Periferia

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El proceso de privatización de la universidad pública no ha dejado de avanzar desde el momento mismo en que se aplicó la ley 30 de 1994, para adecuar la educación superior a las necesidades del capital internacional en la era del neoliberalismo, bajo la imposición de la OMC. Las 10 mil becas que el gobierno ha destinado para los bachilleres de estratos bajos con mejores pruebas Saber 11° (Icfes) no son más que la estocada para una universidad pública que agoniza. No tienen como propósito facilitar el acceso de los pobres a la educación superior sino todo lo contrario: a través de la transferencia de recursos de la universidad pública a las universidades privadas acelerar el deterioro de las primeras a la vez que debilita la lucha de la sociedad por mantenerlas.

Con esto no se hace más que cumplir el programa propuesto hace quince años por el gobierno de Pastrana, que buscaba desfinanciar la universidad pública, otorgándole créditos a los estudiantes sin importar si se matriculaban en una universidad pública o en una privada. Los créditos educativos, aunque se disfracen de becas como es el caso actual, no son más que una estrategia mediante la cual el Estado se sacude la obligación con la educación y prepara el subconsciente de los colombianos para aceptar la muerte de la universidad pública, al tiempo que fortalece financieramente la universidad privada. Y es que ante las dificultades para pasar a la universidad pública por los estúpidos exámenes de admisión, que no son más que un colador disfrazado de garante de calidad, los estudiantes que acceden a créditos u obtienen una beca terminan matriculándose en las universidades privadas, llevando hasta allí los fondos del Estado.

Todo esto no puede hacernos perder de vista que la verdadera fuerza privatizadora de la universidad pública viene desde adentro. El trabajo más habilidoso del gobierno ha sido nombrar rectores títeres que han terminado por desviar a la universidad en sus objetivos, ignorando sus compromisos con la comunidad académica y con la sociedad en general. Hoy en los consejos superiores de las universidades públicas tienen más peso los empresarios privados que los estamentos estudiantiles y docentes. Y eso se refleja en el hecho de que la lógica de la universidad se asemeje cada vez más a una empresa privada con ánimo de lucro que a una institución educativa.

Por ejemplo, los trabajos de extensión e investigación cada vez tienen menos que ver con servicios concretos a la comunidad que con necesidades del sector empresarial que puede financiarlos. La conexión entre universidad pública y sector privado se está haciendo tan íntima que dentro de poco la Universidad de Antioquia y la Ruta N, un complejo para la investigación y promoción del emprendimiento, serán la misma cosa. De hecho, esta universidad ha construido un sofisticado edificio, separado de la ciudad universitaria, en donde la investigación funciona como un negocio aparte. Como si fuera poco, también los posgrados tienen una sede distinta, y funcionan con una lógica distinta, resguardados de las alteraciones que sufre la ciudad universitaria por los conflictos que todavía se atreven a destapar los estudiantes de pregrado.


En términos generales, los posgrados ya no funcionan en ninguna universidad bajo la lógica de la educación pública. Sus costos ya no tienen nada que ver con los ingresos de los estudiantes y en promedio se acercan cada vez más a los costos de las universidades privadas. Algunos estudiantes de posgrado, incluso para financiar sus investigaciones cuando requieren instrumentos y equipos, deben recurrir a la empresa privada. En concreto, una persona pobre difícilmente puede acceder a un posgrado, pues éstos se han convertido en verdaderos negocios lucrativos para las universidades, públicas y privadas.

Hay además otras formas en que estas fuerzas administrativas actúan desde adentro para aniquilar la universidad pública, transformando su cotidianidad. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en un evento académico en la Universidad Nacional- sede Bogotá, en la Facultad de Ciencias Económicas. En la tarde quisimos entrar a la biblioteca, aprovechando que estábamos justo a la entrada y necesitábamos revisar un material. Pero los celadores nos lo impidieron porque no teníamos carnet de la universidad. El hecho nos sorprendió sobre todo porque creíamos que aquella situación solo se vivía en la Universidad de Antioquia. Aquel día comprobamos que las estrategias de control de la vida cotidiana que se impusieron a la fuerza en la Universidad de Antioquia se estaban adoptando como modelo en el resto del país.

La situación de la Universidad de Antioquia es caso aparte. Hace pocos años la rectoría naturalizó allí la militarización de la vida con el pretexto de acabar con las plazas de vicio que funcionaban adentro. Hoy las plazas continúan allí desarrollando tranquilas su negocio, pero la fuerza pública ha logrado domesticar de alguna manera la vida en la universidad y, sobre todo, la administración logró cerrarle el acceso a los habitantes de la ciudad, que ni siquiera se movieron para defender su alma máter. Hoy para ingresar a algún evento de la universidad sin carnet hay que hacer, con varias horas de anticipación, una serie de trámites para inscribirse en la página de la Universidad, lo que prácticamente disuade a la gente de intentarlo, por más atractivas que sean las conferencias o los foros. A la biblioteca central también le pusieron torniquetes que solo se mueven con el chip del carnet. Así que la situación hoy es que la fuerza pública se puede mover tranquilamente por la ciudad universitaria, tumbando inclusive sus rejas, como ha hecho en múltiples ocasiones, mientras los ciudadanos deben pedir permiso con antelación, sin que sea seguro que lo obtengan.

