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A ella la recordamos siempre cuando estamos comiendo porque nos decía “esta es la vida que nos merecemos todos”, no le gustaban las injusticias con otras personas. Ana Fabricia Córdoba Cabrera nos ha dejado un legado de lucha y resistencia, su compromiso, su rebeldía que a diario sentía, nos dejó su alegría. Le gustaba mucho compartir con la gente y comer mucho pescado y “plátanos asustados” como los llamaba ella que de afán los ponía a cocinar encima del arroz. Fabricia es reflejo de la vida de miles de afrodescendientes, campesinos y hacedores de barrios marginales. Una persona sencilla, hablaba del derecho de ayudarnos unos a otros en comunidad. Asumió con valentía la defensa de la vida y la paz en sus comunidades. Reconocía su historia y se sentía orgullosa de ser mujer afrodescendiente. Con su situación se hizo una mujer más fuerte, con carácter, entrega y compromiso. Transmitía alegría y dignidad.

Sus abuelos, padres y familia venían de Tibú –Norte de Santander– huyéndole a la violencia política y en busca de una vida mejor. Llegaron a las selvas de Urabá colonizando y sembrando tierras que con el paso del tiempo fueron bastante productivas y atrajeron la presencia de empresarios, terratenientes y grupos armados. El agronegocio, en particular el monocultivo de banano de exportación, propició “el surgimiento de movimientos sindicales y expresiones sociales fuertes”. También el fortalecimiento de guerrillas como las FARC y EPL, quienes, según Gustavo Hincapié, cometieron abusos de autoridad, asesinatos y masacres entre los simpatizantes de uno y otro bando debido a las disputas internas por el control de sus bases.

En algunas de sus incursiones, los paramilitares asesinaron a su padre, al padre de sus hijos, y a otros familiares a raíz de las ideas políticas que movían la familia y las tierras que tenían en la región; su hermano, por ejemplo, era concejal de la Unión Patriótica en Apartadó. La masacre del aracatazo la recordaba así: “nos sacaron de la finca con un engaño pa matar mis hermanitos como sindicalistas que eran. Los sacaron con un engaño de un préstamo, y no era préstamo, si no que era pa asesinar a la gente. Entonces los sacaban de los pueblos: sacaban de Churidó, sacaban de Rio Grande y los llevaban a una heladería en Chigorodó que se llamaba “el aracatazo”, donde llegaban los ricos a hacer préstamos y fue la trampa que hicieron”. Dicha masacre ocurrió la noche del 12 de agosto de 1995, cuando se celebraba una fiesta popular, fue perpetrada por integrantes de las AUC tras orden de “alias hh”, identificados como 'exterminadores de la subversión'. Veinte años después se conoció la captura de dos oficiales en retiro del Ejército implicados. A pesar de la presión se quedó en Urabá defendiendo la herencia de su gente, por apego a su tierra, vacas, cultivos, y la finca heredada de sus abuelos que visitaba de vez en cuando.

Fabricia debió huir con su tierra en llamas. La persona campesina no deja de serlo tan fácil, ni siquiera separada de la tierra. Llegó a Medellín con el susto de ver la ciudad por primer vez, y se asentó en un barrio de la Comuna 13, en una vivienda prestada por amigos cercanos o familiares. Estuvo pocos meses, pues al parecer no era el mejor momento para vivir allí en medio del conflicto entre diferentes milicias, y con los paramilitares en la zona. Por tal motivo se desplazó al otro extremo de la ciudad, a la montaña nororiental. Hizo parte del segundo momento de consolidación barrial de La Cruz y el nacimiento de La Honda, barrios de sobrevivientes del conflicto, la mayoría desplazados de Urabá: Apartadó, Currulao, Carepa, Chigorodó, Belén de Bajirá; el norte del departamento Peque, Uramita, Cañas Gordas, Ituango; el Oriente: San Carlos, Sonsón, Nariño, Argelia; el suroeste: Andes y Urrao; entre otras regiones dentro y fuera de Antioquia. Sobrevivientes que fueron llegando de a poco, con sus grupos familiares, una dinámica denominada invasión hormiga, que vestía estas montañas del Valle de Aburrá con fieltro o plástico negro, cartones, latas, tablas, ladrillo y cuanto material sirviera.

Del trabajo y liderazgo comunitario ella mencionó alguna vez: “he visto que en este país no hay derecho de hablar, somos perseguidos porque nosotros buscamos la justicia por el bienestar común (…) Aquí en mi país comen dos bueno y el resto que se joda. Entonces así no, eh. Y eso es lo que me hizo a mí trabajar por la comunidad (…) en el barrio Manrique La Cruz, porque se caían los ranchos, entonces mis hijos hablaban con los hijos de mis vecinas y reuníamos a los niños, los poníamos a cargar piedras y hacíamos sus emvalladitos, hacíamos sus ranchitos ya que dormíamos en la calle. Entonces pa no estar en la calle, un padrecito, Efraín, nos fue ubicando, y nos dio lotecito y fuimos organizando el ranchito en plástico”.

La Negra se enfurecía ante los abusos y denunciaba los atropellos a los jóvenes por la policía y grupos civiles armados que ejercían un control de facto y combatían las milicias. En retaliación y con testigos falsos, en 2004 fue detenida por el Comando Élite Antiterrorista en una operación donde un informante, supuesto miliciano, vestido de policía con cara tapada, la señaló, junto a otros líderes del barrio, de ser auxiliadora de las milicias del sector. Incapaz de quitar vidas, a pesar del miedo y mostrando su fiereza, le arrebató la capucha de la cara a quien la señalaba, que incluso ante la Fiscalía dijo haber sido torturado por agentes de la Policía buscando que señalara y entregara información que comprometiera a los líderes barriales con grupos armados. Después de dos meses en la cárcel Buen Pastor, Fabricia salió absuelta, pues las acusaciones no tuvieron fundamento. La Unidad de Policía Judicial del Comando Élite justificó las detenciones como “capturas administrativas” a la par que la Fiscalía concluyó que se trataba de: “Tremendo desatino, no tenían pleno conocimiento de quiénes eran esas personas y solo por la información de una persona que ofrece serias reservas, se procede a capturar a quienes esta iba señalando”.

Siguieron los allanamientos sin orden judicial y las intimidaciones acusando a La Negra de colaboradora de las FARC, también los atentados en uno de los cuales murió su compañero sentimental en La Cruz. Además, frente a la persecución a sus hijos ella reclamaba: “(…) esto hay que cortarlo, ¿por qué esta persecución? ¿Qué culpa tiene el uno de lo que hace el dos? ¿Por qué tengo que pagar lo que no he hecho? Porque vengo de una familia sindicalista, porque vengo de una familia que reclama su derecho digno común, porque nos quitan las tierras y estamos reclamando lo de nosotros”. Culpaba a la Policía por las constantes persecuciones y maltratos a sus hijos.

Esta persecución que ella sufrió se dio en el marco de la política de seguridad democrática de Uribe y de la operación estrella VI en 2003 en los barrios de la parte alta de la zona nororiental, donde la Cuarta Brigada, Policía, Fiscalía y DAS allanaron decenas de viviendas y retuvieron -entre otros- a personas del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (Mosda), cuya organización manifestaba gran fuerza, y dio pie a la declaratoria de Asentamientos de Refugiados Internos por la paz y los derechos humanos en comunidades de barrios como Altos de Oriente, El Pinal, Bello Oriente, La Honda y La Cruz, buscando solución a la situación del conflicto armado que vivían y la falta de políticas claras en salud, educación, vivienda y empleo para dicha población.

Al vivir en una zona catalogada de alto riesgo no mitigable, la condición de desplazados de la mayoría de sus habitantes y el drama del pago de los servicios públicos, Fabricia con sus vecinas y amigas promovía proyectos productivos comunitarios, y enfrentaba la burocracia de las oficinas de atención a población desplazada. Dejaba claro la necesidad de soluciones de fondo. En muchas ocasiones caminó el “recorrido” con cantidad de mujeres hacia la Plaza Minorista y algunos barrios buscando recolectar alimentos y ropa, buscando que “les regalen un plátano o una yuca con qué hacer una sopa”. Hablaba de su vida en el campo, añoraba el retorno, volver a su tierra y estar otra vez bien. Recuperar lo que le habían quitado, la finca de la cual se arraigó tanto. Responsabilizó a las multinacionales por su desplazamiento y se cuestionaba: “yo habiendo sido bananera. Cómo voy estar en esta vida, a pedir limosna no. Entonces empecé a buscar las organizaciones de mujeres”.

