Estas muertes se convierten en el libro El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es una memoria. El 4 de febrero de 2008, se marchó contra las Farc y esta presión llevó a un tratado de paz que no ha cuajado. Mucha memoria, muchos hechos, mucha paciencia frente a soluciones que no llegan.

Las marchas y protestas actuales, las que más duración han tenido en el país, son la sumatoria de una nación que no logra crearse. Mediada por toda clase de violencias, políticas, sociales y económicas; por una corrupción ascendente y una concepción del poder que destruye cualquier democracia; por una pandemia que descontrola debido a las cifras y por las mentiras continuadas –lo que ya rompe la confianza en una sociedad–, las gentes no ven futuro. Y como nada está claro –habitamos una especie de pandemónium miltoniano–, las personas salen a la calle a manifestarse de muchas maneras: con creatividad, con solidaridad, con rabia, gritando que venden verduras y frutas –esta es una protesta continua de la pobreza, la de cada día–, con la voz como única arma para poner en claro que donde no hay futuro hay miedo y que el miedo –igual al que sufren los que contra-protestan– es un espacio como el virus: que contagia sin escoger y lo vuelve todo peor.

Las protestas muestran que algo anda mal. Y estamos mal porque no revisamos la historia –algunos hasta la niegan–, porque la economía antes que incluir excluye, porque los gobiernos siguen en el siglo XIX, porque somos más y no se propicia el espacio necesario para vivir con dignidad, porque lo particular desborda lo comunitario. En fin, somos un país donde la industria no creció y al contrario se vino abajo, un país en el que todavía se lucha por la tierra, un país donde en lugar de diálogos solo se ve a la gente echándose la culpa mientras la brecha se amplía y crecen los odios. Y en un territorio así, desbordado –o en plena deslujuria tropical– y sin una paz que asegure crecimiento y desarrollo; y donde el raciocinio que deberíamos acreditar le da paso al delirio, es difícil vivir, pensar en orden y crear lazos fuertes.

Cuando un cuerpo está enfermo, protesta mostrando síntomas. Y sus síntomas son el efecto de las causas que lo enfermaron. Ahora, si ese cuerpo se maquilla para no parecer enfermo, sus síntomas serán más dolorosos. Solo se aliviará cuando reconozca la enfermedad y admita un tratamiento. Seamos claros, como decía René Uribe Ferrer: los desmanes de un sistema terminan por crear su contrario.

Principio fundamental de la pedagogía traqueta

La letra con sangre entra: es la máxima más conocida de la pedagogía autoritaria de todos los tiempos y en Colombia ha tenido una larga trayectoria, puesto que fue el principio guía de la educación católica impuesto en este país después de 1886; sus efectos nefastos todavía los sentimos los colombianos en nuestra vida cotidiana, educativa y cultural. Antioquia es uno de los lugares donde se convirtió en sentido común esa pedagogía autoritaria, hasta el punto de que alguna vez en la entrada del edificio antiguo de la Universidad de Antioquia aparecía en su frontispicio esta afirmación: "Si algo completa la decoración de esa sombría fragua donde se forjan los hombres del futuro es esa leyenda que los pobres muchachos tendrán siempre a la vista: "La letra con sangre entra". Un texto crítico que indicaba hasta donde había penetrado el principio filosófico cardinal del autoritarismo educativo.

El niño, joven y adulto, debía ser educado en el hogar, en la escuela, en el cuartel, en la iglesia; mediante la violencia ejercida por padres, familiares, sacerdotes, mandos militares y profesores. Al alumno había que inculcarle mediante el suplicio y la tortura diaria, el modelo “ejemplar” de buen cristiano, obediente y rezandero; el cual garantizaba una sociedad “ordenada”, sumisa a los patronos y mandamases, respetuosa de las autoridades civiles y eclesiásticas. La efectividad de ese resultado dependía, en ultima instancia, del maestro en el aula de clase: debía castigar al niño para no tener que enderezar al hombre. Se exaltaba al maestro castigador y se despreciaba al que no lo era por ser “débil y complaciente”. Se transmitía la idea de que el conocimiento y los valores se debían adquirir con sufrimiento; entre más sufría un estudiante más aprendía y más obediente sería.

Y aunque pasando el tiempo este precepto pedagógico que le rendía culto al castigo fue entrando en crisis, se corporizó como sentido común en gran parte de la sociedad colombiana, incluso ya no tanto para aplicárselo a sus propios hijos, sino como norma de control de los cuerpos y espíritus del conjunto de habitantes de un departamento o del país en general. A quienes desobedecían había que aplicarle el cepo y suplicios ejemplarizantes a la vista púbica para que no solo el castigado se arrepintiera y no volviera a incurrir en faltas, sino, lo que era más importante, para que mediante el miedo los otros entendieran las consecuencias por cometer cualquier infracción que cuestionara el orden establecido.

Ahora conocemos una verdadera “revolución filosófica” gestada en Antioquia en materia de pedagogía, que sale de la Finca del Ubérrimo, esa academia en la que se irradia sabiduría, luz y conocimiento hacia el mundo entero, frente a la cual las escuelas filosóficas de todos los tiempos, de Sócrates en adelante, resultan insignificantes. El gran principio pedagógico que allí se acaba de concebir, y que llevaba años cocinándose, puede formularse sintéticamente con esta fórmula: La letra con vómito entra. Una fórmula que sintetiza magistralmente lo que es la pedagogía traqueta, y tiene una relevancia similar a las que dieron origen a teorías tan revolucionarias como la evolución de las especies, la relatividad o la gravitación universal.

Miremos como se concibió tan maravilloso aporte a la pedagogía de todos los tiempos. El hijo de la “inteligencia superior”, Tomás Uribe lo contó hace pocas semanas y hay que cuestionarlo por haber mantenido en secreto durante décadas tan maravilloso experimento, nos ha privado de ponerlo en práctica para que los colombianos no se salgan del camino y sigan la senda del respeto y se conviertan en colombianos de bien… bien traquetos.

El origen se encuentra en este hecho que relató Tomás Uribe, sobre lo sucedido a su hermano Jerónimo, cuando rechazó un jugo que el papá le había dado porque no le gustaba su textura: "Un día le sirvieron un jugo de fresa con banano. Lo tomó y se vomitó en el vaso. Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello". Como prueba fehaciente de la eficacia de este precepto pedagógico, quien lo soportó, y al parecer lo disfrutó, agradece eternamente que ese día se le haya aplicado porque a ese comportamiento lo catalogó como “formativo”, y justificó los “castigos formativos”.

Además de los beneficios pedagógicos del nuevo emblema, La letra con vómito entra, debe destacarse que tiene derivaciones en otras formas del saber, recordemos que existe la orinoterapia, con múltiples beneficios. Así podemos hablar de la vómitoterapia, un aporte de los traquetos paisas a la medicina universal. Esta nueva terapia debe ser asimilada por América Latina y el mundo entero, los colombianos la venimos disfrutando desde siempre, pero con más frecuencia en los últimos veinte años. Sí, desde el 7 de agosto de 2002, el pedagogo superior que fungió como inquilino de la Casa de Narquiño nos ha hecho comer a los colombianos nuestro propio vómito, y gran parte lo han disfrutado, y nos dice que su gesto ha resultado benéfico para la salud personal y la de todo el país, pero sobre todo por las enseñanzas morales que les ha dejado a los colombianos, una gran parte aprendió a obedecer a quienes llevan motosierra en mano.

