Wilmar Harley Castillo Amorocho

Wilmar Harley Castillo Amorocho

 

En el departamento del Cauca se han presentado ataques contra la vida e integridad de manifestantes que protagonizan el paro indefinido (suman 12 mil manifestantes) que se realiza desde el 28 de febrero, debido al incumplimiento del Gobierno en los acuerdos pactados desde el 2013 con campesinos, indígenas, afros y trabajadores organizados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia –Anuc–, la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca –Asoinca–, la Asociación de Vivienda Hogar Digno Hogar, la Cooperativa del Sur del Cauca –Cosurc–, la Unión de Trabajadores de la Energía –Uten–, y el Congreso de los Pueblos.

Entre los acuerdos que se pactaron con el anterior presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) están la inversión de $280 mil millones para adjudicación de tierras al campesinado caucano, la construcción de 700 viviendas rurales, y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para la implementación de proyectos productivos alternativos (como el cumplimiento de la agenda de La Habana). Por estos y otros acuerdos se mantiene el paro regional indefinido.

Las comunidades se han movilizado por el departamento incluyendo su capital Popayán. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido represión por medio del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y el martes cinco de marzo, en el punto llamado El Cairo del municipio de Cajibío, se presentaron ataques de la Fuerza Pública contra las personas que ejercían pacíficamente el derecho a la protesta, lo que obligó a la Mesa de Derechos Humanos Por la Defensa de la Vida y el Territorio a activar las alertas tempranas. Hasta el momento, según lo denuncia la Mesa de Derechos Humanos, se han presentado 44 personas heridas que han sido atendidas principalmente en la Comisión de Salud y en centros asistenciales.

 

 Secretaría de Formación y Comunicación

Coordinador Nacional Agrario

Por más de 20 años, en Socorro – Santander, la emisora comunitaria La Cúpula Estéreo ha transmitido su señal desde la casa campesina. Tanto la casa como la emisora prestan su servicio a los campesinos que llegan de paso al pueblo, en donde se reúnen o hacen las actividades propias de las 32 organizaciones que dan vida a la Asociación Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Socorro –ACOCS-. A pesar de la importancia de estos espacios, el 3 de septiembre del 2018 fue cerrada la emisora, y por orden del alcalde Alfonso Lineros, la Policía cambió las guardas de las puertas para que los campesinos no pudieran entrar más al lugar.

La administración asegura que el inmueble pertenece al municipio, y que están buscando el mejoramiento del mismo para establecer allí algún servicio para la comunidad campesina. Argumenta también que las condiciones de “hogar de paso” no se cumplen por unas camas en mal uso y por una familia que se encuentra instalada en la casa, así como también por el funcionamiento de la emisora comunitaria. Sin embargo, las organizaciones campesinas aseguran que esta casa ha sido autogestionada por ellas mismas desde 1991, lo que ha permitido el pago cada cinco años del comodato para su funcionamiento; además la publicidad de La Cúpula es gratuita.

Ahora bien, La Cúpula Estéreo es la única emisora comunitaria del Socorro y su señal alcanza a 13 municipios más. Tiene una función social, cultural, agroambiental, recreativa e informativa, y contribuye además al proceso organizativo campesino y popular del territorio comunero. Cabe resaltar que es la única emisora que no es de partidos políticos, de la iglesia o de las fuerzas militares, como sí ocurre con otras emisoras que comparten dial en esta parte de Santander. Otro de los aportes del medio radial comunitario es el potenciar el Plan de Desarrollo Agroambiental de la Provincia Comunera, hecho por las comunidades por medio de reuniones y encuentros.

Según Polidoro Guaitero, animador del programa Cantémosle al azadón de La Cúpula y Fiscal de ACOCS, el cierre del medio comunitario es un duro golpe al proceso comunicacional y organizativo de las comunidades rurales, así como a la construcción del poder campesino y popular, pues obliga un pare forzoso a 22 años de funcionamiento radial. No obstante, la comunidad oyente ha reaccionado a favor de la emisora comunitaria, junto a las organizaciones campesinas, Asojuntas, Anuc, la Red de Emisoras Comunitarias de Santander, la Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio y el resto de emisoras comunitarias a nivel nacional que han manifestado su apoyo.

Sin embargo, a esta problemática se suma la fecha límite de la prórroga del Ministerio de las Tics para renovar la licencia de La Cúpula. El 3 de marzo es la fecha límite y si la emisora no está en funcionamiento, se corre el riesgo de no tener más la licencia; por ello, han solicitado una nueva prórroga de 10 días para tener una reunión con la alcaldía y solucionar el tema de los equipos técnicos, y poner en funcionamiento la emisora antes de vencerse el tiempo límite.

Desde el 2010 no se ha podido actualizar el comodato, pero la asociación campesina ha realizado cuatro solicitudes para establecer el diálogo con la Alcaldía; a pesar de esto, la posición de la Administración municipal es el traslado de los equipos radiales y sede a otro lugar, lo cual genera un gasto muy grande para los campesinos. Por eso las organizaciones campesinas esperan la solución a este conflicto que afecta el derecho a la comunicación y libre expresión en el municipio, y piden el apoyo de los habitantes de Socorro para que no desaparezca el ícono campesino que representan La Cúpula y la casa campesina de la Provincia Comunera.

