Juan David Guerra

Juan David Guerra

El Juzgado Cuarto Penal de Cali condenó a los militares Julián Villate Leal, Alfonso Abondano y Marco Fidel Rivera, a cuatro años de cárcel, por el delito de concierto para delinquir. Julián era un coronel, Alfonso y Marco eran mayores.

Los militares fueron procesados por hacer seguimientos y atentar contra la vida de varios directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), entre los que se encuentran Luis Imbachí, Óscar Figueroa y Luis Hernández (expresidente del sindicato). Además de los sindicalistas, los militares también pretendían atentar contra el senador del Polo Democrático Alternativo, Alexander López (en ese entonces representante a la Cámara), y contra la defensora de derechos humanos Berenice Celeita.

El plan de los militares fue denominado 'Operación Dragón', y fue pensado desde la sección de inteligencia del Ejército, en el 2004. Esta operación pretendía, palabras más, palabras menos, atacar al sindicato, atentar contra la vida de sus miembros, cambiar sus directivas, y según el fallo, “obstaculizar la carrera política de Alexander López Maya y que Berenice Celeyta cesara su labor de asesora del sindicato”. Pero esta historia no comienza ni con la condena del Juzgado ni con la Operación Dragón. Comienza con la privatización de las Empresas Públicas de Cali.

Álvaro Uribe y Emcali

Desde que Álvaro Uribe empezó en la presidencia (2002), se empeñó en privatizar Emcali, y para llevar a cabo esta tarea encargó, por la naturaleza de sus funciones, a la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, entidad que estuvo dirigida durante los dos mandatos de Uribe, por la abogada Evamaría Uribe, mujer de confianza del expresidente. Evamaría, cuya responsabilidad en la Operación Dragón ha sido denunciada por las víctimas, es la actual directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Desde el 2000 hasta el 2013, el Gobierno trató de buscarle socios privados a Emcali. Vale recordar que se trata de una empresa muy importante (la principal empresa pública del Suroccidente de Colombia), cuyo presupuesto es de 3,2 billones de pesos, y que cuenta con más de 2000 trabajadores. El punto es que, en el 2004, el Gobierno nacional tenía intervenida la empresa, y la quería privatizar. Sintraemcali se oponía.

Berenice Celeita, reconocida defensora de derechos humanos y actual presidenta de la Asociación Para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), fue una de las personas contra las que los militares pretendían atentar, dado que era asesora del Sintraemcali y opositora a la privatización. Berenice, en diálogo con Periferia, explicó que en torno a la privatización había muchos intereses de por medio. “El capital internacional puso sus ojos sobre este negocio para dividir los diferentes componentes de la empresa y el Gobierno inventó una quiebra técnica para entregarlo a grandes multinacionales como Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Intergen y Tokioenergy”, expresó Celeita, agregando que también ha habido empresas de la región interesadas en adueñarse de los servicios públicos: “las empresas Corfipacífico, Corfivalle, Conciviles, entre otros grupos económicos del Valle interesados en convertir en negocio el derecho fundamental a los servicios públicos de calidad”.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que Berenice Celeita, Alexander López, y los miembros de Sintraemcali, denunciaron seguimientos y amenazas. Inmediatamente empezó el proceso para privatizar Emcali, gestionado desde lo más alto del Gobierno de Uribe, empezó también a construirse la Operación Dragón, con un objetivo muy claro: atacar a todo el que se opusiera a la privatización.


Empresas fachada

Alexander López fue el primero que denunció ser víctima de seguimientos ante la Fiscalía. Lo hizo el 25 de agosto del 2004. Fue así como el ente investigador empezó las pesquisas y descubrió el plan de los militares. En primer lugar, se conoció que los militares utilizaron unas “empresas fachada” y firmaron unos contratos con Emcali, destinados a la prestación de seguridad. Las empresas se llamaban “Consultoría Integral Latinoamericana (CIL) y Compañía de Seguridad Privada (Seracis)”.

Uno de los contratos más relevantes fue el firmado con Seracis. Según la Fiscalía: “este contrato constituyó el último eslabón de la plataforma legal en la que se atrincheraron para atacar a Sintraemcali, específicamente a los miembros de la junta directiva del mismo, y a quienes le prestaban asesoría en temas de derechos humanos, como la señora Berenice Celeyta y asesoría política externa como era el caso del congresista Alexander López Maya, con acciones que iban desde el desprestigio de los dirigentes del sindicato, la judicialización de los mismos y hasta su eliminación física”.

Lo llamativo, o más bien, lo más delicado, tiene que ver con las personas que contribuyeron a la aprobación de dichos contratos. Al parecer, funcionarios del Gobierno, como se verá más adelante...

Fue a través de los contratos que los militares obtuvieron información detallada de los miembros de Sintraencali, de Alexander López, y de Berenice Celeita: nombres e información de familiares, residencias, rutinas diarias, escoltas, cédulas, números telefónicos, y en el caso del senador, información de su sede política en Cali.

Además, gracias a un allanamiento al coronel Julián Villate Leal, se encontró que los militares poseían documentos de inteligencia, información detallada sobre las actividades del sindicato, y bitácoras de los seguimientos que hacían. Los militares conocían detalladamente los esquemas de seguridad del senador y de las otras personas, información que solo pudo ser suministrada a los militares por el Ejército nacional y el cuestionado DAS.


De perseguir a asesinar

Durante el proceso judicial contra los tres militares se permitió conocer los autores materiales e intelectuales del plan. Pero también se descubrió que la persecución contra los sindicalistas, contra Alexander López y contra Berenice Celeita, tenía la intención final de asesinarlos.

En un escrito de la Fiscalía divulgado por el periodista Yohir Akerman, esta entidad cuenta que no solo se intimidaba a Alexander López con sufragios, sino que además se llegó a pagar la suma de 10 millones por asesinarlo. La siguiente es la declaración de un testigo ante la Fiscalía: “Se elaboraron unos mapas. Uno de las entradas y salidas de Sintraemcali. Que este era para hacerle un atentado al Representante. Que estos los elaboraba el señor Julián, que recibió la orden del señor Hugo Obando de comprar un sufragio después del allanamiento y enviarlo al congreso, luego del allanamiento contó que lo trasladaron a la ciudad de Ibagué. Que estando en esa ciudad realizó una consignación de $ 10,000.000 que tenía como destinatario una persona de la ciudad de Cali de nombre Yilson, que este era para realizar un atentado contra Alexander López”.

Es ese mismo documento se cuenta que el coronel Villate tenía la tarea de conseguir personas “para hacerle un atentado a Petro, por las discusiones que hubo en el debate sobre los paramilitares”. Además, no eran simples militares retirados. Eran, según Celeita, “militares con antecedentes bastante graves como por ejemplo Abondano, quien participó en homicidios múltiples en Antioquia”. Y Julián Villate, el cerebro de la operación, quien “fue director de la Escuela de Guerra en Colombia, y profesor de la Escuela de las Américas en Estados Unidos”.

Las reuniones de Evamaría

Álvaro Uribe tuvo la intención de intervenir Emcali hasta el último momento de su mandato. Yohir Akerman contó en su columna del 3 de febrero, que el expresidente “felicitó” a Evamaría y a la Superintendencia por su trabajo de reestructuración de la empresa, en uno de los últimos consejos de ministros que realizó, el 13 de marzo de 2010.

El plan para asesinar al senador del Polo, a los directivos del sintraemcali, y a Berenice, habría sido contratado, según López, por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, y específicamente, por la señora Evamaría Uribe.

Según manifiesta un documento de la Fiscalía, Evamaría habría tenido reuniones con Julián Villate Leal, el militar al que la Fiscalía le encontró los documentos de inteligencia y de la Operación Dragón. “El señor Villate se reunió con la señora Eva María Uribe Tobón y el señor Germán Huertas en el Restaurante la Carrilera (...), el señor Villate le manifestó que se pretendía privatizar Emcali, por eso se hacían esas reuniones”, dice el documento. En otras palabras, Evamaría se habría reunido con el cerebro principal de la operación.

Además, según el senador, Evamaría Uribe participó en el comité técnico que aprobó el contrato con el que los exmilitares pudieron acceder a la información privilegiada. Ella habría estado en la reunión en la que el gerente interventor de Emcali, Carlos Potes, dio el aval con que se les facilitó todo a los exmilitares.

Pero Evamaría no es la única acusada como responsable intelectual. También lo son Carlos Alfonso Potes y Germán Huertas. El primero era el gerente interventor de la empresa en el 2004, quien aprobó los contratos con los exmilitares, y el segundo era y es el jefe de seguridad de la empresa. “En la etapa preliminar estuvieron vinculados, rindieron declaración, pero ya sabemos cómo es la justicia colombiana, que finalmente resultó absolviéndolos aun cuando hay pruebas suficientes de su vinculación, igual que en el caso de Evamaría, pues ella estuvo al frente del encargo fiduciario, y obviamente del pago de estos militares que estaban a la cabeza de la Operación Dragón”, expresó Berenice Celeita.

Ahora, en 2019, quince años después de la Operación Dragón, una sentencia de un Juzgado de Cali presentó una primera pincelada de justicia, aunque sea para mostrar que es cierto lo que han denunciado los líderes y las comunidades: que el Estado colombiano es capaz de todo, incluso de ir contra la vida, por favorecer los intereses económicos. “Estamos hablando de la responsabilidad del Estado colombiano, efectivamente en cabeza de quien era en su momento el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, y de manera directa quien estuvo reunida con quienes realizaron todos los actos de seguimiento”

Por Laura Franco y Juan David Guerra

En el Suroeste antioqueño, los cultivos de plátano y café, que colorean de distintas tonalidades de verde las montañas, han sido testigos de la organización que han tenido que emprender las comunidades para resistirse a la explotación minera en el territorio. Resistencia que hoy vive un nuevo capítulo a raíz de un proyecto formativo que realizaría la Universidad de Antioquia con financiación de la empresa multinacional minera AngloGold Ashanti.

¿Cómo inició todo?

El 12 de junio del 2018 llegó una carta de parte de la Veeduría y la Personería del municipio de Jericó, a la rectoría de la Universidad de Antioquia. La intención era solicitarle a la Universidad formación en labores de control y participación ciudadana. 

La carta dice lo siguiente: “Nos permitimos solicitar en un acto de responsabilidad social, la vinculación activa de la Universidad Pública como tercero académico independiente para que pueda apoyar a la veeduría y a la personería municipal de Jericó con el soporte técnico, legal y académico requerido, para que con base en información técnica veraz se pueda realizar el proceso de veeduría a este proyecto que se desarrolla actualmente en el territorio de Jericó”.

En resumen, le piden a la Universidad que brinde herramientas para hacer veeduría a la minería. El documento, firmado por el presidente de la veeduría ciudadana y por la personera de Jericó, pasó por varias Unidades Académicas de la institución, hasta que fue remitido, por competencia, a la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, teniendo en cuenta que esta dependencia había realizado proyectos de formación sobre el tema con otras comunidades.