Claro, entiéndase que lo del vómito con letra es una metáfora y significa al traducirlo a la realidad cotidiana, que los colombianos desobedientes, que se nieguen a reconocer las virtudes educativas y sanatorios del vómito -castrochavistas y terroristas-;
-se tienen que castigar ejemplarmente, como a los niños que nuestro dulce y humanitario Ministro de Guerra, Diego Molano -un aventajado alumno de la pedagogía uribista- denomina máquinas de guerra y que por eso se pueden bombardear y masacrar. El dilema que deja la letra profunda de nuestro pedagogo del ubérrimo es el siguiente: o se comen su propio vómito, y se aguantan; o los fumigo a plomo para que aprendan y respeten a la burguesía traqueta: los dueños de esta finca que se llama Colombia.

Y ese es el precepto moral que se aplica al pie de la letra, extraído del manual de la pedagogía traqueta, como lo percibimos en el trato dado durante el paro nacional a quienes protestan: plomo venteado a los rebeldes que se niegan a comerse su propio vómito, según lo ha ordenado el “pedagogo del Ubérrimo”. A la par las “gentes de bien” saborean sus manjares en platos de oro, y en sus ratos libres abalean a negros e indígenas en sus propias ciudades, -como se ha visto en Cali-, porque se han atrevido a poner sus sucios pies en los barrios donde solo son admitidos como sirvientes, que entran por la puerta de atrás y nunca deben ser vistos ocupando las calles, ni los espacios públicos. ¡Ni más faltaba! Y por eso hay que obligarlos a que se sigan comiendo su propio vómito, no pueden mancillar la sagrada propiedad privada ni a sus habitantes vestidos de un blanco inmaculado y cadavérico.

Cuando Cali despertó, su fundador ya estaba boca abajo. El 28 de abril, a las 5 y 30 de la mañana, un grupo de indígenas Misak –“los hijos del arcoíris y el agua del Valle de Pubén”– derribaron con sogas el monumento al invasor Sebastián de Belalcázar que estaba encumbrado en un mirador del occidente de la ciudad. Edgar Velasco, Secretario del Movimiento de Autoridades del Suroccidente Colombiano (AISO), explicó que las 58 autoridades de los tres pueblos Misak enjuiciaron el 16 de septiembre del 2020 al verdugo del Cacique Petecuy, por genocidio, acaparamiento de tierras, y violación de mujeres en el periodo de la conquista española.

 

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El simbolismo del sorpresivo juicio histórico fue el preludio de una movilización que Ana Erazo, concejala de Cali, califica como “apoteósica”. Por primera vez los estratos 4 y 5 marcharon y gritaron junto a los estratos 1, 2 y 3. Ese 28 de abril hubo protestas en 35 puntos de la ciudad. La capital del Valle del Cauca quedó sitiada, y al caer la noche ardió en cólera e indignación. 40 bombas de gasolina y 41 estaciones del MIO, el sistema de buses públicos, fueron incineradas. Decenas de fotomultas tumbadas. Sucursales bancarias, cajeros y supermercados de cadena como D1 y Justo y Bueno, también fueron atacados y saqueados. Cali quedó sumida en una especie de anarquía donde no se acata el toque de queda, ni importan los semáforos en rojo, mucho menos conducir en contravía. Desde las tres de la tarde empezaron los trancones que antes empezaban a las seis. Casi toda la ciudad marcada con pintas y grafitis que repudian la reforma tributaria,  a Iván Duque, Álvaro Uribe, y al Estado; “ni para morir alcanza”, se puede leer en la reja que esconde el cadáver de un cajero de Bancolombia ubicado sobre la calle quinta.

 “Cali ha ido dejando crecer una diferenciación social agresiva y grosera. Racista en muchos momentos, e inentendible para los gobernantes, –plantea Gustavo Álvarez Gardeazábal, escritor y autor de la reconocida novela Cóndores no entierran todo los días–. Cali manejada por grupos oligarcas que dieron un trato de menosprecio a todos los caucanos, nariñenses y andinos que llegaban a la ciudad, y que los captaba como trabajadores. El mismo trato le dieron a los negros que venían del pacifico”.

I

Hace 40 años, Cali hacía sparkies y chicles que se vendían en Estados Unidos. En la capital del valle y los municipios más próximos había empresas como Quaker, Michelin, Adams, Bayer, Eveready, Croydon, Gillette, Pfizer, entre otras que ya no están. Wilson Saenz Manchola culpa a la apertura económica que promovió el expresidente Cesar Gaviria. De ser una despensa industrial, Cali y el Valle pasaron a ser un lugar donde se almacenan y circulan las mercancías que entran y salen por el puerto de Buenaventura; “un cementerio industrial”, en palabras del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Valle. El espíritu económico pasó de la producción industrial, al corporativismo, la comercialización, y el turismo cultural y de negocios, lo que desencadenó una “masacre laboral” y un incremento exponencial del trabajo informal, el cual llegó en marzo al 48,5%. Quienes sobreviven del rebusque diario, agrega Wilson Saenz, son perseguidos por las políticas públicas que regulan el uso del espacio público, dándole privilegio al sector privado.

En Cali persisten polos industriales fuertes: el sector farmacéutico, algunos sectores de la cadena alimentaria, y el sector salud, pero no son suficientes para suplir la demanda de empleo. “Aunque tiene  motores de desarrollo, la informalidad es el triple de lo que se puede absorber formalmente”, asegura Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional y Coordinador de la línea de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Carlos además explica que desde hace una década, la política gubernamental caleña se enfocó en explotar sus industrias culturales: el goce nocturno en gastrobares y sitios de rumba, la hotelería, el turismo, el festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, y la Feria de Cali, evento que disparaba las vacantes de empleo formal y e informal. 

La pandemia afectó todos los sectores económicos, pero para el renglón que maquillaba las penurias laborales de Cali resultó calamitoso. 200.000 empleos se perdieron por el covid-19, los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados, según los cálculos del DANE. “Había una capacidad de resiliencia. La ciudad era pujante y resolvía. Pero la pandemia agudiza el conflicto, devela la crisis que tenemos en términos laborales”, manifiesta Ana Erazo, concejala Polo Democrático.

Nadie preveía el cisma pandémico, sin embargo la respuesta gubernamental empeoró sus consecuencias. En mayo del año pasado, el presidente Iván Duque gastó 9.500 millones en dotación armamentística para el ESMAD, negó la renta básica, y los alivios monetarios, dice Wilson Saenz, solo beneficiaron los números de la banca privada. El escritor Gustavo Álvarez Gardeázabal plantea que lo único que aglutina “la masa amorfa” que durante un mes ha protestado, es el rechazo “a la manera miserable como este gobierno trato el problema de la pandemia”. El excalde de Tuluá y exgobernador del Valle del Cauca afirma que “el gobierno es un fantasma. No tiene mando. No tiene olfato político. No prevé. No tiene ninguna de las facultades que tienen los seres humanos que están encargados de administrar un país. El problema presidencial es un problema de ignorancia. El señor es ignorante en muchísimas materias. Y le pasa lo de los niños tímidos: se cubren con una capa de soberbia, una capa de engreimiento […] No existe un solo gobierno de ningún Estado de este mundo que haya brindado apoyo al Presidente de Colombia. Cuando Chile pasó por una situación similar, infinidad de países lo apoyaron. Es dramático porque nos muestra hasta donde hemos ido llegando”.