Se unió al Movimiento de Mujeres de Negro Contra la Guerra de la Ruta Pacífica de Mujeres, iniciativa que se manifiesta ante situaciones de violencia que afrontan niñas, jóvenes y mujeres, en el marco del conflicto armado. Además lideró la consolidación de diferentes organizaciones en los barrios periféricos de la zona nororiental de Medellín, como la Organización de Mujeres Aventureras, conformado por mujeres desplazadas y cabezas de familia, que impulsaban proyectos comunitarios productivos y luchaban por el mejoramiento de la calidad de vida. La organización Latepaz –Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz– que imaginaba acciones ante los atropellos de actores armados, la vulneración a líderes comunitarios y la revictimización constante, luchando contra los tratos crueles y degradantes hacia los jóvenes y contra la persecución que también enfrentaron sus hijos.

Por ser madre cabeza de familia, y después de tantos trámites, adquirió un subsidio de vivienda en el barrio Popular Uno, un sector muy conflictivo. Vivienda que casi no habitó por los hostigamientos de los actores armados. Le cortaron el agua y cuando estaban reinstalándole el servicio fue atacada de nuevo. Una de sus vecinas Luz Elena en coplas lo plasmó: “lo decías en todas las reuniones que tenías día a día: / la casa que a mí me dieron solo ha sido un gran problema, / qué me gano con tenerla y no poder vivir en ella".

Luchó por la garantía de servicios públicos y vivienda digna para los sectores populares Junto a la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, una ciudad que ahora más que nunca quiere tapar la realidad con estadísticas. No podía escuchar cualquier chirimía porque ahí mismo quería estar bailando y cantando, muchos se acordarán de aquella canción himno de Mujeres Aventureras que tatareaba tanto: “a volar mujeres, sigamos volando”. Le gustaban las bufandas, cosas doradas, colores vivos. Era entusiasta y optimista “con su jardín”, como le decía a sus hijos e hijas.

Una noche recibió una llamada de su hijo Jonathan Arley Ospina Córdoba. Le dijo que estaba capturado por dos agentes de la policía y que lo iban a matar, al otro día fue encontrado muerto en el barrio La Honda. Fabricia denunció a los agentes implicados y enfatizaba lo injusto del crimen de su hijo. A pesar de las amenazas siguió investigando, dando la vida por “chota”, como le decía su hermano menor. En entrevista emitida el 21 de agosto de 2010 en el programa 'En Caliente' del canal Cosmovisión, manifestó: “el pago de recompensa o caso de falsos positivos fue lo que vivió mi hijo”.

Tres días antes que la ley de víctimas y restitución de tierras promulgara restitución y retorno, y dizque garantías de no repetición, con visita incluida del Secretario General de Naciones Unidas-, se repite la historia. El 7 de junio de 2011 fue asesinada aquella mujer esplendida, alterada con su verdugo y tierna con su jardín.

El comandante brigadier de la policía metropolitana Yesid Vásquez casi la culpó de su muerte por negarse a un “estudio de riesgo”. Pero ella dudaba y desconfiaba de la clase de protección del verdugo, ella no buscaba protección de parte de la policía, la veía lejana y por las políticas de gobierno se disminuían precisamente las medidas de protección. Tras su entierro algunas amigas quedaron en desplazamiento intraurbano. La parte de su jardín sobreviviente –dos hijas y un hijo– se exilió y en el 2014, después de volver del exilio, asesinaron a Carlos Arturo cerca del taller donde trabajaba en el centro de la ciudad de Medellín.

Su legado sigue en muchos espacios de formación, protesta, murales y homenajes, entre los cuales es relevante mencionar "Memoria de fuego encendida en el corazón de la lucha", en el barrio La Cruz; Carnaval por la Vida digna y defensa del territorio que se llevó a cabo en el 2013 desde la comuna 3 a la 8 en Medellín; Acción “Movida, vientos y carteles” en Bogotá, 2012; la canción La negra Ana Fabricia un punk hard core acelerado, que la recuerda “aventurera con palabras de fuego al barrio dando aliento”; el Observatorio de Ciudad Ana Fabricia Córdoba, un espacio de investigación social y comunitario sobre diferentes causas y consecuencias de los modelos de ciudad impuestos en Medellín; Proceso de formación en comunicación Ana Fabricia Córdoba ––inspirado en valores de alegría, dignidad y solidaridad–; Cátedra Popular del Decenio Afrodescendiente Ana Fabricia Córdoba. Además se creó el Consejo comunitario Ana Fabricia Córdoba en el Sur de Córdoba, con proyectos productivos comunitarios jalonado por mujeres y que hace parte del impulso a consejos comunitarios que buscan acceder a tierras colectivas donde cultivar. La recordaremos como una de las tantas personas que no se resignaron a vivir lejos de sus territorios, que lucharon y siguen luchando por la restitución de sus tierras arrebatadas.

Hace poco sembramos en Medellín a la amiga Beatriz Cano, comunicadora de la emisora indígena Radio Payumat que murió tras un ataque con fusil de un grupo armado, mientras un carro con compañeros comuneros era abordado por un retén de la policía en Santander de Quilichao, Cauca. En dicho ataque quedó herida su pequeña hija y murieron otros comuneros y dos policías. El 8 de junio, en el Parque Bicentenario de Medellín se reunieron mujeres de varias organizaciones sociales para homenajear a Beatriz y Ana Fabricia, que desafortunadamente comparten la fecha de muerte con diez años de distancia, pero las une su ejemplo de mujeres fuertes y sin miedo, lo apasionadas, persistentes y entregadas a la búsqueda de la verdad y de una vida mejor para sus hijas y comunidades. Sus historias seguirán aportando, dando fuerza. Nos impulsan, sus propuestas permanecerán. Sin duda a Beatriz, así como a Ana, siempre la recordaremos por la vida que compartió en ese devenir.

“Yo con enloquecerme o ponerme a llorar en una esquina no hago nada. Eso me calienta más el corazón y me da más fortaleza, para seguir luchando y hablar en estos escenarios. A nosotros nos ha faltado un poquitico de valentía, no con fusiles, sino que si me llevaran a mí a la cárcel o me desaparecen, ahí están mis compañeros. No les de miedo porque yo esté sentada en una cárcel, yo desde allá les mando la fortaleza, y ustedes desde acá me la dan (…) De mí hay mucho que aprender, así como yo aprendo de ustedes, porque una sola cabeza no es suficiente. Nosotros tenemos que unificarnos en todo, trabajar de la mano, unirnos”. Esa fue la intervención de Ana Fabricia en el taller “línea del tiempo”, realizado en el auditorio de la Universidad de Antioquia en el 2010.

 

Entre el racismo y el paramilitarismo

 

Dejar la casa no es fácil. Abandonar a la fuerza la familia, las costumbres y el mar fue para Pura Lurán Ortíz el reto más difícil de su vida. Se enfrentó al racismo de la ciudad que le quitaba los sueños de salir adelante. En el barrio Pescaíto, al norte de Santa Marta, vivía Pura con su esposo y sus cuatro hijos. Trabajaba como gerente de una empresa de venta por catálogo y su pareja tenía un taller de mecánica automotriz cuando el conflicto armado irrumpió la tranquilidad de su hogar. Desde el 2004 la presencia paramilitar en Santa Marta se iba fortaleciendo bajo el comando de Hernán Giraldo. El Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se movía libremente por el territorio con rutas que transportaban drogas y armas en la región, que luego eran enviadas a Europa y Norteamérica. Sin embargo, el grupo armado también era reconocido en la ciudad por aterrorizar a los comerciantes al cobrarles una “vacuna” por estar bajo su “protección” o un peaje para permitirles recibir la mercancía que llegaba de otras ciudades.

Eran muchos los samarios que no podían cumplir con el pago de las vacunas, entre ellos dos cuñados de Pura Lurán quienes fueron asesinados por los paramilitares al rehusarse a pagar la extorsión. Como retaliación, Ñaño, como era conocido el esposo de Pura, fue víctima del hostigamiento de miembros de la organización, que en cuatro oportunidades fueron al taller en camionetas Cherokee y motos sin placas. En la última visita agredieron fuertemente al vigilante y dispararon contra dos autos que se encontraban en mantenimiento. 'Ñaño' fue a contarle al día siguiente a su esposa con el terror de quien tiene la muerte encima.