Pero también a los estudiantes se les estrechan las puertas para su formación. Más allá de las cámaras de seguridad que se han puesto incluso en los baños, la academia misma se ha sometido a las groseras estrategias de control de la administración. Ahora se les ha ocurrido prohibir a los estudiantes asistir a cursos en los que no estén matriculados y a los profesores se les ha prohibido recibirlos. El argumento es de lo más superficial del mundo, pero su aplicación es temeraria. Según la administración la medida se debe a que muchos estudiantes llegan de asistentes a los cursos y después obligan a los profesores a asentarles sus notas. En su burda lógica de control la administración no puede concebir que un estudiante de verdad quiera aprender y buscar el conocimiento allí donde logra identificarlo. La administración cerrada a los escenarios de conocimiento es la máxima expresión de privatización de la educación y tiene hoy su expresión más explícita en la universidad pública.

Hasta ahora los estamentos de estudiantes y docentes se han movilizado fuertemente contra las políticas privatizadoras que se expresan en reformas concretas. Pero no parecen haber identificado todavía la fuerza privatizadora en la transformación de la vida cotidiana en la universidad. Tal vez este sea uno de los frentes donde tenemos que defender hoy con más compromiso no solo la universidad pública sino la vida toda, pues intentan privatizarla y mercantilizarla a cualquier precio.

Monday, 08 October 2018 00:00

Editorial 143: A la luz de hoy

Era octubre del 2004, y en el editorial se denunciaba que en lo transcurrido del Gobierno 164 líderes sindicales habían sido asesinados, además se exponía con preocupación que el Gobierno no presuponía de la inocencia de nadie; por el contrario, todo quien pensara distinto era sospechoso. Asimismo, en ese artículo se ponía sobre la mesa un vergonzoso caso en el que tres sindicalistas de Arauca habían resultado asesinados a quema ropa por el Ejército, señalados de ser miembros de la insurgencia.

Este fue el primer editorial del periódico Periferia, hace 14 años. Los hechos referenciados marcaban el inicio de la campaña de judicialización contra líderes sociales, parte de una política de seguridad que con cifras buscaba demostrar que el Gobierno iba ganando la guerra, la misma que cínicamente negaba; también comenzó a denunciarse cómo la fuerza pública ejecutaba extrajudicialmente a miles de civiles para aumentar precisamente los informes de esta política de seguridad.

Volver sobre ella evidencia que sigue vigente el proyecto de un país basado en la exclusión y la violencia, a pesar de los esfuerzos de la sociedad que han obligado a abrir espacios de diálogo y de solución política al conflicto social y armado, y con esto a conseguir aquel hito histórico en el que se suscribió un acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, a nombre del Estado colombiano.

Aunque estamos en un momento político diferente al del embrujo autoritario del primer gobierno de Uribe, basta solo referenciar el debate de control político, que tomó lugar en el Congreso de la República el pasado 5 de septiembre, para contrastar nuestra realidad con la de aquel momento. Este debate, realizado en la Cámara de Representantes y liderado por un grupo de parlamentarios que hacen parte de la bancada alternativa, tuvo el objetivo de prender la alarma sobre las cifras de asesinatos a líderes sociales que continúan preocupando, sobre todo ante su aumento en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

Mientras sucedía el debate, la Plaza de Bolívar se encontraba a medio llenar por manifestantes. David Racero, joven parlamentario por la coalición Decentes, ubicó en un mapa los puntos más neurálgicos donde están sucediendo estos asesinatos y amenazas: norte de Arauca, Catatumbo, Nudo de Paramillo, Cordillera Central, Cauca, Tumaco, La Macarena, el río Caguán y Putumayo, fueron los lugares señalados, lo cuales a su vez lidian con el abandono estatal. Estos puntos, según el congresista, se reiteran al indagar otras variables como las solicitudes de permisos para explotación minera y licencias ya concedidas, solicitud de restitución de tierras, cultivos ilícitos, presencia de grupos armados, bajos índices de desempeño de la justicia local, entre otros. Por esto mismo, los perfiles de los líderes asesinados, según expuso el senador Alberto Castilla, son: “defensores del territorio y de los recursos naturales, se oponen al cambio del uso de suelo (…) se oponen al modelo extractivista de economía, reclaman tierras, defienden los territorios frente a los intereses privados y buscan el acceso a la participación política en los diversos debates electorales”.

Las cifras de estos asesinatos varían, sin embargo todas están por encima de cualquier nivel de vergüenza y descaro. Según el programa Somos Defensores, en los últimos ocho años la cifra asciende a 563 asesinados, y en el primer semestre del 2018 ya van 77 nuevos casos que se suman a este infame problema. De igual manera, también señala que la impunidad en estos casos llega a cerca del 91 por ciento, muy contrario a lo que señala la Fiscalía.

Así como se hizo en el primer editorial, hoy que cumplimos 14 años hacemos un llamado a continuar tejiendo la unidad en las calles y desde cada escenario en donde se gesta una lucha por la justicia; también a entender la comunicación como una herramienta que nos permite reconocernos en nuestra diferencia para buscar soluciones colectivas a los problemas derivados de este establecimiento excluyente y violento.

