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Los periódicos alternativos o comunitarios con enfoque popular desempeñan un papel muy importante en la organicidad de los procesos y movimientos sociales. No es solo enterar a la población de a pie de lo que acontece en su alrededor. Nacidos al calor de las luchas en los territorios de nuestra america, estos tienen diversidad de propósitos, por ejemplo “decirlo todo”, como diría Octavio Paz; quien planteó que el boom de la literatura latinoamericana logró ir “venciendo la cultura del silenciamiento”, planteada por Freire y sus discipulos.

La prensa independiente y alternativa con perspectiva popular es un escenario consolidado en la construcción de diálogos intersubjetivos, inter-generacionales e inter-organizativos, posibilitando comunicarnos, colectivizar la opinión, construir conciencia y propiciar mejores niveles de participación o democracia directa.

Las personas que acceden a estos medios, saben que más que juicios político-partidistas, pueden encontrar información comprometida con las causas y problemáticas de la comunidad, diferente a lo que puede venderles la prensa comercial desde el periodismo “neutro” o “apolítico”, que conscientemente engaña a la población y emite unilateralmente cual debe ser el único pensar posible como ejercicio de poder. La prensa en general asume un rol de militancia política. Lo perverso, es hacerlo sin informar de sus ideas políticas a sus audiencias. Hoy ese tipo de periodismo se deslegitima al igual que el establecimiento que defiende.

Los espacios físicos de los medios de prensa independiente, alternativa y popular son difíciles de mantener por su financiamiento, pero persiste la voluntad política de mantenerse a contra corriente y la vocación revolucionaria de insistir en los cambios sociales. De resistir en aras de que la población conozca y construya conciencia para beneficio colectivo.
En el nacimiento y posterior desarrollo de las teorías críticas al capitalismo, que han aportado a la proyección de un mundo que lucha, es clave resaltar el papel de las publicaciones del pensamiento editorial transformador. Tanto periódicos como revistas eran los escenarios habituados para el posicionamiento y la circulación del pensamiento emancipador. Su función sigue siendo la contribución analítica y propositiva.

La praxis política desde la pluma. El caso Marx
Para pensadores como Carl Marx, la prensa de contracorriente fue esencial durante sus primeros veinte años de producción intelectual, pues periódicos y revistas eran el espacio ideal para hacer vocería de ese naciente hito de pensamiento proletario. Políticamente hablando, sus primeras acciones politicas tienen que ver con la escritura. El Marx reportero, dicen sus biógrafos, inicia en 1841 con un par de artículos en las revistas del académico Arnold Ruge.

En el año 1842 se funda un periódico llamado la “Gaceta Renana”, que divulgaba las tendencias progresistas conocidas en ese momento en la región alemana. Allí convivían periodistas liberales junto a colectivos rebeldes como los “Libres de Bauer”, una pandilla de discípulos hegelianos de tendencias irreverentes. Marx entró a la redacción de dicho medio con la misión de sostener el carácter de diario opositor, allí logró concentrarse en una agenda reformista liberal, defendió la prensa libre, y generó polémicas con diarios de intención oficialista o privada.

Marx inició su participación en medios franco alemanes, los Deustsche-französische Jahrbücher, en 1843. En sus paginas combinó textos de actualidad con ensayos de filosofía política. Los anuarios editaron su primer número con artículos de Engels, Bakunin y Heine. Marx publicó allí “Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel” y “La cuestión judía”.

Para 1845, Marx logró escribir un par de artículos para Vorwärts, un periódico radical parisino. En Bélgica publicó algunos artículos en la Gaceta Alemana de Bruselas. Junto a Engels, se dedicó a contactarse con grupos de obreros o intelectuales de Alemania, Francia e Inglaterra, hasta formar la liga comunista. Luego publicó el Manifiesto Comunista en febrero de 1848.

Ese mismo año la Gaceta Renana evolucionó a “la Nueva Gaceta”. Fue pensado como un órgano que reunía diversos colores del progresismo europeo. El periódico circuló y mantuvo una línea demócrata y transversal, atentos a la cuestión social, solidario con todas las revoluciones europeas. El giro editorial del periódico no logró la revolución pero denunció la realidad adversa. En el nuevo medio Marx analizó los conflictos europeos en clave de lucha de clases y publicó la serie de artículos que conocemos como “Trabajo asalariado y capital”.

En Londres escribió artículos de actualidad para diversos diarios del mundo. Después de haber quebrado con cuatro periódicos, entre 1851 y 1852, escribió la crónica que conocemos como “El 18 de brumario de Luis Bonaparte”, publicada en el Die Revolution, el diario de los exiliados alemanes en Nueva York.

Con su pluma comprometida en la lucha, Marx, con el apoyo de Engels, publicó más de 500 artículos. Su vocación fue advertir y anunciar el tramite de las crisis económicas del capital, a partir de las turbias maniobras financieras que derivan en abusos y violencia explotadora de corte colonial e imperial. La compilación de los artículos sobre las transformaciones revolucionarias y progresistas de toda Europa, le aportaron al propio autor los elementos fundamentales para “la crítica de la economía política”, que sería el primer boceto de lo que hoy conocemos como “El Capital”

La prensa independiente y alternativa bebe de la pluma comprometida que va más allá del panfleto para la propagación ideológica. La gestión del contenido político trasciende el afán militante, o el interés de ser solo un repositorio de información. Desde la perspectiva de lo popular, la prensa se vuelve un medio formativo de leer problemicamente el mundo y construir los elementos para pensar alternativas.

Las personas que se dedican a la comunicación popular, saben que sin restarle rigor, se puede dar voz a las comunidades para que manifiesten “su propia palabra”, como diría Freire. Asunto que no logra un periódico comercial, pues termina editando la voz del ciudadano de a pie, sin informarle los intereses políticos y económicos que están en el transfondo.

El corregimiento de Coscuez está ubicado en el occidente del departamento de Boyacá y pertenece al municipio de San Pablo de Borbur. Es una zona de explotación de esmeraldas y ha vivido una serie de cambios sociales, políticos y económicos que se han convertido en el dolor de cabeza de algunos habitantes del sector.


Coscuez participó en la llamada “Guerra del occidente de Boyacá”, precisamente por el poder en la extracción y comercialización de la gema preciada. Esa violencia dejó una serie de desórdenes sociales que, aunque ya hacen parte de la historia, aún algunos coterráneos recuerdan con dolor y tristeza. Uno de esos acontecimientos fue el desplazamiento forzado por el conflicto de aquella época. Hoy ese desplazamiento, dicen ellos, lo están volviendo a experimentar, ya no por culpa de las armas, sino por el hambre y la miseria que se vive en una de las zonas más ricas del departamento.

Hace exactamente 5 años, a finales del 2015, ingresó a la zona una multinacional que con documento en mano informó a los habitantes de la “adquisición de un título de arrendamiento por un lapso de 30 años aproximadamente” del predio donde se extrae la gema. Luego comenzó su proceso de “encerrar” el terreno y las “bocaminas”, convirtiendo la producción en propiedad de la empresa. En el momento que incursionó en la zona, hicieron una serie de promesas de desarrollo socio-económico que beneficiarían a miles de habitantes y que generaría una estabilidad de vida para todas aquellas familias de los mineros ancestrales. Promesas que según los conciudadanos no se han cumplido, al contrario se viene gestando un ambiente de pobreza y miseria extrema.

Al inicio las relaciones entre la organización y los mineros ancestrales fueron buenas, pues se visualizaba un cambio que transformaría de fondo otras problemáticas de la comunidad. Ahora bien, ¿quiénes son los mineros ancestrales? Son aquellos hombres y mujeres que por años han trabajado en la extracción de la esmeralda. Se hacen llamar “ancestrales” porque manifiestan que han heredado de sus bisabuelos, abuelos y padres el oficio de la minería. Algunos narran que en medio de sus trabajos han encontrado algunas bocaminas elaboradas por los indígenas, por ello afirman que el oficio se viene realizando hace más de 200 años. Siendo ellos mismos los que con el sudor de su frente, maseta, cincel, lámparas de carburo, martillos y carretillas de madera crearon los frentes de trabajo (bocaminas o túneles) de manera artesanal. Son años dedicados a “romper” la montaña donde se esconde la esmeralda. “Esto es de nosotros. Nosotros lo elaboramos, nosotros invertimos tiempo, dinero y salud para poder trabajar y subsistir en la zona. No nos pueden sacar”, dicen ellos.

