América Niño – Trochando Sin Fronteras

América Niño – Trochando Sin Fronteras

Tuesday, 07 September 2021 00:00

La lucha por la tierra es la lucha por la vida

¡Recuperar la tierra para recuperarlo todo!, esa es la consigna que cimienta las bases de la liberación de la tierra en Cajibío, Cauca. Desde el pasado 27 de julio, mientras se preguntan cómo construir un territorio intercultural para la vida, indígenas, campesinas y campesinos han realizado diversas acciones para retomar la tierra que les ha usurpado la multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia.

La concentración de la tierra en manos de la compañía ha dejado a las comunidades sin la posibilidad de poseer y usar la tierra para alimentar al pueblo colombiano, o conservar especies nativas; en cambio, Smurfit Kappa Cartón de Colombia ha cultivado enormes extensiones de pino y eucalipto, ha desertificado la tierra y secado afluentes de agua vitales para el consumo humano y la producción de comida, ha incrementado exponencialmente la inseguridad y ha comprometido seriamente el desarrollo sociocultural de las comunidades.

 

Para entender la lucha en Cajibío es necesario decir que la concentración de la tierra en Colombia ha sido un factor fundamental en la profundización de la pobreza y el conflicto armado. El índice Gini de desigualdad se ubica en un rango mayor al 0,8, lo cual demuestra que la mayor cantidad de hectáreas de tierra cultivable están en pocas manos, mientras que la gran mayoría de la población no tiene cómo garantizar siquiera el sustento básico para sus familias.

El Cauca es uno de los departamentos con mayor cantidad y complejidad de conflictos asociados a la tierra y el territorio. Allí “las pocas tierras más fértiles en la zona norte han ido perdiendo su productividad debido a los extensos cultivos de caña de azúcar y pino” (Verdad abierta). Otras en el suroccidente están siendo objeto de disputa por diversos actores armados, se calculaba hacia 2010 que 61% de la tierra estaba en manos del 5% de los propietarios (Verdad Abierta), lo que quiere decir que el 95% de la gente poseía el 39% de la tierra. Terratenientes y multinacionales utilizan figuras de testaferrato o arrendamiento para seguir ampliando sus industrias agrícolas o forestales, y así evitar contribuciones tributarias y más expresiones de inconformidad social.

En Cajibío el 39.24% del área del municipio, distribuida en predios menores a 10 hectáreas, pertenece a más de 11.000 propietarios, mientras que el 38.26% corresponde a propiedades mayores a 20 hectáreas (algunas superiores a 200) que pertenecen a menos de 500 propietarios. “La mayoría de suelos del municipio tienen capacidades de uso poco aptas para agricultura, debido a severas limitaciones como pendientes escarpadas y baja fertilidad en los suelos.” (Incoder, U Javeriana, 2013). 

 

Las cifras muestran que la población en Cajibío se encuentra en una situación de hacinamiento productivo. La desigualdad en la propiedad de la tierra es tal, que si se redistribuyera en Unidades Agrícolas Familiares (de 6 a 10 hectáreas) muchos de los corregimientos del municipio no podrían albergar la cantidad de personas que residen allí, ni suplir sus necesidades de producción alimentaria.

El occidente de Cajibío se diferencia del resto porque geográficamente es una depresión que está entre la cordillera y el río Cauca. Ha sido la más olvidada por el Estado, pues cuenta con precarios servicios de acueducto, alcantarillado, salud, educación y malla vial. También ha sido un histórico corredor de distintos grupos armados. Aunque hacen presencia otros actores armados como el frente José María Becerra del ELN, las columnas disidentes de las FARC Carlos Patiño y Nueva Marquetalia, actualmente la columna Jaime Martínez tiene el control y la hegemonía militar. En la zona hay explotación de minería ilegal y los cultivos de coca se expanden hacia el centro del municipio, es en este sector donde se encuentra la mayor cantidad de población rural.

Aunque parte de su configuración agraria está destinada a la producción de alimentos, la infertilidad del suelo y las pendientes son una constante, además, muchos predios han sido arrendados por la Smurfit Kappa hasta por 30 años. El lado oriental, aunque carece de inversión social del Estado, cuenta en algunas zonas con acueducto, alcantarillado, energía, salud, educación, y carreteras cercanas a la vía panamericana, en su mayoría sin pavimentar.

