alejandro

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Un equipo de periodistas viajó a la región del San Juan, en el departamento del Chocó, por invitación de una comunidad que quiere mostrar un lado más positivo de su territorio. Esta es una alianza Periferia – Zona Croma Comunicaciones.

El San Juan es uno de los ríos más importantes que tiene Colombia, aunque no sea tan mencionado como el río Cauca o el Magdalena. Nace en el Cerro de Caramanta, en límites de Antioquia y Risaralda, pasa por este último departamento, llega al Chocó y sigue su recorrido casi de manera paralela a la carretera Pereira – Quibdó, desde la vereda de Mumbú, a aproximadamente 50 kilómetros de Pueblo Rico, Risaralda. Luego de pasar por Istmina, sus aguas se convierten en la principal vía de transporte para muchas comunidades, que a punta de canalete o motor fuera de borda, se comunican entre sí y con el resto del país.

Siguiendo el recorrido por el San Juan, nos podemos encontrar diferentes comunidades, algunas organizadas en Resguardos Indígenas o en Consejos Comunitarios. En esta región el 95% de la población es afrocolombiana o negra, mientras que los mestizos, o paisas en el argot de la región, solo son el 3%, y los indígenas el 2%; sin embargo, las necesidades básicas insatisfechas golpean a todos por igual. Mientras bajamos por el río las casas hechas de cemento y ladrillo dan paso a casas hechas de madera, unas más grandes y elaboradas, otras solo con un piso y un techo de hoja de palma, todas ellas separadas del suelo por un metro o más, previendo el aumento del caudal del San Juan en época de lluvias.

Luego de algunas horas de viaje por el río, pasamos por varias comunidades, en donde nombres españoles se mezclan con nombres indígenas: San Miguel, Noanamá, Fujiadó, Potedó, Panamacito. En esta última comunidad nos quedamos por invitación de Willington Murillo, quien reiteró que “aquí estamos disponibles a que vengan a conocer, que se den cuenta de la realidad que vivimos nosotros acá, y que no es lo que muestran afuera, somos unas comunidades acogedoras con disponibilidad de prestar atención a todo el que llegue”.

Desafortunadamente, en esta parte del Chocó el conflicto armado ha sido lo único que los medios masivos han mostrado en los últimos años. Pero la situación no es fácil, después de la cabecera municipal de Istmina, por el río San Juan, hacen presencia diversos actores armados, la Armada, la Policía y el Ejercito; los paramilitares o bandas criminales como las llamadas Autodefensas Gaitanistas, y además la guerrilla del ELN; anteriormente también hacían presencia las FARC, pero luego del Acuerdo de La Habana con el gobierno de Santos no quedaron ni las disidencias. Por ahora, porque en esta parte del país, como en muchas otras, su riqueza ha sido un imán para los grupos armados, en una mezcla explosiva: oro, madera, coca y difícil acceso por lo adverso del terreno.

Pero Willington no quiere hablar de la guerra, sino del cambio. “Invitamos a todas esas personas que hoy quieran conocer una cosa tan especial que tiene el Chocó, que es su naturaleza, a que vengan y que se lleven una imagen de este paisaje tan hermoso que verdaderamente muchos no conocen”. En un recorrido por la comunidad, él nos cuenta que allí se produce arroz y tienen una trilladora donde procesan no solo lo que ellos cultivan, sino lo de otras comunidades cercanas. Con algunas familias intentaron un proyecto de Sacha Inchi, el maní Inca, pero las dificultades del transporte y posterior comercialización, sumado a la falta de apoyo por parte del Estado, dejaron pausado el proyecto. “Aquí se cultiva el arroz, se cultiva el maíz, todo se cultiva aquí, nosotros compramos el arroz cuando se nos acaba el de la cosecha, del maíz hacemos envueltos, hacemos mazamorra”, nos narra Josefina Murillo, una habitante de Panamacito, mientras su hija le hace trenzas en su canoso cabello.

En el camino nos encontramos con Clemente Perea, docente de la comunidad, y nos comenta que “las principales problemáticas de esta comunidad se refieren a la cuestión de la energía, el problema económico, el problema del transporte, el problema de la educación”. En ese sentido, Willington dice: “¿Problemáticas? El abandono del Estado, las malas condiciones de los centros de salud, no hay hospital, estamos sin vías de comunicación”. Doña Josefina nos cuenta otra situación que viven los habitantes de Panamacito: “...el problema es que aquí en el Chocó, los niños apenas terminan la primaria y el que quiera seguir estudiando por obligación se tiene que ir. A la mamá que no quiera dejar ir a su hijo solo, pues le toca irse también, por eso, por falta de esas cosas, se están quedando los campos solos, porque todos los niños, el papá o la mamá que quiera ver estudiar a su hijo, tiene que mandarlo que pa' Cali, pa' Istmina, el niño se puede ir llorando porque no se quiera ir, pero se tiene que ir porque no hay cómo terminar el bachillerato, entonces eso es algo que nos afecta mucho a las comunidades”.