En la Escuela Ambiental vieron con buenos ojos la propuesta, y decidieron crear un diplomado para brindar dichas herramientas, pero había un claro inconveniente: la Universidad no podía financiar el proyecto, pues los recursos son escasos. John Fernando Escobar, profesor de la Universidad y miembro de la Escuela Ambiental, explicó a Periferia que la Universidad no puede invertir sus recursos en un asunto que es competencia de las personerías y las veedurías. 

La financiación era el problema

Fue así como la AngloGold Ashanti, cuya presencia en Jericó ha sido problemática desde que llegó (hace más de diez años), y que además ha sido denunciada por cometer atropellos contra campesinos, entró a participar en el proyecto.

La Universidad decidió comunicarse con dicha empresa en busca de financiación. “Al recibir la propuesta de formación nosotros dijimos “esto está bien”, pero eso no puede ser financiado por la Universidad, y comprendemos que los entes como personerías o veedurías no tienen recursos. Además, esto necesita juntar un grupo de gente importante. Por eso decidimos convocar a la empresa para que en términos de responsabilidad social financiara el tema”, cuenta el profesor Escobar.

Luego de realizar las respectivas gestiones legales, AngloGold aceptó, y el contrato se firmó. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por parte de la comunidad jericoana, ni por los movimientos de la región. Organizaciones campesinas, indígenas y ambientales se mostraron en desacuerdo con que fuera la empresa la que financiara el diplomado. 

“Rechazamos la decisión de firmar ese contrato con una empresa que está ilegítimamente en el municipio. No podemos permitir que la universidad pública, financiada en parte con los recursos de los habitantes de Jericó, se preste para actividades con una empresa que está en contra de los intereses de la población”, expresa Fernando Jaramillo, presidente de la Mesa Ambiental del municipio.

Frente a tales reacciones, el profesor Escobar defiende las buenas pretensiones de la Universidad: “con este diplomado ni se promueve ni se rechaza la minería; nosotros vamos a dar instrumentos para el proceso de control ciudadano ante cualquier proyecto de desarrollo”, y afirma que antes de consolidar el convenio se establecieron tres salvedades frente al diplomado. La primera, que este fuese abierto para todo el que quisiera participar; la segunda, que los contenidos fuesen propuestos únicamente y de manera autónoma por la Universidad; y finalmente, que los resultados del mismo no tuviesen que ser revisados ni aceptados por la empresa minera.

Sin embargo, a pesar de estas exigencias y de la justificación de la Universidad frente a su autonomía, el diplomado fue cancelado por la misma institución a petición del alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez.

La actividad académica estaba programada para comenzar a mediados de enero del presente año, pero no alcanzó a iniciarse el desarrollo de ninguna de las temáticas, dentro de las que se encontraban componentes que preocupaban a los ambientalistas por el enfoque que podrían tener, como en el caso del módulo 4 titulado “Ambiente y desarrollo. ¿Conceptos irreconciliables?”. Este currículo, según Fernando Jaramillo, no respondía “de ninguna manera a las necesidades de los líderes”, además que con él se defendía una idea de progreso “que no es más que su propio beneficio y la destrucción de nuestro municipio”.

AngloGold Ashanti: una empresa cuestionable

La principal preocupación de las organizaciones radica en que si la empresa financiara el diplomado, lo usara en beneficio propio, para publicitarse y ganar puntos ahora que tiene un camino difícil por recorrer en Jericó, esto después de que el Concejo municipal prohibiera por segunda vez la minería; por ende la empresa debe buscar salidas para poder explotar un millonario proyecto minero para el que ha realizado exploración desde hace una década en el municipio.

En un comunicado expedido por el Cinturón Occidental Ambiental (COA) se advierte el peligro de que con este proyecto académico se posibilitara “la consolidación de una línea de base para disfrazar, con una falsa legitimidad, el proyecto minero Quebradona”, que ha ocasionado atropellos de la Fuerza Pública y de la empresa contra los campesinos del municipio. Este proyecto minero cuenta con una inversión de 65 millones de dólares (según el portal oficial de la empresa), y pretende extraer, según el COA, “3.95 Mt de cobre, 6.13Moz de oro, 85.2 Moz de plata y 70Kt de molibdeno”.

El COA señaló además que la Universidad estaría pactando con una empresa “conocida en el mundo por financiar grupos paramilitares, como en el caso denunciado por Human Rigths Watch en la República Democrática del Congo”, y que además tiene en su contra “delicadas acusaciones sobre su relación con el asesinato de líderes sociales en el país”.

La UdeA ya ha contratado con AngloGold

La Universidad de Antioquia ha trabajado dentro del proyecto minero “Quebradona” impulsado en el territorio. AngloGold le solicitó a la Universidad que hiciera una revisión del modelo hidrogeológico, es decir, una revisión del informe que debe elaborar la empresa sobre cómo se transformará el flujo del agua en el subsuelo con la actividad minera que está realizando. “Consiste en hacerle la revisión, una especie de peritaje al modelo para ver si está bien elaborado”, confirmó el profesor John Fernando Escobar.

Pero el diplomado y la revisión de modelo hidrogeológico no son, al parecer, los únicos contratos que ha firmado la Universidad con la empresa minera. La institución universitaria habría contribuido, además, en la formulación de la línea base del proyecto, que según el profesor, consiste en “estudiar todo lo que tiene el territorio, es parte de los procesos de licenciamiento. Yo llego a un territorio y casi que tengo que tener una base de datos que me diga: había cien mil árboles, había tantas hectáreas en cultivo, había tantas personas, el nivel de empleo, los ingresos, el pib”.  

El profesor expresó que otras Facultades e Institutos de la Universidad participaron en la construcción de la línea base, necesaria para que AngloGold pueda explotar el territorio. “Tengo entendido que otros Institutos y Unidades de la Universidad ya han participado en el levantamiento de esa línea base. Un instituto le hizo una labor de campo a AngloGold”, afirmó.

Contexto: en Jericó y el Suroeste antioqueño no quieren la minería

El historial de Anglo Gold Ashanti en la región es negativo, especialmente por su presencia en el municipio de Jericó, donde lleva varios años realizando labores de exploración en el proyecto Quebradona. 

En el 2017 las comunidades de Jericó salieron en protesta por la realización de cientos de perforaciones, y por la instalación de unas plataformas de la empresa minera. En mayo del 2018 comunidades de Jericó marcharon en contra de esta empresa, encabezadas por organizaciones indígenas y campesinas, pero las movilizaciones se vieron empañadas por denuncias de amenazas, agresiones, e intimidaciones que cometieron miembros del Ejército Nacional, la Policía y el Esmad durante la movilización.   

Pero Jericó no es el único municipio de la región que está en contra de la minería. En noviembre de 2018 el Concejo del municipio de Ciudad Bolívar prohibió la minería de metales e hidrocarburos en su territorio. Con este ya son 13 los municipios del Suroeste antioqueño que le han cerrado las puertas al extractivismo: Betulia, Titiribí, Támesis, Urrao, Jardín, Concordia, Pueblorrico, Salgar, Tarso, Fredonia, Valparaíso, y Jericó.   

Para ninguno de estos municipios fue fácil llegar a esta determinación, tanto por la presión que ejercen las grandes empresas, como por la guerra jurídica que deben enfrentar, principalmente contra la Gobernación de Antioquia, que contrariando las decisiones autónomas de las comunidades y de las instituciones locales, ha demandado varios de los acuerdos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Como resultado de dichas demandas, el Tribunal anuló, entre otros, el acuerdo del municipio de Urrao. Pero el Consejo de Estado les dio la razón a los concejales de Urrao, y declaró, en una sentencia histórica que entró en pugna con lo dicho por la Corte Constitucional, que los municipios sí pueden prohibir la minería. 

Este año las movilizaciones en la región del Suroeste han continuado, y puntualmente en Jericó, donde el 15 de enero campesinos del corregimiento de Palocabildo presenciaron actividades de exploración minera en una de las plataformas de perforación del proyecto Quebradona, y denunciaron que, por Acuerdo municipal, estas actividades están prohibidas, por lo que la empresa estaría ejerciendo la minería ilegal. Las actividades de la empresa continuaron, y el pasado 24 de enero los campesinos de este corregimiento se tomaron la plataforma minera de la AngloGold Ashanti, localizada en la finca La Mancha, exigiendo al alcalde del municipio hacer cumplir dicho Acuerdo municipal, por medio del cual se prohíbe toda minería de metales en este municipio. 

Wednesday, 08 August 2018 00:00

Una decisión sin precedentes

El 24 de julio se produjo una actuación judicial sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de justicia ordinaria del país, llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Si bien este hecho es producto de un proceso por manipulación de testigos que tiene el expresidente encima, la verdad es que su origen se encuentra en un debate que le hizo el congresista Iván Cepeda para esclarecer su responsabilidad, participación, y connivencia con grupos paramilitares. Cepeda había conversado con varios exparamilitares que trabajaron para la familia Uribe Vélez, y que han revelado hechos muy delicados que lo involucran.

El principal testigo contra Uribe es Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, el administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia de Uribe. En los noventa, luego de un conflicto que hubo con la guerrilla en esta finca, Santiago Uribe ordenó, según Monsalve, regresar a sus trabajadores para recuperar un ganado robado, lo que desencadenó en una masacre, la masacre de San Roque. Como si eso fuera poco, Monsalve ha expresado en distintas ocasiones que Álvaro Uribe es “el fundador del Bloque Metro”, junto con su hermano Santiago (actualmente juzgado por su participación en el también grupo paramilitar los Doce Apóstoles), Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, y Santiago Gallón Henao.

Monsalve ha sufrido varios intentos de asesinato –una vez atacado en la cárcel a cuchillo, y otra vez encontró veneno en su celda– y su esposa está fuera del país por amenazas a su vida.

Cronología

2011: El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, visita y entrevista a Pablo Hernán Sierra y a Juan Guillermo Monsalve, dos exparamilitares que relacionaron a Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares, más exactamente con el Bloque Metro. Este bloque, según los exparamilitares, fue creado por Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de Antioquia.

2014: Iván Cepeda realiza un debate de control político en el Congreso por la responsabilidad del senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Antioquia.

A raíz de esto, Álvaro Uribe interpone una denuncia en la Corte Suprema contra Iván Cepeda. Le endilga los delitos de fraude procesal, calumnia, y abuso de la función pública. Uribe y sus abogados dicen que Cepeda, supuestamente, le prometió beneficios jurídicos, económicos, y hasta sacar del país a estos y otros paramilitares, con la condición de que relacionaran a Uribe con el paramilitarismo.