¿Cuál es la problemática que afrontan actualmente? Don Maximiliano Barbosa, minero ancestral y vocero de diferentes asociaciones, en medio de su sabiduría y con dolor de patria chica aclara la situación: “Nos están sacando poco a poco. Cuando llegaron sabíamos que los frentes de trabajo de mayor producción serían de ellos. Nosotros al momento les solicitamos que los demás frentes nos lo dejaran para nosotros poder trabajar y buscar el pan para nuestras familias. Pero desde hace 2 años las reglas del juego las fueron cambiando y de manera procesual fueron encerrando los frentes que nosotros tenemos para nuestra labor, con ello lo que están suscitando es un desplazamiento forzado, porque al no tener como trabajar, tampoco tenemos como comer. Ahora se viene anunciando el cierre total de otras bocaminas. De ser así, esto colapsaría en una miseria total y un posible desorden social, hasta se puede tornar violento, porque el pueblo con hambre no escucha, simplemente actúa”.

A raíz de la problemática, los mineros ancestrales y artesanales decidieron organizarse para dialogar con la multinacional y los entes gubernamentales. Fue así como nacieron varias sociedades: la Fundación mujeres con propósito por Boyacá, creada hace más de 3 años porque también sufren las inclemencias de la problemática social; la Asociación de Barequeros de Colombia; y la Asociación de agro-mineros tradicionales y ancestrales de Coscuez “Paz Verde”.

En medio del debate entre la comunidad y la multinacional se desarrollaron varias actividades de protesta social enmarcadas en el respeto, sin más otro fin que gritarle a un país que se estaban ejecutando acciones injustas. Varias Juntas de Acción Comunal se unieran a la lucha y en medio de un plantón que duró 3 días nació Alianza Verde. Una juntanza de asociaciones y juntas comunales con la cual pretendían hacerse más visibles. Alianza Verde es el grito unánime de miles de mineros ancestrales que desde décadas han vivido y subsistido de la extracción y comercialización de la esmeralda, es el lamento de miles de familias que hoy se hunden en la tristeza y la extrema pobreza: ¡Queremos que nos dejen trabajar! ¡Que respeten nuestra minería ancestral, artesanal y tradicional! ¡Estamos aguantando hambre! ¡Primero nos desplazó la violencia y ahora el hambre! ¡No nos saquen de nuestra tierrita! ¡Con nuestros trabajos queremos fortalecer la paz! ¡Nuestro propósito es hacer valer 31 años de la firma del acuerdo de paz del occidente!

Su “pelea” fue soportada sobre un eje legal. Afirman que sus reclamaciones y peticiones están basadas en la ley 685 de 2001, que expidió el código de minas, en el Titulo IV, Capítulo XVI desde los artículos 152 hasta el 158 para ser más específicos; en el Decreto 1378 del 21 de octubre de 2020, donde se les ratifica como mineros tradicionales; también en los puntos 2.1 y 5 del Acuerdo Regional de Paz del Occidente de Boyacá, el cual buscaba el desarrollo de la región salvaguardando la extracción de la esmeralda y su comercialización.

Con estas “armas” en sus manos se embarcaron a la pugna con la multinacional. Basados en el diálogo y la cordialidad, pidieron que se respetaran sus derechos, porque están llevando al pueblo al olvido, al abandono y a morir de hambre. Don Wilson Rodríguez, líder y vocero, argumenta con insistencia que “aquí en nuestra zona tenemos pobreza, miseria, malos pagos fuera de la ley, contaminación ambiental, desamparo del adulto mayor y exclusión femenina”.

El 11 de octubre, convocados por las asociaciones, aproximadamente 1.000 personas se reunieron nuevamente en el sector de Chácharo Pela´o. Esta vez, en su voz se hizo notorio el cansancio de manifestarse de manera pacífica y que no se atiendan sus peticiones. En dicha reunión, con la tenacidad que caracteriza a los esmeralderos y el total conocimiento de las leyes, el vocero y mediador Luis Galicia dijo: “Nosotros no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Nosotros seguimos respetando nuestra paz, le vamos a dejar el legado a nuestros hijos, el legado que nos dejaron nuestros líderes, de los que hoy en día ya nos quedan pocos. Le decimos al gobierno nacional que nosotros vamos a estar aquí esperando las mesas de diálogo, pero si nos toca usar las vías de hecho y la violencia, las vamos a utilizar para defender nuestro territorio”.

Como el problema es comunitario, la multinacional también afecta a las mujeres de la zona, que históricamente han sido relegadas a oficios de “casa”, subestimando su capacidad intelectual, organizativa, comunicativa y laboral. De una u otra manera, la mujer minera ha quedado en el anonimato. Socialmente se piensa y se cree que ese oficio no es para ella, excluyendo su participación en el desarrollo socio económico de los pueblos. Por ello nace la Fundación Mujeres con propósito por Boyacá, cuyo propósito es “visibilizar la mujer invisible”, y decirle a Colombia y al mundo que allí también nacieron mujeres con aspiraciones que van más allá de los meros quehaceres tildados por una sociedad patriarcal. Yolima Cruz es una de las voceras de ésta organización, una mujer que aunque no es oriunda de Coscuez, ha vivido esa exclusión social femenina, por lo que se arriesgó a empoderar mujeres, y unirlas para cambiar dichas dinámicas impuestas. Hoy también se unen a la causa de los mineros ancestrales convencidas de que es el momento para lograr cambios significativos en la comunidad.

Su voz de liderazgo, su análisis culto y estudioso, da cuenta de su historia: “Llegué a ésta zona hace 20 años, y me di cuenta que la mujer del occidente es una mujer muy vulnerada. Presencié el maltrato de toda clase hacia la mujer. Las empresas anteriores no les daban oportunidades a las mujeres, a pesar de que fueran estudiadas o con experiencia y capacidades. Entonces les pregunté a los gerentes: ¿cómo es posible que un hombre que no tiene estudio pueda ocupar altos cargos en la empresa y nosotras las mujeres no? La respuesta siempre fue: así es la vida. Ese tipo de comentarios me retó, junto con otros compañeros, a crear la Fundación, para empoderar esa mujer que nadie mira, a esa mujer que está arriesgando su vida, que está sacando su pan necesario. Quisimos develar a la mujer ante los entes gubernamentales y otras organizaciones y gracias a Dios gracias lo hemos logrado. Quisimos también visibilizar las diferentes problemáticas que aquejan a las mujeres y que en este momento están tomando fuerza nuevamente: no hay educación para la mujer, no tenemos oportunidades laborales, no existen programas de vivienda para mujeres cabeza de hogar y además hay exclusión a la mujer del territorio. Por éstas razones nos unimos a la lucha por nuestro territorio. Como mujeres vamos a seguir aportando al cambio y transformación social de nuestro contexto. Apoyamos totalmente los objetivos de los mineros ancestrales y tradicionales, porque nosotras también somos producto de esa tradición. Aquí se criaron muchas. Muchas aportaron en la apertura de las bocaminas, muchas también comercializan la piedra preciosa, por lo tanto nosotras también somos mineras ancestrales y artesanales, y queremos trabajar. No nos vamos a ir”.

De las miles de historias que se esconden en los socavones y en las calles de barro negro de Coscuez, no es posible dejar a un lado el sentimiento de aquellos adultos mayores que hace muchos años ayudaron a construir este territorio. Don Jorge Pinilla, un hombre de canas, cuya piel deja ver el deterioro de los años, que mira el firmamento con sus ojos envueltos en tristeza, comenta que en sus años de plenitud laboral ayudó a construir varias bocaminas junto a otros mineros de manera artesanal. Don Jorge entregó su vida y su juventud a la minería con la ilusión de “engüacarse”, así es como ha logrado sobrevivir. Ese encanto verde lo llevó a los túneles desde los 8 años. Hoy, con 68, dice que valió cada instante haber socavado la montaña, porque ahora son sus hijos y sus nietos quienes desarrollan la misma tarea que él realizó hace más de 5 décadas.