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, tampoco supo –ni intentó– contener los daños colaterales de la emergencia sanitaria. En el segundo semestre de 2020, Ospina le pidió al Concejo que le aprobara un préstamo de 650.000 millones para obras de infraestructura, y a principios de este año derrochó 11.000 millones en la realización virtual de la Feria de Cali.

Las personas entrevistadas para este reportaje coinciden en el reproche a Jorge Iván por sus acciones y omisiones frente a la pandemia y el estallido social. La concejala Ana Erazo, por ejemplo, decidió a mediados de mayo retirarse de la coalición de gobierno: “Nosotros decidimos acompañar al Alcalde porque él había dado visos de democracia. Yo le decía todo el tiempo: Alcalde, usted cuándo se va pronunciar sobre la violación de derechos humanos, y él no hacía sino llorar los vidrios rotos”.

El 9 de mayo El País de España publicó una entrevista en la que Jorge Iván Ospina decía que “un comandante del Ejército tiene mucha más capacidad política que un alcalde”; y que “hace cuatro o cinco días me llamaron los vecinos [de Siloé] por las balaceras y yo fui. Y escuché los disparos y escuché los estruendos. Después, en esa balacera tan berraca, yo no encontré a los muertos”.

“El Alcalde destruyó su imagen rapidísimo, ya nadie lo escucha”, dice Juan Manuel Torres,  sociólogo de la Universidad del Valle, miembro de Convergencia por la Paz, y coordinador de la oficina Pacifico de la Fundación Paz y Reconciliación. Según Torres, Jorge Iván fue orgulloso, no escuchó, ni defendió su legitimidad a tiempo. “El general Zapateiro y el Ministro de Defensa le quitaron el poder al Alcalde. Para mí tiene problemas de la cabeza, la pandemia y esta crisis lo superaron. Un día le está respondiendo a las élites tradicionales, al otro le está respondiendo a las elites empresariales, y luego se le sale el Jorge Iván del pueblo; él no es un tipo confiable en estos momentos”.

La condescendencia y los titubeos de Jorge Iván permitieron que el gobierno utilizara la capital mundial de la salsa como teatro y laboratorio de la asistencia militar. En Cali, asegura Juan Manuel, se probó nuevo armamento, estrategias de infiltración, maneras de encontrarle un enemigo interno a la policía, campañas de manipulación mediática, y tácticas de terror psicológico acaparando productos que dispararon la canasta familiar los primeros días del estallido, patrullando día y noche con helicópteros, y desplegando tanques y contingentes militares por la calles de la ciudad. Juan Manuel piensa que el Estado fue mezquino con Cali; ciudad donde Gustavo Petro sacó más votos que Iván Duque en el 2018, y donde ganó el Sí en el plebiscito del 2016. La respuesta militar, dice, “es una forma de rencauchar esa doctrina, [de la guerra y el enemigo interno] que a mucha gente le gusta. Eso duele, porque uno pensaba que había una apertura democrática que podía escuchar estos reclamos, que en un escenario de postconflicto íbamos a tener otra forma de tramitarlos. Con esa forma de reprimir la protesta están buscando tensar la cuerda para decretar una ley marcial, eliminar el congreso, y no hacer las elecciones”.

“Esto parecía una película de Hollywood de esas de Vietnam”, responde Edna Carolina cuando le pregunto por la magnitud de la represión policial. Defensores de derechos humanos cuentan que vieron escenas de guerra urbana. En Puerto Resistencia, al oriente de la ciudad, más de 1.000 jóvenes derrotaron al ESMAD. En algunos puntos de concentración y bloqueo, las balas han sido disparadas desde ambos lados. A la misión médica la amenazaron y le dispararon en el punto de Meléndez. A Magaly Pino, defensora de derechos humanos, la abalearon el 3 de mayo con una miniuzi mientras se guarnecía en una casa del sector La Luna, punto clave de la conexión vial occidente-oriente. Los jóvenes de la Primera Línea de Paso del Comercio, arteria vial que comunica a Palmira con Cali, le contaron a Magaly que por WhatsApp les ofrecieron 20 millones por la cabeza de cada defensor de derechos humanos.

Solo en mayo Cali registró 149 muertos de manera violenta, la gran mayoría por ataques sicariales o de la fuerza pública. Hasta el 23 del mes pasado, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz tenía un listado de 120 desparecidos. Mientras que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, a corte del 18 de mayo, reportaba 100 personas desparecidas. Un exmilitar que ahora hace parte de la Primera Línea de Puerto Resistencia, asegura que las verdaderas cifras saldrán a flote cuando todo acabe: “Van a haber cantidad de mujeres buscando sus esposos, niños buscando sus padres; no los van a encontrar. Cuando esto termine, cuando empiecen a preguntar dónde están, en ese momento empezarán a verse las cifras. Las cifras que están mostrando no son de la cantidad de personas que hacen falta”.

II

Nicolás Guerrero amaba los perros y los gatos, planeaba viajar a España para trabajar y poder comprar las pinturas, aerosoles, lápices, y papeles que en Colombia le parecían tan costosos. Nunca le gustaron los jeans. Quería correr una maratón con su mamá, y estaba convencido de que podía cambiar este país. La noche del domingo 2 mayo, la fuerza pública disparó a la cabeza de Nicolás en el Paso del Comercio. Estaba de pantaloneta, tenía 22 años, era grafitero, y un pacifista escaso. Laura Guerrero, su madre, supo que no iba sobrevivir cuando vio sus rastas hechas una masa de sangre. “Hay un asesino consciente. En los videos solo hay un disparo, y es muy certero sobre mi hijo. Yo no promuevo que vayan a hacerle daño a un policía, pero va a tardar mucho para que la sociedad colombiana confíe en la Policía Nacional”. La Fiscalía asegura no haber encontrado evidencias culposas en las cámaras de seguridad del sector donde lo asesinaron. Laura ha tenido que hacer el duelo y al mismo tiempo recabar material probatorio, y convencer a los testigos para que declaren. Dice que no odia a la persona que disparó, que sería capaz de darle un abrazo mas no su perdón: “Yo espero que esa persona se arrepienta, que tenga la gallardía que tuvo ese día accionando un arma contra alguien que estaba desarmado. Que tenga el valor moral, que no avergüence a su madre”.

