Periferia

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Monday, 25 April 2022 00:00

Emergencia humanitaria ante el genocidio

Más de 2000 líderes y lideresas sociales de todo el país llegarán a Bogotá el 27 de abril para declarar la Emergencia Humanitaria.

Las regiones se movilizan desde el pasado 23 de abril en Caravana como respuesta a la grave crisis social, económica, humanitaria y ambiental buscando hacer eco en el centro del país sobre los fenómenos de abandono, despojo y recrudecimiento del conflicto que actualmente azota a los territorios más olvidados por el Estado.

Actualmente el panorama humanitario es profundamente violento, el conflicto armado se ha estado reconfigurando desde la desmovilización de las FARC y lejos de ver cercana una posibilidad de paz somos testigos de la agudización de la guerra, de acuerdo con INDEPAZ 1300 líderes (as) y 323 reincorporados han sido asesinados (as) desde el 2016. En menos de tres años (2020, 2021 y 2022) se han perpetrado 91 masacres con 381 víctimas en el 2020, 95 masacres con 335 en el 2021 y 31 con 114 personas fallecidas en el 2022, lo que nos deja un total nacional de 217 masacres en lo que va corrido de estos últimos tres años que se han llevado la vida de 830 personas. De estas cifras, solo en lo que corrido del año en la región del Sur-occidente se han ejecutado 13 masacres con 61 víctimas mortales en los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle, Nariño y Chocó.

Frente a la situación ambiental, se han evidenciado y denunciado la connivencia de grupos armados legales e ilegales al desarrollo de proyectos de mega minería, exploración y explotación de hidrocarburos, monocultivos, represas y centrales hidroeléctricas, etc.

De este panorama nacional, en el Suroccidente se ve con preocupación el desarrollo exacerbado de la minería legal e ilegal como un fenómeno de consecuencias ambientales y sociales nefastas para la vida en su conjunto. De la misma forma reconocemos que los monocultivos de Caña, pino y eucalipto presentes en su mayoría en los departamentos de Cauca y Valle son proyectos de desarrollo económico que acaparan la tierra de las comunidades empobrecidas despojándolas de sus territorios y causando una serie de afectaciones a los ecosistemas de difícil recuperación. Las represas y centrales hidroeléctricas también configuran un escenario de crisis medioambiental que acaban con la vida de los ecosistemas de río y genera una transformación negativa de la vida rural.

Hemos estado viviendo la agudización de la crisis económica en el país; actualmente el 42,5% de la población se encuentra en estado de pobreza, Colombia es la tercera peor economía con mayor tasa de desempleo de los países que conforman la OCDE y el fenómeno inflacionario es aterrador, el año pasado creció en 5,61% y este año ha subido a 6,94% lo que se vive cotidianamente en el aumento de precios de la canasta familiar y se deriva en la disminución de la calidad de vida de las familias colombianas.

Todos estos elementos configuran para las comunidades y organizaciones sociales que se movilizan en la Caravana una crisis generalizada para la vida, crisis en la cual han manifestado que no asumen una postura pasiva y de resignación ante los riesgos de los que son objeto al manifestarse en contra de las políticas del desarrollo y proponer alternativas de vida que respetan el medio ambiente, la cultura y la identidad de los pueblos y buscan promover ejercicios de soberanía alimentaria, de territorialidades y gobiernos propios y de defensa de sus formas tradicionales y ancestrales de producción.

La declaración de emergencia humanitaria no busca únicamente denunciar una serie de vulneraciones a los derechos humanos, sino que presenta también las propuestas y contextos en los que ellas ocurren con el objetivo de poner sobre la mesa que el ejercicio continuado de genocidio es político y responde a la necesidad de actores armados legales e ilegales, instituciones y políticas gubernamentales que quieren desaparecer al movimiento social en su conjunto.

El llamado que hacen es a rodear a los procesos organizativos más golpeado en la última década y fortalecer los mecanismos de auto protección y cuidado colectivo con la garantía del Estado y las instituciones nacionales

"Yo no voy a dejar que se haga un solo proyecto de fracking en Colombia”, dijo Iván Duque el 11 de abril de 2018, en un foro de candidatos a la presidencia realizado en Bogotá. Ya en la Casa de Nariño, Duque no cumplió sus promesas de campaña. Ante la ONU e instituciones europeas el presidente dijo cosas totalmente contrarias a las que hizo en el país. La aprobación de la licencia para el primer pozo piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander, otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la empresa Ecopetrol, es la más reciente muestra de incongruencia del gobierno saliente.

“Esta es una noticia que, aunque se sospechaba que iba a llegar, nunca pensamos que fuera a llegar dentro de este gobierno. Guardábamos la esperanza de que este gobierno honrara la palabra”, nos manifestó Juan Castañeda, concejal de Puerto Wilches.

El termino fracking se empezó a escuchar en este municipio ribeñero del magdalena medio en 2010. Los comentarios se tornaron en preocupación a partir del 2019, año en el que Ecopetrol empezó a hacer públicas sus pretensiones. Tras conocerse la aprobación de la ANLA, la Alianza Colombia Libre de Fracking rechazó que el proceso de licenciamiento haya durado menos de cinco meses. Además, su oposición a la decisión se sustenta en “la ausencia de calidad técnica de un proyecto supuestamente de carácter científico, así como la falta de rigor de la entidad para evaluar un Estudio de Impacto Ambiental con serias falencias en la definición del área de influencia, los temas biótico, hidrológico, hidrogeológico y de salud, e invisibilizando la pesca artesanal, entre otros hallazgos técnicos relevantes”.

Según Juan Castañeda, el concejo municipal y la comunidad rechaza de manera rotunda este proyecto piloto, pues hay mucha desinformación entre los habitantes y no hubo un proceso de socialización real y efectivo: “En una ocasión, cuando ellos convocaron [para socializar el proyecto], fueron como unas 20 personas de 40.000 habitantes que tiene el municipio. No hay una información clara de dónde hicieron estas socializaciones, quiénes participaron, qué métodos de participación ciudadana utilizaron. Hay muchas dudas acerca de eso, y la comunidad en su mayoría le dice no al fracking”.