*Secretaría de Comunicación y Formación. Coordinador Nacional Agrario

Monday, 14 January 2019 00:00

¿Está comiendo veneno y no lo sabe?

Durante la charla, la nutricionista compartió consejos sobre qué hábitos eran saludables y qué alimentos debían consumirse para prevenir problemas de salud. Entre los consejos que arrojó, mencionó que el sobrepeso provoca enfermedades cardiovasculares en hombres y mujeres. La gente barrigona es más propensa a sufrir del corazón, el colesterol, la sangre, el hígado, entre otros órganos del cuerpo. Casualmente la mayoría de asistentes eran barrigones. 

El alimento es uno de los sectores que más ha sufrido los efectos de la guerra económica contra la República Bolivariana de Venezuela. Alguna gente de mi país se jacta de vivir en un paraíso por el simple hecho de tener supermercados repletos de todo tipo de productos, aunque esa gente no gane un sueldo digno que le permita comprar la mayoría de esos productos. La comida es un factor de orgullo cuando se compara con la “miseria” de los ‘chamos y chamas’. Encontramos verduras, frutas, granos, pollo, pescado, carne de vaca en plazas de mercado, en supermercados y en los semáforos. Me atrevo a decir que no faltará el paisano o la paisana que con la barriga al aire la exponga como un factor de riqueza y abundancia.

Pero desde la charla de la nutricionista, sumado al compartir con el campesinado colombiano, me surgió la duda de si nos alimentamos bien, teniendo en cuenta que los gorditos y gorditas abundan en pueblos y ciudades, sobre todo después de obtener un trabajo de oficina. Consultando encontré algunos alimentos que potencialmente producen cáncer, por lo que al final de leer este artículo te aconsejo que revises tu nevera y replantees el lugar dónde compras la comida por si encuentras alguna que enferme.

Los más conocidos son los transgénicos. Organismos genéticamente modificados que son cultivados con productos químicos nocivos para la salud humana y la naturaleza. Entre ellos se destacan la soja y el maíz. Los embutidos, salchichas, y mortadelas poseen conservantes que las hacen ver deliciosas y en buen estado. Estas carnes procesadas son ricas en nitrito y nitrato de sodio, causantes del cáncer de colon. Aunque son inofensivas, las palomitas compradas para cocinarse en microondas son un coctel de células cancerígenas e infertilidad; si las buscas con sabor a mantequilla son peores porque el sabor lo produce el diacetilo, causante de graves enfermedades pulmonares.

Las gaseosas, sodas, refrescos y bebidas de dieta, contienen altas cantidades de azúcar, colorantes, químicos, aditivos que acidifican el cuerpo y alimentan las células cancerígenas. No hay como el jugo natural, la fruta o el agua para refrescarse. La harina y azúcar refinados es otra opción para una muerte silenciosa y lenta. Ponle atención a las frutas y vegetales que compras en el supermercado porque estas en su mayoría son bañadas con pesticidas que terminan en tu cuerpo al comerlas. Después de este dato, deje de comer y regalar fresas. 

Ningún comercial de comidas y bebidas previene de estos efectos, las multinacionales de insumos agrícolas no impulsan campañas de prevención del cáncer ni de otras enfermedades causadas por sus productos. La importación de alimentos en Colombia y en el resto de países latinoamericanos no cesa, al contrario, aumenta, asfixiando la economía campesina local y envenenando nuestras comunidades. 

A pesar de esto, la agroecología, practica promotora de alternativas de economía digna que produzcan verduras, frutas y animales libres de agrotóxicos, toma un nuevo aire entre el campesinado. Aunque esto no se promociona en supermercados de cadena, este tipo de alimentos existen y pueden ser aprovechados si se averiguan los puntos de venta. El camino es largo y culebrero si queremos que la economía campesina se sustente con la agroecología. Un campesino de Nariño, departamento que limita con Ecuador, me dijo que la mayoría de alimento de las familias campesinas es comprado en el pueblo y no cultivado en sus propias fincas. La situación de Nariño no es ajena a la del resto del país.

Hoy en día el hábito de alimentarse adecuadamente es un acto de total rechazo al estilo de vida impuesta por las multinacionales de la comida. Así que si sigue pensando que tener la barriga grande es un símbolo de poder, vive engañado y, peor aún, está poniendo en riesgo su salud. No volví a ver a los barrigones de la charla aquella, ojalá algún día la ropa les quede grande.

El autor es miembro del Coordinador Nacional Agrario - Colombia

Desde el municipio de San Lorenzo, Nariño, llegaron delegados y delegadas a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos para poner un granito de arena junto al resto de pueblo que también participó. En un ratico del evento conversé con uno de los delegados de ese municipio, Antonio Alvarado, quien pertenece al Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA–. Lo cogí en turno de guardia, en uno de los bloques de salones del colegio donde sesionaba la Asamblea.