Con nostalgia recuerda esos momentos de abundancia económica, pero no recuerda jamás haber tenido que vivir la injusticia que hoy está pasando Coscuez. “En el año 65, a la edad de 8 años, comenzamos a tambriar [lavar la tierra que salía de los túneles], nuestras palas eran los platos esmaltados. En ese tiempo yo no sabía para que servían las esmeraldas, solamente nos metíamos a la quebrada a sacarlas. Ya en el año 75 y 78, cuando comenzó la apertura de algunas bocaminas, yo ya sabía cuál era el valor de la piedra y nos dedicamos a la guaquería y al comercio. En ese mismo tiempo nosotros comenzamos a abrir varias de esas bocaminas, los abrimos a base de pulmón, taladro, maceta, pólvora y carros de palo que nosotros mismos fabricábamos”.

Don Jorge está a punto de presenciar como unos extraños, que no sudaron rompiendo la peña, cierran por completo esas bocaminas que él ayudó a construir. Al tiempo que corren lagrimas por su cuarteada cara, deja salir las emociones más profundas de su corazón: “Siento rabia porque yo ya comí bastante, trabajé y viví. Pero hoy están mis hijos y mis nietos ¿Qué les vamos a dejar? Sin esos frentes de trabajo será una situación muy berraca. Lo que no quiero es que por eso se vaya a prender nuevamente una guerra, porque aquí vivimos una violencia cochina y sucia entre familias. Lo que queremos es que nos dejen trabajar”.

Podemos estar seguros que ésta comunidad no se rendirá, ni ahora ni en el futuro. Los mineros ancestrales de Coscuez harán valer su historia. Las mujeres empoderadas del occidente están decididas a enfrentar lo que toque. Saben que no es fácil enfrentar este tipo de intereses, que posiblemente las armas se pueden ensañar contra ellos, pero el amor por su territorio, el aprecio por su trabajo, el hambre, y la tenacidad para defender lo que es suyo, harán histórico, una vez más, a éste pueblo. Tal como lo manifiesta Vicente Ortiz, otro vocero de los mineros, “no vamos a dar un paso atrás porque sería traicionar a nuestros ancestros, sería abandonar a cientos de familias que hoy tienen hambre. No daremos un paso atrás porque nosotros construimos todo esto y por eso nos pertenece. No vamos a dar un paso atrás porque hemos aprendido a defender nuestra tierra. Lo único que nosotros queremos es trabajar y mantener la paz que tanto bien le hace a una nación”.

Alejandro estaba en su hamaca cuando le entró una bala por la espalda. El impacto lo lanzó a los brazos de Daniel, su hermano, quien conversaba con él sentado en el suelo. “¡Jodieron a Alejandro! ¡Jodieron a Alejandro!”, alcanzó a gritar Daniel antes de que su hermano, de 22 años, dejara de respirar. No dijo nada. La bala le perforó el corazón y murió al instante.

El disparo, que se escuchó en toda la vereda, anunció una tragedia confirmada por los gritos de al menos 15 campesinos instalados en la ladera de la montaña, a unos cincuenta metros del cultivo de coca que buscaban proteger. “¡Asesinos!”, les gritaron a los más de 200 erradicadores y militares apostados en un potrero a unos 300 metros de distancia.

Un grupo de soldados buscó acercarse al cuerpo, pero los campesinos lo impidieron. “¡Mataron al chino!”, “¡Eso fue planeado!”, “¡Nos van a tener que matar a todos!”, repetían una y otra vez, mientras Teófilo Carvajal, el padre del joven, abrazaba en silencio el cuerpo de su hijo menor.

Fotografía: Víctor Galeano, Baudó AP

Tropas agregadas de Valledupar dirigidas por la Segunda División del Ejército, con sede en Cúcuta, habían llegado la última semana de marzo de 2020 a la vereda Santa Teresita, municipio de Sardinata, en el Catatumbo (Norte de Santander) para erradicar arbustos. En tres años, las hectáreas cultivadas con coca habían aumentado en un 69,4 %, convirtiendo al municipio en el quinto del país con más sembradíos, según cifras oficiales.

Paradójicamente, en 2017 se puso en marcha en Sardinata el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), mecanismo central del punto cuatro de los Acuerdos de La Habana, firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc para “solucionar el problema de las drogas ilícitas”.

Para muchos campesinos el PNIS fue un trozo de esperanza, pero para la familia de Alejandro Carvajal no significó nada. Mientras en las ciudades y los cascos urbanos de los municipios se socializaron y debatieron los componentes del programa, en la vereda Guayacanes del corregimiento de El Carmen en Sardinata, los campesinos no supieron mayor cosa. El PNIS nunca llegó a su vereda –los vecinos ni siquiera reconocen la sigla–; como tampoco llegó a las fincas de la mayor parte de las primeras familias que esperaban acogerse al programa en el municipio.

Visto desde una perspectiva panorámica, solo una pequeña fracción de las familias cultivadoras de Sardinata se ha beneficiado de la sustitución. Tras el vertiginoso aumento de los cultivos, para el resto solo ha habido erradicación forzada y, en algunos casos, represión.

MAPA - PNIS Norte de Santander_Fundación Ideas para la Paz

El fracaso de la sustitución
Alejandro Carvajal nació en la vereda Guayacanes en 1997. Allí vivió con su mamá, su papá, cuatro hermanos y dos hermanas en una finca cafetera, como muchas de ese sector. Estudió la primaria en la escuela de la vereda, pero, cuando llegó a quinto grado, dejó los estudios y empezó a trabajar. Con el café se compró dos novillas y a los 16 años vendió una para irse a una finca cercana con Alejandrina, su novia. Con ella tuvo a Jesús David, un niño rubio que hoy tiene cinco años y heredó de su padre el gusto por el fútbol.

Juntos cultivaron caña y cacao. No alcanzaron a vivir del café, pues la broca –una plaga– llegó hace doce años a Sardinata y carcomió los granos de los cultivos. Por esa misma época llegó la coca, y de a poco los campesinos le abrieron espacio en sus fincas. “Él me decía que tocaba con eso mientras ahorraba para tener algo distinto, y que ya después se salía de esa mata”, contó Alejandrina. Para ellos y sus vecinos, como para campesinos en otras regiones, la coca fue la posibilidad de obtener ingresos en medio de la escasez de vías y los bajos precios de los alimentos.

Para llegar a Sardinata desde Guayacanes, es necesario bajar unas tres horas la montaña y luego conseguir un transporte en la carretera hacia el casco urbano. Transportar una carga de yuca cuesta 55.000 pesos colombianos, y por un bulto cualquier campesino recibe 30.000 o 40.000 pesos en el mercado municipal. Por un kilo de coca procesada recibe 2,5 millones de pesos; de ahí le queda un millón, porque el resto se va en mantenimiento del cultivo y pago del personal.

Para 2017 se estimaban 3.847 hectáreas de coca cultivadas en Sardinata, según el documento del Acuerdo Colectivo firmado ese mismo año como parte del PNIS. Este acuerdo esperaba vincular al menos 1.500 familias, con el compromiso de arrancar sus cultivos a cambio de 36 millones de pesos para comprar alimentos y desarrollar proyectos productivos con asistencia técnica. Pero solo el 25 % de ellas ingresó al programa: 302 familias.

Los cultivadores de coca en Sardinata quedaron divididos: una minoría que logró entrar al programa; una gran mayoría que quedó por fuera luego de un proceso de caracterización a cargo de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación; y el resto de campesinos, incluida la familia de Alejandro y sus vecinos, que por diversas razones nunca se acogieron al programa.

¿Qué pasó con las 1.198 familias de Sardinata que el acuerdo colectivo original buscaba vincular y quedaron excluidas? Las versiones son contradictorias. Hernando Londoño, cabeza de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos; y Juan David Pacheco, coordinador del PNIS en Norte de Santander, coinciden en que los campesinos nunca cumplieron la cita establecida para la suscripción de los acuerdos individuales, el paso necesario después del acuerdo colectivo. “Era voluntario; quien no quiso, no se inscribió. Desconozco por qué la gente no quiso en su momento”, dice Pacheco.

