Renan Vega Cantor

Renan Vega Cantor

Hay acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, y son cruciales, porque revelan las cosas necesarias para que una sociedad funcione todos los días. Uno de estos acontecimientos ha sido la acumulación de basuras en la ciudad de Bogotá. Este hecho elemental de recoger la basura pone de presente la trascendencia de unos trabajadores nunca nombrados, sin cuya labor silenciosa, anónima y despreciada, no podría funcionar en forma normal una ciudad extensa y superpoblada como Bogotá. Sí. Esos trabajadores, los recolectores de basura, los recicladores, los cartoneros. Sin ellos ninguno de nosotros podría habitar en Bogotá o en cualquier lugar en que se necesite recoger las toneladas de desechos que producimos, como parte de la lógica destructiva y contaminante que caracteriza al capitalismo. Sin esos recolectores, Bogotá apestaría (más de lo que hoy apesta), y las miles de toneladas dejadas de recoger producirían gases tóxicos y líquidos venenosos que en cuestión de semanas causarían una pandemia apocalíptica, que afectaría en forma fulminante el corazón y los pulmones de miles de personas, y frente al cual lo que se cuenta en El diario del año de la peste, la novela de Daniel Defoe (convertida en el Año de la Peste, la película de Felipe Cazals, con guion de Gabriel García Márquez), sería juego de niños.

Sin embargo, pese a su importancia, en esta crisis de basuras los trabajadores no son nombrados, a nadie le importan. Al respecto, en esta coyuntura de desaseo generalizado deberían hacerse cuestionamientos de fondo, relativos a las miserables condiciones de trabajo y de vida que soportan miles de seres humanos que desde las primeras horas del día salen a efectuar un trabajo duro, sorteando peligros diversos, que les pueden costar la vida a ellos y a sus familiares, por enfermedades y contaminaciones que resultan de tratar con desechos orgánicos e inorgánicos. Nadie quiere saber de la existencia de ese proletariado de la basura, solo importa que ellos quiten de nuestros ojos los desechos que producimos, los lleven lejos de nuestra presencia, sin interesar el destino de este enjambre de hombres, mujeres y niños.

Con la crisis de las basuras en la capital de Colombia emerge la figura del recolector de basuras, que trabaja para la empresa Aguas de Bogotá (en proceso de liquidación), cuyos 3700 trabajadores van a ser despedidos por la administración de Enrique Peñalosa, para concederle el negocio a sus amigos. A este personaje y a sus compinches, no les interesa ni la suerte ni la vida de esos miles de trabajadores, cuyo sustento depende de recoger basuras, una actividad sin la cual no podríamos vivir.

Los recolectores de basura de Aguas de Bogotá ven en peligro su futuro inmediato, porque al menos tres mil de ellos van a ser expulsados y no se les renovará contrato. Los otros miles de recolectores, la inmensa mayoría, que trabajan por su cuenta y riesgo, alcanzan escasamente un ingreso diario de 20 mil pesos (menos de diez dólares), por efectuar esta labor de utilidad pública y social.

Pero mientras esto sucede, a través de los medios de desinformación, y principalmente ahora por las redes antisociales, se difunden todos los días y a toda hora, chismes sobre la estrafalaria vida de los “famosos” (James Rodríguez, Falcao García y Shakira…), como si su existencia y las estupideces que a diario dicen o realizan, fueran trascendentales para la vida de todos los colombianos. Mientras que los recolectores de basura son despreciados y tratados como delincuentes y criminales, los medios de desinformación masivos (empezando por los noticieros deportivos y de farándula) adulan a esos famosos, que se han convertido en delincuentes de cuello blanco y de alta alcurnia, puesto que los mencionados arriba son, sin excepción alguna, evasores de impuestos, ladrones del fisco español, hasta el punto que uno de ellos, Falcao García, tuvo que pagar 6.5 millones de euros en multa. Si esa es la multa, no es difícil suponer la magnitud de su delito (que ameritaría cárcel de varios años).

Como muestra de la injusticia del capitalismo local y mundial, mientras que los recolectores de basura se mueren de hambre o subsisten con los mismos desechos que recogen, los “famosos”, cuya actividad es innecesaria, ganan millones de euros en salario, por efectuar cosas que no tienen ninguna importancia para la sociedad. Una sociedad, cualquiera que sea, puede vivir sin las patadas del futbol de James o Falcao y sin los aullidos destemplados de una bailarina que a veces trata de cantar, como Shakira. Si estos dejaran de existir o de hacer lo que hacen, de ninguna manera eso representaría un colapso social, ni mucho menos. Pero con los recolectores y recicladores no sucede lo mismo: sin ellos, literalmente hablando, no podríamos vivir.

El culto a los ricos y poderosos conduce a creer que son estos los que serían imprescindibles, lo que evidencia que en el capitalismo de hoy lo que de verdad cuenta y vale, tiene un precio inversamente proporcional a su valor real para la sociedad. Así, los recolectores de basura, con una función social de primer orden, valen menos que la basura que recogen, mientras quienes como Shakira desempeñan labores baladíes en términos del metabolismo material de la sociedad, obtienen ganancias aberrantes, que no se corresponden para nada con la nula importancia de lo que hacen. Por ejemplo, Falcao y James ganan en forma neta, libre de impuestos y deducciones, 750 mil euros al mes (2625 millones de pesos), mientras que Shakira recibe 4 millones de euros al mes (133 mil euros cada día, equivalentes a 465 millones de pesos). Esta última cifra de los ingresos diarios de una persona como Shakira, corresponden a lo que un reciclador de basuras, suponiendo en forma optimista que devengue el salario mínimo mensual de hoy en Colombia (780 mil pesos, o 260 dólares), ganaría en 50 años. Así de injusto e irracional: el recolector de basura, esencial para todos nosotros, va a ganar en medio siglo, lo que una persona que no desempeña ninguna actividad que sea importante para la sociedad, gana en 24 horas.

Aunque esto sea lo que existe en términos salariales, esa desigualdad demencial no puede ocultar ni negar –como se ejemplifica en estos días de acumulación de basuras en Bogotá– que vale más para la subsistencia de una sociedad recoger basuras que dar patadas a un balón o entonar gritos estridentes. Como lo ha dicho el crítico literario inglés Terry Eagleton, “buena parte de ese trabajo sucio y peligroso […] podría ser realizado por antiguos miembros de la familia real (inglesa)”. A lo que podemos agregar que el trabajo sucio, duro y peligroso, de recoger basura, debería ser realizado por todos nosotros, incluyendo a los “famosos” que no hacen nada importante en la vida, aparte de generar basura material y contaminación espiritual.

Por lo demás, a los trabajadores de todos los sectores, precarizados y explotados en forma intensiva como los recolectores de basura, bien les cabe emprender una lucha organizada y colectiva con la actualización de la célebre formula del Manifiesto Comunista: “¡Basuras del mundo, uníos!”.

Monday, 09 April 2018 00:00

Borrar el pasado

En el mundo entero, y Colombia no es la excepción, la extrema derecha alienta un proyecto negacionista sobre el pasado, que consiste en rechazar la investigación, enseñanza y difusión de los crímenes del capitalismo y de las atrocidades de dictaduras militares y gobiernos colaboracionistas con los grandes poderes imperialistas. Dicho negacionismo busca borrar el pasado e imponer una verdad oficial, a la cual deben sujetarse los ciudadanos de un determinado país, so pena de ser juzgados y condenados por ponerla en cuestión. El hecho más reciente es el del gobierno derechista de Polonia, que el seis de febrero aprobó una ley que castiga con condenas de hasta tres años de cárcel a quienes afirmen que el Estado o el pueblo polaco estuvieron vinculados con los crímenes nazis, cuando ese territorio estuvo ocupado por las tropas hitlerianas.

Esta postura se sustenta en un patriotismo torpe y barato que llega al extremo de prohibir el uso de expresiones como “campos de concentración polacos”, “nazis polacos” y “campos de muerte polacos”, y a criminalizar a quien las utilice, no solo dentro del territorio de Polonia sino en cualquier lugar del mundo.

