Equipo Jurídico Pueblos

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La compleja situación que viven los habitantes del Catatumbo y la Serranía del Perijá, y la acción militar ejecutada por el ELN el pasado 17 de febrero, motivan esta crítica a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en la realidad colombiana.

Nuestro análisis partirá del derecho humanitario, precisando que no pretendemos reducir la mirada a un debate jurídico, sino motivar una discusión por la equivocada utilización de categorías del derecho internacional por parte del gobierno de Iván Duque y las élites de poder que representa.

Caracterizar es determinar los atributos peculiares de algo que permite distinguirlo de los demás. El proceso de negociación entre el gobierno de Santos y la extinta Farc-ep no avanzó en la caracterización del conflicto colombiano. En las últimas décadas ha pretendido caracterizarse desde la academia, desde los procesos sociales y desde los intentos de negociación con las guerrillas, pero siempre predomina la narrativa de las élites de poder.

Negar el genocidio colombiano y negar el conflicto
El relato único que se quiere imponer es que en Colombia no ha existido ni existe conflicto armado, sino una “amenaza terrorista”. Según eso, tampoco ocurrieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino el proceder ilegal de servidores públicos que se extralimitaron en sus funciones. Álvaro Uribe es su mayor exponente, pero no el único.

Caracterizar nuestro conflicto permite comprender los intereses de clase y al mismo tiempo desentrañar las lógicas represivas legitimadas mediante los conceptos de legalidad, seguridad y orden. En procesos genocidas ocurridos en otras regiones del mundo la constante ha sido negar los crímenes porque la mayoría de victimarios detentan el poder o cogobiernan después del genocidio.

Colombia no es la excepción. El uribismo y la clase política tradicional son responsables de prácticas sociales genocidas contra el bloque popular, allí radica su constante interés por imponer una narrativa que tergiversa la verdad. La realidad colombiana se complejiza en la medida que concurrieron dos situaciones que se entrelazan y dificultan caracterizar la historia reciente: por un lado, existe una política de Estado que viola los derechos humanos, y simultáneamente un conflicto armado no internacional motivado por razones sociales, políticas y económicas.


La concurrencia de la violación sistemática de derechos humanos y el conflicto armado confunde incluso a ONG's, víctimas y sectores de izquierda. Así se logró percibir cuando muchas de ellas reaccionaron a la acción de guerra del ELN en la Escuela General Santander, anticipándose a calificar el hecho como terrorista (una forma de negación o desfiguración del conflicto), y semanas después, firmaron cartas de rechazo al nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica por considerar que “niega públicamente la existencia de un conflicto armado en Colombia, lo cual está en contra de las definiciones del DIH firmadas por Colombia”, obviando, en esa oportunidad, una de las principales exigencias a esta entidad, la cual es exponer la política estatal que viola los derechos humanos y originó la mayoría de víctimas.

DIH solo para la guerrilla y el derecho operacional para los agentes de Estado
El conflicto armado colombiano no se puede abordar desde la perspectiva de los países europeos o desde la supuesta neutralidad del Comité de la Cruza Roja Internacional (CICR), menos desde la óptica de los Estados Unidos que poco interés ha mostrado por acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario en las distintas guerras que ha iniciado contra pueblos del mundo.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que solo se preocupa por regular los conflictos armados internacionales, internacionalizados o internos. Así las cosas, el “Derecho Internacional Humanitario no permite ni prohíbe los conflictos armados, sino que se aboca al fin de humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario. Se trata de un conjunto de normas cuya finalidad específica es solucionar los problemas de índole humanitaria derivados de los conflictos armados y que, por razones humanitarias, restringe la utilización de ciertos métodos o medios de combate. El DIH pretende un equilibrio entre las necesidades militares y el principio de humanidad, es decir, entre lo que es necesario para vencer al adversario y lo que simplemente denota crueldad”.

La definición de prohibiciones y límites a la guerra se ha edificado desde los Estados, con base en sus propias prácticas, y siempre anticipándose a futuros cuestionamientos a su accionar bélico. Otros actores armados (más aún, los sujetos rebeldes), y aquellos que han creado derecho humanitario en códigos de guerra insurgente han sido excluidos de estas discusiones y consensos. Pese a ello, se les exige el acatamiento del mandato de su adversario.

Lo estrictamente formal y conceptual desaparece al momento de estudiar el conflicto colombiano. El defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno plantea que se contraponen dos modelos guerra: la guerra de guerrillas y el modelo de guerra de Estado que pretende dividir la fina línea entre lo militar y lo civil; el paramilitarismo es una clara muestra. Esta propuesta conceptual no es de poca monta por cuanto permite comprender qué actos son considerados acciones legítimas de guerra y cuáles son las trasgresiones a las normas en la guerra.

