Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

E.* no dejaba jugar fútbol a su hijo por miedo a que lo lesionaran o sufriera una fractura. No fue una patada lo que mantiene a su hijo postrado con apenas 17 años. Es la bala que entró por su muslo izquierdo, disparada, según él, por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 3 de mayo de 2021.

La alevosía que empleó la fuerza pública para apagar el estallido social que vivió Cali entre mayo y junio del año pasado, mató a más de 20 personas en Siloé —y más de 40 en todo Cali—, estropeó el proyecto de vida de los muchachos que quedaron con lesiones de por vida, y dejó daños morales irreversibles en los familiares de las víctimas. La mamá de E., por ejemplo, sufrió un infarto de la angustia que le daba ver a su nieto enfermo.

El paro en Cali nunca paró, al menos no en Silóe. A la letal represión, le siguió un ciclo de violencia —que se mantiene hasta hoy— contra la verdad, la memoria, y los reclamos de justicia:    

A Daniel Stiven Sánchez —joven de 16 años que el 29 de mayo apareció quemado y con signos de tortura afuera del Dollar City de Silóe—, su familia no pudo llorarlo el día de su entierro porque hombres armados andaban merodeando el lugar. Días después quebraron los vidrios de la casa familiar. P., la hermana a la que Daniel siempre le pedía la bendición cuando salía de la casa, empezó a ser hostigada y perseguida por motos policiales. Y a su hermano, que estaba a punto de jurar bandera en el Ejército, lo echaron cuando se enteraron que sus hermanas responsabilizaron a la fuerza pública del asesinato de Daniel.  

Al otro día del asesinato de su hijo, a J. —mamá de Harold Antonio Rodríguez, asesinado el 3 de mayo al igual que José Emilson Ambuila y Kevin Agudelo Jiménez— la llamaron abogados rapaces desde Medellín, Bogotá y Barranquilla para ofrecerle sus servicios. Una semana más tarde, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) la citó y le pidió que le entregara el celular de su hijo, de no acatar la orden, dijo él, deberían allanarle su casa. J. llamó al CTI y averiguó por el sujeto. Una investigadora de la entidad le respondió que sí trabajaba con ellos, pero no le habían dado ninguna orden.  

La trabajadora social que reportó y denunció los 3 muertos y 23 heridos que llegaron al hospital de Siloé el 3 mayo, debió abandonar el país por amenazas. En enero, un fiscal tosco le recriminó a M. —mamá de Michael Andrés Aranda, asesinado el 28 de mayo de 2021— porque ella y otras familias protestaron ante la negligencia sistemática en los procesos judiciales, “hemos trabajado todo diciembre, yo no pude tener una navidad como la suya”, le dijo él. Desde que terminó la protesta, asesinaron o encarcelaron más de 20 jóvenes que en su momento integraron la Primera Línea de Siloé y otros puntos de la ciudad. Entre las victimas también hay niño que dice querer suicidarse para llegar al cielo y encontrarse con su papá.

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El 9 de mayo de 2021, Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle, le dijo a un periódico internacional que días después de la masacre del 3 de mayo había ido a Siloé, “y escuché los disparos y escuché los estruendos. Después, en esa balacera tan berraca, yo no encontré a los muertos”. Cuando le preguntaron si en ese momento el que daba las ordenes era él o Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército a quien el expresidente Iván Duque le encomendó apaciguar el estallido social en Cali, respondió: “un comandante del Ejército tiene mucha más capacidad política que un alcalde […] Lo que hacen los alcaldes es definir la línea gruesa, jamás la línea operativa”.

Ospina volvió a Siloé el 3 de septiembre de 2022. Algunas personas que estuvieron en la reunión que él presidió, aseguran que el alcalde reduce la memoria a la construcción de monumentos. Que además ofreció empleo, pero los familiares de los asesinados le respondieron que no estaban buscando trabajo sino justicia.

“Cali incluyente” fue el programa que la alcaldía, con ayuda financiera de algunos empresarios, diseñó para responder a las demandas de la juventud que paralizó la capital mundial de la salsa. El proyecto abrió más de 400 plazas laborales, las cuales fueron repartidas entre las casi 26 primeras líneas que integraban la Unión de Resistencias de Cali (URC).  

Las tareas asignadas a los “pelados” van desde hacerle mantenimiento a las huertas comunitarias en los barrios, hasta apoyar la prevención y la mitigación de la Unidad de Gestión del Riesgo. M. y E., dos integrantes del punto de resistencia La Nave de Siloé, tienen reparos sobre el programa y desconfían de las buenas intenciones de la institucionalidad y el sector empresarial. Las lideresas aseguran que es una estrategia para generar fracturas al interior de las primeras líneas y obtener información personal con la cual perfilarlos. E., quien fue beneficiaria de una de las vacantes, denuncian que existe una malversación del presupuesto, incumplimiento en los pagos, programación de actividades en lugares distintos a sus barrios de influencia, asesinato de jóvenes que hacían parte del programa —el que funcionarios de la alcaldía llaman “Cali delincuente—, y que el contrato que firmó el 10 de junio, a ella se lo cancelaron el 10 de julio por manifestar su inconformidad con el manejo administrativo.

Pareciera que el Estado, en su afán por borrar su responsabilidad criminal en la historia, también hubiera optado por recurrir a “todos los medios de lucha”.  

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Las violencias encubiertas, simbólicas y sistemáticas desplegadas durante el postparo, son una forma de reprender a los que quedaron, de enterrar vivos a los sobrevivientes.

Quienes dieron la orden de disparar y algunos sospechosos de haber disparado, hoy siguen portando su uniforme. Como el Estado colombiano no castiga, sino que en algunas ocasiones premia al sindicado, los familiares y algunas organizaciones sociales decidieron crear su propio escenario de acusación y justicia simbólica; pues aunque la búsqueda de la verdad moviliza, tal como lo dijo el magistrado argentino Pablo Pimentel, “sin justicia la verdad queda como un dato frio en la historia”.

El Tribunal Popular de Siloé no es una invención desesperada. Uno de los antecedentes en los que se inspira es en las Gachachas. Este juzgado comunitario, que en español significa “justicia sobre la hierba”, fue el mecanismo utilizado en Ruanda para enjuiciar, en circulo y al aire libre, a los responsables del genocidio que acabó con más de 600.000 Tutsis en 1994.

La sesión inaugural del Tribunal fue el 3 de mayo de 2022. Ese día se le imputaron cargos al expresidente Iván Duque, al alcalde Jorge Iván Ospina, a la gobernadora de Valle del Cauca Clara Luz Roldán, al excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro, al comandante operativo de la Policía de Cali Édgar Vega Gómez y al comandante del Grupo Operativo Especial de Seguridad (Goes) Néstor Mancilla, éstos dos últimos también acusados e imputados por la Fiscalía 39 de derechos humanos de Cali.

En la segunda sesión, realizada el 10 de septiembre, la secretaria técnica presentó a los Magistrados internacionales el material que prueba la responsabilidad estatal en 18 crímenes de lesa humanidad que, entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021, ocasionaron 159 víctimas en Siloé. Pese a que el juzgado 11 civil de circuito de la ciudad ordenó a la Defensoría del Pueblo designar una persona que defendiera al Estado en la sesión de acusación, Armando Torres Gómez, encargado por la regional Valle, no asistió. Se espera que en febrero de 2023 los jueces internacionales den lectura a la sentencia, sin embargo, Yohanka León del Río, magistrada cubana, afirmó que lo ocurrido en la comuna 20 de Cali fue una “grave lesión a la consciencia ética y comunitaria”.

El Tribunal puede mostrar avances probatorios, todavía no puede celebrar una condena. Pese a ello, su quehacer resulta legítimo en tanto las familias depositan en él su única esperanza, y quienes nunca habían denunciado se atreven a hablar. O. —mamá de Conrado de Jesús, joven abaleado por la fuerza pública el 3 de mayo— era una de ellas. En un espacio muy íntimo, aparte de reseñarnos todo el drama por el que ha pasado, agradeció porque “hemos recibido más abrazos y apoyo de gente de afuera, que de la misma ciudad”. También deberá decir la historia que mientras Siloé pedía justicia, Santiago de Cali siguió bailando salsa.

 

*Se omiten los nombres por cuestión de seguridad.

Texto: Juan Alejandro Echeverri

Fotos: Daniel Alvarado

500 campesinos y mineros de 10 veredas organizaron un campamento humanitario para preservar su vida y decirle al país que temen ser presa de los actores armados que a sangre y fuego quieren adueñarse de su territorio. A la vereda El Carmen, levantada en las profundidades rurales de Remedios, nordeste de Antioquia, la administración municipal envió un grupo musical que entonó música decembrina, una brigada médica, y dos funcionarias de tercer rango, cuyas palabras, triviales y perezosas, fueron evaporadas por la resolana segundos después de pronunciadas. La comisión institucional llegó a la media mañana del cuarto día de la acción humanitaria; afanados, desertaron después del almuerzo.

En la puerta de la cantina campesina donde sonó la agrupación, hay un papel pegado. Es un comunicado de la dirección del Frente 4 de las FARC-EP, con fecha del 26 de marzo de 2022, el cual les prohíbe a los dueños de cantinas y establecimientos abiertos al público “venderle cualquier tipo de bebida embriagante a los guerrilleros, guerrilleras, milicianos, milicianas o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia”. Quien incumpla la orden “por primera vez” deberá pagar una multa de un millón de pesos; si se reitera el desacato, “se le serrara el establecimiento por tiempo indefinido. La medida se toma con el objeto de recibir el apoyo de las comunidades en la superación de los errores, fallas y desordenes cometidos por integrantes de nuestra organización en medio de las borracheras, queremos evitar un mal mayor (…) pedimos a las comunidades nos entiendan y apoyen en el ejercicio de ser veedores del comportamiento de las FARC-EP en el territorio (…) La presente medida rige a partir de la fecha y por tiempo indefinido, o hasta nueva orden”.

A unos metros, el poste de la luz está marcado con las letras y los colores del ELN. Y en Cañaveral, ubicado a una hora y media de aquí, gran parte del caserío está marcado con pintas de las AGC, que intentaron ser tachadas con pintas del ELN. En estos confines rurales, la guerra también es semántica.

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  • Remedios y Segovia hacen parte del llamado “anillo dorado” de Antioquia. El oro, explotado a pequeña, mediana y gran escala, es igual o más importante que Dios en estos municipios. El subsuelo tiene reservas para todos, pero a veces la abundancia multiplica la codicia.

    La misma ansia que sienten sus habitantes por encontrar un castellano de oro, la sienten los grupos armados que quieren imponer su ley y arrebatar parte de las millonarias rentas que deja la exuberancia del metal precioso. Mensualmente los actores pueden recaudar hasta cinco mil millones en vacunas y extorsiones. Además, tal como lo explica Yesid Zapata, defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz., la zona cuenta con extensos corredores montañosos que la comunica con el Magdalena Medio, el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Bolívar, y el Nudo del Paramillo, núcleos indispensables para la ilegalidad. “También es un territorio muy grande. Al no existir presencia y control del Estado, permite el movimiento de grandes ejércitos no estatales”.

    La vasta ruralidad de Remedios y Segovia fue controlada por las FARC-EP hasta que firmaron su desmovilización en 2016. El ELN también hizo las veces de autoridad, y de momento opera de manera coordinada con las disidencias farianas para impedir que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) les arrebaten el control. Cada región tiene sus variables diferenciales, pero la situación de estos dos municipios son otro ejemplo del patrón nacional: la retirada de las antiguas FARC-EP silenció unos fusiles y amplificó el ruido de otros.

    “A partir del Acuerdo de Paz se generó ese vacío de poder en las comunidades. El Estado se dedicó al apogeo que hubo en torno a los excombatientes. No tomó acciones para asegurar estas comunidades, sino que las dejó a la deriva militar e institucional.  Invirtió en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de los desmovilizados [que está a una hora de El Carmen] pero nada más, aun sabiendo que quedaron víctimas, victimarios, y personas sin reparar”, asegura Edwin Bonilla*, integrante del Comité de Derechos Humanos de una de las veredas que componen el corregimiento Carrizal.   

    Durante décadas, agrega Edwin, la zozobra aparece de manera espontánea por estas veredas. En diciembre del 2021, a escasos 20 minutos de la cabecera municipal de Segovia, paramilitares armados y uniformados de las AGC instalaron un retén entre Buenos Aires y El Diamante, dos sectores que son de transito obligado para llegar hasta El Carmen. Detuvieron a quienes transitaban por allí, revisaron y hurtaron celulares, robaron dinero y extorsionaron conductores de chivas y camiones. Los controles ilegales en esa vía se intensificaron con el pasar de los meses, y se instaló otro en la carretera que conecta la vereda Lejanías con la zona urbana de Remedios, pese a que en una vereda cercana al punto del retén hay una base militar.  

  • Hace un mes, entre el 5 y el 7 de julio de 2022, el ELN y las disidencias de las FARC-EP se enfrentaron con las AGC en la vereda La Ratonera de Remedios. La confrontación paralizó la movilización por la vía que conduce de Lejanías al centro urbano del municipio, además provocó el desplazamiento interno de los habitantes de La Ratonera y las veredas Santa Martha y el Puná. El 7 de julio de 2022, un joven de 19 años llegó al hospital de Remedios herido de bala en uno de sus glúteos. Por no acceder a sus peticiones, miembros del ELN lo hirieron y le quemaron su casa en El Osito, sector cercano a la vereda El Puná. En medio de los combates también resultaron asesinados dos hombres ecuatorianos, quienes fueron reportados como desaparecidos y luego aparecieron desmembrados, al parecer por integrantes de las AGC.

    Una persona de la zona afirma que un mes después, las autoridades no han levantado los cadáveres de aproximadamente 18 personas que murieron en los enfrentamientos. Los cuerpos, rumoran los habitantes, están en estado de descomposición, algunos incluso roídos por los marranos. Los paramilitares de las AGC prohibieron la entrada del CTI al territorio o cualquier comisión de búsqueda organizada por los pobladores. A la insistencia de las comunidades, tanto el Ejército como la administración municipal han respondido que no pueden recuperar los cuerpos hasta que los habitantes no les entreguen las coordenadas del lugar dónde se encuentran.

    Según Yesid Zapata, la desidia estatal con estos territorios es tal que son los campesinos y campesinas quienes deben levantar y movilizar los cuerpos cuando ocurre un homicidio: “El abandono al cual tiene sometido el Estado colombiano a estas comunidades es un abandono que, a nuestro modo de ver, es un crimen contra la población. Muchas comunidades no tienen puesto de salud o tiene que ir a sitios muy lejanos. A pesar de ser zonas mineras también se ve mucha pobreza, mucha miseria, mucha desigualdad social. Nos preocupa la situación de los jóvenes, porque son presa fácil para la instrumentalización y para otras cosas que no tienen que ver con los proyectos de vida comunitaria”.

    La Fundación Sumapaz en una alerta publicada el 11 de febrero de 2022 advirtió y previó la crisis humanitaria que viven las veredas que componen el corregimiento Carrizal. En la Alerta Temprana 052 de 2018, la Defensoría del Pueblo también planteó que otros grupos armados iban a intentar asentarse en estos territorios después del Acuerdo de Paz, así sucedió. Para el defensor de derechos humanos “existe una omisión y una responsabilidad del Estado con lo que está sucediendo en estas veredas”.

    Las consecuencias humanas de la disputa territorial han escalado de un tiempo para acá, así como las estrategias para conquistar el territorio. El cuarto día del refugio humanitario, desde el casco urbano de Segovia llegó a El Carmen el registro fílmico que mostraba cómo integrantes de las AGC torturaban y decapitaban un joven por vender estupefacientes para un grupo enemigo. Aunque no lo hacen con la misma sevicia, uno de los entrevistados cuenta que en sus zonas de dominio el ELN ajusticia personas que cometen violaciones, hurtos o expenden estupefacientes. Para Zapata los crímenes macabros como los de las AGC son “una demostración de poder, una demostración de que pueden hacer lo que quieran, y que no hay nadie en el Estado que lo pueda impedir. Demuestra una degradación completa del grupo, demuestra cómo son capaces de hacer lo que sea con tal del control territorial”.

    A pesar de que en otros departamentos y otros municipios de Antioquia se presenten como Clan del Golfo, Clan Úsuga, o Caparrapos, el experto defensor de derechos humanos plantea que son disfraces distractores utilizados por las AGC. En su consideración, las AGC son el grupo armado más poderoso que hay en Colombia, poderío que quedó demostrado con el paro armado decretado en aproximadamente 90 municipios de 11 departamentos en el mes de mayo. Según la fundación Sumapaz, las AGC hacen presencia en 116 de los 125 municipios que tiene Antioquia. 

    Las personas entrevistadas coinciden en que el gobierno saliente es responsable de tal expansión paramilitar, al no apostarle al cumplimiento de los Acuerdo de Paz —que en el punto 3 planteaba el desmantelamiento del paramilitarismo—, permitió el recrudecimiento de la violencia en zonas que se esperanzaron con librarse de ella. “Hay una frase de Jesús Abad Colorado que me gusta mucho: “el ruido de las armas no nos deja escuchar el ruido de la corrupción”. Tal vez por eso necesitan un país cada vez más caótico, en confrontación, donde todos los días estén desplazando, amenazando y asesinando la gente para poder seguir vendiendo humo mientras se roban el país”, afirma el defensor de derechos humanos.

    Mientras que Víctor Vega, secretario de la junta directiva de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste de Antioquia (CAHUCOPANA), plantea que “cualquier actor armado lo que requiere es finanzas, pero también requiere complicidad. Aunque una estructura puede tener el control y puede ser numerosa, nunca vas a ser más poderosa que las fuerzas constitucionales, tampoco se puede comparar con la inteligencia que puedan llevar a cabo”.

    Los planteamientos del directivo de CAHUCOPANA no son infundados, en agosto de 2021, Didier Osorio, alcalde de Segovia, denunció que algunos policías del municipio estarían colaborando con las AGC. El funcionario pidió además que la institución investigara y retirara a los implicados.

  • El manto de sospecha cubre a la fuerza pública y también a grandes empresas como la Gran Colombia Gold, empresa que las 24 horas de los 365 días del año explota oro a gran escala en “un área aproximada de 9.000 hectáreas”. A pesar de que en 2019 reportó un récord de 240.000 onzas extraídas en Segovia y Remedios, las aspiraciones productivas y expansionistas de la compañía no merman. Sobre la complicidad que puede existir entre la Gran Colombia Gold y la violencia que sufre la región, Yesid Zapata manifiesta que “las autoridades son las encargadas de establecer esa posible relación. Pero hay una responsabilidad de las empresas multinacionales puesto que no les resulta incómodo. Si las violaciones a los derechos humanos se siguen recrudeciendo, a esas grandes empresas debería dolerles lo que sucede en las territorialidades. Al no existir esa dolencia, uno podría decir que están de acuerdo con que a los campesinos se les sigan oprimiendo a partir de las armas”.

    —¿Si en estas veredas no hubiera oro, no habría grupos armados? —le pregunto a Víctor.

    —Si hubiera otra fuente de riqueza que no fuera la minería, igual estarían aquí —responde él.