La turbia persecución y censura ya empezó a operar contra el periódico Página 12 y el periodista Federico Pavlovsky, sudamericano, concretamente de Argentina. En días recientes, una ONG polaca, denominada La Liga Polaca contra la Difamación, cuyo segundo nombre es Reducto del Buen Nombre, y aliada directa del gobierno de extrema derecha, presidido por Andrzej Duda, decidió demandar a Página 12. Esa organización cree que Polonia es tan grande e inmaculada que hasta puede juzgar a cualquier extranjero, sin importar dónde se encuentre, como si las leyes nacionales tuvieran un carácter de extra-territorialidad que permita aplicarla en cualquier sitio del planeta tierra. Además, se supone que esas leyes operan con retroactividad, lo cual indica el rigor intelectual y la sapiencia de sus impulsores. Así, el periódico señalado ha sido demandado porque el 18 de diciembre de 2017 publicó un artículo, con el título de Rostros familiares, que es encabezado por la foto de cuatro cadáveres de la resistencia anticomunista polaca de después de la Segunda Guerra Mundial. Esa ONG acusa a Página 12 de "manipular" la información con el objetivo de "dañar a la nación polaca y la imagen de los soldados polacos" y de "engañar conscientemente" a sus lectores para hacer "creíble la tesis del antisemitismo polaco".

En el artículo se hace referencia a un hecho histórico puntual, que aconteció el 10 de junio de 1941, en el pequeño pueblo de Jedwabne, en la Polonia ocupada por los nazis. En ese pueblo de solo 3000 habitantes fueron masacrados 1600 judíos por el resto de habitantes polacos: “Ese día, mil quinientas personas mataron o vieron matar a otras mil seiscientas, éstas últimas de origen judío, y en el exterminio no hubo ninguna distinción entre hombres, mujeres, niños y ancianos”. Resulta llamativo de esta masacre que no fuera ordenada por los nazis, sino que fuera un crimen colectivo efectuado por “pacíficos vecinos”, comunes y corrientes, que de repente procedieron a torturar y masacrar a quienes eran sus amigos y/o conocidos.

Según el historiador polaco-estadounidense Jan Gross, quien escribió el libro Vecinos, que desnuda este suceso histórico, fue un asesinato en masa “en un doble sentido, por el número de las víctimas y por el número de los verdugos. Los mataron de modo frenético, barbárico, y de múltiples maneras, a unos con herramientas de metal, a otros a cuchilladas, a otros a estacazos”. Según Pavlovsky, “uno de los elementos más perturbadores de esta historia es que rompe el arquetipo de monstruo que comete actos inhumanos”, porque “los verdugos fueron unos polacos normales y corrientes”.

Sin embargo, para el actual gobierno de Polonia, hablar de estas atrocidades es inaceptable porque cuestiona la pretendida pureza y heroicidad de los polacos, nacionalistas, católicos y anticomunistas, de los que ellos se proclaman descendientes.

Pero si por Polonia llueve negacionismo histórico, en Colombia no escampa en materia de borrar el pasado. La prueba más elocuente son las continuas alusiones de la representante del Centro (Anti)Democrático, María Fernanda Cabal, quien ha dicho que “la masacre de las bananeras es otro de los mitos históricos de la narrativa comunista” y que “fueron más los soldados asesinados en esa confrontación, donde el sindicato fue penetrado por la Internacional Comunista”. En cuanto a los asesinatos de Estado, que alcanzaron su máximo nivel en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los justificó diciendo que “parece que esos muchachos (víctimas de falsos positivos) habían cometido muchos crímenes”.

Estas afirmaciones son producto de la ignorancia, de un desprecio hacia aquellos que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de este país, y de una exaltación de los crímenes que estas han cometido, por defender la santa propiedad privada de la oligarquía criolla. A borrar los crímenes de esas Fuerzas Armadas y de los “hombres de bien de la patria”, como los grandes terratenientes y ganaderos, gremio al que está ligada directamente la mencionada congresista, y a presentarlos como héroes, se dirige ese intento de borrar el terrible pasado, y presente, de la sociedad colombiana. Por ello, tampoco sorprende que uno de los objetivos centrales de la extrema derecha colombiana, en cabeza de un criminal de guerra, cuyos principales amigos son paramilitares, sea el de impedir que no funcione ninguna comisión de la verdad ni que sean juzgados los empresarios patrocinadores de miles de asesinatos, torturas y desapariciones realizadas en Colombia. De llegar a triunfar en las próximas elecciones presidenciales ese sector, no sería extraño que se impulsara una ley por el estilo de la de Polonia.

Para que los colombianos no sepan que en este territorio se han cometido crímenes similares a los de los nazis, como los hornos crematorios (en Antioquia y Santander) para matar y desaparecer a humildes colombianos; que fueron asesinados cerca de diez mil colombianos entre 2002 y 2010 por miembros de las Fuerzas Armadas, cumpliendo órdenes del presidente y los ministros de defensa, solamente para presentar resultados positivos en la lucha contra-insurgente; que durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se generalizó la tortura a los presos políticos; o que en la retoma del Palacio de Justicia fueron asesinados y desaparecidos por el Ejército decenas de trabajadores y visitantes de ese lugar…

Como bien lo dice el dramaturgo y novelista Miguel Torres en su libro La invención del pasado, sobre ese intento de borrar el pasado que tanto caracteriza a las clases dominantes, haciendo alusión a los sucesos del Palacio de Justicia: “Solitarias y vestidas de luto en un rincón de la plaza de Bolívar, se ven mujeres levantando los retratos de los empleados de la cafetería que los militares se llevaron del Palacio de Justicia y que hasta hoy no han vuelto a aparecer. Nadie se acerca a ellas. Dicen que eso no es cierto, que no ha pasado nada, que no hay desaparecidos, ni guerra, ni masacres, ni centenares de miles de muertos, que la gente como ha olvidado todo lo inventa todo. Eso es lo que dicen”.

Saturday, 03 February 2018 19:00

Palabras que matan

El 16 de diciembre de 2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó sin inmutarse que los asesinatos de dirigentes sociales, líderes comunitarios y ex guerrilleros no estaban relacionados con sus actividades, sino que, en su “inmensa mayoría”, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

Esta afirmación, aparte de ser completamente irresponsable, se convierte en una legitimación de los cientos de asesinatos políticos que siguen sucediendo en Colombia. Declaraciones de este tipo forman parte de la muralla desinformativa que se ha erigido en este país, y la cual no se quiere derribar por parte de los voceros del Estado ni de los grandes medios de incomunicación.

Este tipo de lenguaje denota que la lógica terrorista del Estado no se ha atenuado ni una pizca, a pesar de que se genere una retórica paralela de paz y de concordia, que no logra ocultar las dimensiones del lenguaje contra-insurgente y de enemigo interior que se ha creado en este país durante el siglo XX, y que se niega a desaparecer, como lo muestran las infames declaraciones del Ministro de Ofensa (perdón, de Defensa).

Al respecto, vale la pena recordar en forma rápida algunos de los peores ejemplos del uso de un lenguaje que justifica el crimen de los que son considerados como adversarios y enemigos, y cuyas vidas no tendrían ningún valor en esa lógica criminal de tipo contra-insurgente. El asunto se remite a lo sucedido desde 1918, con las primeras manifestaciones y protestas obreras y artesanales, las cuales fueron catalogadas –como sucedió con las huelgas en la costa atlántica y la masacre de artesanos en Bogotá en marzo de 1919– como producto de la acción del bolchevismo. Utilizar ese mote justificaba la muerte de obreros y trabajadores humildes, a los que se les indilgaban propósitos desestabilizadores que estaban muy lejos de su sentir.

El hecho más lamentable en esta misma dirección fue el de la Masacre de las Bananeras, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados en diciembre de 1928 por el Ejército colombiano con el pretexto de que los huelguistas se habían convertido en una “cuadrilla de malhechores” que ponía en peligro la estabilidad del país, como producto de la acción de comunistas y anarquistas.

De ahí en adelante, hasta el día de hoy, esa lógica anticomunista y contrainsurgente se ha mantenido, siendo una de sus manifestaciones esenciales el uso de cierto tipo de lenguaje, descalificador, peyorativo y señalador, para legitimar la muerte o la desaparición de aquellos que deberían ser eliminados física y espiritualmente, porque así lo consideran los “colombianos de bien”.

Lo cierto es que ese lenguaje ha sido reiteradamente usado por presidentes de la República, Ministros, parlamentarios, sacerdotes de las altas jerarquías, militares, empresarios…, siempre con las mismas consecuencias. Los ejemplos abundan.

Cuando en junio de 1954 fueron masacrados varios jóvenes en el centro de Bogotá, los voceros del régimen militar se inventaron la versión de que los militares se defendieron de una agresión realizada por miembros del comunismo internacional y por eso dispararon contra inermes estudiantes. En agosto de 1959, durante una pacífica marcha de trabajadores de la caña de azúcar que se dirigía a Cali, fueron asesinados dos corteros en forma aleve por tropas del Ejército. Inmediatamente, el presidente Alberto Lleras Camargo adujo que “los dirigentes del paro son responsables de la tragedia y el desorden”.