A pesar de las fuertes sospechas de la colaboración de la Policía con la organización paramilitar, Pura y su esposo denunciaron ante las autoridades y pidieron protección, la cual nunca llegó. Sin dinero y sin garantías para la vida de su familia tuvieron que abandonar sus trabajos, amigos, casa e irse a otra ciudad. La iglesia de la que hacían parte les ayudó a solventar pasajes y estadía mientras lograban establecerse.

La zozobra de no pertenecer
Un 12 de agosto de 2007 la familia Toscano Lurán pasó a ser parte de los cerca de ocho millones de colombianos que han sido víctimas de desplazamiento forzado en el país. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados, de los cuales el 21,2% son afrodescendientes.

Llegaron al municipio de Girón, Santander, con la intención de volver a vivir, de estar en paz. Esperaban que fuera una oportunidad para empezar de cero, pero no contaban que el racismo llegara a sus vidas. Lamentablemente, al igual que muchos de los colombianos víctimas de desplazamiento por el conflicto armado, llegaron a una ciudad donde fueron estigmatizados. Pura cuenta que en el proceso de inscribir a sus hijos en la escuela fueron discriminados. La rectora de la institución le explicó que no podía recibirlos porque no había cupo para personas negras, desplazadas y menos de la costa porque era una región con un índice pésimo de educación. “Para mí fue un reto, me dolió porque mis hijos me preguntaron: “Mamá, ¿por qué no nos aceptan? ¿Por qué no quieren que nosotros estudiemos?” ¿Cómo actúas, qué le respondes a una niña de 6 años que está desconcertada, que no sabe por qué le tocó venirse? Yo le dije que lo que pasaba era que hacían falta unos documentos, pero que no se preocupara que yo resolvía eso. Cuando somos las víctimas resulta que terminamos siendo victimarios”, relató.

Recuerda que fue una época con demasiado dolor, ya que su esposo atravesó una crisis en donde no era capaz de salir a las calles ni dormir con tranquilidad porque tenía pesadillas de los paramilitares buscándolo para asesinarlo. No obstante, Pura se sobrepuso a las adversidades e inició un proceso con la Secretaría de Educación de Santander en rechazo a la discriminación que vivían sus hijos. Meses después pudieron iniciar sus estudios y actualmente se encuentran en la universidad terminando la formación en arquitectura y comunicación social. Ahí inició su camino contra el racismo.

Falta de oportunidades
La samaria explica que durante muchos meses estuvo en la búsqueda de un trabajo. A pesar de su insistencia y experiencia en distintos ámbitos, sentía que era discriminada, razón que la motivó a explorar en la cocina y en la organización de eventos de forma independiente. “Nunca he tenido una oportunidad laboral en este departamento. Todo lo que yo he querido hacer lo he hecho a costa mía, de mi empeño, mi trabajo como independiente y de mis ganas de salir adelante”, añade Lurán. Sin embargo, esta situación se generaliza a nivel nacional ya que el 53% de las personas afro trabajan en la informalidad o de forma independiente, según el informe “Raza y derechos humanos de Colombia” del Observatorio de Discriminación Racial.

Con la falta de contratos empezó a estudiar y prepararse como defensora de derechos humanos e inició su formación con la Corporación Compromiso. La impulsaba representar a todas las mujeres afro y familias desplazadas, que al igual que ella, llegaron a una ciudad desconocida sin oportunidades.

Incidencia política
En 2007 nace la primera red departamental de mujeres víctimas: Las Auroras, un proceso que buscaba fortalecer la participación y formación jurídica de las mujeres que huyeron del conflicto. Este espacio propone fortalecer los conocimientos sobre la Ley 1257 que brinda normas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y la Ley 1448 de reparación a las víctimas, ambas leyes de 2011. Con la incidencia que habían logrado cerca de 600 mujeres se vieron representadas en la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de 2008 que logró 13 programas que beneficiaban a las mujeres afrodescendientes.

Pura empezó a posicionar su liderazgo hasta llegar a la Mesa de Participación de Víctimas a nivel departamental. Es una de las creadoras de la Fundación de Afrodescendientes y Víctimas y pertenece al colectivo La Comadre, un movimiento de mujeres a nivel nacional que reconoce que el trabajo principal lo realizan desde los territorios, ya que debido al conflicto gran parte de la población de afrodescendientes del país se encuentran dispersos en los distintos municipios. “El objetivo de nosotras, las mujeres que estamos en los territorios, es que a través de la juntanza que hacemos podamos tener esos liderazgos en nuestros territorios, transmitiendo todo ese legado cultural, ese legado político que se ha venido cosechando con nuestras generaciones, porque eso no se puede perder”, explica Lurán. Así mismo, cuenta que buscan centrar su trabajo en la niñez porque debido al desplazamiento forzado no tienen un acercamiento a la gastronomía, a la cultura y a las prácticas de medicina ancestral de las comunidades afro.

Como mujer afro, Pura explica que ha sido revictimizada en muchos aspectos. Cuenta que fue constantemente encasillada en estereotipos, como por ejemplo que las mujeres costeñas “son calientes”. Esta estigmatización solo ha generado que varias mujeres la juzguen, la aparten y no quieran conocerla. En el marco del conflicto armado, las mujeres han experimentado afectaciones graves que incluyen desde la violencia simbólica hasta la física como parte de una política de miedo ejercida por los actores armados. De acuerdo a los datos de la encuesta del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, se ha identificado que el 33% de las mujeres afro han recibido agresiones físicas durante el desplazamiento, el 58% de las mujeres negras encuestadas afirmó conocer casos de mujeres agredidas físicamente, pero por varios factores solo el 30% de ellas denunció. Más del 20% afirmó haber sido víctima de violencia sexual. Además, el 63% de las mujeres encuestadas afirmaron que fueron víctimas de agresiones por su color de piel y por su contextura física un 24%, entre las expresiones más usadas estaba “chocorramo”, “negra hijueputa” y “aquí no aceptamos negras”.

La esperanza de volver
Han pasado 14 años desde que Pura y su familia tuvieron que abandonar Santa Marta. Durante este tiempo ha vivido en el municipio de Girón y siente orgullo de hacer parte de procesos políticos que visibilicen a las mujeres de su comunidad. Para ella, Colombia tiene una deuda histórica con las comunidades afro, quienes representan una de las poblaciones con más víctimas en el conflicto armado, hecho que los ha obligado a permanecer lejos de su lugar de nacimiento. “En cada departamento, en cada municipio, en cada rincón, en cada vereda hay un afro producto de ese desplazamiento y de esa violencia”, explica la mujer de 56 años.

Quiere volver a Santa Marta, sueña con estar en el mar, bañarse, comprar pescado fresco, y lo más importante, abrazar a su familia y conocer a sus sobrinos. Aunque entiende que aún no es seguro y no estaría en la libertad de quien vuelve a su pueblo dado que la presencia paramilitar en esta ciudad aún se mantiene. “Ojalá Dios me permita antes de morir ver todo lo hermoso de mi ciudad”, agregó.

Generalmente, pensamos en la cárcel como una institución necesaria para la supervivencia del organismo social: como un ente de control y amenaza, con pretensión de rehabilitar al delincuente y prevenir el delito. Si bien en todas las sociedades humanas conocidas se han registrado mecanismos de castigo para preservar los principios morales de la colectividad, la cárcel, como hoy se nos presenta, tiene su origen en códigos legislativos de los siglos XVIII y XIX en Rusia, Prusia y Toscana. Es decir, es una creación relativamente reciente –no más de 300 años de existencia–. Es hija de la Ilustración. Los procesos ideales de la civilización occidental en la tierra americana demuestran una dinámica particular. En palabras de Alfonso Reyes: “América vive saltando etapas, apresurando el paso y corriendo de una forma en otra, sin haber dado tiempo a que madure la forma precedente”. Los mestizos tenemos un alma doble, quizá triple, que fluctúa entre las influencias ancestrales indígenas, negras y europeas. Nuestras instituciones son un decir titubeante y dueño de todas las contradicciones porque han sido calco de experiencias foráneas y no creación original. Así es nuestra cárcel: difícil, poblada de inconsistencias y dinámica en sus funciones.

