Sara López

Sara López

Thursday, 06 December 2018 00:00

Abono para la memoria

13 de diciembre de 1998- Los helicópteros empezaron a sobrevolar la zona desde el día anterior. A lo lejos, hacia afuera del caserío, se escuchaban las ráfagas y disparos de lo que en principio era un enfrentamiento entre la Fuerza Aérea y las FARC-EP. Esa noche no hubo calma, y menos al amanecer, cuando los helicópteros ya muy cerca de las casas disparaban con más intensidad.

No había otra opción. Aunque ya habían intentado salir del pueblo y las ráfagas siempre los devolvían, ese día, a las 9:30 de la mañana, todos los habitantes de Santo Domingo, caserío de Tame – Arauca, salieron a la carretera principal, y con camisas, trapos blancos y demás elementos, les demostraron a los militares que ellos solo eran población civil.

Santo Domingo era un caserío pequeño habitado por unas 150 familias. Rodeado de anchos bosques, permitía a sus gentes la sobrevivencia a partir de la madera, que se comercializaba en los principales y más cercanos cascos urbanos. Niños y jóvenes se desplazaban una hora hasta Betoyes, otro caserío cercano, para poder estudiar. Santo Domingo era también un corredor, ubicado al pie de la vía principal que conduce a Tame y a la capital de este departamento petrolero, por eso, aunque no ejercían un control territorial directo, los actores armados transitaban por allí constantemente.

Alba Yaneth tenía apenas 15 años, cursaba el segundo año de bachillerato, y el domingo 13 de diciembre de 1998 sintió uno de los dolores más grandes de su vida. Llevaba más de una hora en la carretera principal, junto con toda la comunidad de Santo Domingo, cuando de repente vio que uno de los helicópteros se acercó al lado de la vía y detuvo su vuelo. “Miren, el helicóptero nos está tirando papeles”, y antes de terminar de decir esa frase, lo único que sintió fue la explosión que caía sobre ellos.

Un dispositivo tipo clúster, compuesto por seis bombas de fragmentación, fue el artefacto lanzado por el helicóptero sobre la comunidad esa mañana. “Fue una explosión muy fuerte. Después solo oía los gritos de las personas, todo el mundo gritaba, lloraba. Yo quedé en medio como desubicada y asustada, entonces intenté salir corriendo para refugiarme al frente en una droguería, pero el brazo no me respondía”. Alba Yaneth estaba cubierta en sangre y con su brazo destrozado. A su alrededor, muertos y heridos.

Los que pudieron ayudaron a los heridos y buscaron refugio, hasta que una hora después un carro tipo planchón de los que cargaban la madera de la zona, los ayudó a salir para buscar asistencia médica en Tame. En el camino, relata Alba Yaneth, sucedió lo más doloroso. “Íbamos prácticamente muriendo, y se vino nuevamente el helicóptero y rafagueó el planchón impidiéndonos el paso. En ese momento yo pensaba que si nos acaban de rematar ahí, nos hacían era un favor. Pero finalmente el helicóptero retrocedió y nosotros pudimos salir a Tame, que en ese tiempo era como a dos horas de camino. Yo tenía mucho dolor, no solo de mi cuerpo, sino de mi alma… muchos de mis amigos murieron de camino por la gravedad de las lesiones”.

Luego de eso Santo Domingo se convirtió en un pueblo fantasma. Todos se fueron huyéndole a una guerra que no era con ellos, pero que ese día les había cobrado ya la vida de 17 personas, incluyendo seis niños.

“¿Qué pasaba por la cabeza de los militares en ese momento?”, es la pregunta que todavía hoy, después de 20 años, se hace la comunidad. Todavía no saben con certeza quién fue el responsable directo del bombardeo, lo que sí saben es que los pilotos cumplían la orden de alguien.

El 12 de diciembre de 2012, gracias a las acciones jurídicas de diferentes organizaciones –como la Asociación para la promoción social y alternativa Minga, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra–, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de Santo Domingo, y le ordenó realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, en el que pidiera perdón a la población. Este acto, que tuvo que hacerse en el transcurso de un año luego de dictada la sentencia, fue realizado casi cinco años después, el 31 de agosto de 2017.

En cuanto a la justicia interna, el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca ordenó en 2009 una reparación económica a quienes probaran ser víctimas del hecho, y el año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena al piloto y copiloto del helicóptero a 30 años de cárcel, aunque de estos no han pagado un solo día. Pese a estos avances, la reparación integral que tanto han exigido las víctimas, todavía no ha llegado; los daños materiales y simbólicos aún no han sido cuantificados en su totalidad, y no es del todo clara la verdad sobre los hechos, pues aún no han sido juzgados los autores intelectuales.

Si antes de cumplirse los 20 años de la masacre de Santo Domingo la Fiscalía no toma una determinación, prescribirá la acción penal frente a los responsables, y este será otro crimen de Estado más que seguirá quedando en la impunidad.

 

Acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en Santo Domingo. Foto Cajar

 

 

***


1 de diciembre de 2001- El Páramo de La Sarna fue testigo de la sevicia de los victimarios. A las siete de la mañana, cuando el sol apenas calentaba estas enruanadas tierras, el bus que había iniciado su ruta una hora antes desde Sogamoso hacia Labranzagrande, en Boyacá, fue detenido por hombres de las Autodefensas Campesinas del Casanare - ACC, grupo que iniciaba su expansión hacia esta cordillera desde el año 2000.

Además del conductor y su ayudante –quien era su hijo– en el bus se movilizaban 17 pasajeros, entre ellos, uno de los integrantes de las ACC, encargado de hacer atravesar el bus cuando los demás hombres hicieron el pare. Dicen que buscaban a un integrante del ELN, lo cierto es que ese día, los 18 civiles que se movilizaban en el bus fueron acusados rápidamente por los paramilitares de ser auxiliadores de la insurgencia, y exceptuando a dos niños y una anciana, fueron obligados a acostarse boca abajo sobre la vía, en donde fueron ejecutados con disparos.


Pese a que las autoridades se enteraron rápidamente del suceso, solo llegaron al lugar cinco horas después. Ese día tampoco estaba el retén militar que funcionaba pocos kilómetros antes del lugar de la masacre. Y aunque los responsables fueron capturados mientras huían, horas después fueron dejados en libertad.

Solo hasta el 2008, en el marco del proceso de Justicia y Paz, miembros de las ACC dieron su versión de lo ocurrido. Según la edición 44 de la revista Noche y Niebla del Cinep, los paramilitares “cuentan que esta masacre fue cometida por el grupo paramilitar conjuntamente con miembros de la fuerza pública quienes no solo facilitaron su paso, sino que además entregaron parte de las armas con las que ejecutaron a las víctimas. Narraron además cómo el grupo criminal contaba con apoyo de comerciantes de la región, así como de miembros del ejército, policía y otros organismos de seguridad del Estado”. Además, Josué Darío Orjuela Martínez, alias “Solín”, afirmó en su juramento que la masacre fue perpetuada porque así lo había ordenado el Ejército.

A pesar de que el juzgado 56 de Bogotá ordenó investigar a los militares y funcionarios mencionados en esas declaraciones, hasta el momento además de alias “Solín”, solo están vinculados y condenados por el caso alias “Gavilán”, Hector Buitrago alias “Martin Llanos”, alias “K1”, Nelson Buitrago y Luis Afrodis Sandoval, integrantes del grupo paramilitar.

Es por eso que los familiares de las víctimas y organizaciones sociales siguen tejiendo la memoria para exigir justicia, y no cesan en su esfuerzo de hacer, año tras año y desde el 2007, una peregrinación hacia ese lugar donde un primero de diciembre la crueldad de estos verdugos arrebató la vida de 15 personas. El pasado 2 de diciembre, 17 años después del suceso, se realizó la decimoprimera versión de esta peregrinación.

El cielo azul y el sol golpeando desde arriba, centenares de personas agrupadas, y de fondo un mural que dice “VIDA, MEMORIA Y DIGNIDAD”. Carlos Alberto Mongui, integrante de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro y sobrino de una de las víctimas, tomó el micrófono para decir unas palabras. Mientras su voz se quebrantaba, parecía expulsar de lo más profundo estas palabras: “…que los victimarios no esperen que les odiemos, el odio sería permitirles seguir ejerciendo poder sobre nosotros. Mi homenaje, tío José Antonio, y mi venganza hacia sus asesinos, será mantener viva la memoria de lo que aquí sucedió para que un día encuentren lo que se les ha negado: verdad, justicia y reparación”.

 

***


El mes de diciembre tiene marcas imborrables en la historia, aunque el Estado colombiano las quiera vestir de olvido. Son marcas talladas con sangre indígena, campesina y obrera; sangre que, por encima del horror y la crueldad, hoy es abono para la memoria movilizadora y transformadora que tenemos por tarea construir. Que las víctimas de las masacres de Santo Domingo y del Páramo de La Sarna, tanto como las víctimas de las masacres de Las Bananeras (5 y 6 de diciembre de 1928), de la Hacienda El Nilo en Caloto, Cauca (16 de diciembre de 1991), de San Carlos, Antioquia (3 de diciembre de 1998), y de las otras tantas perpetuadas a lo largo y ancho de nuestro país, sean las que nos convoquen a todos y todas a buscar la verdad y a seguir escribiendo nuestra historia.