A pesar de las dificultades que viven las comunidades, son pocos los que realmente quieren irse de sus territorios, pero ante la falta de alternativas, no son muchas las opciones que le quedan a las familias que han vivido por generaciones en esta comunidad, como el caso de doña Josefina, que nació y se crio en la comunidad de Panamacito, sigue allí desde hace 63 años y dice que no se quiere ir, ni quiere que sus hijos o nietos se vayan de esta región.

Contrario a los deseos que tiene la población, las casas se van quedando sin habitantes, abandonadas, no solo en esta comunidad, sino en muchas otras del Chocó; pero no es la violencia del conflicto lo que los está desplazando, sino la falta de oportunidades para progresar. ¿Cuáles son las garantías que le brinda el Estado? Muy pocas según comentan los habitantes en una reunión que convocó Willington horas después de nuestra llegada, en donde las voces de reclamo se multiplicaban y se podían resumir en una frase: “abandono estatal”. Piden mayor acompañamiento para iniciar proyectos productivos que funcionen a largo plazo, quieren vías de acceso, comercialización de productos. ¿Para qué lo piden? Para organizarse en asociaciones o cooperativas que les permitan mejorar sus condiciones de vida, quieren poder vender lo que producen y no tener que recurrir a la economía ilegal, pero sobre todo quieren que el Estado cumpla con sus obligaciones y les garantice sus derechos básicos.

 

La votación en contra del fracking en Fusagasugá, Cundinamarca, fue contundente: el 99, 18% de las personas rechazó la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones del páramo de Sumapaz. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala? 39.175 personas dijeron no. Solo 202 respaldaron la iniciativa. 

Si bien el censo electoral para la consulta era de 104.538 ciudadanos, el umbral estimado en 34.846 votantes se superó con creces, por lo que el mandato público se dirige a rechazar la explotación de recursos del subsuelo. Y no es una decisión menor. En efecto, de acuerdo con la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, el páramo de Sumapaz es el más grande del mundo y provee de agua potable al 15% de la población colombiana.

De hecho, es la principal fuente de agua para Bogotá y sus municipios aledaños, de ahí que la consulta puede pasar a la historia como una manifestación de la soberanía popular por evitar la explotación irresponsable y la contaminación de una de las fuentes hídricas más importantes del país.  

                                                                                    

El Gobierno insiste

No obstante lo anterior, el fracking está nuevamente en el centro del debate en Colombia. A pesar de la decisión democrática tomada en Fusagasugá que se suma a otras experiencias similares en Boyacá y Tolima, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció la realización de una prueba piloto en 2019 con el fin de evaluar junto con “la academia, las comunidades, los ambientalistas, entre otros sectores, los impactos y beneficios que traería al país esta técnica de explotación de hidrocarburos”.

El plan piloto que se llevará a cabo en las inmediaciones de Barrancabermeja en un área de 150 kilómetros por un lado y 60 kilómetros por otro. Puede incluir otros siete departamentos además de Santander.

De acuerdo con el alto funcionario, las reservas petroleras del país dan un margen de autosuficiencia por seis años, razón por la cual, las exploraciones en el Magdalena Medio podrían triplicar las reservas entre 2000 y 7000 millones de barriles. Sin embargo, los riesgos ambientales de la fracturación hidráulica son latentes por lo que el presidente de la compañía petrolera ha sido enfático al afirmar que: “nosotros no vamos a poner a competir el petróleo y el agua, si en algún momento pensáramos que alguna de nuestras operaciones tuviera impactos en el agua, pues no la realizaríamos ya que tenemos un total compromiso con el cuidado del medio ambiente”. A pesar de estas declaraciones, lo cierto es que los negocios en el gobierno Duque ocupan el primer lugar, por lo cual, en caso de encontrar las fuentes necesarias, Ecopetrol no dudará en sacrificar el medio ambiente en favor de los capitales extranjeros. Amanecerá y veremos.

Es tal el afán del primer mandatario por aumentar las reservas de hidrocarburos que su administración ha llegado a hablar de “fracking responsable”. Este disparate, como lo dijo el gobernador de Boyacá,  Carlos Andrés Amaya, “es como decirle a una mujer que la van a violar responsablemente”. Aunque el símil puede ser chocante, no falta a la verdad, pues hay pruebas científicas rigurosas de diversas universidades del mundo que han demostrado que la fractura hidráulica genera impactos graves al medio ambiente como la contaminación de fuentes de agua potable y afectación a la fertilidad de la tierra.

No hay evidencias que demuestren lo contrario, es decir, que como lo asegura la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, se pueda emplear esta técnica de “manera responsable y sostenible”. ¿Cómo puede perforarse la tierra, llenarla de peligrosos químicos y aumentar el riesgo sísmico de manera responsable? Si países como Francia, Alemania e incluso varios estados de Estados Unidos han prohibido esta forma de explotación, ¿por qué Colombia sigue empeñada en realizar pruebas de este tipo? La respuesta tiene que ver con la poca independencia que tiene el gobierno de Iván Duque respecto a los grandes empresarios que financiaron su campaña. De ahí radica la importancia de la resistencia civil para evitar este tipo de decisiones.    

