Manuel Sebastián Perdomo

Manuel Sebastián Perdomo

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 139 JUNIO 2018)

Me llamo Arnulfo Joven, tengo 57 años y llevo los últimos seis trabajando en la defensa de los Derechos Humanos en el municipio donde nací: Pitalito, Huila. Soy tecnólogo en soldadura, especialista en soldadura de alta y baja, y trabajo en mi casa actualmente. Cuando no hay contratos con empresas fuera del departamento, entonces trabajo en la casa mía.

¿Por qué violan tanto los derechos humanos?
Hago parte del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia (CPDH) desde el 2012, a raíz de tantas violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Colombia.

En Pitalito somos nueve miembros del CPDH, y estamos muy pendientes en cuanto a cualquier eventualidad donde se requiera: en la salud, la educación. Anteriormente las batidas que habían, cogían a los muchachos, súbanse al carro y hágale. Eso se ha frenado, en parte, por la cantidad de denuncias que hemos hecho, ya que no perdemos conexión con la dirección nacional.

El Gobierno municipal o departamental no nos apoya en nada. Pero no es su obligación como tal, porque en la defensa de los derechos humanos nadie puede interferir en nuestra labor. Aquí el alcalde actual, Miguel Antonio Rico Rincón, delegó a los miembros del CPDH en Pitalito para participar en el Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero la administración creó eso y se quedó en el papel. Del sindicato y de diferentes organizaciones, incluso del clero, llamaron a conformar ese Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero no avanzó porque el alcalde no le puso atención. Sólo hizo dos reuniones, trajeron gente de la Gobernación departamental, pero de ahí no pasó nada más.
De pronto a veces uno busca que los entes territoriales en defensa de los DDHH, es decir, la encargada de la personería pública, la personera, se fije más en este tema. Que no se fijen más en la parte lucrativa que es lo que generalmente hacen. Sólo quieren figurar y ganar dinero a costa de eso. De entrada, nos preguntamos: ¿por qué se violan tanto los derechos humanos? Porque las personas no saben cuáles son o no saben que los tienen. Cada uno debe conocerlos, y ese es nuestro objetivo.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos está avalado por la Federación Interamericana de Derechos Humanos. Existe en Colombia hace 40 años. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha capacitado también, pero somos víctimas del conflicto armado interno, porque los enemigos de la paz nos ven como enemigos de ellos.

Luego de uno estar acá, llega a la conclusión de que siempre las personas afectadas son de estratos bajos. Los que han llevado del arrume en Colombia son campesinos, vendedores, desempleados. Pero eso sí, cuando llegan los comicios, las elecciones, esos que han golpeado y abandonado a la sociedad, vienen a buscar votos, a buscar cómo engañar a esas personas y seguir con el poder.

Los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí
Uno acá ha afrontado situaciones difíciles. Los paros campesinos que ha habido en 2013, 2014 y 2015, donde hemos sido gaseados por el mismo ESMAD. Recuerdo muy bien que estuvimos con la periodista, que en paz descanse, Flor Alba Nuñez... ella como periodista y nosotros, estuvimos al frente defendiendo a los campesinos que eran quienes reclamaban sus derechos. La protesta en Colombia no está prohibida. Es uno de los derechos fundamentales en nuestro país, y ha sido satanizada.

Flor Alba Nuñez fue asesinada por hacer bien su trabajo, por ser buena periodista. Ella se enfocó en trabajar con nosotros, porque a ella también le afectaba la violación a los derechos humanos. Ella también sentía cuando el campesino era estropeado, cuando al vendedor le quitaban sus cositas, se las llevaban, lo ultrajaban, le quitaban el sustento diario. Ella trabajaba principalmente para La Preferida, la emisora comunitaria, y nos daba el espacio para que las comunidades nos expresáramos sobre algunas irregularidades que ocurrieran en Pitalito.

Es muy duro ver cómo los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí. Ponen a un policía a que golpee a un campesino, y ese policía es hijo de un campesino, o un soldado disparándole a un campesino…

La guerra no la vamos a resolver en dos o tres años
El proceso de paz ha sido fructífero no sólo para nosotros como defensores de derechos humanos, sino para todos los colombianos. Ya no hay tomas de pueblos. El mismo soldado dice: "Estamos relajados, ya no hay ese temor tan grande de las tomas guerrilleras". Ya la ración de campaña incluso está muy a un lado. Entonces todos nos hemos beneficiado con este proceso de paz. Ahora, que existen los enemigos de la paz, existen, pero los que quieren continuar la guerra pues claro, siempre van a ser cizañeros en cuanto a los diálogos de paz, pero esa guerra que vivimos durante más de 53 años no la vamos a resolver en dos o tres años, falta mucho por hacer.

Ha habido líderes sociales y defensores de derechos humanos víctimas mortales del conflicto armado, porque somos muy estigmatizados solo porque no estamos de acuerdo con los atropellos que hace el Estado contra el ciudadano. Y por eso nos tildan de auxiliadores de la guerrilla, de izquierdistas, de todo eso, pero nuestro trabajo se enfoca en defender todos los Derechos Humanos.

De todas maneras, después del proceso de paz todo está calmado, hasta el momento, en esta parte del territorio. De pronto por ahí problemas en la salud, inconformidades de la gente con ese tema, pero en cuanto a desplazamiento, amenazas, pues mentiría si digo que las hay justo ahora, pero estamos en alerta porque los acuerdos de paz no se están cumpliendo a cabalidad.

Al fin y al cabo, le apuesto a construir la paz, y quisiera que hubiera un cambio en estos gobiernos que han construido la guerra, y que quieren seguirle apostando al conflicto armado.

Me llamo Arnulfo Joven, tengo 57 años y llevo los últimos seis trabajando en la defensa de los Derechos Humanos en el municipio donde nací: Pitalito, Huila. Soy tecnólogo en soldadura, especialista en soldadura de alta y baja, y trabajo en mi casa actualmente. Cuando no hay contratos con empresas fuera del departamento, entonces trabajo en la casa mía.

¿Por qué violan tanto los derechos humanos?
Hago parte del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia (CPDH) desde el 2012, a raíz de tantas violaciones a los derechos humanos (DDHH) en Colombia.

En Pitalito somos nueve miembros del CPDH, y estamos muy pendientes en cuanto a cualquier eventualidad donde se requiera: en la salud, la educación. Anteriormente las batidas que habían, cogían a los muchachos, súbanse al carro y hágale. Eso se ha frenado, en parte, por la cantidad de denuncias que hemos hecho, ya que no perdemos conexión con la dirección nacional.