“A mí me rescataron de la playa Guayacán, jurisdicción del municipio de Ituango, porque estábamos barequeando en el momento que el río empezó a subir, y las montañas empezaron a venirse, las piedras, una cosa impresionante. Ya no teníamos por dónde salir, y nos metimos por una cañada arriba, hasta que cinco días después arrimó un plan de contingencia y nos sacaron de allá en lancha. Sin embargo, después de la emergencia, a las personas que estamos aguas arriba no nos han brindado ninguna garantía. Ni el Alcalde, ni la Gobernación, ni EPM. Estamos es a lo que las buenas personas nos quieran brindar”.

De esta manera explica María Mendoza*, lideresa articulada al movimiento Ríos Vivos Antioquia, la situación de los afectados por la tragedia ocurrida hace cinco meses, producto de una cadena de irregularidades en la construcción del megaproyecto Hidroituango. Su denuncia es más grave si se tiene en cuenta que desde que la emergencia inició, el 28 de abril del presente año, la respuesta a la pregunta de quién debe responder por las afectaciones, tanto como por las fallas de la obra, no es del todo clara.

Víctimas y afectados a la deriva
Para el caso de las comunidades aguas arriba, refugiadas en Sabanalarga y en Ituango, la situación ha sido particularmente compleja. “La verdad es que después, cuando lo de la emergencia, aguas arriba nunca nos mencionaron. Para EPM nunca hubo damnificados aguas arriba, siempre se concentraron aguas abajo, pero fue un maquillaje, porque tampoco hicieron lo que debieron hacer correctamente con todas las comunidades. Ni siquiera nos han hecho un censo de damnificados. En Ituango no lo hicieron, en Sabanalarga tampoco, a pesar de que cuando salimos de allá fuimos rescatados por el mismo EPM”, explica María.

Es por esto que a finales de septiembre la Alcaldía de Ituango ordenó desalojar a 22 familias que estaban refugiadas en el coliseo Jaidukamá de este municipio, argumentando que allí no habían damnificados, y que su presencia en el lugar afectaba el derecho a los niños a recrearse, razón por la cual estaban siendo reclutados por los grupos armados. En el caso de Sabanalarga, las comunidades que se albergaron en las oficinas de EPM, debido a que nunca recibieron ayuda humanitaria de emergencia ni les fueron brindados albergues, también corren el riesgo de ser desalojados de allí en cualquier momento.

Según explica Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, en situaciones de emergencia son las entidades municipales las primeras que deben garantizar la atención; y los dueños de la amenaza, según la ley de emergencias, son los que deben responder en las siguientes etapas, que son de estabilización y reconstrucción. En este caso, Empresas Públicas de Medellín – EPM. A pesar de esto, ante la falta de respuesta y garantías para los afectados, explica Isabel que “la manera como se han sostenido es por la campaña de solidaridad que tenemos como movimiento Ríos Vivos, y eso es lo que ha hecho posible que hasta el momento se hayan dado alimentos, medicinas, algunos traslados, porque hay personas que están sufriendo mucho con el tema, y tienen crisis postraumáticas, y estrés postraumático relacionado con la pérdida del río, de su fuente de vida”.

A la compleja situación humanitaria, se suman las amenazas y asesinatos que han venido sufriendo líderes de Ríos Vivos, así como sus familiares. También el aumento de pie de fuerza y de control territorial por parte de EPM, pues en el caso de Ituango, por ejemplo, los horarios de entrada y salida del pueblo están siendo regulados.

Con el pasar de los días, sus exigencias siguen siendo “un albergue digno y dónde trabajar, también exigimos una reubicación a EPM, porque ya nosotros sabemos que el río no lo vamos a recuperar nunca más, entonces que nos reubiquen, una indemnización digna”, puntualiza María, quien además manifiesta que su principal exigencia como movimiento es que desmantelen Hidroituango de manera controlada, debido a las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han estado detrás de la construcción de la megaobra.


Hidroituango en la mira
Mientras esto sucede con los afectados, los directivos de Hidroituango intentan a capa y espada salvar este megaproyecto, aunque tengan todos los ojos puestos encima. A las denuncias hechas desde hace años por las comunidades y movimientos sociales, se sumó un informe de la Contraloría General de la Nación el pasado mes de agosto, en el que registró 35 hallazgos administrativos sobre irregularidades en el licenciamiento, y donde cuestionó además las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Esta, por su parte, manifestó que el informe de la Contraloría era inexacto, pero días después, a principios de septiembre, interpuso una multa de 2419 millones de pesos a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango por hechos anteriores a la emergencia.

Mientras avanzan investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría para determinar los responsables de las irregularidades, EPM, socio y encargado de la construcción del proyecto debe responder por los costos extraordinarios que han surgido tras la emergencia, tal como lo determinó la junta directiva de Hidroituango. Por su parte, EPM declaró problemas de liquidez para solventar la crisis y el retraso de tres años que tendría la obra, por lo cual el pasado 31 de julio, con el aval de su junta directiva, pidió al Concejo de Medellín la autorización para vender algunos de sus activos que suman alrededor de $4 billones, y que incluyen acciones en ISA y en algunas empresas colombianas, así como la totalidad de las empresas Aguas de Antofagasta y el parque eólico Los Cururos, ubicadas en Chile.

Esta propuesta, consignada en el proyecto de acuerdo 150 de 2018, será debatida por el Concejo en el mes de octubre, pero ha generado múltiples preocupaciones por tratarse de una de las empresas públicas más importantes del país. Así mismo quedó de manifiesto en el Debate de Control Político, realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 26 de septiembre, en el que además los congresistas León Fredy Muñoz, David Racero y María José Pizarro, citantes al debate, enfatizaron en que la crisis ha sido producto de malas decisiones y falencias en la planeación, e instaron al Gobierno a atender esta emergencia, que sigue generando el desplazamiento de familias que perdieron sus formas de vida y de subsistencia.

*El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada.

“A mí me rescataron de la playa Guayacán, jurisdicción del municipio de Ituango, porque estábamos barequeando en el momento que el río empezó a subir, y las montañas empezaron a venirse, las piedras, una cosa impresionante. Ya no teníamos por dónde salir, y nos metimos por una cañada arriba, hasta que cinco días después arrimó un plan de contingencia y nos sacaron de allá en lancha. Sin embargo, después de la emergencia, a las personas que estamos aguas arriba no nos han brindado ninguna garantía. Ni el Alcalde, ni la Gobernación, ni EPM. Estamos es a lo que las buenas personas nos quieran brindar”.

De esta manera explica María Mendoza*, lideresa articulada al movimiento Ríos Vivos Antioquia, la situación de los afectados por la tragedia ocurrida hace cinco meses, producto de una cadena de irregularidades en la construcción del megaproyecto Hidroituango. Su denuncia es más grave si se tiene en cuenta que desde que la emergencia inició, el 28 de abril del presente año, la respuesta a la pregunta de quién debe responder por las afectaciones, tanto como por las fallas de la obra, no es del todo clara.

Víctimas y afectados a la deriva
Para el caso de las comunidades aguas arriba, refugiadas en Sabanalarga y en Ituango, la situación ha sido particularmente compleja. “La verdad es que después, cuando lo de la emergencia, aguas arriba nunca nos mencionaron. Para EPM nunca hubo damnificados aguas arriba, siempre se concentraron aguas abajo, pero fue un maquillaje, porque tampoco hicieron lo que debieron hacer correctamente con todas las comunidades. Ni siquiera nos han hecho un censo de damnificados. En Ituango no lo hicieron, en Sabanalarga tampoco, a pesar de que cuando salimos de allá fuimos rescatados por el mismo EPM”, explica María.

Es por esto que a finales de septiembre la Alcaldía de Ituango ordenó desalojar a 22 familias que estaban refugiadas en el coliseo Jaidukamá de este municipio, argumentando que allí no habían damnificados, y que su presencia en el lugar afectaba el derecho a los niños a recrearse, razón por la cual estaban siendo reclutados por los grupos armados. En el caso de Sabanalarga, las comunidades que se albergaron en las oficinas de EPM, debido a que nunca recibieron ayuda humanitaria de emergencia ni les fueron brindados albergues, también corren el riesgo de ser desalojados de allí en cualquier momento.

Según explica Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, en situaciones de emergencia son las entidades municipales las primeras que deben garantizar la atención; y los dueños de la amenaza, según la ley de emergencias, son los que deben responder en las siguientes etapas, que son de estabilización y reconstrucción. En este caso, Empresas Públicas de Medellín – EPM. A pesar de esto, ante la falta de respuesta y garantías para los afectados, explica Isabel que “la manera como se han sostenido es por la campaña de solidaridad que tenemos como movimiento Ríos Vivos, y eso es lo que ha hecho posible que hasta el momento se hayan dado alimentos, medicinas, algunos traslados, porque hay personas que están sufriendo mucho con el tema, y tienen crisis postraumáticas, y estrés postraumático relacionado con la pérdida del río, de su fuente de vida”.