    Con su forma de operar y su deseo expansionista en esta y otras regiones del departamento y del país, las AGC pretende enviar mensajes de poderío al nuevo gobierno. “Las dinámicas del conflicto nos han enseñado que cuando hay un actor posicionado y es desplazado por otro actor, el nuevo grupo que incursiona va a imponer toda su autoridad y van a haber señalamientos y más muertes —asegura Víctor Vega—. No es un discurso de apología a nadie. La comunidad quiere vivir tranquila. No quiere un conflicto, ni quiere que los actores involucren a la comunidad”. 

    Las cifras de la guerra indican que sus principales víctimas son los civiles que nada tiene que ver con ella. Ese precedente es el que preocupa a Edwin Bonilla: “Lo más delicado es que tenemos actores armados viviendo en los mismos caseríos, conviviendo con las mismas comunidades, a pesar de que a ellas no les guste. Eso genera mucha preocupación porque no se sabe en que momento llega una arremetida militar o paramilitar, y pueda quedar la comunidad en medio. Quizás vengan con intenciones de erradicar las guerrillas y no se fijen quiénes hacen parte de ellas, sino que cataloguen a toda la comunidad como parte de las estructuras. Puede que se recrudezcan las masacres para ganar algo de poder. Para los de esta región cualquier sonido, cualquier ruido, cualquier vehículo después de las 7 de la noche es básicamente una amenaza, porque uno no sabe si es gente de las mismas comunidades o si es un vehículo que viene desde otros lugares con gente armada. Ya nos pasó una vez, se nos metieron unos armados a la zona, y aunque hubo un tiroteo en el caserío, gracias a Dios no pasó a mayores”.

    ***

  • CAHUCOPANA nació como organización social después de un refugio humanitario. Eladio Morales me explica que “los campamentos de refugio humanitario son un mecanismo de protección y autoprotección que nos ideamos las comunidades campesinas y mineras. Nos permite visibilizar las violaciones de derechos humanos que se están presentando en la región. Nos permite evitar el desplazamiento de nuestros campesinos, y recoger las propuestas y dolencias para presentárselos a los diferentes entes del Estado”.

    La Unidad de Victimas reconoció a CAHUCOPANA como sujeto de reparación colectiva por las afectaciones causadas por el conflicto armado. Hasta ahora el Estado ha sido “negligente y lento” en el cumplimiento del plan integral de reparación colectiva.

    Según Eladio, con los refugios humanitarios de hace 20 años el campesinado minero del nordeste buscaba “protegerse de la persecución militar, y el bloqueo económico y humano que los gobiernos paraestatales emplearon para esta región. También estuvieron marcados por la supuesta seguridad democrática del Estado colombiano. Por los mal llamados falsos positivos, que en realidad fueron positivos asesinatos contra la población campesina. Ahora son otros momentos, otros tiempos, pero la violencia hacia la región no ha cesado. El mayor pecado que tiene nuestra población es haber colonizado unas regiones ricas en todo”.

    Cada que se lo propone, la violencia se reviste y vuelve con la misma crueldad a las zonas rurales del nordeste. La “paz total” que propone el nuevo gobierno de Gustavo Petro abre un nuevo ciclo de expectativas y esquivas esperanzas. A Víctor Vega la propuesta le despierta más preguntas que certezas: ¿los llamados diálogos regionales significan treguas y negociaciones particulares con la población y los comandos federales del ELN? ¿Con quién han de negociar primer, con el ELN o con los paramilitares? Si las negociaciones no se hacen a la par con todos los grupos, ¿los grupos que permanezcan se apoderarán de los territorios que dominaba el grupo que se encuentre negociando? Las AGC y las disidencias de las FARC son producto de dos procesos de paz fallidos, ¿se apostará por una nueva desmovilización negociada, o se les obligará militarmente a que se sometan a la justicia? ¿El nuevo gobierno dará un carácter político a los grupos paramilitares y a los farianos disidentes?

    Cualquier intento de una paz dialogada, dice Yesid Zapata, recibirá una respuesta favorables de las comunidades. Sin embargo, advierte que “hay otros intereses: carteles mexicanos de droga, intereses de ejércitos privados y particulares que podrían engrosar o reconfigurar en otras formas de poder. Eso se evita cuando hay un estado fuerte, que investiga, que sanciona, que está en la lucha contra la impunidad, que defiende a los defensores de derechos humanos. Es el estado que queremos, el Estado que debería de ser, con una Fiscalía fuerte, una Fuerza Pública depurada, una institucionalidad que este llegando de manera integral, no solamente ejerciendo la soberanía territorial, sino también reivindicando los derechos de estas comunidades abandonadas”.

    ***

    Las nuestras son guerras simples con consecuencias complejas. Los grupos armados ya no son, necesariamente, ejércitos de hombres camuflados. Son como un espíritu que está ahí, aunque no lo puedas ver. Un monstruo con miles de ojos. Un monstruo que trata de ser omnipresente marcando su territorio con cuerpos desmembrados, o trazos en los ranchos de tablas, en los postes, y en las fachadas de las casas de material.

    “Puede que [la paz total] se implemente muy fácil en las ciudades y en los pueblos, pero acá en el territorio es muy complicado porque nunca se ha intentado rellenar el tejido social”. La respuesta de Edwin comprueba que el trayecto hacia la paz es tan sinuoso, pantanoso y enmontado como la carretera por la que se llega hasta El Carmen. 

     

    (Nota al pie: la misma noche que fue terminado este texto, CAHUCOPANA denunció “que aproximadamente a las 9:50 de la noche, hombres encapuchados que se movilizaban en una motocicleta, asesinaron a Luis Alberto Leudo, quien se encontraba en su lugar de residencia. Luis Alberto, era un reconocido joven de 23 años, que nació y creció en el corregimiento de Carrizal, actualmente se desempeñaba como minero”. ¿Cuántos muertos —más— nos va costar "la paz total"?)

    *Los nombres fueron modificados por cuestiones de seguridad

     

  • Lomerito, uno de sus más antiguos pobladores, le llama la Montaña Mágica. La elite caleña de rancio hacer y decir, piensa que es un paridero de delincuencia. Lomerito también cuenta que cuando esta ladera no era nada de lo que es, cuando apenas las familias migrantes o desplazadas empezaban a poblarla, el ejército subía todas las mañanas a tumbar los cambuches y las casas rusticas que la gente levantaba en las noches.  

    70 años después, en la Montaña Mágica de Siloé viven casi cien mil personas. La fauna humana es variada, diversa como lo es Cali y Colombia: hay grafiteros, raperos, salsomanos, afrocolombianos, mujeres de ojos aindiados, niños que sueñan con ser futbolistas, museólogos empíricos, exmilitantes y simpatizantes del M-19, policías armados vestidos de civil, jóvenes esperanzados con levantar un comedor comunitario, liderazgos instrumentalizados por la alcaldía y las limosnas de la filantropía empresarial, jóvenes jibaros –como los hay en Cartagena, Los Ángeles o Berlín–, rostro de jóvenes que se fueron un día de sus casas y nunca más volvieron, adultos prematuros que se preguntan por qué mataron a sus hermanos, muchas familias incompletas.

    A balazos el gobierno intentó reprender a Siloé. El 3 de mayo del año pasado, el GOES (un grupo de operaciones especiales), una unidad de élite de francotiradores, la policía regular, el Esmad y un helicóptero Halcón abrieron fuego contra la velatón que se realizaba en la glorieta de la parte más baja y plana de la Montaña Mágica. A los jóvenes que no tenían comida –ni trabajo, ni tiempo o dinero para acceder a la universidad o al colegio, ni cancha de futbol, ni balón, ni espacio público, ni instrumentos musicales, ni salón donde probarlos, ni autoestima si quiera– la fuerza pública les disparó por salir a la calle a gritar que tenían hambre y desesperanza; por tratar de desbloquear sus vidas bloqueando vías. Tenían piedras en la mano, cocteles molotov, escudos, y cascos, les respondieron con fusiles y pistolas.

    Entre el 28 de abril y mediados de junio, cuando finalizó el estallido social del año pasado, asesinaron más de 20 jóvenes de Siloé, otros fueron encarcelados, y de algunos no se sabe si están vivos o están muertos. Entre los asesinados aparecen muchachos que ni si quiera estaban protestando. Harold Rodríguez, por ejemplo, salió de su casa a comprar comida y terminó en una morgue. Hacía tres meses Harold había regresado de prestar servicio militar en una zona roja del Chocó: “Cuando regresó a la casa me dijo: mamá pensé que nunca iba a regresar. A los tres meses de haber salido, el mismo estado le quitó la vida con un tiro de fusil en el rostro”, dijo Yenny Mellizo, madre de Harold, en el Tribunal Popular que se realizó hace unos días en Siloé.

    A Michael Aranda lo impactó una bala con la que la policía intentó evitar que los jóvenes volvieran a taponar la glorieta el 28 de mayo de 2021. “Yo no estoy aquí porque quise, es porque asesinaron a mi hijo –manifestó Abelardo Aranda, padre de Michael, también durante el Tribunal–. [La Alcaldía] nos ha citado a reuniones, yo no he ido porque [el alcalde] me parece que es la primera persona responsable de la muerte de nuestros hijos. Fue la persona que le dijo al presidente: mande gente armada que no puedo con esta ciudad”.  

    El testimonio de dolor descarnado sacó lágrimas a más de un asistente al Tribunal, los asesinados se lloraron como si fueran propios y colectivos. Ese fue el primer ejercicio de verdad, justicia y sanación que se realizará en Siloé este año. Ya se expusieron los hechos, en septiembre se expondrán las pruebas y se acusará a los responsables, en diciembre se hará público el veredicto final.

    Las instituciones responsables justificaron su letal accionar señalando a los jóvenes de delincuentes, vándalos y guerrilleros. Un año después, quienes sufren la victimización de las instituciones son sus familiares. La Fiscalía suspende las audiencias, no interroga a los involucrados, no permite el acceso total a la información, ignora el material probatorio recolectado por los afectados, o –como lo hizo Medicina Legal con Daniel Stiven Sánchez– le quita la piel a una de las víctimas para ocultar los signos de tortura en su cuerpo; acabaron con sus vidas, ahora quieren acabar con su identidad, que no reclamen por ellas, que se conviertan en otra cifra más.

    “Yo ignoraba la realidad de mi país, hasta que la muerte tocó la puerta de mi casa. Nunca había llegado a imaginarme el dolor por el que han pasado miles de familias en Colombia (…)  Nosotros no necesitamos que nos den pañitos de agua tibia. No necesitamos que vengan [de la alcaldía] y nos ofrezcan poner una estrella en honor a ellos en un parque. Nosotros solo queremos justicia. Que nos podamos acostar un día a llorarlos, pero saber que no lo están tildando de vándalos, asesinos, o de ladrones, porque eso si no deja dormir”, manifestó Crisol Sánchez, hermana de Daniel Stiven Sánchez, joven de 16 años que apareció quemado el 29 mayo afuera del Dollar City de Siloé.  

    Hay casos que permanecen en el anonimato porque el miedo no deja a los familiares denunciar. La masiva asistencia al Tribunal Popular es síntoma de que en “la loma” hay una herida profunda sin curar. David Gómez, el obstinado fundador del Museo Popular de Siloé, repite a los visitantes que “la memoria es frágil”, que se empolva fácil. Tal vez recordar el nombre de los asesinados, de quienes los mataron, u ordenaron que los mataron, es la única manera de hacer justicia propia en Colombia. A fin de cuentas, la injusticia es más antigua que ”el Estado”, ese ente que dijo que “estaba por venir y nunca apareció”.

    “Lo más importante que nos dejó el paro es que la comunidad fue testigo de que es capaz de mantener una posición de esperanza y no de sumisión; porque parecía que todos podían pasar por encima nuestro, y ni siquiera inmutarnos”, asegura Martha Elena Giraldo Mendoza, feminista, defensora de derechos humanos, e integrante de la Ruta Pacifica de mujeres y de la Unión de Ciudadanas de Colombia.

    Martha también hace parte del equipo organizador del Tribunal Popular que se realizará el próximo 3 de mayo en Siloé, renombrado barrio de Cali. “En Siloé encuentras todas las situaciones de injusticia y exclusión que se dan en nuestro país, pero también los lugares más bonitos, llenos de colores y de gente ilusionada y esperanzada”, explica Martha.

    Siloé fue uno de los puntos de bloqueo que surgieron por toda Cali durante el estallido social del año pasado. El barrio deprimido y excluido por la elite caleña guardaba un malestar acumulado por años, y forjó un tejido social con mingas en las que construyeron sus calles y el alcantarillado, y con ollas comunitarias que paliaron el hambre y la escasez en medio de la pandemia. La glorieta y las angostas calles de Siloé fueron epicentro de la protesta y de la represión estatal que hubo contra ella. 12 de las 45 personas que mataron en Cali durante el paro nacional, fueron asesinadas en Siloé.

    Un año después, a los responsables de los hechos –en su gran mayoría integrantes de la fuerza pública–  los ampara la impunidad estatal. Dada la negligencia de las instituciones responsables de investigar y esclarecer los hechos, la comunidad de Siloé decidió organizar el Tribunal Popular para llamar la atención de las autoridades nacionales e internacionales, y rendir un homenaje a las víctimas, “nuestra verdad es la memoria”, dicen en el barrio. “El Tribunal no busca la justicia ordinaria, sino fortalecer el tejido social a través de una reparación simbólica (…) Recobrar la confianza en que el trabajo comunitario y la solidaridad popular es lo que realmente sirve para consolidar un barrio, una ciudad, un país diferente”, explica Annie Diesselmann, internacionalista y promotora de la actividad. “La importancia de este Tribunal es que va a abrir la puerta para que puedan hacerse muchos tribunales populares en Cali y el país, que les puedan recordar a la fuerza pública que no pueden hacer justicia por mano propia”, agrega Martha Mendoza.

    ¿Qué pasó con Daniel?

    Daniel Stiven Sánchez tenía 16 años. Iba para el trabajo cuando salió de su casa. Al amanecer del 29 de mayo lo encontraron incinerado afuera del hoy derruido Dollar City; ubicado a unos metros de la rotonda principal de Siloé, donde los jóvenes de la primera línea instalaron los puntos de bloqueo.

    Santiago Medina, defensor de derechos humanos que acompaña y asesora a la familia de Daniel en el viacrucis jurídico, asegura que al día de hoy no hay ningún avance significativo en el esclarecimiento del asesinato. Según Santiago, durante este año de brega por la justicia y la verdad, la Fiscalía y Medicina Legal han obstaculizado y dilatado la investigación.

    Los familiares de Daniel no han tenido acceso pleno al expediente, ni a la autopsia realizada por Medicina Legal. Todavía no saben por qué Daniel no llegó vivo, así como se fue de su casa. Pese a que un juez ordenó entregar el caso a una Unidad Delegada Especial para Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, la entidad judicial no ha acatado la orden, ni ha llamado a declarar a las autoridades judiciales y policiales que ejercieron control en la ciudad el día que sucedieron los hechos.

    “Esa noche hubo bastantes muertos por armas de fuego, aparentemente disparadas por miembros de la fuerza pública –dice Santiago–.  Fue deplorable el estado en el que entregaron el cuerpo de Daniel a los familiares (…) La autopsia es incompleta porque no examina los muslos; aparentemente a Daniel le habrían disparado en una de las piernas. Lo que nos ha dicho la Fiscalía es que nosotros deberíamos hacer una exhumación, cuando esa es obligación de la entidad”.

    En casi un mes y medio de protestas, en Colombia fueron asesinadas 89 personas, 1.634 fueron víctimas de tortura, 3.546 fueron detenidas, 1.929 resultaron heridas y un número indeterminado de mujeres fueron agredidas sexualmente. En Cali la violación de derechos humanos fue sistemática y excesiva. La capital del valle fue piloto de la pacificación militar del malestar social. Santiago plantea que hubo un golpe al poder local. Las decisiones del alcalde quedaron supeditadas a las órdenes castrenses del General Zapateiro. La llamada “asistencia militar” suplantó incluso la independencia de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía local.   

    La impunidad en el caso de Daniel no es un hecho aislado, asegura Santiago. Es un patrón que se repite cuando la fuerza pública comete sus mortales y reiterativas agresiones, no importa si sucede en Siloé, en el centro de Cali, o en cualquier ciudad del país. La impunidad revictimiza y atropella. Es la que motiva las protestas, la sangrienta represión y el mencionado Tribunal. La de este 3 de mayo es solo la primera sesión. El segundo martes de mayo se expondrá la documentación que las víctimas y  organizaciones de derechos humanos se han encargado de recabar. En septiembre volverá a sesionar y puntualizará en algunos detalles de las denuncias. En diciembre el Tribunal hará público su juicio.

    Aunque la familia de Daniel tuvo que abandonar Siloé y la casa donde se criaron cuando los empezaron a seguir personas armadas, pese a que Santiago tiene serios indicios de que están interceptando sus comunicaciones; tal como sucedió en 2021, de manera simbólica Siloé vuelve a levantarse contra la injusticia y maltrato histórico. La comunidad siente mucho dolor pero Martha asegura que entre ella no echa raíces el rencor.

     

    Texto e investigación: Juan Alejandro Echeverri

    Mapas y gráficas: Mariam Vergel

     

    De no ser por la rústica barricada, los muertos pudieron haber sido más de 50. Tan pronto se levantaron, algunos hicieron pública su premonición: tenían que cerrar la esquina más próxima al edificio, cualquier metro ganado al agresor podía salvarles la vida. No hubo oposición a la propuesta. Alinearon varias canecas azules, las llenaron de rocas, y luego las unieron con una cinta amarilla.

    Casi 12 horas después, a las 10:45 de la noche, un carro bomba estalló a menos de 15 metros del edificio Héctor Alirio Martínez, sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro, la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca, la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (Asojer), la Central Unitaria de Trabajadores, y el medio de comunicación Trochando Sin Fronteras, organizaciones articuladas en el Movimiento Político, Social y Popular de Masas del Centro Oriente colombiano.

    Minutos después de la explosión, los más de 50 líderes y lideresas creyeron que les habían lanzado el primero de varios cilindros. Llevaban varios días concentrados allí analizando el escenario de riesgo y capacitándose en mecanismos de autoprotección y derechos humanos. Estaban en alerta máxima, todas las noches hacían guardia y pusieron polisombras en la terraza por si les lanzaban una granada. Por fortuna fue la única explosión de esa noche, y, milagrosamente, solo causó miedo, cortaduras, golpes, y millonarios daños materiales. “Al otro día nosotros nos pellizcamos a ver si estábamos vivos o estábamos muertos”, me dijo una semana después María Guillón Estúpiñan, defensora de derechos humanos que estaba en el edificio cuando ocurrió el atentado.

    El viernes 21 de marzo, dos días después, Antonio Medina, líder del Frente 28 de las autodenominadas Disidencias de las FARC, se atribuyó el ataque. Desde un paraje boscoso, el comandante del Frente José María Córdova dijo que el edificio Héctor Alirio Martínez era el “centro de mando” del Frente Urbano Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que no les darían tregua a los combatientes, milicianos, guardias, informantes, testaferros, bienes, empresas, y todo aquel vinculado al ELN, “pueden esconderse donde quieran, hasta debajo de las rocas los buscaremos”.