El Gobierno municipal o departamental no nos apoya en nada. Pero no es su obligación como tal, porque en la defensa de los derechos humanos nadie puede interferir en nuestra labor. Aquí el alcalde actual, Miguel Antonio Rico Rincón, delegó a los miembros del CPDH en Pitalito para participar en el Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero la administración creó eso y se quedó en el papel. Del sindicato y de diferentes organizaciones, incluso del clero, llamaron a conformar ese Concejo Municipal de Paz y Derechos Humanos, pero no avanzó porque el alcalde no le puso atención. Sólo hizo dos reuniones, trajeron gente de la Gobernación departamental, pero de ahí no pasó nada más.
De pronto a veces uno busca que los entes territoriales en defensa de los DDHH, es decir, la encargada de la personería pública, la personera, se fije más en este tema. Que no se fijen más en la parte lucrativa que es lo que generalmente hacen. Sólo quieren figurar y ganar dinero a costa de eso. De entrada, nos preguntamos: ¿por qué se violan tanto los derechos humanos? Porque las personas no saben cuáles son o no saben que los tienen. Cada uno debe conocerlos, y ese es nuestro objetivo.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos está avalado por la Federación Interamericana de Derechos Humanos. Existe en Colombia hace 40 años. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos ha capacitado también, pero somos víctimas del conflicto armado interno, porque los enemigos de la paz nos ven como enemigos de ellos.

Luego de uno estar acá, llega a la conclusión de que siempre las personas afectadas son de estratos bajos. Los que han llevado del arrume en Colombia son campesinos, vendedores, desempleados. Pero eso sí, cuando llegan los comicios, las elecciones, esos que han golpeado y abandonado a la sociedad, vienen a buscar votos, a buscar cómo engañar a esas personas y seguir con el poder.

Los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí
Uno acá ha afrontado situaciones difíciles. Los paros campesinos que ha habido en 2013, 2014 y 2015, donde hemos sido gaseados por el mismo ESMAD. Recuerdo muy bien que estuvimos con la periodista, que en paz descanse, Flor Alba Nuñez... ella como periodista y nosotros, estuvimos al frente defendiendo a los campesinos que eran quienes reclamaban sus derechos. La protesta en Colombia no está prohibida. Es uno de los derechos fundamentales en nuestro país, y ha sido satanizada.

Flor Alba Nuñez fue asesinada por hacer bien su trabajo, por ser buena periodista. Ella se enfocó en trabajar con nosotros, porque a ella también le afectaba la violación a los derechos humanos. Ella también sentía cuando el campesino era estropeado, cuando al vendedor le quitaban sus cositas, se las llevaban, lo ultrajaban, le quitaban el sustento diario. Ella trabajaba principalmente para La Preferida, la emisora comunitaria, y nos daba el espacio para que las comunidades nos expresáramos sobre algunas irregularidades que ocurrieran en Pitalito.

Es muy duro ver cómo los gobiernos logran que los colombianos sean violentos entre sí. Ponen a un policía a que golpee a un campesino, y ese policía es hijo de un campesino, o un soldado disparándole a un campesino…

La guerra no la vamos a resolver en dos o tres años
El proceso de paz ha sido fructífero no sólo para nosotros como defensores de derechos humanos, sino para todos los colombianos. Ya no hay tomas de pueblos. El mismo soldado dice: "Estamos relajados, ya no hay ese temor tan grande de las tomas guerrilleras". Ya la ración de campaña incluso está muy a un lado. Entonces todos nos hemos beneficiado con este proceso de paz. Ahora, que existen los enemigos de la paz, existen, pero los que quieren continuar la guerra pues claro, siempre van a ser cizañeros en cuanto a los diálogos de paz, pero esa guerra que vivimos durante más de 53 años no la vamos a resolver en dos o tres años, falta mucho por hacer.

Ha habido líderes sociales y defensores de derechos humanos víctimas mortales del conflicto armado, porque somos muy estigmatizados solo porque no estamos de acuerdo con los atropellos que hace el Estado contra el ciudadano. Y por eso nos tildan de auxiliadores de la guerrilla, de izquierdistas, de todo eso, pero nuestro trabajo se enfoca en defender todos los Derechos Humanos.

De todas maneras, después del proceso de paz todo está calmado, hasta el momento, en esta parte del territorio. De pronto por ahí problemas en la salud, inconformidades de la gente con ese tema, pero en cuanto a desplazamiento, amenazas, pues mentiría si digo que las hay justo ahora, pero estamos en alerta porque los acuerdos de paz no se están cumpliendo a cabalidad.

Al fin y al cabo, le apuesto a construir la paz, y quisiera que hubiera un cambio en estos gobiernos que han construido la guerra, y que quieren seguirle apostando al conflicto armado.

Pitalito, un municipio del sur del Huila, cuenta con unos 200 mil habitantes. Es un pueblo que crece rápidamente, pero que desde hace algunos años se ha vuelto famoso por numerosos casos de maltrato y abandono de animales. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para Yolanda Martínez, una mujer que lo ha dado todo por ellos en esta región desde hace casi dos décadas.

El refugio
Para llegar, hay que ir al barrio Tequendama, al frente de la terminal en el norte de Pitalito; luego, cruzarlo completamente en la misma dirección y transitar por un camino estrecho y rocoso. A unos 10 minutos a pie y justo antes de la ancha puerta que abre paso al refugio de animales, hay un pequeño puente bordeado de basura y por el que pasa una pequeña y sucia quebrada.

Por el silencio que predomina en esta área, puedes estar seguro de que los perros han escuchado tus pasos antes de llegar. Una vez allí, ves muchos perritos correr hacia la entrada de la casa, la cual apenas está circundada por mallas de alambres de púa y par de guaduales que adornan la quebrada. Entonces estás en el refugio, llamado Fundación Protectora de Animales y del Medio Ambiente Santa Marta, la cual Yolanda Martínez fundó hace 20 años.

Este espacio es un campo abierto que cuenta con menos de dos hectáreas y donde conviven, en una zona verde adaptada para ellos, entre 300 y 400 animales, la mayoría perros y gatos, que han llegado en complicado estado de salud o luego de ser abandonados en las calles de Pitalito.

Sobreviven con las uñas y trabajan como héroes
Esta mujer de casi 50 años de edad es una médica veterinaria de la Universidad Nacional de Bogotá. Empezó trabajando en los alrededores de la capital de Colombia como voluntaria en diferentes centros de protección animal y más tarde, a sus 28 años de edad, llegó a vivir a Pitalito.

Apenas inició labores en esta parte del país, se dio cuenta que, aunque hay muchas personas buenas, la gente en general es brutalmente indiferente con los caninos. Estos animales no solamente llegan golpeados o heridos a su refugio, sino que las personas los dejan ahí con tal de no seguir asumiendo la responsabilidad del animal. Sin medir esto, el centro de protección animal creció exponencialmente, por lo que hoy se encuentra hacinado.

A pesar de todo, hace unos seis años Alex Valdés trabaja con Yolanda Martínez en su clínica Territorio Animal y en la fundación de ella. Yolanda y su colega sobreviven con las uñas y trabajan como héroes. Los costos de los medicamentos, la comida o las operaciones quirúrgicas son supremamente bajos, además adoptan perros y gatos diariamente. Todo ello con el fin de que otras personas puedan llevar y cuidar a las mascotas abandonadas.