Al siguiente día del asesinato, en Siloé, niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres hicieron una velatón en memoria de Nicolás. El adiós transcurría tranquilo hasta que lo reprimió el ESMAD. Pasadas las nueve de la noche de ese 3 de mayo, sobrevolaron un dron y un helicóptero por la glorieta en la que se realizaba la actividad. Luego se fue la luz de la zona. Después la unidad antiterrorista de la Policía, el GOES, abrió fuego contra todo lo que se moviera. Ese día murieron cuatro personas que el Alcalde no encontró. Para la ciudad, dice David Gómez, las vidas de Siloé valen menos. Por eso golpearon la ladera “para generarle miedo a Cali y al país”, manifiesta este hombre de baja estatura que hace 21 años hizo de su casa un museo donde albergar las memorias de Siloé.

El 4 de mayo se convocó otra velatón por los muertos de la noche anterior. También fue reprimida con gases y balas, pero los pandilleros de la zona alta bajaron hasta la glorieta, y a balazos lograron que la fuerza pública huyera. De regreso a sus barrios, la gente los aplaudió mientras pasaban en sus  motos ruidosas.

Siloé es un conjunto de barrios construidos en una montaña del occidente de Cali. En ese laberinto de cemento hay 11 centímetros de espacio público por cada habitante. Piezas de nueve metros cuadrados en las que viven hasta 20 personas. En la década de los 80’s, cuenta David, cuatro niños se morían semanalmente en Siloé por enfermedades gastrointestinales, uno de ellos fue su hermano. Los carros recolectores de basura no subían hasta la parte alta. Los desechos se tiraban al río o en cualquier parte. Las muertes pararon gracias al M-19. Los milicianos que convivían entre la población de Siloé y otros sectores de Cali, raptaron los carros recolectores y regaron la basura en partes claves para taponar la ciudad vallecaucana. Eso obligó a que la Alcaldía ordenara recoger las basuras de todos los barrios.

La de Siloé es una historia cíclica de marginalidad. Los Yanaconas, los indígenas pobres y borrachos del imperio Inca según David, son los primeros pobladores de los que se tenga memoria. Los precursores del poblamiento de la ladera fueron los negros que explotaban oro en Supía, Marmato, Anserma y Riosucio, el triángulo dorado de Caldas. Negros desplazados en la primera década del siglo XX por la bota militar del conservador valluno Alfredo Vásquez Cobo, quien se adueñó del apetecido dorado gracias al amparo del presidente Rafael Reyes. Esa migración negra, despreciada por la burguesía caleña de la época, llegó a explotar las vetas de carbón de San Fernando, uno de los barrios que conforman esa ciudad paralela llamada Siloé. La construcción del Ferrocarril del Pacífico –en 1925– consolidó a Cali como despensa de carbón, y estimuló la migración y el crecimiento urbano. Muchas casas de los barrios Belén y Tierra Blanca, explica David, están construidas sobre socavones de carbón mal curados. Un sismo sería más fatal que las avalanchas fluviales que han matado a varios habitantes de Siloé.

A David no le cuesta reconocer que es parlanchín y que en Siloé hay fronteras invisibles, armas, pillaje, y bandas delincuenciales; también personas como él, que con arte y memoria tratan de revertir el peso del estigma delictivo. Los pandilleros de esas bandas, cuenta una psicóloga y defensora de derechos humanos, alquilan las armas con las que atracan. Algunos ni conocen el centro de Cali. “Hay muchos que están perdidos en las drogas porque no tienen una oportunidad de educación, de trabajar. Yo también quiero que los muchachos salgan de las calles, que estudien, que tengan un mejor futuro. Pero aquí nada de eso pasa porque los políticos se roban la plata con la que podemos tener esos derechos. Nosotros nos mamamos de eso, por eso estamos aquí”, me dijo un joven de la Primera Línea de Siloé, quien nunca pudo estudiar ingeniería eléctrica para sacar provecho de sus conocimientos sobre electricidad. 

Las cifras más recientes del DANE, publicadas el 29 de abril, señalan que 934.350 de los habitantes de Cali sufren pobreza monetaria, y que 342.438 sobreviven en la extrema pobreza monetaria. Vive en pobreza monetaria aquella familia cuyas ganancias acumuladas, no superen un millón doscientos mil pesos, y en pobreza monetaria extrema la que devengue menos de quinientos mil pesos. Más del 60% de las 2.227.642 personas que habitan la ciudad, vive penurias económicas. Además de empobrecerse, Cali profundizó sus índices de inequidad. El índice GINI que mide la desigualdad, pasó de 0,47 en 2019, a 0,52 en 2020.

En Cali la pobreza está territorializada, los índices de necesidades básicas insatisfechas tienen límites claros. “A mucha gente no le gusta escucharlo, pero Cali es una ciudad partida. Hay dos ciudades: la ciudad de la calle quinta y la ciudad de oriente”, plantea Inge Valencia, antropóloga y directora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI.

Pobreza que en Cali también está racializada. Cualquiera que recorra la ciudad podrá darse cuenta que la mayoría de venteros ambulantes son personas negras. Por más que las narrativas elitistas y gubernamentales quieran negarlo, el racismo pervive en una ciudad que siglos atrás estuvo divida en haciendas esclavistas. “Es una forma cómo se expresa la élite en la ciudad. Ha sido un proceso de violencia y también de adaptación. Todavía en Cali, en el 2021, hay sitios donde no dejan ingresar a las personas por ser negras o indígenas. Es como una especie de apartheid silencioso. Es evidente, pero al mismo tiempo es muy hipócrita porque siempre se está negando”, asegura Edna Carolina, hija de migrantes caucanos, e integrante de la Asociación Lila Mujer, organización que desde hace 18 años trabaja con mujeres que conviven con VIH en el distrito de Aguablanca, zona empobrecida donde pulula la delincuencia.

Por ser negra, dice Edna, en Cali no te arriendan una casa, te atienden de mala gana, o no te atienden, te dicen que el producto o el servicio que necesitas son muy caros. Te impiden la entrada a restaurantes, rumbeaderos o centros comerciales, y si te dejan entrar a esos templos del consumo, el vigilante te persigue, “está pendiente de ti porque piensa que vas a robar algo”. Encontrar un trabajo digno en Cali ya es de por sí difícil, pero si eres negro, y además del oriente, del distrito, la barrera duplica su tamaño: “A la gente se la tacha de ladrona porque vive en el distrito, o dicen que es perezosa o que son demasiados peligrosos”.

El estallido social es la ansiada catarsis de esa precariedad y esos estigmas que se avalan y se enraízan en el día a día. Un llamado, dice Edna, a que la élite replantee su concepción eurocentrista de lo mestizo. Una oportunidad para imaginar formas de reexistencia y  sanar los traumas que quedan cuando te niegan el trabajo, o hacen chistes negreros. La continuidad de una lucha milenaria por la libertad: “El amo nunca te va a dar la libertad, eso lo tenemos muy claro. Ese proceso de resistencia sigue. Lo más importante es cómo reflexionar a nivel ontológico lo que significa esa carimba ambiental que plantea Manuel Zapata Olivella. Más que un proceso de conocimiento, es un proceso de resiliencia y de sanación. Un proceso de esa doble conciencia. Reflexionar mental, emocional y corporalmente sobre qué es lo mestizo, lo blanco, lo hegemónico. Tomar mi poder, darme cuenta que soy una persona, no un objeto. Sujeta de mi propia vida y mi propia autodeterminación”.