Por esto resaltamos que en el mes pasado se haya instalado el movimiento Colombia Humana con un carácter asambleario en la Plaza de Bolívar. De la misma manera el llamamiento que hacen los movimientos sociales a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos: por la unidad, la vida, el territorio y la paz. En estos y otros escenarios hay que seguir insistiendo en que la comunicación es estratégica para generar las transformaciones que nuestro país tanto necesita. Así lo han demostrado diferentes procesos y/o medios de comunicación que han surgido en las últimas décadas como Prensa Rural, Trochando Sin Fronteras, Colombia Informa, Contagio Radio, Hekatombe, La Oreja Roja, Colombia Plural, la Alianza de Medios Alternativos, entre otros que han compartido con nosotros la tarea de hacer periodismo y comunicación para mostrar esa Colombia que no aparece en los medios que responden al poder económico.

Por eso para Periferia es grato recordar el caso del niño catatumbero que le leía el periódico a su papá analfabeto y les servía de herramienta didáctica a ambos para formarse políticamente; o el obrero que se vio representado en nuestras páginas y encontró un espacio para visibilizar sus historias. Seguimos convencidos de nuestro quehacer al saber que nuestros artículos registran la trayectoria de movimientos regionales, reconstruyen la historia de las victimas del paramilitarismo, y ponen rostro a los crímenes de Estado.

Tal vez al celebrar los próximos 14 años no tengamos que contar las muertes de quienes le apuestan a un país diferente, y podamos ahondar en la vida que siempre ha de merecer nuestra admiración. Para esto seguimos narrando y visibilizando esa Colombia que vive a las márgenes del poder y que se levanta todos los días a construir un país más digno para todos y todas.

Monday, 08 October 2018 00:00

Editorial 143: A la luz de hoy

Era octubre del 2004, y en el editorial se denunciaba que en lo transcurrido del Gobierno 164 líderes sindicales habían sido asesinados, además se exponía con preocupación que el Gobierno no presuponía de la inocencia de nadie; por el contrario, todo quien pensara distinto era sospechoso. Asimismo, en ese artículo se ponía sobre la mesa un vergonzoso caso en el que tres sindicalistas de Arauca habían resultado asesinados a quema ropa por el Ejército, señalados de ser miembros de la insurgencia.

Este fue el primer editorial del periódico Periferia, hace 14 años. Los hechos referenciados marcaban el inicio de la campaña de judicialización contra líderes sociales, parte de una política de seguridad que con cifras buscaba demostrar que el Gobierno iba ganando la guerra, la misma que cínicamente negaba; también comenzó a denunciarse cómo la fuerza pública ejecutaba extrajudicialmente a miles de civiles para aumentar precisamente los informes de esta política de seguridad.

Volver sobre ella evidencia que sigue vigente el proyecto de un país basado en la exclusión y la violencia, a pesar de los esfuerzos de la sociedad que han obligado a abrir espacios de diálogo y de solución política al conflicto social y armado, y con esto a conseguir aquel hito histórico en el que se suscribió un acuerdo de paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, a nombre del Estado colombiano.

Aunque estamos en un momento político diferente al del embrujo autoritario del primer gobierno de Uribe, basta solo referenciar el debate de control político, que tomó lugar en el Congreso de la República el pasado 5 de septiembre, para contrastar nuestra realidad con la de aquel momento. Este debate, realizado en la Cámara de Representantes y liderado por un grupo de parlamentarios que hacen parte de la bancada alternativa, tuvo el objetivo de prender la alarma sobre las cifras de asesinatos a líderes sociales que continúan preocupando, sobre todo ante su aumento en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

Mientras sucedía el debate, la Plaza de Bolívar se encontraba a medio llenar por manifestantes. David Racero, joven parlamentario por la coalición Decentes, ubicó en un mapa los puntos más neurálgicos donde están sucediendo estos asesinatos y amenazas: norte de Arauca, Catatumbo, Nudo de Paramillo, Cordillera Central, Cauca, Tumaco, La Macarena, el río Caguán y Putumayo, fueron los lugares señalados, lo cuales a su vez lidian con el abandono estatal. Estos puntos, según el congresista, se reiteran al indagar otras variables como las solicitudes de permisos para explotación minera y licencias ya concedidas, solicitud de restitución de tierras, cultivos ilícitos, presencia de grupos armados, bajos índices de desempeño de la justicia local, entre otros. Por esto mismo, los perfiles de los líderes asesinados, según expuso el senador Alberto Castilla, son: “defensores del territorio y de los recursos naturales, se oponen al cambio del uso de suelo (…) se oponen al modelo extractivista de economía, reclaman tierras, defienden los territorios frente a los intereses privados y buscan el acceso a la participación política en los diversos debates electorales”.

Las cifras de estos asesinatos varían, sin embargo todas están por encima de cualquier nivel de vergüenza y descaro. Según el programa Somos Defensores, en los últimos ocho años la cifra asciende a 563 asesinados, y en el primer semestre del 2018 ya van 77 nuevos casos que se suman a este infame problema. De igual manera, también señala que la impunidad en estos casos llega a cerca del 91 por ciento, muy contrario a lo que señala la Fiscalía.