16 de febrero de 2018: La Corte, después de tres años y dos meses de investigación, y a través de un documento de 218 páginas, toma una decisión que le da una vuelta al proceso. Decide no investigar a Cepeda y, por el contrario, empezar un proceso contra Uribe. Para el Tribunal, Cepeda no se excedió en sus funciones, mucho menos sobornó o manipuló testigos. Además, descubre en su investigación que es realmente alrededor de Uribe que se creó una red para cometer los delitos por los que este denunció a Iván Cepeda. Quien denunció la manipulación de testigos, resultó ser el verdadero manipulador.

22 de febrero: Un día después de esta relevante decisión, llegaron a la Corte anónimos y mensajes que advirtieron a los magistrados lo que confirmó Reynaldo Villalba –abogado de Iván Cepeda–, el

22 de febrero: al exparamilitar Monsalve y a su familia los buscaban para que este se retractara y Uribe pudiera, a través de un recurso legal, revertir la decisión de la Corte.

24 de julio: La Corte Suprema llama a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez. Fueron cinco meses de una silenciosa investigación, con interceptaciones telefónicas, análisis de audios, fotos, y con la participación activa de Monsalve, quien grabó con un reloj especial el momento en que Diego Cadena (abogado de narcotraficantes y de Uribe) le pide que firme un documento retractándose de sus declaraciones contra Uribe.


La persona con más investigaciones

Según la Misión de Observación Electoral, la persona con más investigaciones en la Comisión de Acusación del Congreso es Álvaro Uribe, con 276. Además de ellas, en la Corte Suprema tiene 28 procesos, entre los que destaca uno sobre falsos positivos, uno sobre el sabotaje informático al proceso de paz, y otros más por disputas que terminan en procesos por injuria y calumnia. Entre todas estas investigaciones resaltan varias por su gravedad, en especial las relacionadas con las masacres, que han perseguido al expresidente en varias ocasiones.

Hace unos años el Tribunal de Justicia y Paz pidió investigarlo por la presunta participación de su gobernación en la masacre de El Aro, en 1996, luego de que se dijera que esta tenía suficiente información sobre los acontecimientos y que el helicóptero oficial había sobrevolado la zona “durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según informó (…) Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”. Este mismo año, de nuevo, se sumó una nueva compulsa de copias en su contra por este mismo hecho: el Tribunal Superior de Medellín pidió que se le investigara, argumentando que existen elementos de juicio que comprometen directamente la “responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez”.

Wednesday, 08 August 2018 00:00

“La vuelta está cuadrada”

Retrato del actuar de la Policía en la Comuna 13

 

El miércoles cuatro de julio un joven fue asesinado en la Comuna 13, al parecer, por miembros de la Policía. La muerte del muchacho, llamado Arley Steven Zuluaga, no se dio en medio de uno de los enfrentamientos entre bandas que ocurren en la Comuna, sino que hace parte de un conjunto de irregularidades que involucran directamente a la Policía del sector.

“Casi que no matamos ese delincuente”
Iban siendo las dos de la tarde cuando Arley Zuluaga, padre del joven, recibió la noticia. A su hijo, Arley Steven Zuluaga, un barbero de 23 años que trataba de terminar sus estudios secundarios, lo habían asesinado. Cuando llegó al lugar –en la vereda Corazón-El Morro, en el corregimiento de Altavista, cerca de Belencito–, a reconocer el cuerpo, fue recibido por un grupo de policías que señalaron a su hijo. “Casi que no matamos ese delincuente”, dijo uno, que no solo tachaba a su hijo de delincuente, sino que admitía haberlo matado. Arley no ocultó la rabia que sintió en aquel momento: “al que mataron es al hijo mío, a mí me duele lo que están diciendo, eso demuestra una complicidad en el hecho”.

James Zuluaga, reconocido líder de derechos humanos de la Comuna 13, hermano de Arley y tío de Steven, tampoco ocultó su molestia con los comentarios. James, que había llegado con Arley al lugar, le preguntó al policía que si de verdad era un delincuente por qué no lo había capturado. Un sargento que estaba presente intervino al ver que los ánimos estaban exaltados, y que varios de los policías se sentían culpados por el asesinato de Steven. “Nos están metiendo a nosotros”, decían. Y justo cuando el policía que hizo el comentario se retiraba de la zona, un amigo de Steven intervino diciendo que la semana anterior ese policía los había individualizado y los había amenazado, diciendo que los iba a matar y que él mismo les iba a hacer el levantamiento.

¿Todo empezó con un juego?
Antes del asesinato, Steven ya había tenido problemas con la Policía del sector, que no solo lo perseguía, sino que lo llegó a agredir en varias ocasiones. Para el padre de Steven, la persecución de los oficiales hacia su hijo tiene origen en un juego callejero. Steven vivía con su abuela materna cerca de la vivienda de un cabo de la Policía del sector, y un día un hijo de este, que jugaba en la calle con un balón, golpeó las rejas de la casa de Steven, y la abuela de este salió y lo regañó, a lo que el muchacho, hijo del policía, respondió insultándola.

“El muchacho la trató mal, y a esa señora la estiman mucho porque ha sido muy servicial. A los días, lo cogieron saliendo del colegio, lo golpearon, y le dijeron que respetara a la gente. Luego dijeron que el hijo mío le había mandado a pegar”, cuenta Arley. Lo malo vino unos días después. Steven llegaba a su casa de madrugada después de una fiesta, y lo cogieron varios hombres por detrás, lo derribaron y lo golpearon. “Eran policías que estaban de turno mandados por el cabo Montero. Lo dejaron como un monstruo, le dañaron toda la cara”, cuenta.

Así empezó la persecución hacia Steven. Varias veces lo retuvieron y le quitaron sus documentos sin motivo. El último problema que tuvo con la Policía fue un par de semanas antes de su asesinato, el día que un uniformado lo amenazó de muerte. El cabo que vivía cerca de la casa de Steven fue trasladado y al lugar llegó a vivir otro oficial, “un agente Morales”, precisa Arley. Este “agente” lo retuvo, le quitó los documentos, y le reclamó por un dinero que llevaba, por lo que salió la abuela y le explicó al oficial que el dinero se lo había dado ella, y que era producto de unos arriendos. Pero el oficial, molesto con Steven, lo golpeó, lo insultó, y profirió contra él la amenaza que recordó su amigo el día del asesinato: “Le dijo que él se iba a morir y que ocho días le ponía como máximo”.

“Quédese ahí que la vuelta está cuadrada”
En la comunidad han circulado varios rumores que involucran tanto a los oficiales de la Policía como a los soldados del Ejército que trabajan en la zona. Uno de los testimonios que llegó a oídos de la familia de Steven asegura que a pesar de que el asesinato fue cerca de la base del Ejército que hay en el barrio, de esta no salió nadie cuando se escucharon los disparos. “Incluso alguien me comentó que cuando sonaron los tiros, un soldado iba a salir, pero un compañero le dijo: no, no, quédese ahí que la vuelta está cuadrada. Eso escuchó alguien de la comunidad que pasó por ahí, pero la gente no declara porque le da miedo”.

Ahora, tanto Arley como James están llevando a cabo todo el proceso para realizar las denuncias y procedimientos legales con los que buscarán justicia por la muerte de Steven. “Espero que los policías y soldados que estuvieron involucrados sean destituidos de su cargo mientras se hace la investigación. Que se esclarezcan los hechos y sean castigados los culpables”.

No es un hecho aislado
El asesinato de Steven ocurrió un día después de que oficiales de la Policía y miembros de una banda del sector patrullaron juntos zonas de la Comuna 13, amenazando ciudadanos, ingresando a viviendas sin órdenes legales, y sacando jóvenes de sus casas, como sucedió en el 2002 en la Operación Orión. Al día siguiente, por la presión de los periodistas y de la ciudadanía que pedía explicaciones, se realizó una rueda de prensa en la que el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, “explicó” que se estaban realizando operativos en la zona, que había aumentado el pie de fuerza, y que “estaban trabajando de la mano de la comunidad”, lo que contrasta con los testimonios de los ciudadanos que aseguraron –incluso en la misma rueda de prensa–, que desconfían del actuar de los uniformados y que no es la primera vez que pasa algo así.
La Comuna está viviendo una guerra entre bandas –como La Agonía, La Torre, El Coco y Betania–, que explica el alza en un 100% de los homicidios, en comparación con el mismo periodo del año anterior: pasaron de 23 a 46.

Entre las principales denuncias que hacen los líderes de la Comuna está que en ocasiones los policías retienen a los jóvenes, les quitan sus documentos, y los llaman desde el CAI pidiendo entre cien mil y doscientos mil pesos por devolverlos. Otras veces, según el líder James Zuluaga, los oficiales detienen a los jóvenes que van en moto y les piden dinero, si no tienen llaman al Tránsito para inmovilizar las motos, o golpean a los muchachos y les quitan los documentos.

Otra denuncia, más grave que las anteriores, es que ha pasado que los oficiales cogen a los muchachos y los llevan en sus motos o en las camionetas oficiales a otros sectores para que “los que mandan” los identifiquen. “Cogen un pelao de este sector, se lo llevan y lo pasean donde está la otra banda enemiga. Los enemigos están ahí porque ya tienen todo cuadrado. Los llevan en la moto o los montan atrás en las camionetas. Los bandidos están por ahí pilas viendo cuándo bajan a alguien, para mirarles la cara y después asesinarlo”, afirma un habitante de la Comuna.

“Son los uniformados que por lo general llevan aquí de cinco a diez años. También conocemos casos concretos de policías que viven aquí mismo en la zona, y la esposa termina siendo hermana o prima de uno de los duros del combo, lo que se presta para esas connivencias”, complementa James.

Friday, 01 June 2018 00:00

El Bajo Cauca, entre el fuego cruzado

Un capítulo de violencia está viviendo nuevamente, desde hace algunos meses, el Bajo Cauca, subregión de Antioquia históricamente ocupada por grupos paramilitares. Los grupos en disputa no son pocos, y tienen como escenario de confrontación un corredor que empieza en los municipios de Ituango y Valdivia (último municipio del Norte antes de comenzar el Bajo Cauca), atraviesa Tarazá, Cáceres, y Caucasia, y llega hasta San José de Uré, municipio de Córdoba que limita con estos. A raíz de las confrontaciones armadas en estos municipios, 732 familias (2.192 personas) han sido desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son los grupos armados que actúan en esta región? En Tarazá y en Cáceres hay presencia de la Compañía Móvil Héroes y Mártires de Tarazá y del Frente de Guerra Compañero Tomás, del ELN. En los límites entre Tarazá e Ituango está la disidencia del Frente 36 de las FARC-EP. Sin embargo, los dos actores que encendieron la violencia en la región fueron el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, los llamados caparrapos, un reducto paramilitar que viene desde la desmovilización de las autodefensas del Bajo Cauca, y el grupo que tiene mayor dominio en la zona, el mismo que se ha convertido en el centro de la persecución criminal del Estado colombiano: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Los caparrapos estaban subordinados a las AGC, pero el año pasado se sublevaron y decidieron enfrentarlas.