A la compleja situación humanitaria, se suman las amenazas y asesinatos que han venido sufriendo líderes de Ríos Vivos, así como sus familiares. También el aumento de pie de fuerza y de control territorial por parte de EPM, pues en el caso de Ituango, por ejemplo, los horarios de entrada y salida del pueblo están siendo regulados.

Con el pasar de los días, sus exigencias siguen siendo “un albergue digno y dónde trabajar, también exigimos una reubicación a EPM, porque ya nosotros sabemos que el río no lo vamos a recuperar nunca más, entonces que nos reubiquen, una indemnización digna”, puntualiza María, quien además manifiesta que su principal exigencia como movimiento es que desmantelen Hidroituango de manera controlada, debido a las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que han estado detrás de la construcción de la megaobra.


Hidroituango en la mira
Mientras esto sucede con los afectados, los directivos de Hidroituango intentan a capa y espada salvar este megaproyecto, aunque tengan todos los ojos puestos encima. A las denuncias hechas desde hace años por las comunidades y movimientos sociales, se sumó un informe de la Contraloría General de la Nación el pasado mes de agosto, en el que registró 35 hallazgos administrativos sobre irregularidades en el licenciamiento, y donde cuestionó además las actuaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla. Esta, por su parte, manifestó que el informe de la Contraloría era inexacto, pero días después, a principios de septiembre, interpuso una multa de 2419 millones de pesos a la Sociedad Hidroeléctrica Ituango por hechos anteriores a la emergencia.

Mientras avanzan investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría para determinar los responsables de las irregularidades, EPM, socio y encargado de la construcción del proyecto debe responder por los costos extraordinarios que han surgido tras la emergencia, tal como lo determinó la junta directiva de Hidroituango. Por su parte, EPM declaró problemas de liquidez para solventar la crisis y el retraso de tres años que tendría la obra, por lo cual el pasado 31 de julio, con el aval de su junta directiva, pidió al Concejo de Medellín la autorización para vender algunos de sus activos que suman alrededor de $4 billones, y que incluyen acciones en ISA y en algunas empresas colombianas, así como la totalidad de las empresas Aguas de Antofagasta y el parque eólico Los Cururos, ubicadas en Chile.

Esta propuesta, consignada en el proyecto de acuerdo 150 de 2018, será debatida por el Concejo en el mes de octubre, pero ha generado múltiples preocupaciones por tratarse de una de las empresas públicas más importantes del país. Así mismo quedó de manifiesto en el Debate de Control Político, realizado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 26 de septiembre, en el que además los congresistas León Fredy Muñoz, David Racero y María José Pizarro, citantes al debate, enfatizaron en que la crisis ha sido producto de malas decisiones y falencias en la planeación, e instaron al Gobierno a atender esta emergencia, que sigue generando el desplazamiento de familias que perdieron sus formas de vida y de subsistencia.

*El nombre fue cambiado por solicitud de la entrevistada.

Wednesday, 05 September 2018 00:00

Un problema de 500 hectáreas

Nací acá, igual que mis papás, mis abuelos y mis tatarabuelos. Somos la descendencia de nuestros antepasados, los Muiscas, y somos lo que somos gracias a lo que ha producido la tierra en este sector. Ese pedazo horrible que ustedes ven ahí, era igualitico a lo que está de ahí para arriba; esto era un campo que producía mucha comida. Lo único que nosotros hacemos acá es producir leche, sembrar papa, arveja, haba, zanahoria, cilantro… mientras producimos toneladas de comida para Bogotá, ellos nos traen toneladas de basuras para acá.

Ya son treinta años de dolor, treinta años de destrucción a la naturaleza, de afectación física y mental a todos los seres que habitamos la región. Desde que nos trajeron el botadero de Doña Juana, todo ha sido tristeza… es como una bomba de tiempo. Ahora, ya no nos aguantamos más el olor, las ratas, las moscas. Imagínese usted no poder comer tranquilos, tener que encerrarnos o meternos debajo de una cobija para poder comer… o que para salir uno tenga que andar con gafas y cubierto todo, porque si no las moscas se le meten por todos lados. O imagínese cómo ha cambiado nuestra tierra; por la contaminación ahora nos toca meterle químicos para que produzca.

Dentro de ese lugar había, hasta hace poco, más o menos ocho lagunas o humedales, pero los destruyeron todos. Este es un problema que mide 500 hectáreas, y aunque hemos peleado juntos para que no crezca más, ya llegó hasta el patio de esta última casa que ven ahí. Lo que más nos preocupa es la decisión del alcalde Peñalosa de expandir ese daño hasta el 2070, o sea que nos van a destruir todo de aquí para arriba, hasta el cerro ahí donde se ve, y de la carretera hacia arriba. Son otras 400 o 500 hectáreas más, y aunque el decreto donde dice eso se aprobó desde diciembre del año pasado, solo hasta hace unos días el Alcalde lo socializó.

Desde entonces, lo que está haciendo son cosas como las de ese avisito que se ve ahí, al lado de esa varilla… sellar las obras. Esta obra que se estaba construyendo ahí, una casa, ya no se puede hacer, porque supuestamente incumplió una norma. Los negocios, las panaderías, el comercio, la venta de alimentos se han sellado, o les decomisan los alimentos por lo mismo, que porque ahora ya no cumplen la norma. También tienen el argumento de que van a recuperar todo el corredor ecológico de la parte de abajo, al frente del basurero, y para eso están comprando, pero la lógica diría que si de eso se tratara, empezarían a comprar desde abajo. No, el Alcalde quiere empezar comprando desde arriba, porque así tendría la potestad de ir atravesando toda la vereda.
La pretensión es muy clara, quieren cansarnos, desesperarnos, disminuir el valor de todo lo que tenemos, para que al final nos veamos obligados a venderles. Ellos no se han dado cuenta que están destruyendo una zona campesina hermosa. Vea, allí baja una fuente de agua, allí otra, y vea otra. Son tres fuentes de agua, todas lindas, y nos las van a destruir. No solamente acaban con la cultura campesina, porque nos van a sacar a las buenas o a las malas, sino que el agravante es que nosotros estamos al pie del páramo de Sumapaz, el más grande de Colombia… o por lo menos eso es lo que uno escucha decir cuando va por allá a Bogotá, o en las universidades.

Esto también nos inquieta porque hace como un mes entró otra empresa, la Suez, a operar el basurero, y lo que nos dicen es que esa empresa tiene como objeto fundamental el comercio del agua. Eso quiere decir que entrar aquí a operar el relleno es el pretexto, la disculpa, y más ahora que se impone la delimitación del páramo. Eso es una contradicción, porque estaríamos dentro de la delimitación, pero ellos no van a conservar. Una parte es para las basuras, y otra parte es para producir agua y llevársela para otras naciones.

Nosotros como comunidad, y con las organizaciones sociales, le hemos hecho muchas propuestas a la alcaldía. Ya le demostramos que con todo el material orgánico que llega ahí, porque no todo es basura, se podría producir la energía eléctrica que movería el metro de Bogotá. Así, además, evitaríamos que le metan más presas a los ríos Blanco y Sumapaz, que es lo que pretenden. También les hemos dicho que todo ese material se podría convertir en abono, como recuperador de los suelos. Lo que más les ofende a ellos, sin embargo, no es que les hagamos propuestas, sino que les digamos que los activos que puede producir esto deben ser invertidos en el área de impacto, que somos los tres millones de habitantes que estamos en la cuenca del río Tunjuelo, y les ofende porque ellos no quieren compartir sus utilidades con nadie.

Por todas estas situaciones, nosotros ya hemos hecho varias movilizaciones. El año pasado hicimos una en agosto, y otra el 27 de septiembre. La respuesta siempre fue atacarnos con una fuerza excesiva de Policías, Esmad y el Ejército que está arriba en el batallón, y sacaron además un listado en el que nos sindican a 15 personas de delincuentes.

Hace poco Peñalosa vino a Pasquilla, una vereda que queda allí más arribita, y dijo prácticamente que duélale al que le duela, Mochuelo se acaba. Lo que no sabe es que aquí hay una comunidad muy inteligente; no somos ignorantes como ellos creen. Mientras existamos campesinos acá, pues le va a quedar muy difícil hacer las cosas como quiere. Nosotros queremos hacer una transformación de esa realidad que hoy tenemos al frente.

***
El anterior es el testimonio colectivo de campesinos y habitantes de los barrios Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en Bogotá. Gente como Elcy Rodríguez, Marta Fonseca, o José Alonso Díaz que desde hace 30 años, cuando apenas eran niños, han vivido la condena de tener el relleno sanitario más grande de Colombia al pie de sus casas.

Con el último rayo de sol, asiste también la incertidumbre. En el sur de Yopal, Casanare, 776 familias se aferran a lo poco que tienen, que para ellas es tanto como su esperanza de vida, deseando que no llegue esa noche en que funcionarios con su fuerza pública intenten de nuevo despojarlas. Luego de soportar durante años la exclusión, la pobreza y un conflicto ajeno, en el 2016 se asentaron en predios de la que hoy es conocida como ciudadela La Bendición, y pese a que solo piden una oportunidad para vivir mejor, hasta allí solo llega la fuerza brutal del Estado, y el estigma de una sociedad que les ve como drogadictos, prostitutas o ladrones.