Pero la versión de las organizaciones campesinas en la zona es otra. Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que la acción del gobierno fue deficiente. Primero, no realizó pedagogía y las organizaciones tuvieron que asumir esa tarea. “El gobierno no cumplió con el paso siguiente a la firma del acuerdo colectivo, porque únicamente suscribió acuerdos individuales en un solo corregimiento”, dijo Quintero.

Esta última versión es avalada por Juan Gabriel Peñaranda, personero de Sardinata. “Durante el gobierno pasado se lograron suscribir acuerdos solamente en el corregimiento de San Martín de Loba, pero cuando llegó el gobierno actual se detuvo este proceso”, contó.

Hernando Londoño, director del PNIS, lo reconoce. Aseguró que para agosto de 2018, cuando se posesionó Iván Duque, el Ejecutivo había suscrito acuerdos individuales con poco más de 99.000 familias en todo el país. Los compromisos adquiridos con ellas ascendían a 3,6 billones de pesos —el equivalente al 20 % del presupuesto anual del Ministerio de Defensa—. “El gobierno responsablemente determinó no vincular más familias en acuerdos individuales y se comprometió a buscar recursos para cumplirles, pues en el marco de gasto no había ni un peso”, dijo Londoño.

Según cálculos estimados a partir de los informes “Avanza la Sustitución con Legalidad” presentados por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, 89.000 familias que se acogieron a los acuerdos colectivos firmados por el gobierno Santos se quedaron fuera del PNIS. A estas se suman decenas de miles de cultivadores que nunca se acogieron al programa: algunos por desconfianza, defraudados por las promesas incumplidas de iniciativas anteriores; otros, presionados por grupos armados ilegales; otros más porque comenzaron a sembrar luego de lanzado el programa; y muchos otros, como los campesinos de la vereda Guayacanes, porque la información nunca llegó. Además, existe otro grupo que no se acogió porque reivindica sus propias formas de dialogar, no necesariamente a través de las Farc o del Acuerdo de Paz, según contó Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana “A la Orilla Del Río”, quien ha trabajado con comunidades cocaleras en esa región.

En el caso de Sardinata, la suma de todo lo anterior arroja un resultado lúgubre para el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos: en 2017, el municipio tenía 3.847 hectáreas de coca y terminó 2020 con 6.516 (un aumento del 69,4 %), cifra preocupante si se tiene en cuenta que en el mismo periodo de tiempo sustituyó 55 hectáreas y erradicó forzosamente 3.869 —el 74 % de estas hectáreas fueron erradicadas en 2020, durante la pandemia—. En otras palabras, el gobierno se encontró con un programa de sustitución desfinanciado y lo frenó, y para hacerle frente al aumento de los cultivos, priorizó la erradicación a manos de las fuerzas militares.
Por resistir a uno de esos operativos falleció Alejandro Carvajal.

Fotografía: Víctor Galeano, Baudó AP

Erradicación, asentamientos y choques
Alejandro Carvajal murió el 26 de marzo de 2020, empeñado en defender un cultivo de coca de un cuarto de hectárea que había sembrado su vecino, Ramiro Lizcano, un anciano enfermo, que hace unos dos años comenzó a cultivar y aún hoy tiene la misma área sembrada.

“Si no estábamos presentes, arrancaban todo lo que veían”, contó Teófilo Carvajal, quien llegó ese día con su hijo a la zona, convencido de que sin la coca nadie en la región tiene con qué subsistir.

El día en que llegaron los militares a Santa Teresita, los vecinos de Guayacanes y las veredas cercanas corrieron la voz de que las erradicaciones iban a comenzar. Más de cien campesinos se organizaron en cuatro grupos, en la misma montaña donde tenían una panorámica del cultivo de Lizcano y del ejército. Durante tres días vigilaron que los soldados no se acercaran al cocal.

Los asentamientos campesinos se han convertido en la principal figura de movilización de los cultivadores de coca para hacerle frente a los operativos de erradicación forzada. Se trata de una figura de autoprotección comunitaria en la cual se organizan por comisiones para vigilar los cultivos y evitar que la fuerza pública se acerque. Esto implica estar día y noche en cada punto, por un tiempo que se ha extendido hasta tres meses en algunos lugares del país.

Este mecanismo de protesta ha sido implementado por cultivadores en toda Colombia, aunque no siempre recibe atención de los medios. Una revisión de archivos de prensa de 2020 arrojó que el año pasado ocurrieron al menos 20 asentamientos cocaleros en Guaviare, Meta, Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander. En este último departamento solo se identificaron tres eventos, mientras que las organizaciones de la región reportan 15.

Estefanía Ciro sostuvo que los campesinos cocaleros han encabezado movilizaciones desde los años noventa para reivindicar su lugar como un actor político. Sin embargo, estos asentamientos son más espontáneos y se han implementado, sobre todo, tras la firma del Acuerdo de Paz. Para Ciro, este escenario genera una “confrontación sumamente asimétrica que es la del actor armado con campesinos que no están armados”.

Varios de estos encuentros entre campesinos y fuerza pública han terminado con violencia. El Observatorio de Tierras, una red de investigadores de tres universidades —Nacional, Javeriana y Rosario— que ha monitoreado estos altercados durante los últimos cuatro años, aseguró que entre noviembre de 2016 y febrero de 2021 han ocurrido 129 “incidentes” o escenarios de confrontación durante las erradicaciones forzadas; 66% de ellos en el último año. Uno de esos episodios ocurrió en julio pasado, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta Omega llegó a la región del río Guayabero, como lo contamos en esta historia.

A la muerte de Alejandro se suman ocho campesinos más que han sido asesinados entre 2020 y 2021 en medio de estas acciones contra la erradicación forzada, presuntamente a manos de la fuerza pública, según coinciden los monitoreos del Observatorio de Tierras y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca Amapola y Marihuana (Coccam).

Uno de ellos fue Digno Emérito Buendía, un campesino que acampaba el 28 de mayo en un asentamiento en la vereda Totumito del corregimiento Banco de Arena, en la zona rural de Cúcuta. Allí los campesinos no alcanzaron a inscribirse al PNIS, pero manifestaban su voluntad de sustituir a través de este programa. Digno Emérito murió luego de recibir dos disparos de los soldados que iban a erradicar.

En ambos casos actuaron tropas bajo la dirección de la Segunda División del Ejército, a cargo del brigadier general Marcos Evangelista Pinto, asunto que le ha implicado el cuestionamiento nacional. Un informe publicado en El Espectador en agosto de 2020 aseguró que, además de Alejandro y Digno Emérito, otros dos civiles murieron el año pasado en Norte de Santander a manos de militares de la Segunda División. Al general Pinto lo investiga la Fiscalía por su supuesta responsabilidad en 42 ejecuciones extrajudiciales, razón por la cual su rostro fue incluido en el famoso mural con la inscripción “Quién dio la orden”.

En entrevista con Mutante, el general Pinto reveló que la versión de Jhon Edier Arbeláez Santos, soldado implicado en el asesinato de Alejandro Carvajal, es que el disparo fue accidental, y que su despacho solicitó el acompañamiento de la Fiscalía tan pronto supo de los hechos. “Nosotros salimos en los medios y apoyamos a las autoridades. Les corresponde a ellos determinar qué fue lo que pasó”, dijo. Sobre la muerte de Digno Emérito Buendía, dijo que la situación es diferente. “Hubo un intercambio de disparos, y resultó una persona muerta”, afirmó.

Para Gustavo Quintero, apoderado de las familias Carvajal y Buendía, estos hechos revelan un patrón “una línea sucesiva casi que entre dos meses el uno del otro. Por eso tememos que se repitan estos sucesos, ante los anuncios de las erradicaciones forzadas y las aspersiones aéreas”, dijo.

Esta preocupación se hace más latente debido a la criminalización a la que están sujetos los campesinos cultivadores de coca y que se agudizan aún más cuando habitan territorios en los que confluyen diversos actores armados. En Sardinata, por ejemplo, hacen presencia el Ejército Popular de Liberación (EPL), Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Ejército. Además, de las consecuencias en términos de seguridad, su presencia ha dado pie para que se establezca una relación directa entre campesinos y actores armados. De hecho, el mismo Pinto aseguró en la entrevista que “hay gente que protesta y gente que la obligan a protestar”.

