Red Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)

Red Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)

Los días son cortos en los escarpados cañones del Catatumbo, donde la tierra cae precipitadamente hacia quebradas caudalosas de agua clara y rápida. El sol sale tarde sobre Venezuela, al este, y toma tiempo para despejar las nieblas blancas del bosque nuboso antes de pegar en los techos de hojalata de las fincas dispersas, agarrando precariamente los caminos de herradura pisados por los caballos y las mulas. Tan idílico como su nombre sugiere, por su belleza natural, El Edén ha sido azotado en las últimas décadas por el largo brazo de los actores del conflicto armado en Colombia.

Pertenece al Alto Bobalí, del municipio El Carmen, una zona originalmente ocupada por los indígenas Barí, y luego por la colonización de migrantes campesinos que buscaban mantener su cultura campesina en un país que ofrece cada vez menos acceso a la tierra. Ahora el Estado intenta ejercer control sobre este territorio debido a su valor estratégico en la guerra y el narcotráfico, y sus abundantes recursos naturales apetecidos por las transnacionales.

La violencia, según cuentan los habitantes del Alto Bobalí, inició por la presencia del paramilitarismo en la región, en la que veían gran potencial para la producción de marihuana y amapola debido al clima propicio y la falta de presencia estatal. Estos grupos paramilitares usaban la violencia de forma indiscriminada, y las luchas por el control del territorio entre ellos se resolvían a disparos.

Un campesino que habita una vereda del Alto Bobalí recordó su experiencia como cultivador de marihuana cuando era adolescente. “Si decías que te querías ir y que te pagaran, [los paramilitares] te esperaban en el camino y te daban plomo. Delante de los otros trabajadores te decían que podías irte y te pagaban, pero después te esperaban para matarte y recuperar la plata”. Él pudo escapar gracias a la información que le dio un amigo. Pidió el dinero que le debían excusándose en la necesidad de comprar medicinas para su madre. Se fue dejando sus contadas pertenencias entre las que se encontraban una hamaca y unas botas de goma rosas.

Ahora, la raíz de la violencia es la presencia militar que ha impuesto el Estado en la zona. Antes de la dispersión de los grupos paramilitares, el Ejército protegía al paramilitarismo y cubría sus prácticas de bloqueo y extorsión hacia el campesinado. Desde entonces, el ejército ha retomado las prácticas paramilitares y ejercen un bloqueo a la región, instalándose en las vías de acceso para controlar la entrada y salida de personas y de productos, y amenazar al campesino con la quema de sus cultivos.

“No somos los dueños de esta tierra, pero somos los dueños de la memoria. Hemos resistido antes y podemos hacerlo de nuevo”, dice Giovanni* mientras mira hacia las montañas sin nombre y los profundos escarpados cañones del Catatumbo. Detrás de él, fuera de una escuela de una sola sala, construida con adobe y hojalata, otros campesinos bajan de sus caballos, cuelgan sus machetes y se preparan para una reunión.

Debido a la política estatal que margina el campesino y desvaloriza el trabajo en el campo, la coca ha supuesto la única forma de sustento para los campesinos de la región en los últimos años. Muestra de ello es que el dinero producido por la coca ha sido fundamental para construir la poca infraestructura existente. En este contexto, la organización comunitaria es la única respuesta eficaz disponible para los habitantes de la región, las Juntas de Acción Comunal han tomado un valor incuestionable en el Alto Bobalí. Cuentan los habitantes que las vías de acceso, y el colegio de El Edén, donde se hizo la reunión de Asojuntas, fueron construidas por las JAC con el dinero de la producción de coca, pues el Gobierno nunca invirtió dinero en la región.

Mirando a través del valle escarpado hacia un trozo de selva ardiente en la ladera opuesta, Giovanni explica que la tierra se está ‘limpiando’ para cultivar coca. “No hace mucho tiempo, aquí se cultivaba café, chocolate, plátano, aguacate y muchas frutas”, recuerda. En este momento hay una dependencia absoluta de este cultivo en la región, ya que “la coca da un mayor rendimiento por hectárea y hay más cosechas cada año. Los campesinos no necesitan viajar varios días para llevar café al mercado o pagarles a los arrieros la mitad del valor de su cosecha; las mafias vienen al campesino a comprar coca”.