I


Marly García parece de acero. Vive en La Bendición y es una de las líderes más importantes de su comunidad. Su andar y su fuerza se dejan ver inagotables, pese a que desde que tiene memoria ha estado inmersa en un círculo en el que nunca eligió estar: el de la violencia y el abandono estatal. Nació en San Bernardo, Cundinamarca, y a los 10 años quedó embarazada de uno de los tíos que abusaba sexualmente de ella. Aunque quiso abortar, finalmente su hija nació. Esa misma tarde una enfermera la sacó de la habitación, pero nunca regresó con ella; la familia de Marly se la había llevado y dado en adopción.

Marly salió en búsqueda de su hija. Sin encontrar resultado, cayó en la drogadicción y tocó fondo. Durante cinco años conoció las penurias de la calle, hasta que un día un angelito, como ella la llama, la encontró y la llevó a una fundación. A los 19 años salió de allí renovada, sin saber que el camino que le esperaba era todavía largo. Llegó a Planadas, Tolima, y de allí la desplazaron los paramilitares. Entonces se fue para Florencia, Caquetá, y los mismos la desplazaron nuevamente. Regresó a Cundinamarca, y en Pasca la desplazó la guerrilla.

Con fuerza todavía, reinició su vida en Fusagasugá. Trabajaba y tenía una relación sentimental. Pero un día, al regresar de su trabajo, observó cómo su pareja sacaba las pertenencias de su casa. Marly lo siguió en un taxi y se percató de llamar a la Policía. Al llegar, encontraron un expendio de drogas y otras tantas cosas robadas; en ese instante fueron capturadas cinco personas. A Marly la amenazaron, y días después la hirieron brutalmente. Quedó en coma durante 16 días, y con una fractura más en su ya golpeada vida…
Entonces se fue para Casanare. Conoció a su actual compañero, un hombre, como ella, maltratado por la vida. Empezaron a trabajar en fincas, pero el pago era ridículo para tanto trabajo. Se fueron a Yopal a pagar un arriendo y se atrasaron dos meses, por lo que la dueña de la casa le sacó todas las cosas a la calle.

Era 2016, y el asentamiento en La Bendición apenas iniciaba. Su mejor y quizá última opción fue sumarse a ese grupo de personas que, desplazadas y ultrajadas por un sistema excluyente, se estaban tomando esas tierras para levantar un techo y construir vivienda. Fue allí donde, sin dimensionarlo, tanta adversidad se convirtió en su mayor fortaleza para ayudar a quien la necesitara y liderar con entereza este proceso colectivo de enormes dimensiones.

II


La ciudadela La Bendición abarca 75 hectáreas. Estas tierras, ubicadas en la vereda San Rafael, pertenecían inicialmente a Jhon Jairo Pérez Barreto, testaferro del narcotraficante Germán Sánchez, alias “Coletas”. Y aunque la Fiscalía ya había ocupado estos terrenos con fines de extinción de dominio, Pérez Barreto se los vendió a Jhon Jairo Torres, conocido en la región como Jhon Calzones, con la condición que estas tierras fueran utilizadas para la siembra de palmeras.

Pero Jhon Calzones tumbó todos los árboles y, pese a que no obtuvo licencia de Planeación municipal para construir, ni de Corporinoquia para hacer pozos profundos, empezó a lotear. Miles de lotes de 6 x 15 metros fueron vendidos a familias pobres con la esperanza de construir por fin su vivienda propia.

Por las “facilidades” que Jhon Calzones ofreció a las personas, algunas pagaron 30 millones de pesos, otras pagaron cinco millones, y otras apenas 500 mil pesos. Con esto, Calzones logró constituir un movimiento también llamado La Bendición, que fue su principal palanca para llegar a la alcaldía de Yopal en el 2015, a pesar de que días antes de las elecciones ya había sido privado de la libertad por su responsabilidad en esta urbanización ilegal y por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, fue en los lotes que no habían sido vendidos –unos 2000 de los 10.000 que eran en total– en los que Marly y las 776 familias se asentaron desde principios de 2016. Se organizaron como comunidad y empezaron a instalar lo básico. Los problemas empezaron desde el primer día, tanto por las amenazas y persecución por parte de Calzones, como por la estigmatización proveniente, en la mayoría de los casos, de sus otros vecinos de la ciudadela que no hacen parte del asentamiento. Todo esto sin contar con la situación de precariedad con que han tenido que subsistir durante este tiempo, y con la amenaza constante de desalojos masivos o selectivos por parte de la administración municipal.

III


“Nosotros no tenemos agua potable… el agua está contaminada con materia fecal, porque al no haber alcantarillado lo que tenemos es pozos sépticos, y están filtrando y contaminando los pozos profundos y acuíferos. De las personas que hemos llegado aquí, la mayoría somos desplazadas, madres cabeza de hogar, discapacitados y de tercera edad. Dentro del 80% de personas que son desplazadas, hay un 20% de tercera edad, un 30% en pobreza absoluta, y los otros son discapacitados. También hay una gran parte de población afro. Ahorita hay nueve pacientes con cáncer... cáncer terminal, cáncer de huesos, de páncreas, en la matriz, de seno, y otra señora que tiene cáncer en una piernita”, es lo que explica Marly en cuestión de segundos cuando indagué por las condiciones de vida en el asentamiento.

–¿Esas enfermedades tienen que ver con el entorno en que viven?–, le pregunté con inocente esperanza.

–Claro mami. Yo le preguntaba a un doctor por qué a la señora le dio cáncer de páncreas, y me dijo: “porque se le reventó el hígado, se le contaminó todo el organismo”, ¿y por qué? Porque aguantan hambre. La señora nos cuenta que cuando tenía para comer no tenía para almorzar ni nada, y le tocaba era darle de comer a los niños. Con los pacientes que tienen cáncer de huesos, el médico me decía que es porque muchas veces llegan de trabajar cansados, se bañan, y eso produce el cáncer de huesos. Entonces, la pobreza que tenemos muchas personas nos está llevando es a buscarnos un cáncer–.

IV


Eran las 8:00 de la noche y el aire del Llano sofocaba todavía. Los zancudos atacaban sobre las pieles sudorosas. Aproximadamente 50 personas, entre habitantes de La Bendición, periodistas y defensores de derechos humanos estábamos reunidos en el asentamiento. Medio cubiertos por un techo de lata, escuchábamos las denuncias de la comunidad frente a su situación social. Marly ordenaba las intervenciones de cada persona, y en ocasiones complementaba lo que quizá por pena muchos no se atrevían a decir.

En un momento interrumpió entre angustiada y resignada para advertir a todos los foráneos que, en caso de que se fuera la luz, ingresáramos al salón, también de madera, latas y tierra, que estaba justo detrás de nosotros. Se generó un murmullo, por lo que Marly precisó su advertencia con una aclaración: “Lo que pasa es que aquí cualquier reunión que haga la comunidad, intentan sabotearla, pero no se preocupen”.

Aunque la reunión terminó en calma, la tensión en Marly era evidente. Y no era para menos, porque desde que asumió el liderazgo de la comunidad, organizada en la Asociación Juntos por una Vivienda Digna, ha recibido varias amenazas. Me contó más tarde que ese mismo día, estando en la Procuraduría, le llegó un mensaje de texto con una amenaza, “dicen que tengo hasta mañana a las 5 de la tarde para salirme de La Bendición, o que sino amanezco con la jeta llena de moscas”.

Por estos motivos, desde noviembre de 2017 Marly tiene un esquema de seguridad, y aunque al principio no quería aceptarlo, se dio cuenta que para poder ayudar a su gente, también tenía que proteger de alguna manera su propia vida, aunque fuera absurdo: “para mí es muy triste levantarme muchas veces y salir de la casa sin tener con qué tomarme siquiera un tinto, pero con dos personas armadas al lado mío y en un carro bien bonito… además ellos solo trabajan 10 horas, entonces estoy sola por la noche que es cuando me han disparado o cuando aparece gente con armas”.

V


Marly debe tener unos 35 años, y aunque las marcas de su trajinada vida son visibles en su rostro, no ha perdido la firmeza. Por eso persiste, no se abandona ni abandona a ninguno. No quiere defraudar la confianza que la comunidad depositó en ella cuando la eligió como presidenta del proceso, luego de que otros desistieran producto de las mismas amenazas. “Eso fue cuando iban a hacer uno de los tantos desalojos que han intentado hacernos. Entonces nos reunimos y empezamos a decirnos que tocaba organizarnos, y como yo gestionaba para la gente enferma, dijeron que querían que yo empezara a liderar”.

Ahora como líder sabe que muchos en el barrio dependen de ella, porque por su gestión es que varios tienen comida o acceso a la atención médica. “Muchas veces me voy para las universidades a tratar de buscarles capacitaciones a las mujeres, para que hagan manualidades desde sus casas y puedan trabajar mientras cuidan a sus hijos, y tener con qué darles de comer”, expresa satisfecha.

–Marly, ¿cómo te sueñas el barrio?