De acuerdo con la complejidad del espíritu latinoamericano, la nación colombiana ha recorrido los arduos caminos de la modernización, y su estado, nunca bien consolidado, en permanente disputa por el monopolio de la violencia, se presenta fragmentario en la raíz. El paisaje colombiano es un forcejeo permanente por el dominio territorial. A la manera de los tiempos de Maquiavelo, ejércitos privados, al comando de caciques, reyezuelos y bandoleros han impartido justicia en sus reinos decretados. El entramado gigantesco de la ilegalidad en los negocios es una red subterránea que sostiene la fragilidad de una sociedad de instituciones políticas y económicas tradicionalmente débiles. La violencia política, enraizada en el desencuentro de intereses que cobija la bandera, derivó en una distancia abismal entre los individuos y el sistema político. La síntesis cultural de la herencia mestiza no ha encontrado representación en desarrollos jurídicos propios y la implementación de modelos foráneos, en el orden de la jurisprudencia, no acaba de responder a las necesidades de una sociedad heterogénea en su sustancia, que desborda las geometrías de un esquema de integración en el mercado mundial que poco coincide con el potencial de una geografía bendita de riqueza.

El orden de la colombianidad es el orden de la tensión, por eso, la cárcel colombiana no responde al modelo ideal de aplicación del derecho burgués, responde a la materialidad de la historia del país. Funciona como un país dentro del país, con sus propias reglas de juego y el gran árbitro del teatro de los desarrollos no es el Estado colombiano, son los poderes armados de facto. El territorio carcelario, como la nación, es un espacio de disputa, de poderes contrapuestos. Ha habido cárceles dentro de las cárceles, como aquellas dispuestas por los paramilitares para castigar desafíos a la autoridad en la cárcel Modelo; se ha aplicado la pena de muerte como costumbre, hay extorsión y recaudo de impuestos, se paga por una celda en muchos casos, y no al Estado. La presencia del INPEC es precaria y las instituciones de la oficialidad son otro actor en la cruzada por el control del espacio confinado. En el ámbito intramural se han fortalecido ejércitos privados, se coordinan extensísimas redes delincuenciales y la pena varía según el estatus económico del presidiario. El castigo está estratificado.

Cárcel, violencia y fragmentariedad en Colombia
El sistema penitenciario de Colombia atraviesa una profunda crisis desde hace varias décadas; una crisis que se inscribe en la raíz de la contradicción nacional, atravesada por la violencia, la exclusión, la pobreza, la condición periférica en el escenario mundial y la disputa eterna por la tenencia de la tierra, hija de la herencia colonial. El huracán de la violencia en el país ha estado directamente conectado con los problemas de hacinamiento y criminalidad que demuestran los reclusorios actualmente. Por ejemplo, mientras que en 1946, luego de la política de despenalización llevada adelante por el gobierno de Mariano Ospina Pérez, se redujo la población interna a 2.765 presos –antes había 8.686–, en los años 50, en la época más álgida de la violencia liberal-conservadora, la cifra se elevó escandalosamente hasta sumar 37.770 presidiaros, es decir un aumento de 35.000 internos en menos de cinco años.

El escándalo del primer aumento significativo de la población carcelaria no derivó únicamente de cuestiones de principios en la militancia política. La nueva época, que describe la década del 50, registra el fracaso de las políticas oficiales de redistribución de la tierra. Los campesinos emprenden nuevas empresas de colonización independiente y la fragmentariedad del estado se afirma. La división colonial en las cuatro regiones tradicionales se mantuvo –oriental, antioqueña, caucana y caribeña–, y los nueve frentes de colonización abiertos en el período, según comentan Marco Palacios y Frank Safford, “forman el país traumático de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes en disputa de territorios que producen divisas: coca, petróleo, oro, banano. Territorios de alta movilidad geográfica y baja movilidad social”. El desplazamiento por causa de la guerra inunda las ciudades de nuevos pobladores venidos del campo. El fin de la bonanza cafetera y el escaso desarrollo de la industria nacional, no ofrecen alternativa de integración productiva para estas comunidades. Se dispara la delincuencia y Colombia se convierte en un país cuya población habita fundamentalmente las ciudades. La transición demográfica aumenta la natalidad en el contexto de la pobreza y la marginalidad. Como respuesta a los conflictos característicos de las grandes ciudades, producto de los imbricados caminos de la modernización en el país, aparecen, en la década del 60, la Cárcel Modelo y La Picota.

Si bien la época posterior a la violencia Liberal-Conservadora se caracterizó por una intención estatal de recuperar el monopolio de la violencia, perdido durante la guerra, este proyecto no se ha realizado hasta el momento. La respuesta institucional a las dificultades del sistema carcelario se concretó en las reformas de los años 60, incluida la creación de la Escuela Penitenciaria Nacional (EPN) que fue la primera institución especializada en la administración de los reclusorios en el país. El aumento de la concentración de la tierra, el desempleo y el recrudecimiento de la violencia, que favoreció el Frente Nacional con su política de fraude electoral y dictadura bipartidista, convirtió las cárceles colombianas en espacios de concentración, antes que de rehabilitación. La caída de la rentabilidad de la agricultura movilizó grandes grupos humanos hacia el espacio urbano, pero las limitaciones de una industria famélica no absorbieron la mano de obra que, en otros países, impulsó el desarrollo de industrias nacionales. La cárcel en Colombia empezó a convertirse en un ámbito de contención y vigilancia para sectores de la población de bajo poder adquisitivo, incapaces de incorporarse en tareas productivas.

Luego de las reformas de los años 60, el Estado colombiano mantuvo por varias décadas su política carcelaria casi intacta y no mostró interés alguno en ofrecer opciones de rehabilitación efectivas a los internos, con la consecuencia de que las cárceles se convirtieron cada vez más en “universidades del crimen” en las que los presos veían deteriorarse su salud mental a la vez que se involucraban en nuevas actividades delictivas. El desarrollo del conflicto armado en el país trajo nuevas modalidades de violencia en el interior de las cárceles que, como metáfora del país completo, se convirtieron en territorios en disputa de los diferentes actores armados, trayendo nuevas crisis humanitarias y de gobernabilidad en los centros de reclusión. La privación de la libertad alimentó la violencia en el país, y la cárcel, gradualmente, se fue tornando en centro de operaciones de los grupos criminales, que adaptaron las prisiones a sus necesidades operativas y las convirtieron en su refugio y centro de entrenamiento. La cárcel se convirtió, lentamente, en una muralla desesperada que contiene, en su mayoría, una población no apta para la sociabilidad, y la oculta, y confina en el espacio vacío de un proyecto de nación que no se vislumbra. El predominio de industrias depredadoras como la del carbón, el oro y el petróleo, junto con el engorde de los capitales financieros más irresponsables, ha sepultado las opciones de modernización consciente, extendiendo los límites de la legión inmensa de desempleados, ladrones de poca monta, enfermos mentales y adictos que puebla, hasta la asfixia, los centros penitenciarios del país. Invadidos de piojos y pulgas, los presos viven concentrados en campos de ocio en los que solo prospera la decadencia.

¿Por qué las cárceles del país no rehabilitan a los presos?
La Asamblea Nacional constituyente de 1991 trajo un nuevo aire a la política carcelaria en el país: luego de décadas de confrontación armada, las guerrillas del EPL, M-19, ADO, Quintín Lame y fracciones disidentes del ELN, junto con los representantes de los partidos tradicionales, redactaron una nueva constitución que contempló la creación de instituciones especializadas en la administración de las cárceles en el país, porque hasta el momento, las cárceles eran gestionadas por miembros de la Policía Nacional con escasísima formación especializada, brindada casi exclusivamente por la EPN (creada en los años 60). Fue así que apareció el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), a través del decreto 2160 de 1992. La creación de esta institución –hoy descuidada y fuertemente criticada–es consecuencia de informes públicos y denuncias sobre una crisis en el sistema penitenciario, que incluía constantes violaciones a los derechos humanos en el interior de los penales, uso y abuso de sustancias psicoactivas, hechos de violencia frecuentes y generalizados, hacinamiento, entre otros indicadores de una crisis humanitaria que no se ha resuelto al día de hoy.