Los acuerdos de La Habana prometieron un programa de sustitución de cultivos para los campesinos dependientes de la coca, pero el gobierno de Duque ahora obliga a los campesinos a dejar la producción sin ofrecer alternativas. Enfrentados a la necesidad de diversificar los cultivos debido a las amenazas de quema, y el retorno de las fumigaciones de Glifosato, buscan formas de emprender nuevas alternativas en la región, volver al auto-abastecimiento y a la producción sostenible. Las Juntas de Acción Comunal juegan un rol fundamental en este proceso.

“Hay una conciencia de que es necesario cambiar”, dice un líder del Movimiento de Trabajadores, Campesinos y Comunidades del Cesar (MTCC), “especialmente porque la presencia de la coca es una excusa para que los militares ataquen. El Estado quiere terminar con el campesinado y se niega incluso a reconocernos, como al menos lo ha hecho con los indígenas”.

“El campesino vive en una miseria diferente a la pobreza de las ciudades”, comenta un compañero. “En la ciudad la pobreza es desesperada, y los que están allá están desconectados de la tierra, des-plazados e individualistas. Aunque aquí el Estado nos olvida y se nos niega la oportunidad de avanzar –no hay electricidad, carretera, ni clínicas médicas–, al menos podemos organizarnos colectiva-mente para tratar de lograr una vida digna”.

En la oscuridad de la escuela que no tiene electricidad, la discusión se centra en organizar una cooperativa para compartir recursos. Emprender una minga para colectivizar el trabajo de las cose-chas, y construir un horno comunal para hornear pan. “Es una convicción ser un campesino”, reconoce una activista del Congreso de los Pueblos. “Una forma de resistir a los paramilitares durante el apogeo de la violencia, era ser autosuficientes durante las confrontaciones y el asedio. Pero con la coca esta forma de resistencia se ha perdido. Un nuevo retorno a la diversificación de los cultivos, al trueque en lugar de comprar alimentos comerciales, importados y poco saludables, un retorno a los mercados locales y la solidaridad, compartir con los necesitados, son actos de resistencia que fortalecerían la autonomía campesina”, argumenta.

“La lucha está aquí”, concluye Giovanni, “la lucha comienza aquí, con solidaridad entre todos noso-tros en estas montañas y con la esperanza de que todos compartamos"
*No se usan nombres originales por petición de las fuentes.

El fracaso del sistema carcelario
“Las cárceles colombianas históricamente han sido laboratorios de vulneración sistemática de los derechos humanos y han sido llevadas a una grave crisis social y humanitaria al interior de las mismas”. Así describe el Movimiento Nacional Carcelario las condiciones degradantes e inhumanas que viven a diario las aproximadamente 120.000 personas privadas de la libertad en Colombia. A saber, falta de acceso a servicios de salud, corrupción y tortura por los guardianes, una pésima alimentación, violencia e inseguridad, destrucción de la cohesión social y familiar.

Particularmente el hacinamiento masivo es una de las problemáticas más graves. Incluso el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) constata en un informe de febrero de 2018 que en las 142 cárceles del país el nivel promedio de hacinamiento alcanza el 45%. En cifras absolutas esto significa que existe una sobrepoblación de 39.000 personas en las cárceles del país. Paula Robledo de la Defensoría del Pueblo asegura que “es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista el hacinamiento”.

La lucha contra las drogas, la falta de ofertas de estudio o trabajo para redimir penas y la represiva política criminal del Estado son las causas primordiales del incremento exponencial de la población reclusa en los últimos 25 años, lo cual ha generado pésimas condiciones para las personas privadas de la libertad. Zuleidys Rizo Ibarra explica que “ha habido un auge desproporcionado de aumentos punitivos y creación de nuevos tipos de delitos penales”. Rizo Ibarra es integrante del Equipo Jurídico Pueblos y fue vocera de la Sociedad Civil en la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, durante la audiencia realizada recientemente por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al fallo. Esta dificultad responde a que el Estado, por lo general, priva de su libertad a personas que cometen delitos menores o aquellos en los que se incurren forzados por las condiciones de marginalidad y la necesidad de subsistencia de la población empobrecida. A todo esto, se suma la aplicación de detención intramural preventiva y la dilación de procesos penales por parte de la justicia. Según el periódico El Espectador, en el año 2018 hay 36.452 personas en las cárceles que esperan una condena.