–Yo me lo sueño con sus casitas, con su cancha, con su parque, con un jardín infantil, con un colegio, y lo primordial, un centro de salud. A nosotros nos gustaría una reubicación porque ahí así legalicen, la problemática va a continuar y seguiría la discriminación por parte de los que dicen ser engañados.

–¿Pero en caso de una reubicación te gustaría que pudieran continuar todos juntos y organizados?

–Claro, sí. Para eso es que luchamos y por eso yo acepté liderar. En los estatutos de la asociación, que está legalmente constituida, dice que la lucha se va a dar hasta que quedemos todos reubicados, todos legalizados, pero unidos y con una vivienda digna.

La huelga inició el siete de enero de 1948. Tras muchos intentos de negociación y promesas incumplidas por parte de la empresa, trabajadores de la Tropical Oil Company, afiliados a la Unión Sindical Obrera –USO–, decretaron jornadas de paro y movilización por tiempo indefinido. Aunque los antecedentes inmediatos se remiten a los despidos masivos y al incumplimiento en la modificación del escalafón, en el centro de la discusión se ubicó la política petrolera colombiana.

El objetivo de la USO, entonces, se convirtió en la nacionalización de la extracción del petróleo en Colombia, que hasta el momento estaba en manos de esta empresa norteamericana, hija de la poderosa Standard Oil Company, perteneciente al grupo Rockefeller. Así mismo lo narra César Julio Carrillo, antiguo dirigente sindical de la USO y quien, aunque no vivió estos sucesos, los conoce y recuerda como parte de esa memoria colectiva que enorgullece al sindicato y le obliga, hoy, a mantener firmes sus reivindicaciones.

La disputa política de la USO
La Troco, como era conocida la empresa, por medio de acciones ilegales adquirió desde 1916 la concesión que años atrás le había otorgado el Estado al colombiano Roberto de Mares, en la zona del Magdalena Medio. Sus operaciones iniciaron en 1921, por lo que logró que el Estado extendiera la concesión hasta 1951. Las precarias condiciones de trabajo y de vida en este enclave petrolero dieron nacimiento, en 1923, a la Unión Obrera. “La USO nació al poco tiempo de que iniciara la industria petrolera en Colombia, entonces comenzaron a desarrollar sus luchas por las cuestiones más mínimas. En el Catatumbo los trabajadores hicieron una huelga muy famosa, que se llamó la huelga del arroz, por el derecho de los trabajadores a comer arroz. En Barrancabermeja fundamentalmente por el derecho a las cosas mínimas, de alimentación, de mejores condiciones de trabajo, de vivienda, etc., y poco a poco fueron ganando espacios que les permitía ascender en sus exigencias”, explica Carrillo.

Según se relata en la investigación Petróleo y Protesta Obrera –realizada por Renán Vega, Ángela Núñez y Alexander Pereira, y publicada en 2009 por la USO–, desde 1946, año en que legalmente la Troco debía revertir al Estado la Concesión de Mares, la empresa inició una campaña para desacreditar las explotaciones, y “afirmaba que la concesión se había convertido en un mal negocio, por cuanto los yacimientos estaban agotándose y no se justificaban nuevas inversiones […]. Actuando en consecuencia, y violando los convenios laborales, en diciembre de 1947 la empresa despidió a 107 obreros, que laboraban en áreas de exploración, limpieza y perforación de pozos, es decir, en sectores cruciales para mantener la rentabilidad de las explotaciones cuando la compañía revirtiera al Estado”.

La Troco, según se explica en este mismo documento, buscaba que la USO se lanzara a una huelga como una forma de presionar al Gobierno a prorrogar la Concesión, pues reintegrar a los trabajadores solo era posible si esto último ocurría. Lo que no se esperaba la compañía es que la huelga se lanzara con un profundo discurso antiimperialista y en defensa de la soberanía nacional. La huelga duró 49 días, y allí participaron aproximadamente 5000 trabajadores de la industria. Sus exigencias fueron, no solo el reintegro del personal despedido, la garantía de estabilidad y derecho a ascensos estipulados en el escalafón, sino que la Nación recibiera la Concesión De Mares, argumentando que esta sí estaba en capacidad de hacerse cargo de los diferentes procesos de la explotación petrolífera.

El Gobierno, por su parte, esperaba que la huelga se agotara en los enfrentamientos entre trabajadores y Fuerzas Militares. Pero contrario a producir un debilitamiento, a nivel nacional se emprendieron acciones de respaldo por parte del movimiento obrero. El clima nacionalista estaba en auge, y el gaitanismo presente en instancias del Gobierno fue decisivo para que el 24 de febrero del año 48 el presidente Ospina Pérez convocara a un tribunal de arbitramento, a través del cual la USO, según se explica en dicha investigación, “consiguió un fallo que además de obligar al reintegro del personal a sus anteriores puestos, presionaba a la compañía a seguir con las labores de mantenimiento y exploración de pozos hasta el último día del contrato”.

Así, la reversión tomó fuerza, y se despejó el camino para la nacionalización de la Concesión. El 27 de diciembre de 1948, el Gobierno profirió la Ley 165, por medio de la cual se autorizaba a la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos, que entraría en funcionamiento a partir del 25 de agosto de 1951, día exacto de la reversión. Por ahora, el Sindicato había ganado esta batalla.

Defensa de Ecopetrol y alternativas al extractivismo
Con el nacimiento de Ecopetrol, los retos que se impusieron a la Unión Sindical Obrera fueron mayores. El primero de ellos, no desaparecer. Esto no solo por la imposición de sindicatos patronales desde el momento mismo de la reversión, sino por la oleada de represión, criminalización y exterminio que vivió el movimiento sindical. El segundo reto era, evidentemente, la defensa de Ecopetrol como empresa estatal. “Eso sí tenían claro los trabajadores, constituimos esta empresa, nos costó sacrificio, pero ahora hay que defenderla. Cuando muchos entramos a trabajar a Ecopetrol, ya existía la disputa por el peligro que representaban las multinacionales, al querer adueñarse de esta empresa”, relata Carrillo. Pese a estas luchas, desde el 2006 en el gobierno de Álvaro Uribe, y hasta el momento, se ha venido materializando la privatización de la estatal, con la venta de sus acciones al capital privado.

Un tercer desafío, mucho más grande y más actual, tiene qué ver con el debate nacional en torno a la política minero-energética del país, del cual la Unión Sindical Obrera no es ajena. En ese sentido, la apuesta es “pensar en la Ecopetrol del futuro... si esta debe apostar por seguir en el extractivismo de un recurso que poco a poco se va agotando, o pensar en la consolidación de una empresa productora de energías limpias, que sea fuerte, eficaz, nacional, que no despida ni un trabajador, sino por el contrario, que sea una fuente de empleo”, explica Carrillo.

Es por esto que la Unión Sindical Obrera, como conclusión de la 2da Asamblea Nacional por la Paz que impulsó en 2015, hoy integra la Mesa Social Minero-energética y Ambiental, donde reunidos con sectores ambientalistas, obreros, sociales y políticos discuten la necesidad de trascender la política de despojo y degradación ambiental y social, para construir una que se piense los derechos de la naturaleza, y en su caso, la transición paulatina hacia energías limpias. Carrillo quien también participa de esta iniciativa, cuenta que “este sindicato tiene unas cosas claras ya, por ejemplo, no cambia agua por petróleo. Este sindicato, por ejemplo, no permite que a pocos metros de un río se vaya a perforar un pozo petrolero... eso está claro. Lo que pasa es que no es de un día para otro que cambien las cosas, es un proceso. Son desafíos no solamente del sindicato, sino de la sociedad”.

Saturday, 03 February 2018 00:00

Un tabaco amargo

Ingrid era estudiante de Contaduría Pública, vivía en Bogotá, y no conocía el campo más allá de los paseos familiares. Pero en unas vacaciones hace 18 años, cuando fue a visitar a su tía, quien vivía en la vereda Santa Helena, de Barichara, Santander, se enamoró de los animales, la tierra, las flores… y también de Sergio, su actual esposo y padre de sus dos hijos. Sergio, desde pequeño campesino y tabacalero, como su familia, le enseñó a Ingrid todas las mañas del tabaco durante su proceso, y ella, aunque con dificultad, logró adaptarse y aprender lo propio de esta labor, así como de la vida en el campo.

Mientras habla de su vida, sus flores y sus cultivos, Ingrid sonríe. Sus ojos brillando son el mejor retrato de ese espíritu campesino, que tal vez no heredó de nadie, pero que labra con firmeza. Los días en la finca son, como ella misma lo dice, comunes y corrientes: “Levantarse uno a las 5:00 am, prender fogón, el tinto, alistar a mi hijo que me colabora con el desayuno porque le gusta la cocina, mientras que con mi esposo vamos limpiando el caney (el lugar donde se seca el tabaco), alistar el guarapo, la jarra, los vasos, las cabuyas, las agujas… todo eso antes del desayuno. Cuando ya hemos desayunado, cada uno por su oficio”.