De Puerto Wilches se extraen actualmente 23.000 barriles de petróleo diarios. Los 70 años de explotación petrolera, manifiesta el concejal, no han traído beneficios materiales y sociales para el municipio: “No se ven las inversiones de las regalías. No hay una tasa diferenciada del combustible. Pagamos el mismo costo que pagan las personas en Medellín, donde no se produce combustible”. A lo que se suman los conflictos laborales, por la negativa de la industria petrolera a emplear la mano de obra local; y las afectaciones ambientales que han causado los derrames de crudo en las fuentes hídricas.

Los habitantes del municipio temen que la implementación del Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPI) Kalé acabe con el agua y los sembradíos de pancoger. El proyecto ubicado a tres kilómetros y medio del casco urbano, y que abarcará una zona de 20 hectáreas, sería el primero de los dos pilotos que se quieren hacer en Puerto Wilches, y uno de los más de 10.000 proyectos de este tipo que Ecopetrol quiere implementar en diferentes regiones del país, entre ellas el Magdalena Medio.

Por oponerse a esta práctica extractiva dos lideresas han sido amenazadas y obligadas a abandonar la región. La palabra fracking despierta recelo por su costo ambiental, pero también por su alto costo económico. Oscar Vanegas, docente experto de la Universidad Industrial de Santander, asegura que las experiencias en Estados Unidos demuestran que este método de extracción es proclive a provocar la quiebra económica de las empresas que recurren a ella.

A diferencia de la extracción convencional que se realiza en Puerto Wilches y el país, el profesor explica que no basta con la perforación vertical del subsuelo, también es necesario perforarlo varios kilómetros en sentido horizontal. Para rellenar la fractura causada por dicha perforación se necesitan cerca de 500 a 5.000 toneladas de arena por cada pozo. "Esa arena debe ser toda del mismo tamaño, perfectamente redondeada, y muy finita, casi del diámetro de un cabello". Y para conseguir una tonelada de arena con esas condiciones, es necesario remover 100 toneladas de arena de una cantera. Esos son, entre otros tantos, los costos ambientales y económicos que implica el fracking.

La Alianza Colombia Libre de Fracking ha dicho que persistirá en la movilización y en las acciones legales necesarias que permitan frenar este tipo de extracción en el municipio. El concejal Juan Castañeda agregó por su parte que: “Hay que agotar todas las vías y estrategias legales para que pongan los ojos en Puerto Wilches y nos escuchen, porque sentimos que no nos están escuchando todavía. Nos sentimos solos en esta lucha. Si el fracking logra avanzar por Puerto Wilches, esto sería algo muy lamentable para otros territorios del país”.  

  • Tomado de CNA Colombia

    Es complicado encontrar el origen del racismo, y lo es más para quien se acostumbró a naturalizar el desprecio o la exclusión contra alguien por su color o su cultura, o las dos. Es mucho más difícil para los que ven con los ojos de la humanidad y no encuentran ninguna justificación a tal discriminación.

    Lo cierto es que el racismo lejos de desaparecer se afianza en una sociedad y en un planeta que se dice moderno, y se coló entre los pueblos pobres y entre las personas que se olvidan de mirarse al espejo cultural y reconocer allí la diversidad, la mezcla, el mestizaje, los colores y las diferentes formas de apreciar la vida, de relacionarse con el planeta, con el poder, la política y la economía.

    La religión y el colonialismo tienen mucho que ver en esta percepción enrevesada sobre el relacionamiento y la aceptación entre pueblos. Las creencias en los orígenes y validez de las razas puras: la sangre noble o divina, la dinastía, los mesías, los elegidos por este o el otro Dios, árabes, judíos, negros o blancos, gitanos y raizales. Toda la humanidad negándose unos a otras, borrándose del mapa, discutiendo de manera insulsa sobre quiénes son los escogidos y quien los escogió para subyugar a los demás. Por supuesto la visión occidentalizada de los colonizadores europeos les hizo creer y convencerse que la suya era una civilización superior a la de los pueblos originarios de América, África y Asia, que su cultura, sus dioses y reyes eran los únicos válidos, que sus formas de vestir, comer, relacionarse eran las correctas y que a los demás había que civilizarlos con base en esa forma de vivir en la tierra.

    Los colonizadores, en todo el mundo, no encontraron otra forma que la fuerza, el castigo, la violación, la muerte, la esclavitud para imponer su forma de habitar el mundo, de relacionarse política, económica y culturalmente con otros pueblos y con la naturaleza, porque al frente siempre tuvieron desde su perspectiva a un inferior o a una bestia sin alma que había que aconductar. Lo peor es que lograron no solo imponerse materialmente sobre sus víctimas, también lo hicieron culturalmente, inocularon ese odio, esa mirada inquisidora que busca la diferencia en el otro igual con el fin de convertirlo en desigual y agredirlo.

    La “modernidad”, con engaños, prometió igualdad, fraternidad, soberanía, autonomía. Prometió unas formas políticas, económicas y culturales en las que un ente llamado Estado – Nación garantizaría relacionamientos armónicos entre todos y todas, en donde esos principios se podrían hacer realidad. La clase burguesa, y su proyecto moderno, triunfante en Francia y en general en Europa, no pudo o no quiso cumplir su promesa, al contrario, profundizó la desigualdad, castigó el libre pensamiento, fecundó el fascismo y el nazismo, se adueñó de la mano de obra de millones de pobres, y fomentó el genocidio contra los que haciendo uso de sus derechos democráticos se rebelaron. Mientras tanto, sus hijos procreados a su imagen y semejanza en América hicieron lo propio, se negaron a abolir la esclavitud, se repartieron las mejores tierras y mataron de hambre a quienes lucharon por la independencia. También construyeron un Estado Nación con el sudor y la sangre de los más humildes, y continuaron el genocidio indígena y negro.

    Y lo siguen haciendo. Le quitaron el 90% del territorio al pueblo Barí en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela, y exterminaron casi el 70% de su población, con el fin de entregarle el petróleo a las empresas norteamericanas. Masacraron miles de obreros bananeros para regalarle el negocio a la Fruit Company, persiguieron a los pueblos negros de sus territorios ganados con esfuerzo y sufrimiento, fomentaron una cultura racista y patriarcal difundida por los medios masivos de comunicación, la iglesia y la escuela. Los ñeros, los que viven en los barrios pobres, los feos, los negros, los indios, los campesinos, los mamertos, las feministas, los que no quieren dejar progresar al país, los castrochavistas, los vándalos, los que quieren todo regalado, los mantenidos, los que fastidian a la gente de bien.