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    Arauca es una improvisación del Estado. Un departamento hecho por familias campesinas pobres de Quindío, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, y los Santanderes, incentivadas por los gobiernos de Guillermo León Valencia y Alberto Lleras a colonizar las selvas llaneras del Sarare. A partir de 1958 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) entregó tierras, dio créditos, promovió la creación de Juntas de Acción Comunal, cooperativas, y la afiliación a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

     

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    “El campesino empezó a labrar la tierra y a cultivar, pero no tenían cómo sacar lo que sembraban porque no habían puentes, no habían carreteras. El estado trajo unos campesinos, los botó a la deriva en el corazón de la selva del Sarare y se olvidó de que aquí existían seres humanos”, explica Vicente Murillo Tobo, vocero del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente.

    A los colonos que migraron les prometieron cosas que el Estado nunca cumplió. Arauca era en aquel entonces una intendencia, y sus pobladores se alumbraban con velas y lámparas de petróleo, los contados colegios no tenían maestros, y el agua se vendía en carretas arrastradas por mulas, 5 pesos costaba la caneca. En 1972 una creciente arrastró el rústico puente que comunicaba la intendencia con Santander. Arauca quedó incomunicada, pues tampoco tenía una buena vía de comunicación con Boyacá y Casanare.

    Los líderes campesinos que el INCORA afilió a la ANUC convocaron ese año a un paro cívico en el incipiente poblado de Saravena. Más de mil campesinos se plantaron afuera de las sedes del INCORA y la Caja Agraria para exigir vías, hospitales, alcantarillado, escuelas, entre otras obras de infraestructura. A regañadientes el gobierno de entonces negoció un pliego de peticiones, otra promesa de papel incumplida que desencadenó en más paros y más protestas que se mantienen hasta hoy.

    Gracias a esa movilización, y a la sucesiva apatía del Estado, el campesinado araucano entendió que  los derechos en Colombia se cumplen, solo a veces, cuando se reclaman y se exigen. Todas las personas entrevistadas coinciden en que 1972 es el embrión de las formas autónomas que el departamento ha encontrado para sobreponerse, con sus propias manos, a tantas carencias. Desde entonces, han hecho de la organización y la asociatividad un hábito.

    Ernesto Alexander Roa, integrante de la junta directiva de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, y vocero del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente, plantea que el movimiento social en Arauca ha “desarrollado y materializado nuestra vida en torno a la defensa del territorio, los derechos humanos y la vida, así sea a costa de la vida misma. Hemos construido y pensado de manera colectiva una sociedad distinta, que se expresa en lo que nosotros llamamos plan de vida, que se ha recreado de acuerdo a las condiciones y los momentos”.

    El plan de vida es un fin y a la vez un medio. El anhelo que condensa todas las necesidades de los araucanos, y sus posibles soluciones. Ese plan de vida se materializa con propuestas como los Territorios Campesinos Agroalimentarios, con los cuales el campesinado intenta labrar una territorialidad propia. En Arauca existen cuatro iniciativas de este tipo. El que durante años Adelso ayudó a conformar, fue declarado en 2017 y está ubicado en el distrito rural número 1 de Fortul.

    Las planicies agrícolas que abarca este territorio campesino fueron ocupadas por los antepasados de Adelso y de los campesinos que hacen vida allí. “El campesinado tomó la decisión de crear unas formas de vida, crear un reglamento para la convivencia, crear un gobierno propio, un plan de ordenamiento productivo y social autónomo con el que nos hemos cuidado y hemos hecho vida social y comunitaria por más de 20 años”, explica el líder y presidente del Coordinador Nacional Agrario.

    Son 43 las familias que ocupan las 400 hectáreas donde la propuesta está más consolidada, sin embargo los fundamentos del Territorio Campesino Agroalimentario se han extendido poco a poco por las 11 veredas que componen el distrito rural. Adelso me explica que cualquiera no puede vivir en el territorio: “Hay que traer recomendación de buen productor, de buen vecino de la comunidad de donde viene. Acá se evalúa, y si cumple con el requisito debe predisponerse para formarse, participar en la escuela, participar en la movilización, participar en los espacios de administración del proyecto, afiliarse a las organizaciones que hacen vida en el departamento, por ejemplo la Junta de Acción Comunal, las asociaciones de productores, las asociaciones de mujeres, de jóvenes, y por supuesto manifestar de manera permanente un comportamiento acorde a una organización social como la nuestra”.

    La práctica de los diferentes credos se respetan, pero la siembra de coca está prohibida. En aras de que la tierra no se acumule en unas cuantas manos, tampoco se permite la venta o el loteo de predios. La tierra es de propiedad colectiva, si alguien abandona el territorio por decisión propia o motivos de fuerza mayor, automáticamente la Cooperativa San José Obrero asume la titularidad de la propiedad.

    Las normas de convivencia importan, pero el éxito de los Territorios Campesinos Agroalimentarios depende del aspecto productivo. En el de Fortul, lo que más se produce es cacao, caña panelera, y plátano, la ganadería también ocupa un renglón importante. Sin embargo, en cada parcela también se siembra otro tipo de alimentos que satisfacen el autoconsumo, “pero sin echarle veneno a las tierras, todos los días vamos mejorando eso”, aclara Adelso.

    “De afuera traemos cosas muy básicas, cosas que acá el territorio no las da: el arroz, los combustibles, los víveres –agrega después el líder–. Los traemos de la Cooperativa Cooagrosarare, aquí tenemos una sucursal. No tenemos que ir al vendedor particular. La sucursal solicita a la bodega central y el comercio se hace allá”. Cooagrosarare surgió gracias al INCORA, quien la administró hasta que los campesinos araucanos le arrebataron el control en 1972. Adelso cuenta que esta expresión asociativa no solo ayudó a mejorar la rentabilidad de la producción campesina, también “fue la que empezó a organizar la gente. Es la mamá de las organizaciones sociales en este departamento”.

    Lo trochado hasta ahora ha costado mucho sudor. Adelso bien sabe que se necesita del trabajo diario para que el árbol de frutos y los campesinos de las veredas aledañas entiendan que un Territorio Campesino Agroalimentario “es el cuidado del medio ambiente, es la permanencia, es la posibilidad de resolver asuntos con lo que tiene ahí, es amar el pedazo de tierra, es entender que eso no se vuelve a encontrar ni se reproduce. Entender que el vecino no es el vecino, es el aliado (…) Es sacar de la cabeza el chip del consumismo. El campesino debe saber que yo cambio lo que trabajo por lo que me venden en una bolsa, que es lo mismo que producimos pero transformado, y que vale tres veces más de lo que en realidad cuesta”.

    Por lo que piensa, dice y hace, Adelso está en peligro, ahora más que siempre, porque nunca ha dejado de estarlo. Un par de días antes del carro bomba, habían asesinado a José Abelino Pérez, defensor de derechos humanos de la Fundación Joel Sierra; y a Miguel Alexi Amado Carrillo, afiliado a la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro y profesor de la casa de la cultura de Arauquita. Pese al riesgo, Adelso no se deja paralizar por el miedo: “No se puede negar que hay miedo, porque no queremos morir (…) Seguramente esto va a pasar. Y si nosotros no lo pasamos, lo pasará nuestra familia, lo pasarán nuestros amigos, nuestros hermanos. La población organizada de Arauca decidió permanecer en este territorio porque lo cuidó, porque lo hizo, porque lo ama. Así generen el terror que generen, no nos vamos a ir, ni vamos a renunciar, ni jamás vamos a aceptar las afirmaciones que están haciendo, y por las cuales nos agreden”.

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    “De los últimos diez años, es el día más violento del departamento de Arauca. La cifra ya sube a más de 24 personas asesinadas en menos de 24 horas”, dijo muy temprano Juan Carlos Villate, personero de Tame, entrevistado en la WRadio el 3 de enero. Los cuerpos aparecieron en Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, al parecer, la mayoría eran milicianos de las Disidencias de las FARC, algunos eran mandos medios según el funcionario, quien además dijo que solo en Tame 3.000 personas manifestaron el deseo de desplazarse.

    Según Luis Fernando Celis, analista del conflicto armado y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el incremento del poderío militar, económico y social que las autodenominadas disidencias de las FARC han experimentado a partir del 2018, fue la razón por la que el ELN decidió empezar una confrontación directa los primeros días del año. Jorge Mantilla, director del área de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), coincide con el planteamiento de Celis, y agrega que el Frente 10 de las disidencias “no ha querido someterse a las reglas de juego que estaban establecidas en la frontera por el Frente Domingo Laín [del ELN], que ha sido el actor armado más importante en la región, pero también por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela”. Por ello, asegura Mantilla, los enfrentamientos entre las disidencias y las fuerzas venezolanas, que provocaron el desplazamiento de miles de personas el año pasado, fue el preludio de la guerra que asola a Arauca.

    Entre 2016 y 2017, según la Fundación Conflict Responses (Core), “aparecieron las primeras expresiones disidentes” de las FARC-EP en Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Nariño y Antioquia. En un principio surgieron como grupos independientes  sin conexiones aparentes. Actualmente existen dos grandes proyectos que pretenden federar los 27 grupos disidentes, la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, y el comandado por Gentil Duarte e Iván Mordisco, con quienes tienen coordinación el Frente 10 y 28 que operan en Arauca. Ambos proyectos nacionales “han venido compitiendo indirectamente por tener injerencia o satélites en diferentes regiones, aprovechando redes preexistentes y el acumulado político, militar, social y económico que dejaron sus principales líderes cuando estuvieron en las FARC-EP”.

     

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    En el estudio publicado en julio del año pasado, llamado Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, la fundación también señala que las disidencias son de composición variada, pero la base son nuevos reclutas sin formación política o militar. En el caso de Arauca, Core asegura que quienes rearmaron el Frente 10 fueron guerrilleros amnistiados tras la firma del acuerdo de paz, y que al salir de las cárceles no “fueron reconocidos por sus antiguos compañeros”. Las organizaciones sociales insisten en que el lenguaje y el accionar de los Frentes 10 y 28 de las disidencias son propios de un grupo paramilitar. Tanto Celis como Mantilla evitan darles ese rotulo, sin embargo el experto de la FIP dice que su “relación con la población es mucho más extorsiva, mucho más predatoria (…) cada vez la población viene siendo víctima de una violencia selectiva, una violencia disciplinaria, que lo que pretende es imponer reglas de juego sobre las comunidades”.

    Respecto al ELN, Luis Eduardo Celis afirma que la incapacidad del Estado para responder a las demandas de los años 70, motivó el alzamiento en armas de cierta parte de la población organizada. La inoperancia estatal permitió que con los años el ELN consiguiera legitimidad y lograra tener influencia en las decisiones de las administraciones municipales y la gobernación. En estos momentos el departamento está en manos de una gobernadora encargada, pues José Facundo Castillo Cisneros, el gobernador elegido por voto popular, fue capturado por entregar dineros de la contratación pública a personas ligadas al ELN.

    A Jorge le pregunté cuál era la relación del ELN con el narcotráfico, a lo que me respondió que no conocía la especificidad del caso araucano, pero que en otras regiones del país está vinculado “abiertamente a economías criminales, no solamente el narcotráfico, sino la minería ilegal. Puede ser una relación que esté mediada por las necesidades del control territorial y el poder. Es evidente que si el ELN no se involucra en la economía de la coca en determinadas regiones, pues alguien más lo hará, y eso significa una pérdida de control poblacional, de recursos económicos, y determinados circuitos logísticos que son muy importantes”.

    Lo que vive Arauca es producto del deterioro de la seguridad en toda la frontera colombovenezolana. Esa franja binacional es punto de tránsito y embarque de la droga que tiene como destino Europa y África. Por eso las disidencias han intentado volver a establecer zonas de cultivo de hoja coca, la cual fue erradicada de manera masiva y voluntaria por las comunidades entre 2007 y 2016. También está en juego la extorsión, otra economía clave en las dinámicas bélicas.

    “En Arauca hace 4 décadas hay una presencia de actores armados no estatales que han sido reguladores del territorio. Son unos estados paralelos en la medida que ejercen las labores básicas del estado: hacen seguridad en el territorio, hacen justicia y hacen tributación a su manera ilegal (…) El Estado colombiano no tiene control del territorio, con el agravante de que hay dinámicas en la sociedad que desconfían del poder central, que no ven en el estado alguien legítimo, que les es útil, sino que lo ven como un enemigo y una amenaza”, plantea Luis Eduardo Celis.

    Hasta el 21 de febrero, el Ministerio de Defensa cifraba en 99 los homicidios cometidos en Arauca en los primeros 52 días del 2022, es decir 82 muertes violentas más que las registradas por Medicina Legal entre enero y febrero del año pasado. Al parecer la guerra entre los dos grupos armados acabará cuando uno extermine o se imponga sobre el otro. “Hace una década se vivió un conflicto similar entre las guerrillas. Esa confrontación duró 5 años, no sabemos ésta cuánto pueda durar –dice Luis Carlos Mejía, integrante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra–. Ojala dure poco, porque nuestros líderes sociales tienen que regresar a sus territorios a seguir acompañando a sus bases”.

     

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    El 9 de enero, a las 10:20 de la noche, un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede de la Empresa Comunitaria de Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS ESP). Ese mismo día, en la mañana, circuló por Whatsapp un audio en el que un hombre que se identificó como Antonio Medina daba la orden de “volar esos negocios de los manes”. El 27 de enero, el vigilante del parqueadero donde se guardan los carros recolectores de ECAAAS, recibió la orden de abandonar el lugar porque rondaba el rumor de una posible bomba. Por suerte, el rumor nunca explotó.

    “Que atenten contra un proyecto como ECAAAS es la forma más vil, cobarde y demente de demostrar los delirios de la guerra. Porque se está atentando contra lo que se ha construido desde las comunidades por muchas décadas. Porque construir a ECAAAS nos ha significado a nosotros sangre, sudor y lágrimas”, dice Ernesto Alexander Roa.

    ECAAAS es una de las propuestas banderas del eje de salud, componente que se desprende del plan de vida del movimiento social. La empresa nació en la década de los 80 gracias a las movilizaciones y exigencias de los araucanos, pero fue en 1994, amparados en la Ley 142 de servicios públicos, que las comunidades lograron tomar control de ella y darle un verdadero carácter público y comunitario.

    En julio de 2017, la alcaldía de Saravena otorgó una distinción especial a ECAAAS por ser la mejor empresa prestadora de servicios públicos del departamento. En los últimos nueve años, el agua que suministra la empresa ha tenido un puntaje 0 en el IRCA, el estándar que mide el índice de riesgo del agua potable. ECAAAS da empleo a 120 personas, cuenta con 16.000 suscriptores en Saravena, y la dirección colectiva está a cargo de 100 delegados que hacen parte de las Juntas de Acción Comunal, y los diferentes sectores y gremios que hacen vida política en el municipio y el departamento.

    Durante muchos años el movimiento social de Arauca ha exigido que el departamento sea gasificado. Fruto de un paro cívico realizado en 2015, el gobierno, Ecopetrol, y el Oleoducto Bicentenario –empresas que explotan yacimientos petroleros en el departamento– destinaron 16.000 millones de pesos para atender esa demanda. La trasnacional contratada por la gobernación de aquel entonces dejó el proyecto a medias. ECAAAS hizo las gestiones necesarias y construyó la primera etapa del proyecto en cuatro meses. Además de prestar servicio de alcantarillado y aseo, ECAAAS lleva gas domiciliario a la casa de 3.000 suscriptores.

    “Este proyecto comunitario ha sido perseguido por el régimen en todas las etapas de su historia. Ha sido intervenido sin ningún éxito, porque cuando la Superintendencia de Servicios mira la intervención que el gobierno pretende hacer, lo que dice es cómo van a intervenir una de las mejores empresas, hay otras mucho más ineficientes y qué pasa que el gobierno allí no acude”, dice Bernardo Argüello, representante legal de ECAAAS, vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal, y amenazado de muerte en un comunicado del Frente 28 de las disidencias que circuló el 22 de enero.

    Argüello cuenta que la institucionalidad siempre ha mirado de reojo a la empresa. Al no tener injerencia en ella, no puede privatizarla y darle un carácter corporativista a un proyecto sin ánimo de lucro. Tampoco es la primera vez que un actor armado atenta contra ECAAAS. En 2006 las extintas FARC-EP atacó con explosivos la planta de tratamiento de agua potable.

    Las judicializaciones, dice Bernardo, son otra estrategia con la que han intentado debilitar la empresa y el proyecto de vida del movimiento social en Arauca. Tanto Bernardo, como José Murillo, Alexander Roa y Adelso Gallo fueron detenidos, encarcelados, y liberados meses después debido a la falsedad o falta de pruebas que justificara privarlos de la libertad. En su informe ¿Administración de justicia o secuestro estatal?, la Fundación Joel Sierra asegura que del 2002 en adelante, más de 2.000 habitantes de Arauca fueron privados de su libertad. Al momento de la detención, casi 300 eran dirigentes, presidentes, gerentes, integrantes de una Junta Directiva, o líderes de un sindicato, una cooperativa, una asociación, una Junta de Acción Comunal, o un grupo juvenil. También fueron judicializados el cura Helmer Muñoz Pareja –candidato a la gobernación que punteaba las encuestas en 2003–, un concejal de Saravena, la directora de la casa de la cultura de ese municipio, una lideresa cobijada con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el conductor del bus escolar del Colegio Alejandro Humboldt de Fortul, madres cabeza de hogar, comerciantes, recicladores, la personera de Arauquita, venteros de pescado, la personera estudiantil del Centro Regional de Educación Superior de Saravena, y muchas personas más que un tiempo después eran dejadas en libertad.  

     

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    La cacería judicial más recordada ocurrió el 12 de noviembre de 2002 en Saravena, epicentro social y comercial del departamento. Mientras el municipio celebraba las tradicionales fiestas ganaderas, la fuerza pública detuvo a dos mil personas que luego amontonó en un coliseo. 90 de ellas fueron trasladadas al Batallón Revein Pizarro del municipio. 43 de los detenidos resultaron judicializados y al resto los señalaron de pertenecer a las FARC-EP y al ELN. Años después, el Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá señaló que los cargos carecían de sustento. “Se llevaban a las personas como en la era nazi”, recuerda Emiro Goyeneche, encarcelado después de aquella redada.

     

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     Al igual que los demás liderazgos consultados para este reportaje, Emiro sostiene que los sistemáticos montajes judiciales son la represalia del Estado por la oposición a la explotación petrolera en el departamento. A principios de siglo, la Fiscalía General de la Nación firmó convenios de cooperación con la industria petrolera, de los cuales surgieron las estructuras de apoyo (EDA), encargadas de investigar delitos relacionados con el apoderamiento de hidrocarburos y los ataques a la infraestructura petrolera. Para la Fundación Joel Sierra tales estructuras son una especie de privatización de la justicia, cuyo propósito es perseguir comunidades y liderazgos que rechazan el extractivismo en sus territorios. 

    “Arauca es un departamento que sacó al país de la importación petrolera. Con el pozo Caño Limón [ubicado entre los municipios de Arauca y Arauquita] Colombia pudo exportar petróleo. 40 años de explotación petrolera no han representado mayor bienestar ni mayor calidad de vida. Lo poquito construido en el departamento ha sido fruto de la movilización, de los movimientos sociales y expresiones organizativas”, dice José Murillo, vocero del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente.  