En febrero de 1963, luego de que fueron masacrados doce personas en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), entre ellas una pequeña niña, cuando huelguistas intentaban impedir la circulación de camiones con cemento, la prensa, y los voceros del gobierno de Guillermo León Valencia señalaron que el Ejército se había visto obligado a disparar porque había sido atacado por trabajadores “revoltosos, agitadores comunistas y subversivos”.

En septiembre de 1977, el paro cívico nacional fue reprimido sangrientamente y en la ciudad de Bogotá dejó un saldo de una veintena de muertos, los que fueron calificados por los voceros del gobierno de Alfonso López Michelsen como “personeros de la subversión y traficantes de la inconformidad popular”.

El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Dos días antes, Carlos Lemos Simonds, Ministro de Gobierno, señaló: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. En este caso, el lenguaje oficial se convirtió en una orden para matar a un candidato de la izquierda.


Más recientemente, cuando fueron asesinados varios dirigentes sindicales en Arauca, el cinco de agosto de 2004, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, los catalogó como terroristas que habían muerto en combate con el Ejército.

La joya de la corona, por sus dimensiones, cinismo e impunidad, se la lleva Álvaro Uribe Vélez cuando hablando del asesinato de varios miles de colombianos, en lo que de manera eufemística se denominó “falsos positivos”, justificó ese crimen diciendo que los muertos “no estaban precisamente recogiendo café”.

La lista podría extenderse hasta llenar cientos de páginas. Solo se trataba de recordar algunos ejemplos del empleo de un lenguaje agresivo que se usa como un arma de guerra, para destruir física y/o moralmente a los adversarios. Con la utilización de dicho lenguaje ya se siembra duda y cizaña sobre una persona determinada, antes o después de matarla.

Por esa razón, declaraciones como las del Ministro de Defensa simplemente proyectan un comportamiento de larga duración, sustentando en la impunidad que genera cinismo y desfachatez, que recurre a un lenguaje deshumanizante y que bestializa a los adversarios. Si dicho lenguaje no tuviera las consecuencias criminales que conocemos y padecemos en este país, el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico, pero por desgracia no es así. Y en tal sentido es una manifestación de una lógica contrainsurgente que impregna el comportamiento de las clases dominantes de este país, reafirmada con las influencias de una lógica traqueta, para la cual la vida de los luchadores sociales y políticos no vale nada.

Para ellos, además, se agrega el estigma que tiene efectos aprobatorios entre la población, de señalar que si a alguien lo matan… por algo será, algo habrá hecho. En el caso que comentamos, simplemente decir que a los líderes sociales los aniquilan por líos de faldas, quiere decir que son crímenes pasionales aislados, y no una práctica genocida y sistemática, en la que tiene una responsabilidad central el Estado, las fuerzas armadas y sus socios paramilitares.

El nuevo imperialismo, a través de su hegemon estadounidense, como parte de su proyecto de dominación de espectro completo, ha implementado un tipo particular de ciencias sociales, que son funcionales a sus intereses. En esa perspectiva, los países en guerra, o asolados por conflictos armados, han servido como centro de experimentación de este tipo de ciencias sociales, de estirpe claramente imperialistas, como es el caso de Colombia.

En ese contexto, aparece la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados para la Defensa(DARPA), que agrupa empresas aeronáuticas, militares, laboratorios de investigación y universidades, las cuales se encargan de desarrollar tecnología con fines militares, que le sirva a las grandes empresas multinacionales. La DARPA adelanta investigaciones sobre diversidad lingüística y cultural con el objetivo de incorporar esos conocimientos en un sistema computarizado, capaz de interactuar, asimilar o reproducir ciertas estructuras de pensamiento en el terreno militar y geoestratégico.

La Oficina de Servicios Militares en el Extranjero (FSMO) de los Estados Unidos es la encargada de programas analíticos sobre las “amenazas” asimétricas (guerrillas/terroristas) y emergentes (movimientos sociales y comunidades), desarrollos militares a nivel regional y ambientes operacionales en todo el mundo. La FSMO patrocina el proyecto México Indígena, cuya base de operaciones se encuentra en Oaxaca, uno de los estados donde existe mayor población indígena y protesta social. Ese proyecto busca construir un Sistema de Información Geográfica que permita mostrar las dinámicas de las comunidades de Oaxaca, o el llamado panorama cultural, como parte de las estrategias de monitoreo militar.

Este sistema se basa en las investigaciones militares hechas en Colombia, como parte de las operaciones de Estados Unidos. El análisis de datos geográficos de carácter civil permite crear estrategias de contrainsurgencia y monitorear los diferentes espacios geográficos de posibles conflictos. Esto último se proyecta con el estudio de la evolución de los conflictos sociales generados en el país, a lo que se suman los componentes de organización de las comunidades y movimientos sociales, para proyectar estrategias del conflicto. Este tipo de análisis se sustenta en la noción de ecología de la insurgencia, en el que se integra la información civil de carácter sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes.

Este tipo de actividades contrainsurgentes son sistematizadas teóricamente por Geoffrey Demarest, que las sustenta en gran medida en sus análisissobre la evolución del conflicto en nuestro país y la necesidad de intervenir el territorio colombiano, con el fin de construir sistemas de control apropiados para la valorización e inversión de capital extranjero y el fortalecimiento de la “democracia” fantoche. Este plan de acción ha sido retomado en los gobiernos de Uribe y Santos, durante los cuales se han generado condiciones para privatizar el territorio de las comunidades, desde la perspectiva militar, legislativa y política, para que sea repartido como una tarta de cumpleaños entre las grandes transnacionales.

Es bueno precisar que Geoffrey B. Demarest es un militar contrainsurgente activo, egresado de la Escuela de las Américas. Fue agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra la población indígena. Pretende teorizar para proporcionar herramientas a las prácticas contrainsurgentes, a partir de un desprecio explícito a las comunidades populares, a las que considera como fuente de delito y criminalidad. Por eso, propone la privatización del suelo y la propiedad y la disolución de los vínculos comunitarios, mediante programas encaminados a generar una lógica individual y competitiva.

Pero sus estudios no se reducen a la contrainsurgencia en el mundo rural, sino que también aparece la contrainsurgencia urbana. Al respecto cabe mencionar el estudio de Demarest de 1995, titulado "La Geopolítica y conflicto armado urbano en América Latina", en donde sostiene que “los anarquistas, los criminales, los desposeídos, los entrometidos extranjeros, los oportunistas cínicos, lunáticos, revolucionarios, líderes sindicales, ciudadanos étnicos, especuladores de bienes raíces y otros pueden formar alianzas de conveniencia”. Asimismo, indica que esos sectores “pueden cometer actos de violencia y manejar ideas que provoquen a otras personas. Estas ideas pueden ser tan específicas como la resistencia a un aumento en las tarifas de autobús, tan inmediatas como los saqueos después de una celebración masiva, o tan amplias como la identidad étnica”.

Demarest propone la privatización de los terrenos de las comunidades pobres que habitan en los barrios de las ciudades, y la gentrificación (desplazamiento de los pobres de las zonas céntricas y su reemplazo por población de clase media o millonarios), como forma de expulsar a la población incómoda, la que es presentada como la base de la criminalización y el cuestionamiento de la propiedad privada y la seguridad en las urbes. Demarest tuvo la oportunidad de revisar sus análisis sobre contrainsurgencia urbana a la luz de un caso de Colombia, más exactamente de la ciudad de Medellín, específicamente la Operación Orión de octubre de 2002.

El mencionado G. Demarest ha efectuado estudios sobre dicha operación, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas se deben tener en cuenta en futuras operaciones de este tipo. En uno de esos estudios concluye: “El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías GIS sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse, en parte, a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de planificación urbana”.

Para este personaje, teniente-coronel e investigador del ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente, lo cual se facilita por la utilización de sofisticados sistemas de mapeo e información geográfica.

Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos con dos objetivos principales: “1) Se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta, que el Ejército no puede recolectar de otra forma; 2) construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del “crimen organizado”, y los grandes cinturones de miseria urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros considera que se originarán las amenazas militares en el futuro”.

En conclusión, se trata de unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana camuflada con nombres pomposos y atractivos (“innovadora”, “moderna”, “pujante”), como señuelo para atraer turistas e inversores. Con estos se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de La Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la “pujanza paisa”.

Friday, 03 November 2017 19:00

Entre el incumplimiento y el escepticismo

Visitar una zona veredal es una experiencia que ayuda a entender de manera directa lo que es Colombia, un país pletórico de injusticias y desigualdad, lo que ha sido la guerra de los últimos 60 años y la magnitud de los incumplimientos del Estado al pretendido acuerdo de paz con las FARC.