Así como se hizo en el primer editorial, hoy que cumplimos 14 años hacemos un llamado a continuar tejiendo la unidad en las calles y desde cada escenario en donde se gesta una lucha por la justicia; también a entender la comunicación como una herramienta que nos permite reconocernos en nuestra diferencia para buscar soluciones colectivas a los problemas derivados de este establecimiento excluyente y violento.

Por esto resaltamos que en el mes pasado se haya instalado el movimiento Colombia Humana con un carácter asambleario en la Plaza de Bolívar. De la misma manera el llamamiento que hacen los movimientos sociales a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos: por la unidad, la vida, el territorio y la paz. En estos y otros escenarios hay que seguir insistiendo en que la comunicación es estratégica para generar las transformaciones que nuestro país tanto necesita. Así lo han demostrado diferentes procesos y/o medios de comunicación que han surgido en las últimas décadas como Prensa Rural, Trochando Sin Fronteras, Colombia Informa, Contagio Radio, Hekatombe, La Oreja Roja, Colombia Plural, la Alianza de Medios Alternativos, entre otros que han compartido con nosotros la tarea de hacer periodismo y comunicación para mostrar esa Colombia que no aparece en los medios que responden al poder económico.

Por eso para Periferia es grato recordar el caso del niño catatumbero que le leía el periódico a su papá analfabeto y les servía de herramienta didáctica a ambos para formarse políticamente; o el obrero que se vio representado en nuestras páginas y encontró un espacio para visibilizar sus historias. Seguimos convencidos de nuestro quehacer al saber que nuestros artículos registran la trayectoria de movimientos regionales, reconstruyen la historia de las victimas del paramilitarismo, y ponen rostro a los crímenes de Estado.

Tal vez al celebrar los próximos 14 años no tengamos que contar las muertes de quienes le apuestan a un país diferente, y podamos ahondar en la vida que siempre ha de merecer nuestra admiración. Para esto seguimos narrando y visibilizando esa Colombia que vive a las márgenes del poder y que se levanta todos los días a construir un país más digno para todos y todas.

Wednesday, 12 September 2018 00:00

Resultados de la convocatoria Agenda 2019

Estos son los fotógrafos que hacen parte de la selección “los juegos de la periferia”

Agradecemos a las y los fotógrafos que participaron de la convocatoria de este año. Continuamos reconociendo la labor tan importante que realizan junto a las comunidades y los invitamos a seguir apostándole a retratar la periferia de nuestro país.

La selección final recorre diferentes lugares de la geografía de Colombia, del campo y la ciudad, y muestra la importante relación entre la niñez – principalmente- y el juego.  El resultado de la selección final para la agenda “Los juegos de la periferia” se podrán apreciar en noviembre. A través del correo electrónico estaremos contactando a cada uno de los fotógrafos seleccionados para coordinar la entrega del reconocimiento.

A continuación el nombre de quienes hacen parte de esta selección:

  1. Camilo Ríos
  2. Deivy Leandro Zuluaga
  3. Edison Andrés Cano Ocampo
  4. German Bedoya
  5. José Alejandro Restrepo
  6. Juan José Restrepo
  7. Laura Cardona
  8. Sebas Yarce
  9. Sebastián Arias
  10. Natalia Pineda
Wednesday, 05 September 2018 00:00

Editorial 142: No hay excusa que valga

Ya habíamos pasado una vergüenza mundial cuando en octubre de 2016, casi seis millones y medio de colombianos y colombianas votaron negativamente el plebiscito por la paz, a pesar de los daños irreparables y los sufrimientos que el conflicto armado, social y político les ha provocado a millones de compatriotas humildes. Ese “triunfo”, alcanzado a través de una cifra ridícula de menos del 20% del censo electoral y obtenido mediante engaño, les permitió a las élites económicas y políticas mantener el poder, y catapultarse hacia las elecciones de 2018.

La campaña electoral a la presidencia desarrollada en medio del genocidio de líderes sociales, se encargó de asustar a todo el mundo con el castrochavismo. Prometió luchar contra la corrupción, bajar los impuestos y renovar la política. Se valió de todo para poder ganar, incluso fue preciso juntar a antiguos archienemigos políticos como Uribe, Gaviria y Pastrana, tres expresidentes enmermelados hasta las orejas y desacreditados, que además se habían tratado públicamente entre sí de narcotraficantes, paramilitares y corruptos. Esos fueron los que ganaron el gobierno a nombre de Duque. Esa fue otra vergüenza internacional.

Lo que nadie podría creer era que después de tanto hablar contra la corrupción en la campaña presidencial y señalarla como el peor flagelo de la sociedad, y luego del acuerdo que alcanzaron todos los partidos para aprobar la Consulta Popular Anticorrupción en el Congreso de la República, comprometiéndose a votarla el 26 de agosto, la Consulta se haya perdido. Y se perdió por varias razones: porque los medios se hicieron los locos, y le quitaron el peso real que tenía, porque a los poderosos medios masivos les gusta el show, el amarillismo, el destape de ollas podridas, pero sus dueños les prohíben el compromiso con la sociedad. Tampoco el gobierno del buen joven Duque hizo el más mínimo esfuerzo para impulsarla, y no lo hicieron como era de esperarse los partidos tradicionales quienes se benefician de la corrupción.