Lo más difícil de ayudar animales
El pasado 31 de diciembre Yolanda celebraba año nuevo en la clínica Territorio Animal junto a sus colegas y familiares. Ella salió simplemente para ver si su moto seguía parqueada donde la había dejado por última vez y para su sorpresa, había desaparecido. Aunque creyó que se la habían robado, su búsqueda no duró mucho. A comienzos de este año la encontraron tirada en una calle de un barrio periférico con las llantas pinchadas, espejos retrovisores rotos, luces dañadas, y desajustes en algunas partes del vehículo. Todos creen firmemente que fue una especie de sabotaje y venganza por su trabajo.

Yolanda junto a su equipo de trabajo hacen una especie de servicio de emergencia y ambulancia en aquella motocicleta Yamaha, un poco vieja y ruidosa, pero importantísima, pues les ha servido para asistir incluso a caballos o yeguas maltratadas o en delicado estado de salud.

A pesar del enorme esfuerzo, muchos laboyanos han criticado la forma en que actúan Yolanda y los demás animalistas que ejercen este tipo de labores en el municipio.

Como protocolo de salubridad, una de las primeras cosas que Yolanda hace cuando encuentra un perro en la calle es verificar si ha sido esterilizado, esto como un ejercicio legal y de prevención para que no haya más perros abandonados en las calles de las ciudades. La Policía ambiental de Pitalito trabaja de alguna manera de la mano con Yolanda, quien además apoya la campaña que ella promueve.

Aun así, esto incomoda a laboyanos como Edgar o Juan Carlos, uno dueño de un pitbull y el otro de un labrador. Perros de raza que fueron esterilizados, además de alimentados y cuidados, cuando desaparecieron de sus casas por algunos días y fueron hallados en ese estado. Yolanda dice que la gente desconoce la importancia de evitar que estos animales se reproduzcan en demasía.

En enero del presente año, de la vereda Regueros de Pitalito llegó a la clínica un perro con una herida en la parte superior de su lomo, cerca de su cola. El canino recibió un machetazo por un desconocido del sector. Este finalmente no pudo ser salvado debido a la profundidad del corte. De ese tipo son las noticias que se han vuelto recurrentes en los medios de comunicación locales. Todos los días llegan a la clínica o al refugio animales accidentados, maltratados o enfermos.

“Una inversión de vida”
A Yolanda por supuesto que esas cosas la lastiman. Su lucha es ayudar, cuidar e incentivar la protección hacia los animales, especialmente perros y gatos. Lleva unos 30 años en esto, alrededor de unos 20 en Pitalito, y su trabajo es tan complejo que ha pasado algunos días sin comer lo suficientemente bien.

Yolanda admite también y sin pena alguna, que reciben ropa de personas que quieren ayudar con la causa. Ha vendido las cosas de su casa, desde sillas hasta camas, con tal de invertir lo necesario en los animalitos a los que les dedica tanto empeño. Con una sonrisa en su rostro y algo de timidez acepta que espera la caída de un ángel del cielo que les dé una mano con un “lotecito” para “construir algo digno”. Yolanda le denomina a todo ese esfuerzo una inversión de vida, pues sabe que son felices con lo que hacen.

Con un poco de esfuerzo y lágrimas de emoción en sus ojos, reconoce que lo más hermoso de su trabajo es cuando han rescatado a un perrito tras estar “vuelto nada” y lo ven moviendo la cola, contento, o en un hogar adoptado por alguien. Por esas razones que parecieran ser tan simples, para Yolanda valió toda la pena y el sacrificio.

Monday, 09 April 2018 00:00

“El arte salvó mi vida”

Julián David Vásquez Sarmiento es un pintor nacido el 23 de junio de 1991 en el municipio de Pitalito, al sur del Huila. A sus 26 años de edad, es hoy uno de los artistas jóvenes más importantes para esta parte del departamento, aun cuando su entorno parecía complicárselo todo.

De la soledad a soñar nuevamente
Julián estudió la primaria en el Colegio Laboyano, y la secundaria la hizo en la Normal Superior de Pitalito. En esta institución mejoró mucho sus capacidades artísticas. El profesor Costar Peña, quien enseñaba en el área de dibujo, fue uno de los maestros que más se fijó en los trazos de Julián, por lo que le motivaba constantemente a que siguiera el camino de la pintura, del dibujo. A pesar de ese empujón que trataba de darle el profesor Peña, Julián no se veía siendo artista, pues, aunque le gustaba mucho, temía que no fuese tan bueno como le decían.

Corría el año 2012 y Julián Vásquez disfrutaba mezclar música electrónica como amateur, y salir con sus amigos a bailar y tomar un par de cervezas. Lo hacía con prudencia. Era un joven más de Pitalito. Dentro de esos gustos, tuvo uno que tal vez le liberaba toda la adrenalina que una discoteca nunca logró hacerlo: las motocicletas.

Vivía en el barrio Los Lagos, al oriente del pueblo, con sus padres, Fernando Vásquez y Yolanda Sarmiento. Su papá es comerciante, y su madre profesora. Además, vivía con sus hermanos Sergio, Óscar y Diego. Óscar era el menor y, como a Julián, le gustaba salir con sus amigos, aunque por su edad no le permitían hacerlo tan seguido. Sin embargo, Óscar heredó y asumió una pasión por las motos, algo que su hermano mayor de alguna manera le inculcó. Tanto así que iban juntos a determinados eventos donde tuvieran participación estos vehículos de dos ruedas, e incluso, cuando se trataba de carreras, Julián era parte del espectáculo.

Pasaba el mes de abril del año 2013, y mientras Julián iniciaba la carrera de pedagogía infantil en una universidad privada de Pitalito, su hermano Óscar cursaba los últimos años del colegio. Un día, Óscar se fue con unos amigos en moto al municipio de Timaná, a no menos de 30 minutos del norte de Pitalito. Él iba sólo en su moto. Cuando regresaron, Óscar manejaba en exceso de velocidad y no pudo maniobrar en una curva. Murió al instante.

Este suceso fue un golpe brutal para toda su familia y amigos. Julián no supo amortiguar lo que la vida le había impuesto en su camino. Se sentía culpable por simplezas como haberle tenido la moto a Óscar cuando a él no le alcanzaban los pies para tocar el piso. Por haberle transmitido esa pasión hacia la velocidad en dos llantas. Tuvo un año donde se sintió perdido, arruinado. Julián carecía de motivos para seguir adelante en su carrera, o al menos eso creía. Duró un año sumido en el olvido y la soledad, tratando de levantarse, pero buscando mecanismos inapropiados. Rumbas y alcohol.

Una nueva historia
En 2014 Julián decidió iniciar una nueva vida, una historia distinta. Le dijo a su mamá que quería volverse pintor. Su madre simplemente le hizo un gesto de decepción, pero no de desprecio, ya que tal vez ella nunca vio a Julián tan enfocado en algo que él mismo siempre ignoró. Antes, cuando estaba en el colegio y al graduarse, él hacía cuadros pequeños o dibujos simples por pagos mínimos, por necesidad. Pero esta vez Julián lo decía en serio. Abandonó totalmente cualquier convicción que lo quisiera introducir nuevamente en el mundo del olvido, de tanta discoteca, de la soledad y la amargura, del sentimiento de culpa que lo había estancado y agobiado durante un año entero.