La zona veredal de Planadas se encuentra ubicada a casi dos horas del casco municipal, en la vereda El Oso, localizada a unos 25 minutos del caserío de Gaitania. Para llegar allí desde Bogotá se hace un recorrido en bus de unas 10 horas, en una vía que, a medida que se acerca a ese casco municipal, se encuentra destapada, semi-destruida. Aunque se viaje de noche, es imposible dormir al final del trayecto por la cantidad de huecos y derrumbes que encuentra el bus en su recorrido, sobre todo entre Ataco y Planadas.

Luego de llegar al casco municipal de Planadas, nos trasladamos en moto a la Zona Veredal, por una carretera en su mayor parte sin pavimentar, que es una trocha en pésimo estado de conservación.

La zona veredal
Cuando uno se aproxima a la zona llama la atención un grupo de casas prefabricadas, recién construidas, y más o menos homogéneas, que indican que allí están concentrados ex guerrilleros y sus familiares. En la entrada ya se perciben los primeros contrastes, puesto que todavía hay cambuches, recubiertos en plástico negro, donde se alojan, en peores condiciones que en tiempos de guerra, antiguos combatientes de las FARC.
El sitio escogido es propiedad de un campesino, que le arrendó el lote al Estado a cambio de un canon monetario, bajo el compromiso de que la ocupación de ese terreno solo iba a durar seis meses, al cabo de los cuales lo devolverían. El Estado escogió un potrero, peor aún, un pantano repleto de barro, como evidencia de su “interés” en cumplir lo acordado. La transformación que ha experimentado la zona en los últimos meses se debe a la acción mancomunada de los miembros de las FARC, que construyeron lugares de habitación y sitios comunes, entre ellos una pequeña biblioteca.

La población de la zona veredal es flotante, oscila en la actualidad en alrededor de unas 60 o 70 personas. De los 180 guerrilleros que inicialmente se trasladaron a ese lugar, solamente quedan unos 20. Los otros se han ido silenciosamente, sin decirle a nadie para dónde. Y tienen razón en salir de esa forma, porque su vida pende de un hilo, ante el asedio de paramilitares y grupos criminales, que en distintos lugares del país han asesinado a una decena de ex guerrilleros desarmados y en estado de indefensión. Incluso, quienes se van sin señalar su destino están más seguros que los que se quedan en las zonas veredales, como nos lo indicaron varios de ellos. Un grupo indeterminado de habitantes del lugar trabaja en las fincas vecinas, la mayor parte de ellos como recolectores de café.

De los 30 niños que se encontraban al principio, hoy quedan nueve. Han llegado ex prisioneros de las FARC recién liberados, y también se encuentran familiares de los antiguos combatientes, entre ellos sus hijos, quienes por primera vez han tenido la oportunidad de reunirse con su padre o madre. En la zona nacen nuevos colombianos, cuyo destino es tan incierto como el de sus padres. En los días que visitamos la zona estaba a punto de nacer un nuevo hijo del antiguo comandante, Donald.

En cuanto a la vida cotidiana se refiere, aunque ya no existe la disciplina militar de otros tiempos, se han establecido unos horarios de actividades, relativos a las horas de las comidas, que siguen sin las viejas pautas de los campamentos guerrilleros referentes a la preparación de los alimentos, encomendada cada turno a personas diferentes, con el fin de que todos participen en esa labor. Asimismo, se disponen de horarios de actividades por las noches, para evaluar algunos asuntos internos y charlar sobre la situación política y económica. También existen horarios de estudio en los que se imparte una instrucción, para aquellos que no han terminado sus estudios en educación básica.

Pese a todo, entre los habitantes de la región, así como en los de la zona veredal, cunde el escepticismo, ante el incumplimiento de lo acordado por parte del Estado. Varios habitantes de la región nos dijeron que dudan que el Gobierno vaya a cumplir con lo acordado e indicaron que la salida de las FARC de sus zonas de influencia había significado el retorno del robo, del consumo de drogas y de la prostitución, puesto que se rompió con un orden establecido durante décadas.

Ahora, la presencia del Estado, mediante sus instrumentos represivos, viene acompañada de delincuencia y drogadicción. Un resumen lacónico de lo que es la zona veredal lo proporcionó un antiguo guerrillero con más de 30 años de pertenecer a las FARC, cuando indicó en forma gráfica que ese sitio es como un “gueto judío” o un “campo de concentración a cielo abierto”.

El paisaje humano
En la zona veredal de Planadas, como de seguro sucede en las otras zonas veredales, se percibe el paisaje geográfico de ese otro país rural y desconocido en las ciudades, con su extraordinaria diversidad y con esas historias personales de dolor, lucha y resistencia, el trasfondo directo del terrorismo de Estado. Allí se encuentran hombres y mujeres de origen humilde, pobres, muchos de ellos apenas saben leer y escribir. Duraron muchos años en la guerra, y portan consigo heridas imborrables. Sufrieron bombardeos inverosímiles, y vieron cómo morían camaradas de lucha, y en muchos casos sus propios hijos y compañeros sentimentales.

Allí están mujeres que estuvieron en la cárcel durante interminables años y madres que se vieron obligadas a dejar a sus hijos en manos de familiares, hijos que nunca volvieron a ver, o que solo podían contemplar de vez en cuando, y bajo el riesgo de ser capturados o asesinados. Hijos que quedaron huérfanos a temprana edad porque sus padres fueron masacrados durante los bombardeos. Campesinos externos a la zona que todavía portan consigo los papeles que prueban que a uno de sus familiares se le asesinó y desapareció hace 30 años. También hay personas que llevan las marcas de la guerra, bien porque están lisiadas o porque los estragos de las esquirlas o de las balas les dejaron imborrables huellas en alguna parte de su cuerpo.

En la zona veredal hay campesinos, indígenas, afrodescendientes, trabajadores urbanos, profesionales…, como expresión a pequeña escala de la diversidad étnica del país, una diversidad que se expresa en la composición social de la base guerrillera. Una indígena, procedente del Tolima, que tiene unos 30 años de edad, nos cuenta que lleva más de media vida en las FARC, a la cual se vinculó al comprender que no podía estudiar y que el futuro que le deparaba su pobreza familiar era terminar como cocinera en Natagaima, con un miserable sueldo. Nadie la obligó a vincularse, ella lo hizo convencida que tenía más opciones en la guerrilla, que permaneciendo en su pueblo.
Una persona, también de 30 años, nos cuenta que lleva 17 años en las FARC, a la cual ingresó cuando era casi un niño. Fue miembro del Bloque Oriental. Su anhelo es poder estudiar y llevar una vida digna. Nos asegura que si el Gobierno no cumple los acuerdos él volverá a empuñar las armas, y que ahora este hecho tendría una ventaja: el pueblo colombiano ya habrá confirmado que la paz no fue posible porque el Gobierno no cumplió lo pactado. Nos dice que conseguir las armas no es difícil y que organizar a los descontentos tampoco va a ser complicado, en caso de que sea necesario.

La zona veredal está situada al lado del resguardo indígena Páez (Nasa) de Gaitania, el cual firmó un acuerdo de paz con las FARC el 26 de julio de 1996. Pacto que se ha cumplido estrictamente desde entonces. Este acuerdo fue posible por la buena disposición de las dos partes, y en especial del comandante Jerónimo. Este carismático guerrillero, quien fuera asesinado por el Ejército en 2011, es recordado con mucho cariño y admiración por los miembros de la insurgencia que lo conocieron, así como por la comunidad indígena y en general los habitantes de Planadas.

Para la reconstrucción de la historia del conflicto colombiano y el papel desempeñado por líderes insurgentes, la mayor parte de los cuales han sido calumniados por el bloque de poder oligárquico y sus medios de desinformación, es imprescindible recuperar la vida y luchas de personajes como el comandante Arquímedes Muñoz, Jerónimo. Las lágrimas de sus compañeros de lucha al recordarlo ponen de presente el ascendiente que aquel logró entre las tropas a su mando, y más allá, en todo el sur del Tolima.

Marquetalia
Tuvimos la oportunidad de visitar a Marquetalia, el lugar donde se originó la agresión armada por parte del Ejército y del Estado colombiano a un grupo de campesinos, lo que a poco tiempo originaría a las FARC.

Para llegar allí se hace el recorrido desde la zona veredal por una trocha de difícil recorrido, en la cual el destartalado campero que nos lleva se demora 90 minutos, hasta llegar a Villanueva. Luego se continúa el trayecto a pie o a caballo, durante tres horas. Ascendimos y descendimos en caballo, en parte porque no teníamos el calzado que se requiere para caminar en este tipo de camino de herradura y en parte porque de alguna forma esa experiencia es única en el intento de reconstruir el trayecto que debieron recorrer infinidad de veces los guerrilleros de las FARC, incluido el propio Manuel Marulanda Vélez, utilizando a esos nobles animales.