El soldado profesional investigado por la muerte de Alejandro sigue activo en la Primera División del Ejército en Valledupar. Fuentes cercanas al proceso aseguraron que la institución insiste en que el caso cumple con los dos requisitos para que sea conocido por la justicia penal militar. Argumentaron que la persona implicada es un miembro activo de la institución, y que se trató de un acto propio del servicio debido a que los soldados tenían una orden de operaciones.

La Fiscalía, por su lado, argumentó que el caso de Alejandro debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Asegura que se trata de un asesinato contra un civil desarmado; es decir, que no jugaba ningún papel en el marco del conflico, y que además se estaba movilizando en contra de las erradicaciones, según la oficina del fiscal 199 Especializado en Derechos Humanos, a cargo del caso. Los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tienen hoy en sus manos la decisión sobre el proceso.

Fotografía: Víctor Galeano, Baudó AP

¿Cuántas veces la misma historia?
En las veredas de Sardinata, los campesinos siguen en alerta. El Ejército continúa con la erradicación y se espera que la Policía inicie operativos de fumigación terrestre. Mientras tanto, en Bogotá el ministro de Defensa Diego Molano se esfuerza por reanudar la aspersión aérea con glifosato.

Las organizaciones de la zona tienen claro que mientras continúen estas acciones, seguirán los asentamientos en defensa de los cultivos, con el riesgo de que se repita la violencia y más campesinos como Alejandro Carvajal terminen muertos.

Entre tanto, nada se escucha en esta zona sobre la sustitución de cultivos. Bertha Prado, habitante de la vereda El Rodeo, contó que cuando se lanzó el PNIS en 2017, firmó un documento donde manifestaba su voluntad de erradicar sus cocales a cambio de los beneficios del programa. “(Los funcionarios del gobierno) nos dijeron que luego iban a volver para concretar la inscripción, pero nos quedamos esperando y no volvieron más”, contó.

Bertha narra esta historia en marzo de 2021, mientras un grupo de vecinos acampa día y noche junto a varios cortes de coca para evitar que el ejército los arranque. Los operativos regresaron en febrero de este año, y aunque su objetivo es erradicar, los campesinos no han permitido que los militares se acerquen.

En la vereda donde fue asesinado Alejandro la gente sigue cultivando coca. Sentado en un palo sobre la ladera donde murió su hijo, Teófilo Carvajal mira hacia el filo donde estuvieron los militares y su mirada se pierde. “Es devastador”, dice, y se queda en silencio.

A ese lugar ya no llega nadie. Ni los mandatarios, ni el fiscal, ni el PNIS. Y cada vez menos los campesinos que saben lo que pasó. El lugar permanece solo. Parado junto a su padre, Daniel Carvajal termina de contar la historia de su hermano. “Acá lo único que llegó del gobierno fue el ejército, y llegó a acabar con la comida de la gente. Vinieron, mataron al muchacho, se fueron y no volvieron. También nos olvidaron”, cuenta con dolor.

 

*Este reportaje, serie fotográfica y corto documental fueron producidos gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo, la National Endowment

for Democracy (NED) y La Liga Contra el Silencio.

 

 

 

–Si ese señor era tan bueno, ¿por qué lo dibujaste así? –le preguntó Gabriela al niño.–Si ese señor era tan bueno, ¿por qué lo dibujaste así? –le preguntó Gabriela al niño.–Usted me dijo que algo que no se me haya borrado de la mente –le respondió el estudiante que dibujó un hombre amarrado a un árbol, con la piel lacerada, y marcas de sangre en los ojos, el pecho, las manos y los genitales. “Este señor era el papá de El Aro porque era muy generoso, la persona que no tenía con qué pagar, él le fiaba y hasta le encimaba”, había explicado el niño al resto del salón mientras sostenía la hoja. El señor era Marco Aurelio Areiza, el papá de Gabriela, uno de los 15 inocentes asesinados por  paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, entre el 22 y el 30 de octubre de 1996 en la masacre de El Aro, corregimiento de Ituango.


Marco Aurelio era conservador hasta los tuétanos. Tanto que una de sus tres hijas se lanzó al Concejo por el Partido Liberal, y no quiso votar por ella. Le gustaban los bocadillos y los masmelos. Quería que Gabriela, a diferencia de sus otros hermanos, fuera a la universidad y estudiara una carrera. Era bajito, “acuerpaito, gordito, y muy blanco”, recuerda ella. Durante “las misiones”, esas semanas en las que se hacían romerías por la visita del sacerdote al corregimiento, vendía empanadas con su esposa y el dinero recogido se lo entregaba al presbítero. Fue uno de los primeros pobladores de El Aro, llegó en 1967 al corregimiento frio y nublado. Venía desde Yarumal –municipio del norte de Antioquia– con una lora, dos niñas, su esposa Carlina Tobón Gutiérrez, y 30.000 pesos que le habían dado a ella por un reloj enchapado en oro. “No fue el padre perfecto –reconoce Gabriela con la voz entrecortada–, pero mi papá era un hombre bueno, honesto con la gente, muy trabajador, todo lo había conseguido con el trabajo de él y de mi mamá”.


Gabriela tenía un año cuando su mamá regresó con ella y sus hermanos a Yarumal en 1981. Carlina decidió migrar porque la guerrillerada de las FARC-EP empezaba a imponer su ley, y el Ejército a patrullar El Aro. Marco Aurelio quedó solo. Años después la compañía de Rosa María Posada suplió la ausencia. La familia lo visitaba en época de vacaciones. A las 4 de la mañana partían desde Yarumal hacia Puerto Valdivia, un municipio pequeño construido a la vera del río Cauca y de la Troncal de Occidente, el corredor vial que conecta Medellín con la Costa Atlántica. A contra corriente, zarpaban de allí hasta Puerto Escondido en una lancha Johnson. Luego le esperaban siete horas a caballo antes de coronar la montaña.


De la extensa zona rural de Ituango, Gabriela dice que El Aro era uno de los poblados con mejor servicio de acueducto y con las calles mejor trazadas. Una iglesia, un cementerio, una escuela, cuatro plantas eléctricas, una cabina telefónica, dos cantinas, y una tienda satisfacían las necesidades espirituales y materiales del corregimiento. La tienda pertenecía a Marco Aurelio. Campesinos de las veredas cercanas le dijeron al medio Verdad Abierta que: “[Areiza] nos daba el mercado para pagárselo después, eso lo hacía con todos”; “Traíamos café y lo compraba, traíamos frisol y lo compraba. Si el café estaba húmedo él mismo lo ponía a secar en el atrio de la iglesia, con tal de ayudar al campesino”. 


Los que sobrevivieron no olvidan la generosidad del “papá de El Aro”, y la menor de sus hijas recuerda su apasionada devoción por la Virgen del Carmen. En junio, cuatro meses antes de la masacre, Gabriela lo visitó y vio la habitación donde Aurelio tenía una imagen “grandísima” de la virgen. Su papá siempre le pedía que no lo dejara morir ahogado ni a balazos. A Gabriela le contaron que los paramilitares revolcaron su casa porque pensaban que era brujo; que lo encerraron en la caseta telefónica, y a pesar de que le descargaron todas las balas del fusil, lo escucharon lamentarse y pedir que lo mataran de una vez por todas; que cuando pasaron con él por el cementerio, suplicó que le guardaran la bóveda adornada con la imagen de la Virgen del Carmen. 
Un año después de la masacre, la Fiscal del caso le dijo a Amparo, la hermana de Gabriela, que a Marco Aurelio le hicieron “lo que la gente dijo y más”. “El cuerpo de mi papá parecía una masa”, cuenta que les contó Amparo después de la exhumación. A Marco Aurelio lo ataron todo un día a un árbol, le amputaron los ojos y le arrancaron el corazón. En su momento, cuando el dolor estaba fresco, Gabriela se enemistó con la santa devoción de su padre. “No la quería. A mí no me gustan las fiestas de la Virgen del Carmen. No hago la novena; rezo y ya”. Dice que ya hizo la paz con ella, pero aún se pregunta “por qué la virgencita permite una muerte así”. 