A pesar de las sentencias de la Corte Constitucional en 2013 y 2015 que ordenaron superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, el 25 de octubre de 2018 Paula Robledo aseguró en una audiencia sobre la situación carcelaria que hay “graves vulneraciones de los derechos de la población privada de la libertad, pese a los pronunciamientos de la Corte”, y sacó por ello la conclusión de que existe un “fracaso en el sistema carcelario”.

Resistencia ante las condiciones de los presos: el ejemplo de Cúcuta
¿Qué hacer para denunciar las recurrentes violaciones de derechos humanos de los internos y mejorar sus condiciones de vida mientras la institucionalidad se queda con los brazos cruzados? Ángela Ochoa, Mayerli Vergara y Ángela Karina Molina decidieron tomar cartas en el asunto y fundaron hace seis años con otros compañeros la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (ASOFAMINTERCCUC). En representación de los 35 miembros de la asociación las tres mujeres saben de lo que hablan, pues conocen la realidad carcelaria desde adentro.

Ángela Ochoa, una mujer pequeña en estatura, pero grande en carisma, con trenzas gruesas de rojo intenso, respiró con alivio cuando su hermano salió de la cárcel después de dos años por vencimiento de términos. Fue imputado por hurto agravado y porte ilegal de armas, no obstante, nunca se presentó ninguna prueba. En cambio, sus dos compañeras han tenido menos suerte, ya que solamente pueden ver a sus parejas por algunas horas en el centro penitenciario durante las visitas dominicales. Todas conocieron a su pareja en la cárcel.

El esposo de Mayerli es preso político y tiene una condena de 40 años por rebelión y otras conductas conexas, de la cual ya ha cumplido 14 años físicos en reclusión. Ángela Karina tiene por lo menos un rayo de esperanza ya que probablemente su compañero puede salir dentro de algunos meses cuando cumpla la mitad de la condena. Fue condenado a nueve años por rebelión y lleva 36 meses físicos privado de la libertad. Ambas mujeres aseguran que los presos políticos padecen muchas más restricciones que los presos sociales puesto que, por ejemplo, no pueden tener beneficios como casa por cárcel. “En la parte de alta seguridad les rehúsan más beneficios y tienen más limitaciones. La entrada es más difícil y las visitas conyugales son cada mes en vez de cada ocho días”, explica Ángela Karina.

La cárcel de Cúcuta fue creada en 2012 y pertenece al tipo de la tercera generación según el modelo estadounidense. También en este caso, el hacinamiento forma parte de la experiencia diaria de los internos: “En este momento se encuentran aproximadamente 3.600 personas privadas de la libertad en la cárcel de Cúcuta mientras que esta está diseñada para una capacidad de 2700 presos. Todavía hay alrededor de 150 presos políticos pese a que la mayoría de las FARC-EP salieron por amnistía en el marco de los acuerdos de paz”, cuenta Ángela Ochoa. Por lo menos se ha logrado que los paramilitares, los presos políticos y los sociales estén ubicados en diferentes patios, así que hay menos choques entre ellos.

Por la condición de reclusión no sufren solamente los presos, sino también los familiares. Para Mayerli como madre soltera con tres hijos en la casa, es muy difícil salir adelante. “Nosotros afuera tenemos que financiar solas a nuestra familia, pagar arriendo y comida. Y adicionalmente hay que apoyarlos adentro, sobre todo con aseo. Cada tres meses podemos entrar papel higiénico, un jabón y una crema dental. Cada domingo les llevamos comida para que puedan comer algo diferente, porque la comida es pésima, totalmente desagradable”, dice. El INPEC sostiene firmemente que en la cárcel de Cúcuta hay trabajo para los presos, así que tienen la posibilidad de ganar algún dinero. Pero Mayerli rechaza esta afirmación: “Esto no es cierto, no existe una resocialización, dicen que sí existe, pero solamente hay un cupo por cada cien personas”.

Lo que genera más complicaciones es el tratamiento humillante contra los familiares por parte de la guardia y los obstáculos de entrada. “Cada ocho días nos toca vivir los atropellos por cualquier cosa, ya sea por la comida o por el vestuario. La requisa es demasiado fuerte. Nos tratan como delincuentes cuando visitamos a nuestra pareja”, se queja Mayerli. Ya a las cinco de la mañana los familiares y amigos empiezan a hacer cola. Finalmente, a las 7:00 a.m. o 7:30 a.m. se abren las puertas, dependiendo del estado de ánimo de los guardianes. Y por si fuera poco, a veces se niega por completo el ingreso, sin explicación. Los integrantes de ASOFAMINTERCCUC han creado una obra de teatro, a fin de que el público se pueda imaginar las requisas y las interminables horas de maltrato.