III

Así como la ciudad normalizó el racismo, la sociedad caleña naturalizó el yugo del narcotráfico que en los 80’s y 90’s generó tanto flujo de dinero. Con desarrollo urbano y empleo, poco a poco la cultura de la ilegalidad se filtró hasta los tuétanos del lenguaje. La cocaína trastocó de manera radical las expectativas de vida y los estereotipos femeninos. Gracias al frenesí narco muchas personas accedieron a los lujos que provee el dinero, requisito indispensable para instalarse en las elites emergentes de ese aparataje violento. Algunas escalaron, otras permanecen en el mismo lugar, lo que nunca cambió fue su dependencia de las economías ilegales.

“Aquí todo el mundo quería tener plata para tener una mujer bonita, para enrumbarse. Cali nunca lo vio venir así tan fuerte. Lo aceptó, lo integró en su sociedad y casi no lo cuestionó. Eso en  algún momento ha pesado. Al ser eso una búsqueda, no permitió desarrollar otros procesos. De alguna manera queda ese anhelo, la ciudad trato de seguir buscando lo mismo”, plantea Juan Manuel Torres.

En los años de bonanza, el Cartel de Cali y el Cartel del Valle, aliados y subordinados de Pablo Escobar, eran los dueños de la plaza valluna. Escobar mimó a las clases populares, los vallunos fueron más elitistas. La estructura jerárquica se derrumbó cuando empezaron a matarse los unos a los otros. Escobar, por ejemplo, puso bombas en muchas farmacias de la franquicia Drogas La Rebaja, la cual era propiedad de los vallecaucanos. A la violencia endogámica se sumó la cacería judicial estadounidense. A principios de siglo el negocio quedó acéfalo.

A diferencia de Medellín, donde se conserva cierta jerarquía, la criminalidad en Cali está gobernada por la anarquía. Las cifras oficiales indican que en la ciudad hay 182 bandas criminales identificadas. “Hoy en Cali no hay ni un solo capo al cual se pueda acudir para decirle: hombre, no me pongas a joder a los del barrio tal. En cada manzana, cada barrio, hay alguien que aspira ser capito”, dice Gustavo Álvarez Gardeázabal.

 “Cali también es una ciudad profundamente armada. Así como hay territorialidades étnicas de la pobreza, también hay territorialidades de los negocios [ligados al narcotráfico]. Hay barrios como El Ingenio [al sur de la ciudad], donde históricamente se sabe que allí hay mucha gente que hace vueltas; donde no es anormal que una noche pase alguien por un negocio y rafagueé la gente que está ahí. Hay una connivencia con todo lo que es la guerra por disputas de las ilegalidades”, explica Carlos Duarte.

Con 918, Cali fue la segunda ciudad con mayor cantidad de homicidios en el 2020, 71 asesinatos menos que Bogotá según cifras de Medicina Legal. Entre enero y marzo de este año ocupó el primer puesto con 226 homicidios, 40 más que los registrados en ese mismo periodo del año pasado.

El solapado desinterés institucional por resolver de raíz el problema, puede ser justificado por la magnitud del mismo. La “sucursal del cielo”, plantea Inge Valencia, es enclave de un macronegocio: “Es una ciudad región. Cuando pasa algo en Buenaventura, sigue el coletazo aquí. Cuando hay ajuste de cuentas en Tumaco [costa pacífica nariñense] se siente aquí. Entones no es una cosa endógena de Cali, sino que está relacionada con las dinámicas de la violencia de otros departamentos”.

A solo una horas de Cali queda el embarcadero de cientos de toneladas de cocaína. Y en Cauca y Nariño, los corredores departamentales vecinos, hay al menos 15 grupos organizados disputándose las rentas de los cultivos de uso ilícito. Ambos departamentos suman 59.020 hectáreas sembradas de coca, el 38% de las 154.475 hectáreas que hay en el país, según el último reporte de Naciones Unidas. 

Por la urbe salsera circula, se comercializa, y se consume la droga. Se cierran negocios, se lava dinero, se gasta y se disfruta de él. Llegado el escenario posparo, Cali debería preguntarse qué sería de ella sin el narcotráfico. De momento, las escenas en las que civiles disparan de manera maniaca contra los manifestantes, confirman que todavía hay licencia cultural –y para-estatal– para hacer de la vida una fiesta sangrienta financiada por la droga.

IIII

El mapeo etnográfico por algunos de los más de 20 puntos de bloqueo –algunos intermitentes y otros permanentes– refleja la realidad socioeconómica caleña. De norte a sur, el primer punto bloqueado es Paso del Comercio, rebautizado Paso del Aguante. El más extenso de todos, casi tres kilómetros por los que no pasa una tractomula hace 31 días. En el primer tramo del corredor comercial, la entrada a Cali desde el norte, hay bodegas enormes alrededor de la vía, también conjuntos residenciales de clase media, habitados por jóvenes profesionales y personas de tradición obrera. En el segundo tramo, los que bloquean con piedras, alambres, llantas, conos, postes, arboles, polimsombras verdes, piedras y separadores viales, son jóvenes marginados de las aledañas barriadas empobrecidas, involucrados en dinámicas delincuenciales, a los que vi sacar revólveres de sus pretinas.

De Paso del Aguante se desprende la avenida Simón Bolívar, la frontera vial que separa el oriente del resto de la ciudad. El distrito de Aguablanca está poblado en su mayoría por masa migrante y gente negra que vive del rebusque diario. El primer bloqueo en la avenida está en los bajos del Puente de los Mil Días, renombrado Puente de Las Mil Batallas. Más adelante hay bloqueo en Calipso, o Puerto Madera. Un punto sostenido por jóvenes excluidos, algunos de barrios de invasión del distrito. Más de 8 personas habían muerto hasta el 26 de mayo en Calipso por los constantes hostigamientos y abaleos. “Aquí convergen siete sectores. Antes había fronteras invisibles, se mataban solamente porque vos me caes mal, porque sos de tal pedazo. Ahora he tenido la oportunidad de verlos [a los muchachos que bloquean] tomar chocolate, reírse, cantar, llorar, apoyarse”, cuenta una líder del punto, quien asegura que los comerciantes de la zona no estuvieron de acuerdo al principio, pero decidieron carnetizarse para que los dejaran pasar. 

Dos kilómetros y medio más allá, está Puerto Resistencia, antes conocido como Puerto Rellena. El punto de bloqueo y concentración icónico de la ciudad. A unas cuadras del punto asesinaron a Marcelo Agredo el 28 de abril. Las cámaras celulares registraron cómo un policía le disparó después de que Marcelo le diera una patada. Las balas desataron el magma de rabia. El CAI de Policía fue incinerado, y días después pintado con el chxa chxa chxa y las imágenes de la Minga Indígena. Ahora funciona allí una biblioteca comunitaria que regala y truequea libros. Ana Cárdenas, creadora de Letras Mestizas, un proyecto editorial de libros de segunda mano, lleva la batuta del espacio. “Los pelados [de Primera Línea] están súper contentos de poder leer en la noche mientras hacen las guardias”, dice mientras bambolea sus crespos.