    La tarea de los hombres modernos y patriarcales está hecha, hay que deshacerla. La sociedad mestiza empobrecida, del campo, de los ríos, la montaña, la selva, de la barriada y las comunas se tiene que sacudir, no se pueden seguir mirando en el espejo y escupirse.

    Pero los tiempos cambian. Ahora, el agua que se retiró hace tiempo abandonando la playa, regresa, se ve en el horizonte como una gigantesca ola que crece a medida que avanza. Son los empobrecidos, las víctimas, los esclavizados, las oprimidas, los pueblos. Vienen coreando con fuerza: nunca más nos miraremos por debajo del hombro, jamás nos pisaremos los callos, no volveremos a burlarnos de nuestra propia desgracia, reconoceremos y amaremos nuestros colores de piel, nuestra cultura, nos compartiremos el alimento, aprenderemos de ellas, de las mujeres, las reconoceremos y respetaremos, nos sacudiremos el arribismo, el racismo y el patriarcado, nos descolonizaremos, dejaremos de ser subalternos y sumisos para ser un pueblo, un colectivo que mira con orgullo a la otra y el otro, para encontrarse en sus ojos y descubrirse en su alma.

    No todas las frases de cajón resultan obvias, y tampoco el sentido común termina siendo un buen medidor de la lógica y la inteligencia humana. Se sabe hasta la saciedad que la educación es una necesidad para el desarrollo, el crecimiento y el progreso, y nos lo repiten propios y extraños cada cuatro años antes de hacerse elegir para gobernar, con todas las trampas y crímenes posibles.

    Esos mismos, nos repiten a través de los medios masivos de información: sus cajas de resonancia, que los países poderosos llegaron a serlo gracias a que fomentaron y construyeron poderosos sistemas de educación masivos, modernos y de acceso gratuito, incluso obligatorio. Eso parece lógico en Europa, y en los países nórdicos que son los más ricos del mundo y de mayor ingreso per cápita y calidad de vida de sus habitantes, pero extrañamente esa lógica no aplica en nuestras fallidas democracias, como si fuéramos seres inferiores o incapaces.

    En Colombia no solo no hay educación gratuita ni de calidad, sino que el acceso es restringido para los que no tienen como pagar sus altísimos costos. Pero ese no es el principal problema ni el que queremos poner en debate. Es peor, los pocos que pueden ingresar a estudiar en los centros educativos públicos o privados, desde la primaria hasta la educación superior, entran en un proceso de adoctrinamiento capitalista y patriarcal que se esfuerza por destruir la capacidad de razón y juicio de las personas y convertirlas en reproductores de antivalores como la competitividad, el egoísmo, el racismo, la homofobia, el machismo, la segregación y la mediocridad. No se forman mujeres y hombres como sujetos críticos, en donde florezca el pensamiento científico y transformador, sino en objetos o instrumentos de defensa de las tesis que probadamente tienen a la humanidad y al planeta al borde de la extinción, como por ejemplo el crecimiento económico y el desarrollo del que nos habla reiteradamente la modernidad.

    Ante este ambiente mezquino se enfrentan los pocos maestros y maestras que aman su profesión, se esmeran y sueñan con formar sujetos críticos para brindarle seres humanos llenos de amor, inteligencia y pensamiento transformador a su país y al mundo. Pero, en Colombia es prácticamente imposible hablar de pensamiento crítico, tanto que a los que se atreven los matan, el magisterio está en el primer lugar de las víctimas de genocidio contra el sindicalismo en nuestro país con 990 maestros y maestras asesinados entre 1986 y 2016, la cifra ya supera los mil casos en la actualidad. Y todo, porque el Estado Colombiano defiende con sangre un sistema de educación bancaria, como le decía Paulo Freire a aquella, en la que el educador deposita, como en una caja vacía, una serie de contenidos en la mente del estudiante.

    Ese es el debate. La mayoría de los colombianos y las colombianas hemos sido oprimidos, durante por lo menos dos siglos, física e intelectualmente por el sistema educativo oficial impulsado por las clases que manejan el poder político y económico, se requiere de un cambio hacia una pedagogía que permita sacudirse esa opresión, una pedagogía del oprimido, como la propuso Freire. No basta con dar la pelea para que se inviertan muchos recursos en el sistema de educación, en infraestructura, en docentes; la cosa va más allá, se requiere una transformación radical del enfoque pedagógico dirigido hacia la formación de sujetos críticos, capaces de observar su entorno y valorarlo de manera profunda y así desarrollar habilidades y fortalecer aptitudes para transformar ese entorno.

    Es un debate espinoso donde, aún, los sectores progresistas no han puesto su mayor empeño, o peor no les interesa esa pelea, y a los sectores de la élite mucho menos. Resulta extraño y fuera de toda lógica, que repitamos que al gobierno de derecha- capitalista no le interesa que la gente se eduque porque entendería las trampas del poder y lo enfrentaría para tumbarlo. No es tan lógico, podríamos luchar para que la educación fuera gratuita y de calidad, y el resultado no variaría en el fondo, tendríamos una sociedad muy educada y funcional a la reproducción de las formas de opresión y de desigualdad que caracterizan al capital, como ocurre en Europa o Estados Unidos, o también en países latinos cuya sociedad a pesar de tener educación gratuita y gente profesional, le siguen votando a los neoliberales que destrozaron las economías y dejaron en banca rota a países como Argentina, México, Brasil, entre otros, donde además los índices de desigualdad y pobreza son muy altos, aunque no tanto como en Colombia.

    En conclusión, la educación, vaya descubrimiento, sí es fundamental para el crecimiento de la economía y el desarrollo de las sociedades modernas en el capitalismo; pero, no resuelve el problema de la desigualdad, la opresión, la libertad y la emancipación de los seres humanos, esta solo se alcanza caminando por la senda de una pedagogía que privilegie los valores humanos por encima de los antivalores del capital. Una pedagogía que subvierta, que ponga en tela de juicio los conocimientos adquiridos por la educación bancaria, que valore el saber popular y los demás saberes de los pueblos originarios, que sea irreverente con los poderosos, intolerante con la injusticia, la opresión y la violencia, que incomode a los corruptos, que promueva el inconformismo, la protesta, que no mire de abajo hacia arriba sino de frente de igual a igual.