 

El golpe de la Corte

Por si no fuera suficiente con esta compleja situación, la Corte Constitucional tumbó una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta respecto a una consulta popular que permitió frenar la extracción de petróleo en Cumaral a cargo de la multinacional Monsarovar Energy.

El alto tribunal impuso, a través de su fallo, límites a las consultas populares, con lo cual, este mecanismo de participación no podrá vetar en el futuro las actividades relacionadas con la extracción de petróleo y minerales. Dicho de otro modo, la Corte Constitucional despojó de la única herramienta jurídica que tenían las comunidades para la protección de sus derechos y dejó el camino expedito para que las multinacionales puedan retomar sus actividades económicas.

Desde el gobierno nacional y en particular, desde el Ministerio de Minas y Energía se ha celebrado la decisión como una “señal importante para la seguridad jurídica del sector (minero-energético), y para fortalecer el diálogo y la participación ciudadana”. Pero, ¿de qué diálogo y de qué participación habla la ministra? Si todas las manifestaciones de la soberanía popular son vulneradas, ¿qué alternativas tienen las poblaciones afectadas?

Esta circunstancia tiene en vilo no sólo la consulta desarrollada en Fusagasugá, sino diversas movilizaciones populares que se encaminan a limitar las acciones perjudiciales de las compañías petroleras.

El gobierno neoconservador de Iván Duque que está controlado por el polémico ex presidente Álvaro Uribe Vélez y por los grupos económicos más recalcitrantes del país, no tiene en su agenda la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables ni mucho menos la defensa de las cuestiones medioambientales. Así quedó demostrado con su decisión de conformar una “comisión de expertos” que se encargará de determinar los impactos del fracking en Colombia, así como la regulación normativa con la que se cuenta para atenuar los posibles riesgos de la aplicación de esta técnica.

Sin embargo, como lo manifestó el ex contralor Edgardo Maya, “ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables se están buscando opciones desesperadas para las cuales el país no está lo suficientemente preparado para mitigar los riesgos y las afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico de nuestro país”.

 

¿Qué viene ahora?

Desde esta perspectiva, 2019 será un año complejo para las comunidades que han luchado en contra de la minería y la explotación petrolera. La fracturación hidráulica causa daños considerables a la tierra y es una fuente de contaminación permanente de acuíferos y otras reservas de agua potable.

Si se toma en consideración el bloqueo legal al que estarán expuestos estos sectores por la decisión de la Corte Constitucional, es probable que existan movilizaciones sociales como el recordado Paro Agrario Campesino de 2013 o las recientes protestas estudiantiles. Es claro que las comunidades tendrán que salir a las calles a defender sus derechos de la intransigencia del gobierno central.

Es por ello que surge la necesidad de preguntarse ¿qué alternativas tienen los sectores de oposición para evitar la llegada definitiva del fracking a Colombia? El primer acto simbólico ya se llevó a cabo con la recolección de 100.000 firmas por parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que fueron presentadas ante el Congreso Nacional con el fin de mostrar el respaldo popular al proyecto de ley sobre la prohibición definitiva de esta técnica en el país. Sin embargo, el cabildeo será complicado debido a que el gobierno cuenta con un importante número de congresistas que bloquearán todas las iniciativas promovidas desde los grupos alternativos.

Una luz al final del túnel fue la reciente decisión del Consejo de Estado que mediante una resolución suspendió provisionalmente los actos administrativos que permitían al gobierno fijar los criterios de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. El tribunal aseguró que “la autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas”. 

En tal sentido, la decisión de la Comisión Tercera del Consejo de Estado respaldó a los sectores que promueven la protección del medio ambiente y el principio de precaución, toda vez que no se conocen con precisión las supuestas ventajas del fracturamiento hidráulico. De respetar la decisión de la rama judicial, el gobierno tendría que buscar alternativas para potenciar la “economía naranja” pues el fracking sería inviable en el país.

Por otra parte, la resistencia debe dirigirse hacia grupos de presión conservadores para quienes toda manifestación popular en contra de la minería y el fracking hacen parte de una estrategia del “fundamentalismo ambiental”.

Desde esta óptica, cualquier intento de negocio en el ámbito minero-energético está “secuestrado” por los grupos ambientalistas que se oponen y mediante el lobby internacional han afectado significativamente a esta industria. Sin embargo, ¿cómo no criticar a un sector que genera relaciones de inequidad, monopolios y severos daños al medioambiente? No es una cuestión de fundamentalismo sino de realidad. Aquí están en juego dos modelos de país: uno que promueve el uso sostenible y responsable de los recursos y que está favor de los procesos de integración social, y un modelo enquistado en el poder que tiene como prioridad el establecimiento de negocios y multinacionales bajo el paraguas de “la inversión extranjera” que no es otra cosa que la imposición de una visión economicista de las relaciones sociales.

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