Las AGC se adueñaron de la región
Según el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, Nodo Antioquia, las AGC tienen presencia en 22 departamentos del país, y están en 97 municipios de Antioquia.

Su incursión en esta región empezó en el 2008, año en que tuvo que enfrentarse –según un informe de la Fundación Ideas para la Paz– “a dos estructuras herederas de las AUC, particularmente a 'Los Paisas', una extensión rural de la llamada 'Oficina de Envigado' conformada por antiguos miembros del Bloque Mineros, y a una facción de 'Los Rastrojos', integrada por ex paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB)”. Esta primera confrontación ocasionó el retiro de “Los Rastrojos”, y el fortalecimiento en la región de las AGC.

Hubo un tiempo de relativa calma, signada por el empoderamiento de las AGC y por la salida de las FARC-EP de algunos terrenos circundantes al Bajo Cauca. Pero al finalizar el 2017 dicha calma se rompió, primero, por confrontaciones internas de las AGC, y segundo, por la incursión de otros grupos que querían hacerse al control de las rentas ilícitas. Estos grupos, según Oscar Yesid Zapata, representante en Antioquia de la CCEEU, no son solo locales. Para él hay una relación entre las confrontaciones en la región y los carteles internacionales de la droga. “Por informaciones que hemos recibido sabemos que eso también debe estar relacionado con carteles mexicanos de la droga, que pueden estar apadrinando a uno de estos dos grupos. Eso puede estar generando una explosión criminal en Bajo Cauca”, explica. Dice además que estas rentas ilícitas son de los cultivos de coca, la minería, el tránsito de sustancias de uso ilícito, y la extorsión.

Pero de estas, la principal economía ilícita por explorar es la producción de la coca. Por eso, cuando se vio reducida en el 2017 por los planes de sustitución del Gobierno, las confrontaciones y el control sobre la población se intensificaron. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, “el principal objeto de disputa de las estructuras asociadas a las AGC, está centrada en las necesidades de control de la cadena del narcotráfico”. Agrega que son precisamente “los territorios del cultivo de coca vinculados al PNIS –Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–, el escenario principal de riesgo de las comunidades rurales en los municipios de Tarazá y Cáceres”.

El centro de la confrontación
En los corregimientos y en la zona urbana de Cáceres y Tarazá, fue donde inició la confrontación. Tarazá, por ejemplo, fue noticia los primeros dos meses del año, luego de que se conociera que hubo 26 asesinatos, cuando en el mismo periodo del año pasado solo hubo seis. Se trata de un incremento del 383%. Además de eso, en cuatro eventos de desplazamiento se produjeron cerca de 1600 víctimas, como muestra de lo que la Defensoría llama “una clara estrategia de vaciamiento del territorio”.

En este pueblo, además de los desplazamientos, hay serias restricciones a la movilidad, pues según registra la Defensoría, los residentes no pueden movilizarse hacia algunos lugares aledaños. También ha habido toque de queda: “Desde marzo de 2018 circula un panfleto firmado por el Bloque Virgilio Peralta Arenas, en el que se restringe la movilidad a partir de las 7:00 p.m. en los sectores en los que tiene injerencia”. Además, se han visto afectadas las dinámicas económicas de estos municipios, donde en dos ocasiones varios grupos de mineros han sido expulsados de sus lugares de trabajo por miembros de las AGC y los caparrapos.

No es distinto el panorama en Cáceres. Según un comunicado de Derechos Humanos sobre la situación de seguridad en este municipio durante los primeros meses del año, en la población hay temor a causa de los enfrentamientos y por el límite en el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, por lo que los sitios públicos y establecimientos comerciales permanecen vacíos, afectando las actividades económicas.

Poder político y grupos ilegales
Según Oscar Yesid, “ha existido en el correr de este tiempo una serie de nexos entre las AGC y las autoridades locales. Todavía hay una connivencia que les facilita accionar en este territorio. El problema está dentro del mismo Estado”. No son pocos los casos que sustentan esta idea. En enero fue capturado el alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, por nexos con las AGC. Según la Fiscalía, Berrío llegó en las elecciones del 2014 al cargo gracias a una alianza con este grupo.

En febrero, el capturado fue Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá, a quien la Fiscalía señala de dar información a “polocho”, un cabecilla del Frente Julio César Vargas, para que este supiera cuándo habría operativos en su contra. Alias “polocho” fue abatido por la policía ese mismo mes y ejercía su control en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá. Además de ellos dos, ya habían sido capturados desde el año pasado el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira, el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya, y una enfermera del hospital.

Lo más grave es que al parecer vienen más capturas en camino, precisamente en Cáceres, Tarazá y Caucasia. Esto cuenta Leiderman Ortiz, periodista de Caucasia que ha denunciado a los dirigentes políticos por sus nexos con los grupos criminales: “A la alcaldesa de Tarazá están que la capturan. Al de Caucasia están que lo capturan por concierto para delinquir, por nexos que tiene con grupos armados, y por corrupción. Eso ya está que revienta”.

El Bajo Cauca, históricamente fortín paramilitar, está volviendo a vivir las manifestaciones de violencia que vivió a finales de los noventa y principios de la década pasada. Según Leiderman, a la zona, que está intervenida militarmente desde hace unos meses, va a llegar una nueva intervención grande, de inteligencia, contrainteligencia, ejército”. Por esto, una compleja situación de derechos humanos, y el riesgo de desplazamiento para las comunidades, siguen latentes. A esto se suma la reciente tragedia a causa de las fallas del proyecto Hidroituango, en donde resultaron afectadas las comunidades de estos mismos municipios.

Tuesday, 08 May 2018 00:00

Cuando lo perdimos todo

La primera vez que Lucía vivió la guerra fue el 22 de octubre de 1997. Ese día los paramilitares se tomaron el Corregimiento de El Aro, en Ituango Antioquia. Ella estaba embarazada de una niña, vivía con su esposo y con un hijo de siete años. “Nosotros nos habíamos escondido en el monte, teníamos un mero hijo, la niña venía en camino. Los que pasaron haciendo estragos nunca nos vieron. Pero cuando los paramilitares se fueron, la guerrilla dijo que nosotros éramos amigos de ellos, entonces nos quitaron la finca que teníamos”.

De esta manera empezaría el triste historial de despojo y desplazamiento que sufriría esta mujer, cuya vocación de líder la llevó a enfrentarse, directamente, a los poderes políticos y a los grupos armados.

“Guerrilleros”
En Valdivia, el pueblo de su corazón, al que llegó luego de ser desplazada de Ituango, y donde vio crecer a sus tres hijos, emprendió unas luchas con las que tocaría los intereses criminales de la zona. La principal tenía que ver con la transformación del sustento de ella y de su comunidad: la erradicación de los cultivos ilícitos. “Vi que por los cultivos ilícitos había hogares sin papás. Hogares sin hijos. Todo el flagelo que se vivía allá era debido a los cultivos ilícitos”.

Como había tantas veredas con coca en su pueblo, ella, y otros líderes del municipio, crearon un comité cocalero. Este comité sirvió para formar unas mesas de discusión con el Gobierno Departamental y con las Fuerzas Armadas, en busca de un acuerdo para sustituir los cultivos, pero este acuerdo, que para muchos se visualizaba como un plan piloto que se extendería en toda la región, se vio truncado por la indelicadeza de una funcionaria.

“Ahí estuvimos todos los líderes campesinos para pedir cultivos que realmente estuvieran acordes con el clima de la región. Íbamos a erradicar todo lo que había en el municipio de Valdivia. El Gobierno nos iba a dar un cultivo alternativo y una mensualidad para que subsistiéramos cultivando. Era el mejor comienzo, y eso se iba a ampliar para todo el Bajo Cauca. Pero la secretaria de gobierno de Antioquia, lamentablemente, dio unas declaraciones a la prensa, donde dijo que se había reunido con líderes “guerrilleros” de Valdivia. Entonces ya ninguno quiso volver a las mesas de negociación y ahí se dañó todo”.

A pesar de esto, en Valdivia, y específicamente en la vereda en la que Lucía ya era presidenta de la Junta de Acción Comunal, se decidió continuar con el proceso de sustitución, así no se contara con el apoyo del Gobierno Departamental. Posteriormente, se acogieron a los planes nacionales de sustitución y Lucía tomó la iniciativa erradicando su cultivo de coca que ya tenía tres años y estaba floreciendo, e impulsó la siembra del que sería el símbolo de su lucha: el cacao.

Pero el apoyo del Gobierno no fue ni tan efectivo ni tan amplio como se prometió, incluso se prestó para los intereses privados de algunas entidades intermediarias en el proceso, tal como pasó con Fedecacao, entidad que debía prestar acompañamiento a Lucía y su comunidad. “Siempre ponen un tercer y cuarto intermediario, y esa plata que nos envían a nosotros se queda ahí. ¿Sabe qué pasó con Fedecacao? Erradicamos, y supuestamente teníamos derecho a alimentación y a todo, mientras esos cultivos estaban produciendo. Pero solo nos dieron herramienta. ¿Nosotros de qué íbamos a vivir? Hoy por hoy me entero de que el Gobierno sí le daba a uno la comida, pero Fedecacao se quedaba con esa plata”.

Alcaldes
Lucía participó en la creación de un comité de veeduría, para supervisar el gasto de los dineros públicos en su municipio, especialmente los provenientes de Hidroituango. Desde allí se enfrentó con el alcalde de ese entonces, Francisco Javier Cárdenas, y con el exalcalde, amigo y compañero político de este, Mauricio Gómez. Dos dirigentes políticos que desde entidades distintas, y turnándose en el poder, se apoyaban mutuamente.

“El alcalde era Francisco Javier Cárdenas, que hizo todo lo malo que hacen los alcaldes. Fui su peor enemiga, por mí tenía 27 denuncias en Procuraduría. Pero en Procuraduría nunca lo investigaron, porque allí estaba Mauricio Gómez, el antiguo alcalde, que era su amigo. Se perdió gran cantidad de plata que nunca llegó al campesinado. Uno como líder investiga, se mete en los rincones donde nadie se mete. Nuestro primer descubrimiento fue que quien creó el modelo para la campaña de Francisco había sido Mauricio, y desde ahí empezó la relación”.

“Lo que le dije al policía, me lo dijeron “ellos” a mí”
En una ocasión, un sábado en la noche, a las 2 a.m., mientras Lucía se encontraba dormida, hubo un tiroteo justo a dos casas de ella, en un negocio. Habían asesinado a un hombre propinándole 16 disparos. Como la situación en el pueblo estaba tan delicada, los inspectores habían delegado a los presidentes de las juntas la tarea de firmar las actas de levantamiento de cuerpos. Entonces esa noche unos oficiales tocaron a la puerta de Lucía. “Necesito que esté presente en el levantamiento del cadáver y que me firme el acta de levantamiento”, le dijo uno de ellos.