Un día, con 11mil pesos en el bolsillo, compró lo que pudo en pintura y un pincel. Los pinceles del colegio estaban desabridos y machacados, tiesos y sucios, no le servían. Necesitaba en dónde plasmar algo. Recogió una tela delgada y blanca que una tía tenía guardada en su casa. Julián se encerró en su cuarto y se concentró en su primera pintura por varios días.

Un caballo. Esa fue su primera obra. Para Julián, la más hermosa que ha logrado hacer. No la ha querido vender. La inspiración, tal vez, fue el contexto. Pitalito es tierra que cría equinos de paso fino reconocidos a nivel mundial. O quizás se basó en la fuerza de estos animales, tan elegantes de por sí. En ese momento supo que tenía cómo y con qué hacer arte.

De ahí en adelante pintó personajes, paisajes, y a quienes él llama “los amores de su vida”. Julián ama trazar mujeres. Mientras se daba a conocer por sus imponentes obras, ayudó en una organización social que trabajaba con niños en el campo. También descubrió su carisma y empatía con ellos.


Fue un gran año emocionalmente para Julián. Desde el 2015 ha pintado en exposiciones locales. Fue joven revelación en el municipio de Pitalito ese mismo año. Más tarde, en 2016, el Colectivo Iberoamericano de Artes Visuales Mapiripán, al cual está vinculado hoy, le dijeron “traiga la mejor pintura que haya realizado”. Llevó a una de “sus mujeres” a la Sede Consular de Ecuador en Popayán a una exposición que presentó ese Colectivo. Su dibujo, aunque no era el mejor, fue lo más llamativo y revolucionario para un pueblo tan católico históricamente. También ha viajado a Ecuador a presentar sus lienzos.


Julián siempre tuvo claro que lo suyo era la mezcla de los colores intensos, pero hace poco, mientras le hacía un trabajo a un amigo para su negocio, descubrió que mezclando café en grano con agua podía hacer pinturas en colores sepias. Este descubrimiento tomó más valor porque el sur del Huila produce el mejor café del mundo por su aroma y sabor, según el concurso mundial y anual Taza de Excelencia. También recuerda con emoción haber dibujado para el reconocido zoólogo y periodista empírico 'Pirry'.

Con todo lo aprendido, Julián ha pintado todo aquello que le inspira pasión, desahogo. Ahora en abril viajará a México a una pseudogira en Torreón, Coahuila y Monterrey. En esa última ciudad aprovechará y hará un curso intensivo, casualmente, con una profesora laboyana reconocida en Colombia y México, Diana Olarte. Además, sueña con pintar el rostro del cantante de rancheras Vicente Fernández.

De México intentará traer todo lo aprendido, pues para Julián Vásquez es importante ser un ejemplo para los niños y jóvenes. Reconoce que en Pitalito el Instituto de Cultura le ayudó bastante, pero que falta mucho por parte de los demás entes gubernamentales, pues hay artistas buscando escenarios para expresarse. Su objetivo más cercano será construir y montar una escuela de artes. Más tarde querrá ejercer como alcalde para, según él, ampliar los espacios propicios para la pintura, la música y el baile, el medio ambiente y el deporte. Espacios artísticos que urgen en una sociedad tan rígida pero con tanto talento y sueños, requisitos que el mercado no exige.

Los movimientos estudiantiles en Colombia han luchado durante más de 30 años para exigir sus derechos y los de la sociedad en general. Sin embargo, hoy el país presenta un contexto muy distinto en algunos escenarios, y sus mecanismos de manifestación parecen estar cambiando mientras la resistencia continúa.

 

La historia de los movimientos estudiantiles es un tema apasionante, pues, como menciona el vicerrector de la Universidad del Rosario, Richard Santamaría Sanabria, en su texto La importancia del movimiento estudiantil en Colombia, la relevancia de estos se debe al “reconocimiento del valor inmutable del estudiantado y su significancia dentro de la vida social bajo una perspectiva histórica amplia”. A su vez subraya que “las grandes reformas constitucionales que conllevan una real conmoción en el funcionamiento del estado se han gestado con un papel protagónico y contundente del movimiento estudiantil colombiano”.

En ese sentido, la lucha de los estudiantes en Colombia ha sido efectivamente vital para que la sociedad reconozca las distintas coyunturas que ha atravesado el país, pasando el surgimiento de grupos armados ilegales, los grandes cambios legislativos, y hasta por expresiones de resistencia ante la violencia armamentista.

Actualmente, el contexto es significativamente otro, aunque no por ello menos adverso. El país vive un proceso de paz con dos de los grupos armados más influyentes en la historia del conflicto armado colombiano, y en teoría los escenarios de lucha están cambiando, pero la estigmatización, la represión y las amenazas aún existen.

Una lucha que cambia, pero no termina
El diario El Espectador recordó en junio de este año cuando en 1971 se llevó a cabo una de las movilizaciones estudiantiles más grandes en la historia del país, uniendo a universidades privadas y públicas, gremios y sindicatos bajo una consigna: “Por una educación nacional, científica y de masas”.

Las protestas habían empezado en enero, pero el suceso que desencadenó en tal paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato de 20 personas en la Universidad del Valle, el 26 de febrero de ese mismo año.

La represión incentivó a la unión de las distintas asambleas estudiantiles plasmada en el Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, documento que proponía seis puntos. El más importante hablaba de abolir los Consejos Superiores Universitarios, conformados por representantes de los gremios y el clero (sectores extrauniversitarios), y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar las universidades bajo la fórmula del cogobierno.

El paro duró hasta septiembre y cerró en un común acuerdo entre estudiantes y el Estado, donde se constituyó el nuevo gobierno universitario y se estableció el cogobierno en la Universidad Nacional y la de Antioquia, disueltos ambos en 1972.

Esa fue una de las primeras luchas que lograron visibilizarse a nivel nacional y, por ende, una de las victorias más importantes obtenidas para el movimiento estudiantil.

Hoy parece ser que diversos factores han reducido al movimiento, la unidad y a la movilización. O al menos eso afirma María Fernanda Uribe, estudiante de Ciencias Políticas y miembro importante de la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia, pues para ella la lucha de los estudiantes universitarios ha perdido fuerza por una situación imperceptible: la edad. Y es que en las mismas inducciones que se realizan cada año en su universidad, se encuentra con estudiantes de hasta 15 años de edad. Para María “salir del colegio a los 15 años y llegar a un mundo tan grande como la universidad” es muy fuerte para ellos. Por lo tanto, vincularse a una lucha estudiantil que represente una mejora a nivel educativo, social o político es exigirle demasiado a un joven de esa edad.