Lo abordé para que me hablara de la Consulta Popular Legítima programada para el 25 de noviembre, una iniciativa impulsada por las comunidades de San Lorenzo a punta de autogestión y convicción de defender el territorio. La iniciativa hace parte de la construcción del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ya que en esa lucha se identifica una debilidad: la desarticulación territorial entre los municipios, que se da mientras los problemas estructurales del país continúan. Bajo este análisis, llegaron a la conclusión de que el territorio es el techo que garantiza la protección de la vida, y que también impulsa la conquista de los derechos.  

Para Antonio, un tema de articulación en el norte de Nariño y el sur del Cauca es el problema minero-energético y del agua, por lo que surgió la necesidad de formar un lenguaje común e integrador. Y para materializar ese lenguaje, decidieron acudir a una herramienta constitucional: la consulta popular. Parten del aprendizaje que dejó la consulta contra el Tratado de Libre Comercio, hecha en los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, Inzá y Belalcázar, ubicados al norte y oriente caucano. Esta fue realizada en el 2005, y arrojó un resultado de 3000 votos, lo que evidencia la fuerza que tiene la gente para votar en contra de las políticas que los afectan. “No nos consultaron para hacer las leyes, vamos a desobedecerlas democráticamente acudiendo al constituyente primario”, expresa Antonio.    

Cuenta, además, que el Ministerio de Hacienda dijo que no hay plata para la consulta, y que en la Alcaldía tampoco. “La haremos nosotros mismos. Estamos en minga consiguiendo los recursos, para ir construyendo elementos que creen poder en la gente. Y esta pregunta me puso a pensar… si Hacienda dice sí, la hacemos. ¿Y si dice no? ¿No la hacemos? ¿Dónde está la autoridad?”.

El tema de los recursos está siendo solucionado, como lo dijo Antonio, a través de la minga. ¿Pero de cara al Estado, cómo se posicionarán los resultados de la consulta? Al respecto, nuestro amigo de Nariño hizo énfasis en que la consulta popular legítima potencia la articulación de la comunidad, e incide políticamente entre las personas bajo el tema del agua por ser un bien común que no distingue colores políticos. Todos necesitamos del agua, sea cual sea su forma de ver el mundo. Además, la voluntad de los votantes en la consulta se traducirá en propuestas políticas para la Alcaldía y el Consejo municipal el próximo año.

Con respecto al reconocimiento gubernamental de este proceso, los habitantes de San Lorenzo argumentan que son los constituyentes primarios y ese carácter está por encima de la posición de un ingeniero, doctor, ministro, o la Corte Constitucional. Dicen que no dependen de lo que ellos digan. La idea es ir de una manera legítima y enseñarle al departamento de Nariño, al sur-occidente y al mundo con este tipo de mecanismos populares.   

Hay que recordar que la Ley de Presupuesto General de la Nación, propuesta en octubre, contempla que las administraciones locales, como alcaldías, departamentos, o distritos, deben contar con los recursos para realizar las consultas populares, lo cual tiene una clara intención de asfixiar por el lado económico este mecanismo de participación ciudadana. Por eso la consulta popular legítima también será una acción de protesta contra el gobierno de Duque. Sin embargo, explica Antonio, si el presidente hubiera sido Petro la consulta legítima se haría. Dice que un presidente necesita de la acción de las comunidades para legitimarse: “Hay que hacer las cosas así haya un alcalde o presidente amigo, para que afine. Ese individuo no podrá cambiar el sistema, solo las comunidades podrán hacerlo”.

En este proceso han surgido cuestionamientos de parte de otros actores sociales por el hecho de que esta consulta popular legítima no está “dentro de la Constitución”, a lo que Antonio responde que “la Constitución hace parte de un sistema y si nosotros no paramos el sistema, el sistema sigue siendo el mismo. Los que tenemos que transformar el sistema somos nosotros. Si no, ellos van a seguir haciendo leyes y nosotros calladitos. Hay que enseñarles así; hacen una ley, tenga papá, nosotros no la aceptamos. Hacia allá queremos avanzar”.

Cuenta Antonio que hay gente al interior del movimiento nacional ambiental que está de acuerdo con la parte legal-constitucionalista, y que no acepta el carácter legítimo de la consulta en San Lorenzo. Sin embargo, la postura de sus impulsores es que el amarrar estas acciones comunitarias con la Constitución limita la construcción del verdadero poder local legítimo. Las consultas legítimas empoderan más los procesos.

El otro trabajo que adelantan las comunidades de San Lorenzo es tener el acompañamiento internacional, incluyendo a medios de comunicación alternativos y no alternativos que acompañen el proceso, con el ánimo de blindarlo, y de difundir esta experiencia en otras partes. Mientras se va logrando este acompañamiento, Antonio Alvarado nos invita a participar este 25 de noviembre en la Consulta Popular Legítima de San Lorenzo, Nariño, y a votar “NO” contra la mega-minería.

*Secretaría de Formación y Comunicación. Coordinador Nacional Agrario.

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