*** 

La sádica toma fue planeada en una finca cercana a La Caucana, corregimiento de Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño, bastión paramilitar de la época ubicado a unas horas de camino de El Aro. Francisco Enrique Villalba Hernández, uno de los autores materiales que luego se entregó voluntariamente y fue asesinado años después, testificó que Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, junto a varios militares, concertaron la filigrana de la masacre. 


La guerra en Colombia es despiadada porque su sevicia se ensaña con quienes menos energías invierten en ella. En el atlas bélico, El Aro sobresale por ser un atajo montuno clave. El corregimiento fue construido a leguas del Paramillo, la unión de tres cordilleras que se hacen nudo, una fábrica de agua, un templo biológico, la conexión montañosa entre varios países de un mismo país. Por el paramillo se llega al sur de Córdoba, al enclave minero del Bajo Cauca antioqueño, al Urabá y su franja marítima, y a las vastas selvas chocoanas que copulan con el Océano Pacifico. A partir de los 80, los frentes 5, 18 y 36 de las FARC-EP tomaron el control de esos pasillos estratégicos. Una década después, las masacres fueron tácticas de guerra con las que el proyecto paramilitar intentó repeler ese dominio guerrillero en el norte de Antioquia y el resto del país.


Tal como lo dicen las letras de Mario Puentes, antes de pisar El Aro, los 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, conocidos en la región como los 'Mochacabezas', “venían tirando muertos desde Puerto Valdivia”. El miércoles 22 asesinaron a tres campesinos en dos veredas del municipio portuario. Al día siguiente ajusticiaron cuatro más en Puerto Escondido. En el trayecto montañoso asesinaron otras dos personas, entre ellas un niño campesino de 14 años. El sábado 25 la avanzada paramilitar llegó a El Aro, donde torturaron y asesinaron las 7 víctimas restantes.   


El domingo 26, María Edilma Torres Jaramillo, la mamá del niño asesinado, llamó a la casa de los Areiza Tobón. Les dijo que habían llegado a Puerto Valdivia con el cuerpo de su hijo, y que no sabían que iba pasar con Aurelio, que lo tenían amarrado. Ese día se celebraron las elecciones para escoger alcaldes y gobernadores. “Lo recuerdo mucho porque era un televisorcito a blanco y negro –relata Gabriela–, y en los noticieros lo único que decían es: la fiesta democrática se vivió en total calma en todo el país y el departamento de Antioquia”. 


Al día siguiente, muy temprano, volvió a sonar el teléfono. “Es para decirle que a su papá, el viejo de la tienda, ya lo pelamos”, dijo la voz que llamaba. Desesperadas, las hijas de Marco Aurelio llamaron a la cabina telefónica de El Aro y no les contestaron. Pensaron que llamando a la IV Brigada del Ejército, a la cual estaba adscrito el Batallón Girardot, responsable de esa zona del departamento, podrían llegar al lugar de los hechos, pero les respondieron que las tropas estaban en “acuartelamiento”. Años después, un funcionario de la Alcaldía de Ituango en aquella época declararía que al enterarse de la masacre pidió ayuda a la gobernación, encabezada por Álvaro Uribe Velez, y le respondieron que harían una reunión el miércoles 29 para analizar la situación. Que también llamó al Batallón Girardot y le comunicaron que las unidades estaban destinadas al “plan democracia”, por lo que el contingente más cercano demoraría tres días en llegar al corregimiento. 
Los paramilitares permanecieron 7 días en El Aro. Quemaron 42 de las 60 casas y desplazaron 702 habitantes de la zona. Además robaron 1.200 reses y amenazaron a 17 campesinos para que arriaran el ganado hasta unas fincas en el Bajo Cauca. El ejército también participó del hurto, los militares impusieron un toque de queda en las inmediaciones de Puerto Valdivia para facilitar el trasporte de los animales. 


El 1 de julio de 20016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó y condenó al Estado por la masacre de El Aro, una de las 4.288 que se han cometido en Colombia desde 1958 hasta hoy, de las cuales 1.276, es decir el 30%, sucedieron en Antioquia. “Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella”, dice la sentencia.  


La Corte Interamericana ordenó al Estado Colombiano emprender una seria de acciones para reparar material y moralmente a las víctimas. La mayoría de ellas, en especial las relacionadas con acceso a derechos básicos, garantías de no repetición, y acompañamiento legal y emocional, no se han cumplido. Otras se cumplen pero no reparan sino que revictimizan. La Corte, por ejemplo, ordenó publicar su sentencia en un medio de comunicación impreso de circulación nacional. El Estado la publicó en El Espectador, un periódico que no se podía ni se puede conseguir en Ituango. 
“Conmemorar 24 años de la masacre de El Aro genera frustración y mucha impotencia. Es bastante doloroso ver el nivel de impunidad frente a los responsables. Se ha detenido algunos actores materiales, pero quienes dieron la orden y generaron las condiciones, esos están intactos”, asegura Nubia Ciro, lideresa social y comunitaria de Ituango.  El desinterés estatal pisotea al ausente y al amargo dolor que provoca. Dos décadas después, Gabriela y su familia siguen reclamando verdad, “sea la que sea, no importa, pero no una verdad a medias que sigue siendo una mentira. Yo no busco que digan fue este, fue aquel. Las preguntas que nosotros nos hacemos es ¿por qué?, ¿cuál fue el delito tan grande que cometieron para que se diera una masacre allá?, ¿por qué con mi papá se ensañaron de esa manera?”.
El silencio y las medias verdades les gangrenan a la victimas los recodos del alma. Pero lo que más les duele, es que ni el tiempo espanta el vaho de la muerte en El Aro y en Ituango: “Ir uno a El Aro es como si la masacre hubiera sido la semana pasada –manifiesta Gabriela–. Es llegar y encontrar esa zozobra. Ese miedo de la gente. Ese vacío. Como esa falta de vida…”. 


***

No bastó con la desmovilización de las FARC-EP y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Aunque no parezca, el meridiano de la violencia todavía atraviesa de par en par a Ituango. Un municipio de acento y linaje campesino. Circundado por solemnes cañones que sudan raudales de agua, y que de lejos parecen el lomo de un animal jurásico. 


El afán es una plaga que aquí desconocen. El sol se impone sobre la amplia y desnivelada plaza. El tendero, el labriego, el ebrio, los enamorados, y la indígena Jaidukama la atraviesan con paso firme pero manso. La imagen conmueve porque a pesar de ser verídica resulta poco creíble. Quien no sepa dónde está, puede pensar que a un lugar así, placido, verde y sencillo, solo puede perturbarlo una infidelidad amorosa, la llegada de la chiva, o una ranchera. Pero de vez en cuando pasan cosas dolorosas. A finales de julio, 4.099 personas se aglomeraron en esa misma plaza que no tiene un monumento a las 43.116 víctimas ituanguinas registradas en la Unidad de Victimas, pero sí una placa que rinde homenaje a una decena de militares caídos en combate. Aquella multitud, aterrorizada y desplazada por los nuevos grupos armados, provenía de 32 veredas. El Alcalde, cuenta Nubia, los humilló y los señaló de pertenecer a los grupos que los desplazaron. 


“Ituango es un conflicto que tiene unos hitos, pero que se recicla con herederos de actores viejos con nombres nuevos. Además de eso, la presencia de muchas riquezas en el territorio, y los intereses del gran capital que se ven plasmados en la capacidad de debilitar la institucionalidad cada vez más para que la respuesta sea más pobre. Las organizaciones sociales vimos la negociación del gobierno con las FARC-EP como una oportunidad para robustecer y fortalecer la presencia de un Estado que llegue al territorio de manera completa: con inversión, con capacidad, con acceso a justicia. En lugar de ello, vimos que salió un actor ilegal hegemónico, y ahora la disputa se da a sangre y fuego entre otros tres actores con los mismos intereses: las cuotas del narcotráfico y la megaminería, que ya está presente en el territorio con más de 67 títulos y solicitudes. Mientras que Hidroituango [la represa más grande del departamento] sigue siendo un megaproyecto que no conversa con la realidad, ni con las necesidades de las comunidades locales. Hidroituango tiene unos pasivos en lo social, lo cultural, y lo ambiental que no ha sido capaz de pagar, y no va a pagar”. 