Pero hay dos protagonistas a los que se les puede cargar más la mano, tanto por su irresponsabilidad como por su falta de compromiso en esa fundamental tarea de mandatar medidas para atacar la corrupción: al partido de gobierno, el Centro Democrático, y al pueblo colombiano.

El Centro Democrático se ha caracterizado por practicar el cinismo, el doble discurso y la perversidad a la hora de comprometerse con las salidas a las graves problemáticas que afronta el país, como son la violencia estructural, y la morbosa desigualdad social. Y no solamente evade enfrentar estos flagelos, sino que por el contrario es su principal promotor. Centenares de investigaciones judiciales, procesos penales, actos de corrupción y crímenes de lesa humanidad enfrentan sus militantes, y en casi todos los grandes escándalos de corrupción hay como mínimo un uribista. Por eso, aunque no extraña, sí duele y da rabia que hayan aprobado la Consulta Anticorrupción y solicitado su cambio de fecha para que no coincidiera con las elecciones presidenciales, se comprometieran a votarla, y luego, en cabeza de su patrón, la deslegitimaran y desprestigiaran con la misma vehemencia que la habían aprobado. Y es el colmo además que culparan a los promotores de la consulta de despilfarrar más de 300 mil millones de pesos, suma que se conocía desde el mismo día que ellos solicitaron el cambio de fecha.

En cuanto al pueblo colombiano… es muy duro, pero también hay que responsabilizarlo. Las excusas para no salir a votar la consulta sobran: van desde la falta de tiempo, el cuento de que se podían aprobar por vía legislativa, o que eso era para beneficiar a los castrochavistas, hasta la argumentación de que así se ganara el Gobierno no las iba a respetar. Como sea, todos esos argumentos eran pobres frente al principal de todos, y es que aquí se jugaba un nuevo pulso con las élites, los corruptos, y los genocidas que manejan el país.

No hay excusa que valga. El gobierno de Duque no lleva ni un mes en el poder y ya ha engañado una y otra vez a la sociedad toda, y en especial ha castigado a los más pobres con reformas que prometen afectar sus ingresos y sus condiciones de vida. Y en materia de corrupción y renovación de la política es terriblemente cínico; Duque y su bancada le han contado el chiste más flojo de las últimas décadas a los colombianos, nombrando en su gabinete a personajes implicados en actos de corrupción y con antecedentes judiciales como el ministro de Hacienda, la ministra del Interior, o la de Educación. También nos ha hecho pasar otra vergüenza al nombrar al corrupto exprocurador Ordoñez como embajador ante la OEA. Sin contar con el esfuerzo que hicieron sus jefes para nombrar a Lafaurie como Contralor. No hay nada de renovación y mucho menos de ataque a la corrupción, y por eso la gente, el pueblo de a pie, también debe responder y reflexionar ante su falta de compromiso.

Que hay cosas positivas, claro que sí, pero es mejor reconocer que aún nos falta avanzar en la recuperación de cultura política. El futuro no es más que la proyección de lo que hagamos hoy, en el presente. Si seguimos repitiendo que superamos la votación de antier y la de ayer, pero seguimos subordinados, eso de nada nos servirá. Perdimos otra gran oportunidad y será duro reponernos. Con trabajo, dedicación, movilización y confrontación lo haremos, pero hay que remar más fuerte.

Hay algo para destacar: el millón trecientos mil votos de Antioquia, es el doble de los que votaron por Petro en segunda vuelta; y el hecho de que sin lugar a dudas hay una buena cantidad de uribistas en todo el país que por cualquier razón reflexionaron, y le hicieron más caso a su conciencia humana y social que a la voz dañina y engañosa del jefe del Centro Democrático. Eso sí puede ser una buena señal, una cuña clavada en las fisuras del muro que ampara a los que conducen a Colombia por la ruta del odio y la destrucción. Tal vez la creación de un gran frente amplio, social y político sea hoy más que nunca la propuesta que le abra paso a todas esas voluntades políticas que quieren el bien de la Nación.

“Eso no es una delimitación, yo a eso lo llamo un robo”, dice doña Tránsito Leal con efervescencia. “Como no pueden sacarnos a garrotazos, se inventan esas leyes. No estamos en contra del turismo. Queremos que se regule el turismo, nos hemos sentado a pactar acuerdos que al otro día incumplen”, afirma luego un cocuyano indignado.

El páramo del El Cocuy es uno de los 37 paramos que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió delimitar. En el Norte de Santander, por ejemplo, se determinó que la zona páramo comienza a partir de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. En el municipio El Cocuy de Boyacá, el Instituto Von Humbold definió en 2016 que la cota del páramo ubicado en este territorio comienza a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y comprende una zona de 300 metros de amortiguación.