Para apaciguar los conflictos socioambientales, la empresa ha entregado dádivas a las comunidades, logrando que una parte de la población rechace los procesos de liberación y recuperación. Sin embargo, estas formas de soborno representan materialmente migajas en comparación con los beneficios que la compañía ha obtenido durante casi 40 años de explotación del suelo.

Si bien las comunidades campesinas, indígenas y negras tienen aspiraciones y posibilidades territoriales diferentes, todas llevan décadas exigiendo la devolución de las tierras ocupadas por la empresa para que su uso favorezca la permanencia en el territorio, evite el desplazamiento de cientos de familias, y ayude a combatir el cambio climático a nivel global.  

El objetivo concreto es lograr de diversas maneras, por ejemplo las vías de hecho, que la multinacional entregue las tierras tituladas a su nombre y termine los contratos de arrendamiento que han expandido sus cultivos, causantes de la crisis medioambiental y alimentaria en el municipio. Si bien la Smurfit argumenta su derecho a la propiedad, las comunidades proponen un debate esencial para la comprensión territorial: la ética de la concentración de tierras. En su defensa, las comunidades liberadoras plantean que el acaparamiento de las mismas fue y es impulsado por ejercicios de despojo y desplazamiento en el marco del conflicto armado, y por la invasión colonizadora de hace siglos; además, en un momento de crisis climática resulta necesario valorar el derecho a la vida digna por encima de la productividad y las ganancias de una multinacional que no genera empleo suficiente, y utiliza las fuerzas armadas colombianas para fomentar un ambiente de miedo y zozobra en la población.

Las comunidades no se rinden, esta disputa por la tierra es histórica, y aunque conocen los riesgos de enfrentar a una compañía de este calibre, las pocas garantías jurídicas y vitales que existen en el país, la recuperación del territorio y la autonomía, no están dispuestas a dar un paso atrás.

 

 

Monday, 10 May 2021 00:00

Contra la brutalidad policial

Hoy narro esta historia vista por los ojos de Gareth Sella, la más reciente víctima del ESMAD en Bogotá.

Él se va alejando de las aturdidoras como cualquier persona lo haría, recuerda estar huyendo con los demás, tras de sí estaba un bloque de miembros de la policía y el ESMAD, él no los había visto, de pronto se voltea para identificar posibles salidas, entonces le disparan directo al rostro, siente el golpe seco y fuerte en su ojo, un dolor agudo retumba en su cabeza y comienza a correr desesperado, el miedo le inunda, siente que en cualquier momento le pueden atacar de nuevo, tiene media cara dormida y ve con dificultad los rostros de la gente que le mira con angustia.

Gareth Sella es un joven de 24 años fue víctima del ESMAD, un disparo en el rostro lo tiene en riesgo de perder completamente la visión de su ojo izquierdo, antes que a él, a Cristian Rodríguez le dispararon mientras protestaba en diciembre de 2019 y perdió un ojo, a Dilan Cruz lo asesinó un agente del ESMAD, quien disparó con una escopeta calibre 12 directo a su cabeza durante las protestas del 25 de noviembre de 2019 en Bogotá. En los últimos 20 años el ESMAD ha asesinado a 34 personas quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta social o que transitaban cerca de una manifestación (Temblores, 2019), la policía por su parte ha perpetrado 289 homicidios desde el año 2017 al 2019 (Temblores, 2021) la mayoría de los casos ocurrieron en la vía pública. Es difícil creer en las versiones que justifican estos hechos como acciones deliberadas de manzanas podridas de las fuerzas armadas, más bien se profundiza el debate sobre cómo la doctrina militar del enemigo interno direcciona las estrategias de ataque de la policía a toda la población.

Gareth es un joven que movido por su sentido de la justicia, decide incorporarse al colectivo de Escudos Azules, con el objetivo de acompañar las movilizaciones para evitar el ataque sobre dimensionado de la fuerza pública en contra de las y los manifestantes. Él junto con otras (os) jóvenes, se vinculan a las movilizaciones con unos escudos de madera, cascos, gafas y una capucha que les sirve para ocultar su identidad, aunque su accionar no es clandestino, ni se conciben a sí mismos como manifestantes activos en la confrontación contra la fuerza pública o violentos, saben que asumir una postura política que cuestione la autoridad es sumamente peligroso para su vida y su libertad.