Ella supervisó el levantamiento del cuerpo y fue hasta la inspección a firmar el acta. Allí tuvo una conversación con el segundo oficial al mando en el municipio. Conversación que, como se sabría luego, sería el inicio de su martirio. Lucía había sido nombrada líder de la juventud en su municipio, y tenía entre sus planes desarrollar proyectos para sacar a los jóvenes de la drogadicción. El oficial la cuestionó por dichos proyectos. Lucía le dijo que, en su concepto, había que ayudarlos a que dejaran las drogas, y que ello requería de educación, de programas deportivos, de acompañamiento. Le dijo que ella implementaría todo eso en su municipio. Lo curioso es que esta respuesta no solo quedaría en los oídos del oficial.

“Cuando me desplazaron me enteré de que esa gente (las autodefensas) sabía puntualmente lo que yo le había dicho al policía, y eso solo lo sabía él. ¡Y como ellos manejan casas de vicio en el Bajo Cauca…! Yo estaba en contra de lo que ellos sobrevivían. Como yo iba a hacer eso, los jóvenes no iban a ir a comprar esas drogas. Yo los iba a educar. Entonces tal cual las palabras como se las dije al oficial, me las dijeron ellos a mí…”.


En un segundo momento, ese mismo día, en esa misma conversación, el oficial le preguntó a Lucía que si sabía quién había matado al muchacho. “Yo le dije: no sé, como en esta zona hay tantos grupos al margen de la ley, no sé quién pudo haber sido. Le dije las palabras correctas. Pero las palabras que él les dijo (a las autodefensas) era que yo había dicho: “ustedes saben quiénes manejan la zona, las autodefensas fueron las que lo mataron”. Viendo que yo ni sabía, solo fui a firmar un acta de levantamiento”.

***

Solo unas semanas después Lucía fue visitada en dos ocasiones por los paramilitares. La primera vez se encontraba en el negocio donde habían matado al muchacho en esa ocasión. Un grupo de hombres fue hasta allí y preguntó por el hijo de la dueña del negocio, que si estaba, pero fue negado por Lucía por temor a que le hicieran algo. “Yo dije: no, no tengo conocimiento de quién me hablan. Y apenas se fueron le dije al muchacho: vea, esa gente lo está buscando. El muchacho me respondió: “Que me busquen. Casualmente a ellos los están esperando para hacerles un atentado”.

Lo malo fue que alguien le dijo a los paramilitares que habían estado allí que Lucía sabía que les iban a hacer un atentado. Por eso la buscaron y le reclamaron, pero ella no dudó en responder: “Yo trabajo con la comunidad, soy líder comunitaria. No trabajo con ningún grupo. No tenía por qué contarles todo chisme que me cogiera en la calle”.

El último encuentro directo con estos paramilitares lo vivió en su propia casa, un día que estos fueron a pedirle las listas de los cultivadores cocaleros de su vereda, pero ella se negó. “Ese grupo vino a mi casa a exigirme a mí que le entregara todos los nombres de las personas de mi vereda que cultivaban. Porque esas personas no les vendían a ellos. Y yo nunca les quise entregar ese listado, esa fue otra de las cosas...”.


“Avísele a su hermana”
Un hermano de Lucía, que tenía un negocio en un corregimiento cercano, pero que vivía en Medellín, recibió una llamada que la alertó de una amenaza de muerte contra su hermana: “Avísele a su hermana que la van a matar para que se vaya. Llévesela antes de que la maten”. Su hermano viajó hasta donde ella, y le dijo las palabras que más la marcarían desde que su desplazamiento comenzó: “Lucía, hay un problema con usted. A usted la van a matar. Se va a tener que ir”.

De esta manera relata ella lo que sucedió después. “Estaba fría. No sentía las manos, no sentía nada. Me fui para mi casa y me estiré en la cama. Me quedé tres días en esa casa. No me daba hambre, no me daba sueño. Estirada en esa cama con las cortinas bajadas y las puertas cerradas. No podía salir porque cuando dijeron que me iban a matar, llegaron dos hombres y se hicieron pasar por guerrilleros de las FARC, pero un sobrino mío que estaba en el negocio les tomó una foto, y eran de ellos mismos (las autodefensas). Solo que ellos querían matarme y hacerse pasar por otro grupo para que no los culparan a ellos”.

“Yo ya no era yo, era como si me hubiera muerto. Ya no sentía nada. Con el cuerpo entumecido. Mi hermano hacía comida para todos. Pero no prendíamos la luz y hablábamos pasitico. No podíamos salir. ¿Cómo me iba a volar de ahí?”.

Después de este confinamiento de tres días que vivió Lucía con su familia, los hombres que habían merodeado la casa bajaron la guardia, situación que aprovechó con su familia para huir. El hermano había cuadrado su salida en un carro, con la ayuda de una joven de una organización social que dispuso el auto, los ayudó a salir y a quedarse en una casa a las afueras del pueblo un día y una noche, antes de viajar hasta Medellín, en donde comenzó su vida como desplazada.

“Ojalá a ustedes les tocara”
Una vez desplazados las amenazas siguieron. Al hermano lo llamaron al celular y le dijeron que ella no podía contarle a nadie que la habían desplazado porque le mataban el resto de la familia. Y a ella, por Facebook, la contactó un comandante paramilitar para intimidarla. “Estando acá, que cambié mis redes sociales, me apareció un comandante de esa gente persiguiéndome en el Facebook. Dizque ya sabemos dónde estás. Yo lo bloqué y lo cambié, pero me apareció en el otro con otro nombre”.

En Medellín ha vivido el maltrato de la comunidad que la recibió. Empezando por los policías del barrio en el que alquiló una pieza para vivir con sus hijos, que estigmatizaron a la familia, especialmente a su hijo mayor. “Cuando llegamos al barrio, como se supo que veníamos de esa zona, la policía se lo llevaba en la camioneta, lo requisaba siempre. No podía salir a la calle. Usted viene de allá, usted es un paraco, le decían”.

Sus otros dos hijos también han sufrido por el desplazamiento, sobre todo psicológicamente. Su hija de 16 años, que tiene síndrome de Down, se ha vuelto más agresiva. Lucía cuenta la anécdota de un día, en una brigada de salud, en la que su hija se escondió debajo de una mesa y gritó que la iban a matar. Y su hijo menor, de 14 años, que había llegado antes del desplazamiento a tercer grado de primaria, tuvo que estar en tratamiento psicológico durante dos años porque, a raíz del trauma, olvidó todo lo aprendido y tuvo que volver a empezar desde preescolar.

Además de ello, ha vivido la incompetencia y el maltrato de los funcionarios de la Unidad de Víctimas, quienes le han retrasado las ayudas económicas, o se las han negado aun cuando ya las tiene autorizadas. En ocasiones, al ver con impotencia la mala atención y la indiferencia de los funcionarios con las víctimas, sobre todo desplazadas, les ha expresado su descontento. “Ojalá a ustedes les tocara que los desplazaran para que vieran lo duro que es”, les ha dicho.

No ha recibido la ayuda que, asegura ella, es la que más necesita con su familia, la ayuda psicológica. Desde que está en la ciudad solo ha recibido unas cobijas, dos mercados pequeños, y una ayuda económica. Por otro lado, ha tenido que ver a su hijo mayor, de 21 años, trabajar en construcción, mientras ella debe estar pendiente todo el tiempo de su hija.

Ahora Lucía es una de las 2.175 personas (781 familias), que han tenido que dejar sus hogares en el Norte y el Bajo Cauca antioqueño por la violencia paramilitar, desde finales del 2017 hasta abril de 2018. Una líder más que por su entrega a las comunidades, y por no temer a los poderes políticos ni a los actores armados, perdió todo lo que había construido y luchado desde su comunidad.

Tres entradas principales dividen el Hospital, cada una conduce a un servicio distinto: citas médicas y atención a madres gestantes, farmacia, y urgencias. En la primera entrada del Hospital Rosalpi, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia, como es usual en las entidades de salud del país, amanece una fila de pacientes. El objetivo es conseguir uno de los 18 fichos para citas médicas que reparten de lunes a jueves a las 6:00 a.m. La sala de espera es grande, y aun así no da abasto. El ruido de los dos televisores que hay en la sala se mezcla con el de las voces de los pacientes que conversan, los niños que intentan infructuosamente jugar en los pasillos, las recepcionistas que tramitan las diligencias de las personas, y los médicos y enfermeras que, afanados, tratan de atender a los pacientes.

Más aparte, en la farmacia, se forma otra fila conformada en su mayoría por adultos mayores que, uno a uno, van reclamando sus medicamentos. En la tercera puerta, la que conduce al servicio prioritario de urgencias, el ritmo es otro. Constantemente llegan y se van las ambulancias, así como entran y salen los pacientes. En la salita de espera del servicio de urgencias hay pocas personas. Una de ellas es Darli, una mujer de 30 años que espera para ser atendida mientras se queja por unos fuertes dolores que siente en el vientre. El primero en salir es Julián Camilo Pérez, un filósofo de la Universidad de Antioquia que trabaja como profesor de español, y que recurrió al servicio de urgencias por un fuerte dolor de oído.

“Yo tengo una otitis. La enfermedad la tengo desde el jueves, anoche me dio fiebre y se me hinchó bastante. El dolor es insoportable. Entonces llegué, me revisaron, me dijeron que no era grave. Me devolvieron y me dijeron que pidiera una cita prioritaria. Cuando estaba allá pasaron corrillos de gente quejándose porque hay pocos insumos. Además, hay muy poquitos médicos y muy poquitas enfermeras atendiendo”, cuenta Julián Camilo.

Lo que dice Julián es cierto. En el Rosalpi hacen falta insumos. Fuera de eso a los trabajadores les han venido incumpliendo con los pagos desde noviembre de 2017, y ahora acumulan tres meses sin sueldo. Esto ha motivado a los empleados del Hospital, que han decidido continuar sus deberes laborares con normalidad, a organizarse y a protestar contra la Administración del municipio de Bello.

¿Qué originó la problemática?
Jorge Iván Gil, un microbiólogo que ha trabajado más de 20 años en el Hospital y que fue nombrado como uno de sus representantes en la movilización, explica cómo fue que el establecimiento empezó a crear un déficit que hoy se calcula en 6000 millones de pesos: “La mayoría de los ingresos dependen de los pacientes de Savia Salud EPS, y ellos tienen unos pagos atrasados, nos deben más o menos 980 millones. Tenemos un problema también con Caprecóm que desapareció y nos quedó debiendo como 1500 millones de pesos”.