Esta delimitación ha despertado el rechazo de los cocuyanos, puesto que aproximadamente el 95% del municipio se encuentra por encima de la cota y la legislación prohíbe cualquier tipo de prácticas agrícolas en el páramo.

Tránsito Leal

Los habitantes, las organizaciones sociales del municipio, representantes de diversos sectores y otras instituciones gubernamentales pudieron manifestarles su malestar y preocupación a los integrantes de la Caravana por el Territorio y la Dignidad de los Pueblos del centro oriente.

En el Teatro Boyacá de El Cocuy, municipio enmarcado por montañas, calles empedradas, ruanas, sombreros de ala redonda, y campesinos de piel café como la madera fina, se realizó un encuentro comunitario al que asistieron más de 100 personas para exponer el sentir de la comunidad sobre la delimitación de páramos y la problemática de parques naturales.

–Los campesinos del páramo ahora somos delincuentes. Nos están diciendo que sembrar papa es ilegal. Nos han comparado con la minería, con el narcotráfico –, manifestó uno de los asistentes.

Participación de campesinos durante el evento

Para la población de El Cocuy la delimitación del páramo representa una amenaza, pues para el Gobierno y las instituciones los campesinos son un agente destructor del ecosistema, aunque son ellos quienes ancestralmente han contribuido a su conservación.

La legislación sobre el tema prohíbe y castiga actividades realizadas por décadas para el sostenimiento de muchas familias, todo con la intención de venderle bonos de carbono a las potencias industriales del mundo. Si bien el Estado propone una sustitución de las prácticas agrícolas por pago de servicios ambientales y otras figuras, en el municipio son conscientes de que ni siquiera el Gobierno sabe de dónde va sacar el dinero para poner en marcha esa reconversión. La propuesta de ecoturismo tampoco es vista con buenos ojos, pues la llegada de visitantes ha traído más contaminación que beneficios económicos.

A raíz de esta problemática, de forma orgánica en el municipio se conformó un comité ambiental de páramo que hace constante veeduría al proceso de delimitación y otras determinaciones que se toman sobre el ecosistema. No solo con el propósito de preservar el páramo y  el nevado, sino de promover el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

En El Cocuy los campesinos se sientes atropellados. Interpretan la ley ambiental de delimitación como una forma de despojo que utiliza el Estado para aburrirlos y desplazarlos. La medida intenta equiparar el daño ambiental causado por la explotación de hidrocarburos y la producción agrícola. No son los campesinos los culpables del cambio climático, causado por la matriz extractivista impulsada por los últimos cuatro gobiernos, sin embargo son los que deben pagar las consecuencias.

CAÑO LIMÓN, ARAUCA – 99 familias ajustan cinco años desde que retomaron las tierras de las que fueron desplazados con engaños por la OXY - Occidental Petroleum Corporation-, en 1995, cuando llegó el boom petrolero al departamento de Arauca. Hasta allí, en medio de esteros y un extenso bosque húmedo tropical, llegó la Caravana de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), en su sexto día de recorrido por la región del Centro Oriente.

Luego de cruzar un retén militar, desde el que la OXY controla este extenso territorio, se observan las primeras casas de El Vivero, una de las veredas que hacen parte de este proceso de retoma de tierras. A escasos 100 metros, rodeados de platanales y otros de los cultivos de estos campesinos, se aprecian pozos de petróleo liviano que la empresa transporta por el oleoducto Caño Limón – Coveñas.

En total, son 4000 hectáreas en disputa, que además de El Vivero, comprenden otras veredas como Corralito, Líbano y La Osa. Estas familias, aparte de convivir con la explotación petrolera dentro de su territorio, con la contaminación a las fuentes hídricas y las afectaciones al ecosistema que esta genera, han tenido que soportar lanzamientos (intentos de desalojo) por parte del Ejército nacional al servicio de la empresa, y ataques con armas de fuego. Tampoco tienen luz ni servicios públicos, pese a que allí también está la planta que abastece de energía a todo el departamento.

Algunos de los líderes de este proceso relatan que antes de que las 175 familias que habitaban allí fueran desplazadas, también fueron víctimas de los atropellos de la fuerza pública: “la Policía arrancaba o envenenaba los cultivos. También tumbaba las casas y cambuches, pero los campesinos pasábamos la noche con los hijos en el monte, y al otro día volvíamos a montar el rancho”. Con esto, alistaban el terreno para la multinacional, quien impidió que fueran oficializados los títulos de las tierras para los campesinos. Posteriormente, el Estado los obligó a salir, y el Incora ordenó que fueran reubicados en un plazo no mayor de 30 días, pero esto nunca sucedió.

Dixon interviene durante reunión con la caravana de la Redher

Dixon Torres, actual presidente de la Junta de Retoma de Tierras del complejo Caño Limón, y quien salió del territorio con sus padres cuando apenas tenía cuatro años de edad, explica que “esta es una lucha jurídica y de hecho, porque si nos atacan por todos los medios, no nos queda más que coger nuestras herramientas de trabajo para también defendernos”. Además de intentar frenar próximas explotaciones, su lucha es por recuperar plenamente su tierra y por constituir allí Territorios Campesinos Agroalimentarios, que les garanticen soberanía alimentaria y permanencia en condiciones dignas.