    En 4 de los 7 municipios de Arauca se extrae petróleo. En los 7 municipios del departamento hay interés de construir nuestros pozos. A la lista de razones por las que el tejido social araucano rechaza la expansión petrolera se suma el daño ambiental provocado por la infraestructura existente en reservas acuíferas, despensas alimentarias y santuarios de la biodiversidad como la Laguna de Lipa; también por los impactos de la militarización de los territorios. “En cada lugar donde hay pozos petroleros, por lo general usted encuentra bases militares, cantones, hombres del Ejército y la Policía fuertemente armados, custodiando el territorio. El sector petrolero necesita que los territorios estén vacíos, entonces es un hecho que genera violencia por naturaleza”, asegura Luis Carlos Mejía.

     

  • Tomado de: victordecurrealugo.com

     

     

    La comunión entre las empresas petroleras y la bota militar data del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien entregó a perpetuidad la exploración y explotación del pozo Caño Limón a la OXY, multinacional estadounidense. En 2002 Anne Patterson y Marc Grossman, ambos funcionarios estadounidenses, visitaron Arauca y anunciaron que su gobierno entregaría 98 millones de dólares a las Brigada XVIII con el fin de que protegiera los “interés estadounidenses en la región”. Hace dos años, Rutas del Conflicto reveló que Ecopetrol giró 61.114.807.060 millones de pesos al Ejército a cambio de “mantener las condiciones de protección y seguridad de la comunidad (…) en las áreas en las que la empresa desarrolla sus actividades” en los departamento de Arauca, Putumayo y Nariño. Otra revelación que deja mal parado al sector petrolero en Arauca, fue la que hizo el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en 2007. Según la organización, la multinacional española Repsol-YPF “se vio beneficiada por las actuaciones de los grupos paramilitares puesto que desplazamientos, persecuciones y asesinatos a líderes ambientales y sindicales, sirvieron para sus intereses en la operación de los proyectos que lideraba y en los que tenía participación”.

    Las fuerzas militares tampoco gozan de buena popularidad en los territorios. Los araucanos no olvidan las 150 ejecuciones extrajudiciales documentadas en el departamento. Ni que el Ejército asesinó 8 personas el 3 de enero de 1994 en el corregimiento Puerto Lleras de Saravena; ni que el 13 de diciembre de 1998 la Fuerza Aérea bombardeó la vereda Santo Domingo de Tame, y mató a 17 personas –entre ellas seis menores de edad– y dejó otras 27 heridas, hecho por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó y condenó –una vez más– al Estado colombiano.

    “Por su posición geoestratégica, en Arauca hay un gran afán por consolidar las Zonas Estratégicas de Intervención Especial y las Zonas Futuro, que no es una cosa distinta que tener el control político administrativo y el control social a través de la bota militar”, asegura Ernesto Alexander Roa. Como en otros lugares del país, en Arauca la visión estatal es opuesta a las aspiraciones de quienes habitan los territorios. Mientras Bogotá planea el departamento como una despensa petrolera, Bernardo Argüello dice que “Arauca no es petrolera, es una zona agropecuaria”.

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    Los movimientos sociales suelen avanzar hasta donde su economía se los permite. El Movimiento Político de Masas apuesta por un modelo de economía solidaria que no produce ganancias para acumularlas, sino que privilegia la repartición justa entre quienes con su fuerza de trabajo generan riqueza. En 40 años, su apuesta económica ha logrado librarse de los intermediarios, ser atractiva, sostenible, y sumar cada vez más ámbitos productivos. En Arauca hay asociaciones de queseros, de ganaderos, de plataneros, de maiceros, de yunqueros, hay cooperativas procesadoras de cacao, cooperativas de transportadores, empresas comunitarias como ECAAAS, entre otras formas asociativas.

    Ser económicamente autosuficiente no es tarea fácil, no basta con problematizar el individualismo si no hay capacidad de sortear las zancadillas del modelo económico. Omar Lombana, economista e integrante de la Fundación Joel Sierra y la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, me contó que a veces las iniciativas solidarias fracasan por falta de asesoría y acompañamiento en la excesiva tramitología burocrática, que el Estado es muy restrictivo a la hora de darles créditos, y les incrementó los impuestos: “Las cooperativas no pagaban impuestos. Con la nueva reforma tributaria, ahora el 20% de los excedentes van directamente a la DIAN”.

    A pesar de las condiciones legales adversas, la principal apuesta económica del plan de vida es clara: pasar de la producción de materia prima a la transformación de la misma. Para lograrlo, el equipo de gestión y proyectos tiene la misión de hacer la incidencia institucional necesaria para que finalice la construcción de la planta transformadora de plátano en Tame, y se ponga en funcionamiento la planta transformadora de lácteos en Arauquita.

    “Es importante que el gobierno nos quite los impuestos. Que este departamento sea declarado libre de IVA, eso permitiría que hubiera mayor comercialización de productos, y que los insumos agrícolas llegaran más baratos. Por otro lado, subvenciones a los productores, que no se les cobre impuesto de renta mientras se dinamiza un poco más la economía (…) No se ha logrado que las plantas transformadoras se les entregue a los gremios productivos, por el contrario los politiqueros de turno quieren aprovecharlas como trampolín y quieren entregárselas a empresas privadas. Hay muchos empleos en el departamento que se los han dado a operadores privados y se han convertido en elefantes blancos. En cambio las empresas colectivas siempre sacan adelante estos proyectos”, manifiesta Omar.

    Cualquier guerra deja costos humanitarios y económicos. Antes de que estallara la confrontación en Arauca, los grupos armados habían delimitado las zonas de extorsión, con la salvedad de que los proyectos comunitarios no pagaban lo que en la jerga bélica denominan “impuesto de guerra”. Ese fue uno de los primeros tratos violados por las disidencias. Además de eso, en sus panfletos son reiterativas las amenazas a cooperativas y asociaciones, pues según las disidencias son “la caja menor del ELN”. Omar asegura que algunos trabajadores “están asustados”, lo que obligó a parar la producción en algunos casos. Y la onda expansiva del carro bomba causó daños –que suman aproximadamente 90 millones de pesos– en la Emisora Sarare Stereo, y destruyó algunas máquinas de la litografía que funcionaba en el edificio Héctor Alirio Martínez. 

    Otro factor determinante para la economía del movimiento social y del departamento es su ubicación en un territorio binacional. Para ellos, dice Bernardo Argüello, los 1.118 kilómetros de frontera que el departamento comparte con el estado venezolano de Apure, en realidad son una línea imaginaria y una división política creada por los gobiernos: “Nosotros nunca lo hemos visto como un problema. Históricamente hemos tenido interacción de aquí para allá y de allá para acá. Hemos actuado en hermandad porque nos coayudamos mutuamente, intercambiamos productos, saberes, y esfuerzos con la gente de la frontera”.

    –¿Y asuntos como el contrabando no tiene efectos económicos negativos? –le pregunté a Omar.

    –Es un problema en la medida que afecta a los precios locales. Debido a la devaluación del bolívar respecto al peso, es más barato comprar en Venezuela leche, yuca, y plátano. Pero la forma de combatir el contrabando es subvencionar a los productores del departamento. Eso haría que sus costos de producción disminuyeran, lo que abarataría el producto y no habría necesidad de ir a Venezuela –respondió el treintañero de nariz aguileña, que estaba en el edificio cuando estalló el carro bomba y una semana después seguía durmiendo allí.

    ***

    Las fronteras también son rompecabezas geopolíticos. Por eso el Movimiento Político de Masas no descarta que de la guerra entre las disidencias y el ELN puedan sacar provecho los interesados en desestabilizar a Venezuela. Luis Fernando Celis, experto en conflicto, comulga con esta hipótesis: “En Arauca hay jugadas importantes para atizar y promover ese conflicto [con Venezuela]. Ahí hay grandes manos metidas en este juego…”.

    Algunas de esas manos tienen nacionalidad mexicana. Hace un tiempo, asegura Jorge Mantilla, los carteles mexicanos compraron tierras y financiaron la siembra de coca en el Catatumbo, región de Norte de Santander fronteriza con Venezuela. Hoy por hoy “son compradores muy importantes de la cocaína colombiana, y lo hacen desde Venezuela”.

    En el inicio, nudo y desenlace de la confrontación, las fuerzas armadas venezolanas cumplen un papel clave. Según el analista de la Fundación Ideas para la Paz, el país bolivariano ha hecho alianzas con el ELN para controlar otros grupos en su territorio, y hacer control social y político cuando se presentaron focos de protesta contra el gobierno. “El 23 de febrero de 2019, cuando Juan Guaidó cruzó la frontera [nortesantandereana] con [el grupo paramilitar] Los Rastrojos, el gobierno venezolano tomó la decisión de incorporar al ELN como una capa más de la defensa de la revolución bolivariana. Su relación se profundizó y se materializó meses después con la ofensiva que hace el ELN contra los rastrojos en Puerto Santander”,  municipio cercano a Cúcuta.

    Aunque la superioridad militar es superlativa, para Mantilla el gobierno y las fuerzas militares colombianas han interpretado de manera errada el ajedrez fronterizo. Los datos indican que en Arauca hacen presencia cerca de 9.000 soldados, policías, militares de la armada y de fuerzas extranjeras, es decir 34,2 integrantes de la fuerza pública por cada 1.000 habitantes, cifra que cuadruplica el promedio nacional. Sin embargo, el incremento del pie de fuerza no ha representado mejoras en la seguridad, ni pérdida de capacidad económica y bélica de los grupos armados.

     

  • Tomado de: colombiainforma.info

     

    Jorge Mantilla plantea que la protección de la sociedad civil debe ser el centro de cualquier estrategia gubernamental. Además sugiere retomar el control de los pasos fronterizos, los flujos migratorios, los flujos de mercancías, y restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, o al menos los vínculos consulares. Mientras eso no suceda, dice, los grupos seguirán fortalecidos y haciendo las veces de Estado paralelo.

    Al rompecabezas le faltan piezas. Pese a las certezas, Jorge plantea que aún nos falta mucha información sobre “las acciones de los dos países, y los vínculos de las fuerzas militares de Colombia y Venezuela con las disidencias y el ELN”.

    ***

    Arauca vive un déjà vu. Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de noviembre de 1998, ayudados por el ejército, un grupo de paramilitares asesinaron a cinco personas en La Cabuya, vereda de Tame. Una de las víctimas era el compañero sentimental de Liliana Roa. En 2006, las FARC-EP mataron a su hermano, quien era presidente del concejo municipal de Arauquita. 18 años después, ella y otros líderes tienen que llevar a cuestas algunas mudas de ropa, cobijas, y cambiar de domicilio cada par de días para esquivar las balas que los asedian.

    Liliana es una de las lideresas de AMAR, la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca, fundada en los primeros años del 2000. Al principio la integraban 6 mujeres de Saravena, hoy son casi 3.000 mujeres de todos los municipios del departamento, a excepción de Cravo Norte. “Nosotras hemos dicho que nuestra lucha es una lucha de clases, no es una lucha de género –dice Liliana–. Hemos luchado hombro a hombro con nuestros compañeros, de ellos hemos aprendido y nos hemos retroalimentado. Hemos sido ese apoyo emocional cuando nuestros compañeros han sido encarcelados”.

    En los años que las judicializaciones y asesinatos se ensañaron especialmente contra los hombres, las mujeres asumieron el liderazgo de algunos procesos, y demostraron su capacidad para mantenerlos a flote. “Aquí hemos entendido que el trabajo social es en igualdad de condiciones –asegura Maria Guillón–. Nos entendemos muy bien entre hombres y mujeres, trabajamos hombro a hombro, eso hace que el tejido social sea más fuerte”.

    María tuvo que dejar su finca en Tame por la guerra fratricida entre los grupos armados a principios de siglo. En ese entonces era la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Cauca y hacía parte de un grupo de mujeres que decidió lanzarle a la arena política. “Íbamos muy bien. Yo tenía bastante reconocimiento y apoyo en el área rural de Tame, pero cuando ingresó el paramilitarismo [entre 2004 y 2005] fuimos amenazados; o trabajábamos con ellos o nos desaparecían. Al principio no creíamos que fuera tan real, hasta que empezaron a matar compañeros y compañeras. A mí no me mataron porque sabían que era madre cabeza de familia, tenía 4 hijos. Pero una vez dos hombres en una moto me agarraron del pelo y me arrastraron como una cuadra; me dieron 12 horas para salir de Tame”.

    Cuando estaba pequeña, María salía con toda su familia a marchar “por la vía, por el agua, por la luz, por el hospital”. Diez años tenía cuando protestó por primera vez. Pero la muerte de su hija Leidy fue la razón que la llevó a vincularse de lleno en la defensa de los derechos humanos. “Mi hija murió a los 18 años por negligencia médica. Para mí fue muy doloroso, duré como un año que yo no quería saber de nadie”. Mucha gente que sufría la misma situación la llamó durante y después del duelo. María decidió entonces estudiar la Ley 100 de salud y asesorar a las personas que les negaban el acceso a ella: “Hasta amarrábamos gente al frente de una empresa para que los atendieran. Yo dije, si yo hubiera hecho eso, mi hija se hubiera salvado. No lo hice porque en su momento porque uno no entiende, pero luego uno empieza a analizar todo lo que hubiera podido hacer para exigir mis derechos”.

    En una de las rampas que conduce al edificio Héctor Alirio Martínez, la mujer cortes y dinámica que coordina la Mesa Municipal de Víctimas de Saravena, me cuenta  que el municipio, en tiempos normales, no es así: sin gente en el parque, con el comercio a media máquina, las miradas dubitativas y recelosas, y el silencio profundo y espeso cuando se oculta el sol. Adentro, en casi todos los pasillos hay escombros. No se puede andar descalzo porque hasta en los camarotes hay vidrios y esquirlas. María pudo ser una víctima mortal del atentado, pero es osada y decidió seguir durmiendo en el edificio después del bombazo.

    –¿Cómo haces para controlar el miedo y los nervios? –le pregunté.

    ­–Tomo mucho café –me respondió a las carcajadas.

    –¿Y por qué decidiste permanecer en el edificio?

    –Si nosotros abandonamos esto, es como darle la razón a ellos, que quieren destruirnos, que quieren sentirnos derrotados. No es que uno quiera ser orgulloso, pero yo no estoy de acuerdo con que a nosotros nos tilden de lo que no somos, ni mucho menos darles el gusto de que nosotros huyamos. Me quedé aquí acompañando a los otros compañeros que decidieron quedarse porque más que nuestras oficinas, esta es nuestra casa.

    ***

    La emisora Sarare Stereo salió por primera vez al aire el 23 de abril de 1995. Las organizaciones sociales hicieron posible el proyecto radial, y son ellas las protagonistas del cubrimiento informativo. Este patrimonio comunicativo también ha sido blanco de ataques. Hace varios años el Ministerio de Defensa intentó cancelar su licencia de funcionamiento. Su actual director, Emiro Goyeneche, permaneció tres años encarcelado, y hace unas semanas debió cesar funciones y abandonar el departamento por las amenazas de las disidencias.

    En Arauca no hay garantías para la vida y tampoco para el ejercicio del periodismo. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, en el departamento se encuentran el 20% de comunicadores o periodistas que cuentan con un esquema de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección.

    Aunque ha recibido amenazas, con serenidad Eliecer Cáceres cuenta que mientras sus familiares le piden que se cuide y se vaya del departamento, las comunidades con las que trabaja le piden que no los deje solos. El defensor de derechos humanos y director de la Emisora Arauquita Stereo no se engaña, reconoce que la situación desborda la capacidad de las administraciones locales, pero asegura que “son de la región y deberían estar más al lado de las comunidades y de los líderes sociales”.

    Del cubrimiento mediático Eliecer también tiene algunos reparos: “Siguen estigmatizando y señalando a un pueblo araucano que ha tratado de vivir dignamente. Para los medios de comunicación Arauca solo existe cuando se habla de guerra, de narcotráfico, de armas, de asesinatos, pero para los medios de comunicación no existe Arauca cuando decimos que es uno de los departamentos que más produce plátano, que produce la leche más sana y con más contenido vitamínico de Colombia, y que tenemos el mejor cacao del país, que se ha ganado varios premios en el salón del chocolate de París (…) El mensaje es que no nos dejemos amedrentar, por más dura que esté la situación, por más amenazas de bombas y de muertes. Unos estarán, otros no, pero la convicción es que sigamos en la lucha que hemos llevado por más de 60 años”.

    ***

    Dos imágenes resumen al movimiento social hostigado en Arauca: Daniela le ayuda su sobrino Maicol a hacer la tarea en el corredor de una de las casas del Territorio Campesino Agroalimentario de Fortul. Maicol tiene 6 y Daniela cursa octavo de bachillerato. En la cocina crujen los patacones, los hombres hacen la siesta en los chinchorros, y la pajarería anuncia que está por morir la tarde. Escriba una obligación, lee en voz alta Daniela. Estudiar, responde de inmediato Maicol. Estudiar no es una obligación, es un derecho, lo reprende ella con decisión.

    Días después, llega un señor entrado en años a la recepción –o lo que queda de ella– del edificio Héctor Alirio Martínez. Afuera suenan los cinceles y la pulidora. Se llama Arcesio, tiene las cejas pobladas de canas despeinadas, viste una camisa de cuadros verdes y un pantalón marrón ajustado con una correa que tiene un caballo en la hebilla. Nació en el departamento de Caldas, pero llegó al llano siendo aún joven. En Sarare Stereo Arcesio escuchó que a través de una plataforma virtual estaban haciendo una colecta para reconstruir el edificio. Y como él no sabe manejar internet, vino a traer su aporte de cien mil pesos. Antes de irse, Arcesio nos dice lleno de orgullo: “Yo también participé en el paro cívico del 72”.

    Wednesday, 23 February 2022 00:00

    Nos mataron a Teo

    ¿A todas esas familias campesinas que quedan a la deriva, es posible explicarles que a Teo lo mataron por exigir lo justo? Por denunciar que un gamonal llamado Rodrigo López Henao llevaba años intentando desplazar a decenas de familias que viven en El Guayabo a orillas del Magdalena; por decir, sin titubeos, que el Estado permitió que el paramilitarismo intentara exterminar la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; por denunciar que Alirio Díaz financió al grupo paramilitar 'Héctor Julio Peinado Becerra' para despojar, acaparar y cooptar la Alcaldía de San Martín, donde secó ciénagas con sus ejércitos de búfalos, y de un tiempo para acá amenaza las comunidades que llevan más de 5 años decididas a recuperar lo que les fue quitado.

    El 16 de febrero la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar había denunciado que hombres armados, en compañía de Wilmer Díaz, hijo de Alirio Díaz, amedrentaron e insultaron a varios habitantes de Terraplén, corregimiento de San Martín, municipio del Sur del Cesar, zona en la que Teo orientó las recuperaciones de tierra, la conservación de lo poco que queda de las ciénagas, y la esperanza de un proyecto de vida productivo y digno para los campesinos. Dos días después, la comisión de la que era su neurona más importante, denunció que integrantes del ejército y la policía, acompañados por el alcalde municipal, agredieron, dispararon, amenazaron y tildaron de guerrilleros a algunos campesinos en la misma zona. Ayer, después de ser entrevistado por el medio Tercer Canal y profundizar en las denuncias contra el alcalde y el comandante de policía, Teo fue asesinado en zona rural de ese municipio.

    Teófilo Acuña era una autoridad moral en la Serranía de San Lucas, porque ese milagro montañoso era como otro dedo de su mano, como una ramificación de su conciencia. Fue alguien que navegó esos brazos en los que se desmiembra el Magdalena, que conocía como pocos sus conexiones ecosistémicas, y las consecuencias socioambientales que podría causar la ambición extractiva en la estrella fluvial de Colombia. Teo tenía muy bien justificadas sus quejas, y muy amasadas sus propuestas. Siempre estuvo en peligro, pero siempre puso la cara.