Ante esta situación se han vislumbrado varias salidas, pero todas dependen de la voluntad política de varias instituciones. En primer lugar, la entidad está intervenida fiscalmente, por lo que la Alcaldía, la Gobernación, y el Ministerio de Hacienda se comprometieron a hacer un salvamento fiscal de 6000 millones de pesos, repartidos en tres años: 2017, 2018 y 2019. Pero estos pagos no han comenzado. En segundo lugar, dada la importancia que tiene el Rosalpi para el municipio de Bello y la presión que ha ejercido la ciudadanía, la Alcaldía se comprometió, primero, a realizar un préstamo, previa autorización del Concejo municipal, para sanearlo fiscalmente, y segundo, a desembolsar 425 millones de pesos que le debe a este desde hace un año.

Pero ni lo uno ni lo otro. La Alcaldía incumplió sus compromisos. Según otro representante del Hospital, el odontólogo Pedro Cano, el desembolso de la deuda, que estaba pactado para antes del primer lunes de febrero, no se dio, y el préstamo ni siquiera ha empezado a tramitarse: “Hasta el momento no hemos visto ningún movimiento para hacer el desembolso. Y el alcalde no se ha dignado citar a los concejales a sesiones extras para aprobar el préstamo”, agrega Cano. El único avance, hasta el momento, ha sido recibir el sueldo correspondiente al mes de noviembre del año 2017, pero, de nuevo, se van a acumular tres meses sin sueldo, y no ha habido cómo pagarles a los proveedores.

***
Entre la sala de espera y los médicos de urgencias hay una gran puerta gris que cada que se abre acapara las miradas de todos. Detrás de ella hay un pasillo en cuyo final hay cuatro personas sentadas recibiendo oxígeno. Justo al lado está la entrada a la zona de las camillas y a los consultorios, donde atienden a quienes van por urgencias. Dos camillas están ocupadas; en una de ellas hay una mujer dormida con un catéter inyectado en sus brazos, y en la otra un hombre mayor que espera ser remitido a otra institución médica ya que requiere de la atención de un neurólogo y allí no lo hay.

En este lugar trabaja Maribel Duque, quien es la jefa de enfermeras del servicio de urgencias, y una de las afectadas por la crisis económica que atraviesa el Hospital. Maribel, que además de ser enfermera estudia derecho por las noches en la Universidad Santo Tomás, tuvo que endeudarse para poder continuar sus estudios, y ha visto cómo los servicios se han afectado desde que la crisis comenzó. “Existen dificultades desde la parte de compras, porque algunos proveedores ya no están despachando insumos ya que la cartera se ha incrementado bastante. Tuvimos unos días en que no teníamos todas las suturas, y todavía hay carencias de algunos medicamentos. Les toca a los médicos reemplazarlos por otros. Estamos funcionando a media marcha”, explica Maribel, quien además cuenta que, como en todo el Hospital, y a pesar de que no les han pagado y no tienen los suficientes insumos para atender a los pacientes, han continuado con la atención de la manera habitual. “Nosotros sabemos que es una atención prioritaria y no la podemos detener por nada”, agrega Maribel. De la misma manera opina Jorge Iván Gil: “La mayoría tenemos más de veinte años de trabajar en la empresa. ¿En estos momentos para dónde se va uno? La salud está mal en todas partes. Tenemos que cumplir con el trabajo, tenemos que venir a trabajar. Por eso estamos haciendo la movilización”.

El lunes 12 de febrero los empleados del Hospital Rosalpi realizaron nuevamente una marcha. Esta vez desde la estación Bello del Metro hasta la sede de la Alcaldía en el parque del municipio. Esta marcha es solo una de las tantas manifestaciones que han realizado, además de las asambleas generales que hacen semanalmente, las actividades con la comunidad, y la empapelada de una parte de la fachada del Hospital con carteles que invitan a la movilización. Todo con el fin de denunciar y protestar contra el olvido que la Administración municipal tiene con una entidad conocida por su servicio a los bellanitas. Como sentenció Julián Camilo Pérez, “esto es un problema estructural y de corrupción. No es solo del Hospital”.

 

Tumaco es el municipio con más cultivos de coca en el país. El número de hectáreas llega a las 20.000. En este territorio, habitado por alrededor de 5000 familias campesinas y por comunidades indígenas, persisten fuertes dinámicas de violencia. El pasado cinco de octubre fue un reflejo de ello. Este día, oficiales de la Policía Antinarcóticos asesinaron a siete campesinos e hirieron a alrededor de 20 en la vereda El Tandil.

La comunidad de El Tandil, de las veredas aledañas, e incluso de los resguardos indígenas, tienen como principal fuente de sustento el cultivo de la coca, y no cuentan ni con condiciones ni con garantías de vida óptimas. Como explica Diana Montilla, de la Asociación de Juntas Comunitarias de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje -Asominuma-, “las personas mestizas y los afro deben pagar alrededor de 500.000 pesos para poder tener energía de seis de la tarde a diez de la noche, y en los resguardos no hay plantas, no hay energía”. Los padres de familia deben gestionar los docentes para educar a sus hijos, y adicional a eso, solo hay un puesto de salud en una vereda llamada El Azúcar, que fue una donación de la Organización Médicos sin Fronteras hace diez años, pero que nunca se ha usado, no han llevado médicos ni enfermeras, y hoy está a punto de caerse.

Cuando una persona se enferma su mejor opción es acudir a San Lorenzo, en Ecuador, porque en Tumaco no es posible encontrar una buena atención. Y el transporte también es un problema: para llegar a la zona, hay que hacer un recorrido de aproximadamente una hora hasta el sector de la variante, antes de llegar a Llorente, luego hay que llegar a La Playa, luego partir hacia la vereda El Playón o El Vallenato, y de ahí desplazarse hasta la vereda El Tandil, en moto o en carro. La movilidad entre las veredas, que se hace sobre todo por vía fluvial, se restringe por los riesgos del caudal del río, desde de las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Con todas estas problemáticas, y con las dificultades que conlleva el proceso, los campesinos tienen la intención de sustituir sus cultivos, pero existe un problema con la tierra, ya que no hay claridad sobre la pertenencia de varios terrenos. Se ha dicho que los campesinos han despojado a los miembros del Consejo Comunitario. No se sabe exactamente cuál terreno le pertenece al Consejo y cuál a los campesinos asociados en Asominuma.
Por esta situación han preferido esperar a que haya una clarificación en el territorio para poder entrar en el proceso de sustitución de cultivos. Ante este problema, la líder de Asominuma expresa que la organización “nunca se ha opuesto ni ha dicho que no quiere la sustitución, de hecho los campesinos entregaron un documento a la Vicepresidencia de la República manifestando su voluntad de sustituir”.

¿Qué ocurrió el cinco de octubre?
“Muchos compañeros campesinos empezaron a llegar desde las siete de la mañana. Con otros 50 compañeros nos empezamos a desplazar hacia el lugar por una trocha. Llegamos al sitio y de repente se escucharon unos disparos en un lugar donde había campesinos insistiéndole a la Fuerza Pública que se saliera. Yo vi dos policías que se miraron el uno al otro. Cuando escuché los disparos me agaché y me quedé quieto. Empezaron a disparar, incluso a quemarropa. Yo seguí ahí agachado porque pensé que no era a nosotros, hasta que vi que mis compañeros empezaron a correr y a gritar: nos están matando, nos están tirando”.

“Salí corriendo, y en un trayecto de unos 10 metros me caí tres veces. Mis compañeros me empujaron. Detrás de un palo había cinco compañeros, yo me hice detrás de ellos pero los disparos seguían. Miré hacia atrás y vi una salida. Me metí corriendo, y salimos. Llegamos a una casa. Se escuchaban las balas que silbaban por encima de nosotros. Al llegar ahí vi que uno de mis compañeros campesinos tenía una herida en el brazo. Y escuché a los otros que decían: regresemos, ¡regresemos que hay muertos y hay heridos! Tenía ganas de regresar, pero al escuchar la arremetida de las balas sentía impotencia de no poder sacar a nuestros campesinos para que no los siguieran matando”.

De esta manera narra lo sucedido Elier Martínez, integrante de la acción comunal de la vereda, y quien vivió en carne propia la desazón de la masacre, que tuvo antecedentes puntuales en el marco del problema de los cultivos.

En abril se vivió un incidente en el territorio. Unidades de la Policía ingresaron al lugar y erradicaron varias hectáreas en veredas de la zona baja del Alto Mira. Estas acciones no estuvieron acompañadas de ninguna ayuda o auxilio del Gobierno. Eso hizo que las comunidades se organizaran en un proceso de manifestación pacífica que desencadenó en la retención de 12 policías que posteriormente fueron dejados en libertad. Situación similar se presentó durante los primeros días de octubre: unidades antinarcóticos ingresaron al territorio intentando implementar el proceso de erradicación forzada, y las comunidades decidieron mantener un cordón humanitario exigiendo la suspensión de la erradicación.

Según reseñan la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC-, la Unipa, y la Asociación Minga, el asentamiento de los policías se estableció el primero de octubre sobre territorio perteneciente a la comunidad indígena, más exactamente al Resguardo Piedra Sellada. Por esto el martes tres, aproximadamente a las 10:30 a.m., “65 guardias indígenas acudieron al lugar donde construyó su base la Fuerza Pública y ante la solicitud de hablar con los oficiales al mando de policías y militares, fueron agredidos con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balas de fusil”. El cuatro de octubre, un día antes de la masacre, los líderes indígenas persistieron en su intención de hacer retirar de su territorio a los oficiales, pero tampoco lo lograron.

Finalmente, el cinco de octubre, jueves, los líderes indígenas quisieron intentar una vez más hacer valer su soberanía. Al llegar a la zona se encontraron con cientos de campesinos que se manifestaban y que formaban un cerco humanitario a los cultivos de hoja de coca. Hasta que las balas de los policías acabaron con la vida de, hasta ahora, siete campesinos, en unos hechos que apenas se esclarecen y que ya están siendo investigados. Hechos que, en pleno inicio del llamado “posconflicto”, ya marcan un punto de ruptura, y que dejaron huella sobre muchos campesinos. “Es como un trauma. Duermo poco. Me despierto y me traslado al lugar. Me pongo a pensar estando ahí. Le doy gracias a Dios por haber salido ileso. Hasta la fecha, me he puesto a llorar porque sigo sin entender”, expresa Elier Martínez.

La agresión persistió
En la mañana del domingo, tres días después de la masacre, llegaron a la vereda El Tandil periodistas de distintos medios de comunicación que se encontraron con la Comisión de Verificación conformada por representantes de la ONU, la Mapp/OEA, Pastoral Social de Tumaco, la Personería de Tumaco y la Gobernación de Nariño. También estaban la Guardia Indígena e integrantes de organizaciones como el Movice y la Corporación Jurídica Yira Castro. Todos con la intención de verificar las cifras y las versiones de la masacre.