Sin embargo, María Fernanda sostiene que el papel trascendental del movimiento estudiantil no es el único que ha decaído, pues, desde su punto de vista, las organizaciones políticas dentro de la universidad también están en un mal momento. María Fernanda dice que ha tratado de ser enfática en cambiar las formas de transmitir las ideas a la gente, pues puede ser otro gran motivo de la tangible falta de unidad. María lo propone con tal de incentivar a la participación y a adaptarse a las nuevas generaciones que van llegando a la academia universitaria.

Así las cosas, “ocurre que cuando se convoca a las marchas la gente a veces sale y a veces no”. Según María Fernanda, esa situación se debe a que hay métodos de convocatoria desgastados. De la misma forma, considera que en este momento el movimiento estudiantil se encuentra en un limbo ya que no se decide a la hora de proponer e implementar esos métodos los cuales se reducen al gusto de unos y se convierten en un repelente para las distintas voces que pretendan involucrarse.

Soranny Moncada, estudiante de la Universidad de Antioquia e integrante desde hace más de cuatro años de la organización Proceso Nacional Identidad Estudiantil, agrega que la problemática se podría deber en gran parte a una marca de temor creada por el paramilitarismo dentro y fuera de la universidad, que prevalece y sin duda cumplió su objetivo dividiendo y señalando al estudiante que quisiera integrarse en una organización social o estudiantil.

¿Por qué están luchando hoy los estudiantes?
Los estudiantes siempre se han vinculado a las luchas que proponen los distintos sectores sociales que se empeñan en exigir sus derechos, nunca sin olvidar sus necesidades. De esta manera, para Soranny hoy hay un problema clave para resolver: la desfinanciación.

Soranny explica que, aunque hace 10 años los movimientos estudiantiles estaban más atomizados regionalmente y hoy están más articulados a nivel nacional, falta superar esa barrera de unidad concertando las necesidades puntuales, apuntando a la construcción de paz, que abran espacios dentro de las mismas universidades.

Los casos específicos actualmente son el decreto 2034 y el programa Ser Pilo Paga (SPP). El primero, una reforma a la educación, y el segundo, para las organizaciones estudiantiles, una beca abstracta y egoísta. Ambos son para Soranny y muchos estudiantes, unas políticas aplicadas como forma de privatizar la educación. Según Soranny, se está eligiendo una estrategia política y económica por encima de una necesidad social, y siempre ha sido así.

Por lo tanto, la lucha estudiantil siempre tendrá cómo resistir y contra qué luchar, porque esa chispa de rebeldía necesaria para confrontar y reclamar sus derechos no desiste. Las expectativas de los movimientos de los estudiantes se basan en superar errores pasados y lograr la unidad que requieren para asumir los retos que década tras década no disminuyen, sino que, todo lo contrario, se reproducen sistemáticamente mientras atentan contra sus derechos.

La apertura del mercado a nivel global modificó todas las reglas de la producción nacional, y en el caso de las industrias, las textileras en Colombia no fueron la excepción. Antioquia, el departamento más golpeado.

La industria textilera en Colombia fue una de las producciones más importantes para el país. El problema llegó cuando la globalización impuso ciertas reglas no escritas que obligaron a modificar las estrategias políticas y de mercado para los confeccionistas y las textileras.

En Medellín, Antioquia, se encontraba la tradicional Coltejer, hoy en manos de la compañía mexicana Kaltex, y Fabricato-Tejicondor, empresas textileras que trabajan a partir de algodón y sus mezclas. Para el 2008, producían el 34% del tejido nacional. Estas generaban más valor agregado que en Bogotá, y dedicaban más del 40% a la exportación, mientras la industria bogotana destinaba el 90% de su producción al consumo interno.

Hoy en Colombia las cifras son contundentes. Según la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA), la producción de prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio del 2017, y la producción de productos textiles 8,8 %.

Sin embargo, Álvaro de J. Rendón, empresario y quien trabajó para la Industria del Vestido, una planta de confección en Medellín, sentencia que todo es culpa de la CCCyA. Y es que, en teoría, esa cámara tiene como objeto promover la Industria de la Confección a nivel nacional e internacional, además de representar y defender los intereses generales del sector. Sin embargo, Rendón resalta que este órgano de consulta ha hecho que las textileras ahora sean sólo picadoras de telas.

Por otro lado, las plantas satélites, es decir, las personas que confeccionan desde casa y trabajan como terceros, están siendo explotadas y todos sus derechos laborales son violados. Para Álvaro Rendón, la situación se ha convertido en un problema social ya que este método de contratación genera esfuerzos abismales para quienes laboran en sus plantas satélites, conformadas principalmente por mujeres. Ellas trabajan desde las cinco de la mañana hasta las 10 de la noche, y se ven sometidas a redoblar esfuerzos y a abandonar a sus familias. En otras palabras, los comerciantes se benefician mientras los confeccionistas son víctimas.

Los talleres satélites de la confección le solicitan al senador Luis Fernando Velasco, promotor de la CCCyA, que con la misma presión que ejerce al Gobierno nacional para mejorar condiciones de la Cámara de Confecciones, exija mejora en la vida laboral y los precios de la confección, pues son las que más generan empleo a nivel nacional.

Este año la CCCyA ha venido advirtiendo una crisis monumental para la industria textilera, y dice que las expectativas son mínimas. Hoy son más de 200 mil empleos perdidos, y la cifra va en aumento. Las textileras esperan a que el Ministerio del Trabajo se pronuncie al respecto. Con ese panorama, la pregunta que se formulan los confeccionistas es: ¿Qué solución les están dando a los operarios de los talleres satélites de la confección?, porque de seguir siendo explotados, la industria textilera colombiana estará pronto contando sus días.

Thursday, 07 December 2017 19:00

Un patrimonio que no termina de ser pagado

En el 2005 se concretó la venta de Telecom, una de las entidades públicas más importantes para Colombia. Han pasado 12 años y los exempleados siguen reclamando por sus derechos

 

Desde 1991 se escuchaban ecos de la posible privatización a la línea telefónica más importante del país. Una década después, en 2001, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), la máxima autoridad de planeación, publicó un acta en la cual indicaba unos lineamientos para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, partiendo fundamentalmente de las nuevas fuerzas del mercado.

Luego, el 10 de junio del 2002 desalojaron a los trabajadores de Telecom y el 12 de junio publicaron los decretos para liquidarlo. Ahí empezó el sufrimiento para casi dos mil personas que se vieron afectadas por distintas consecuencias de la venta forzada de Telecom, y todas relacionadas con la irresponsabilidad del Estado.

¿Quiénes fueron los afectados?
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de autorizar la venta de Telecom, y básicamente se dictaminaron dos años para el proceso legal de liquidación, y otros 15 años para cumplir tal abolición.

Sin embargo, Gonzalo Díaz, expresidente nacional del sindicato de Técnicos Telecom, afirma que los sindicalistas, aforados y no aforados, no alcanzaron a entrar en la tabla de indemnización que otorga el Gobierno.