Los remanentes bélicos a los que se refiere Nubia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Frente 18 Román Ruiz, una de las disidencias de las FARC, y Los Caparrapos, también denominados Bloque Virgilio Peralta Arenas. Su paulatina consolidación deja una notable huella humanitaria en el territorio. La Defensoría del Pueblo ha emitido 6 alertas tempranas desde marzo del 2018, dos con carácter de inminencia y cuatro con carácter estructural, en las que llama la atención al gobierno por la presencia de los grupos en Ituango. Hasta el 27 de octubre, este año en el municipio se habían presentado 43 eventos de violencia armada que victimizaron a 12.848 civiles: 5.127 fueron víctimas de desplazamiento y/o amenazas, a 7.074 personas se les restringió la movilidad y el acceso a servicios o asistencia, y un líder social y un excombatiente fueron asesinados. 


La erosión institucional quedó oficializada el 15 de julio del 2020, ese día, debido a la falta de garantías, los desmovilizados de las FARC abandonaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ubicado en la vereda Santa Lucia. Entre noviembre de 2016 y octubre de 2021, 11 firmantes de la paz fueron asesinados en el municipio. “En la medida en que avanza el tiempo, en lugar de mejorar las condiciones de vida del territorio, cada vez son más críticas, más difíciles, sobre todo para las comunidades rurales”, dice Nubia con notoria amargura. 
Los fusiles, por ahora, le vuelven a ganar la batalla a la institucionalidad. Un tendero cuenta que los grupos ofrecen entre un millón y un millón quinientos mil pesos para que los jóvenes se integren a sus filas.


***

Las victimas de El Aro no pudieron llegar a tiempo a la conmemoración planeada para ellas. EPM, empresa dueña de Hidroituango, les impidió el descenso por una de las vías terciarias del corregimiento.  

Gabriela estuvo en el acto de principio a fin. Tomó el micrófono y fue aplaudida después de contar lo que la noche anterior me había contado a mí. En el trajín cotidiano, Gabriela se desenvuelve con espontaneidad. Al momento de hablar de su padre y recordar su arbitraria partida, pierde energía, la mirada se torna huidiza, y se adulteran los gestos juveniles que aún conserva. Tenía 17 años cuando se enteró que habían matado a su padre, estaba a meses de recibir su cartón de bachiller. “Eso interrumpe un proyecto de vida. Yo estaba en shock. Falté una semana al colegio. No entendía qué había pasado, por qué a mi papá”, recuerda.


Sin percatarse en el cómo, logró reponerse. Estudió licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Siete años después de la masacre volvió a El Aro, esta vez a dar clase. En sus 21 años de docencia ha visto a sus pupilos sufrir la misma agonía que vivió ella joven. Es la escritura y poemas como los de  Ana Ajmatova, el remedio que hoy le da fuerzas para recordar a su padre. Gabriela es bajita, pero dura como la montura del caballo que le quisieron quitar los paramilitares cuando daba clases en El Aro. 


***

Cada año, las mujeres de Ituango se recuerdan que la memoria es la savia que mantiene en pie al roble. 24 años después, el testimonio de Teresita Jaramillo prueba que las tragedias nunca terminan cuando se vive en un Estado como el colombiano: “¿Quiénes son los ituanguinos? Campesinos. Gente que vive del sector primario de la economía. Gente de manos encallecidas, que convierten las montañas en cosechas, pero que ahora esas cosechas no dan fruto porque esas montañas tienen heridas de la muerte de los que cayeron. Tienen heridas de la lluvia de lágrimas de las madres que los lloraron. Nosotros no fuimos los culpables de la violencia. Esa violencia para nosotros es extranjera. Quizá un día cualquiera actuaríamos en ella por obligación, o porque nuestros jóvenes tenían todos los caminos cerrados para elaborar un proyecto de vida diferente. Da pena… me da rabia, me dan ganas de llorar saber que el estado ni si quiera ha pedido perdón público por la masacre de El Aro y de La Granja. Tal pareciera que fuésemos invisibles, y que ya se le olvidó, pero a nosotros no se nos ha olvidado. El que tiene la deuda con nosotros es el Estado, que ni si quiera ha resignificado esos espacios de El aro y de La Granja, donde ocurrió la crueldad, el despojo de la vida. Esa casa que nadie habita en El Aro porque saben que allá violaron a mujeres inocentes, tal vez delante de sus hijos y sus esposos que escucharon los quejidos. Ese cementerio donde todavía hay huesos en el piso, porque no se ha podido construir de nuevo. Y ese potrero convertido en una cancha porque los niños no tienen donde jugar. 


La deuda no es entre nosotros. ¿O sí? ¿O será que nos falta gritar más, y pedir más, y exigir más, y luchar más? ¿Pero a quién? ¿A quién Dios mío, si ni siquiera han venido a pedirnos el perdón público? Todavía hay niños víctimas; atravesando unas quebradas por un palo de guadua porque ya se enseñaron a jugar todos los días con la muerte.  Se rajó el Estado con las víctimas. En estos días una señora fue a Medellín, porque le dijeron que llevara todos los papeles a una oficina de víctimas. Antes de ir allá, pasó por la oficina de otro señor que pidió otra cantidad enorme de papeles. La señora decía: pero yo cómo voy a conseguir una cedula de un señor que nació en 1902, ¿en esa época si había cedulación? Y él le respondió: pues ya sabe la cantidad de papeles que se tiene que conseguir. Usted vera si se justifica lo que le van a dar o la papelería que tiene que sacar.


¿Somos valientes, o somos apegados a la vida? Tal vez es que somos muy apegados a la vida; y entonces resurgimos de los escombros y de las cenizas. Y entonces sacamos al sol las lágrimas para que se sequen y comenzamos a vivir de nuevo. Sin embargo , esas heridas están latentes. Cantidades de proyectos han pasado por El Aro, por Ituango, pero eso no queda sino en papeles y en firmas, a las víctimas no llega nada o casi nada. Cantidad de víctimas por reparar, y se van volviendo viejos, y se van muriendo, y se quedan con el dolor. Yo quiero decirles a las víctimas de las masacres de La Granja y El Aro que ellos no están solos. Que todos somos víctimas. Que así no nos hayamos mirado a los ojos, así no nos hayamos abrazado, conocemos de memoria la historia de los muertos que también nos duelen. El que tiene la deuda con nosotros es un Estado que está dormido por allá lejos, y todavía no se ha dado cuenta de los que nos ha pasado”. 

La fila para entrar a la cárcel era de kilómetros. Sandalias y bolsas transparentes con recipientes que dejaban ver los alimentos eran parte del paisaje, y mientras avanzaba me dedicaba a ver cómo unos portacomidas iban llenos de arroz, sudado de pollo, carnes, chicharrón. Bolsas con patacones los más gigantes que había visto en mi vida. La señora que los portaba hacia alarde de su modo poco convencional para que quedarán tan grandes y tostados. Decía que primero debía escogerse un buen plátano, y luego con la ayuda de los pies, unas botas y mucha fuerza, aplastarlos hasta conseguir el resultado final. Los pies eran su herramienta para la delgadez y lo crocante de los patacones. Toda esta gastronomía llena de olores y sabores era la mejor para alimentar a esposos, hijos y abuelos en el reclusorio. En esta larga espera el cansancio nos invadía, pero valía más la esperanza de ver a quienes tanto queríamos, allí privados de su libertad.

Los fines de semana eran los días de visita, sábados para los hombres y domingos, mujeres. Después de pasar por sellos en las manos, perros que te huelen hasta la consciencia por si llevas drogas, requisa de las guardias con tocada de teta incluida, silla que detecta metales porque la vagina de la mujer en una cárcel puede ser la mochila para muchas cosas: entrar granadas, pistolas o cuchillos. Como decía una viejita, “por ahí cabe hasta un avión”.

Recuerdo en una ocasión que una mujer llevaba unos apetitosos fríjoles en un recipiente de plástico muy grande, al requisarle los alimentos la capturaron porque en sus fríjoles tenía una pata de cerdo, pesuña a la cual tenía amarrado un celular con cinta. El ingreso de ciertos objetos a la penitenciaría era pago, pues la mayoría de cosas son ilegales allí. Es paradójico porque desde la propia cárcel hacen llamadas algunos presos para extorsionar o realizar todo tipo de actividades delictiva. Y en un país tan corrupto como el mío, los mismos guardianes que cuidan a los presos entran todo tipo de objetos considerados prohibidos.