Horas antes del ataque a Gareth, él junto con otras (os) jóvenes de Escudos Azules, se reunieron en la Universidad Pedagógica atendiendo a la convocatoria de movilización contra la brutalidad policial, se identificaron con el comandante de la policía, gestores de convivencia y defensores de DDHH para demostrar que su función en la movilización era estrictamente defensiva, sin embargo, algo raro se sentía en el ambiente, había mucha presión, muchas ganas de tomarse de nuevo las calles después de las restricciones derivadas de la pandemia.

Durante el recorrido hubo varias señales de infiltración de personas inescrupulosas en la movilización, las cuales no asistían para manifestarse en contra de la brutalidad policial, sino que por el contrario buscaban crear escenarios para la intervención violenta de la policía. A pesar de la reducida cantidad de personas que se movilizaba, los infiltrados marchaban sin compañía, les delataban características físicas propias de miembros de la policía como su corte de pelo e incluso sus zapatos, y que además, se encargaban de incitar a las (os) manifestantes a comenzar una confrontación en lugares de profunda vulnerabilidad, en los que cualquier intervención violenta de la policía sería contundente.

Cabe aclarar que algunas (os) manifestantes sí utilizan formas de expresión que demuestran su inconformidad y que pueden llegar a considerarse agresivas, pero estas llevan un mensaje político; atacan lugares que representan el centro de la acumulación capitalista como los bancos, los grandes negocios transnacionales o nacionales e incluso sedes de las iglesias. Cada vez se hace más evidente la infiltración en las movilizaciones, muestra de ellos han sido los vídeos expuestos por la ciudadanía en redes sociales, en las cuales se ve a civiles en compañía de miembros de la fuerza pública antes o después de una movilización en la que interviene la policía con la intensión de dispersar a las (os) manifestantes y que han dejado como consecuencia multiplicidad de agresiones y una recurrencia alarmante en la vulneración de los derechos humanos.

En los ataques del ESMAD se destaca un desprecio particular por el movimiento estudiantil y el campesinado, siendo estos los grupos sociales más afectados por la violencia homicida (Temblores, 2019). El movimiento estudiantil ha sido blanco de ataques que han dejado nueve estudiantes asesinados, cinco de ellos murieron a causa de un impacto de bala y cuatro como consecuencia de un arma de baja letalidad. Para 2001, año de la fundación del ESMAD, este escuadrón contaba con un total de 350 hombres y más de doce mil millones de pesos, mientras que para 2013, el número de integrantes era de 1843 y su presupuesto anual superaba los once mil setecientos millones, para 2018 el personal con el que contaba el ESMAD era de 3.328 (Temblores, 2019). De acuerdo con información publicada en PARES, en marzo del año pasado, en plena emergencia sanitaria y cuando la gente estaba exigiendo garantías de alimentación en un escenario de prohibición al trabajo informal, el gobierno de Iván Duque decidió invertir 12 mil millones de pesos en la compra de 18 tanquetas para el ESMAD.

Para Gareth los distintos gobiernos han deshumanizado a las personas que hacen parte de la policía, les arrancan la humanidad para que sean capaces de hacer lo que hacen: matar, violar, quemar, disparar a los ojos sin sentir una pizca de remordimiento, sin sentir dolor, sin sentir absolutamente nada, los vuelven robots al servicio del capital. Por eso entiende que ellos no son un enemigo directo, ya que no responden a una conducta humana, ni a estímulos de sensibilidad, sino que defienden un establecimiento que los utiliza para seguir postergando un sistema injusto y desigual. Por eso para gran parte del movimiento social, el objetivo es confrontar a quienes han hecho de la policía una institución deshumanizada.

Monday, 10 May 2021 00:00

Contra la brutalidad policial

Hoy narro esta historia vista por los ojos de Gareth Sella, la más reciente víctima del ESMAD en Bogotá.