    Antes de tiempo vuelve a la tierra uno de sus mejores frutos. La demencia de los dueños del Estado nos sigue arrebatando hombres y mujeres que, al parecer, solo para nosotros resultan imprescindibles. Unos pocos siguen buscando consuelo en el martirio de tantos. Por noble, por llamar las cosas por su nombre, por inquebrantable, por preocuparse por lo que el Estado nunca, por no dejarse amedrentar con la cárcel, por ser el redentor de tantos campesinos, ¿por eso lo mataron? Nuestro maestro anfibio no puede convertirse en una cifra más de nuestro deporte nacional. Seria ingrato con él permitir que su legado lo enmarañe la impunidad estatal.  

    Duele el dolor que debe querer estrangular a su compañera Liceth. Seguro el Magdalena también desbordará en llanto por Teo, seguro el río también se siente huérfano. Qué angustia, qué impotencia, qué desamparo. Qué horror saber que es el Gobierno –quien con su acción u omisión– es el que los está matando.

     

    –Si ese señor era tan bueno, ¿por qué lo dibujaste así? –le preguntó Gabriela al niño.–Si ese señor era tan bueno, ¿por qué lo dibujaste así? –le preguntó Gabriela al niño.–Usted me dijo que algo que no se me haya borrado de la mente –le respondió el estudiante que dibujó un hombre amarrado a un árbol, con la piel lacerada, y marcas de sangre en los ojos, el pecho, las manos y los genitales. “Este señor era el papá de El Aro porque era muy generoso, la persona que no tenía con qué pagar, él le fiaba y hasta le encimaba”, había explicado el niño al resto del salón mientras sostenía la hoja. El señor era Marco Aurelio Areiza, el papá de Gabriela, uno de los 15 inocentes asesinados por  paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, entre el 22 y el 30 de octubre de 1996 en la masacre de El Aro, corregimiento de Ituango.


    Marco Aurelio era conservador hasta los tuétanos. Tanto que una de sus tres hijas se lanzó al Concejo por el Partido Liberal, y no quiso votar por ella. Le gustaban los bocadillos y los masmelos. Quería que Gabriela, a diferencia de sus otros hermanos, fuera a la universidad y estudiara una carrera. Era bajito, “acuerpaito, gordito, y muy blanco”, recuerda ella. Durante “las misiones”, esas semanas en las que se hacían romerías por la visita del sacerdote al corregimiento, vendía empanadas con su esposa y el dinero recogido se lo entregaba al presbítero. Fue uno de los primeros pobladores de El Aro, llegó en 1967 al corregimiento frio y nublado. Venía desde Yarumal –municipio del norte de Antioquia– con una lora, dos niñas, su esposa Carlina Tobón Gutiérrez, y 30.000 pesos que le habían dado a ella por un reloj enchapado en oro. “No fue el padre perfecto –reconoce Gabriela con la voz entrecortada–, pero mi papá era un hombre bueno, honesto con la gente, muy trabajador, todo lo había conseguido con el trabajo de él y de mi mamá”.


    Gabriela tenía un año cuando su mamá regresó con ella y sus hermanos a Yarumal en 1981. Carlina decidió migrar porque la guerrillerada de las FARC-EP empezaba a imponer su ley, y el Ejército a patrullar El Aro. Marco Aurelio quedó solo. Años después la compañía de Rosa María Posada suplió la ausencia. La familia lo visitaba en época de vacaciones. A las 4 de la mañana partían desde Yarumal hacia Puerto Valdivia, un municipio pequeño construido a la vera del río Cauca y de la Troncal de Occidente, el corredor vial que conecta Medellín con la Costa Atlántica. A contra corriente, zarpaban de allí hasta Puerto Escondido en una lancha Johnson. Luego le esperaban siete horas a caballo antes de coronar la montaña.


    De la extensa zona rural de Ituango, Gabriela dice que El Aro era uno de los poblados con mejor servicio de acueducto y con las calles mejor trazadas. Una iglesia, un cementerio, una escuela, cuatro plantas eléctricas, una cabina telefónica, dos cantinas, y una tienda satisfacían las necesidades espirituales y materiales del corregimiento. La tienda pertenecía a Marco Aurelio. Campesinos de las veredas cercanas le dijeron al medio Verdad Abierta que: “[Areiza] nos daba el mercado para pagárselo después, eso lo hacía con todos”; “Traíamos café y lo compraba, traíamos frisol y lo compraba. Si el café estaba húmedo él mismo lo ponía a secar en el atrio de la iglesia, con tal de ayudar al campesino”. 


    Los que sobrevivieron no olvidan la generosidad del “papá de El Aro”, y la menor de sus hijas recuerda su apasionada devoción por la Virgen del Carmen. En junio, cuatro meses antes de la masacre, Gabriela lo visitó y vio la habitación donde Aurelio tenía una imagen “grandísima” de la virgen. Su papá siempre le pedía que no lo dejara morir ahogado ni a balazos. A Gabriela le contaron que los paramilitares revolcaron su casa porque pensaban que era brujo; que lo encerraron en la caseta telefónica, y a pesar de que le descargaron todas las balas del fusil, lo escucharon lamentarse y pedir que lo mataran de una vez por todas; que cuando pasaron con él por el cementerio, suplicó que le guardaran la bóveda adornada con la imagen de la Virgen del Carmen. 
    Un año después de la masacre, la Fiscal del caso le dijo a Amparo, la hermana de Gabriela, que a Marco Aurelio le hicieron “lo que la gente dijo y más”. “El cuerpo de mi papá parecía una masa”, cuenta que les contó Amparo después de la exhumación. A Marco Aurelio lo ataron todo un día a un árbol, le amputaron los ojos y le arrancaron el corazón. En su momento, cuando el dolor estaba fresco, Gabriela se enemistó con la santa devoción de su padre. “No la quería. A mí no me gustan las fiestas de la Virgen del Carmen. No hago la novena; rezo y ya”. Dice que ya hizo la paz con ella, pero aún se pregunta “por qué la virgencita permite una muerte así”. 


    *** 

    La sádica toma fue planeada en una finca cercana a La Caucana, corregimiento de Tarazá, municipio del Bajo Cauca antioqueño, bastión paramilitar de la época ubicado a unas horas de camino de El Aro. Francisco Enrique Villalba Hernández, uno de los autores materiales que luego se entregó voluntariamente y fue asesinado años después, testificó que Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, junto a varios militares, concertaron la filigrana de la masacre. 


    La guerra en Colombia es despiadada porque su sevicia se ensaña con quienes menos energías invierten en ella. En el atlas bélico, El Aro sobresale por ser un atajo montuno clave. El corregimiento fue construido a leguas del Paramillo, la unión de tres cordilleras que se hacen nudo, una fábrica de agua, un templo biológico, la conexión montañosa entre varios países de un mismo país. Por el paramillo se llega al sur de Córdoba, al enclave minero del Bajo Cauca antioqueño, al Urabá y su franja marítima, y a las vastas selvas chocoanas que copulan con el Océano Pacifico. A partir de los 80, los frentes 5, 18 y 36 de las FARC-EP tomaron el control de esos pasillos estratégicos. Una década después, las masacres fueron tácticas de guerra con las que el proyecto paramilitar intentó repeler ese dominio guerrillero en el norte de Antioquia y el resto del país.


    Tal como lo dicen las letras de Mario Puentes, antes de pisar El Aro, los 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, conocidos en la región como los 'Mochacabezas', “venían tirando muertos desde Puerto Valdivia”. El miércoles 22 asesinaron a tres campesinos en dos veredas del municipio portuario. Al día siguiente ajusticiaron cuatro más en Puerto Escondido. En el trayecto montañoso asesinaron otras dos personas, entre ellas un niño campesino de 14 años. El sábado 25 la avanzada paramilitar llegó a El Aro, donde torturaron y asesinaron las 7 víctimas restantes.   


    El domingo 26, María Edilma Torres Jaramillo, la mamá del niño asesinado, llamó a la casa de los Areiza Tobón. Les dijo que habían llegado a Puerto Valdivia con el cuerpo de su hijo, y que no sabían que iba pasar con Aurelio, que lo tenían amarrado. Ese día se celebraron las elecciones para escoger alcaldes y gobernadores. “Lo recuerdo mucho porque era un televisorcito a blanco y negro –relata Gabriela–, y en los noticieros lo único que decían es: la fiesta democrática se vivió en total calma en todo el país y el departamento de Antioquia”. 


    Al día siguiente, muy temprano, volvió a sonar el teléfono. “Es para decirle que a su papá, el viejo de la tienda, ya lo pelamos”, dijo la voz que llamaba. Desesperadas, las hijas de Marco Aurelio llamaron a la cabina telefónica de El Aro y no les contestaron. Pensaron que llamando a la IV Brigada del Ejército, a la cual estaba adscrito el Batallón Girardot, responsable de esa zona del departamento, podrían llegar al lugar de los hechos, pero les respondieron que las tropas estaban en “acuartelamiento”. Años después, un funcionario de la Alcaldía de Ituango en aquella época declararía que al enterarse de la masacre pidió ayuda a la gobernación, encabezada por Álvaro Uribe Velez, y le respondieron que harían una reunión el miércoles 29 para analizar la situación. Que también llamó al Batallón Girardot y le comunicaron que las unidades estaban destinadas al “plan democracia”, por lo que el contingente más cercano demoraría tres días en llegar al corregimiento. 
    Los paramilitares permanecieron 7 días en El Aro. Quemaron 42 de las 60 casas y desplazaron 702 habitantes de la zona. Además robaron 1.200 reses y amenazaron a 17 campesinos para que arriaran el ganado hasta unas fincas en el Bajo Cauca. El ejército también participó del hurto, los militares impusieron un toque de queda en las inmediaciones de Puerto Valdivia para facilitar el trasporte de los animales. 


    El 1 de julio de 20016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó y condenó al Estado por la masacre de El Aro, una de las 4.288 que se han cometido en Colombia desde 1958 hasta hoy, de las cuales 1.276, es decir el 30%, sucedieron en Antioquia. “Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella”, dice la sentencia.  


    La Corte Interamericana ordenó al Estado Colombiano emprender una seria de acciones para reparar material y moralmente a las víctimas. La mayoría de ellas, en especial las relacionadas con acceso a derechos básicos, garantías de no repetición, y acompañamiento legal y emocional, no se han cumplido. Otras se cumplen pero no reparan sino que revictimizan. La Corte, por ejemplo, ordenó publicar su sentencia en un medio de comunicación impreso de circulación nacional. El Estado la publicó en El Espectador, un periódico que no se podía ni se puede conseguir en Ituango. 
    “Conmemorar 24 años de la masacre de El Aro genera frustración y mucha impotencia. Es bastante doloroso ver el nivel de impunidad frente a los responsables. Se ha detenido algunos actores materiales, pero quienes dieron la orden y generaron las condiciones, esos están intactos”, asegura Nubia Ciro, lideresa social y comunitaria de Ituango.  El desinterés estatal pisotea al ausente y al amargo dolor que provoca. Dos décadas después, Gabriela y su familia siguen reclamando verdad, “sea la que sea, no importa, pero no una verdad a medias que sigue siendo una mentira. Yo no busco que digan fue este, fue aquel. Las preguntas que nosotros nos hacemos es ¿por qué?, ¿cuál fue el delito tan grande que cometieron para que se diera una masacre allá?, ¿por qué con mi papá se ensañaron de esa manera?”.
    El silencio y las medias verdades les gangrenan a la victimas los recodos del alma. Pero lo que más les duele, es que ni el tiempo espanta el vaho de la muerte en El Aro y en Ituango: “Ir uno a El Aro es como si la masacre hubiera sido la semana pasada –manifiesta Gabriela–. Es llegar y encontrar esa zozobra. Ese miedo de la gente. Ese vacío. Como esa falta de vida…”. 


    ***

    No bastó con la desmovilización de las FARC-EP y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Aunque no parezca, el meridiano de la violencia todavía atraviesa de par en par a Ituango. Un municipio de acento y linaje campesino. Circundado por solemnes cañones que sudan raudales de agua, y que de lejos parecen el lomo de un animal jurásico. 


    El afán es una plaga que aquí desconocen. El sol se impone sobre la amplia y desnivelada plaza. El tendero, el labriego, el ebrio, los enamorados, y la indígena Jaidukama la atraviesan con paso firme pero manso. La imagen conmueve porque a pesar de ser verídica resulta poco creíble. Quien no sepa dónde está, puede pensar que a un lugar así, placido, verde y sencillo, solo puede perturbarlo una infidelidad amorosa, la llegada de la chiva, o una ranchera. Pero de vez en cuando pasan cosas dolorosas. A finales de julio, 4.099 personas se aglomeraron en esa misma plaza que no tiene un monumento a las 43.116 víctimas ituanguinas registradas en la Unidad de Victimas, pero sí una placa que rinde homenaje a una decena de militares caídos en combate. Aquella multitud, aterrorizada y desplazada por los nuevos grupos armados, provenía de 32 veredas. El Alcalde, cuenta Nubia, los humilló y los señaló de pertenecer a los grupos que los desplazaron. 


    “Ituango es un conflicto que tiene unos hitos, pero que se recicla con herederos de actores viejos con nombres nuevos. Además de eso, la presencia de muchas riquezas en el territorio, y los intereses del gran capital que se ven plasmados en la capacidad de debilitar la institucionalidad cada vez más para que la respuesta sea más pobre. Las organizaciones sociales vimos la negociación del gobierno con las FARC-EP como una oportunidad para robustecer y fortalecer la presencia de un Estado que llegue al territorio de manera completa: con inversión, con capacidad, con acceso a justicia. En lugar de ello, vimos que salió un actor ilegal hegemónico, y ahora la disputa se da a sangre y fuego entre otros tres actores con los mismos intereses: las cuotas del narcotráfico y la megaminería, que ya está presente en el territorio con más de 67 títulos y solicitudes. Mientras que Hidroituango [la represa más grande del departamento] sigue siendo un megaproyecto que no conversa con la realidad, ni con las necesidades de las comunidades locales. Hidroituango tiene unos pasivos en lo social, lo cultural, y lo ambiental que no ha sido capaz de pagar, y no va a pagar”. 


    Los remanentes bélicos a los que se refiere Nubia son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Frente 18 Román Ruiz, una de las disidencias de las FARC, y Los Caparrapos, también denominados Bloque Virgilio Peralta Arenas. Su paulatina consolidación deja una notable huella humanitaria en el territorio. La Defensoría del Pueblo ha emitido 6 alertas tempranas desde marzo del 2018, dos con carácter de inminencia y cuatro con carácter estructural, en las que llama la atención al gobierno por la presencia de los grupos en Ituango. Hasta el 27 de octubre, este año en el municipio se habían presentado 43 eventos de violencia armada que victimizaron a 12.848 civiles: 5.127 fueron víctimas de desplazamiento y/o amenazas, a 7.074 personas se les restringió la movilidad y el acceso a servicios o asistencia, y un líder social y un excombatiente fueron asesinados. 


    La erosión institucional quedó oficializada el 15 de julio del 2020, ese día, debido a la falta de garantías, los desmovilizados de las FARC abandonaron el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ubicado en la vereda Santa Lucia. Entre noviembre de 2016 y octubre de 2021, 11 firmantes de la paz fueron asesinados en el municipio. “En la medida en que avanza el tiempo, en lugar de mejorar las condiciones de vida del territorio, cada vez son más críticas, más difíciles, sobre todo para las comunidades rurales”, dice Nubia con notoria amargura. 
    Los fusiles, por ahora, le vuelven a ganar la batalla a la institucionalidad. Un tendero cuenta que los grupos ofrecen entre un millón y un millón quinientos mil pesos para que los jóvenes se integren a sus filas.


    ***

    Las victimas de El Aro no pudieron llegar a tiempo a la conmemoración planeada para ellas. EPM, empresa dueña de Hidroituango, les impidió el descenso por una de las vías terciarias del corregimiento.  

    Gabriela estuvo en el acto de principio a fin. Tomó el micrófono y fue aplaudida después de contar lo que la noche anterior me había contado a mí. En el trajín cotidiano, Gabriela se desenvuelve con espontaneidad. Al momento de hablar de su padre y recordar su arbitraria partida, pierde energía, la mirada se torna huidiza, y se adulteran los gestos juveniles que aún conserva. Tenía 17 años cuando se enteró que habían matado a su padre, estaba a meses de recibir su cartón de bachiller. “Eso interrumpe un proyecto de vida. Yo estaba en shock. Falté una semana al colegio. No entendía qué había pasado, por qué a mi papá”, recuerda.


    Sin percatarse en el cómo, logró reponerse. Estudió licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. Siete años después de la masacre volvió a El Aro, esta vez a dar clase. En sus 21 años de docencia ha visto a sus pupilos sufrir la misma agonía que vivió ella joven. Es la escritura y poemas como los de  Ana Ajmatova, el remedio que hoy le da fuerzas para recordar a su padre. Gabriela es bajita, pero dura como la montura del caballo que le quisieron quitar los paramilitares cuando daba clases en El Aro. 


    ***

    Cada año, las mujeres de Ituango se recuerdan que la memoria es la savia que mantiene en pie al roble. 24 años después, el testimonio de Teresita Jaramillo prueba que las tragedias nunca terminan cuando se vive en un Estado como el colombiano: “¿Quiénes son los ituanguinos? Campesinos. Gente que vive del sector primario de la economía. Gente de manos encallecidas, que convierten las montañas en cosechas, pero que ahora esas cosechas no dan fruto porque esas montañas tienen heridas de la muerte de los que cayeron. Tienen heridas de la lluvia de lágrimas de las madres que los lloraron. Nosotros no fuimos los culpables de la violencia. Esa violencia para nosotros es extranjera. Quizá un día cualquiera actuaríamos en ella por obligación, o porque nuestros jóvenes tenían todos los caminos cerrados para elaborar un proyecto de vida diferente. Da pena… me da rabia, me dan ganas de llorar saber que el estado ni si quiera ha pedido perdón público por la masacre de El Aro y de La Granja. Tal pareciera que fuésemos invisibles, y que ya se le olvidó, pero a nosotros no se nos ha olvidado. El que tiene la deuda con nosotros es el Estado, que ni si quiera ha resignificado esos espacios de El aro y de La Granja, donde ocurrió la crueldad, el despojo de la vida. Esa casa que nadie habita en El Aro porque saben que allá violaron a mujeres inocentes, tal vez delante de sus hijos y sus esposos que escucharon los quejidos. Ese cementerio donde todavía hay huesos en el piso, porque no se ha podido construir de nuevo. Y ese potrero convertido en una cancha porque los niños no tienen donde jugar. 


    La deuda no es entre nosotros. ¿O sí? ¿O será que nos falta gritar más, y pedir más, y exigir más, y luchar más? ¿Pero a quién? ¿A quién Dios mío, si ni siquiera han venido a pedirnos el perdón público? Todavía hay niños víctimas; atravesando unas quebradas por un palo de guadua porque ya se enseñaron a jugar todos los días con la muerte.  Se rajó el Estado con las víctimas. En estos días una señora fue a Medellín, porque le dijeron que llevara todos los papeles a una oficina de víctimas. Antes de ir allá, pasó por la oficina de otro señor que pidió otra cantidad enorme de papeles. La señora decía: pero yo cómo voy a conseguir una cedula de un señor que nació en 1902, ¿en esa época si había cedulación? Y él le respondió: pues ya sabe la cantidad de papeles que se tiene que conseguir. Usted vera si se justifica lo que le van a dar o la papelería que tiene que sacar.