El acceso a la cárcel puede demorar varias horas: innumerables filas para que les pongan sellos de control; diligencien fichas con el nombre y el número del patio y del interno; pasen por diferentes detectores de metales; se dejen husmear por caninos que detectan si llevan drogas o dinero; les requisen la comida que muy a menudo toca botarla; y permitan la inspección del cuerpo. En ocasiones, incluso son obligadas a bajarse la ropa interior, retirarse la toalla higiénica y someterse a una intrusión en las partes íntimas para comprobar que realmente la visitante tiene el periodo menstrual. “Por lo general sucede que, aunque uno no lleve algo, de repente el perro ladra o el detector suena, te sacan entonces aparte y te empiezan a presionar psicológicamente. Esto es otro tipo de maltrato. La persona que entra la primera vez tiene miedo y no sabe qué hacer en esta situación. Si uno está acostumbrado uno lo maneja, pero no todo el mundo tiene esta capacidad”, comenta Ángela Karina.

ASOFAMINTERCCUC en colaboración con psicólogos y trabajadores sociales ayuda a vencer las angustias frente a dichos maltratos. Sin embargo, el objetivo de la asociación no es solamente hacer posible el intercambio de experiencias, sino también apoyar a los familiares con asesoría social y jurídica. “Anteriormente no contábamos con un sitio dónde los familiares pudieran recibir información y hacerles llegar un documento a los presos, pues en muchos casos los guardianes lo desaparecen”, dice Ángela Karina.

Gracias a la asociación este ha sido un cambio fundamental. Una iniciativa supremamente importante es su “casa de paso”. Acá los familiares de otras regiones del país pueden pasar la noche y cocinar, antes de madrugar e ir a la cárcel, pues muchas familias viven muy lejos y tienen que viajar hasta 20 horas y más. No tienen dinero para un hotel y muchas veces les faltan incluso los recursos para el pasaje. Por esta razón muchos presos no reciben visita durante años. En particular, el traslado de presos políticos a centros penitenciarios lejos de su contexto social forma parte de la represión estatal. Así, la “casa de paso” es también un lugar de encuentro para familiares que sufren el mismo destino.

Aunque la asociación de familiares y amigos fue iniciada por el colectivo de los presos políticos de la cárcel de Cúcuta, “ASOFAMINTERCCUC se dedica a todos los presos, tanto políticos como sociales”, reiteran las tres mujeres. Esto significa que apoyan a presos sin familiares y recursos a encontrar asesoría jurídica para diligenciar peticiones y tutelas. “Están muy agradecidos por nuestra labor, sobre todo por que hacemos copias y organizamos el transporte de documentos”, dice Ángela. “Las jornadas de donaciones y movilizaciones fuera de los muros favorecen a todos los presos de la misma manera”, agrega.

Otro pilar importante de la asociación es el trabajo de formación como alternativa a la falta de programas de resocialización. En cooperación con dos universidades crearon un diplomado en paz y derechos humanos y lograron su aprobación por el INPEC. Desde entonces organizan frecuentemente capacitaciones con el colectivo de los presos políticos y los representantes de derechos humanos de cada patio dentro de la cárcel. “Además, trabajamos con mujeres presas, porque el Movimiento Nacional Carcelario ha abandonado esta parte hasta ahora. Siempre se habla de los hombres, de los presos y se olvida que los derechos de las mujeres privadas de la libertad están igualmente violados día a día”. Por ello, la asociación acompaña a los profesores para brindarles apoyo en torno a actividades de recreación y esparcimiento.

Antes de terminar la entrevista, Ángela quiere mandar el siguiente mensaje a los lectores “que no se olviden de las presas y los presos, siéntanse parte de ellos, porque el apoyo a ellas y ellos es muy poco”. Y Mayerli añade: “Los presos políticos no son delincuentes, son luchadores sociales. Ellos son los que nos dan la fuerza de luchar por ellos, porque son nuestra familia. Por lo tanto, esta labor la hacemos para todos. Esto se trata es de la dignidad humana en las cárceles de Colombia”.

La entrevista con ASOFAMINTERCCUC se realizó el 20 de octubre de 2018 en Pelaya, departamento de Cesar, durante el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria. Andreas Hetzer acompañó el encuentro como observador internacional para la Red Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer).

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