Él se va alejando de las aturdidoras como cualquier persona lo haría, recuerda estar huyendo con los demás, tras de sí estaba un bloque de miembros de la policía y el ESMAD, él no los había visto, de pronto se voltea para identificar posibles salidas, entonces le disparan directo al rostro, siente el golpe seco y fuerte en su ojo, un dolor agudo retumba en su cabeza y comienza a correr desesperado, el miedo le inunda, siente que en cualquier momento le pueden atacar de nuevo, tiene media cara dormida y ve con dificultad los rostros de la gente que le mira con angustia.

Gareth Sella es un joven de 24 años fue víctima del ESMAD, un disparo en el rostro lo tiene en riesgo de perder completamente la visión de su ojo izquierdo, antes que a él, a Cristian Rodríguez le dispararon mientras protestaba en diciembre de 2019 y perdió un ojo, a Dilan Cruz lo asesinó un agente del ESMAD, quien disparó con una escopeta calibre 12 directo a su cabeza durante las protestas del 25 de noviembre de 2019 en Bogotá. En los últimos 20 años el ESMAD ha asesinado a 34 personas quienes ejercían su legítimo derecho a la protesta social o que transitaban cerca de una manifestación (Temblores, 2019), la policía por su parte ha perpetrado 289 homicidios desde el año 2017 al 2019 (Temblores, 2021) la mayoría de los casos ocurrieron en la vía pública. Es difícil creer en las versiones que justifican estos hechos como acciones deliberadas de manzanas podridas de las fuerzas armadas, más bien se profundiza el debate sobre cómo la doctrina militar del enemigo interno direcciona las estrategias de ataque de la policía a toda la población.

Gareth es un joven que movido por su sentido de la justicia, decide incorporarse al colectivo de Escudos Azules, con el objetivo de acompañar las movilizaciones para evitar el ataque sobre dimensionado de la fuerza pública en contra de las y los manifestantes. Él junto con otras (os) jóvenes, se vinculan a las movilizaciones con unos escudos de madera, cascos, gafas y una capucha que les sirve para ocultar su identidad, aunque su accionar no es clandestino, ni se conciben a sí mismos como manifestantes activos en la confrontación contra la fuerza pública o violentos, saben que asumir una postura política que cuestione la autoridad es sumamente peligroso para su vida y su libertad.

Horas antes del ataque a Gareth, él junto con otras (os) jóvenes de Escudos Azules, se reunieron en la Universidad Pedagógica atendiendo a la convocatoria de movilización contra la brutalidad policial, se identificaron con el comandante de la policía, gestores de convivencia y defensores de DDHH para demostrar que su función en la movilización era estrictamente defensiva, sin embargo, algo raro se sentía en el ambiente, había mucha presión, muchas ganas de tomarse de nuevo las calles después de las restricciones derivadas de la pandemia.

Durante el recorrido hubo varias señales de infiltración de personas inescrupulosas en la movilización, las cuales no asistían para manifestarse en contra de la brutalidad policial, sino que por el contrario buscaban crear escenarios para la intervención violenta de la policía. A pesar de la reducida cantidad de personas que se movilizaba, los infiltrados marchaban sin compañía, les delataban características físicas propias de miembros de la policía como su corte de pelo e incluso sus zapatos, y que además, se encargaban de incitar a las (os) manifestantes a comenzar una confrontación en lugares de profunda vulnerabilidad, en los que cualquier intervención violenta de la policía sería contundente.

Cabe aclarar que algunas (os) manifestantes sí utilizan formas de expresión que demuestran su inconformidad y que pueden llegar a considerarse agresivas, pero estas llevan un mensaje político; atacan lugares que representan el centro de la acumulación capitalista como los bancos, los grandes negocios transnacionales o nacionales e incluso sedes de las iglesias. Cada vez se hace más evidente la infiltración en las movilizaciones, muestra de ellos han sido los vídeos expuestos por la ciudadanía en redes sociales, en las cuales se ve a civiles en compañía de miembros de la fuerza pública antes o después de una movilización en la que interviene la policía con la intensión de dispersar a las (os) manifestantes y que han dejado como consecuencia multiplicidad de agresiones y una recurrencia alarmante en la vulneración de los derechos humanos.