    Esa educación, esa pedagogía del oprimido la deben disputar los pueblos, las clases populares en la calle, en el paro, en la huelga, en las urnas, en medio de la protesta social, porque como dijo el viejo Paulo Freire, padre de la educación popular: “Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica”

    De la mano de las guerras de independencia, las revoluciones contra los monarcas y los pactos sociales entre las élites tiranas, el siglo XVIII trajo consigo el Estado “moderno” y con este las promesas de un mundo mejor, igualitario, fraterno, solidario y democrático, en donde la soberanía y la autonomía de los Estados y las personas se desarrollarían cada día más para construir una humanidad justa, que viviera en armonía con la especie y con el planeta.

    Nada más alejado de la realidad. Las mismas élites conservadoras y egoístas de siempre con nuevos ropajes liberales que gobernaron esos nuevos Estados se negaron, a sangre y fuego, a retirarse de los territorios colonizados en África, Asia y América, y reparar a los pueblos; se convirtieron en potencias imperialistas modernas que clavaron sus garras en la espalda de los humildes que intentaban recuperar su autonomía y su cultura; invadieron a los débiles y empobrecidos Estados en nombre de la libertad y el mercado para saquear sus recursos, explotar el trabajo de su gente, inundarlos con sus mercancías, imponer sus modelos económicos egoístas y sus formas de vida, quitar y poner a los gobernantes conforme a sus intereses y desatar el genocidio contra los que se opusieran. La ilusión de igualdad, fraternidad, solidaridad, autonomía fue sepultada por toneladas de racismo, desigualdad, dictadura, individualismo, control y guerra.

    Como dijo el sociólogo Daniel Feierstein, el proyecto de modernidad no se hubiera podido desarrollar sin el genocidio de los pueblos del mundo. Si se echa un vistazo a los últimos doscientos años veremos una estela de cuerpos y unos ríos de sangre correr por la historia, casi toda sangre de los más humildes, de los explotados, de los pobres, de las mujeres y hombres que han luchado para transformar esos “modernos” Estados Nación, y construir en sus territorios otras formas de vivir, otros modos de producción y otras formas de relacionarse entre sí y con el planeta. Colombia ha sido escenario de esa lucha permanente entre las élites y los pueblos, una lucha de clases negada por los que ostentan el poder. Las consecuencias nunca se hicieron esperar, el proceso genocida se puso en marcha y aún no para.

    Ante este panorama, cientos de organizaciones sociales y populares, plataformas de Derechos Humanos, académicos e intelectuales, artistas y comunidades, convocaron entre el 25 y el 27 de marzo de 2021, la sesión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos. En total se presentaron cincuenta informes que desnudaron la infamia del genocidio, los crímenes contra la paz y la impunidad reinante en Colombia durante el último siglo. En Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, ante los jueces que dirigen ese importante organismo ético y humanista de talla internacional, y una nutrida delegación de procesos y organizaciones sociales de todo el país se desahogaron los exiliados, campesinos, sindicatos, el movimiento estudiantil, el carcelario y los movimientos sociales y políticos de la UNO y A LUCHAR.

    Allí estuvieron algunos fundadores y víctimas de la aniquilada Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), y sus hijos políticos que hoy resisten a través de otras organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario (CNA) al que siguen persiguiendo a través de montajes judiciales, desplazamiento, masacres y asesinatos selectivos. Y estuvo Lucero López, una Chucureña exiliada desde 1999, uno de los rostros de los más de 500 mil compatriotas que tuvieron que huir del Estado y el paramilitarismo para salvar sus vidas, también Adriana Quintero Úsuga, exiliada hace quince años con 37 familiares, más sobrevivientes del genocidio contra la familia Úsuga Higuita; campesinos de la región del Urabá Antioqueño, cuya denuncia es desgarradora e involucra al general Rito Alejo del Río y al entonces teniente del Gaula Mauricio Santoyo, el mismo jefe de seguridad de Álvaro Uribe, extraditado por narcotráfico a EEUU.

    El 26 de marzo en la sesión de Bogotá, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, hablaron los partidos políticos como la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el M-19, la Farc, y movimientos como el Gaitanismo, la Marcha Patriótica y el Frente Popular, quienes denunciaron los miles de muertos, desaparecidos, torturados, exiliados y perseguidos a manos del Estado y sus agentes; se recordaron episodios históricos como los bombardeos con napalm contra campesinos del Oriente y Sur del Tolima, y masacres emblemáticas contra los obreros y obreras como la de las Bananeras en 1928 y la de Santa Barbara- cementos el Cairo en 1963. Todo esto en un marco de doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno que dirigió la élite colombiana y el imperialismo norteamericano en donde todos los que no compartieron el statu quo pasaron a ser enemigos del orden establecido y por tanto objeto de exterminio.

    El Tribunal Permanente de los Pueblos, finalizó su agotadora jornada de tres días, escuchando en detalle a las víctimas. En Medellín, el 27 de marzo, hablaron los pueblos indígenas y fue imposible, para los asistentes y los jueces, no sentir dolor e indignación al escuchar que en pleno siglo XX hubo una ley, la ley 80 de 1931, que estuvo vigente por 50 años y que autorizaba el exterminio del pueblo Barí en el Catatumbo Norte de Santander, con el fin defender el contrato de concesión Barco que velaba por los intereses de las multinacionales Colombia Petroleum Company, y la South American Gulf Oil Company, autorizandolas a explorar y explotar el petróleo en territorio Barí, usar las armas contra ellos, envenenarlos, quemar sus bohíos, y electrocutarlos con las cercas de alambre de los campamentos petroleros, ante la flecha indígena se opuso el fusil de las fuerzas armadas.

    En los años 70 también se cazaba y se esclavizaba a los indígenas Guahibos en los Llanos Orientales, como una práctica común fomentada por los hacendados y aceptada por las élites. De otro lado, los pueblos negros, en cabeza del PCN, recordaron el genocidio, el racismo y la violencia que aún persiste en sus territorios y contra su cultura. Y los campesinos del Oriente antioqueño recordaron la barbarie que vivieron por oponerse a la construcción de siete hidroeléctricas que inundaron no solo sus tierras sino sus vidas. La Fiscalía de Tribunal, corrió a cargo del exmagistrado Iván Velásquez y la doctora Angela María Buitrago quienes recopilaron las pruebas y pidieron la condena del Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad; como siempre el Estado estuvo ausente y fue representado por un abogado de oficio quien negó su responsabilidad.