A pesar de los nuevos intentos por recuperar el monopolio de la violencia en la cárcel por parte del Estado colombiano, la década de los 90, con el aumento de la influencia de las economías ilegales, produjo un avance de la descomposición social en los reclusorios que se manifestó en forma de hacinamiento, violencia, tortura y corrupción. De tal forma que cárceles como “la Modelo” se convirtieron en centros de planeación estratégica de grupos armados ilegales: desde allí, el Bloque Capital Interno de las AUC planeó la “retoma” de Bogotá, y participó, junto con miembros de la fuerza pública y de otros grupos armados ilegales, en la desaparición de más de 200 personas que no solo eran presidiarios, ya que muchas veces en el interior de la cárcel se adelantaban los cobros de extorsiones y negocios ilícitos y se solía “ajusticiar” a las personas que tuvieran deudas con los caciques narcotraficantes y que visitaban el reclusorio para reunirse con ellos. En muchas ocasiones, entraron para no volver a salir.

Entre 1998 y 2001 se presentó una sangrienta guerra de poder en el interior de los muros de la cárcel Modelo de Bogotá, principalmente entre las AUC y las FARC, que incluyó masacres, ataques con morteros y armas de largo alcance, descuartizamientos, asesinatos con jeringas cargadas de cianuro y torturas en la batalla por el control del penal. La insurgencia de las FARC, que controlaba el ala norte del penal en 1999, fue desplazada violentamente por el Bloque Capital Interno, comandado por Miguel Arroyave y financiado por el narcotraficante Ángel Gaitán Mahecha, que fue padrino de matrimonio de uno de los directores del penal. La cárcel Modelo fue el centro de operaciones del paramilitarismo en la capital, en el horizonte estratégico de la derrota militar de la insurgencia y facilitó un espacio de control territorial y económico de toda clase de negocios ilegales, incluido el tráfico de armas, los impuestos a los presos y el narcotráfico –dentro y fuera del penal–.

En el ámbito de la separación entre los individuos y sus instituciones, y en medio del forcejeo por la administración de la justicia, tanto en el micro cosmos carcelario como en el país, en el interior de la cárcel se instituyeron formas de castigo no oficiales. La periodista Jineth Bedoya, por ejemplo, documentó, en su libro “Los patios del infierno” las prácticas que siguen: la inaugurada: en el caso de no contar con una recomendación o con aliados dentro de la cárcel, los reclusos reciben, en el momento de su llegada, una violenta bienvenida que varía de acuerdo con el delito cometido, el patrimonio e inclusive la edad. Así pues, los más afortunados deben entregar su reloj, zapatos, la ropa con la que llegan y hasta el colchón –si lo tienen–. Además de ello, inmediatamente, según su ubicación, quedan a merced del cacique del patio, al que deben pagar un impuesto diario, según el caso.

La tenebrosa: en algunos casos y de acuerdo con el crimen cometido o con rencillas y deudas que puedan tener con gentes de dentro y de fuera de la cárcel, el reo debe pasar por un ritual de tortura conocido en el penal como “La tenebrosa”, que consiste en cubrirle el rostro con una bolsa negra, sumergirlo en una alberca y hacerlo pasar por una fila de unos 40 hombres que lo golpean con palmadas en la espalda, calvazos y patadas. En los peores casos, si hay una orden de asesinato mediante, después de golpearlo y violarlo, los prisioneros lo atacan con puñales y en algunos casos con armas de fuego. Luego se suelen descuartizar los cuerpos para deshacerse de ellos con más facilidad y entorpecer las investigaciones penales. Los delincuentes recluidos por violación, homicidio y secuestro de niños, suelen ser víctimas predilectas de esta modalidad de asesinato tortuoso.

En la Cárcel modelo de principios del Siglo XXI se configuró un orden tenso de matiz, entre surreal y macabro: en un pabellón los presos fabricaban sus propios licores con restos de comida y agua fermentada en canecas, y en otro, dirigentes militares, de este y aquel movimiento, bebían whiskey, comían filet mignon y llevaban la contabilidad de sus negocios. Se podía conseguir desde cazuela de mariscos hasta comida italiana en un paisaje que semejaba una pequeña ciudad con todo tipo de ofertas inmobiliarias: celdas de relativa amplitud con televisores, hamacas y baño privado, y cambuches amontonados en verticalidad desde el suelo bruto, sobre el que duermen los de menor fortuna. La mayoría de presos de la Modelo se apretuja en el suelo: la pajarera es como se llama el espacio de los más pobres, pero dentro del penal existieron centros de tortura, sofisticados cuarteles de telecomunicaciones y una red de negocios independientes de gran diversidad.

Este panorama tiene poco que ver con el ideal de un estructurado sistema de rehabilitación. En el país del rebusque proliferan los negocios improductivos y la ilegalidad sirve de colchón a una economía cada vez más desconectada de las necesidades del abastecimiento y más determinada por los ámbitos de la criminalidad. Si como creen algunas corrientes de la criminología italiana, el acceso al trabajo es condición fundamental para la rehabilitación en el presidio, cárceles como La Modelo, forman y emplean expertos en espionaje, sicariato y extorsión. Las industrias de la guerra son poderosas y dinámicas, y su condición de aparente ilegalidad las hace más rentables. Desde la cárcel se controlan estructuras armadas con dominio territorial y se definen campañas políticas. Hay funcionarios de la guerra, psicópatas, caciques e inocentes. El resto son pobres maestros del hambre que deambulan como fantasmas, escondidos entre los muros para no incomodar la mirada de la más susceptible gente de bien.

Mocoa capital del Putumayo, se conoce como la ciudad entre ríos. Ríos torrenciales, ríos que moldean y nutren el poderoso paisaje del Piedemonte y la Llanura amazónica ¿Qué significan estos ríos para la sociedad mocoana? ¿Qué nos dicen sus nombres? ¿Qué historias nos narran? ¿Qué valor le damos a nuestras formas de habitar e imaginar el territorio? ¿Cómo nos relacionamos con sus aguas y seres?

Los ríos de Mocoa proveen el agua para todas las actividades vitales de los habitantes del municipio. Son un bien común, corredores para una diversidad de aves, peces, mariposas, chíparos, cachimbos, balsos, palmas, entre otra cantidad de plantas y animales. Son los principales tributarios del gran río Amazonas y nutren con sus sedimentos, piedras y troncos a los suelos, bosques, vegas y chagras de la llanura. Son ríos que aún están conectados biológicamente, permitiendo la subienda de peces. Los ríos torrenciales son una parte integral de nuestro patrimonio ecológico y cultural. En torno a ellos habitamos y con ellos hemos adquirido nuestros saberes y prácticas ancestrales. Gracias a ellos hemos cultivado nuestra comida, nos hemos divertido, enamorado y hasta hemos sido concebidos en sus riberas. Desconocer el papel protagónico de los ríos en la región es cegarse a nuestra propia identidad y desconocer la fortuna de vivir en una zona donde fluye el agua de manera natural y abundante.

El Colectivo Ríos y Reconciliación nace de una iniciativa ciudadana que busca transformar nuestro actuar y habitar en torno a las cuencas hidrográficas del territorio. Nos reúne la necesidad de sentir y pensarnos como habitantes andino-amazónicos en sintonía con las particularidades de nuestros ríos, montañas, suelos y selvas. Debemos tener presente que los ríos del Piedemonte tienen su origen en una cordillera joven que está en continua formación. Para nosotras(os), los ríos torrenciales no son “bravos y peligrosos”, tampoco son simplemente canales de agua que podemos dominar mediante diques o represas. Son seres vivos con personalidades, memorias y el derecho de fluir, expandirse, ocupar y retomar sus cauces y lechos. Nosotros(as) vivimos en los territorios de los ríos y no al revés. Nuestra apuesta se concentra en un ejercicio de reconciliación con los ríos del municipio. Esta reconciliación implica dejar de victimizarnos y comprender que los ríos también son afectados por nuestras acciones, indiferencia, ignorancia, carencia de arraigo y empatía.

Más allá de la avalancha el fluvio torrencial ocurrida en 2017, y que tanto nos marcó, una serie de impactos que afectan la vida de nuestros ríos, como son la deforestación, el mal manejo de residuos, la expansión urbana sin planeación, la precaria o inexistente red de servicios y conexiones de agua a lo largo del territorio, la sobreexplotación de materiales de los ríos, la amenaza de minería metálica, y el desconocimiento general de las condiciones geológicas y agroecológicas del piedemonte.