    ¿Somos valientes, o somos apegados a la vida? Tal vez es que somos muy apegados a la vida; y entonces resurgimos de los escombros y de las cenizas. Y entonces sacamos al sol las lágrimas para que se sequen y comenzamos a vivir de nuevo. Sin embargo , esas heridas están latentes. Cantidades de proyectos han pasado por El Aro, por Ituango, pero eso no queda sino en papeles y en firmas, a las víctimas no llega nada o casi nada. Cantidad de víctimas por reparar, y se van volviendo viejos, y se van muriendo, y se quedan con el dolor. Yo quiero decirles a las víctimas de las masacres de La Granja y El Aro que ellos no están solos. Que todos somos víctimas. Que así no nos hayamos mirado a los ojos, así no nos hayamos abrazado, conocemos de memoria la historia de los muertos que también nos duelen. El que tiene la deuda con nosotros es un Estado que está dormido por allá lejos, y todavía no se ha dado cuenta de los que nos ha pasado”. 

    Cuando Cali despertó, su fundador ya estaba boca abajo. El 28 de abril, a las 5 y 30 de la mañana, un grupo de indígenas Misak –“los hijos del arcoíris y el agua del Valle de Pubén”– derribaron con sogas el monumento al invasor Sebastián de Belalcázar, que estaba encumbrado en un mirador del occidente de la ciudad. Edgar Velasco, Secretario del Movimiento de Autoridades del Suroccidente Colombiano (AISO), explicó que las 58 autoridades de los tres pueblos Misak enjuiciaron el 16 de septiembre del 2020 al verdugo del Cacique Petecuy, por genocidio, acaparamiento de tierras, y violación de mujeres en el periodo de la conquista española.

     

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    El simbolismo del sorpresivo juicio histórico fue el preludio de una movilización que Ana Erazo, concejala de Cali, califica como “apoteósica”. Por primera vez los estratos 4 y 5 marcharon y gritaron junto a los estratos 1, 2 y 3. Ese 28 de abril hubo protestas en 35 puntos de la ciudad. La capital del Valle del Cauca quedó sitiada, y al caer la noche ardió en cólera e indignación. 40 bombas de gasolina y 41 estaciones del MIO, el sistema de buses públicos, fueron incineradas. Decenas de fotomultas tumbadas. Sucursales bancarias, cajeros y supermercados de cadena como D1 y Justo y Bueno, también fueron atacados y saqueados. Cali quedó sumida en una especie de anarquía donde no se acata el toque de queda, ni importan los semáforos en rojo, mucho menos conducir en contravía. Desde las tres de la tarde empezaron los trancones que antes empezaban a las seis. Casi toda la ciudad marcada con pintas y grafitis que repudian la reforma tributaria,  a Iván Duque, Álvaro Uribe, y al Estado; “ni para morir alcanza”, se puede leer en la reja que esconde el cadáver de un cajero de Bancolombia ubicado sobre la calle quinta.

     “Cali ha ido dejando crecer una diferenciación social agresiva y grosera. Racista en muchos momentos, e inentendible para los gobernantes, –plantea Gustavo Álvarez Gardeazábal, escritor y autor de la reconocida novela Cóndores no entierran todo los días–. Cali manejada por grupos oligarcas que dieron un trato de menosprecio a todos los caucanos, nariñenses y andinos que llegaban a la ciudad, y que los captaba como trabajadores. El mismo trato le dieron a los negros que venían del Pacífico”.

    I 

  • Hace 40 años, Cali hacía sparkies y chicles que se vendían en Estados Unidos. En la capital del Valle del Cauca y los municipios más próximos había empresas como Quaker, Michelin, Adams, Bayer, Eveready, Croydon, Gillette, Pfizer, entre otras que ya no están. Wilson Saenz Manchola culpa a la apertura económica que promovió el expresidente Cesar Gaviria. De ser una despensa industrial, Cali y el Valle pasaron a ser un lugar donde se almacenan y circulan las mercancías que entran y salen por el puerto de Buenaventura; “un cementerio industrial”, en palabras del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Valle. El espíritu económico pasó de la producción industrial, al corporativismo, la comercialización, y el turismo cultural y de negocios, lo que desencadenó una “masacre laboral” y un incremento exponencial del trabajo informal, el cual llegó en marzo al 48,5%. Quienes sobreviven del rebusque diario, agrega Wilson Saenz, son perseguidos por las políticas públicas que regulan el uso del espacio público, dándole privilegio al sector privado.

    En Cali persisten polos industriales fuertes: el sector farmacéutico, algunos sectores de la cadena alimentaria, y el sector salud, pero no son suficientes para suplir la demanda de empleo. “Aunque tiene  motores de desarrollo, la informalidad es el triple de lo que se puede absorber formalmente”, asegura Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional y Coordinador de la línea de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Carlos además explica que desde hace una década, la política gubernamental caleña se enfocó en explotar sus industrias culturales: el goce nocturno en gastrobares y sitios de rumba, la hotelería, el turismo, el festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, y la Feria de Cali, evento que disparaba las vacantes de empleo formal y e informal. 

    La pandemia afectó todos los sectores económicos, pero para el renglón que maquillaba las penurias laborales de Cali resultó calamitoso. 200.000 empleos se perdieron por el covid-19, los jóvenes y las mujeres fueron los más afectados, según los cálculos del DANE. “Había una capacidad de resiliencia. La ciudad era pujante y resolvía. Pero la pandemia agudiza el conflicto, devela la crisis que tenemos en términos laborales”, manifiesta Ana Erazo, concejala del Polo Democrático.

    Nadie preveía el cisma pandémico, sin embargo la respuesta gubernamental empeoró sus consecuencias. En mayo del año pasado, el presidente Iván Duque gastó 9.500 millones en dotación armamentística para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), negó la renta básica, y los alivios monetarios, dice Wilson Saenz, solo beneficiaron los números de la banca privada. El escritor Gustavo Álvarez Gardeázabal plantea que lo único que aglutina “la masa amorfa” que durante un mes ha protestado, es el rechazo “a la manera miserable como este gobierno trato el problema de la pandemia”. El exalcalde de Tuluá y exgobernador del Valle del Cauca afirma que “el gobierno es un fantasma. No tiene mando. No tiene olfato político. No prevé. No tiene ninguna de las facultades que tienen los seres humanos que están encargados de administrar un país. El problema presidencial es un problema de ignorancia. El señor es ignorante en muchísimas materias. Y le pasa lo de los niños tímidos: se cubren con una capa de soberbia, una capa de engreimiento […] No existe un solo gobierno de ningún Estado de este mundo que haya brindado apoyo al presidente de Colombia. Cuando Chile pasó por una situación similar, infinidad de países lo apoyaron. Es dramático porque nos muestra hasta donde hemos ido llegando”.

    Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, tampoco supo –ni intentó– contener los daños colaterales de la emergencia sanitaria. En el segundo semestre de 2020, Ospina le pidió al Concejo que le aprobara un préstamo de 650.000 millones para obras de infraestructura, y a principios de este año derrochó 11.000 millones en la realización virtual de la Feria de Cali.

    Las personas entrevistadas para este reportaje coinciden en el reproche a Jorge Iván por sus acciones y omisiones frente a la pandemia y el estallido social. La concejala Ana Erazo, por ejemplo, decidió a mediados de mayo retirarse de la coalición de gobierno: “Nosotros decidimos acompañar al Alcalde porque él había dado visos de democracia. Yo le decía todo el tiempo: alcalde, usted cuándo se va pronunciar sobre la violación de derechos humanos, y él no hacía sino llorar los vidrios rotos”.

    El 9 de mayo El País de España publicó una entrevista en la que Jorge Iván Ospina decía que “un comandante del Ejército tiene mucha más capacidad política que un alcalde”; y que “hace cuatro o cinco días me llamaron los vecinos [de Siloé] por las balaceras y yo fui. Y escuché los disparos y escuché los estruendos. Después, en esa balacera tan berraca, yo no encontré a los muertos”.

    “El Alcalde destruyó su imagen rapidísimo, ya nadie lo escucha”, dice Juan Manuel Torres,  sociólogo de la Universidad del Valle, miembro de Convergencia por la Paz, y coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación. Según Torres, Jorge Iván fue orgulloso, no escuchó, ni defendió su legitimidad a tiempo. “El general Zapateiro y el Ministro de Defensa le quitaron el poder al Alcalde. Para mí tiene problemas de la cabeza, la pandemia y esta crisis lo superaron. Un día le está respondiendo a las élites tradicionales, al otro le está respondiendo a las élites empresariales, y luego se le sale el Jorge Iván del pueblo; él no es un tipo confiable en estos momentos”.

    La condescendencia y los titubeos de Jorge Iván permitieron que el gobierno utilizara la capital mundial de la salsa como teatro y laboratorio de la asistencia militar. En Cali, asegura Juan Manuel, se probó nuevo armamento, estrategias de infiltración, maneras de encontrarle un enemigo interno a la policía, campañas de manipulación mediática, y tácticas de terror psicológico acaparando productos que dispararon la canasta familiar los primeros días del estallido social, patrullando día y noche con helicópteros, y desplegando tanques y contingentes militares por la calles de la ciudad. Juan Manuel piensa que el Estado fue mezquino con Cali; ciudad donde Gustavo Petro sacó más votos que Iván Duque en la elección presidencial de 2018, y donde ganó el sí en el plebiscito por la paz del 2016. La respuesta militar, dice, “es una forma de rencauchar esa doctrina, [de la guerra y el enemigo interno] que a mucha gente le gusta. Eso duele, porque uno pensaba que había una apertura democrática que podía escuchar estos reclamos, que en un escenario de postconflicto íbamos a tener otra forma de tramitarlos. Con esa forma de reprimir la protesta están buscando tensar la cuerda para decretar una ley marcial, eliminar el congreso, y no hacer las elecciones”.

    “Esto parecía una película de Hollywood de esas de Vietnam”, responde Edna Carolina cuando le pregunto por la magnitud de la represión policial. Defensores de derechos humanos cuentan que vieron escenas de guerra urbana. En Puerto Resistencia, al oriente de la ciudad, más de 1.000 jóvenes derrotaron al ESMAD. En algunos puntos de concentración y bloqueo, las balas han sido disparadas desde ambos lados. A la misión médica la amenazaron y le dispararon en el punto de Meléndez. A Magaly Pino, defensora de derechos humanos, la abalearon el 3 de mayo con una miniuzi mientras se guarnecía en una casa del sector La Luna, punto clave de la conexión vial occidente-oriente. Los jóvenes de la Primera Línea de Paso del Comercio, arteria vial que comunica a Palmira con Cali, le contaron a Magaly que por WhatsApp les ofrecieron 20 millones por la cabeza de cada defensor de derechos humanos.

    Solo en mayo Cali registró 149 muertos de manera violenta, la mayoría por ataques sicariales o de la fuerza pública. Hasta el 23 de mayo, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz tenía un listado de 120 desparecidos. Mientras que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, a corte del 18 de mayo, reportaba 100 personas desparecidas. Un exmilitar que ahora hace parte de la Primera Línea de Puerto Resistencia, asegura que las verdaderas cifras saldrán a flote cuando todo acabe: “Van a haber cantidad de mujeres buscando sus esposos, niños buscando sus padres; no los van a encontrar. Cuando esto termine, cuando empiecen a preguntar dónde están, en ese momento empezarán a verse las cifras. Las cifras que están mostrando no son de la cantidad de personas que hacen falta”.

    II

  •  

    Nicolás Guerrero amaba los perros y los gatos, planeaba viajar a España para trabajar y poder comprar las pinturas, aerosoles, lápices, y papeles que en Colombia le resultaban tan costosos. Nunca le gustaron los jeans. Quería correr una maratón con su mamá, y estaba convencido de que podía cambiar este país. La noche del domingo 2 mayo, la fuerza pública disparó a la cabeza de Nicolás en Paso del Comercio. Estaba de pantaloneta, tenía 22 años, era grafitero, y un pacifista escaso. Laura Guerrero, su madre, supo que no iba sobrevivir cuando vio sus rastas hechas una masa de sangre. “Hay un asesino consciente. En los videos solo hay un disparo, y es muy certero sobre mi hijo. Yo no promuevo que vayan a hacerle daño a un policía, pero va a tardar mucho para que la sociedad colombiana confíe en la Policía Nacional”. La Fiscalía asegura no haber encontrado evidencias culposas en las cámaras de seguridad del sector donde lo asesinaron. Laura ha tenido que hacer el duelo y al mismo tiempo recabar material probatorio, y convencer a los testigos para que declaren. Dice que no odia a la persona que disparó, que sería capaz de darle un abrazo mas no su perdón: “Yo espero que esa persona se arrepienta, que tenga la gallardía que tuvo ese día accionando un arma contra alguien que estaba desarmado. Que tenga el valor moral, que no avergüence a su madre”.

    Al siguiente día del asesinato, en Siloé, niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres hicieron una velatón en memoria de Nicolás. El adiós transcurría tranquilo hasta que lo reprimió el ESMAD. Pasadas las nueve de la noche de ese 3 de mayo, sobrevolaron un dron y un helicóptero por la glorieta en la que se realizaba la actividad. Luego se fue la luz de la zona. Después el GOES —la unidad antiterrorista de la Policía— abrió fuego contra todo lo que se moviera. Ese día murieron cuatro personas que el alcalde no encontró. Para la ciudad, dice David Gómez, las vidas de Siloé valen menos. Por eso golpearon la ladera, “para generarle miedo a Cali y al país”, manifiesta este hombre de baja estatura que hace 21 años hizo de su casa un museo donde albergar las memorias de la ladera.

    El 4 de mayo se convocó otra velatón por los muertos de la noche anterior. También fue reprimida con gases y balas, pero los pandilleros de la zona alta bajaron hasta la glorieta, y a balazos lograron que la fuerza pública huyera. De regreso a sus barrios, la gente los aplaudió mientras pasaban en sus motos ruidosas.

    Siloé es un conjunto de barrios construidos en una montaña del occidente de Cali. En ese laberinto de cemento hay 11 centímetros de espacio público por cada habitante. Piezas de nueve metros cuadrados en las que viven hasta 20 personas. En la década de los 80’s, cuenta David, cuatro niños se morían semanalmente en Siloé por enfermedades gastrointestinales, uno de ellos fue su hermano. Los carros recolectores de basura no subían hasta la parte alta. Los desechos se tiraban al río o en cualquier parte. Las muertes pararon gracias al M-19. Los milicianos urbanos de la guerrilla que convivían entre la población de Siloé y otros sectores de Cali, raptaron los carros recolectores y regaron la basura en puntos claves para taponar la ciudad vallecaucana. Eso obligó a que la Alcaldía ordenara recoger las basuras de todos los barrios, sin importar si se llamaba Siloé

    La de Siloé es una historia cíclica de marginalidad. Los Yanaconas, los indígenas pobres y borrachos del imperio Inca según David, son los primeros pobladores de los que se tenga memoria. Los precursores del poblamiento de la ladera fueron los negros que explotaban oro en Supía, Marmato, Anserma y Riosucio, el triángulo dorado de Caldas. Negros desplazados en la primera década del siglo XX por la bota militar del conservador valluno Alfredo Vásquez Cobo, quien se adueñó del apetecido dorado gracias al amparo del presidente Rafael Reyes. Esa migración negra, despreciada por la burguesía caleña de la época, llegó a explotar las vetas de carbón de San Fernando, uno de los barrios que conforman esa ciudad paralela llamada Siloé. La construcción del Ferrocarril del Pacífico –en 1925– consolidó a Cali como despensa de carbón, y estimuló la migración y el crecimiento urbano. Muchas casas de los barrios Belén y Tierra Blanca, explica David, están construidas sobre socavones de carbón mal curados. Un sismo sería más fatal que las avalanchas fluviales que han matado a varios habitantes de Siloé.

    A David no le cuesta reconocer que es parlanchín y que en Siloé hay fronteras invisibles, armas, pillaje, y bandas delincuenciales; también personas como él, que con arte y memoria tratan de revertir el peso del estigma delictivo. Los pandilleros de esas bandas, cuenta una psicóloga y defensora de derechos humanos, alquilan las armas con las que atracan. Algunos ni conocen el centro de Cali. “Hay muchos que están perdidos en las drogas porque no tienen una oportunidad de educación, de trabajar. Yo también quiero que los muchachos salgan de las calles, que estudien, que tengan un mejor futuro. Pero aquí nada de eso pasa porque los políticos se roban la plata con la que podemos tener esos derechos. Nosotros nos mamamos de eso, por eso estamos aquí”, me dijo un joven de la Primera Línea de Siloé, quien nunca pudo estudiar ingeniería eléctrica para sacar provecho de sus conocimientos en electricidad. 

    Las cifras más recientes del DANE, publicadas el 29 de abril, señalan que 934.350 habitantes de Cali sufren pobreza monetaria, y que 342.438 sobreviven en la extrema pobreza monetaria. Vive en pobreza monetaria aquella familia cuyas ganancias acumuladas no superen un millón doscientos mil pesos, y en pobreza monetaria extrema la que devengue menos de quinientos mil pesos. Más del 60% de las 2.227.642 personas que habitan la ciudad, vive penurias económicas. Además de empobrecerse, Cali profundizó sus índices de inequidad. El índice GINI que mide la desigualdad, pasó de 0,47 en 2019, a 0,52 en 2020.

    En Cali la pobreza está territorializada, los índices de necesidades básicas insatisfechas tienen límites claros. “A mucha gente no le gusta escucharlo, pero Cali es una ciudad partida. Hay dos ciudades: la ciudad de la calle quinta y la ciudad de oriente”, plantea Inge Valencia, antropóloga y directora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI.

    Pobreza que en Cali también está racializada. Cualquiera que recorra la ciudad podrá darse cuenta que la mayoría de venteros ambulantes son personas negras. Por más que las narrativas elitistas y gubernamentales quieran negarlo, el racismo pervive en una ciudad que siglos atrás estuvo divida en haciendas esclavistas. “Es una forma cómo se expresa la élite en la ciudad. Ha sido un proceso de violencia y también de adaptación. Todavía en Cali, en el 2021, hay sitios donde no dejan ingresar a las personas por ser negras o indígenas. Es como una especie de apartheid silencioso. Es evidente, pero al mismo tiempo es muy hipócrita porque siempre se está negando”, asegura Edna Carolina, hija de migrantes caucanos, e integrante de la Asociación Lila Mujer, organización que desde hace 18 años trabaja con mujeres que conviven con VIH en el distrito de Aguablanca, zona empobrecida del oriente donde pulula la delincuencia.

    Por ser negra, dice Edna, en Cali no te arriendan una casa, te atienden de mala gana, no te atienden, o te dicen que el producto o el servicio que necesitas es muy caro. Te impiden la entrada a restaurantes, rumbeaderos o centros comerciales, y si te dejan entrar a esos templos del consumo, el vigilante te persigue, “está pendiente de ti porque piensa que vas a robar algo”. Encontrar un trabajo digno en Cali ya es de por sí difícil, pero si eres negro, y además del oriente o del distrito de Aguablanca, la barrera duplica su tamaño: “A la gente se la tacha de ladrona porque vive en el distrito, o dicen que es perezosa o que son demasiado peligrosos”.