El desconocimiento de estas realidades genera, sin duda alguna, una aplicación incorrecta del DIH, y la imposibilidad de cumplir su propósito de humanización. Esto se debe a que ninguna realidad puede ser adecuadamente regulada cuando no se conoce, o cuando conociéndose, se oculta de manera deliberada para favorecer la acción militar de una de las partes.

A la insurgencia se le exige el cumplimiento del DIH, pero se niega el conflicto y se normaliza la omisión de los límites humanitarios para acabar con lo que denominan una “amenaza terrorista”. Es más, desde la institucionalidad el derecho de guerra fue remplazado por el derecho operacional, que fue creado por los militares y permite a la tropa estatal acudir a prácticas cuestionables desde la perspectiva humanitaria.

Resulta un contrasentido hablar del DIH y exigir su cumplimiento, si se desconocen las nefastas consecuencias de la política estatal que involucra a la población civil en el conflicto, en tanto copta a las comunidades, especialmente las rurales, en función de los intereses del ejército estatal, y convierte a los demás en adversarios aplicando la doctrina del enemigo interno que ha inspirado la guerra sucia en Colombia.

Un conflicto distinto a cinco conflictos armados no internacionales
El 6 diciembre de 2018, el comité de la Cruza Roja Internacional publicó un informe en el que plantea el surgimiento de “nuevos conflictos armados no internacionales” como consecuencia del vacío de poder dejado por las Farc-ep. La institución indicó que resulta fundamental definir qué se entiende por conflicto armado para determinar cuál debe ser el accionar del CICR y el marco jurídico aplicable. Además, en el informe recordaron los dos requisitos para calificar una situación como conflicto armado no internacional: primero que las “hostilidades alcanzan un nivel mínimo de intensidad”, y segundo que los “grupos no gubernamentales que participan en los actos de violencia están suficientemente organizados”.

En este informe, el CICR insiste en que el DIH no se ocupa de los fines de la guerra, sino de los medios. Y concluye que “hay al menos cinco conflictos armados no internacionales (CANI's) en Colombia, cuatro entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (…) Existe también un quinto CANI entre el ELN y el EPL, cuyo epicentro es la región del Catatumbo”.

La caracterización del conflicto en Colombia que realiza el CICR se basa en la teoría humanitaria construida desde el bloque de poder dominante, y nos permite evidenciar cómo la realidad desborda las ficciones legales, o cómo estas últimas no están hechas para humanizar el conflicto. Una primera crítica a esta manera de entender lo analizado a la luz del DIH, radica en la trampa de cerrar los ojos a la motivación del grupo armado. Nada es más necesario para caracterizar el conflicto, que establecer quiénes son los actores y para qué se constituyeron, a qué modelo de guerra responden, qué intereses representan o defienden; mucho más para realidades como las colombianas.

Desde esta óptica, partimos de un problema al desfigurar el sentido del derecho humanitario: humanizar. Se equivoca la CICR al concluir que existen cinco conflictos no internacionales. Distinto es considerar que en Colombia el conflicto es complejo, precisamente por las realidades que desbordan cualquier encasillamiento a los hechos o al marco jurídico. Calificar como un “conflicto armado no internacional” las aparentes contradicciones del “gobierno Santos-Duque” con las autodefensas gaitanistas de Colombia es considerar a los paramilitares como tercer actor, además de elevarlo a la categoría de “parte” en el conflicto.

El paramilitarismo es una política de Estado que muta constantemente pero que en esencia aplica los postulados de los años 60, que consisten en involucrar a civiles en las hostilidades realizando el trabajo sucio que los agentes del Estado no pueden ejecutar por obvias razones. El paramilitarismo, en este caso denominado por la CICR como “gaitanistas”, va ligado a un fin y no a un medio en las confrontaciones. Desde el modelo de guerra ejecutada por el Estado capitalista colombiano, el paramilitarismo obedece a una estrategia definida y documentada.

El paramilitarismo pretende diluir la frontera entre lo militar y lo civil. Desde el general estadounidense Yarborough, pasando por las Convivir hasta la Red de cooperantes de Uribe, la constante ha sido involucrar a la población en funciones de control, delación y vigilancia militar. Duque continúa esta estrategia mediante la Red de Participación Cívica, que, aunque de forma matizada, va dirigida en esencia al involucramiento de civiles en el conflicto.