Además, de esto, hay una deficiente administración institucional que ha generado constantes obstáculos para garantizar una real participación ciudadana en la gestión del riesgo y la planeación del ordenamiento territorial. Hemos sido testigos de innumerables hechos en donde se han ignorado los saberes y conocimientos locales en la toma de decisiones que afectan el diario vivir de los habitantes y el futuro del territorio. Nos preocupa que una planeación territorial sin base en las condiciones andino-amazónicas termine generando más riesgos para las poblaciones vulnerables y afectaciones sobre los bosques, suelos, ríos y aguas.

Ante las pretensiones del gobierno nacional y regional en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Corpoamazonia, alcaldía de Mocoa y empresas contratistas de realizar un sistema de obras de mitigación como: diques abiertos y cerrados (represas), espolones (barreras), jarillones y muros de protección en gaviones recubiertos en concreto sobre los ríos Mulato, Sangoyaco, Taruca y la quebrada Taruquita, consideramos que estas obras no son apropiadas para las características de los ríos del Piedemonte. Adicionalmente, no existen diseños de las obras de mitigación para la parte alta de las cuencas y tampoco Planes de Manejo Ambiental para los ríos intervenidos. Razón por la cual, estas obras podrían representar una amenaza a la vida de estas fuentes de agua y potenciar un riesgo para la ciudadanía de Mocoa, además de causar una alteración permanente del paisaje natural del municipio.

RECHAZAMOS

· El proyecto del sistema de obras de mitigación en el marco de la reconstrucción de Mocoa, que contempla 56 obras agresivas permanentes en el lecho de los ríos Mulato, Sangoyaco y la quebrada Taruca, con estructuras a muy corta distancia entre sí.
· El uso de explosivos para dinamitar las rocas de los lechos, porque éstas crean una dinámica natural que disminuye la velocidad del agua.
· La destrucción de bosques ribereños que se han regenerado posterior a la avenida torrencial, y que son la muestra del proceso espontaneo del resurgir de la vida.
· El inicio de obras en las partes media y baja de los ríos, sin contar con los estudios y diseños de las obras para las partes altas de estos ríos, como la misma autoridad ambiental regional Corpoamazonia recomienda.
· Los inadecuados procesos de socialización que se están llevando a cabo, debido a que no garantizan una participación ciudadana informada que permita evaluar los impactos y conveniencia de las obras.
· La construcción de obras diseñadas sin dialogar con las comunidades ribereñas, conocedoras del comportamiento de los ríos. Consideramos que el conocimiento técnico no es suficiente para la toma de decisiones en el territorio, y se debe generar un diálogo permanente para analizar alternativas frente a las obras impuestas.

Nos preocupa que este sistema de obras resulte ser perjudicial para el patrimonio público, ecológico y cultural de Mocoa. Los diques abiertos y cerrados podrían obstaculizar el flujo natural de nuestros ríos y provocar desbordamiento lateral, socavación de las orillas, desviación a nuevos cauces y un gran impacto a las comunidades. Invitamos a toda la ciudadanía para que se vincule a la reflexión sobre el patrimonio natural de nuestro municipio. No podemos continuar desconociendo la capacidad reparadora de los ríos, son seres vivos que a su vez nutren nuestras vidas, merecen nuestro respeto y cuidado.

El miércoles 28 de abril del 2021 diversas organizaciones sociales, sindicales, gremiales, estudiantiles, ambientales y políticas dieron comienzo a una jornada de Paro Nacional, protagonizada por marchas multitudinarias y diferentes manifestaciones artísticas en todo el territorio colombiano desde las grandes urbes hasta las zonas rurales; convirtiéndose especialmente el Cauca y el Valle del Cauca en puntos de resistencia, debido al tesón demostrado en la fortaleza y unidad popular de sus gentes ante la represión militar con la que fue atacada la protesta social.

El Paro se extendió sin preverlo por casi dos meses. El resultado de la última encuesta de Invamer, para abril y mayo del 2021, resalta que más del 70% de la población encuestada apoya el Paro y más del 50% dice que su economía no se ha visto afectada a causa de este. La situación ha alcanzado la categoría de “Estallido Social”, en donde la chispa que encendió la motivación para protestar enérgicamente y a la que muchos denominan como “El segundo florero de Llorente”, fue la opinión de quién era Ministro de Hacienda y dijo en una entrevista que una docena de huevos podría costar 1.800 pesos, justamente en medio del proceso de implementación de una reforma tributaria, por parte del nefasto y despótico gobierno de Iván Duque. Esta tenía contemplado mantener grandes exenciones a los sectores más ricos; gravar alimentos de primera necesidad como pollo, huevos, café, leche y arroz, entre otros, en hasta un 5% afectando a las personas más pobres; además de un impuesto a la renta para quienes ganaran un poco más de dos millones de pesos, lo que incrementaría aún más los índices de pobreza en una sociedad sin condiciones de vida digna, que todavía busca recuperarse del golpe que ha significado resistir la pandemia del Covid-19.

Las dinámicas de la movilización popular han incluido marchas, plantones, espacios de deliberación, ollas comunitarias, conciertos, actividades en medio de las vías, bloqueos, actos simbólicos como retirar estatuas o hacerles performance artístico. Este año las calles traían la energía añejada desde el 2019, cuando la pandemia llegó para silenciar una gran movilización social que se alzaba en contra de las políticas de Duque en su gobierno ilegitimo y los pulsos del 2020 tras la indignación por la brutalidad policial. A los pocos días de haber iniciado el Paro Nacional, los medios de comunicación tradicionales –El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, La Republica…– comenzaron a enfatizar sus notas en el “desabastecimiento” de alimentos, combustibles, insumos médicos e industriales, a causa los bloqueos del Paro Nacional. Ciudades como Cali, Armenia, Bogotá, Tunja, Popayán, Quibdó, Villavicencio y Pasto reportaron haber sido de las más afectadas. Sin embargo, aunque la mayoría de publicaciones consultadas resaltaban los bloqueos y el vandalismo, poco se dice sobre los efectos particularmente del Paro camionero y del cierre del Puerto de Buenaventura; siendo esta última situación la de mayores consecuencias en términos del abastecimiento en general para diversos sectores económicos. En materia de abastecimiento de alimentos a las plazas mayoristas de las principales ciudades, según se puede corroborar en los informes del Boletín semanal de las Mayoristas, elaborados por el Sistema de Información de Precios del DANE, ciudades como Popayán, Cali e Ibagué presentaban disminución en el acopio de productos agrícolas una semana antes de comenzar el paro, luego durante la primera semana de Paro se registró disminución de casi un 97% en Ipiales y Cali, siendo Pereira y Neiva las otras ciudades más afectadas sin llegar a superar el 60% en la caída del abastecimiento agropecuario; pero para mediados de mayo en adelante se registra en general un aumento en el acopio a nivel nacional de frutas, tubérculos, verduras, hortalizas, carnes y granos.

El gobierno de turno y los gremios de más poder económico hacen uso hace uso del aparato del Estado para su propia conveniencia, al puro estilo de un modelo plutócrata que está siendo increpado con valentía y fundamento en las calles populares y los espacios simbólicos. El establecimiento del orden se ve acorralado y adopta una estrategia mediática basada en el miedo; en alianza con los medios tradicionales articulan discursos y notas para vender la amenaza del estante vacío, buscando desvirtuar la movilización social cuando la hacen ver como responsable de la crisis. En propagandas dramáticas por televisión ahora sí mencionan al campesino que no pudo sacar su cultivo, al empresario que tuvo que cerrar por falta de insumos, al avicultor que tuvo que sacrificar sus animales.

Es por ello que desde el gobierno aprueban la “solución” de reprimir la obstaculización a las vías, basados en la vulneración al derecho de movilizarse y de poder acceder a bienes de primera necesidad. Los medios replican el mensaje pero evitan cubrir con detalle que esa misma vulneración a derechos fundamentales es una constante para millones de personas en barrios y veredas que están desconectados de servicios públicos, y sin vías de acceso que condenan la producción labrada a bloqueos eternos. Se alzan al unísono las voces de gobernantes, funcionarios y periodistas: “Basta!", no soportan ni toleran una barrera más en las carreteras, a tal grado que el decreto que reglamenta y tipifica la protesta social, en categoría de pacífica, fue modificado para incluir como acto violento y de combate dejar en la vía objetos que obstruyen la movilidad. Pero olvidan o se empeñan en no atender las barreras sistemáticas que han puesto en la movilidad social para acceder a educación, salud y alimentación digna, lo que ha tenido a la población cada día más empobrecida.