Desde el paro del 2019, la población racializada y empobrecida de Cali resignificó Puerto Resistencia como lugar de encuentro donde apilar la indignación de Aguablanca. En el distrito se asientan la mayoría de desplazados que llegan a Cali. La ciudad recibió 205.000 personas desplazadas por el conflicto armado en el 2018.

La Primera Línea de Puerto Resistencia es un crisol de pieles y contexturas. Lo único que no ocultan de sus rostros son los ojos. Visten tenis nike, shorts, camisetas del Deportivo Cali, camibusos, cascos, gafas, máscaras anti gas, chaquetas de América de Cali, guantes, yines, overoles, botas, radios, machetes al cinto. Sobre la calle 27, en sentido oriente, varios de la Primera Línea otean desde la parte alta de un container, cual leones de la manada. Uno de ellos ondea una bandera de Colombia al revés.

“Somos los que nos levantamos todos los días a generarle miles de millones a una multinacional, y lo único que el pueblo está recibiendo es más pobreza e inequidad. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos diciendo que la oligarquía deje de generar tantos recursos para ellos y compartan algo con el pueblo. Queremos ser una nación grande. Que vayamos a otro país y digan: yo quiero ir a Colombia porque en Colombia hay paz, seguridad, una democracia real. Seguimos firmes por la libertad de nuestro país, o nos matan o nos liberamos”, me dice el joven de Primera Línea que llegó a Cali hace 5 años desde el Eje Cafetero. “Supuestamente están pagando 10 millones de pesos por nosotros, por los que sean capturados y hasta dados de baja. Todos los días la Policía cobarde busca metérsenos aquí. [Hace unos días] vinieron 30 motos de la policía y dos buses del MIO. ¿Cómo es posible que la Gobernación, la Alcaldía, presten vehículos que no son militares para que el ESMAD y la Policía vengan a atacar el pueblo? Preguntan que por qué queman los buses, porque los buses no están para el pueblo”, me dice el que portó uniforme militar en el gobierno de Andrés Pastrana.

Continuando el recorrido hacia el sur, la avenida Simón Bolívar lleva a Jamundí, al Cauca, y al bloqueo de la Universidad del Valle, vecina de los opulentos condominios de Ciudad Jardín. Renombrada Uniresistencia por la fuerza viva universitaria del punto, que transformó la estación del MIO en una biblioteca popular decorada con muralismo y jardines verticales. Unas cuadras más allá, hacia el occidente, la zona semimontañosa, se encuentra el punto de Meléndez, el primer bloqueo sobre la calle quinta, la más neurálgica después de la Simón Bolívar. Lo componen hijos de pastusos o indígenas migrantes –algunos cursando estudios universitarios–, también jóvenes segregados de barrios de invasión construidos en las faldas de las laderas. 

La calle quinta pasa a unas cuadras de la glorieta de Solié, y conduce a La Loma de la Cruz, mixtura de anfiteatro y parque de artesanías. En la rebautizada Loma de La Dignidad, el antiguo CAI también es utilizado como biblioteca popular. Los barrios aledaños a La Loma de La Dignidad son de clase media-alta, de allí que el punto tenga un espíritu cultural, feminista y juvenil. El mapeo termina al noroccidente, en el punto de Terrón Colorado. La vía bloqueada es la que comunica a Cali con el Mar Pacífico y Buenaventura. Quienes bloquean viven en los arrabales que colindan con la vía, allí donde la ciudad arrinconó su miseria. Menos de 10 minutos separan a Terrón de hoteles lujosos y conjuntos de clase alta.

La idea inicial era bloquear la movilidad del capitalismo el 28 de abril. Un mes después la sordera gubernamental obliga a mantener los bloqueos vigentes, sin que ello haya implicado vandalizar los negocios aledaños. “Es que han estado toda la vida bloqueados, sus vidas se las bloquearon, les negamos todo”, plantea Juan Pablo Ochoa, instructor del Sena y defensor de derechos humanos.

Los jóvenes marginados de Cali intentan desbloquear sus vidas taponando vías. No es el dinero del narcotráfico ni la coacción del ELN lo que ha mantenido el mes de bloqueo de la Primera Línea. A los ´Pelaos´ los respaldan otras líneas: paramédicos que suturan y desinfectan heridas, defensores de derechos humanos pendientes de las capturas arbitrarias, mujeres que cocinan, familias de estrato 4 que expresan su apoyo colgando la bandera de Colombia en el balcón, personas del común que donan dinero, bolsas de arroz, aceite, panela, gazas, bolsas de leche, o que prestan su casa para instalar el punto de atención médica. “La primera línea más importante es la comunidad, sin la comunidad la primera línea no existiría, sin la primera línea la comunidad si podría existir”, asegura David, el guardián de la memoria de Siloé.

En su diagnóstico, la antropóloga Inge Valencia señala que el estallido social tiene repercusiones ambivalentes en el tejido social. Abre grietas, ejemplo de ello es el fuego racista contra la Minga Indígena; pero activó “muchos circuitos de solidaridad entre personas que no se conocen para hacerle frente a la violencia, sobre todo la policial y militar”. “Cuando llegó la policía a reprimir, todo el mundo abrió la puerta”, dice emocionado Juan Pablo. “Las Facultades de Medicina me llamaban y me preguntaban dónde se necesitaban paramédicos”, cuenta Magaly.

La Minga Indígena del Cauca aportó lo suyo en las casi dos semanas que permaneció en la ciudad. Donó la pintura para pintar el CAI de Puerto Resistencia, regaló alimentos, y aunque fue atacada a balazos el 9 de mayo por los habitantes de Ciudad Jardín, su simbolismo inspiró, es un referente que le habla a muchos, sean o no de izquierda. Tiene poder de convencimiento porque confronta a la fuerza pública, ejemplifica el autogobierno, y seduce con su prédica ancestral. No es un hecho fortuito que el himno de la Guardia Indígena haga parte de la banda sonora de las movilizaciones, y suene a las 6 de la tarde en algunos puntos.

Las mujeres han sido puntal clave en la retaguardia humana de la Primera Línea. Sin mujeres no hay alimento, sin alimentación no hay cómo mantener un mes de bloqueo. Algunas de ellas también hacen parte de esa Primera Línea de choque. Además, en puntos como Siloé, son capaces de controlar el brío de los ´pelaos´, el efecto que causa en ellos el consumo de alucinógenos, o las peloteras que puede generar una pony malta o un paquete de galletas. “Cuando se anochece, les digo vamos pero no me hacen caso. Ese es mi miedo, que un día llegue, y a mis niños no los vuelva ver porque cayeron, porque les pasó algo en la noche”, expresa una de las mediadoras de la Primera Línea de Siloé.

La Primera Línea es heterogénea. La integran exconvictos, consumidores, exmilitares, trabajadores ambulantes, universitarios, pandilleros de combos enemigos. La piltrafa de la barriada un día amaneció sintiéndose la heroína de Cali, del país. Convencida de empuñar por primera –y ultima– vez el destino de Colombia. ´Pelaos´ sin futuro que nunca tuvieron presente. Formándose y liberándose políticamente en la acción, al calor de la llama que distorsiona la realidad. Viviendo a otras revoluciones. ´Pelaos´ que encontraron una causa en una esperanza. La mayoría no saben qué es el marxismo, nunca antes habían escuchado la palabra asamblea. Se alarman cada que ven una camioneta de alta gama. Destilan rabia, dignidad, agobio, tensión. La capucha esconde también su paranoia, su estrés, el temor a que el final del paro sea el principio de una purga judicial. ´Pelaos´ que le temen más a ser capturados, que a la mismísima muerte.