Es extraordinario el paisaje montañoso y de vertiente cafetera. A medida que avanzamos por el lugar, pensamos y nos imaginamos ese escenario de guerra, trascendental en la historia colombiana de los últimos 53 años. Al fin llegamos a Marquetalia, o mejor a lo que quedó de ella. Nos referimos a la pequeña explanada en donde se encontraban las humildes viviendas de los campesinos de autodefensa que fueron agredidos en ese malhadado mayo de 1964.
En ese sitio solo existe una casa –era la vivienda de Marulanda, nos recordó una persona de la región– que ahora se encuentra habitada por una pareja de adolescentes campesinos, que acaban de tener un hijo.

El lugar está ocupado por tropas del Ejército, que tienen un campamento base a unos doscientos metros de la casa mencionada, pero que tienen carpas desperdigadas alrededor de la vivienda, y en la cual entran y salen con normalidad y donde guardan avituallamiento y pertenencias, como si fuera de su propiedad. La presencia de la tropa nos cohíbe y nos impide hablar con tranquilidad con nuestros acompañantes, entre los que se encontraban dos antiguas guerrilleras de las FARC, una de las cuales conoce el lugar como la palma de sus manos y nos cuenta que no le sorprende ver al Ejército. En varias ocasiones ella, con otros guerrilleros, sorteó el lugar a hurtadillas sin que las tropas se dieran cuenta.

En Marquetalia se ven las secuelas de la guerra. Hay túneles y trincheras, pequeños cráteres que deben ser producto de bombardeos del Ejército estatal. Pero el símbolo estrella son los restos de una aeronave de guerra derribada por los guerrilleros. En lo que fue una de las alas de ese aparato se ven impactos de bala, presumiblemente de fusil, que fue disparado desde tierra y que lo derribó.


En la zona hace un tremendo frío, sobre todo en las horas de la noche. A pesar de la decepción que nos produce la presencia del Ejército, decidimos pasar una noche en esa casa, y le solicitamos al guía de los caballos que regresara a Villanueva, y volviera al día siguiente a las ocho de la mañana. Nos acostamos temprano, antes de las nueve de la noche, sin cruzar muchas palabras. La ocupación del Ejército, nos dicen unas personas de la zona, pretende que en Marquetalia no se pueda construir un museo de la resistencia, como lo han insinuado algunos dirigentes de las FARC.

Al otro día, con la llegada de los caballos, echamos un último vistazo al lugar, a los restos del avión, a los túneles y trincheras, así como a los jóvenes campesinos que allí habitan y a los soldados, porque todo ello deja una extraña sensación. Es como si la historia se hubiera detenido, ya que seguimos gravitando entorno a las terribles injusticias que en 1964 dieron origen a un conflicto armado que se proyecta hasta nuestros días. Luego de esto nos despedimos de este histórico lugar de la resistencia popular de Colombia, con la certeza de que nunca lo volveremos a ver.

 

Tuesday, 24 October 2017 19:00

Harvey, Texas y el cambio climático

A finales de agosto el huracán Harvey originó una de las peores inundaciones en la historia de Estados Unidos. A su paso por el Estado de Texas produjo medio centenar de muertos, destrozó unas 150 mil viviendas y destruyó cerca de un millón de automóviles, dejó sin luz eléctrica a 300 mil personas y afectó en forma directa a otras 13 millones. Se calcula que el costo total de su impacto equivale a unos 150 mil millones de dólares.

La inundación fue resultado de una lluvia sin precedentes, hasta el punto que algunos meteorólogos informan que una de ese tipo se produce cada mil años. En efecto, cayó sobre el Estado de Texas tanta agua en un día, como el equivalente a la que pueda caer en un año, y con dicha cantidad se podrían llenar 35 mil edificios como el Empire State, que tiene 102 pisos.

Los medios de desinformación muestran las escenas de destrucción como si fueran accidentales e inexplicables. En ese contexto, nadie habla del cambio climático como la razón básica que explica lo sucedido en Texas, el primer Estado petrolero de los Estados Unidos, y en Houston, considerada la capital petrolera del mundo. ¿Por qué este huracán fue tan destructivo? ¿Qué explica que Houston y otras ciudades hayan recibido un nivel de lluvias nunca antes visto y se hayan inundado?

Para empezar, el Estado de Texas es una tierra de los republicanos que niegan el cambio climático y han convertido la construcción en un próspero negocio, completamente desregulado y sin ningún control gubernamental. Esto explica que se hayan destruido la mayor parte de humedales que existían en las afueras de la ciudad, el 70% en el período 1992 y 2010. Esos lugares ahora están pavimentados, con lo que se ha perdido una fuente natural de control de aguas y se han construido edificaciones, principalmente para pobres, en zonas fácilmente inundables.

Al mismo tiempo, la fuerza del huracán y las intensas lluvias son un resultado del aumento de la temperatura en las aguas del Golfo de México, que hoy son dos grados más calientes que en 1980. Y este incremento en el calor de las aguas oceánicas es la fuerza que alimenta los huracanes que se han hecho más frecuentes y destructivos en los últimos años por el calentamiento mundial, por la sencilla razón que el aumento de la temperatura calienta los mares y lanza más agua evaporada a la atmósfera.  Y ese calentamiento es producto del uso de combustibles fósiles, cuyo campeón indiscutible es Estados Unidos y su emblema el Estado de Texas. Visto así el asunto, tenemos que el cambio climático se ha sentido en forma directa en una región donde se encuentran los principales responsables de esa brusca modificación del clima. Y eso se ha producido en el mismo momento en que el Gobierno del millonario Donald Trump niega que exista el cambio climático.

Que Harvey, como fue bautizado el huracán que llegó hasta Texas, se hubiera presentado en la primera potencia mundial, indica que el cambio climático, uno de los eventos más dramáticos de nuestro tiempo, no va a discriminar entre ricos y pobres, aunque desde luego estos últimos sean siempre los primeros y más afectados. Eso mismo sucede en los Estados Unidos, puesto que los muertos y damnificados por el impacto de Harvey son los pobres y los negros, que no tienen dinero ni recursos para huir fuera del Estado o viven en los lugares más desprotegidos y en las viviendas construidas en zonas inundables y con materiales de mala calidad.

Lo sucedido con Harvey pone de presente que en Estados Unidos, en virtud del individualismo y egoísmo dominantes, sus habitantes no están preparados ni han sido educados para afrontar este tipo de catástrofes, que se creía solamente iban a azotar a los países más pobres de la cuenca del Caribe. Como no existen planes de prevención, la solución que se adapta como se ha visto también en La Florida con el huracán Irma, es de lo más tragicómica: huir en carro de los huracanes y las tormentas, formando interminables trancones de miles de kilómetros y quemando millones de galones de gasolina, lo cual acelera el cambio climático y le suministra combustible a los huracanes, para que sean más frecuentes y destructivos. Ese es el costo de la ignorancia ambiental y de la arrogancia que supone que puede huirse en forma impune de los problemas que genera un modelo irracional de vida y de sociedad.

En lugar de considerar los efectos negativos de este modo de vida (o mejor de muerte) sobre el clima mundial, siendo los datos científicos cada vez más contundentes,  no podían faltar las “explicaciones” religiosas de los pastores protestantes, para quienes las inundaciones de Texas no son resultado de ningún cambio climático, puesto que ellos niegan que exista, sino que son un castigo de Dios porque en ese lugar y en todos los Estados Unidos se acepta la homosexualidad. Por ejemplo, el pastor evangélico Kevin Swanson aseguró que no era coincidencia que las inundaciones hubieran sucedido en Houston, donde “hubo una muy activa alcaldesa pro-homosexual hasta mayo del 2016”, porque “Jesús envía el mensaje a casa, a menos que los estadounidenses se arrepientan, a menos que Houston se arrepienta, todos ellos también perecerán”.

A la impunidad ambiental que caracteriza a los dueños de Texas, los grandes petroleros, junto con su analfabetismo climático, debe agregársele, para configurar un explosivo coctel, la ignorancia del fanatismo religioso, con su sarta de embustes y estupideces. Que esa mezcla se produzca en los Estados Unidos, la primera potencia mundial y epicentro de los mayores desarrollos científicos y tecnológicos, indica que la estupidez no tiene patria y es de las pocas cosas que verdaderamente se han globalizado, hasta alcanzar unas cotas de cretinismo que abruman por su falta de sentido. En esta perspectiva, en Estados Unidos aparte de los huracanes producidos por el cambio climático, hay que agregar los huracanes del odio, la ignorancia y la mentira.