Igualmente se equivoca la CICR al entender como un “quinto conflicto armado no internacional” las confrontaciones armadas entre el ELN y un sector del EPL, o un grupo que opera con esta sigla en el Catatumbo. Partiendo de la información pública y de los distintos comunicados difundidos por el ELN y el EPL, se observa que existe un debate más profundo, que poco sale a la luz pública, sobre las motivaciones que inspiran el actuar de un sector del EPL, en una región con claros intereses geoestratégicos por ser frontera con Venezuela.
El 14 enero de 2019, en la página virtual Voces, el Frente de Guerra Nororiental del ELN publicó una carta en la que señalaron que el EPL habría optado “por las relaciones mafiosas y dejar de lado un compromiso mayor por la lucha revolucionaria, los convierte en una estructura funcional a los planes enemigos, máxime cuando terminaron aliándose con grupos narco-paramilitares en la región y desconociendo acuerdos adelantados por su Mando Nacional del EPL y el Comando Central del ELN”.

Más adelante, el comunicado precisa que la confrontación con una parte del EPL se encuentra autorizada por la Dirección Nacional “a sabiendas que esta alianza tiene el propósito de torpedear nuestra actividad revolucionaria, facilitando las acciones del Estado y su plan contrainsurgente”. Si estas acusaciones contra el EPL (o un sector del grupo de armados que usa la sigla) resultan probadas, es un equívoco considerar que, en la región del Catatumbo, esta organización es por sí sola un actor armado independiente.

El 18 de febrero de 2019 circuló otro comunicado firmado por el Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista y el Ejército Popular de Liberación, en el que, además de atribuirse el carácter de rebeldes, aceptan el llamado al diálogo y proponen algunas acciones humanitarias. Sin embargo, no realizan ninguna claridad sobre los cuestionamientos realizados por el ELN. De existir la confrontación de dos sujetos rebeldes, los códigos éticos y jurídicos que se aplicarían en la resolución de las diferencias deberían ser distintos a los del DIH.

En este mismo contexto del Catatumbo, las conclusiones del CICR frente a la existencia de un conflicto armado entre el EPL y las fuerzas del Estado, son también discutibles a la luz de los propios preceptos del DIH, específicamente desde aquellos que apuntan a definir la existencia de un conflicto a partir de la intensidad de las hostilidades.

Repasando las acciones militares de este sector del EPL contra objetivos militares del establecimiento, se concluye que son mínimos, y con las mismas categorías del DIH no se cumple el requisito de constancia de las operaciones ofensivas o defensivas. Un problema grave del análisis del conflicto colombiano que realiza el CICR consiste en definirlo únicamente a partir de los actores, a los cuales los desprovee de su naturaleza e intereses en la confrontación.

Hemos intentado explicar, a partir de situaciones particulares, por qué razón la realidad no puede interpretarse y regularse de manera forzada a partir de normas anquilosadas construidas por una de las partes del conflicto. Sin desconocer la importancia que tiene el fin de humanizar la guerra, la construcción y aplicación del derecho humanitario no puede reducirse a fórmulas estériles y parcializadas y debe responder a realidades objetivas y concretas.

Una reflexión aparte nos merecerá el análisis del DIH que ha desconocido en su construcción todas las expresiones del derecho humanitario y el impacto real que tiene en la concreción del fin formal del derecho de guerra

Las dos masacres de presos en Brasil en lo corrido de este año (2017) que dejaron al menos 89 muertos han sido noticia mundial. Sin embargo, se trata de un saldo trágico anunciado, pues estos hechos atroces se producen en medio de una realidad carcelaria en la que la violación de derechos humanos es sistemática y generalizada. En un informe publicado en octubre de 2015 por Human Rigth Watch – HRW, se advirtió que la superpoblación carcelaria superior al 60% imposibilita el control de las instalaciones, que se encuentran en cabeza de facciones criminales, a lo que se suman la tortura y el tratamiento degradante contra la población reclusa, perpetrados desde la autoridad penitenciaria.

Aunque la gravedad de la situación carcelaria en Brasil es innegable, no lo es menos en Colombia, donde centenares de presos mueren en los establecimientos de reclusión por distintas causas sin lograr conmover el conjunto de la sociedad; a finales de la década de los noventa, paramilitares presos en la cárcel Modelo de Bogotá desaparecieron y asesinaron a mas de 100 presos, lo que apenas hoy la Fiscalía investiga.

A expensas del desgobierno de entonces en las prisiones, en nuestro país se abrió paso a la “nueva cultura carcelaria”, hija del Plan Colombia, esto es, a la apertura al imperialismo carcelario. Con la asesoría e inversión norteamericana, se construyeron establecimientos de alta seguridad y se implementó un régimen basado en el desarraigo social y el castigo al recluso; se actualizó la doctrina del enemigo interno, dando inicio a una gradual militarización al interior de prisiones, concretada en una formación marcial de la guardia, la creación de grupos de choque y finalmente en la entrega de la administración de las cárceles y el sistema penitenciario en general a personal retirado de las fuerzas militares y policías activos.