Allí se encontraron, primero, con oficiales del Ejército, y después, con el campamento de la Policía Antinarcóticos, los responsables de la masacre. Algunos oficiales tenían su rostro cubierto con pasamontañas, no portaban ninguna identificación, la mayoría estaba en camiseta, incluyendo quien se presentó como capitán, que nunca se identificó. No importó la petición del delegado de Naciones Unidas de que se descubrieran el rostro, lo único que hicieron fue retirarse hacia la parte de atrás, mientras los oficiales del ESMAD presentes en el lugar amenazaron con lanzarle gases a la delegación si esta se movía más.

Luego de intentar dialogar con los policías, conformaron una pequeña comisión de alrededor de 15 personas, para adentrarse en la maleza y verificar la presencia de un cuerpo que un miembro de la Comunidad Indígena Awá había visto cuando caminaba por ahí en la mañana. Con el indígena que hizo la denuncia, dos periodistas, algunos campesinos de la zona, y con un representante de cada organización, partió la comisión en busca del cuerpo. Los demás se devolvieron a la zona donde estaba el Ejército, para evitar confrontaciones con los policías.

Sonia Cifuentes, de la Asociación Minga - Somos Defensores, quien hizo parte de la comisión, relata así lo que sucedió después: “Caminamos unos 15 minutos por la maleza y cruzamos una quebrada. Íbamos caminando, cuando en un momento la Policía grita que tenemos que salir de allí, y acto seguido lanzan una primera granada aturdidora. Íbamos en fila india por las condiciones del terreno. Los que están en la cabeza de la marcha se botan al piso y empiezan a identificarse. Adelante estaba la ONU, la Mapp/OEA, y los representantes del Gobierno local y departamental. A pesar de que nos identificamos ellos siguieron disparando. Los disparos no eran al aire, sino contra nosotros los que estábamos allí en la comisión. Después del segundo disparo nos dimos cuenta de que podíamos seguir gritando y no nos iban a hacer caso”.
Ante tal situación, huyeron del lugar mientras gritaban pidiendo ayuda al Ejército, con la guía de los indígenas, y con miedo por saber que existía la posibilidad de que el terreno estuviera minado. Varias de las personas que esperaban a la comisión en el sitio donde estaba el Ejército, decidieron, luego de escuchar las explosiones, los gritos, y las balas, ir a socorrer a los que estaban atrapados entre el fuego y la maleza, lo que dio lugar a una grave denuncia. “Fueron cuatro personas que intentaron entrar mientras gritaban nuestros nombres. Y la Policía les contestaba. Se hacían pasar por nosotros, para que los compañeros fueran llegando hacía donde ellos estaban. Si no es por la Guardia Indígena que se da cuenta de que era un engaño, seguramente se hubieran podido jalar alguno de los compañeros. Esa denuncia hay que hacerla”, relata Cifuentes, quien agrega, además, que “debe haber algo muy fuerte, muy terrible en el campamento de la Policía, para que ellos prefieran asumir todo lo que implique haberle disparado a una comisión de derechos humanos”.

Una situación es característica tanto en la masacre de los campesinos el cinco de octubre, como en el ataque a la Comisión de Verificación y de derechos humanos, el ocho. En los dos episodios la Policía Antinarcóticos fue quien atacó, y los oficiales del Ejército –que estaban ubicados a solo 10 minutos del lugar de la masacre- fueron quienes atendieron a los heridos.

A los policías antinarcóticos que perpetraron la masacre también se les acusa de haber alterado la escena del crimen. Los campesinos denuncian que los oficiales se dedican en las horas de la madrugada a cortar los árboles, a remover la tierra, y a tapar rastros de sangre. De estos oficiales, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, pidió relevar 102, y la Procuraduría abrió investigación contra 14 militares y 40 policías. Esto en aras de esclarecer los hechos de una masacre de la que se culpó a las disidencias de las FARC, pero que tiene claros responsables en la Policía Antinarcóticos.

Por lo pronto las comunidades claman justicia ante un hecho que demuestra la incapacidad del Gobierno para controlar a sus oficiales, y lo erróneo de un mecanismo de erradicación que, al hacerse a la brava, olvida las necesidades y requerimientos de los campesinos. “Descansaría de pronto el día que escuche un juez de la república decir que los culpables están condenados a tantos años de cárcel sin derecho a ningún beneficio. Ese día talvez descansaré”, expresó Elier Martínez, sobreviviente de la masacre.

En este momento Colombia está sumergida, de nuevo, en un escándalo de corrupción. Y no uno cualquiera. Todo comenzó con quien era el encargado de perseguir la corrupción del país, el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Se descubrió, gracias a la justicia de Estados Unidos, que Moreno y un amigo suyo,  el abogado Leonardo Luis Pinilla, habrían recibido dinero del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de frenar un proceso que había contra él. Pero esto no se quedó ahí, el escándalo del fiscal anticorrupción  sirvió para descubrir algo mucho peor. La justicia de Estados Unidos envió a la Fiscalía de Colombia más información, incluyendo interceptaciones a conversaciones de los tres mencionados, y fue así como se conoció el nombre de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, señalados de recibir dineros para favorecer a congresistas investigados sobre todo por parapolítica y por corrupción: Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Los tres congresistas mencionados en esta red de sobornos, y que tenían y tienen investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, son el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, el barón electoral de La U, Musa Besayle, y el ex senador antioqueño Luis Alfredo Ramos. Lo delicado es que, primero, este escándalo apenas comienza y es seguro que aparecerán más nombres de implicados, y segundo, que desde ya se alzan voces de preocupación por la posible impunidad de la que gozarán los ex magistrados.

Dos preguntas surgen cuando se habla de corrupción en las altas instancias de la justicia: ¿Por qué se da? ¿Y cómo evitarla? La primera ya está respondida en cierta medida. En Colombia existe un diagnóstico más o menos establecido sobre los tres asuntos que producen la corrupción en la justicia. Primero, la garantizada impunidad para los magistrados que cometen delitos, ya que su sistema de juzgamiento, que es distinto al que tenemos los demás colombianos, no funciona; segundo, la facultad que tienen estos de nominar e incidir en la elección de otras dignidades del Estado (el Contralor, el Fiscal y el Procurador, por ejemplo), y que crea un insano vínculo entre magistrados y políticos; y tercero, el origen de los magistrados de las altas cortes, que son ternados o escogidos por el Congreso o por el Gobierno, lo que también crea un vínculo político que pone en duda su independencia.

A los magistrados no los juzga nadie
En Colombia hay cuatro Altas Cortes. La Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y el Consejo Superior de la Judicatura. Los abogados que conforman estas instituciones son llamados aforados, es decir, que gozan de un fuero legal especial.  Cuando un magistrado comete un delito, primero se le hace un juicio político en el Congreso, y después, si se cumple con todo el procedimiento y se le declara “indigno”, este pierde el fuero, y su caso es enviado a la Corte Suprema que vuelve y arranca el proceso y lo juzga penalmente.

Este procedimiento solo ha funcionado una vez desde que se creó, y fue con Jorge Pretelt, el ex magistrado de la Corte Constitucional, que fue declarado indigno luego de ser investigado por favorecer a la Empresa Fidupetrol en el proceso de una tutela. De resto, todos los casos que llegan al Congreso, y más específicamente a la comisión que los recibe, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, son archivados, y los procesos que inician, fracasan. ¿Por qué esta inoperancia?

“La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no tiene autoridad moral ni legitimidad para hacer los juzgamientos, y tampoco tiene la capacidad. Para uno investigar conductas delictivas necesita un aparato capaz de encontrar la prueba, buscar la prueba, y sostener la prueba, y la Comisión de Acusaciones no lo tiene”, explica Ramón Mena, presidente de Asonal Judicial S.I. seccional Antioquia, y juez décimo de familia de Medellín.  Este proceso de juicio en el Congreso es político, en otras palabras, que un investigado sea declarado indigno o no, no depende realmente de sus actuaciones, sino del apoyo que tenga, o que no tenga, en el Congreso. Y es aquí donde se encuentra otro problema, y es que la relación entre los magistrados y los congresistas es más cercana de lo que se podría creer (y de lo que debería ser). De hecho, el Congreso ayuda a escoger algunos de los magistrados de las cortes.

Por estas críticas es que se ha hablado de crear una institución más eficaz para investigar y juzgar a los magistrados, como lo explica la Doctora en derecho, y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, María Cristina Gómez: “¿Cuándo se habla de crear una comisión paralela? Cuando el proceso de politización de las Altas Cortes se da por la facultad para nominar. El poder legislativo se acerca al poder judicial, y así se niega la posibilidad de que haya objetividad. Por ejemplo el origen de la Corte Constitucional es el Senado, y el Senado al final terminaría siendo el que juzga estos mismos magistrados. Ahí se ve la necesidad de una institución que no esté en el Congreso. Lo que demuestra que sería mejor tener una institución aparte, y que su origen no fuera político”.

Funciones nominadoras de las Cortes, el origen del problema
Las Altas Cortes tienen la responsabilidad de participar en los procesos de escogencia de otros dignatarios del Estado. Al Contralor del país lo elige el Congreso de una terna presentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. En el caso del Procurador, la terna es conformada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República.

Es así como se crea el insano vínculo entre los magistrados y los políticos, entre las cortes y el Congreso, e incluso entre estas y el poder ejecutivo. Vínculo que para muchos explica, al menos en parte, la corrupción, y que desde los debates de académicos, investigadores, ex magistrados y analistas, se ha pedido eliminar de raíz.  

En palabras de Ramón Mena, “deben alejarse las cortes y los magistrados de la facultad nominadora, porque eso genera un carrusel, donde los magistrados nombran el procurador y el procurador nombra los amigos de los magistrados de la corte, las esposas, o nombran al fiscal y el fiscal les abre una puerta burocrática donde nombra a todas las personas que estos tengan para recomendar”.

Como complemento, la profesora Maria Cristina Gómez dice que “eso (la facultad nominatoria de las cortes) antes de crear colaboración crea una contaminación entre poderes. Lo que queremos es evitar que la Rama Judicial asuma esos procesos de clientelismo, que se perciben en el Congreso, se ven en el ejecutivo, y que terminan en corrupción. Sacar la facultad nominatoria, quitarla, es quitar la facultad de que se llegue a un cierto clientelismo que termina en corrupción”.

¿Cómo nombrar a los magistrados?
Esta es otra cuestión que surge, primero, porque en los procesos de conformación de las cortes también hay intereses políticos de por medio, y segundo, porque al tratarse de las más altas corporaciones de justicia del país se esperaría que estuvieran integradas por personas altamente calificadas, y con criterios éticos sólidos.

Mena, en su rol de representante de los trabajadores de la Rama Judicial, cuenta que están exigiendo que haya “meritocracia y carrera judicial. Que sea un concurso público en el que tengan igual oportunidad los litigantes, los académicos y la Rama Judicial, y que obedezca a parámetros serios y estrictos”.