Las pérdidas económicas que reportaron gremios como la ANDI, Fenalco, Fendipetroleo, Agronit, la SAC y el Ministerio de Hacienda, alcanzan cifras de hasta 15 billones de pesos a un mes de comenzado el Paro, demostrando que bajo condiciones normales de movilidad se desplazan por las carreteras volúmenes colosales de dinero ajeno al pueblo, tal como se lo han dejado ver a la población manifestante que bloquea la circulación de mercancías. Destinada la movilización social a tener un trato bélico bajo la llamada “asistencia militar”, a pueblos y ciudades llegaron también las prácticas terroristas de amenazas, emboscadas y asesinatos; desde la represión estatal y el accionar paramilitar. Por ejemplo, en la vía Panamericana han ocurrido barbaridades a como dé lugar, con tal de despejarle la vía a los contenedores represados en Buenaventura. La misma mercancía picante que en su paso por el Puerto, ha dejado un paisaje de profunda inequidad durante más décadas que los días que lleva este Paro Nacional. Cabe anotar que en los momentos más críticos se habilitaron pasos de corredores humanitarios para el tránsito de alimentos e insumos médicos, dinámica que se alcanzó desde diálogos locales con primeras líneas y las comunidades en resistencia.

En el sector de la salud se llegó a presentar escasez según el gremio, especialmente de oxígeno y dispositivos importados como respiradores. El ministro de Minas, Diego Mesa, en reiteradas ocasiones se pronunció desde los medios para dar cuenta de la disminución en la capacidad de abastecimiento de combustibles como gasolina y diesel en ciudades y municipios, especialmente del sur del país, resaltando que se encontraban en “mínimos críticos”. En el sector industrial también se presentaron problemas debido a la falta de materias primas como cobre, acero, resinas, solventes, polímeros, entre otros; materias primas con origen principalmente en la cadena de abastecimiento que ofrece el puerto de Buenaventura, complejo de carga marítima internacional por el que transita anualmente el 60% de la mercancía de exportación e importación de Colombia, y levanta sus cimientos en un municipio sumido en la pobreza y la miseria.

Este tipo de situaciones nos llevan a reflexionar sobre las dinámicas de consumo y dependencia a las que nos hemos visto condicionados como sociedad. La interdependencia entre regiones productoras de alimentos en Colombia, es fundamental para el abastecimiento integral de productos que hacen parte de la canasta familiar, la altura y la geografía determinan en la mayoría de las regiones su vocación agrícola, debido a esto, una situación de bloqueo en diversos puntos estratégicos del país conlleva a la escasez de algunos productos en regiones enteras. En el Caribe se reportó escasez de frutas y verduras; en los Llanos Orientales de tomate, cebolla y papa; en Antioquia de harina, azúcar y carne; Cali presentó problemas de abastecimiento en casi todos los tipos de alimentos, pues todo llega de la ruralidad y los bloqueos rodeaban la ciudad. La provisión de alimentos para las ciudades fue un punto angular de los medios de comunicación tradicionales, para enfatizar en la crítica y el rechazo a los bloqueos, pues con la Panamericana bloqueada en varios puntos, así como algunas de las principales vías del centro del país el abastecimiento de algunos productos se vio truncado y algunas regiones se encontraron temporalmente desabastecidas de insumos y alimentos para la canasta familiar. Los productos perecederos fueron los más afectados, la producción avícola, pesquera y lechera en algunas regiones entró en crisis, por falta de alimentación para sus animales, sumando al vencimiento de los productos agrícolas de corta duración.

El desabastecimiento también se presentó en las cocinas de los colombianos pobres, Colombia alcanzó una cifra alarmante en el Índice de pobreza monetaria (IPM) del 42,5% para el 2020, según el DANE. Departamento que indicó además que 3,5 millones de personas entraron en el IPM entre el 2019 y 2020, y 2,9 millones entraron en el de IPME (pobreza extrema) en ese mismo periodo. Venimos año tras año empeorando en ese indicador, con el agravante de la pandemia y la corrupción que se ha dado en su transcurso. Situación que nos ha dejado para siempre grabado en la memoria imágenes como la un barrio, con decenas de banderas rojas colgando de sus ventanas. Hambre y muerte, silencio doloroso en las calles vacías, mercancías guardadas, puertos y aeropuertos cerrados por meses; pero aún en el tiempo del pico más preocupante de la pandemia, cualquier retraso de unos día, es motivo suficiente para generar pánico entre la población, instándola a desistir de su dinámica de movilización.

Se puede apreciar una perspectiva catastrófica, maquillando las notas informativas sobre las consecuencias económicas para las familias colombianas por causa de los bloqueos. Claudia López dijo: “...quedarnos sin comida no va a solucionar la crisis social...” cuando momento la capital registraba un aumento en el acopio de productos agropecuarios del 39,64% en las principales plazas de mercado, según el DANE. En paralelo y en medio de una jornada en donde reportaron más de 400.000 pérdidas de empleo a nivel nacional por causa del Paro, la compañía de alimentos a base de lácteos Alpina reportó en ganancias del año pasado más de 68.000 millones de pesos según Semana; y el 11 de mayo anunció el cierre de uno de sus centros de acopio en Sopó, Cundinamarca, según La República, por insostenibilidad debido a los bloqueos, pero según las redes sociales de la empresa solamente se cerró un día, los demás han operado normalmente. El cierre coincidió con su promoción de rechazo a la movilización social colorida, desde la marcha del silencio y expresiones de censura en las paredes populares borrando los murales artísticos de contenido político. No es difícil notar la alianza entre poderosos gremios económicos y los medios de comunicación tradicionales que transmiten sus mensajes alimentando sus discursos. La respuesta por parte de algunas empresas ante las dificultades que les ha generado el Paro, con tal de no asumir las pérdidas económicas y mantenerse en el top del mercado, ha sido la de cerrar la planta para no recibir y pagar productos a agricultores y ganaderos que no podrán vender, además del despido de personal en sectores económicos como la construcción y la metalurgia.

A su vez, es esencial reconocer que conforme ha transcurrido el paro se han dejado entrever las posibilidades de empoderamiento vinculadas a organizarse, a encontrarse en el sentir y el diálogo, a alzar la voz al unísono, a tejer vínculos de solidaridad entre los barrios, entre la gente del campo y la ciudad. Así pues se construyeron estrategias de co-cuidado cotidiano, como ha sido la de llenar los estómagos de los que resisten las embestidas de la fuerza pública y la mano invisible. Estrategias que operan en manos del poder popular, como los corredores humanitarios que buscan garantizar el paso de insumos básicos, así como las ollas comunitarias que han significado no solo el acto literal de dar comida a quienes no la tienen, sino que también se han configurado en espacios de contención, convergencia, reflexión y rescate de una gastronomía con identidad. Dinámicas que nos dejan ver a una sociedad que se entrega con empatía, solidaridad y fortaleza al servicio de los ideales mismos de la protesta y quienes la sostienen. Un ejemplo notable y esperanzador ha sido el suceso de la minga indígena llegando a Cali el 12 de mayo para apoyar a los distintos sectores del Paro Nacional, mostrando rotundamente el potencial de autonomía en los territorios. Una minga que llega con una potente presencia de hombres y mujeres en caravana y con la determinación de proveer de víveres a quienes ya llevaban varios días resistiendo.

Los lazos de apoyo que se han estrechado, fortalecido y evolucionado a lo largo del Paro en varios de los puntos del estallido, nos muestran una vía alternativa posible para caminar hacia una sociedad más resiliente que entre otras cosas, deje de depender de las estanterías de los centros comerciales y los puntos de acopio de productos sobre inflados que se trasladan cientos y miles de kilómetros, desde complejos industriales de producción y manufactura ubicados en otras regiones o países basados en la explotación de mano de obra barata y la depredación de los recursos naturales en los territorios.