 

 

 

FORTUL, ARAUCA – Cuando el Ejército dispara, mata. El 5 de agosto de 2004, el Ejército disparó y acabó con la vida de Leonel Goyeneche, Héctor Alirio Martínez, y Jorge Eduardo Prieto; también hirió los procesos sociales que lideraban estos hombres, y dejó huérfanos y viudas en sus familias. Casi siempre que el Ejército dispara, tira a matar.

Los que mueren por la defensa de la vida y los derechos humanos –como Leonel, Héctor y Jorge– no pueden llamarse muertos, porque son semilla y  florecen en la memoria. Aunque los asesinos usaron tierra para alterar la escena del crimen, las manchas de sangre todavía podían advertirse al siguiente día del crimen, las heridas también, hasta el día de hoy.

El teatro del horror ahora es un espacio que honra la vida y la memoria. La casa donde los asesinaron, hoy se llama Urim Ubasha: Casa de la sabiduría y memoria histórica de los pueblos. En el zaguán contiguo a la casa hay tres palmas, altas y rebosantes, en las que hay amarrados tres carteles con la cara y el nombre de los tres muertos vivos en la memoria.

Monumento en homenaje a  Alirio Martinez, Leonel  Goyeneche y Jorge Eduardo prieto

A metros del mausoleo, en una de las calles de tierra la vereda Caño Seco de Fortul, las patas de una carpa naranja están apoyadas sobre cajas de cerveza. Debajo de la carpa, una camioneta cuatro por cuatro blanca. Y en el volco de la camioneta, una mesa blanca que hace las veces de atril.

Es una mañana soporífera de domingo. Hoy se conmemoran catorce años del asesinato de Leonel, líder de la Central Unitaria de Trabajadores, Héctor, líder de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos, y Jorge, líder de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores del Sector de la Salud. Frente a la carpa, más de trescientas personas escuchan las palabras de una familiar de Héctor Alirio Martínez:

 –Nos quitaron a tres hombres valientes que dejaban de estar con sus familias por estar luchando con ustedes. Los padres de toda una comunidad.

La Caravana organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), que desde hace varios días recorre el Centro Oriente colombiano, llegó hasta este caserío ubicado en el departamento de Arauca, uno de los más militarizados del territorio nacional, para participar del emotivo acto.

No es la primera vez que Redher visita Arauca. Los días posteriores a la dolorosa masacre, representantes de esta organización visitaron el lugar y acompañaron en el duelo a los familiares y a la comunidad. Redher puede dar testimonio de la saña con que el Estado y los grupos al margen de la ley han violentado al departamento.

Asistencia de la comunidad durante el acto de mermoria

Arauca resistió –y sigue resistiendo– a los asesinatos selectivos, los falsos positivos, las masacres, las tomas, la persecución, y la aspersión de glifosato que envenena el cuerpo humano, las fuentes hídricas, la fauna y la flora.

El acto de memoria que año tras año se realiza en el corregimiento Caño Seco ejemplifica la capacidad organizativa y política de las comunidades y los procesos del Centro Oriente colombiano. El mensaje es claro: los familiares de los connotados líderes exigen que el Estado reconozca los hechos y pida perdón en el parque principal de Fortul; la comunidad ratifica que si matan uno matan a todos. Por más que el Ejército tire a matar –por más que quiera matar(los)–, nunca podrá eliminarnos de nuestra memoria.  

 

 

 

YOPAL, CASANARE - En todas las ciudades del país, los barrios de asentamiento ejemplifican la desigualdad y la exclusión social. Con la llegada a Yopal de la Caravana de la Red de hermandad y solidaridad con Colombia – Redher-, se dieron a conocer, entre otros,  los casos de los asentamientos La Libertad, La Victoria, Mi Nueva Esperanza y La Bendición, lugares en donde campesinos y desplazados llegaron en busca de un hogar. Ahora viven bajo la incertidumbre y el miedo constante del desalojo por parte del ESMAD, pero exigen condiciones de vida digna a la administración municipal.

El terreno donde se encuentra Mi Nueva Esperanza fue ocupado en el 2012 y ahora existen 409 casas que no cuentan con servicios públicos, aunque gracias a acciones de tutelas han conseguido recientemente que la administración les suministre agua con un carrotanque.

Alice Miriam Aguilar, hace parte del comité de mujeres Mi Nueva Esperanza de la asociación de Mujeres Unidas por Casanare (ASMUC). Es víctima del conflicto armado y lidera la petición de reubicación con todas las garantías y mejores condiciones por el derechos a una vivienda digna

Mi Nueva Esperanza se encuentra al lado del caño Usibar, el cual está contaminado con desechos orgánicos, pero a pesar de esto, y con carencia de agua, algunas personas hacen uso de sus aguas.

 Esta es la casa de Miriam Hueso, otra de las mujeres que habitan Mi Nueva Esperanza. Tiene tres hijos, uno de ellos en condición de discapacidad, es desplazada de Arauca y ha ido construyendo su casa de a poco.