    Definitivamente, la modernidad, el desarrollo y el neoliberalismo en Colombia solo han sido posibles a través de la acción genocida y la impunidad del Estado, y de la indiferencia de una humanidad fallida.

    La contienda por las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022 ha arrancado con inusitada fuerza desde los primeros días de este año. En medio de la profunda crisis humanitaria y el genocidio en curso auspiciado por el gobierno de Uribe Vélez-Iván Duque; la profundización de un modelo de despojo que niega los derechos de las mayorías mientras le genera mejores condiciones a las multinacionales, a los banqueros y grandes empresarios para llenar sus bolsillos; y el desprecio por la vida demostrado por este gobierno con el perverso manejo de la pandemia y sus constantes mentiras frente a las vacunas. El país político se ha movido para perfilar, desde distintas orillas, las candidaturas y apuestas electorales que se hagan al gobierno y el poder el próximo año.

     Es tal la inconformidad e indignación que genera el gobierno uribista de Duque, que pareciera cocinarse un ambiente en el que los diferentes sectores políticos están listos para asumir las riendas del gobierno en cualquier momento. El Uribismo, desde luego, va perfilando desde un delfín como Tomás Uribe, hasta una posible alianza con la casta de los Char que pueda garantizar la continuidad de la impunidad, el despojo, la mafia y la mentira en el ejercicio de gobierno. Por su parte, los partidos tradicionales, venidos a menos, pero comprometidos con los intereses del gran capital, aún deambulan entre continuar a la sombra del Ubérrimo, o tratar de canalizar a sectores democráticos para revestirse de decencia y mantenerse en el poder. A su vez, el amplio espectro de los sectores denominados alternativos, aparece, por un lado, con una convergencia de los mismos con las mismas, pero predicando un discurso de “centro” contra los extremos para mantener las cosas en el mismo lugar, y por el otro, una confluencia de partidos políticos y movimientos sociales que hoy más que nunca puede abrir posibilidades para alcanzar reformas y transformaciones históricamente aplazadas y negadas por la violencia estatal y paraestatal. Esta última se ha presentado al país como el Pacto Histórico.

    Sin lugar a duda la figura de Petro emerge con un protagonismo notable para este escenario, y mientras desde el denominado “centro” se ha cerrado toda posibilidad de una alianza con su proyecto, este ha insistido en una consulta sin vetos y en la construcción de un programa que se piense los cambios que el país requiere. Más allá de su figura, muchos de los sectores que hoy le apuestan al Pacto Histórico —en el que están el Polo Democrático, Mais, La UP y diversas plataformas sociales— son quienes han logrado propiciar esta convergencia que busca no solo ganar la presidencia sino ser mayorías en el Congreso.

    Todo el escenario anteriormente descrito impulsa hoy distintos referendos: los revocatorios de alcaldes, el referendo campesino y el Chao Duque, instrumentos para potenciar listas, nombres y votos; cálculos políticos propios de los afanes electorales. Algunos de estos referendos, como el campesino o el que busca remover a Duque, tienen propósitos válidos y levantan algunas banderas necesarias, como mejores condiciones para la producción agrícola, renta básica universal y mejoras en las leyes de salud, sin embargo, son insuficientes –quizás contraproducentes- para canalizar el descontento popular y los deseos de cambio. En síntesis, es preocupante que todo el escenario de las luchas sociales por vida digna y paz se limite al carril de una institucionalidad viciada y limitada.


    Por ello es necesario que ese Pacto Histórico que hoy se cocina desde sectores democráticos, alternativos y de izquierdas, se llene de contenido y, sobre todo, de protagonismo popular. Urge tejer el Pacto Histórico desde las periferias, desde las comunidades excluidas y marginadas, con el papel protagónico de las mujeres, desde la juventud, las y los estudiantes que han estado en las calles reclamando un país para el presente y el futuro, desde los movimientos sociales, desde el campesinado, los pueblos indígenas, los pueblos negros, desde las barriadas y la fábrica, desde el puesto ambulante y los pasillos de hospitales donde el personal de salud se está muriendo por preservar la vida de millones. Las continuas movilizaciones, paros, plantones, cacerolazos y caravanas que han estado en el espíritu de lucha y resistencia de los pueblos por años. Estos deben seguir siendo el camino privilegiado por los sectores del campo democrático y popular para organizar, hacer pedagogía, recrear las propuestas, construir el programa y definir los horizontes de disputa institucional.

    El Pacto Histórico no puede quedarse en un ejercicio de acuerdos por arriba para buscar arrebatar unos escaños a la débil y engañosa democracia colombiana, sino que debe trabajarse en función de construir desde abajo, con la gente y para la gente; el músculo social y político capaz de confrontar la gran maquinaria de los que siempre han mal gobernado. La presencia en las urnas es necesaria y clave en esa disputa, pero insuficiente si no se teje en la cotidianidad de las mayorías ese nuevo país que soñamos y merecemos. El protagonismo tiene que ser plural, que incluya a los hoy ignorados, negados y humillados. Si el peso de figuras relevantes como Petro, Francia Márquez, Iván Cepeda, María José Pizarro, entre otras, es para potenciar ese protagonismo popular, bienvenido sea.

    Mención especial merece el anuncio del Pacto Histórico (por ahora electoral) de establecer listas al Congreso de la República con mayoría de mujeres. Es un avance importante y necesario, pero debe ir más allá de los números. El Pacto Histórico desde abajo, para ganar elecciones y para construir en lo cotidiano, es fundamental que se piense en serio desde una perspectiva y práctica antipatriarcal y anticapitalista que contribuya a superar de una vez y para siempre las diferencias e inequidades que nos han mantenido separados y separadas. Vamos a hacer historia.

    “Un país donde el Ministro de Defensa muere de covid-19, debe invertir más en salud y menos en defensa”, escribió acertadamente el tuitero @arfisica el día que falleció Carlos Holmes Trujillo, conocido negacionista del conflicto armado y guerrerista de la élite que gobierna a Colombia.