Gonzalo explica que inclusive los que estaban a punto de pensionarse y presentaron demandas durante y después del 2005, año en el que se desarrolló directamente la erradicación de la cuenta de Telecom, no tuvieron la atención de los juzgados donde remitieron su pronunciamiento, debido a que, supuestamente, su situación estaba en proceso.

Esta determinación alojó cerca de unos 2000 afectados, de los cuales, afirma Gonzalo, muchos resultaron como vendedores ambulantes, algunos hasta con problemas mentales, e incluso al borde del suicidio.

La respuesta del Estado
Para el 2010, Gonzalo Díaz y Juan Pablo Sepúlveda, expresidente regional del Sindicato de Técnicos de Telecom, lideraron la construcción de un documento que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pretendían obligar al Estado a responder, pero está estancado y en lectura.

Más tarde, en el año 2014, la Corte Constitucional decretó la sentencia de unificación, la cual fundamentalmente señala al Estado por su negligencia en el manejo de las indemnizaciones y la situación de los pensionados de la antigua Telecom. Con esta, a su vez, consideró una atención especial a padres, madres y discapacitados exempleados para que no sólo recibieran una indemnización, sino que se les reincorporara laboralmente en algún cargo de cualquier entidad pública que requiriera trabajadores.

Aún con ese decreto, el Ministerio del Trabajo, para ese entonces a cargo de Clara López, no hizo nada. De la misma manera, el Ministerio de Comunicaciones se limitó a asegurar que no tenían en dónde meter a los exempleados de Telecom.

Gonzalo asegura que hoy en día no cree en la justicia, pues, para él, sólo responden a ciertos intereses y según el boom mediático que la demanda contenga. Mientras tanto, planea utilizar otros recursos legales al alcance de su mano con tal de exigir lo que a él y a los centenares de afectados de la liquidación de Telecom les corresponde. Gonzalo Díaz pide unidad con las organizaciones sindicales, y confía en que su lucha se consagrará siempre y cuando acuda a sus propios medios para lograrlo.

Así le respondieron desde la Policía Nacional a Margarita Restrepo una de las tantas veces que insistió en conocer dónde estaba su hija, Karol Vanessa, a quien desaparecieron en el 2002 luego de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

Karol Vanessa tenía 17 años y se destacaba por su responsabilidad. Era la mano derecha de su madre, Margarita Restrepo. Junto a sus hermanos, vivía en el barrio Nuevos Conquistadores, y para ese año la Comuna 13 de Medellín afrontaba uno de los episodios más complejos en su historia, pues fue una zona de disputa por el territorio entre ‘paras’ y milicias urbanas.

Aunque Karol era feliz estudiando, su madre tuvo que sacarla del colegio por miedo a una bala perdida, o la angustia de que la desaparecieran. Un poco después, y previo a la Operación Orión, Karol se instaló en una casa de familia en busca de alternativas para ayudar a generar ingresos en su hogar. Se fue a vivir con Estela, una señora que la motivaba constantemente para que saliera adelante. Estela evitaba justamente que Karol dejara de soñar mientras cesaba la guerra con la que tenían que convivir en el sector. 

Así, Karol empezó a trabajar, y ganaba 50.000 pesos semanales. De esa ganancia nunca se compró una muda de ropa para ella porque siempre pensó en su madre, en sus hermanos y en Cristian, el único sobrino que conoció y alcanzó a tener en sus brazos.

Nunca regresaron…

El entonces presidente Álvaro Uribe y la Alcaldía de Medellín, que estaba a cargo del actual gobernador de Antioquia Luis Pérez, autorizaron la Operación Orión, una intervención militar liderada por el ex general Mario Montoya y realizada por más de 1000 hombres entre el Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea, que pretendía arrinconar y expulsar a las milicias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, y los Comandos Armados del Pueblo -CAP-, que eran quienes controlaban esta parte de Medellín. Además, según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social -Corpades-, unos 3000 paramilitares hicieron parte de la operación.

En el transcurso de la incursión militar, Margarita protegía a sus seis hijos de las balaceras que llovían desde los helicópteros del Ejército y las montañas del suroccidente de la Comuna 13. Colocaba colchones y refugiaba a los suyos en el patio de su casa. Los enfrentamientos duraban largas horas e iniciaban en cualquier momento. Sin embargo, Margarita y su familia lograron salir de esta.

El accionar militar duró oficialmente tres días, entre el 16 y el 19 de octubre del 2002, pero las desapariciones y los asesinatos se extendieron por meses. Inmediatamente acabó la operación, Margarita y su familia se desplazaron a Itagüí. Casi una semana más tarde, el viernes 25 de octubre del 2002, pasó lo inimaginable.

Margarita estaba en el trabajo. Karol la llamó: “Mamá, ¿me dejás ir a San Javier a verme con Jhon y Cristian?”. Margarita le respondió que no. Para ella todavía era peligroso ya que, luego de la operación, en el sector se presentaban allanamientos ilegales y se conocía de algunos secuestros por parte de hombres particulares, que los habitantes de la comuna veían subir y bajar con la Fuerza Pública. El temor seguía palpable. A pesar de ello, Karol logró convencerla. Margarita se limitó a pedirle que no tardara, le echó la bendición y apenas colgó el teléfono sintió, según cuenta, un peso de consciencia… una sensación de no haber cumplido su deber como madre al no responder lo que sus sentimientos le indicaban. Karol Vanessa llegó a la estación del metro San Javier de la Comuna 13 y se encontró con sus dos amigos. Jhon y Cristian nunca regresaron a sus casas. Ella tampoco.

“La justicia en Colombia es mala”

Margarita pasó ese viernes sin escuchar nada de Karol, hasta que decidió salir y buscar a su hija. Indagó en hospitales y hasta en las cárceles de Medellín. Tenía miedo y se sentía débil por no poder hacer nada.

Era un puente festivo y la denuncia de lo ocurrido se la recibieron sólo hasta el martes 29 de octubre. Con las ilusiones intactas, Margarita llamaba a diario para conocer qué pasaba en su búsqueda, aunque no era la única, pues los casos de desapariciones iban en aumento en la Comuna 13, y su miedo crecía cuando escuchaba en las noticias que había un NN en Medicina Legal.

“Ya van 15 años que no encuentran no solo a mi hija sino a muchos otros. Década y media sin saber si está viva, si está muerta, dónde está, quién la tiene, por qué lo hicieron…”. Margarita terminaba de relatar la historia de su hija, y con una mirada perdida y acompañada de lágrimas, cierra: “la justicia en Colombia es muy mala”.