Además de tabaco, Ingrid y su familia cultivan café, maíz, fríjol, yuca y cítricos, aunque es el primero su principal fuente de sustento. El proceso inicia con la preparación de las cubetas para los semilleros, a los que le hacen seguimiento durante 40 a 60 días. En este tiempo, arreglan el terreno para la siembra. El tabaco estará en el lote cuatro meses, durante los cuales hacen riego y fumigación con venenos orgánicos. En la mitad de este tiempo, es decir, dos meses después de la siembra, inicia la recolección, una cada quince días durante los dos meses siguientes. Ya en el caney, el tabaco empieza su proceso de secado, que tarda más de 22 días, y luego es escogido y empacado para la venta. Todo este último proceso, de secado y escogida, tarda alrededor de dos meses, lo que quiere decir que en total son ocho meses desde el semillero hasta la venta.

Con esta labor, y sin imaginarlo, Ingrid hoy hace parte de las pocas familias que han logrado subsistir en Colombia de cuenta del cultivo del tabaco. Y es que desde la llegada en 2005 de Phillip Morris, multinacional hoy dueña de Coltabaco, y en 2012 de British American Tobacco, dueña de la antigua Protabaco, el cultivo de esta materia prima y su transformación, en Latinoamérica, se concentraron en otros países como Brasil, Argentina o México. Para el caso de Coltabaco, empresa que le compra a Ingrid la cosecha, Guillermo Álvarez, actual presidente del Sindicato de la Industria Tabacalera –Sintraintabaco–, cuenta que de 12 mil millones de cigarrillos producidos antes de la llegada de la multinacional, hoy se producen 6.3 mil millones. En ese sentido, de 23.000 familias campesinas que se dedicaban al cultivo del tabaco, calculan que hoy quedan menos de la mitad, y con tendencia a seguir disminuyendo, “porque con lo que producen en Brasil por su gran extensión, por la tecnología y todo, les sale más barato traer el tabaco a Colombia que comprarlo acá mismo”, dice este dirigente sindical.

Algo de esto confirma Ingrid, cuando su entusiasmo al hablar se va convirtiendo en indignación. Contrario a lo que han vivido los trabajadores de la industria en cuanto a la precarización laboral, Ingrid cree que algunas condiciones para los campesinos han mejorado, porque por ejemplo la empresa le presta dinero a cada cultivador al inicio del cultivo y los dota de algunos productos. El problema, cuenta ella, es cuando al momento de la venta lo recibido no se acerca a lo esperado.

Cada kilo de tabaco, según el grado en que se encuentre, puede ser pagado desde 3230 hasta 7692 pesos. Ingrid y su familia, por lo general, alcanzan a recolectar 1000 kilos o un poco más, pagados a un promedio de 6000 pesos, es decir, unos seis millones de pesos, con los que tendrán que cubrir los gastos de ochos meses y pagar las deudas adquiridas para el cultivo. “Eso fue lo peleé la vez pasada, porque en la primera cosecha nos pagaron muy barato, entonces saqué al ingeniero de una reunión que tenían allá, y le dije bueno, con esto qué hago, ¿me compro una miseria de mercado? ¿O pago el transporte? Porque es que con esto no se hizo nada, me descontaron el 70% de la deuda... Uno no se siente satisfecho porque el pago es muy barato para tanto trabajo… ocho meses, porque llevamos ocho meses”.

Ingrid cree que el problema de fondo viene desde el Gobierno, por su abandono estatal y por las políticas que en lugar de fortalecer la economía campesina, favorecen a las multinacionales. “Voy en contra de las políticas del Gobierno totalmente, porque uno no es bruto para caer en esa mentira. ¿Que el comité de cafeteros a quién pertenece? ¿Y las multinacionales con quiénes hacen los convenios? Digo, ahí le dejo la inquietud. Ahoritica el Gobierno le está dando prioridad a las multinacionales para que se vuelvan centros de acopio de todas nuestras cosas y que no tengan valor”.

A inicios del 2017, en Santander, Phillip Morris animó y patrocinó a los cultivadores para que salieran a marchar en las cabeceras municipales en contra de la reforma tributaria y el alza del IVA, con la promesa de sentarse a dialogar sobre los problemas que afrontaban estas familias frente a los precios del tabaco, costos de producción y demás. Los cultivadores marcharon, pero las promesas rápidamente se olvidaron. Ingrid cuenta decepcionada que “nosotros peleamos contra la reforma tributaria, pero de nada nos iba a servir. Eso ya estaba aprobado, entonces jodidos todos, menos las multinacionales. Para mi concepto yo he visto el cambio de la reforma tributaria con las ventas de estos días. Sé que les subieron muchísimo los impuestos a ellos, pero eso a quién se lo achacan, ¿a la empresa o a nosotros? Digo, pequeña pregunta global”.

Muchos cultivadores ahora quieren terminar o achicar sus cultivos, debido a la situación económica. En el caso de Ingrid, la empresa familiar que significa el tabaco, está a punto de acabarse. Sus dos hijos, quienes desde muy pequeños han ayudado en la labor, así como en todos los oficios de la finca, van a graduarse pronto del colegio y tienen menos tiempo, lo que implica gastos extras para contratar otros dos trabajadores. Pero los ingresos no alcanzan para eso, porque “lo que uno cosecha no tiene precio –dice con tristeza–. Tendremos que buscar entradas económicas sin seguir perdiendo tanto dinero”, y la alternativa para ella, esta vez, parecer ser regresar a la ciudad, esa selva de cemento de la que salió hace 18 años, y ahora en compañía de sus hijos y de Sergio.

En semana, desde muy temprano, Maria Rubiela Vargas se levantaba para salir con el mayor de sus siete hijos a coger los limones, las naranjas, las mandarinas y los plátanos que cultivaba en su huerta, también algo de caña para moler en el trapiche comunitario del que se beneficiaban nueve familias que habitaban en esa vereda, La Aurora, de Cocorná. La vida allá era muy buena, cuenta Rubiela, el agua era abundante, y la comida nunca les faltaba, “yo era feliz, feliz, madrugaba a trabajar; cada ocho días el papá de mis hijos me daba para lo del mercado, y yo  ajustaba con lo que realizaba de mis frutas, de mi caña, de mi molienda, a veces me hacía hasta 600mil pesos”.

Entre 2011 y 2013, cuando la empresa HMV Ingenieros adelantó la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica El Popal sobre las aguas del río Cocorná, Rubiela y los demás habitantes de La Aurora tuvieron que desplazarse porque el agua con la que se abastecían se secó, la tierra empezó a agrietarse y a derrumbarse, y el trapiche comunitario donde todos molían sufrió grandes daños. “Cuando vimos que ya habían terminado y no nos solucionaban los problemas, ya nosotros nos reunimos con el presidente de la JAC, estuvimos donde el alcalde, él nos mandó para Cornare, de Cornare nos mandaron para la alcaldía otra vez. Era como cuando uno chuta un balón en una cancha; así nos han tenido a nosotros. Ya van cinco años y esta es la hora que no nos han solucionado nada”, cuenta indignada.

¿Qué pasa en Cocorná?
Cocorná es un municipio incrustado en las montañas boscosas del Oriente antioqueño, una subregión productora del 29% de la energía del país, que desde los años 70 sufre los efectos sociales y ambientales de los proyectos hidroeléctricos. Para el caso de Cocorná, las comunidades pensaron al principio que las PCH El Popal, San Matías, El Molino, o la Central Hidroeléctrica San Miguel traerían beneficios para sus territorios, pero estos no llegaron, y por el contrario, afectaciones como las de la vereda La Aurora pusieron en alerta a los cocornenses, más aún cuando supieron que, incluyendo los que ya están en funcionamiento, hay aproximadamente 11 proyectos marcados en su territorio.

Actualmente se encuentran en trámite las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas a filo de agua Cocorná 2 y Cocorná 3, y la minicentral Quebrada El Viaho, a cargo de SOTECO S.A, Taborda Vélez y Cía, y HMV Ingenieros, respectivamente; también, EADE – EPM tiene licencia ambiental aprobada para la construcción de la Central Hidroeléctrica Santo Domingo, sin contar otros proyectos más que tienen recurso de reposición, se les declaró caducidad, o están en proceso de revocatoria.

Por esta situación, Javier de Jesús Villegas, habitante de la vereda La Peña y presidente de la ANUC Cocorná, cuenta que “nosotros los campesinos fuimos desplazados por los grupos armados, algunos fuimos antes también desplazados por la construcción de la autopista, y ahora que volvemos a nuestro territorio vemos con mucha preocupación el otro desplazamiento disimulado por culpa de las hidroeléctricas y la minería”. Para Javier, igual que para muchos otros campesinos, es preocupante además que la mayoría de sus fuentes hídricas ya no les pertenezcan, y que incluso, ya no puedan  visitarlas para su recreación familiar porque están secas o tienen sedimentos.

Sumado a esto, hay otro problema que inquieta e indigna principalmente a los pobladores rurales. Recientemente en sus facturas de energía eléctrica les empezaron a cobrar un alumbrado público con el que no cuentan, porque los caminos, según relatan, ni siquiera están iluminados todavía en su totalidad. Jesús Orlando Gómez, habitante de la vereda El Sinaí, dice que “nos están cobrando un alumbrado público que no alcanzamos a pagar, porque los recursos son muy escasos. Muchos estamos sin saber qué hacer, algunos ya han dicho que van a tener que cortar las líneas de energía porque no tienen con qué pagar esas cuotas”.