    El mensaje de twitter es una buena e inteligente síntesis que nos permite afirmar que el país sigue manejado por una casta a la que le importa poco la vida, pero mucho el dinero y la guerra. Mientras el presupuesto en salud, a pesar de ser el rubro de mayor incremento, es de 32,3 billones, el de Defensa y policía es de 33,5 billones; y eso que el actual gobierno se encontró con un país que acababa de firmar un Acuerdo de Paz.

    Prácticamente todos los gobiernos que lo antecedieron han hecho lo mismo, pero Duque se ha esforzado por ganar el primer lugar en cinismo, nepotismo y corrupción. No solo roba abierta y descaradamente metiendo las manos sucias en toda clase de contratos, incluyendo el de las vacunas, sino que nombra funcionarios sin las cualidades necesarias y cuyo único mérito para ocupar el cargo es hacer caso y facilitar los planes del gobernante y sus aliados.

    Si repasamos los nombramientos de Duque, confirmamos lo que hasta aquí se ha dicho. En primera instancia, este gobierno echó mano de los cargos diplomáticos para pagar favores a quienes apoyaron su tramposa campaña presidencial. Se dejaron de lado funcionarios y funcionarias con idoneidad, que se han preparado por años en la carrera diplomática para representar el país y fueron reemplazados por uribistas pura sangre. Esto ha generado un detrimento al erario público, pues se han invertido recursos en la formación de estos funcionarios o han sido nombrados en Bogotá sin estar ejerciendo en el exterior. Por ejemplo, para la embajada de Egipto nombró a la señora Ana Milena Muñoz, exesposa de César Gaviria, quien de manera traidora apoyó a Duque y dejó en la mayor vergüenza al partido liberal. Le concedió la principal responsabilidad de la embajada en USA a un uribista tan inepto como Francisco Santos y la de la OEA al ultraderechista Alejandro Ordóñez. En la lista también aparecen Angelino Garzón, Viviane Morales, Gloria Inés Ramírez, la tuitera Erika Eliana Salamanca y Ubeimar Delgado quien se posesionó en la embajada de Suecia a pesar de no saber inglés ni sueco.

    También es reprochable y delictivo el respaldo de Duque al exfiscal Néstor Humberto Martínez a pesar de la tonelada de pruebas que lo incriminan con el escándalo de Odebrech, las chuzadas a la oposición, el enriquecimiento ilícito y el asesinato del señor Jorge Pizano y su hijo Alejandro. También es reprochable el nombramiento del actual fiscal, Francisco Barbosa, reconocido amigo y seguidor del uribismo que no genera la más mínima confianza y transparencia. O el respaldo al exembajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, partícipe en la producción y tráfico de cocaína; o el silencio ante la demostrada relación de la vicepresidenta y su esposo con el narcotraficante Memo Fantasma. Entre otras acciones antiéticas y oscuras, se encuentra el nombramiento, sin mérito alguno, de Diego Molano como Ministro de Defensa, el apoderamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del pueblo y la Contraloría, sumándole casi toda la junta directiva del Banco de la República, de la que ahora hace parte la hija de su amiga y embajadora ante la ONU Alicia Arango. Faltarían páginas para seguir enumerando los despropósitos y la desfachatez del gobierno en este sentido, por ejemplo, en las Fuerzas Militares y la Policía.

    A estos actos de corrupción y clientelismo, hay que sumarle las recientes acciones que confirman el enfoque clasista y segregacionista del gobierno. El salario mínimo solo aumento un 3.5 %, es decir, $18.000; mientras que a los congresistas les incrementó lo correspondiente a dos salarios mínimos, quedando su salario en más de $32´000.000. Duque además se niega reiteradamente a establecer una renta básica universal para las personas que no tienen empleo ni posibilidades de sobrevivir en una cuarentena, no ha ordenado a las instituciones del Estado, ni a los particulares de la salud, que se pongan al día con los salarios y deudas que tienen con los trabajadores de ese sector y que han puesto su vida al servicio de todo el país.

    Los billones que Duque destinó a palear la crisis económica provocada por su inexperiencia e ineficacia y ahondada por la pandemia, fueron a parar a las arcas de los banqueros, los empresarios ricos del país y las transnacionales. Además, prefirió endeudarse con el Banco Mundial e incrementar una deuda externa que ya es impagable, y que hoy tiene comprometidos más de 51, 3 billones de pesos del presupuesto general de la nación

    Mientras tanto, el país se cae a pedazos. Aumenta el desempleo y el genocidio contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, y excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación. Los montajes judiciales contra organizaciones que han presentado resistencia y oposición al régimen de Duque también han aumentado, entre ellos el Congreso de los Pueblos. Siguen las masacres, que en 2021 ya suman 11, y desde que Duque llegó superan las 100. Los jóvenes siguen siendo víctimas de la brutalidad policial como ocurrió en Soacha, donde 8 de ellos fueron incinerados vivos ante los ojos de sus familiares.

    Si el país, la ciudadanía, los movimientos sociales, los partidos y todos los que queremos vivir en paz con justicia social no nos ponemos las pilas, no nos sacudimos y cambiamos este infierno, seguiremos otros cuatro años de muerte, desolación y corrupción.

    Friday, 13 November 2020 00:00

    Editorial 162: Primero la vida

    Los periódicos y noticieros colombianos vuelven a ser un espectáculo sangriento. Volvió la horrible noche. Los días y los años en los que nos dedicamos a tabular asesinatos. Vuelve el miedo a gobernar en esos rincones que nunca quiso copar el “Estado”.

    La muerte y la violencia volvieron a ser nuestro pan de cada día. Llevamos 71 masacres en 45 semanas. Los miles de líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinados ya no nos caben en las páginas. Y aunque los excombatientes de las FARC no firmaron la paz para que los asesinaran, van 237 farianos y farianas asesinadas violentamente.

    Una representativa porción de la sociedad colombiana está cansada de este guión macabro. En los primeros meses del año, cientos de personas peregrinaron desde varios rincones del país para denunciar la crisis de seguridad que se avecinaba. Y hace unas semanas, la Caravana Humanitaria al Cañón del Micay y la Minga indígena, afro, campesina, y popular, nos recordaron que no se deben estimar esfuerzos para reinvindicar la esperanza y el valor sagrado de la vida.