En el caso del asentamiento La Bendición, este comenzó en el año 2012 con la urbanización ilegal por parte del ex alcalde Jhon Calzones. Posteriormente, personas desplazadas y sin vivienda llegaron a ocupar los predios que faltaban.

En la Bendición, las condiciones de vida para los actuales pobladores son muy difíciles: no tienen servicios públicos; los acuíferos están contaminados con materia fecal, lo cual genera enfermedades en muchos de los niños; muchas de las madres son cabezas de hogar; hay personas en situación de discapacidad sin acceso a salud; y población afro desplazada y discriminada.

Doris Constaza Niño vive junto con su marido. Esta es una de las más de 700 familias que ocuparon este predio. A raíz del cáncer de su esposo y su inmovilidad, Doris llegó del campo a este asentamiento para buscar atender la enfermedad de su esposo. Pero por el estrés de los desalojos y con las difíciles condiciones para desplazarlo, sufrió una parálisis facial.

El papel de las mujeres en estos asentamientos se hace muy relevante. Marly García es una de las lideresas del asentamiento La Bendición. Por su papel en la defensa de los derechos de los pobladores ha recibido constantes amenazas de muerte y tiene ahora un esquema de protección que es insuficiente: “si yo me retiro, quién va a defender a estas familias”, manifestó durante su intervención a la llegada de la caravana.

 

TAURAMENA, CASANARE - A pesar del sol inclemente que desde temprano resplandece en los Llanos orientales, cerca de 50 trabajadores de la estación de bombeo Cusiana, en el municipio de Tauramena, salieron este viernes tres de agosto a un mitin convocado por la Unión Sindical Obrera - USO, con el objetivo de presionar a la empresa para conseguir un acuerdo en la negociación de la tabla salarial, que venció desde el 30 de junio de este año.

Hasta allí llegó la quinta caravana de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia - Redher, en donde los caravanistas nacionales e internacionales, además de sumarse al mitin programado, conocieron de primera mano las problemáticas de este municipio que en los últimos años se ha configurado alrededor de una economía petrolera.

Desde el 2010 la USO se consolidó en este municipio, motivada por las múltiples afectaciones sociales, culturales y ambientales que ha dejado consigo la explotación del petróleo. Con su primer paro en ese año, planeado durante 42 días con comunidades y trabajadores de la industria, lograron concertar con la empresa British Petroleum la creación de cinco mesas de trabajo (ambiental; bienes y servicios; inversión social; derechos humanos; y laboral), en las cuales se trascienden las reivindicaciones salariales, para poner en cuestión el modelo extractivista y sus impactos sobre el territorio, que ya tiene más del 89% en concesión para actividades extractivas.

Llega la explotación de hidrocarburos

“Nosotros sembrábamos el topochito, la yuca, el plátano y el arroz. Nos conocíamos todos porque éramos poquitos”. Así recuerda Serafín Cruz Moreno la vida en Tauramena, al suroccidente de Casanare, antes de la llegada de las empresas petroleras a este municipio.

La realidad cambió de la noche a la mañana, cuando en 1993 llegó la British Petroleum e inició los trabajos de construcción del Centro de Producción del Fluido - CPF, en lo que sería el primer complejo petrolero del municipio. Para entonces, Tauramena apenas podía abastecer en infraestructura a sus cinco mil habitantes, pero con la promesa de empleo llegaron alrededor de tres mil trabajadores de diferentes regiones del país.

“Como se anunciaba que los sueldos petroleros eran superiores a los suelos de nuestros campos, muchas personas, principalmente los más jóvenes, también dejaron las labores del campo”, relata con nostalgia Serafín, casanareño con 75 años de edad y una memoria intacta. De esta manera, Tauramena se expandió exponencialmente y empezó a transformar su economía agrícola y ganadera por una petrolera.

Serafín interviene durante conversatorio con la USO

Pero la bonanza del petróleo y las esperanzas de condiciones de vida digna, luego de algunos años, se transformaron en dolores de cabeza para las comunidades, principalmente las que históricamente habitaban el territorio. La prostitución, la drogadicción, la falta de inversión social, las precarias condiciones laborales, sumado a las afectaciones ambientales, fueron semilla de fuertes movilizaciones sociales que le hicieron frente a estas empresas, a pesar del fuerte conflicto armado que atemorizaba a la región.

Así, no solo nace la USO con sus múltiples paros, sino que también en el 2013, Tauramena se convierte en un referente nacional por la defensa del territorio, con la realización de la consulta popular en la que los taurameneros rechazaron el proyecto Odisea 3D, el cual pretendía realizar exploración y explotación en el piedemonte llanero, zona de recarga hídrica de la región.

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Durante este segundo día de caravana también se llevó a cabo un conversatorio, en el que además de exponer estas problemáticas, William Eslava, integrante de la subdirectiva Tauramena de la USO, explicó algunas de las apuestas y proyecciones que tienen en este ejercicio de organización social. Además de continuar la defensa de Ecopetrol como una empresa 100% nacional, y de impulsar la creación de un sindicato de rama que agrupe petroleras, hidroeléctricas y carboneras, participan en la construcción de una Ley Orgánica de Hidrocarburos que regule el modelo de explotación petrolero en el país.

 

 

 

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