    El estallido social es la ansiada catarsis de esa precariedad y esos estigmas que se avalan y se enraízan en el día a día. Un llamado, dice Edna, a que la élite replantee su concepción eurocentrista de lo mestizo. Una oportunidad para imaginar formas de reexistencia y sanar los traumas que quedan cuando te niegan el trabajo, o hacen chistes negreros. La continuidad de una lucha milenaria por la libertad: “El amo nunca te va a dar la libertad, eso lo tenemos muy claro. Ese proceso de resistencia sigue. Lo más importante es cómo reflexionar a nivel ontológico lo que significa esa carimba ambiental que plantea Manuel Zapata Olivella. Más que un proceso de conocimiento, es un proceso de resiliencia y de sanación. Un proceso de esa doble conciencia. Reflexionar mental, emocional y corporalmente sobre qué es lo mestizo, lo blanco, lo hegemónico. Tomar mi poder, darme cuenta que soy una persona, no un objeto. Sujeta de mi propia vida y mi propia autodeterminación”.

    III

  • Así como la ciudad normalizó el racismo, la sociedad caleña naturalizó el yugo del narcotráfico, que en los 80’s y 90’s generó tanto flujo de dinero. Con desarrollo urbano y empleo, poco a poco la cultura de la ilegalidad se filtró hasta los tuétanos del lenguaje. La cocaína trastocó de manera radical las expectativas de vida y los estereotipos femeninos. Gracias al frenesí narco muchas personas accedieron a los lujos que provee el dinero, requisito indispensable para instalarse en las élites emergentes de ese aparataje violento. Algunas escalaron, otras permanecen en el mismo lugar, lo que nunca cambió fue su dependencia de las economías ilegales.

    “Aquí todo el mundo quería tener plata para tener una mujer bonita, para enrumbarse. Cali nunca lo vio venir así tan fuerte. Lo aceptó, lo integró en su sociedad y casi no lo cuestionó. Eso en  algún momento ha pesado. Al ser eso una búsqueda, no permitió desarrollar otros procesos. De alguna manera queda ese anhelo, la ciudad trató de seguir buscando lo mismo”, plantea Juan Manuel Torres.

    En los años de bonanza, el Cartel de Cali y el Cartel del Valle, aliados y subordinados de Pablo Escobar, eran los dueños de la plaza valluna. Escobar mimó a las clases populares de Medellín, los vallunos fueron más elitistas. La estructura jerárquica se derrumbó cuando empezaron a matarse los unos a los otros. Escobar, por ejemplo, puso bombas en muchas farmacias de la franquicia Drogas La Rebaja, la cual era propiedad de los vallecaucanos. A la violencia endogámica se sumó la cacería judicial estadounidense. A principios de siglo el negocio quedó acéfalo.

    A diferencia de Medellín, donde se conserva cierta jerarquía, la criminalidad en Cali está gobernada por la anarquía. Las cifras oficiales indican que en la ciudad hay 182 bandas criminales identificadas. “Hoy en Cali no hay ni un solo capo al cual se pueda acudir para decirle: hombre, no me pongas a joder a los del barrio tal. En cada manzana, cada barrio, hay alguien que aspira ser capito”, dice Gustavo Álvarez Gardeázabal.

     “Cali también es una ciudad profundamente armada. Así como hay territorialidades étnicas de la pobreza, también hay territorialidades de los negocios [ligados al narcotráfico]. Hay barrios como El Ingenio [al sur de la ciudad], donde históricamente se sabe que allí hay mucha gente que hace vueltas; donde no es anormal que una noche pase alguien por un negocio y rafaguee a la gente que está ahí. Hay una connivencia con todo lo que es la guerra por disputas de las ilegalidades”, explica Carlos Duarte.

    Con 918, Cali fue la segunda ciudad con mayor cantidad de homicidios en el 2020, 71 asesinatos menos que Bogotá según cifras de Medicina Legal. Entre enero y marzo de este año ocupó el primer puesto con 226 homicidios, 40 más que los registrados en ese mismo periodo del año pasado.

    El solapado desinterés institucional por resolver de raíz el problema, puede ser justificado por la magnitud del mismo. La “sucursal del cielo”, plantea Inge Valencia, es enclave de un macronegocio: “Es una ciudad región. Cuando pasa algo en Buenaventura, sigue el coletazo aquí. Cuando hay ajuste de cuentas en Tumaco [costa pacífica nariñense] se siente aquí. Entones no es una cosa endógena de Cali, sino que está relacionada con las dinámicas de la violencia de otros departamentos”.

    A solo una horas de Cali queda el puerto de Buenaventura, el embarcadero de cientos de toneladas de cocaína. Y en Cauca y Nariño, los corredores departamentales vecinos, hay al menos 15 grupos organizados disputándose las rentas de los cultivos de uso ilícito. Ambos departamentos suman 59.020 hectáreas sembradas de coca, el 38% de las 154.475 hectáreas que hay en el país, según el último reporte de Naciones Unidas. 

    Por la urbe salsera circula, se comercializa, y se consume la droga. Se cierran negocios, se lava dinero, se gasta y se disfruta de él. Una vez llegue el escenario posparo, Cali debería preguntarse qué sería de ella sin el narcotráfico. De momento, las escenas en las que civiles disparan de manera maníaca contra los manifestantes, confirman que todavía hay licencia cultural –y para-estatal– para hacer de la vida una fiesta sangrienta financiada por la droga.

    IIII

  • El mapeo etnográfico por algunos de los más de 20 puntos de bloqueo –algunos intermitentes y otros permanentes– refleja la realidad socioeconómica caleña. De norte a sur, el primer punto bloqueado es Paso del Comercio, rebautizado Paso del Aguante. El más extenso de todos, casi tres kilómetros por los que no pasa una tractomula hace 31 días. En el primer tramo del corredor comercial, la entrada a Cali desde el norte, hay bodegas enormes alrededor de la vía, también conjuntos residenciales de clase media, habitados por jóvenes profesionales y personas de tradición obrera. En el segundo tramo, los que bloquean con piedras, alambres, llantas, conos, postes, arboles, polimsombras verdes, más piedras y separadores viales, son jóvenes marginados de las aledañas barriadas empobrecidas, involucrados en dinámicas delincuenciales, a los que vi sacar revólveres de sus pretinas.

    De Paso del Aguante se desprende la avenida Simón Bolívar, la frontera vial que separa el oriente del resto de la ciudad. El distrito de Aguablanca está poblado en su mayoría por masa migrante y gente negra que vive del rebusque diario. El primer bloqueo en la avenida está en los bajos del Puente de los Mil Días, renombrado Puente de Las Mil Batallas. Más adelante hay bloqueo en Calipso, o también llamado Puerto Madera. Un punto sostenido por jóvenes excluidos, algunos de barrios de invasión del distrito. Más de 8 personas habían muerto hasta el 26 de mayo en "Apocalipso" por los constantes hostigamientos y abaleos. “Aquí convergen siete sectores. Antes había fronteras invisibles, se mataban solamente porque vos me caes mal, porque sos de tal pedazo. Ahora he tenido la oportunidad de verlos [a los muchachos que bloquean] tomar chocolate, reírse, cantar, llorar, apoyarse”, cuenta una líder del punto, quien asegura que los comerciantes de la zona no estuvieron de acuerdo con el bloqueo al principio, pero decidieron carnetizarse para que los dejaran pasar. 

    Dos kilómetros y medio más allá, está Puerto Resistencia, antes conocido como Puerto Rellena. El punto de bloqueo y concentración icónico de la ciudad. A unas cuadras del punto asesinaron a Marcelo Agredo el 28 de abril. Las cámaras celulares registraron cómo un policía le disparó después de que Marcelo le diera una patada. Las balas desataron el magma de rabia. El CAI de Policía fue incinerado, y días después pintado con el chxa chxa chxa y las imágenes de la Minga Indígena. Ahora funciona allí una biblioteca comunitaria que regala y truequea libros. Ana Cárdenas, creadora de Letras Mestizas, un proyecto editorial de libros de segunda mano, lleva la batuta del espacio. “Los pelados [de Primera Línea] están súper contentos de poder leer en la noche mientras hacen las guardias”, dice mientras bambolea sus crespos.

    Desde el paro del 2019, la población racializada y empobrecida de Cali resignificó Puerto Resistencia como lugar de encuentro donde apilar la indignación de Aguablanca. En el distrito se asientan la mayoría de desplazados que llegan a Cali. La ciudad recibió 205.000 personas desplazadas por el conflicto armado en el 2018.

    La Primera Línea de Puerto Resistencia es un crisol de pieles y contexturas. Lo único que no ocultan de sus rostros son los ojos. Visten tenis nike, shorts, camisetas del Deportivo Cali, camibusos, cascos, gafas, máscaras anti gas, chaquetas de América de Cali, guantes, yines, overoles, botas, radios, machetes al cinto. Sobre la calle 27, en sentido oriente, varios integrantes de la Primera Línea otean desde la parte alta de un container, cual leones de la manada. Uno de ellos ondea una bandera de Colombia al revés.

    “Somos los que nos levantamos todos los días a generarle miles de millones a una multinacional, y lo único que el pueblo está recibiendo es más pobreza e inequidad. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos diciendo que la oligarquía deje de generar tantos recursos para ellos y compartan algo con el pueblo. Queremos ser una nación grande. Que vayamos a otro país y digan: yo quiero ir a Colombia porque en Colombia hay paz, seguridad, una democracia real. Seguimos firmes por la libertad de nuestro país, o nos matan o nos liberamos”, me dice el joven de Primera Línea que llegó a Cali hace 5 años desde el Eje Cafetero. “Supuestamente están pagando 10 millones de pesos por nosotros, por los que sean capturados y hasta dados de baja. Todos los días la Policía cobarde busca metérsenos aquí. [Hace unos días] vinieron 30 motos de la policía y dos buses del MIO. ¿Cómo es posible que la Gobernación, la Alcaldía, presten vehículos que no son militares para que el ESMAD y la Policía vengan a atacar el pueblo? Preguntan que por qué queman los buses, porque los buses no están para el pueblo”, me dice el que portó uniforme militar en el gobierno de Andrés Pastrana, y ahora usa la capucha distintiva de la primera línea.

    Continuando el recorrido hacia el sur, la avenida Simón Bolívar lleva a Jamundí, al departamento del Cauca, y al bloqueo de la Universidad del Valle, vecina de los opulentos condominios de Ciudad Jardín. Renombrada Uniresistencia por la fuerza viva universitaria del punto, que transformó la estación del MIO en una biblioteca popular decorada con muralismo y jardines verticales. Unas cuadras más allá, hacia el occidente, la zona semimontañosa, se encuentra el punto de Meléndez, el primer bloqueo sobre la calle quinta, la más neurálgica después de la Simón Bolívar. Lo componen hijos de pastusos e indígenas migrantes –algunos de ellos cursando estudios universitarios–, y también jóvenes segregados de barrios de invasión construidos en las faldas de las laderas. 

    La calle quinta pasa a unas cuadras de la glorieta de Solié, y conduce a La Loma de la Cruz, mixtura de anfiteatro y parque de artesanías. En la rebautizada Loma de La Dignidad, el antiguo CAI también es utilizado como biblioteca popular. Los barrios aledaños a La Loma de La Dignidad son de clase media-alta, de allí que el punto tenga un espíritu cultural, feminista y juvenil. El mapeo termina al noroccidente, en el punto de Terrón Colorado. La vía bloqueada es la que comunica a Cali con el Oceano Pacífico y Buenaventura. Quienes bloquean viven en los arrabales que colindan con la vía, allí donde la ciudad arrinconó su miseria. Menos de 10 minutos separan a Terrón de hoteles lujosos y conjuntos de clase alta.

    La idea inicial era bloquear la movilidad del capital el 28 de abril. Un mes después la sordera gubernamental obliga a mantener los bloqueos vigentes, sin que ello haya implicado vandalizar los negocios aledaños, siempre y cuando no sea una sucursal bancaria. “Es que han estado toda la vida bloqueados, sus vidas se las bloquearon, les negamos todo”, plantea Juan Pablo Ochoa, instructor del Sena y defensor de derechos humanos.

    Los jóvenes marginados de Cali intentan desbloquear sus vidas taponando vías. No es el dinero del narcotráfico ni la coacción del ELN lo que ha mantenido el mes de bloqueo de la Primera Línea. A los ´Pelaos´ los respaldan otras líneas: paramédicos que suturan y desinfectan heridas, defensores de derechos humanos pendientes de las capturas arbitrarias, mujeres que cocinan, familias de estrato 4 que expresan su apoyo colgando la bandera de Colombia en el balcón, personas del común que donan dinero, bolsas de arroz, aceite, panela, gazas, bolsas de leche, lentejas, o que prestan su casa para instalar el punto de atención médica. “La primera línea más importante es la comunidad, sin la comunidad la primera línea no existiría, sin la primera línea la comunidad si podría existir”, asegura David, el guardián de la memoria de Siloé.

    En su diagnóstico, la antropóloga Inge Valencia señala que el estallido social tiene repercusiones ambivalentes en el tejido social. Abre grietas, ejemplo de ello es el fuego racista contra la Minga Indígena; pero activó “muchos circuitos de solidaridad entre personas que no se conocen para hacerle frente a la violencia, sobre todo la policial y militar”. “Cuando llegó la policía a reprimir, todo el mundo abrió la puerta”, dice emocionado Juan Pablo. “Las Facultades de Medicina me llamaban y me preguntaban dónde se necesitaban paramédicos”, cuenta Magaly.

    La Minga Indígena del Cauca aportó lo suyo en las casi dos semanas que permaneció en la ciudad. Donó la pintura para pintar el CAI de Puerto Resistencia, regaló alimentos, y aunque fue atacada a balazos el 9 de mayo por los habitantes de Ciudad Jardín, su simbolismo inspiró, es un referente que le habla a muchos, sean o no de izquierda. Tiene poder de convencimiento porque confronta a la fuerza pública, ejemplifica el autogobierno, y seduce con su prédica ancestral. No es un hecho fortuito que el himno de la Guardia Indígena haga parte de la banda sonora de las movilizaciones, y suene a las 6 de la tarde en algunos puntos.

    Las mujeres también han sido puntal clave en la retaguardia humana de la Primera Línea. Sin mujeres no hay alimento, sin alimentación no hay cómo mantener un mes de bloqueo. Algunas de ellas también hacen parte de esa Primera Línea de choque. Además, en puntos como Siloé, son capaces de controlar el brío de los ´Pelaos´, el efecto que causa en ellos el consumo de alucinógenos, o las peloteras que puede generar una pony malta o un paquete de galletas. “Cuando se anochece, les digo vamos pero no me hacen caso. Ese es mi miedo, que un día llegue, y a mis niños no los vuelva ver porque cayeron, porque les pasó algo en la noche”, expresa una de las mediadoras de la Primera Línea de Siloé.

    La Primera Línea es heterogénea. La integran exconvictos, consumidores, exmilitares, trabajadores ambulantes, universitarios, pandilleros de combos enemigos. La piltrafa de la barriada un día amaneció sintiéndose la heroína de Cali, del país. Convencida de empuñar por primera –y última– vez el destino de Colombia. ´Pelaos´ sin futuro porque nunca tuvieron presente. Formándose y liberándose políticamente en la acción, al calor de la llama que distorsiona la realidad. Viviendo a otras revoluciones. ´Pelaos´ que encontraron una causa en una esperanza. La mayoría no saben qué es el marxismo, nunca antes habían escuchado la palabra asamblea. Se alarman cada que ven una camioneta de alta gama. Destilan rabia, dignidad, agobio, tensión. La capucha esconde también su paranoia, su estrés, el temor a que el final del paro sea el principio de una purga judicial. ´Pelaos´ que le temen más a ser capturados, que a la mismísima muerte.

    IIIII

  • Los días van más rápido que la digestión de la consciencia. Hay quienes plantean que lo sucedido en Cali es una primavera democrática. Gardeázabal prefiere llamarle insurrección. Otro integrante de Convergencia por la Paz me dijo que la situación era atípica, por eso nadie la entendía. Juan Pablo Ochoa lleva semanas masticando su tesis: “No creo en la tesis de los jóvenes, de que estamos haciendo lo que ustedes [los adultos] no hicieron. Hay una memoria que se está recogiendo, pero es una memoria de dolor. No hemos podido tramitar esos dolores que han quedado abiertos en cada lucha que hemos dado, porque han sido cerrados a la fuerza. Como dice el video del Centro de Memoria Histórica: no ha habido tiempo para la tristeza. Gloria Gaitán está pidiendo a gritos justicia por su padre, y junto a Gloria medio país. Es que no solamente mataron a Jorge Eliecer Gaitán, mataron al movimiento gaitanista. Esos dolores han tenido la oportunidad de decir en este momento: puta, estamos mamados. Seguramente esta llaga está quedando abierta para poder cerrar las demás”.

    Ningún dique puede contener un maremoto social de estos. Del estallido social caleño se habló en los comedores de Ciudad Jardín, en el Concejo Municipal, en la panadería, en el andén, en la licorera, en el despacho del Presidente, en el noticiero, en los cuarteles militares, en el extranjero, en la plaza de vicio, en el chat de padres de familia, en el hospital donde atendieron a los muertos y a los heridos, en el taxi del señor canoso que tiene un hijo en la Primera Línea de Puerto Resistencia. Cali llevó al límite el umbral de sus nervios. Excomulgó al uribismo. Ensanchó la distancia entre los que reclaman un cambio profundo y los que quieren que nada cambie.

    Dicen que los cambios duelen. A mediados de mayo, la Cámara de Comercio calculó que la ciudad perdió 2 billones de pesos por el estallido. “Cali está viviendo un momento muy complejo –asegura Juan Manuel Torres–. Va a necesitar casi que ayuda internacional para poder recuperarse. Cali a diferencia de Medellín y Bogotá es la ciudad que menos inversión pública hace. Las empresas públicas no tienen suficiente poder. Hay mucha corrupción. Va a necesitar mucho apoyo. Apoyo principalmente del Estado, pero el Estado demostró que es mezquino con esta ciudad”. A parte del auxilio económico, sutilmente va tomando fuerza la propuesta de indultar a los ´Pelaos´ de la Primera Línea y conformar una Comisión de la Verdad exclusiva para Cali, que corrobore, entre otras tantas cosas, sí es cierto que existen fosas comunes en Cristo Rey, cerro emblemático de la ciudad, y en Mulaló, corregimiento de Yumbo.

    Por lo pronto, plantea Juan Manuel, el Estado debería dedicar su imaginación y su energía en llegar a un acuerdo con las primeras líneas. Se ve lejana la concertación de la solución. De un lado faltan vocerías representativas, y del otro se desestima el dialogo y se insiste en el remedio militar. Si se les intenta repeler a represión y balazos, como si se tratara de fumigar cucarachas, seguramente explotará un embrollo tétrico y macabro: “Pueden haber quinientos Primera Línea que están dispuestos a seguir organizados y hacerse matar […] Usted está generando un problema gravísimo con conatos de guerra civil”.  