Saturday, 16 September 2017 19:00

Peones incondicionales de los Estados Unidos

El 20 de julio, día de la independencia de Colombia, como cruel paradoja de fondo, el director de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el ultraderechista Mike Pompero, reveló, durante un foro sobre seguridad realizado en el Instituto Aspen de Colorado, Estados Unidos, que había realizado viajes a Bogotá y Ciudad de México a comienzos del mes de julio en donde habló con el alto Gobierno de estos dos países sobre Venezuela.

En concreto, afirmó que ''cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundo interés en garantizar que el país esté tan estable y democrático como sea posible”. Una confesión  que indica que el interés de los Estados Unidos en Venezuela, encubierto con una retórica falsamente democrática, es el petróleo de ese país, y para apropiarse plenamente de esa riqueza van a intervenir cuando les venga en gana, como en efecto lo están haciendo en forma descarada.

Agregó el terrorista en jefe de la CIA que “estamos trabajando muy duro para hacer eso” (es decir, desestabilizar al Gobierno legítimo y constitucional de Venezuela). Argumentó además que  “yo siempre tengo cuidado cuando hablamos de Sur y Centroamérica y la CIA. Hay muchas historias. Así que quiero tener cuidado con lo que digo (cuidado para anunciar que está en marcha un golpe de Estado contra Venezuela,


debe entenderse), pero basta señalar que estamos
muy optimistas de que puede haber una transición en Venezuela, y nosotros –vale decir la CIA– está haciendo lo mejor de sí para entender la dinámica allá, para que podamos comunicársela a nuestro Departamento de Estado y otros, los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de México (el viaje de la primera semana de julio, junto con el general Kelly), en Bogotá, la semana antepasada, hablando sobre este tema precisamente, intentando ayudarles a entender las cosas que podrían hacer para lograr un mejor resultado para su rincón del mundo y nuestro rincón del mundo''.

El jefe de la principal agencia terrorista de los Estados Unidos está diciendo, sin tapujos, que les ha ordenado a los gobiernos vasallos de México y Colombia que incrementen su participación en el proceso terrorista en marcha en Venezuela, cuyo fin estriba en derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Cuando el dueño del circo habla, en este caso el Director de la CIA, hay que creerle, máxime cuando esas palabras se ven rubricadas por los hechos: el Gobierno de Donald Trump, cual amo imperial de otros tiempos, impuso sanciones a miembros del Gobierno venezolano, entre ellas a funcionarios que se encuentran al frente del proceso constituyente, y dio la orden de retirar a su personal diplomático de Caracas; al mismo tiempo, arreció por medio de su “Ministerio de Colonias”, la Organización de Estados Americanos (OEA), su intento de legitimar una intervención en la República Bolivariana de Venezuela, aunque nuevamente esta maniobra le falló.

De inmediato, los payasos del circo, representados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México y la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, salieron a decir que el Gobierno de Venezuela estaba malinterpretando las palabras del amo imperial, que no querían decir lo que dijo, cuando estuvo en estos países dando órdenes.  

Según las declaraciones vergonzosas de los payasos de México y Colombia deberíamos creer que el jefe de la CIA visita nuestros países para hablar de temas tan “transcendentales” como el divorcio del futbolista James Rodríguez o la eliminación del Tricolor (la selección mexicana de Futbol) de la Copa de Oro y las preocupaciones que le genera que su director técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, haya sido abucheado al llegar al aeropuerto de Ciudad de México y le hayan gritando “vete a tu país”… A hablar de asuntos de “tanta monta” vendría el Director de la CIA a su patio trasero y no habría que malinterpretarlo con suposiciones sobre golpes de Estado y acciones terroristas oficiales de Colombia y México.

Los hechos muestran la manera rastrera como los actuales gobiernos de México y Colombia son cachorros de Estados Unidos en el continente latinoamericano, continuando con una tradición, rubricada en las últimas décadas en el caso del país azteca, y una actitud postrera por parte del Estado colombiano desde  comienzos del siglo XX.

Siguiendo el guión diseñado en los Estados Unidos, que se quitó la careta humanitaria y ha señalado la hora cero para derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro, los regímenes de Colombia y México actúan en consonancia con ese guión, que significa el apoyo incondicional a los terroristas de Venezuela, formados y preparados por paramilitares colombianos, alcanzando unos niveles escandalosos de injerencia en los asuntos internos del hermano país. Acá en Colombia, por ejemplo,  se les dan clases de “democracia” a los venezolanos, se aplaude a través  de los medios de desinformación terrorista (Semana, El Espectador, El Tiempo, Caracol, RCN…) las acciones criminales de los mal llamados opositores, se insta a que se sabotee el proceso constituyente en marcha, se pinta como héroes a los criminales y asesinos (como Leopoldo López), se recibe oficialmente a gobernadores opositores (como a Henrique Capriles, del Estado de Miranda), se avala un fraudulento plebiscito y se aceptan como válidos los supuestos siete millones y medio de votos (en el que hasta los muertos votaron y se quemaron las urnas).

Para completar la vergüenza, que en este caso produce el hecho de ser colombiano, el régimen santista junto con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU., Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú presentaron una fallida declaración intervencionista que “exigía” suspender las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta declaración alcanzaba tal grado de injerencia que hasta el Gobierno de Uruguay se negó a apoyarle y le quitó el respaldo al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, otro cachorro del imperio, de nacionalidad uruguaya.

Esta decisión demuestra que no todos son peones del imperialismo ni tienen el grado de abyección y entreguismo que caracteriza a las clases dominantes de Colombia, de las cuales Juan Manuel Santos es uno de sus más conspicuos ejemplares: anti latinoamericanos por excelencia, enemigos de los pueblos del sur del Río Bravo, eslabones de la dominación imperialista, en fin, títeres amaestrados en inglés.  

Wednesday, 02 August 2017 19:00

¡El país más feliz del mundo!

Existe un país que exhibe los peores indicadores de terrorismo de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En ese país se han asesinado a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien por año), y hace pocos días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle. En ese país han sido asesinados unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos años, como es el caso del líder de la población afrodescendiente Bernardo Cuero, asesinado el 7 de junio.

En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadoras, 400 de las cuales han sido asesinadas en el primer semestre del 2017, como expresión del machismo clerical que aquí impera. Uno de esos casos se presentó en diciembre de 2016, cuando un individuo perteneciente a las clases dominantes, de nombre Rafael Uribe Noguera, un “hombre de bien”, como dicen los medios de desinformación, con sevicia secuestró, violó, torturó y asesinó a la niña Yuliana Samboní, hija de una familia de desplazados de una comunidad indígena del Cauca.

En ese país, según denunciaba Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se presenta una “ola de asesinatos de indígenas”. El 19 de abril fue asesinado Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el municipio de Timbío, Cauca, a pesar de contar con medidas de protección del Estado.

En ese país fueron asesinados más de 500 defensores de Derechos Humanos en los últimos 10 años, 80 de ellos en el 2016. En promedio cada cuatro días es asesinado un defensor de derechos humanos. En ese país fueron asesinados 107 ambientalistas en el 2016, algo que no resulta sorprendente si tenemos en cuenta que este mismo país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus variadas riquezas naturales están en la mira de grandes empresas transnacionales, que suelen financiar a sicarios y asesinos paramilitares.

En ese país se presenta la mayor cantidad de desplazados  internos de todo el mundo, puesto que según informaciones del Consejo Mundial para Refugiados, hasta diciembre de 2016 se habían expulsado a 7,2 millones de personas de sus tierras y lugares de residencia, superando a países como Irak, Siria, Sudan o Libia.

En ese país han sido asesinados ya cuatro miembros de una insurgencia desmovilizada, apenas habían salido de la cárcel (recordemos que el actual presidente de ese país continuamente anunciaba el dilema de “la cárcel o la muerte”, pero ahora parce haberse actualizado el eslogan con el dicho de “primero la cárcel y luego la muerte”), además han sido asesinados ocho familiares de ex guerrilleros, como parte de una campaña de exterminio en marcha.  El primer insurgente asesinado fue Luis Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco; el día donde fue vilmente ultimado en abril de 2017, fue solo quince días después de haber salido de la cárcel.