IIIII

Los días van más rápido que la digestión de la consciencia. Hay quienes plantean que lo sucedido en Cali es una primavera democrática. Gardeázabal prefiere llamarle insurrección. Otro integrante de Convergencia por la Paz me dijo que la situación era atípica, por eso nadie la entendía. Juan Pablo Ochoa lleva semanas masticando su tesis: “No creo en la tesis de los jóvenes, de que estamos haciendo lo que ustedes [los adultos] no hicieron. Hay una memoria que se está recogiendo, pero es una memoria de dolor. No hemos podido tramitar esos dolores que han quedado abiertos en cada lucha que hemos dado, porque han sido cerrados a la fuerza. Como dice el video del Centro de Memoria Histórica: no ha habido tiempo para la tristeza. Gloria Gaitán está pidiendo a gritos justicia por su padre, y, junto a Gloria, medio país. Es que no solamente mataron a Jorge Eliecer Gaitán, mataron al movimiento gaitanista. Esos dolores han tenido la oportunidad de decir en este momento: puta, estamos mamados. Seguramente esta llaga está quedando abierta para poder cerrar las demás”.

Ningún dique puede contener un maremoto social de estos. Del estallido social caleño se habló en los comedores de Ciudad Jardín, en el Concejo Municipal, en la panadería, en el andén, en la licorera, en el despacho del Presidente, en el noticiero, en los cuarteles militares, en el extranjero, en la plaza de vicio, en el chat de padres de familia, en el hospital donde atendieron a los muertos y a los heridos, en el taxi del señor canoso que tiene un hijo en la Primera Línea de Puerto Resistencia. Cali llevó al límite el umbral de sus nervios. Excomulgó al uribismo. Ensanchó la distancia entre los que reclaman un cambio profundo y los que quieren que nada cambie.

Dicen que los cambios duelen. A mediados de mayo, la Cámara de Comercio calculó que la ciudad perdió 2 billones de pesos por el estallido. “Cali está viviendo un momento muy complejo –asegura Juan Manuel Torres–. Va a necesitar casi que ayuda internacional para poder recuperarse. Cali a diferencia de Medellín y Bogotá es la ciudad que menos inversión pública hace. Las empresas públicas no tienen suficiente poder. Hay mucha corrupción. Va a necesitar mucho apoyo. Apoyo principalmente del Estado, pero el Estado demostró que es mezquino con esta ciudad”. A parte del auxilio económico, sutilmente va tomando fuerza la propuesta de indultar a los ´Pelaos´ de la Primera Línea y conformar una Comisión de la Verdad exclusiva para Cali, que corrobore, entre otras tantas cosas, sí es cierto que existen fosas comunes en Cristo Rey, cerro emblemático de la ciudad, y en Mulaló, corregimiento de Yumbo.

Por lo pronto, plantea Juan Manuel, el Estado debería dedicar su imaginación y su energía en llegar a un acuerdo con las Primeras Líneas. Se ve lejana la concertación de la solución. De un lado faltan vocerías representativas, y del otro se desestima el dialogo y se insiste en el remedio militar. Si se les intenta repeler a represión y balazos, como si se tratara de fumigar cucarachas, seguramente explotará un embrollo tétrico y macabro: “Pueden haber quinientos Primera Línea que están dispuestos a seguir organizados y hacerse matar […] Usted está generando un problema gravísimo con conatos de guerra civil”.  

Detrás de toda esperanza se agazapa el miedo. La venta de armas y de estupefacientes fueron las únicas economías de la ciudad que no entraron en parálisis por el estallido social. Alberto Bejarano, abogado defensor de derechos humanos, teme que cuando todo acabe, muchos jóvenes de la Primera Línea sean engullidos por grupos residuales del paramilitarismo, o, por qué no, creen el propio. Que la criminalidad les siga hipotecando la vida.

No se puede ser lo mismo después de una espontaneidad de tales proporciones. La huella queda en el inconsciente. Cali se atrevió a ser histórica, y le ha costado muchas vidas. Si la inercia de los hechos lo permite, el tiempo ayudará a entender lo que pasó, a procesar la complejidad de su simpleza. La balanza se inclinará hacía el pesimismo o los optimistas. Gustavo Álvarez Gardeázabal dice que estamos viviendo el “más colombianos de los momentos: vivir el instante, vivir por vivir. Y como dice una de mis novelas: los sordos ya no hablan”.

 

*Algunos nombres se omiten por solicitud y seguridad de las personas

Testimonio Primera línea Puerto Resistencia, Cali

Puerto Resistencia sigue firme hasta la fecha –cuando se imprimió este periódico–, ya que queremos que nuestros derechos sean reales; que no pasen por nuestros derechos y por nuestra humanidad. Porque tenemos un estado que lo único que hace es masacrar jóvenes, y personas que están en contra de que se compartan solamente sus riquezas entre ellos. Llevamos más de 20 días y estaremos los que toquen, porque tenemos el apoyo de la comunidad, que nos ha estado brindando alimentación, sus casas para que nos duchemos, para que descansemos. Esto es articulado con toda la población civil que ya está cansada de una oligarquía que lo único que hace es llenar sus bolsillos y no pensar en los demás.

Yo creo que ya es la hora del cambio. Si en este momento nuestro país y nuestra nación no cambian, vamos a estar en una grave crisis humanitaria, porque la persecución del Estado va a ser pesada. A nosotros los jóvenes –de Primera Línea– ya nos da miedo ir a nuestras casas, por miedo a lo que le pase a nuestras esposas e hijos, porque sabemos que estamos peleando contra una oligarquía, y estamos peleando contra su poder. No tenemos armas, no tenemos dinero, mansiones, no tenemos carros; pero tenemos corazón, la humildad, la grandeza y las ganas de salir adelante y ser grandes personas.

La opresión siempre ha estado ahí. Siempre ha estado la Sijín, el ESMAD, la Policía, carros con civiles, sin placas, disparándonos. Las últimas noches se han vuelto pesadas porque cualquier cosita nos atemoriza. Estamos en un terror psicológico. El mismo Estado está provocando esto, porque evade todo lo que está pensando con la clase media y la clase baja, que somos los que nos levantamos todos los días para ir a una empresa a producir, a generarle miles de millones a una multinacional, mientras que lo único que el pueblo está recibiendo es más pobreza e inequidad.