    Detrás de toda esperanza se agazapa el miedo. La venta de armas y de estupefacientes fueron las únicas economías de la ciudad que no entraron en parálisis por el estallido social. Alberto Bejarano, abogado defensor de derechos humanos, teme que cuando todo acabe, muchos jóvenes de la Primera Línea sean engullidos por grupos residuales del paramilitarismo, o, por qué no, creen uno propio. Que la criminalidad les siga hipotecando la vida.

    No se puede ser lo mismo después de una espontaneidad de tales proporciones. La huella queda en el inconsciente. Cali se atrevió a ser histórica, y le ha costado muchas vidas. Si la inercia de los hechos lo permite, el tiempo ayudará a entender lo que pasó, a procesar la complejidad de su simpleza. La balanza se inclinará hacía el la del pesimismo o de los optimistas. Gustavo Álvarez Gardeázabal dice que estamos viviendo el “más colombiano de los momentos: vivir el instante, vivir por vivir. Y como dice una de mis novelas: los sordos ya no hablan”.

     

    *Algunos nombres se omiten por solicitud y seguridad de las personas

    En Puerto Oculto la vida se conjuga en pasado. “Ese viejo hijueputa se tiró la región”, me dice Alfonso mientras vemos un potrero que el ojo no logra saber dónde termina. Esa inmensidad que hace 10 años era una ciénaga toda, zarandea la nostalgia. El Sur del Cesar era algo que ya no es.

    Puerto Oculto, corregimiento de San Martín, Cesar, era el puerto pesquero más importante del departamento. Los campesinos que ahora hacen rebufar sus motocicletas por caminos polvorientos, se movilizaban en remo y con canalete por el extinto playón del Sapo y el playón La Culebra. El pescado abundaba. El pescador podía escogerlo, y hasta botarlo, en un par de horas pescaba más de 10 arrobas y en un día podía recibir 200.000 pesos. “Estás tierras eran una bendición. Había coroncoro, vizcaína. Ahorita lo único que se ve es la mojarrita; manatís, sábalo, ya no los hay”, se lamenta Carmen Carrascal, una mayora de Puerto Oculto.

    Para destruir los playones del complejo cenagoso ubicado en la margen derecha del río Magdalena, primero desviaron sus afluentes. El Magdalena dejó de tributar sus aguas a la ciénaga mediante el método de inundación, y empezó a entrar de forma directa, a secarlo con su sedimento. “La ciénaga se mantenía porque no le entraba el río directo por la cabecera”, me explica Arrieta, otro viejo pez humano del corregimiento.

    Pero con esto no les bastó. Los pudientes hermanos Tellez, los hermanos Navarro, y Alirio Díaz, jefe de finanzas del grupo paramilitar 'Héctor Julio Peinado Becerra' de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Juan Francisco Prada Márquez, alias 'Juancho Prada', levantaron jarillones –que en la región son conocidos como murallas– para represar el agua y a la vez terminar de cortar su flujo natural. Para secar la ciénaga por completo, la inundaron de búfalos, animal desterrado de África por su tracción destructora y odiado en el sur del Cesar porque le encanta defecar en el agua y tragarse toda la vegetación que encuentre a su paso. “Hoy en día podemos ver que del 100% de nuestras ciénagas, el 90% ya no existen”, dice Liceth Camargo Carrascal, lideresa social de Puerto Oculto.

    Después de secar la ciénaga, los terratenientes Navarro, Téllez, y Díaz cercaron el peladero, consiguieron falsos derechos de propiedad sobre un bien natural que no es vendible ni comprable, y luego sembraron sus monocultivos de arroz y palma de aceite. Según Teófilo Acuña, líder social del Coordinador Nacional Agrario y el Congreso de los Pueblos, el ecocidio ambiental inició en los años noventa, “pero se ha acelerado los últimos 10 años. Ya no son 500 hectáreas, sino 2.000 hectáreas mecanizadas”.

    Al matar la ciénaga, muere toda manifestación de vida –humana o animal– que le habita. Tal crimen ambiental es una tecnificada modalidad de despojo, el germen del acaparamiento maniaco. Teófilo sospecha que los terratenientes, secundados por las autoridades que deberían investigarlos, están preparando el terreno para poner en marcha la extracción de hidrocarburos y los pilotos de fracking que el gobierno quiere implementar en San Martín y Puerto Wilches, Santander, que a pesar de pertenecer a distintos departamentos, son un solo corredor biológico y cultural. “Es una estrategia para sacar el ultimo pescador, el ultimo campesino. Cuando la tierra está en manos de Alirio Díaz, Álvaro Escobar, los Tellez y los Navarro, es más fácil negociar con ellos, que con más de 100 personas (…) La política agraria en este país no está diseñada para el campesino. Está diseñada para los intereses de las multinacionales, de los terratenientes. Y para hacer cumplir esa política, implementan todos los medios: masacres, asesinatos, desplazamiento. Es una política de la muerte, basada en la economía extractiva, y que va en contra de este modelo de la vida, basado en la economía propia, que va de la mano con el tema ambiental”.

    Un campesino sin tierra es como un pez sin agua. El ciclón paramilitar que arrasó con el Cesar a finales de los 90's y principios de siglo, dejó más de 5.000 víctimas y miles de campesinos sin tierras. El terraje y las haciendas de más de 2.000 hectáreas se volvieron el común denominador en el departamento. Esas tierras arrebatas a sangre y fuego son las que desde hace 7 años están intentando recuperar los campesinos de Puerto Oculto y de otras zonas del departamento. El hambre, la negligencia gubernamental, y el lento avance de los más de 400 procesos de restitución de tierras, obligaron al campesinado a ocupar y “sembrar vida” en las tierras que fueron suyas; “porque el campesino produce vida cuando produce los alimentos”, dice Teófilo.

    La comunidad recuperadora insiste en que no son invasores y que quiere desalambrar las enormes parcelas para recuperar metros de la economía propia que hasta hace unos años sustentaba su vida. “Entendemos que uno de los propósitos que se ha querido lograr con la violencia en el campo, es hacer que el campesinado dependa de si el gobierno garantiza o no ese mínimo vital que es la alimentación (…) Antes no había plata debajo de la almohada, pero había mucha comida. Esa era una de las grandes riquezas que no nos enseñaron a medir”, asegura Jorge Tafur, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, sur del Cesar y sur de los santanderes, una confluencia política, reivindicativa, de denuncia y de apuesta por la permanencia digna en el territorio.

    Limitar el derecho a trabajar la tierra, implica limitar el derecho al alimento. A medida que las recuperaciones avanzan, se diversifican los cultivos. Donde antes solo había arroz, ganadería, o potrero solo, ahora se siembra patilla, papaya, melón, maíz. La yuca y el plátano que hasta hace unos años llegaban desde Arauca, San Alberto o Bucaramanga, ahora brotan en los patios de las parcelas recuperadas. “El campesino lo que dice es: nosotros lo único que queremos es que nos devuelvan la tierra. El campesino teniendo la tierra, puede producir. Esa es la discusión que tenemos con el gobierno. Cuando nos dicen tenemos tales proyectos, nosotros le preguntamos qué hacemos con esos proyectos si no tenemos la tierra para eso. Qué hacemos con esos proyectos si no tenemos garantías para estar en el territorio”, asegura Teófilo Acuña.

     

    La disputa en el sur del Cesar es por el alimento y por la conservación de lo “poquito que queda”. “Si decimos que el gobierno va salvar el planeta es una mentira. Porque con estos macroproyectos esto va ser un desierto. Donde quedarían las entidades locales y regionales que les corresponde el tema de lo ambiental. Si no somos las comunidades quienes hacemos algo, no esperemos que alguien más va venir a ayudarnos”, asegura Nelson Martínez, vocero y coordinador de la guardia campesina de la Comisión de Interlocución, compuesta por más de 40 procesos sociales y cuyo quehacer también incluye al nordeste y bajo cauca antioqueño.

    La calamidad no solo es ambiental. El panorama de derechos humanos no es nada alentador. La fuerza pública, dicen los campesinos, está al servicio de los terratenientes, el paramilitarismo persiste en el territorio como babillas camufladas en el lecho del río, y las instituciones estatales son fortines de los victimarios, en el caso de San Martín, los familiares de 'Juancho Prada' están al frente de la Unidad de Victimas, la Personería, la Inspectoría de Policía, entre otras entidades.

    El desamparo en el que se encuentra la región impresiona. “Es como si nadie viviera en este pueblo (…) Nosotros somos como un camello, entre más carga nos echan como que es mejor para nosotros”, asegura un campesino de Barranca de Lebrija, corregimiento de calles polvorientas y socioeconómicamente dependiente del río Lebrija.

    La presidenta de la Junta de Acción Comunal dice que en Barranca de Lebrija la gente sobrevive con una sola comida al día. En éste corregimiento de Aguachica no hay alcantarillado ni servicios médicos. Y en los últimos diez años, un puñado de terratenientes desvió el río y desembarcaron un ejército de 9.000 búfalos. “Los búfalos están acabando todo. Nosotros dependemos de la pesca, y si nos quedamos sin pesca de qué va vivir la comunidad (…) Nosotros no tenemos futuro. Aquí no hay nada”, sentencia la presidenta.

    “Yo tengo problema con los búfalos porque se me han comido la cosecha. Un día estaba sacando las reses para que no me dañaran los cultivos y de pronto me llegaron dos tipos armados a amenazarme, que me iban a matar porque estaba sacando el ganado. Me dijeron que tenía que cercar, y uno cerca el pedazo de tierra, y le dan machete a los alambres y le tiran el cerco al piso. Los manes venían a matarme, pero yo tenía una escopeta y ahí nos apuntamos. Me amenazaron, que la próxima vez que me encontraran me iban a matar. Qué hace uno ahí, toca andar con una escopeta al hombro y asustado porque no sabe cuándo lo van a matar. Los ganaderos de la vereda Bijagual tienen 400 reses y el playón es para ellos. Usted no puede tirar una cerca porque tiene que dejar que el ganado paste. Ellos si tienen su parcela donde siembran frijol y uno no puede sembrar nada”, se queja otro campesino del caserío.

    A pesar del adverso contexto, los machetes y azadones del campesinado del Cesar están dispuestos a seguir recuperando. El 1 de abril, más de 10 familias del municipio de Aguas Blancas ocuparon predios de la ciénaga La Gorgona. La policía y el ejército intentaron desalojarlos en varias oportunidades. A pesar de que en el territorio había mujeres y niños, el 11 de abril fueron atacados con gases lacrimógenos, humillados, maltratados, y amenazados. Las autoridades no notificaron la orden de desalojo 10 días antes del operativo tal como lo establece la ley. Ese día fueron capturadas 4 personas que luego serían dejadas en libertad. “La verdad es que no dejo de pensar en mi pedacito de chicharrón. Y no dejo de pensar en la imagen del policía que me decía: esta sabroso este pedazo de chicharrón; y yo muerto de hambre”, cuenta uno de los recuperadores hostigados por la fuerza pública.

    La Gorgona era un santuario biológico. Había “nubes de pisingos”, y se pescaba “buena barbona”, dicen los campesinos. La Gorgona abastecía los estómagos de cientos de pescadores y sus familias, no era de nadie porque era de todos. De aquellos años de bonanza solo queda el recuerdo y miles de hectáreas de tierra inutilizada.

    La tierra que hoy ocupan y recuperan fue acaparada por Álvaro Escobar, un gamonal con nexos paramilitares que “se cree dueño del mundo”. “Él no quiere ver gente de Aguas Claras, él quisiera comprar Aguas Claras y volverla un saladero”, dice otro campesino recuperador. El método angurrioso de Escobar fue el mismo de los otros terratenientes: aprovechó la estela de desplazamiento, muerte y miedo del paramilitarismo, desvió el río, levantó murallas, pobló el terreno de búfalos, cercó la estepa, y contrató seguridad privada armada para controlar el ingreso a La Gorgona.

    “Hace 8, 10 años, llegaba uno y al rato se llevaba el pescadito. Donde caminaba encontraba mata de plátano, yuca. Esto se ha vuelto inhóspito, no puede uno venir a pescar porque tiene su problema, porque dicen que está robando. [Escobar] puso 16 portones para que nadie se meta a la ribera del río –cuenta un campesino recuperador que conocía la ciénaga mejor que la palma de su mano y se movilizaba por ella con la libertad que se mueve por el patio de su casa–. Usted sabe que ahorita tenemos los derechos humanos que nos protegen. Pero el rico no tiene ningún derecho humano para el pobre. Si nos puede fregar, nos friegan, y no nos dejan ni trabajar. ¿Cuál es el monopolio que tenemos nosotros ahorita en el pueblo? Que estamos en una finca y tenemos que trabajar con el chantaje. Que no podemos esto, que nos podemos aquello, porque nos botan. Tenemos que aguantarnos el chantaje porque son los que nos pagan y nos dan el plato de comida para nuestros hijos (…) ¿Qué aspira el gobierno, que nuestros hijos se vuelvan delincuentes? ¿A qué aspiramos nosotros así como están las cosas? ¿Llorar a nuestros hijos en un ataúd, ver a nuestros hijos detrás de rejas? ¿Buscarle trabajo a la policía? (…) Si le dan trabajo a uno y lo viven chantajeando. El día menos pensado lo echan a uno, ni liquidación, ni prima, ni nada. Los derechos de nosotros los pobres se los guardan ellos.

    El sudor de nuestro trabajo es beneficio para ellos, y nosotros qué. Pero cuando necesitan cualquier vaina, progreso para el bolsillo de ellos, ahí si estamos nosotros los pobres. Ahí si nos agarran como papa en tenedor, porque nosotros necesitamos la comida (…) La esperanza no hay que perderla. Por eso le dije a los muchachos: sigamos muchachos, metámonos que nosotros no estamos robando, no le estamos quitando nada a nadie, porque eso son playonales, eso no es de ellos (…) Aquí uno conseguía toda clase de animales, ya ni pescado. Esta trocha no era así de grande, esto era un caminito. Esto era un río grande, ahora parece una canal de desagüe. Hoy en día creo que está más limpio el río que el patio de mi casa, porque ni yerba tienen esos terraplenes. ¿Será que con el tiempo nos tocará ponernos a comer corozo como los marranos? Y el gobierno haga plata, y el rico guarde, y el pobre jodase...”.

    ***
    Yo no sé cuanta tierra necesita el hombre, pero hay unos cuantos que no saben cuanta tierra les sobra.

     

    Anorí, Antioquia – El miércoles 20 de mayo del año pasado, una bala disparada por el ejército le atravesó el corazón a Oriolfo Sánchez Ruíz. Los fusiles tronaron en las veredas Los Tenches de Anorí, nordeste de Antioquia. Oriolfo fue otra víctima mortal de los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

    Según la ONU, más de 1000 familias de Anorí aceptaron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca. A cambio el Estado colombiano se comprometió a darles seis pagos de dos millones de pesos cada dos meses, un proyecto productivo de millón ochocientos, y otro proyecto productivo de nueve millones.

    “El gobierno dice que el cumplimiento es del 90% pero [3 años después] apenas va en un 40%. A los campesinos les dieron gallinas y no les dieron el cuido. A otros les prometieron peces y les llevaron pollos. A otros les llevaron el cuido y no les llevaron gallinas ni peces. Fue un engaño para el campesino”, asegura Homero Hernández, líder comunitario de Anorí.

    Los miles de campesinos cocaleros y mineros del nordeste y bajo cauca antioqueño que desde el 25 de abril acampa al sol y al agua en Anorí, piden que el gobierno cese los ataques e implemente el punto 1 –la reforma rural integral– y el punto 4 –la sustitución consensuada de cultivos de uso ilícito– del Acuerdo de Paz.

    “Nosotros decimos que la coca no es buena. Pero el gobierno no nos trae bienestar a las comunidades; al campesino le toca echar mano de lo que hay. No hay carreteras ni vías de acceso. Si decimos que vamos a sembrar un cultivo de plátano, desde que amarramos los plátanos a la mula, cuando llegamos al pueblo ya están maduros”, dice Camilo Torres, líder de la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción (Ascavex). “Dijimos que si el gobierno cumplía, el campesino jamás volvía a tocar un palo de coca”, complementa Homero.

    El gobierno incumplió en materia económica, sacó a muchas familias del programa de forma arbitraria, y tampoco hizo el estudio de suelo prometido ni la titulación de tierras, pues el 90% de los campesinos anoriceños no tienen título de propiedad.

    El papel de la ONU, garante del Acuerdo, también queda en entredicho: “Se imaginaban las organizaciones que la ONU era garante. Nos preguntamos por qué la ONU terminó siendo contratista y ejecutando recursos. La ONU le falló a los campesinos”, asegura Camilo Torres.

    El gobierno está empeñado en vulnerar al campesinado y mantenerlo subsistiendo de una economía “ilícita”. La plata que debería destinar a las vías terciarías y la creación de cooperativas, prefiere invertirlas en las aspersiones del nocivo glifosato. La reanudación de las fumigaciones que el gobierno anunció hace unos días es otro detonante del paro cocalero: “No vamos a permitir que el territorio vuelva a ser fumigado con glifosato. Lo vivimos entre el 2010 y 2015 y no hubo sino destrucción, envenenamiento, muerte, y abortos en animales y de mujeres gestantes”, asegura Luz Mery López, lideresa del municipio.  

    Oro para los nacionales, no para las multinacionales

    El otro renglón económico amenazado por la política gubernamental es la minería. Los mineros del nordeste, el bajo cauca antioqueño y parte del sur de Bolívar, están cansados de que el ejército queme sus máquinas y les incaute el oro. Además, les preocupa que con el proyecto de ley 059, el gobierno pueda encarcelar por 10 años a todo minero ancestral que extraiga el mineral y tenga maquinaria amarilla.

    “Estamos pidiendo una tregua de dos años para demostrar que somos mineros artesanales. Para mostrarle al gobierno que la ancestralidad no se puede demostrar con una factura; se tiene que demostrar con hechos que tenemos. Anorí fue fundado por mineros ingleses y franceses. No fuimos nosotros, fueron ellos los que vinieron a explotar minas, y nuestros abuelos aprendieron ese oficio”, plantea José David Hernández Gandía líder y vocero de las comunidades cocaleras y mineras.

    Los campesinos consultados para esta nota aseguran que la legislación minera colombiana privilegia la concesión del territorio a las multinacionales extranjeras. Los estudios y trámites requeridos para obtener una concesión pueden costar más de 200 millones, una cifra inalcanzable para los campesinos y campesinas que viven del día a día. “No queremos ser peones ni esclavizar el pueblo a una multinacional”, manifiesta Luz Mery.

    “Quieren atacar la pequeña y mediana minería metiéndonos a todos al mismo costal de crimínales. Pagamos una vacuna y el gobierno dice que financiamos y pertenecemos a los grupos armados –dice José David–. Pero si la vacuna la paga una multinacional es una extorsión”.

    Si el gobierno nacional, departamental y local no escucha, no se comprometa a parar criminalización, y no soluciona los problemas estructurales que tienen a miles de familias en el hambre, la pobreza y la inseguridad, el paro cocalero y minero no termina. Aunque las condiciones en las que protestan no son las mejores, Leidy Johana Sierra, líder de la Asociación de Familias del Bajo Cauca (Afasba), dice convencida que “si no nos dan respuesta, aquí nos quedamos, no tenemos afán; más perdemos cuando el Estado nos ataca”.

     

    Texto: Juan Alejandro Echeverri

    Foto: David Alejandro Pérez

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