Mujeres luchando por la verdad y la reparación

Los resultados de la Operación Orión fueron 88 asesinatos, 95 desaparecidos y un total de 370 detenciones arbitrarias. Aun así y desde ese entonces, Margarita ha luchado con sus hijos para encontrar el cuerpo de Karol, y ha resistido 15 años la falta de apoyo por parte de los gobiernos de turno. Además, junto a la organización social Mujeres Caminando por la Verdad, a la cual pertenecen otras 143 mujeres entre madres e hijas víctimas de la Operación Orión, está esperando una verdadera reparación por parte del Estado. Justamente a comienzos del 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó por los excesos de la intervención militar. Este hecho se traduce en que el Estado debe pedir perdón a la sociedad y a las víctimas, y comprometerse con la no repetición de lo ocurrido. Sin embargo, a la fecha, ni el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez ni el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez, han reconocido su responsabilidad.

Por el contrario, el senador del Centro Democrático afirmó, en pleno proceso de paz con las FARC durante el 2016, que “la operación sirvió para pacificar la comuna e iniciar la paz en Medellín”. Sin embargo, luego de la Operación Orión, el Bloque Cacique Nutibara, brazo de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, comandado por alias don Berna, se apoderó del territorio, y tras su desmovilización, los combos siguieron armándose y enfrentándose por el poder.

Varias integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad han sido ayudadas económicamente. Pero ellas, junto a Margarita, esperan otro tipo de reparación: justicia, verdad y la búsqueda real y exhaustiva del cuerpo de las víctimas mortales. Además, esta organización exige que Álvaro Uribe, Luis Pérez y el ex general Mario Montoya pidan perdón, con el fin de dar un poco de descanso para Margarita y todas las víctimas de la Operación Orión que hoy luchan por demostrarle al país que lo ocurrido aquel octubre del 2002 fue un crimen de Estado.

Saturday, 21 October 2017 19:00

Movete: Una resistencia heredada

El Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, Movete, es una articulación de organizaciones sociales, juveniles, ambientales y campesinas que nació en el 2013, por la necesidad de trabajar en conjunto para el Oriente de Antioquia. Este ejercicio de resistencia y defensa del territorio tiene un antecesor en el Oriente antioqueño: el Movimiento Cívico.

 

El Movimiento Cívico, una lucha que no culmina
Desde que el Oriente antioqueño, en la segunda mitad del siglo pasado, se colocó como un polo de desarrollo a nivel nacional e internacional con la construcción de la autopista Medellín - Bogotá, el aeropuerto José María Córdova, más la expansión urbanística desde el Valle de Aburrá hacia el Oriente cercano y la llegada de las hidroeléctricas, las comunidades empezaron a verse afectadas. Fueron las altas tarifas de energía para esta región productora de la misma, lo que motivó a la conformación del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, quien desde entonces emprendió un ejercicio de organización y movilización.

Beatriz Gómez, oriunda de La Unión, Antioquia, hizo parte del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño desde 1993. Tratando de recordar cómo inició labores la organización, logra acertar con precisión cuando afirma que “hubo muchas personas 'tesas' y 'berracas' trabajando por las comunidades y la defensa de los territorios y del agua”. Doña Beatriz, algo nerviosa y un poco agitada, tal vez por sus 68 años de edad,  de los cuales dedicó más de 30 a la lucha y al Movimiento Cívico, recalca con orgullo que en el Oriente antioqueño se peleó en primera instancia contra uno de los servicios de energía más costosos del país.

Beatriz expresa con altivez que en ese suceso contra la empresa de energía Grupo Unión, quien suministra actualmente el servicio en el municipio de La Unión, inició en 1998, y que los líderes llevaron a cabo acciones de hecho como quemar llantas para visibilizarse. En esos años de tensión, doña Beatriz cuenta que se hacían reuniones clandestinas por el temor a la amenaza y el sometimiento, pero que aun con ello el amedrentamiento logró dispersar a los miembros del Movimiento Cívico.

Sin embargo, manifiesta con una alegría efusiva en su tono de voz que sus dos hijas han heredado parte de esa motivación, por lo que María*, la mayor de ellas, trabajó en la Gobernación de Antioquia y ahora está en la Alcaldía de Medellín debido a sus iniciativas. La otra hija de doña Beatriz, Luz Dary Valencia, junto a su nieta, Alejandra Valencia, se encuentra apoyando organizaciones sociales que se empeñan en defender el territorio en el Oriente, como la Tulpa Comunitaria y el Movete, las cuales actualmente se esmeran por retomar ese mecanismo de lucha.

"El Movimiento Cívico me dejó algo hermoso. Más que miedos, satisfacciones, y le pude abrir los ojos a muchas personas y muchos jóvenes, y el trabajo con la memoria colectiva ha sido fundamental. Hoy la intención por retomarla con la lucha contra el extractivismo es una forma atrevida pero genial de trabajar por el territorio y reactivar la memoria”. - Beatriz Gómez.


Constitución del Movete y los actuales escenarios de conflicto
La Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño presentó en el 2012 un informe alrededor de la crisis humanitaria dada por la creciente presentación de proyectos extractivos en el territorio; mostró 52 pedidos de concesión para micro o macrocentrales e hidroenergéticas para ese período.

Esta fue la primera motivación, pero no la más importante para el surgimiento del Movete, pues según explica Juan Bernal, quien pertenece a Conciudadanía e integra el movimiento, por otro lado el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza (EDSPP) que venía actuando en el Oriente junto a otras organizaciones, visibilizó desde años anteriores las problemáticas con el agua desde esta parte de Antioquia.

En el 2013 se logró juntar la propuesta de la Asamblea Bosques con la planteada por el EDSPP, La primera trataba de identificar las problemáticas adyacentes en los proyectos extractivistas y la segunda proponía el Festival del Agua como mecanismo para unir al Oriente antioqueño, poniendo en claro las actividades mineroenergéticas y las consecuencias que se pretendían en el territorio. De esta manera, y desde el primer Festival, el cual reúne anualmente a unas mil personas, se trabajan cinco líneas: Hidroenergía, la minería, monocultivos, la seguridad y la soberanía alimentaria, y conflicto armado (víctimas y memoria).

Luego de esto se evaluó el Festival del Agua y se consideró crear un actor para tal manifiesto, por lo que se consagró el Movete y nació oficialmente a finales de noviembre del 2013.

A pesar de lo anterior y la adaptación de las luchas hechas por el Movimiento Cívico, Johan Higuita, un estudiante de la Universidad de Antioquia de 24 años de edad y quien lleva dos en el Movete, asegura que las “movidas” de los gobiernos de turno para conceder terrenos a las multinacionales “generaron principalmente avances en las estrategias paramilitares, quienes legitimaban los proyectos en la región frente a la resistencia que venían desarrollando las comunidades”.

Antioquia está en un momento álgido, por lo que Movete se activó para organizarse, informar y luchar contra las microcentrales, reforzando las relaciones entre las comunidades y adelantando algunas acciones jurídicas para buscar formas de resistencia a estos proyectos, así como germinando movilizaciones que concienticen a las poblaciones del Oriente antioqueño. Lo que se viene en términos de políticas de Estado es preocupante, pero este tipo de expresiones que heredan otras formas de lucha prometen una apuesta solidaria con el departamento, las comunidades y el medio ambiente.