Las violencias al interior de las cárceles colombianas son una problemática cotidiana y no se expresan solamente en el número de presos muertos o heridos, sino también en las indignas condiciones materiales de reclusión, aunadas a un régimen penitencio deshumanizante. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec, un promedio de cien personas al año mueren en los establecimientos de reclusión por causas violentas, siendo los elementos que mayor número de decesos han ocasionado, las armas de fuego (40 en promedio por año), seguidas de aquellos que se producen con armas cortopunzantes. Lo que esto evidencia es precisamente que ese culto a la seguridad de la nueva cultura penitenciaria, de severas restricciones, en nada es inmune a la histórica corrupción que convierte en negocio toda prohibición al interior de la cárcel y que permite el ingreso de objetos letales.

En concordancia con lo que se ha venido diciendo, se encuentra que el cacicazgo o gobierno de individuos, ha sido una fuente de violencia conocida, avalada y que favorece la guardia penitenciaria. Los caciques (como se llaman en Colombia, lo que equivale en Brasil a los “llaveros”) legislan, “impuestan” y controlan las cárceles, en función de sus propios intereses y ostentan supremacía económica sostenida por medio de la comercialización de elementos restringidos en los reglamentos internos. Este fenómeno se mantiene por medio del miedo y el silenciamiento. Otro factor que determina o incrementa la violencia intracarcelaria, es la indebida clasificación de la población reclusa, que potencia las relaciones desiguales y de poder o las tensiones del conflicto armado dentro de la prisión.

Mención especial debe realizarse sobre la violencia estructural. Un indicador de ella es la muerte declarada de 10 personas entre los años 2014 y 2016 (fecha de corte septiembre 29) por causa de intoxicación y 47 por suicidio. Estos motivos sin una aparente relación, son en realidad, formas mudas de la degradación del ser humano en las cárceles de Colombia, en las que la alimentación de los internos se ha convertido en el negocio de contratistas privados y donde la angustia, soledad y sentimientos de frustración de la población reclusa, no merecen un mínimo de atención.

En materia de salud, es evidente el abandono y desidia estatal, concretado no sólo en la falta de intervención preventiva o asistencial, sino también en la muerte por carencia de atención oportuna. El año 2016 fue tal vez uno de los más caóticos en la historia reciente en este aspecto, y probablemente ello sea causa directa del incremento alarmante de “muertes naturales” dentro de las prisiones.

Tal como fue publicado en el resumen del informe alterno presentado por el Equipo Jurídico Pueblos, el Congreso de los Pueblos y la Red Internacional de Derechos Humanos – RIDH ante el Comité del Pacto de las Naciones Unidas, con el apoyo de otras organizaciones y juristas internacionales, “En julio del presente año [2016] la defensoría del pueblo denunció que de 137 cárceles 91 reportan que no cuentan con personal médico disponible y 71 están sin medicamentos. Durante al menos 8 meses pacientes con VIH no recibieron tratamiento. En el reporte semanal sobre atención de salud en centros de reclusión a cargo del Inpec, esta entidad registra que a Septiembre 15 del presente año [2016], se encuentran represadas 1.383 cirugías, 9.367 citas por medicina especializada no han sido asignado pese a requerirse, 1.028 exámenes de laboratorio clínico están pendientes de ser practicados, 12.866 servicios de apoyo diagnóstico, terapéutico, soluciones ópticas, entre otros, aun no se practican. Estas cifras reflejan que la atención en salud sigue siendo crítica aún después de la intervención realizada en el marco de la emergencia carcelaria”. Los problemas que hoy afronta el sistema de atención en salud para la población privada de la libertad son de diversa índole, entre ellos, la grave dispersión de responsabilidades y dificultades para acceder a mecanismos de reclamación que tienen las y los detenidos, que por lo general deben acudir a la acción de tutela para lograr la asistencia que requieren.

Así mismo, en relación a la tortura y otros tratamientos inhumanos en prisión, que tristemente son referencia obligada, en Colombia, con alrededor de 120 mil privados de la libertad, entre los años 2012 y 2016, el Inpec ha sido demandado 1.449 veces por presuntos hechos de agresión o malos tratos contra la población reclusa, 33 por condiciones indignas de reclusión, 145 por falta de atención médica y 488 por muerte de personas privadas de la libertad (fecha de corte, septiembre de 2015). Las cifras sin duda no reflejan ni la totalidad ni la significación real de la tortura y la humillación sistemática en contextos de encierro, pero no dejan de ser alarmantes.

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