En ese país, el 10% de la población más rica gana cuatro veces más que el 40% más pobre. En ese país, según el Índice de Theil (que mide la distribución de la renta, o la desigual distribución de la riqueza), pasó de 0,807 en 2000, a 0,831, en 2013.  Tan desigual es este país que el afamado economista Thomas Piketti dejando de lado la diplomacia que caracteriza a cierto tipo de académicos cuando hablan del lugar al que son invitados, sostuvo a comienzos de 2016 que “este país es uno de los más desiguales del mundo”.

En ese país, según  una Comisión de Expertos en tributación nombrada por el propio Gobierno, sus verdaderos dueños, los grandes supermillonarios, evaden anualmente unos 30 billones de pesos, mediante exenciones o deducciones. En ese país, la corrupción del sector público y privado alcanza tal magnitud que en un solo negociado, el de la Refinería de Cartagena, los sobrecostos de su modernización alcanzaron la cifra de 4 mil millones de dólares, una cifra que corresponde a algo así como 1,5 veces el costo de ampliar el canal de Panamá, una de las obras de infraestructura más costosas de América Latina.

En ese país, donde se presume mucho de practicar la libertad de prensa, cinco grandes grupos económicos son propietarios de los principales medios de comunicación (radio, televisión y prensa escrita). En ese país se difunde cada cierto tiempo la noticia -que parece entresacada de los cuentos de hadas-, de que es lugar más feliz del mundo.

El país del que les hablo es Colombia, cuyo presidente ha sido galardonado el año anterior con el Nobel de la Paz, lo cual en verdad debería leerse como el Nobel de la Muerte, lo cual no es raro que ocurra por los nefastos antecedentes de ciertos personajes que han recibido tal premio (Barack Obama, Henry Kissinger, Simon Perez, entre otros notables criminales de guerra).

Pero nada de lo anteriormente mencionado es noticia para los grandes conglomerados mediáticos, ni tampoco parece preocupar a cierta intelectualidad biempensante que ha retomado, para referirse al caso venezolano, la teoría de los dos demonios a la hora de intentar explicar la violencia que allí se ha desatado en las últimas semanas.

Es bueno preguntarse por qué razones ese país, Colombia, no aparece nunca mencionado como el paraíso de la desigualdad, la antidemocracia y la injusticia en el continente y por qué razones no existe una solidaridad con el sufrido pueblo colombiano por parte de intelectuales y vedettes académicos (como Boaventura de Sousa Santos) –algunos de los cuales desde Europa y otros lares nos suelen visitar con relativa frecuencia–. Lo llamativo es que muchos de esos mismos intelectuales –y usamos un término completamente desprestigiado, porque como decía Eduardo Galeano esa noción  separa el corazón de la razón, o el pensamiento del sentir– se pronuncien con tanta beligerancia contra el Gobierno venezolano, pero nunca nombren al régimen criminal y al terrorismo de Estado imperante en Colombia.

Y existe un hecho adicional que hace más preocupante el silencio sobre lo que sucede en Colombia –en donde el terrorismo de Estado no ha dejado de operar, a pesar del discurso sobre la paz–, y es que precisamente este es uno de los países que se han convertido en punta de lanza de esa doble tenaza que amenaza a la revolución bolivariana: la intervención imperialista de los Estados Unidos y la subversión interna de los golpistas abiertos y disfrazados.

El lunes 29 de mayo de 2017 murió el ex dictador Manuel Antonio Noriega, quien se convirtió en el primer gobernante en ser, al mismo tiempo, derrocado por una invasión militar de los Estados Unidos, capturado en forma ilegal, juzgado y condenado por un tribunal de la primera potencia mundial. Como si fuera poco, la invasión que sufrió Panamá el 20 de diciembre de 1989 se constituyó en la piedra inaugural del nuevo desorden mundial, tras la caída del Muro de Berlín, un hecho que había acontecido semanas antes.

Para derrocar a Noriega, los invasores de Estados Unidos llevaron a cabo la operación denominada “Causa Justa”, por parte del gobierno de George Bush I, quien ordenó la invasión de Panamá, que fue también la de toda nuestra América, aunque de eso no exista mucha conciencia. A raíz de la muerte de Manuel Antonio Noriega vale la pena recordar la invasión de 1989, el hecho principal que debería subrayarse, pero que no se menciona o se señala como algo anecdótico, para quedarse en chismes secundarios sobre la vida de Noriega que ocultan las verdaderas razones de la acción criminal de Estados Unidos.

Manuel A. Noriega era un militar común y corriente, formado en la Escuela de las Américas (la fábrica anticomunista de dictadores de los Estados Unidos), que hizo parte de la nómina de agentes secretos de la CIA, cuando esta era dirigida por George Bush, quien luego fue presidente de los Estados Unidos y el encargado de dar la orden de invadir a Panamá. Noriega no se diferenciaba de los militares formados en los Estados Unidos para servir al “mundo libre”, hegemonizado por el imperio del norte, en labores de contrainsurgencia. Cometió el error, no de meterse en el negocio del narcotráfico, porque eso en verdad poco le interesa a los Estados Unidos, sino de distanciarse de sus antiguos amos y asumir una postura independiente, sobre todo en lo relativo a los procesos de paz de América Central a finales de la década de 1980. Esto disgustó profundamente al Gobierno de los Estados Unidos, que planeó su derrocamiento para entronizar en su lugar a un títere incondicional, cuyo nombre no vale la pena recordar, y asegurarse el control del Canal de Panamá.
Para realizar la invasión se esgrimió el pretexto de que Noriega era un dictador –como si eso le importara a los Estados Unidos– y estaba involucrado en negocios de narcotráfico, en alianza con el cartel de Medellín. Se adujo textualmente, con todo el cinismo del caso, que la invasión a Panamá se hacía para "proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses presentes en el país, defender la democracia y los derechos humanos, combatir el narcotráfico y asegurar la futura neutralidad del canal". Para lograr su captura, Estados Unidos organizó una sangrienta invasión en la que participaron unos 25 mil militares, en la mayor campaña llevada a cabo en el mundo por los Estados Unidos, luego de la guerra de Vietnam.

Las tropas de asalto que venían de las bases militares de Estados Unidos solo tuvieron que realizar un corto recorrido para ocupar el territorio soberano de Panamá. Portaban armas contundentes y experimentaron con nuevos artefactos bélicos, como aviones, helicópteros, ametralladoras, cañones, vehículos de asalto –que luego van a usar en Irak, Yugoslavia, Afganistán…–, arrasando con lo que encontraban a su paso. Su devastadora acción dejó una cifra de siete mil panameños muertos, de los barrios más pobres de Ciudad Panamá, como aconteció con El Chorrillo, que fue bombardeado en forma inmisericorde.

Tras la invasión brutal y a medida que caían los reductos militares que enfrentaban a los ocupantes, quedó en evidencia que Noriega no contaba con respaldo popular, por lo que en últimas se vio obligado a refugiarse en la sede del Nuncio Apostólico. El Vaticano, encabezado por Juan Pablo II, no le concedió asilo y lo entregó finalmente a las tropas de los Estados Unidos en los primeros días de enero de 1990, como muestra del “sentido humanitario” del papa anticomunista. Noriega, que era pusilánime y cobarde, no enfrentó a los invasores hasta sus últimas consecuencias, ni tampoco tuvo la valentía de suicidarse como lo hizo, por ejemplo, Salvador Allende. En razón de esa cobardía se convirtió en el botín que justificaba la invasión a los ojos de Estados Unidos.

Noriega cayó en manos de los Estados Unidos en una forma relativamente fácil, sin mucha resistencia, aunque el costo humano de la invasión haya sido terrible para los panameños, puesto que dejó miles de muertos y heridos, así como la destrucción de barrios enteros de la capital panameña. Noriega fue capturado por los invasores, trasladado a los Estados Unidos, donde fue juzgado como narcotraficante y condenado a 40 años de cárcel. Permaneció en prisión durante 20 años en las cárceles de los Estados Unidos, luego de lo cual fue entregado a Francia y por último a Panamá.

Con este proceder quedó establecido un grave precedente a nivel mundial en términos de derecho internacional, puesto que un país –los Estados Unidos– no solamente se arroga el proceder arbitrario y unilateral, que le da su fuerza y su poder, de condenar por anticipado al mandatario de un país al que considera como su enemigo, sino que dispone invadir un territorio, masacrar a sus habitantes y destruir su infraestructura, con el pretexto de capturarlo. Luego de que lo hubo logrado puso en lugar de Noriega a un títere incondicional, y juzgó y condenó a su antiguo socio de la CIA, en un juicio secreto, para que nadie escuchara las posibles denuncias de Noriega sobre sus vínculos poco santos con los estadounidenses.