    Hoy más que nunca está vigente eso de que solo el pueblo salva –cuida y protege– al pueblo. Somos una nación acéfala, huérfana. El (des)gobierno sigue negándonos la posibilidad de caminar por la calle tranquilas y tranquilos. Pasan los años y el discurso bélico que se publicita desde la Casa de Nariño sigue siendo el mismo. Hay razones de sobra para decir que el derramamiento de sangre es sistemático y vilmente planeado.

    Sabemos que se seguirá criminalizando y atacando a quien defienda la vida. Pero ante la muerte y el discurso del odio instaurado en nuestra sociedad por medio de los canales de comunicación “masivos”, no sigue quedando la alternativa de recurrir a la resistencia, palabra dulce y dadora de vida. Atender y escuchar el llamado de nuestros hermanos indígenas, negros y campesinos que durante años han intentado mostrarnos hasta el cansancio que es posible caminar de otras formas más armónicas, más sentidas y profundas, por medio de la autonomía y los planes de vida colectivos. Más al sur lo chilenos también nos demostraron que es posible enterrar el legado sangriento de cualquier dictadura.

    En el 2022, tendremos la oportunidad de escoger un gobierno y un Congreso que se parezca a lo que en realidad somos: un pueblo capaz, festivo, diverso, solidario, fraterno, que respeta la vida y recursivo. Mientras llega ese día, tenemos que perseverar en nuestras pequeñas acciones. Hablar y denunciar todo aquello que desde chiquitos nos dijeron que no se podía llevar a la mesa, y ser conscientes del poder político y transformador del voto.

    Los procesos sociales y la ciudadanía organizada no retroceden porque primero siempre está la vida.

    Thursday, 15 October 2020 00:00

    Retrato de otro acoso policial

    Las tres y media de la mañana caminaban sobre el reloj. El miedo y la angustia ahogaban mi respirar. Mi mente seguía proyectando imágenes intermitentes de la sevicia perpetrada por los agentes de la policía contra la ciudadanía días atrás, principalmente en la ciudad de Bogotá. Estas denuncias expuestas en los vídeos difundidos por las diferentes redes, parecían un río caudaloso que seguía mostrando el horror y la barbarie de los “agentes protectores del Estado”. No lograba dormir, aún seguía pensando en cuántas personas siguen siendo torturadas y asesinadas en este instante, mientras nuestros cuerpos intentan descansar y luchan con la frustración e impotencia. ¿Cómo es posible que no podamos hacer nada para detenerlo?, ¿cuántas personas más amanecerán muertas a manos de la policía?, ¿quién nos puede proteger de ella?

    Hago parte del consejo editorial de este periódico que viaja por sus manos, amigo lector. Aquella tarde del 10 de septiembre, a las 3 de la tarde, se desarrollaba el consejo para planear la edición del mes de octubre. Como es costumbre evaluamos el proceso de la edición pasada, hicimos análisis de la coyuntura y proyectamos los artículos para el siguiente mes. Cerca de las 5:30 culminó el consejo, en ese instante, un estallido de aturdidoras y el galope de los caballos de los carabineros retumbaron en la oficina. Nos asomamos por las ventanas, pero no veíamos nada. Esperamos un rato a que menguaran los sonidos y luego nos despedimos.

    Salí en compañía de otro compañero, y, en nuestro ejercicio legítimo de periodistas, reportamos lo que estaba sucediendo en la Avenida Oriental del centro de Medellín. Nos colocamos nuestras credenciales y observamos la marcha que avanzaba de forma pacífica desde el Parque de los Deseos y subía, en ese momento, por la avenida La playa, la manifestación era acechada por los carabineros y el Esmad. Un rato después mi compañero decidió retirarse de la zona y dirigirse para su casa ya que podíamos correr riesgo y él perder su transporte. Llamé a mi pareja para que me recogiera cuando saliera de su trabajo, no quería caminar sola a casa en medio de ese caos.

    Andrés me recogió cerca de las Torres de Bomboná, sentí un alivio al verlo llegar. Empezamos a caminar hacía Buenos Aires, parecía estar todo en calma. Íbamos por la calle El Palo, al fondo había un cordón de policías, cerca de veinte agentes y auxiliares. Nos dio un poco de temor, sin embargo, continuamos por esa cuadra, pues la gente transitaba sin dificultad. Delante de nosotros caminaba un grupo de seis personas que salían de sus trabajos, sus edades oscilaban entre los cuarenta y los cincuenta años más o menos. Cuando ellos pasaron los policías ni se inmutaron. En cambio, cuando nos vieron a nosotros, nos rodearon seis policías, como un metal siendo atraído por un imán, eran cinco hombres y una mujer. Dos de ellos y la mujer me acorralaron, los otros tres empujaron a Andrés contra la pared. Sin dar un saludo, la policía me dice: “¿Qué tiene en el bolso?”, y empieza a manotearlo. Uno de los agentes se hace detrás de mí y otro adelante, mientras a Andrés lo siguen acosando con estrujones y frases como: “Quítese la gorra. Abra el bolso. ¿Qué está haciendo acá?”

    Mi respuesta inmediata fue decirle a la mujer: “Tranquila, no tiene que estrujarme, ni manotear el bolso”. Y, mirándolos a todos, les dije: “Podrían saludar, y con mucho gusto me dispongo para la requisa. No es necesario la intimidación, ¿por qué nos tienen que tratar mal?”, pero la agente seguía halándome el bolso.
    – “¿Qué hacen acá?” –seguían preguntando los policías.
    —Salimos de trabajar, vamos para la casa —respondí mostrando mi credencial—. Soy periodista del periódico Periferia.
    Cuando dije eso, la mujer policía abrió los ojos como un búho, me sacudió con más fuerza el bolso, y extrajo cinco ejemplares de la edición de septiembre. La portada tenía una caricatura de “Duque el incompetente”, realizada por el colectivo grafico Puro Veneno. Sentí que iban a asesinarme. Internamente recordaba el terror de las noches anteriores y pronostiqué un final escalofriante, sin embargo reafirmé:
    —Soy periodista y este es justamente el periódico. Pueden llevárselo para que lo conozcan y lo estudien, creo que me alcanza un ejemplar para cada uno, este medio existe hace quince años y se distribuye por todo el país…
    La mujer policía dejó caer varios ejemplares al suelo y rompió la caratula de uno de ellos.
    —No le gusta Duque —me dijo con tono agresivo.
    No me gusta su gestión. Los ciudadanos tenemos derecho a disentir sobre los procederes de nuestros gobernantes, le respondí. Al decir esto, el policía que estaba detrás de mí me estrujó y Andrés gritó: no la empuje, respete. Inmediatamente otro agente sacó su bolillo y se abalanzó contra Andrés. Yo solté el bolso y me puse delante del policía: no, no lo golpee, usted es un ser humano, tienes familia, eres hijo o hermano, tal vez padre, por favor, recuerde su humanidad. Por fortuna el policía no accionó su arma, y otro agente preguntó: ¿Ya los requisaron?, déjenlos ir. Mis nervios me inundaron de más palabras: por favor no pierdan de vista su humanidad, la vida es sagrada. Cállese, vaya para su casa, no se busque problemas, me respondió el policía que había ordenado dejarnos ir.