En los ataques del ESMAD se destaca un desprecio particular por el movimiento estudiantil y el campesinado, siendo estos los grupos sociales más afectados por la violencia homicida (Temblores, 2019). El movimiento estudiantil ha sido blanco de ataques que han dejado nueve estudiantes asesinados, cinco de ellos murieron a causa de un impacto de bala y cuatro como consecuencia de un arma de baja letalidad. Para 2001, año de la fundación del ESMAD, este escuadrón contaba con un total de 350 hombres y más de doce mil millones de pesos, mientras que para 2013, el número de integrantes era de 1843 y su presupuesto anual superaba los once mil setecientos millones, para 2018 el personal con el que contaba el ESMAD era de 3.328 (Temblores, 2019). De acuerdo con información publicada en PARES, en marzo del año pasado, en plena emergencia sanitaria y cuando la gente estaba exigiendo garantías de alimentación en un escenario de prohibición al trabajo informal, el gobierno de Iván Duque decidió invertir 12 mil millones de pesos en la compra de 18 tanquetas para el ESMAD.

Para Gareth los distintos gobiernos han deshumanizado a las personas que hacen parte de la policía, les arrancan la humanidad para que sean capaces de hacer lo que hacen: matar, violar, quemar, disparar a los ojos sin sentir una pizca de remordimiento, sin sentir dolor, sin sentir absolutamente nada, los vuelven robots al servicio del capital. Por eso entiende que ellos no son un enemigo directo, ya que no responden a una conducta humana, ni a estímulos de sensibilidad, sino que defienden un establecimiento que los utiliza para seguir postergando un sistema injusto y desigual. Por eso para gran parte del movimiento social, el objetivo es confrontar a quienes han hecho de la policía una institución deshumanizada.

Las comunidades campesinas en el Cauca han estado en medio de la guerra, su lucha por construir condiciones de vida digna incomoda a los violentos, a los poderosos, a quienes se lucran de la desigualdad y del negocio de la guerra. Hace aproximadamente un año, en abril de 2020 recibíamos la noticia de los asesinatos de Teodomiro Sotelo y Andrés Cansimanse, líderes sociales vinculados al Coordinador Nacional Agrario de Asocumunal y el consejo comunitario Afrorenacer que hacen presencia en el cañón del Micay, más exactamente en los Municipios de Argelia y El Tambo en el Cauca.

Sus asesinatos ocurrían en medio de una conflictividad militar que toca a las comunidades campesinas de la zona, para ese momento la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que buscaba advertir sobre la grave situación en ese territorio y el riesgo que estaban corriendo las comunidades.
Entonces las disidencias de las FARC con su frente Carlos Patiño, la columna móvil Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos se habían reinstalado en el territorio de forma hegemónica y comenzaban una disputa armada con otras estructuras militares; la segunda Marquetalia, al mando del Paisa, Iván Márquez, y Jesús Santrich (de las que se dice que es más su fama que su capacidad militar); las AGC con el clan del Golfo; el ELN con su frente José María Becerra; y el Ejército Nacional fundamentalmente el batallón de infantería No 56.

Esta disputa tiene como elemento sustancial controlar las rentas provenientes del narcotráfico. En el territorio, entre los Municipios de Argelia, El Tambo y Balboa existe un aproximado de 12 mil hectáreas sembradas de coca, además de cientos de laboratorios de producción de cocaína y enormes posibilidades de comercialización dadas por los afluentes navegables del cañón del Micay hacia el Océano Pacífico, la conexión vial con el norte del Cauca y la cercanía con la vía Panamericana.

También en abril del 2020 mientras se desarrollaba una reunión del consejo comunitario Afrorenacer en el Tambo, hombres del frente Carlos Patiño irrumpieron en el espacio para asesinar a Jesús Riascos y Sabino Advincula, y amenazar a los demás integrantes del consejo comunitario con la muerte. Después de esto, se han conocido múltiples hechos de victimización a la población campesina de la región, entre ellos, amenazas, asesinatos, desplazamientos individuales y colectivos, y vulneraciones a sus derechos de libertad, participación política, movilidad e incluso el uso de herramientas de comunicación.