Estados Unidos, actuando como el sheriff del oeste, cumplió la función de ser acusador, dictar sentencia y ejecutarla a su antojo, sin el más mínimo respeto por el derecho internacional, a pesar de que actuó contra un antiguo miembro de la CIA, lo que demuestra que Estados Unidos nunca tiene amigos sino intereses. Un antecedente funesto que debe recordarse en la actualidad, para referirse a los acontecimientos de Venezuela, y cuando las acusaciones y mentiras de los medios de desinformación contra el Gobierno legítimo y constitucional de ese país lo catalogan como una “dictadura”, y el Comando Sur de los Estados Unidos recomienda su derrocamiento. Esto indica que los acontecimientos de Panamá, a finales de 1989, fueron la antesala inaugural de lo que ha sucedido en las últimas tres décadas, cuando la primera potencia del mundo se ha convertido en un régimen criminal e ilegítimo, un peligro para cualquier país soberano e independiente.

Saturday, 29 April 2017 19:00

Mocoa, una tragedia poco natural

Hemos dicho en reiteradas ocasiones, a propósito de numerosas tragedias ambientales y humanas, que no  hay desastres naturales. Lo que se presentan son catástrofes que se originan por acciones humanas que se pueden indicar de manera precisa, y cuya responsabilidad esencial recae en empresas nacionales y extranjeras (madereras, mineras, forestales), grandes terratenientes y ganaderos, y diversos sectores extractivistas… En contra de cualquier evidencia, los grandes medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo…) que convierten cualquier tragedia en una mercancía que se vende y se consume, y de la que obtienen grandes beneficios, señalan que lo de Mocoa ha sido otro desastre natural, como si fuera un castigo divino o la furia imparable de una manigua incivilizada.  

No hay tal, puesto que para entender las causas que explican lo acontecido en Mocoa es necesario referirse a factores de índole local, y a la manera como los mismos se retroalimentan con factores mundiales, asociados al cambio climático. Las dos cosas están ligadas en forma directa como lo debe mostrar un análisis medianamente serio de lo acontecido.

La tragedia
Al amanecer del primero de abril de 2017 una inmensa masa de piedras, palos, lodo y escombros arrasó y afectó en forma directa a diecisiete barrios de Mocoa, dejando a su paso un saldo de más de 300 muertos, un cuarenta por ciento de ellos niños, centenares de heridos y miles de damnificados, que perdieron lo poco que tenían. Como un hecho reiterativo en este tipo de catástrofes, los afectados son siempre los más pobres entre los pobres, los eternamente vulnerables, los nadies, de los que no se sabe su existencia, ni sus dramas, pero cuyo dolor incrementado sí beneficia a los dueños de los medios de desinformación y a politiqueros del Gobierno o en campaña electoral.  

Mocoa es una ciudad de unos 60 mil habitantes, la puerta de entrada por tierra a la amazonia colombiana, que se localiza en el piedemonte de la cordillera andina. Se encuentra en medio de ríos, quebradas y corrientes de agua. Tres de ellos, el Mocoa, Mulato y Sangoyaco se salieron de su cauce y arrasaron con lo que encontraron. Fueron afectados los barrios ubicados en las laderas bajas, en zonas que previamente fueron deforestadas y en las que nunca se debió construir ningún asentamiento humano, pero hasta allí llegaron miles de colombianos huyendo de la violencia paramilitar y extractivista que ha asolado la región.

A la muerte súbita del primero de abril, que era una tragedia anunciada desde tiempo atrás, se suma otra tragedia permanente, la de la huida, ya que la mayor parte de los habitantes del municipio son desplazados por las violencias, incluyendo en ellas la generada por la explotación minera y petrolera, de la que nunca se habla. En efecto, Mocoa es un poblado grande que se ha ensanchado por la llegada de refugiados del conflicto, que vienen del resto del departamento, lo que quiere decir que un hilo invisible, pero directo, une a los muertos y heridos de la avalancha y a los muertos y heridos de la guerra en la región. Los desarraigados y expulsados de sus tierras y sitios de origen y de trabajo tuvieron que asentarse en zonas inadecuadas para ser habitadas, construir sus humildes ranchos en la ronda de los ríos, desprovistos de cualquier servicio básico.

Las causas
El Putumayo es el quinto departamento del país que más ha sido afectado por la deforestación, que alcanzó en el 2015 la cifra de 9 mil hectáreas.  Deforestar, quitar la cobertura vegetal del suelo, es una vía segura hacia el desastre, puesto que desnudar las montañas genera erosión y la tierra se torna más vulnerable a las intensas lluvias que arrastran los sedimentos. En Mocoa se deforestaron las cuencas hídricas y en ciertos barrios, como San Antonio, el que primero sintió y sufrió la avalancha, se eliminó por completo la cubierta vegetal. En sentido opuesto, el barrio El Carmen quedó en pie, debido a que en ese lugar se conservó el bosque primario, formado por la especie Chiparos, junto con cedros, cachimbos, palo negros, chontas y ceibas. Esa vegetación evitó que el desastre fuera mayor en el norte de Mocoa, ya que esos árboles absorben y retienen agua, al tiempo que sus raíces estabilizan el suelo e impiden la erosión.  

Algunos periodistas enfatizan que la erosión ha sido generada por los pobres que se arruman en tugurios insalubres en gran parte de Mocoa. Eso es la apariencia, el resultado de las acciones de supervivencia de aquellos que han sido desplazados por la violencia y no les queda otra alternativa que instalarse, a riesgo de su vida, en las rondas de los ríos. Ese señalamiento deja de lado a los grandes responsables y beneficiarios de la deforestación en el Putumayo, que son compañías petroleras, mineras y madereras. No por azar, la mitad de los puntos calientes de deforestación se encuentran en la amazonia, un territorio saqueado por empresas colombianas y extranjeras, un paraíso del extractivismo.  En los últimos 50 años, tras el descubrimiento de petróleo en la década de 1960, se inició la fiebre del oro negro en la región y luego vino la prospección minera en el departamento, incluyendo los cerros que circundan a Mocoa. Como lo denuncia la Asociación Minga: “Bloques petroleros y títulos mineros dibujan hoy el mapa del departamento por encima de ecosistemas estratégicos y culturas ancestrales, junto con los corredores viales '4G' que sirven a tales megaproyectos. Una  economía transnacional que instalan allí empresas como Vetra, Gran Tierra, Amerisur, Anglo Gold, entre otras”.

Junto a los factores locales, deforestación, explotación minera, expulsión de población, pobreza inducida que obliga a la gente a apiñarse en las rondas de los ríos y en construcciones frágiles e insalubres, debe hablarse del impacto de las transformaciones mundiales del clima. Estas son una realidad inocultable, no solo por lo acaecido en Mocoa sino al mismo tiempo en otros lugares del mundo próximos y distantes (Perú, Europa, Vietnam…). En concreto, se han modificado los patrones de precipitación mensual y anualmente, así como la frecuencia de eventos extremos (huracanes, tifones, ciclones), por lo que ahora las lluvias son más intensas en ciertos lugares, como en la amazonia. En la noche del 31 de marzo de 2017 la lluvia que cayó en Mocoa alcanzó la cifra de 600 mm, cuando anualmente se vierte un promedio de 10.000 mm, lo cual indica que en pocas horas llovió lo correspondiente a un mes.

 En pocas palabras, la combinación entre la destrucción ambiental y forestal y los altos niveles de vulnerabilidad de los más pobres, asolados por la guerra y la minería, son las principales causas de la tragedia de Mocoa. La suma de esos factores locales y mundiales conduce a pensar seriamente, para el caso colombiano, la directa relación que existe entre colonización, deforestación y modificación climática.

Los lunáticos y reaccionarios
Cuando en el 2005 se produjo el desastre de Nueva Orleans, en Luisiana (Estados Unidos), un pastor protestante llamado Tony Perkins aseguró que los desastres naturales son enviados por Dios, "son un castigo por el aborto y el matrimonio homosexual". Lo interesante del caso es que años después a ese mismo personaje se le inundó su propia casa, como castigo a su impertinente ignorancia.

Pero si por los Estados Unidos llueve en materia de estupideces, por acá, en Colombia, no escampa, puesto que el senador uribista del Centro (Anti) Democrático, Daniel Cabrales, sostuvo: “El día de ayer se registró una avalancha en Mocoa donde dan parte de más de 30 (sic) muertes, de donde según me cuentan fue provocada con dinamita explosiva depositada por las Farc”. Mentiras de este calado no extrañan en gente tan ignorante y atrevida, por la impunidad que la cobija, cuyos intereses están vinculados a los grandes terratenientes y ganaderos, los mismos que han contribuido a deforestar los suelos de este país y a producir catástrofes como la de Mocoa.

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