Este problema no es aislado, porque al ser el Oriente antioqueño, y en este caso Cocorná, un gran productor de energía, el mínimo beneficio que esperarían las comunidades es acceso a bajo costo a este recurso. “Las comunidades hace 10, 15, o 20 años reforestamos las microcuencas sin pensar que años después vendrían las hidroeléctricas. Este es un municipio que tiene la materia prima, pero lamentablemente nos cobran la energía más cara que en cualquier parte del país”, puntualiza Javier.

Acción jurídica y movilización
Para los habitantes más jóvenes de este municipio, el sábado 13 de mayo fue un día histórico. La presencia de decenas de campesinos indignados, pero también esperanzados en obtener soluciones, alimentó una movilización que recorrió las calles del pueblo. Al unísono, la gente gritaba “agua, bosques, tierra, para los que no queremos guerra”, y rechazaron con contundencia los proyectos hidroeléctricos en sus territorios. “Estoy aquí porque vemos que es una injusticia que el Estado le esté vendiendo a las multinacionales los recursos que nosotros hemos protegido durante tantos años. La única solución es unirnos y buscar una Consulta Popular para votar no a las hidroeléctricas”, expresó Gerardo Enrique, agricultor de la vereda Las Playas.

Mauricio Castaño, concejal y abogado, manifestó que “las comunidades están pidiendo de las administraciones, de los entes político-administrativos, acciones y decisiones que permitan blindar el territorio frente a este tipo de proyectos”. Mauricio, junto a la Corporación Cocorná Consciente, presentó ante el Concejo municipal un proyecto de Acuerdo que busca ratificar la autonomía de los municipios en cuanto al  uso que se le da a los recursos del territorio, y prohibir cualquier tipo de proyecto extractivo.

“Este proyecto de acuerdo surtió el primer debate, se aprobó, y está pendiente el segundo debate. Hemos venido estudiando el tema y creemos que puede ser mejor desarrollado; estamos en construcción de esa propuesta para mejorarlo, para que al segundo debate llegue más fortalecido y pueda ser adoptado en el municipio. Sin embargo, esta decisión no es fácil, porque no nos podemos extralimitar en nuestras funciones”, explicó Castaño, quien se refirió además a otro proyecto de acuerdo que se tramita por iniciativa de la administración municipal.

Se trata del Plan de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, que según Castaño, define o relaciona unas zonas de desarrollo turístico prioritario, que de acuerdo con la ley 300 del 97, deben prevalecer sobre cualquier otro tipo de desarrollo o de explotación. “Esa es otra forma de blindar el territorio, entonces tenemos identificadas al menos nueve zonas de desarrollo turístico prioritario, entre ellas los principales ríos y cascadas, que entrarían en esa declaratoria. Sin embargo, lo más importante en este proceso es que siga activa la acción ciudadana y la movilización social”.

Son las cuatro de la mañana de un viernes fresco y tranquilo. El croar de las ranas retumba en los caños, y el paso de las bestias cargadas de caña anuncia que este no es un viernes cualquiera. Es día de molienda en la vereda Buenos Aires de San Luis, y por eso Alba, Gonzalo, Tulio, Eliecer, Alfredo y otros cuantos campesinos más se disponen al trabajo en el entable, no sin antes equiparse bien con sus frascos de aguapanela, claro o jugo, que serán el sustento para parte de su jornada. Las cargas de caña ya están medidas y separadas. Son ocho en total, correspondientes a cada uno de los asociados de este entable comunitario llamado Grupo Asopanela. Uno de ellos arrastra el bagazo seco de la caña hasta la parte inferior del entable y empieza a llenar el horno, un subterráneo de unos 10 metros de profundidad sobre el que está el área de cocción. En minutos el bagazo empieza a arder, y así será durante toda la jornada, gracias al trabajo de este atizador que tiene como responsabilidad mantener el fuego constante para que puedan hervir los jugos hasta convertirse en panela.

Alba, en su labor de minguera, empieza a arrastrar las cargas de caña hasta el sitio dispuesto para que Alfredo, el metecaña, pueda levantar los manojos con más facilidad y enseguida convertirlos en guarapo al atravesarlos con fuerza por el motor, que no dejará de rugir sino hasta entrada la noche. A través de un conducto los jugos llegan hasta la primera paila, y mientras empiezan a hervir, Tulio, quien a la vez cumple el papel de presidente de la asociación, retira con precisión las impurezas que flotan sobre el líquido. Así, el guarapo se va convirtiendo en miel rápidamente, y en ese proceso es transportado de una a otra paila. La primera tanda ya parece estar lista para ser libreada, por eso Rafael, para cerciorarse, echa en un balde con agua un poco de la miel espesa, que se endurece de inmediato al contacto con el agua. Este pedazo de dulce que llaman conejo es apetecido por uno que otro niño que se pasea alrededor del trapiche. Como el conejo ya anunció que la miel está lista, Rafael la traslada hacia la batea donde otros la revuelven durante un par de minutos para que seque y poderla vertir en los moldes. En cuestión de minutos salen hacia la bodega las primeras libras de panela y con eso se completa un ciclo de producción que los paneleros tendrán que repetir decenas de veces durante el día.

Poco conversan entre ellos. Sus esfuerzos están concentrados en la producción, aunque no falta, de vez en cuando, uno que otro chiste o recocha, al estilo de sus mejores épocas en la vereda, porque el regocijo y la tranquilidad no siempre los han acompañado. Este mismo lugar, donde hoy los paneleros encuentran su sustento, fue hace unos años parte del escenario de un conflicto que azotó a la vereda y obligó a muchos campesinos a salir, sin más en sus manos que una bolsa de panela y un puñado de miedos y esperanzas.

En el Oriente antioqueño se habían asentado grupos guerrilleros desde los años 70, pero solo a partir de los años 90 tomaron fuerza en muchos de los municipios de esta subregión, y para finales de la década, la escalada bélica y la mayor parte de los eventos armados se concentraron en el oriente lejano, en donde, según explica Clara Inés García en su libro Geografías de la guerra, el poder y la resistencia, San Luis fue el municipio más afectado por mayor número de eventos armados y por la disminución del ingreso económico. En este contexto, Buenos Aires resultó ser un territorio estratégico sobre el que pusieron su interés los diferentes actores armados, por su ubicación limítrofe entre San Luis, Granada y San Carlos.

Sobre esto, e intentando que su voz no sea enmudecida por el fuerte sonido del motor, Alfredo cuenta que “estaba uno por ahí trabajando cuando vio que entraron personas como distintas y forasteras a la vereda, y les ve uno como armas, y de ahí para allá fue que empezamos a ver gente armada en la vereda, iban entrando, y al principio no se vio como tan alta la violencia, ya a lo último sí fue como más tremenda la guerra. Aquí primero fue el ELN, después llegaron las FARC. Ya cuando fue más problemático, fue cuando entró la fuerza pública, el Ejército, y dicen que habían entrado también de pronto las Autodefensas. Ese fue como el tiempo más difícil, cuando se juntaron todos y la guerra brava en el 2000”.

La llegada de los actores armados a Buenos Aires significó para la comunidad perder su tranquilidad, y renunciar a muchas de sus prácticas cotidianas, bien por el miedo o bien por las amenazas y prohibiciones directas que recibían. “Antes de la guerra era bueno, porque prácticamente uno podía andar a la hora que quisiera, podía hacer uno lo que quisiera con tranquilidad. En cambio ya cuando comenzó la guerra ahí sí es verdad que a las cinco de la tarde ya tenía uno que estar encerrado”, dice Tulio mientras agacha tímidamente la mirada y descansa su cuerpo en un tronco de madera ubicado al lado de las pailas hirviendo.

El día avanza en el entable y la mezcla del vapor caliente, el olor dulce y el sonido del motor se va haciendo más compacta cada vez. Se pierde entre las montañas y se convierte también en paisaje. Las acciones se repiten, y eso, tal vez, es lo que quisieron por años estos campesinos: que nada hubiera interrumpido su paso, su ritmo, su risa.

Eliecer es el ripiador y está pasando el bagazo fresco de un lado a otro, y mientras lo arruma sobre un costal de fibra, recuerda cómo los actores armados llegaban, casa por casa, pidiendo a los jóvenes ser colaboradores de cada una de sus causas. “Por eso, uno como campesino, con familia, con harto miedo, no le quedaba otra que irse. Vea, cuando eso salían esos buses de aquí llenos, eso era con gente empacada, parados, y uno aquí le daba verdad como nervios y como mucha tristeza. Yo bajaba y le decía a la señora, vea, ahí se fue fulano de tal, perano, ahí iban en el bus, y eso daba tristeza, eso ya de día en día esto bien solo. La gente se iba y dejaba esas casas así abiertas, no le importaba dejar televisores, camas, neveras, licuadoras y fogones hasta prendidos, y se iban a cualquier hora del día, iban saliendo… cuando anochecía o amanecía. Y era gente buena, no era sino por el temor que si no colaboraban los mataban, o los llevaban obligados, entonces por ese motivo es que la gente se perdió toda”, termina diciendo Eliecer, a la vez que toma impulso para arrastrar la carga de bagazo.