Actualmente más de 2000 personas se desplazaron del corregimiento del Plateado en Argelia hacia la cabecera municipal por la agudización de los enfrentamientos. Esta realidad es el resultado de un conflicto territorial bélico que se ha ido profundizando por las condiciones en las que se encuentra el territorio: la presencia de cultivos de coca, la producción y comercialización de cocaína; su ubicación estratégica para el tráfico de armas, el paso tropas de ejércitos legales e ilegales; el fracaso de la implementación del PNIS, y de las propuestas consignadas en los PDET; y el abandono histórico del Estado que configura las causas de una población que responde a las dinámicas de la ilegalidad por la falta de alternativas económicas y sociales en la región.

De acuerdo con las versiones de campesinos de la zona, la llegada de la primera estructura de las FARC a este territorio se dio hace aproximadamente 30 años, 15 años después llegó el ELN y comenzó la disputa por el control territorial, que se extendió por más de 6 años provocando la instauración de fronteras invisibles sobre las cuales estas dos guerrillas se dividieron el territorio.

Sin embargo, la conflictividad en el cañón del Micay, no puede reducirse únicamente a la presencia de actores armados que se disputan las rentas ilegales del narcotráfico. Según relata un campesino de la zona actualmente desplazado en Popayán, es necesario ver los conflictos territoriales de forma compleja, no como problemáticas aisladas, ya que el Proyecto Arrieros del Micay también representa un interés económico ligado a la búsqueda de control territorial por parte de los actores armados, y aunque se encuentra en la parte baja del Micay tiene una conexión con toda la cuenca.

Este proyecto hidroeléctrico está siendo impulsado desde la década del 80 y tiene como objetivo represar el río inundando todo el consejo comunitario Afrorenacer y afectando de manera grave las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales de la cuenca y las micro cuencas del río del Micay.

Aunque este proyecto no ha sido desarrollado, el primer volumen de estudios de factibilidad se publicó en 1988 dando aval para la construcción del mismo, sin embargo, la oposición férrea de las comunidades en el San Juan del Micay ha sido tan contundente, que ha permitido frenarlo por años, pero posterior a la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se vivió una desescalada del conflicto y comenzaron los procesos de reactivación del proyecto.

Actualmente es evidente que el accionar de los grupos armados, especialmente de los reconocidos como el frente Carlos Patiño y las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, es una estrategia de amedrentamiento a las comunidades organizadas que se han opuesto históricamente al desarrollo de la hidroeléctrica.

Los procesos vinculados al CNA han estado en la mira de estos actores armados por tres razones importantes; i) se han declarado en oposición al desarrollo de dicho proyecto, ii) han estado en la búsqueda y construcción de alternativas de sustitución a los cultivos de uso ilícito, sin desconocer que representan la base económica fundamental del campesinado en la región, y iii) piensan y desarrollan propuestas encaminadas a la construcción de calidad de vida con un enfoque autónomo y soberano.

Para algunos habitantes de la región la llegada del Gobierno de Iván Duque impulsó de manera contundente la vulneración de los derechos humanos y la reaparición de grupos paramilitares, que agudizaron su ataque a la población en un ejercicio de genocidio político que tiene como objetivo desestructurar las organizaciones sociales del territorio para evitar cualquier tipo de resistencia social frente a los intereses económicos.

Algunos miembros de las diferentes organizaciones sociales de la zona, expresan que las llamadas disidencias de las FARC están atentando en contra del movimiento social y no tienen ningún objetivo político asociado a las apuestas ideológicas que han perseguido las guerrillas en el país, sino que responden a una serie de intereses económicos vinculados con las utilidades de las que se lucran las élites en Colombia.

Para las organizaciones sociales, estas estrategias bélicas en la región tienen un horizonte de acción vinculado a generar condiciones para desarrollar del Plan Pazcífico por medio de un genocidio que evite posibles resistencias sociales en el futuro. Se cree que este conflicto que ha ido escalando a niveles alarmantes desde hace un año y medio aproximadamente, se extienda por un periodo de 5 o 6 años más en la región.

Frente a esto, es importante anotar que las comunidades que se encuentran en medio de las disputas entre los grupos armados quedan a merced de sus disposiciones normativas, y de acuerdo a ellas adaptan su comportamiento. Muestra de ello es el desplazamiento de los liderazgos sociales de las distintas organizaciones, y la pausa evidente en la que quedaron sus apuestas y desarrollos organizativos, políticos y productivos con la avanzada de control territorial que ha ido ganando el frente Carlos Patiño en la región.

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