Yo soy un pelado campesino, vengo del eje cafetero. He vivido una vida difícil, nunca quise ser un trabajador del campo. No he estudiado en un colegio, en una universidad, tampoco he validado mi bachillerato. Aquí hay jóvenes que hemos sufrido la guerra, que hemos sufrido el maltrato, y el descuido del Estado. Nunca hemos tenido algo de cuenta del Estado, nunca hemos sido partícipes de algo del Estado. Siempre se quedan con la plática unos cuantos, y nosotros los pobres, las personas que necesitamos prosperar, tener un estudio o algo, no lo podemos lograr. Queremos que seamos escuchados nacional e internacionalmente. Seguimos aquí en firme por la libertad de nuestro país, o nos matan o nos liberan. Necesitamos un país mejor, este es el momento, no hay otro momento. Hemos tenido miles de manifestaciones pero no hemos logrado lo que hemos logrado hasta hoy. Esto es histórico en la vida de Colombia.

Aquí estamos cansados. No estamos pidiendo que nos regale nada. Estamos diciendo que la oligarquía deje de generar tantos recursos para ellos y que compartan algo con el pueblo. El pueblo necesita esos recursos; porque si vamos al puerto de Buenaventura, es increíble que un puerto que genera más de 80 billones al año, veas las casas paradas en palos de madera. Ya nos cansamos de eso y no necesito estudiar para aprender de mi país, porque veo todo lo que sucede cada día con los campesinos, las mujeres, los niños, los camioneros, con el que le quieren invadir su finca. Nos cansamos de pensar que el gobierno y los congresistas mandan. Los que mandan son el pueblo.

Y cuando un pueblo se une, nunca será derrotado. Es el momento de que Colombia cambie. Queremos ser una nación grande; que vayamos a otro país y digan yo quiero ir a Colombia porque en Colombia hay paz, hay seguridad y democracia, una democracia real, no una democracia que sale por la televisión diciendo lo que ellos quieren, y al pueblo lo están reprimiendo con balas de fuego, con armas, cuando nosotros las únicas armas que tenemos son piedras, y el amor de salir adelante.

 

Las protestas que desde el 28 de abril de 2021 crecen como espuma en todo el país, son el resultado de la acumulación de los abusos y sufrimientos padecidos por la mayoría de los colombianos y las colombianas, que están sometidas a la miseria por una clase gobernante indolente y elitista, que ve a los pobres con asco, y está convencida de que ellos se labraron su propia desgracia, ni se les pasa por la cabeza que su egoísmo infinito y su perversidad son los responsables del levantamiento social y popular.

Entre tantos elementos políticos y sociales para destacar del increíble y exitoso Paro Nacional, habría que considerar por lo menos tres: un despertar de lo que la “gente de bien” se niega a reconocer –la lucha de clases–; la cualificación de la lucha callejera y popular urbana; y un proceso ascendente de un sujeto social que se viene puliendo en los últimos tres años, liderado mayoritariamente por la juventud. Hay muchos otros elementos, pero estos podrían en nuestro análisis, ser los que más se notan en la coyuntura.

En cuanto al primero de ellos, no se puede negar que este paro nacional se produjo, por la presión que las elites ejercieron sobre los maltrechos bolsillos de los más pobres y de las llamadas clases medias, privilegiando a banqueros y multimillonarios empresarios en medio de la crisis social generalizada. Además por la insensatez de los gobernantes para abordar y reconocer el daño que estaban provocando con su paquete de reformas, y especialmente por el odio reflejado al momento de reprimir la protesta legítima del pueblo. La violencia ordenada por el autoritario gobierno, difundida y alentada por sus medios masivos de comunicación, provocó y legitimó en la “gente de bien”–acostumbrada a mandar y que le obedezcan–, las más viles acciones y sentimientos de repugnancia contra las masas empobrecidas, como las que ejercieron un grupo de gentes de los barrios más adinerados de Cali – vestidos impecablemente de blanco y armados hasta los dientes–, contra la minga indígena que se retiraba hacia su territorio, luego de prestar solidaridad a los manifestantes.

Esta actuación legitimadora del paramilitarismo, el racismo y la violencia fue avalada por el gobierno, sus fuerzas militares y la “gente de bien” que la hay en todo el país y a la que nadie le pregunta por el origen fraudulento y lleno de sangre de sus grandes riquezas. Sin embargo, en esta oportunidad, esa asquerosa “gente de bien” tenía al frente a otra clase, una que se quitaba la venda de los ojos para reconocer con nitidez a sus verdugos y de una vez por todas perderles el miedo y la sumisión. En las calles de las principales ciudades y en las carreteras de Colombia se está viviendo una lucha entre las poderosas clases oligárquicas y las que viven del trabajo y de la fuerza de sus manos y cuerpos. La pulcra “gente de bien” ha visto como su fina alfombra está siendo pisoteada por los pies llenos de barro de los ninguneados, acaso para ellos la “gente de mal”.

Como segundo elemento, la gente estaba acostumbrada a ver y escuchar la desgracia, la miseria, la violencia, la sangre y el despojo que padecían nuestros hermanos y hermanas campesinas, indígenas y negras, por televisión y por radio. La guerra en el Pacífico, en las fronteras y en las zonas rurales pobres de Colombia, eran algo lejano y tal vez insignificante que se conocía a través de las cifras “oficiales”, difundidas por las fuerzas militares a través de los medios de comunicación.

Hoy la guerra de los pobres, contra la pobreza y sus responsables se dan en la carrera séptima y en el norte de Bogotá, en el Poblado y en el centro de Medellín, en los barrios de los ricos de Cali, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, el Eje Cafetero, y en 800 municipios del país. La gente que vive en las ciudades y que se había olvidado de la desigualdad, se encontró de frente con los rostros quemados y la piel cuarteada del pueblo que se rebusca en las calles para sobrevivir, los que deben transportarse tres horas en bus urbano para llegar a su lugar de trabajo; se encontró inexplicablemente con jóvenes dispuestos a pelear de tú a tú contra el Esmad, dispuestos y dispuestas a perder sus ojos y hasta su vida, unos sin educación ni bienes, pero llenos de corazón y otros con formación y propuesta política, todos y todas con armamento popular de fabricación casera, o con simples piedras y garrotes; se encontró con los coloridos escudos de la primera línea, y con sus mamás y sus hermanas dispuestas a dar la vida por sus pequeños, hermosos y valientes guerreros, que se quieren tragar el mundo asqueroso y parir uno mejor.

Y, en tercer lugar. Una vez la venda cayó, permitió ver y reconocer que al frente de estas protestas estaban unos chicos y chicas, a los que los más viejos considerábamos una generación endeble, de cristal y a los que les importaba un culo lo que pasara. ¡Pues no!, estamos frente a un sujeto político en construcción, sin miedo, que mira horizontal y no cree en imposibles, que considera los sueños una senda transitable a la realidad. Un nuevo sujeto que increpa a la derecha y a la izquierda tradicional, que reclama un lugar en la historia del país y no simplemente en las falsas mesas de negociación. Un sujeto transformador de la política y la cultura, que valora tanto la vida de la especie humana y la del planeta.

La cosa se le jodió al uribismo, a la ultraderecha, en adelante este país no va a ser el mismo, será mejor, aquí no van a caber los que magistralmente definió nuestro querido Iván Cepeda, en un trino genial… “Todo lo atrasado, hipócrita, egoísta, antidemocrático, misógino, racista, mezquino, autoritario, superficial, conservador, indolente, cómplice, delictivo e incluso criminal, que existe en la sociedad colombiana se concentra en una sola expresión: “Gente de bien”.

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