El sol del mediodía empieza a arder en Buenos Aires. También, las mujeres van llegando hasta el entable con una ollita de comida y la recarga de bebida para sus esposos e hijos que llevan horas sin parar sus trabajos. Por eso, mientras comen, ya son ellas las responsables de ripiar, meter la caña, limpiar el guarapo, etc. El espacio, entonces, se torna más familiar y lleno de entusiasmo. Las familias allí se conocen, se ayudan y tejen lazos fuertes entre ellas, porque saben que además de protegerse, deben conseguir su sustento todas por igual, y que del trabajo de cada una depende la economía de todos.

Y esto es y fue así incluso en los momentos más difíciles, porque como cuenta Tulio, a quien el sombrero y su cabeza gacha le tapan la mirada, “cuando la guerra, uno sabía que debía estar ahí buscando el sustento para la familia. Que si de pronto uno caía le dañaba el proceso a los demás para trabajar. Si alguno de la vereda se perdía, nosotros íbamos y hablábamos con ellos donde estuvieran, que nos los devolvieran. ¡Claro! Vea por ejemplo, este muchacho ahí se le llevaron un cuñado y ahí arriba fuimos y hablamos por ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Largarlo, porque ya se veían que estaban cogidos, porque como fuerza pública no podían hacer eso; claro que muchos lo hicieron, pero ya fue porque así les aumentaban el sueldo o les daban más vacaciones”.

Mientras en el entable la producción del día continúa en marcha, Ernestico, uno de los habitantes más antiguos de esta vereda, está sentado en el corredor de su finca mirando al frente, hacia las montañas. Aunque poco recuerda los sucesos recientes, habla con detalle y propiedad de los hechos que marcaron su vida y la historia de la vereda: “Yo estaba moliendo allí un viernes, cuando por ahí como a las cuatro de la tarde sentimos un candeleo en el Chocó y nosotros: “se metió la guerrilla”. Preciso, al otro día me voy yo por allí a vender el dulce, cuando la razón que sí, que sí, que habían matado un poco de gente, como por desconfianza. Eso iban unos gentíos con unos caballitos que no se veía sino carga, eran tapaos de carga de panela. Subimos a una casa y había como otro carrao, toda esa gente de por allá desocupó, porque esa noche eso estuvo muy fuerte allá, eran velando la gente pues que hasta en la ramadas, ¡ah, jueputa! Y se fueron, desocuparon todo eso. Dejaron por ahí gallinas, marranos, hasta ganado dejaron”.

Con un suspiro, Ernestico interrumpe el relato, como tratando de recordar para no dejar ningún detalle por fuera, y continúa: “Al otro día, al domingo, de San Luis mandaron cuatro carros pa' llevarse la gente de por aquí. Entonces ya era allí subiéndose la gente. Ese día se llenaron esos carros y salieron, pero de por allá arriba los hicieron volver. Ahí estaba la guerrilla, ahí abajito de ese motor estaba la guerrilla, y que no dejaban pasar sino los que fueran como a mercar y a volver con el mercado, que los demás pa' las casas. Y así fue. Ya no dejaron sino ir un carrito. Y las volquetas, una la quemaron ahí en el Chaquiro, y otra como estaba nueva les dio pesar quemarla, esa sí la dejaron seguir pa' San Luis”.

Y como relata Eliecer al referirse al mismo suceso, “esa fue la manera de quedarse esto solo”, porque la gente, como pudo, se fue toda hasta los cascos urbanos de San Luis, Granada y San Carlos, o hasta Medellín. “Ellos no querían que nadie saliera, porque era un escudo pa' la guerra. Pero la gente por miedo se fue, porque uno ver tantos aparatos dando candela por encima de uno... eso da miedo”, complementa Alfredo, con la vista concentrada en meter la caña al motor, como perdido en sus recuerdos. Y es que Alfredo, como muchos en esta vereda, a pesar del temor a perder todo, se fue para San Luis. Sacó su neverita y se fue, aunque sabía que si se iba a ir no podía llevarse nada, “uno tenía que irse, desplazarse como calladito más bien, sin mucho equipaje, porque si se daban cuenta lo atajaban”.

Así fue que el rugir de los entables paneleros perdió su fuerza; el dulce olor que se sentía en las montañas empezó a evaporarse en medio de la guerra y los caballos subían cargados, pero no precisamente de caña. No era fácil para nadie desprenderse del único lugar donde obtenían su sustento, donde se sentían parte de algo y como paneleros dignificaban día a día su labor. Este periodo de desplazamientos masivos significó el abandono casi total de toda práctica, y además de la producción de panela, se detuvieron otras actividades como la siembra de café, maíz y plátano.

Eliecer nunca se fue de la vereda, por eso, con más razón, repite mientras sigue arrastrando el bagazo, que la guerra es una cosa muy verraca. “Yo salía pal pueblo con la panelita y a mercar, porque aquí no dejaban traer mercado, y ese gentío por ahí en las aceras, gente conocida que uno sabía que vivían era por aquí, y por la noche se iban para esos albergues a dormir amontonados, entonces uno la pensaba, uno decía no, qué desconsuelo. Pero así era la vida, uno aquí venía y decía que qué desconsuelo uno por allá, y uno se iba para el pueblo y le daba miedo venirse para acá, de saber que uno llegaba aquí y ahí mismo cogían a investigarlo a uno, usted a qué fue al pueblo, qué estuvo haciendo, a quién vio por allá… eso era muy maluco”.

De hecho, no solo Buenos Aires sino todo San Luis registró un nivel de desplazamiento tres veces mayor al del Oriente antioqueño. Del total de la población de esta subregión (529.977, según cifras del Dane en el 2005), se desplazaron 107.317 personas, equivalentes a un 20.2%, lo que para San Luis sería aproximadamente un 60% de población desplazada. Según lo manifiesta Julián Duque Aristizabal, personero municipal de San Luis, “Buenos Aires era primero un corregimiento, y pasó de ser corregimiento a vereda ya que la guerra hizo desplazar a sus habitantes hacia otras partes del territorio nacional”.

La luz del día empieza a agotarse, igual que la energía de estos campesinos que llevan ya 14 horas convirtiendo en panela la caña que por meses cultivaron. A las seis de la tarde Alfredo pasa el último manojo de caña por el motor y de inmediato lo apaga. Camina hasta la bodega para ver el arrume de panela correspondiente a su carga, pero las noticias no son muy gratas. Es poca panela para tanto trabajo. Sin embargo, renueva sus ánimos y empieza a empacar las bolsas, cada una con 24 pares, y por la cual le pagarán aproximadamente $35.000. Aunque parezca poco, se trata de un ingreso estable, mucho más si se compara con aquella época de violencia, entre 1997 y 2004, cuando incluso el ingreso económico municipal estuvo diez veces por debajo del de otros municipios de la subregión.

Eliecer se limpia el sudor de la frente, y mientras empaca sus bolsas de panela igual que Alfredo, cuenta que “muchos regresaron, otros vendieron por allá mismo las propiedades, y ya vino también fue gente de Medellín a trabajar y así...”. En esa época, la difícil situación económica por la que atravesaban los campesinos hizo resurgir el valor del trapiche, puesto que muchas personas después de desplazarse para otros cascos urbanos, volvieron a la vereda porque no encontraron qué hacer. Además su vida había girado en torno a la caña, y así supieran o encontraran la forma de hacer algo, sus habilidades y motivaciones estaban arraigadas a lo que les posibilitaba el trapiche no solo como actividad económica, sino como forma de tejer lazos sociales.

Así, desde su acción cotidiana emprendieron una resistencia a la imposición de la guerra. Los constantes llamados de la población civil apaciguaron los combates, y las mismas confrontaciones atenuaron la presencia de los actores armados en el territorio. Entonces, tras años de ser un fortín de la guerra, las acciones militares disminuyeron en Buenos Aires y una tensa calma empezó a reinar.

Aunque ya no hay fuego en el horno, ni miel en las pailas, el calor emanado durante todo el día sigue acompañando a estos campesinos en las últimas acciones de molienda. Terminan de empacar las cargas y algunos las llevan hasta la casa de Enrique, un antiguo asociado que vive a bordo de carretera, desde donde despachan hacia el pueblo su producción. Son las nueve de la noche. Todos se despiden, recogen sus cosas, y cierran con candado la puerta del entable. Caminan hasta sus casas, donde pasarán tranquilos una noche más en la vereda. Esta vez, ningún actor armado va a interrumpir sus sueños.

Mientras el gobierno sigue ratificando el modelo extractivista y facilitando la adquisición de licencias ambientales para la exploración y explotación de los recursos naturales, las comunidades en sus territorios continúan defendiéndolos y empeñadas en preservar sus riquezas culturales, sociales y ambientales. Es el caso del Suroeste antioqueño, donde a partir de la organización y la movilización social se vienen adelantando acciones para hacer frente a todo lo que atenta contra el agua, el territorio y la vida.

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