Tiempo atrás un man me dijo que en mi vagina cabía un bus porque yo era muy grande. En alguna ocasión vi que una mujer entró en su vagina un taco gigante de marihuana “cripa” del tamaño de un pote de leche en polvo, esto me sorprendió, ¿cómo le cabía algo tan grande y había pasado los filtros de la prisión sin ser detectada? Todo es negocio, pero nunca me atrevería a entrar drogas ilegales en ninguna parte de mi cuerpo.
En un momento de desesperación entré en un condón un millón de pesos para comprar un cambuche (fracción de cuarto donde vivir). Los hay de diferentes tipos, quien tiene buen dinero puede comprar una celda para el solo, es decir, un penthouse. Los afortunados podían acceder a un zarzo o un pedacito de cuartito donde solo cabe un colchón y una mesita auxiliar. Tener eso en prisión es tener un palacio, otros alquilaban ese espacio y pagaban semanal, quincenal o mensual; los menos afortunados debían dormir en el frío suelo del baño, el pasillo o la cocina. Los del pasillo que es un pasadizo largo para entrar a las celdas, solo tenían derecho a siete baldosas de largo y tres de ancho. El hacinamiento es un problema para la convivencia.

Las visitas son quizás los momentos más felices para los presos, por eso para quienes no son visitados la vida es muy triste, y aún más precaria porque en la prisión no hay quién te supla de lo básico, por todo se paga. Si no tienes dinero te lo rebuscas lavando ropa o aseando, hay un sinfín de actividades.

En ciertas cárceles hay visita conyugal y dependiendo del vínculo, los hombres atienden en diferentes espacios a esposas, novias o mozas. Muchas veces se junta la moza y la esposa, se jalan las greñas, se esperan en la salida y arreglan cuentas. Yo vi a más de una golpear, apuñalar o hacer el shampoo, técnica que consiste en echar pegamento de cualquier tipo en el pelo de la contrincante. Una amiga mía tenía un cabello largo hermoso, y la esposa del hombre con el que ella salía, le mandó a hacer el shampoo, adicionalmente le agregaron vidrio molido para que su pelo no pudiese salvarse. ¡A mi amiga le tocó raparse la cabeza!

El día que entré el dinero para comprarle la vivienda a mi hermano que llevaba preso un año, me tomé media botella de whisky afuera de la prisión por el miedo a ser detectada infringiendo la ley. En el preservativo metí un millón de pesos en billetes de cincuenta mil, pasé los filtros y con eso pude comprarle un lugar donde vivir a él. Ahí nos recibía cada mes que íbamos la familia, o también lo alquilaba los domingos a alguna pareja con deseos de eyacular.

Después de tener dinero en mi cuca, le creí al man que me dijo que me cabía un bus, aunque allí no solo caben objetos inusuales, adentro, ya en la cárcel, era usada para dar placer en el encierro. Los penes de los hombres entraban en las mujeres trabajadoras sexuales que se rebuscan en la cárcel de cambuche en cambuche, allí se les conoce como taxis porque según el decir de los reclusos “cualquiera puede montarlas”. Ahora con la tecnología y las plataformas, nuevos remoquetes aparecen para nombrarlas, les dicen Uber cuando están muy buenas, Indriver o Didi, pues cobran según sus atributos, la más cotizada vale cien mil pesos, y de ahí para abajo, cincuenta, treinta, veinte o diez, dependiendo. Una muy regular, según la mirada lasciva y escrutadora de los hombres, se le decía carreta, le pagaban cinco mil pesos por una felación.

Los presos tenían un mito que para atraer las mujeres sexualmente tenían que estar perlados, una técnica que viene desde Cuba y en algunos países la han adoptado, se implantan perlas en el pene para supuestamente dar placer a la mujer. Desde el año 2000 en muchas cárceles de Colombia se puso de moda esta técnica. Los reos querían que sus mujeres, novias y amantes regresaran siempre a buscarlos, porque quién se iba a resistir a un pene que te hiciera vibrar, creyendo con ello que así encoñarían a sus mujeres.

Esta forma poco aséptica y bastante riesgosa de implantar dichas perlas me impactó mucho, más que ver un pene cavernoso con dos protuberancias. Años atrás tuve un encuentro sexual con un hombre que tenía las perlitas, sin embargo, me dio asco, pensé que era una enfermedad venérea y no quise estar con él. Mi apreciación experta es que algo tan minúsculo no logra dar el placer que se cree, si acaso tendrían que meterse en la base del pene unas bolas del tamaño de una canica para que la cuca de quien ha sido más recorrida que camino de arriero sienta algo.

Estas microcirugías consistían en hacer una pequeña apertura en la punta del glande con una cuchilla que les arrancaban a las máquinas de afeitar, pues en prisión no se permiten láminas de acero por seguridad. Las bolitas o perlas eran hechas de manera artesanalmente con los cabos de un cepillo Pro425; no había un cuarto de cirugía, ni las medidas sanitarias para dicha intervención. Si un man de estos se las ponía y no le podría el pene, los otros lo harían como borregos. El dolor no importaba, solo querían brindar el placer a sus hembras y sentir que eran tan potentes para el sexo que nunca serían olvidados.

Una vez me enteré que una taxi se metió con seis negros perlados por ciento veinte mil pesos, al salir del cambuche y haber atendido a estos tipos en un santiamén, los que se enteraron estaban sorprendidos, miraban a la mujer como una berraca y tal vez ella diría que el placer fue mucho, pero una miente por ganar dinero, yo lo hice muchas veces. Estoy segura que el placer para nosotras las mujeres comienza en el hipotálamo, en el cerebro.

Recuerdo vehementemente que en una ocasión visitando a mi hermano salía una taxi de una habitación al frente de la suya, siempre la había visto visitar este tipo y tuve curiosidad. Yo tenía una botella de Gatorade llena de Chamber (bebida alcohólica casera que en la cárcel tenía una forma especial de hacerse. Se usaba el jugo de tomate de árbol o con maracuyá que era puesto a fermentar, y posteriormente, lo ponían a destilar hasta que diera el alcohol para luego dejarlo reposar en una caneca en los baños), y le dije: se va a tomar un trago, me lo recibió y conversamos un rato. Luego le pregunté si este hombre que acababa de ver era su novio. Me dijo entre risas que era un cliente, ante lo cual le inquirí si era verdad que les decían taxis, me respondió que sí, y sin sorprenderse añadió, “usted no parece un taxi, sino una camioneta Toyota”. Ambas nos reímos, se marchó y la volví a ver en la fila de su carretera.

Yo no era diferente a ella, poco tiempo después cuando visitaba a mi hermano me enrolé con el que mandaba en el pasillo. La verdad me gustaba mucho el tipo, era musculoso y grande, amable y me trataba como reina, y su poderío me daba placer. Teníamos buen sexo como una relación sin compromiso, me daba plata cada vez que yo iba y la pasábamos bien. Me gustaba escuchar salsa con él, beber Chamber y adueñarme de su celda por un día al mes. Yo creía que el sentía algo por mí, llevábamos meses en esa tónica los domingos. Un día que fui a visitarlo desayunamos y me compró el licor de la cárcel, me pareció raro que no me tocará, me dijo que quería que un parcero me viera, a lo cual reaccioné preguntándole para qué. Respondió que para charlar y acepté.

Me subieron entre varios custodiada a otro piso en un pasillo donde había una celda. Me presentó el muchacho y me dejó allí. Me sentí defraudada porque creía que le importaba, que era por él querida, mientras él sin ningún dolor me compartía demostrando quien era el cacique del patio. Una vez nos dejaron solos este hombre me preguntó qué iba a tomar, yo seguí con el Chamber y él con whisky, y pensé, “qué hijueputas”. Ya estaba arriba, el tipo era casi de mi edad y estaba divino. Follamos de lo lindo, luego me pagó bien y me fui. Fue ahí que entendí que para ese hombre que me gustaba tanto siempre fui una taxi.

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