“Lo que tenemos hoy en día son magistrados que han llegado por arriba, han llegado en paracaídas con rosca política y estas son las consecuencias. Magistrados que no sienten la Rama Judicial, que no les importa hacer fraudes, que no les importa cometer delitos, que no tienen el conocimiento”, agrega Mena.

¿Será que la solución es un referendo?
“La Procuraduría considera que la vía adecuada es un referendo que, a partir de un intenso proceso técnico de debate y construcción y de una amplia participación de la ciudadanía, una a los colombianos en los temas esenciales de ajuste y permita, en corto plazo, recobrar la confianza en la rama judicial": Fernando Carrillo.  

El 13 de agosto, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, envió  una carta a Marta Lucía Olano, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En ella propuso la realización de un referendo para reformar a la justicia. Cinco días después, el 18 de agosto, el país conoció gracias a Blu Radio, la intención del Gobierno nacional de llevar a cabo esta reforma, que tiene, según los medios, la realización de un referendo como primer plan. Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia, expresó que el Gobierno sí impulsará una reforma a la justicia, pero que aún no se ha definido si con un referendo, una asamblea constituyente, o por vía legislativa.

Lo que sí se sabe, por las declaraciones del Ministro, es que sea cual sea el mecanismo, este tendría entre otras intenciones crear un nuevo organismo para juzgar los magistrados, desligar la política de la justicia, y mejorar la formación de los abogados.

La iniciativa de convocar a la ciudadanía para que haga parte de un proceso de reforma integral a la justicia suena bien. Pero la coyuntura electoral que se avecina, la crisis de gobernabilidad que aún carga el Gobierno, las distintas iniciativas de reformas que han planteado otros políticos, y el mismo descontento de la ciudadanía, hacen oscurecer el panorama. ¿Será esta la oportunidad de reformar a la justicia?


La Reforma Política y Electoral nace del punto de participación política del Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Fue radicada el 17 de mayo en la Cámara, recogiendo gran parte de las propuestas elaboradas por la Misión Electoral Especial (MEE). Sus tres focos son: las mejoras a la institucionalidad electoral (el CNE), el sistema y la manera de escoger, y la financiación de las campañas.

Entre varias de sus creaciones institucionales –como la Fiscalía General, o la Corte Constitucional–, la Constitución de 1991 creó el Consejo Nacional Electoral, el organismo que se ha encargado desde entonces de regular lo relacionado con los comicios y con los partidos políticos.

La MEE propuso encargar de todo lo relativo con el sistema político-electoral, a tres entidades: la Registraduría, el Consejo Electoral Colombiano (CEC) y la Corte Electoral (CE). La primera, que ya tiene funciones electorales (organiza, planea, y ejecuta los eventos de índole electoral del país), mejoraría sus funciones con el uso de plataformas tecnológicas. El CEC asumiría el grueso de las funciones del Consejo Nacional Electoral. Y la Corte Electoral, que fue lo más novedoso y controversial de las propuestas, sería una nueva alta corte para la Rama Judicial, y se encargaría de resolver demandas y procesos de pérdida de investidura, separación de cargos, nulidad de elecciones, pérdida de personería jurídica de los partidos, y emitiría sanciones disciplinarias.

Algunos analistas y académicos se mostraron a favor de la propuesta de la MEE. Como el ex fiscal, ex procurador, y ex ministro en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Alfonso Gómez Méndez, para quien esta propuesta, que implica serias reformas y reconsideraciones de orden constitucional (como quitarle el poder electoral a las Sección Quinta del Consejo de Estado para dárselo a la Corte Electoral), es “un mecanismo en la dirección correcta para corregir las fallas que hoy todos estamos comentando en temas de partidos, listas y financiación de campañas”.

Otros, de entrada, rechazaron la propuesta, como el exsenador Juan Lozano, quien es más cercano a las toldas uribistas: “como si no fuera ya suficiente la carga burocrática que debemos asumir con los impuestos de los colombianos, crear una nueva supercorte. La supercorte electoral, como si ya no tuviéramos suficientes cortes, altas cortes, consejos superiores, cortes especiales, consejos nacionales y tribunales”.

¿Cómo quedó este punto en el proyecto radicado?
No se acogió la idea de crear una corte o tribunal electoral. Se propuso la creación de una nueva institución, el Consejo Electoral Colombiano. Este órgano electoral, además de todas las tareas que hoy cumple el CNE en cuanto a regulación de elecciones y partidos, tendría más dientes para corregir irregularidades, como en el caso de las inhabilidades o los fraudes electorales, en los que actuaría –y este es un planteamiento que hizo la MEE- antes de las posesiones, evitando así la realización de jornadas electorales atípicas. Tendrá más presencia regional, y contará con funciones de policía judicial para controlar la financiación ilegal. Además, con el fin de “despolitizar” al Consejo y de garantizar una verdadera autonomía, los consejeros no serán nombrados por el Congreso (como ocurre con los magistrados del CNE); la elección de nuevos integrantes se hará por el método de “cooptación” (los miembros antiguos nombran a los nuevos). A la Registraduría se le exigirá llegar a las zonas donde antes había confrontaciones armadas, facilitar las votaciones en las zonas rurales (ofreciendo el transporte, por ejemplo), y mejorar sus procesos de contratación, para hacerla más transparente y eficaz.

Remodelación del sistema electoral ¿Una oportunidad para tener verdaderos partidos?
“Con la mejor intención de acabar el bipartidismo, los constituyentes del 91 prácticamente acabaron con los partidos. Hoy, solo tenemos siglas o nombres cuya principal función es repartir avales”, expresó el ya citado Alfonso Gómez Méndez, en una de sus columnas. Y precisamente a corregir esta situación, la falta de partidos serios, se enfocaron las recomendaciones de la MEE, así como lo acogido de estas por el Gobierno.
Se continuará con la circunscripción nacional de 100 senadores, pero no con voto preferente, sino con lista cerrada y bloqueada, lo que quiere decir que cada partido ofrecerá una lista de candidatos enumerados, los ciudadanos no votarían pensando tanto en personas, sino en el partido, y en la lista que este acomoda luego de procesos internos de escogencia. Reformular el sistema de partidos de esta manera, es convertirlos en centros políticos democráticos y con agendas programáticas serias. Sería una oportunidad para formar partidos estructurados, con democracia interna, y sobre todo, con diferencias ideológicas marcadas.

Es común, por ejemplo, ver en un solo partido, en las plenarias del Senado, un conjunto de posturas distintas, y a veces contradictorias. Pocas diferencias ideológicas y programáticas pueden haber, por ejemplo, entre el Partido Conservador y el Liberal (en este último se han hecho propuestas que van más allá de lo conservador, como limitar la posibilidad de adoptar a un concepto de familia cerrado, y excluyendo a las parejas homoparentales). Y ya se ha escuchado a los mismos senadores –incluso a Claudia López– que no es si quiera imperativo tener una constante interacción con sus respectivos partidos. “Yo puedo volver por la dirección del Partido Verde en cuatro años y no pasaría nada”, expresó la senadora en un debate sobre la Reforma al Equilibrio de Poderes en el 2014.

Además, para conformar el Senado los aspirantes compiten con campañas costosas (el máximo autorizado en las elecciones de 2014 eran 740 millones, pero según estudios, como el realizado por la firma Cifras y Conceptos, en promedio cada campaña costó alrededor de 3.000 millones, y algunas llegaron casi hasta los 12.000). Esto también se reduciría, porque el Estado aumentaría su financiación, y esta se haría de manera más directa y organizada (gracias a la lista cerrada), con los partidos.

La lista cerrada, propuesta que ya había estado sobre la mesa en las reformas políticas anteriores (la del 2003, la del 2009, y con la del Equilibrio de Poderes del 2014), es un gran avance. Así se corregirá la aguda atomización de los partidos, que desde la creación de la Carta Política se ha querido revertir.

Más financiación pública
Se aumentará la financiación pública, en busca de disminuir la privada (lo que ayudará a reducir la dependencia y la filiación que tienen muchos políticos con sectores económicos o particulares). Esta será directa hacia los partidos, tanto antes como después de los procesos electorales, y de manera indirecta (con el transporte de los electores y el acceso a los medios de comunicación). Será de obligación legal la entrega de rigurosa información contable, que será revisada y auditada por una unidad especializada. Se aumentará el control y la regulación en relación con financiación de propaganda electoral, transporte y movimientos monetarios, y se prohibirá a las campañas y partidos la entrega de donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Se estimulará, con incrementos en la financiación estatal, a los partidos donde se dé más espacio a las mujeres y los jóvenes.

La pugna política ya comenzó
La reforma toca de manera directa a los partidos políticos y sus integrantes, incluyendo a los congresistas que serán quienes le darán el visto bueno. Esta fue radicada faltando un poco menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales. Los congresistas ya están calculando sus movimientos.

Por otro lado, las reglas de juego, ahora que se están implementando vía legislativa los Acuerdos de Paz, ya son otras: con una votación que quedó 5-3, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó literales del denominado “Fast-Track”. Ahora la votación de cada proyecto para implementar los Acuerdos se hará artículo por artículo, y no se tendrá que contar con el aval del Gobierno para que se hagan cambios a las propuestas.

¿Pasará, de manera integral, esta reforma en el Congreso, ahora que el trámite legislativo es otro, y teniendo en cuenta que es un tema que toca de manera directa a los mismos congresistas?

Varios partidos ya aclaran sus posturas. Las listas cerradas, que es el tema que más toca a los congresistas, está pensada a partir de 2018, pero es probable que, ni si quiera los congresistas más afines al Gobierno acepten cambiar las reglas de juego tan apresuradamente. El temor a que sea más difícil regresar al Capitolio, por cuenta de que no hay mecanismos democráticos claros para que sus partidos los postulen en la lista, ya se siente. Además temen que estos, aun teniendo esos mecanismos, los dejen en puestos de lista tan altos que les sea más difícil alcanzar una curul.

Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, afirmó que su colectividad aprobaría la propuesta, “pero para 2022”. Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, más radical aún, afirmó en entrevista para El Tiempo que en su partido no van “a votar la reforma política, ni un solo artículo, y no lo haremos por las listas cerradas, que son una improvisación”. Una de las principales cabezas del Polo, el hoy presidenciable Jorge Enrique Robledo, también expresó su desacuerdo con la propuesta: “Nos quieren vender ahora el cuento barato de que cerrando las listas se evita la corrupción en la política”.

En conclusión, es probable que la propuesta pase, pero no para las elecciones que vienen. En cuanto a los otros puntos, que no tocan de manera tan directa a los congresistas, no ha habido tanto rechazo. El punto de financiación les conviene, y el de mejorar el sistema institucional no les preocupa tanto.

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