*El nombre de la mayor de sus hijas fue cambiado por petición de Beatriz.

Por Sebastían Perdomo

La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA) se pensó a finales de los 90, pero solo hasta el 2003 su creación se concretó tras la necesidad de escuchar a las víctimas del conflicto armado de esta parte de Antioquia. Sin embargo, su lucha se ha diversificado debido a las frecuentes formas de violencia que continúa soportando esta región.

Conflicto y lucha
En el año 1988, en el municipio de Segovia hubo una serie de amenazas mediante grafitis, boletines, cartas, entre otros, donde el gripo ilegal Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) prometió acciones violentas contra dirigentes de izquierda. Previamente, entre marzo de 1986 y octubre de 1988, allí y en Remedios, fueron asesinados 16 líderes comunitarios, todos militantes de la Unión Patriótica (UP).

Luego, este grupo ilegal salió a la luz pública y, cuenta el informe del libro Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia (1982 – 1997) escrito por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que las amenazas fueron persistentes contra los miembros de la UP, quienes en gran parte salieron victoriosos en las elecciones del 88 en esta región y donde sus militantes fueron el principal objetivo de estas actuaciones. Más tarde, en octubre de ese mismo año y tras enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Policía, tres agentes murieron, por lo que el Ejército tomó represalias contra la población.

Pero el caso más lamentable ocurrió el 11 de noviembre de 1988 durante un ataque del MRN, liderado por Fidel Castaño, dejando un saldo de 43 personas asesinadas y 45 heridas. Fernando Álvarez, Representante Legal de ASOVISNA, relata que para la séptima conmemoración de aquella masacre, se llevó a cabo una movilización nacional denominada “Peregrinación a Segovia”, la cual pretendía promover la no repetición de esos hechos.

En 1995, previo a la peregrinación, Fernando asegura que llamaron al Párroco y al Director del Hospital en Segovia a decirles: “les van a faltar tumbas y camas para las personas muertas y heridas que van a quedar”. Esa fue la amenaza que dictaron los paramilitares si continuaban invitando a la peregrinación de aquel año. A pesar del ambiente de miedo que se palpitaba, la caminata se realizó.

Ante estos ataques contra líderes sociales, en el mismo informe se manifiesta que “el último ciclo de protesta (1994 – 1997) marcó el declive progresivo de las manifestaciones de protesta social en la región”. Además, dice que “para comienzos de 1996, los miembros de las Juntas Cívicas que aún permanecían en la región redujeron su trabajo [de protesta social que fue fuerte luego de la masacre de 1988] a una veeduría ciudadana en medio de una estigmatización y victimización crecientes”.

Creación de ASOVISNA
Fernando Álvarez cuenta que tuvo que salir del municipio en 1996 junto a otros compañeros, pues hacían parte de un listado de inteligencia y les sindicaban como insurgentes; un señalamiento con el que siempre, aún hoy, tienen que sufrir. Otros compañeros se quedaron, pero poco a poco fueron saliendo y continuaban su lucha principalmente desde Medellín. El 22 de abril de 1996 se dio una masacre en dos barrios periféricos del casco urbano de Segovia, distantes entre sí: El Tigrito y La Paz. Como consecuencia de esta incursión de paramilitares, hubo 14 personas muertas. Poco después, las investigaciones dieron como resultado la condena de Rodrigo Antonio Cañas Forero, oficial del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Contraguerrilla Nro. 46.

En 1997 entró a operar el GAN (Grupo de Autodefensas del Nordeste), pero se pudo establecer que tanto los que ejecutaron masacres el 22 de abril, como los que estuvieron ahí ocho meses entre el 2 de enero e inicios de septiembre de 1997, no eran una estructura propiamente paramilitar, sino que estaba compuesto por unas Convivir que operaban desde Medellín, y con la anuencia del Ejército Nacional. Muchos de esos que participaron en los asesinatos colectivos y selectivos, fueron asesinados luego en Medellín para borrar posibles testigos.

Así entonces, el informe realizado por el CNMH y todo lo vivido entre 1986 y 1996 por las dos poblaciones más importantes en esta parte de Antioquia, motivó la conformación de una organización que recogiera las historias de las víctimas del Estado, paramilitares y la insurgencia. En el 2003 y con la participación de 50 personas, se conformó ASOVISNA.

A partir de ahí, la asociación se centró en cuatro ejes:
Investigación; acompañamiento y denuncia; trabajo de memoria y verdad; y acompañamiento judicial. Por ahora han desarrollado principalmente memoria y verdad porque desde la asociación se espera que ambas no queden invisibilisadas.


La construcción de memoria se realiza hoy apartir de la publicación de informes. ASOVISNA le apuesta a esos dos conceptos fundamentales por el contexto actual, los cuales deben ser elaborados por las comunidades y no por una memoria oficial, porque la verdad se diluye y queda en el escenario, afirma Fernando.

Oliva de Jesús Castaño, secretaria de ASOVISNA, una mujer de 67 años que se vinculó a la organización en el 2015, concuerda con Álvarez al afirmar que se trabaja más en memoria y verdad porque saben que hay personas necesitadas de ser escuchadas. En este punto se hacen capacitaciones para que sus miembros puedan enfrentar la situación y mirar qué es lo que realmente pasó con ellos. "Todos tenemos derecho a eso, a la verdad", y subraya que "la voz del Estado no es tan verdad".

Oliva llegó a Medellín desplazada por los paramilitares en Segovia, y se vinculó gracias a una invitación de Fernando. Primero fue desplazada de San Roque, Antioquia (1994); luego cuando vivió en el campo, en Segovia (1997). De allí se fue al pueblo (barrio José Antonio Galán), hizo parte de la Junta de Acción Comunal (JAC), y la desplazaron de Segovia a Medellín (1997). En Medellín también fue desplazada de su barrio Esfuerzos de Paz, en el 2012 y, afirma ella, fue el Bloque Metro.

Ahora, en el acompañamiento judicial se labora en relación a demandas, algunas por desplazamiento, otras por ejecuciones extrajudiciales, y algunas por los hechos del 11 de noviembre de 1988. En la investigación, ASOVISNA ha frenado un poco por las condiciones del territorio. “Primero porque hay unos sectores que tienen control social, y también por la falta de recursos”, asegura Fernando.

La legitimidad social es buena, pues ella está articulada al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), y además hace parte de Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Cuentan con el apoyo de la Coordinación Colombia - Europa y el Proceso Social de Garantías. En esos escenarios se han podido visibilizar y ASOVISNA tiene cierto reconocimiento.

Hoy la lucha es por motivar a la construcción de la verdad, dejar el miedo, pues no es fácil reconocer que los Policías, como le sucedió a Oliva, desplazan comunidades, o son cómplices y victimarios directos en algunas masacres. Asimismo, el nordeste antioqueño hoy actúa contra un escenario de conflicto social paralelo al armado, en el que la solidaridad de todas las organizaciones sociales es fundamental para afrontarlo, y en el cual ASOVISNA está dispuesta a aportar.

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