La llegada de alimentos en tiempos de necesidad, desde fincas campesinas que históricamente han alimentado a las ciudades a pesar de la desvalorización de su ardua y extenuante labor, así como la existencia de las ollas comunitarias que brotan de una red popular de apoyo humanitario, en un entorno de confrontaciones agotadoras, proyectan una luz que y nos deja ver la existencia de un compromiso colectivo en evolución, entre los grupos más vulnerados de la sociedad para robustecer unas relaciones inter generacionales, sectoriales y territoriales, tejiendo relaciones que reclaman y buscan un modelo de producción y consumo socio económicamente justo, ecológicamente responsable y en concordancia con la cultura y memoria de cada región. Es por tanto que la soberanía alimentaria construida desde la base, debe ser un objetivo común pues sólo así se posibilita una posición más segura para continuar exigiendo que se respeten los derechos que por nacimiento y herencia, le pertenecen a la ciudadanía.

Hablar de soberanía alimentaria abarca no solo pensarla en términos de la suficiencia de los alimentos dispuestos al consumidor, sino que se vuelve trascendental considerar lo que implica el definir y conocer quiénes producen, en dónde producen, qué producen, cómo se produce, para quién se produce, para qué se produce, pues es en las respuestas a estos interrogantes que se basa la solución de problemáticas críticas como la pérdida de diversidad biológica y cultural, los daños a la salud de las personas y ecosistemas por pesticidas y fertilizantes, el aceleramiento del cambio climático, el hambre, el acaparamiento de tierras, las migraciones y desplazamientos, el endeudamiento y la pobreza de los campesinos. La construcción de la soberanía alimentaria es un llamado a la defensa de la vida misma y su autonomía, en un contexto en el que de manera globalizada se ha obligado en todos los niveles la adopción de un modelo de crecimiento económico desmedido y polarizado, que ha buscado a través de sus diferentes mecanismos, el control, la explotación y la mercantilización de las personas; desde sus mentes, su energía y sus cuerpos, hasta el acaparamiento de los territorios y los recursos naturales capitalizables de los ecosistemas.

Mencionaremos algunas de las iniciativas más reconocidas que han decidido caminar por una senda que nutre y materializa progresivamente, el logro de sistemas agroalimentarios más justos: la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca, el Convenio Interinstitucional para la Producción Agropecuaria del Valle del Cauca (CIPAV), la Red Colombiana de Agricultura Biológica (RECAB), la Red de Semillas Libres de Colombia, Semillas de Identidad Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP), la Fundación Viracocha, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina (ASOPECAM), el Instituto Mayor Campesino (INMCA) y la Red de Agroecología de Nariño.

Es en estas iniciativas encontramos materializado el camino a la utopía en diversas acciones, tales como sistemas de producción agroforestal, obras para el cuidado del agua y el suelo, la fabricación de bioinsumos, casas de semillas, los huertos escolares y de traspatio, escuelas campesinas, certificaciones participativas, la articulación de circuitos cortos de comercialización y el establecimiento de mercados agroecológicos campesinos y generación de monedas locales. Es importante conocerlas y aprender sobre su visión del mundo, sus experiencias, las rutas planteadas, las formas de organización e incidencia horizontal, los instrumentos de investigación-acción, los mecanismos de articulación, así como también buscar la manera de adherirse a estos espacios de encuentro y construcción con los otros que también anhelan una sociedad más humana.

Es complicado encontrar el origen del racismo, y lo es más para quien se acostumbró a naturalizar el desprecio o la exclusión contra alguien por su color o su cultura, o las dos. Es mucho más difícil para los que ven con los ojos de la humanidad y no encuentran ninguna justificación a tal discriminación.

Lo cierto es que el racismo lejos de desaparecer se afianza en una sociedad y en un planeta que se dice moderno, y se coló entre los pueblos pobres y entre las personas que se olvidan de mirarse al espejo cultural y reconocer allí la diversidad, la mezcla, el mestizaje, los colores y las diferentes formas de apreciar la vida, de relacionarse con el planeta, con el poder, la política y la economía.

La religión y el colonialismo tienen mucho que ver en esta percepción enrevesada sobre el relacionamiento y la aceptación entre pueblos. Las creencias en los orígenes y validez de las razas puras: la sangre noble o divina, la dinastía, los mesías, los elegidos por este o el otro Dios, árabes, judíos, negros o blancos, gitanos y raizales. Toda la humanidad negándose unos a otras, borrándose del mapa, discutiendo de manera insulsa sobre quiénes son los escogidos y quien los escogió para subyugar a los demás. Por supuesto la visión occidentalizada de los colonizadores europeos les hizo creer y convencerse que la suya era una civilización superior a la de los pueblos originarios de América, África y Asia, que su cultura, sus dioses y reyes eran los únicos válidos, que sus formas de vestir, comer, relacionarse eran las correctas y que a los demás había que civilizarlos con base en esa forma de vivir en la tierra.

Los colonizadores, en todo el mundo, no encontraron otra forma que la fuerza, el castigo, la violación, la muerte, la esclavitud para imponer su forma de habitar el mundo, de relacionarse política, económica y culturalmente con otros pueblos y con la naturaleza, porque al frente siempre tuvieron desde su perspectiva a un inferior o a una bestia sin alma que había que aconductar. Lo peor es que lograron no solo imponerse materialmente sobre sus víctimas, también lo hicieron culturalmente, inocularon ese odio, esa mirada inquisidora que busca la diferencia en el otro igual con el fin de convertirlo en desigual y agredirlo.

La “modernidad”, con engaños, prometió igualdad, fraternidad, soberanía, autonomía. Prometió unas formas políticas, económicas y culturales en las que un ente llamado Estado – Nación garantizaría relacionamientos armónicos entre todos y todas, en donde esos principios se podrían hacer realidad. La clase burguesa, y su proyecto moderno, triunfante en Francia y en general en Europa, no pudo o no quiso cumplir su promesa, al contrario, profundizó la desigualdad, castigó el libre pensamiento, fecundó el fascismo y el nazismo, se adueñó de la mano de obra de millones de pobres, y fomentó el genocidio contra los que haciendo uso de sus derechos democráticos se rebelaron. Mientras tanto, sus hijos procreados a su imagen y semejanza en América hicieron lo propio, se negaron a abolir la esclavitud, se repartieron las mejores tierras y mataron de hambre a quienes lucharon por la independencia. También construyeron un Estado Nación con el sudor y la sangre de los más humildes, y continuaron el genocidio indígena y negro.

Y lo siguen haciendo. Le quitaron el 90% del territorio al pueblo Barí en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela, y exterminaron casi el 70% de su población, con el fin de entregarle el petróleo a las empresas norteamericanas. Masacraron miles de obreros bananeros para regalarle el negocio a la Fruit Company, persiguieron a los pueblos negros de sus territorios ganados con esfuerzo y sufrimiento, fomentaron una cultura racista y patriarcal difundida por los medios masivos de comunicación, la iglesia y la escuela. Los ñeros, los que viven en los barrios pobres, los feos, los negros, los indios, los campesinos, los mamertos, las feministas, los que no quieren dejar progresar al país, los castrochavistas, los vándalos, los que quieren todo regalado, los mantenidos, los que fastidian a la gente de bien.

La tarea de los hombres modernos y patriarcales está hecha, hay que deshacerla. La sociedad mestiza empobrecida, del campo, de los ríos, la montaña, la selva, de la barriada y las comunas se tiene que sacudir, no se pueden seguir mirando en el espejo y escupirse.

Pero los tiempos cambian. Ahora, el agua que se retiró hace tiempo abandonando la playa, regresa, se ve en el horizonte como una gigantesca ola que crece a medida que avanza. Son los empobrecidos, las víctimas, los esclavizados, las oprimidas, los pueblos. Vienen coreando con fuerza: nunca más nos miraremos por debajo del hombro, jamás nos pisaremos los callos, no volveremos a burlarnos de nuestra propia desgracia, reconoceremos y amaremos nuestros colores de piel, nuestra cultura, nos compartiremos el alimento, aprenderemos de ellas, de las mujeres, las reconoceremos y respetaremos, nos sacudiremos el arribismo, el racismo y el patriarcado, nos descolonizaremos, dejaremos de ser subalternos y sumisos para ser un pueblo, un colectivo que mira con orgullo a la otra y el otro, para encontrarse en sus ojos y descubrirse en su alma.

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