    Seguimos en silencio, había pasado cerca de media hora; minutos que se sintieron como un tren avasallante, cargado de muerte. Llegamos a la plazoleta de San Ignacio y nos sentamos. Un torrente de lágrimas se tumbó sobre mi rostro. Tanta indefensión de la ciudadanía frente a estos atropellos del Estado. Cómo es posible tal deshumanización de los agentes policiales y demás fuerzas militares.

    Al otro día recordando el acoso que habíamos sufrido, agradecí al cosmos que no hubiera pasado algo más grave. El suceso me generó varios interrogantes: ¿por qué nos detuvieron a nosotros y no al grupo de personas que venían delante?, ¿por qué la requisa fue tan selectiva, acaso ser joven, tener una mochila de hippie y una gorra volteada son señales de ser criminales?, ¿será que la única forma de protegerse es vestirse de corbata o tacones, o ponerse una peluca blanca y estar de acuerdo con el partido de gobierno?

    Thursday, 15 October 2020 00:00

    Editorial 161: Levantarse y Construir Nación

    El 22 de septiembre, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Defensa, en representación del gobierno nacional, que en un plazo máximo de 48 horas pidiera perdón por el exceso de fuerza que las autoridades desplegaron durante las marchas de noviembre de 2019. Además, ordenó al Esmad dejar de usar escopetas calibre 12, cuya munición fue la causante de la muerte del joven Dylan Cruz el 23 de noviembre del año pasado. También, ordenó a las fuerzas militares y de policía publicar la sentencia en sus portales.

    El gobierno respondió de manera evasiva, como es su costumbre, y en términos leguleyos, engañosos y confusos, trató de dar preponderancia al salvamento de voto de uno de los magistrados, como si eso sirviera de algo legalmente hablando. Para alargar el enredo, manifestó que pediría la revisión del fallo a la Corte Constitucional, aunque el gobierno no tiene ningún recurso legal para pedir la revisión del fallo, y es su obligación cumplir las órdenes de la Corte, mientras eventual o extraordinariamente ésta revisa el fallo.

    Es muy fácil advertir la intencionalidad de Duque de desconocer y atacar la institucionalidad que tanto se esfuerza, supuestamente, en defender. Como era de esperarse, una vez se agotaron las 48 horas, el ministro Holmes Trujillo salió de manera cínica e insensible, con eufemismos y trucos gramaticales, a desconocer y burlar las órdenes de la Corte Suprema. En suma, no pidió perdón, más bien justificó lo ocurrido, y dejó en el ambiente que seguirían usando la fuerza y la letalidad cuando lo crean conveniente.

    Si no fuera porque la vida de los liderazgos sociales y los bienes comunes de los territorios están en inminente riesgo por la mano de hierro y el autoritarismo del Centro Democrático, el papel de Duque causaría risa y desconcierto por su ineptitud. Sin embargo, lo que sienten los procesos sociales, la oposición, los líderes y lideresas en los territorios, los excombatientes, y los jóvenes en Colombia, es una mezcla de miedo e indignación, una combinación explosiva que el ilegítimo gobierno seguramente va a enfrentar como lo ha hecho hasta ahora: a sangre y fuego.
    La sociedad y el movimiento social deben estar alerta, las intenciones de vieja data del patriarca en decadencia hoy son astutamente alcanzadas por Iván Duque, quien ha logrado el sueño de todo dictador: concentrar el manejo casi absoluto de las tres ramas del poder y de los organismos de control, el Fiscal General, la Procuradora y el Defensor del Pueblo, son funcionarios de bolsillo, alfiles del gobierno. Además, cuenta con el respaldo de unas fuerzas militares poderosas, genocidas, corruptas, y anticomunistas, que aún se mueven bajo la doctrina del enemigo interno y de la seguridad nacional. Y, lamentablemente, cuenta con la alcahuetería de los medios de comunicación corporativos, que son propiedad de sus amigos multimillonarios, y que le ayudan a levantar cortinas de humo cada que los escándalos y las pruebas lo incriminan y lo relacionan con el narcotráfico, el paramilitarismo y la mafia.

    Iván Duque quiere concentrar el poder judicial en una “supercorte” que le permita ser juez y parte, sueño que contempla en estos momentos en que su mentor se encuentra en líos con la justicia. Duque aprovecha los fallos de las Cortes que le exigen respeto constitucional al derecho humano a la protesta, para imponer protocolos que permitan atacarla, violentarla y prohibirla.

    Ojalá no sigamos viendo, en vivo y en directo, los asesinatos de líderes de la talla y honradez del profesor Campo Elías Galindo, hombre unitario y amigo de todos, torturado y acuchillado en su propia casa en Medellín, al cual rendimos homenaje. O de jóvenes, con los cuales se ha ensañado la violencia estatal, ni de mujeres valientes y con carácter como las que salen a marchar a diario, ni de indígenas valerosos defensores de la madre tierra, ni de negros y negras defensoras del territorio y la cultura.

    La Nación, esa que está por construirse colectivamente bajo referentes y valores humanos, solidarios, patrióticos, soberanos, y autónomos, debe levantarse, reivindicar sus derechos humanos para dignificar la vida, transformar el país, construir poder popular y demostrar que si hay otras formas de gobernar y de conducir la patria con humanidad.

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    Nosotros

    Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

     

    Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

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