Renan Vega Cantor

Renan Vega Cantor

“Los paramilitares operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.  Tribunal Especial de Medellín, citado en “Justicia investiga 12.000 empresarios que financiaron a paramilitares”, El Tiempo, mayo 15 de 2015.

 

Tras la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP va quedando en evidencia el verdadero sentido de lo que el bloque de poder contrainsurgente (en el que los “empresarios”, vaporoso nombre en el que se encuentran, entre otros, industriales, comerciantes, ganaderos, exportadores, terratenientes y firmas transnacionales) entiende por paz y por fin del conflicto armado. Para esos “hombres de bien” que serían los empresarios, como los denomina cierta jerga periodística, la paz quiere decir simplemente que se desmovilice la insurgencia, se le juzgue por haber ejercido el derecho a la rebelión y no pase nada más. Esto significa que el país sea como siempre ha sido, antidemocrático, desigual e injusto, que no haya ninguna reforma y ellos, los empresarios –los verdaderos dueños de Colombia– sigan tranquilamente con sus negocios, acumulando capital y obteniendo jugosas ganancias (como lo hace a sus anchas el capital financiero y los grandes cacaos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, o Alejandro Santo Domingo), sin interesar los métodos violentos que muchos de ellos han utilizado para conseguirlas. Para estar tranquilos, esos empresarios exigen que ni siquiera se pretendan establecer los mecanismos que muchas empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares, cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para ampliar sus propiedades y riquezas.

La gran prensa –también de “empresarios de bien”, responsables directos de la guerra– ha difundido la falacia de que el responsable exclusivo del conflicto interno ha sido la guerrilla y que tanto el Estado como las clases dominantes (ambos forman el bloque de poder contrainsurgente) son unas “mansas palomas”, que habrían actuado en “defensa propia” en el peor de los casos o simplemente son víctimas indefensas en esta guerra. Esta mentira pretende lavar la imagen y absolver a los poderosos empresarios de cualquier responsabilidad en los numerosos crímenes escenificados en la geografía nacional en los últimos 60 años.

Ahora cuando se habla de una “justicia transicional” que incluya entre los responsables del conflicto armado a empresarios, estos y sus voceros han dicho que eso es inaudito. Con desparpajo sostienen que eso forma parte de la estrategia del castro-chavismo de tomarse el país, con la complicidad de Juan Manuel Santos y con el objetivo de ahuyentar la inversión privada del territorio colombiano. Desde luego, no interesa que hasta los manipulados procesos de “Justicia y Paz” con los paramilitares hayan generado 12 mil procesos de investigación que comprometen a empresas como financiadoras del paramilitarismo y sus múltiples crímenes y masacres.

Según la Revista Semana, una defensora incondicional de los empresarios, a estos les preocupa que se desate una “cacería de brujas”, un pánico que se funda en tres temores: “El primero es que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices de los paramilitares. El segundo, que se creen unas mafias de falsos testigos que terminen por salpicar a empresarios en la búsqueda por encontrar la 'verdad'. Y el tercero es que el sistema está hecho solo para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir la cárcel será confesar crímenes no cometidos”. Estos temores simplemente demuestran que “a confesión de parte, relevo de pruebas”, porque nadie les estaba preguntando sobre cómo medir su responsabilidad. Si lo confiesan por anticipado es que esos temores simplemente revelan hasta dónde ha llegado su financiación de los paramilitares. Además, lo significativo es que dichos temores se hagan públicos a partir de mentiras, lo que indica ya la “seriedad” de los empresarios, de los políticos de la BACRIM de los 'uribeños' y de sus periodistas. En efecto, la noticia que generó revuelo sobre el supuesto juicio a los empresarios se originó no en declaraciones de la Fiscalía o alguna instancia del Estado sino en una investigación académica en la que se hablaba de 57 empresarios que han sido mencionados por los paramilitares, pero que se le imputó en forma mentirosa y con premeditación al Tribunal de Justicia y Paz.

Y a partir de esa indagación académica se ha armado un escándalo, con la perspectiva de reforzar la mentira de que tras ese acuerdo de justicia transicional se encuentra el castro-chavismo y se pone en peligro la santa propiedad privada en este país. Como para que no queden dudas, la misma Revista Semana – ¿será que teme que también pueda ser juzgada por su responsabilidad directa en nuestro conflicto interno?– sostiene sin ningún recato que “en el sector privado existe una prevención de que la justicia en general, y particularmente los expertos en paz y en derechos humanos suelen tener una tendencia inclinada a la izquierda”. Como quien dice, el solo hecho de hablar de paz y defensa de los derechos humanos les produce escozor a los empresarios, por aquello de que la justicia es para los de ruana, pero jamás debe tocar a los poderosos, algo que siempre ha caracterizado a la sociedad colombiana.

Haciendo eco de la sorpresa que produce cualquier acusación contra los empresarios, el propio Juan Manuel Santos ha dicho: “Francamente yo no conozco ningún empresario, y conozco muchos, que uno se imagine que esté abrazado de Mancuso queriendo masacrar un pueblo, eso a nadie le cabe en la cabeza”. O Santos se hace el ingenuo o el ignorante, porque el mismo Salvatore Mancuso en reiteradas ocasiones ha manifestado que empresarios, ganaderos y militares, de los cuales dio nombres, fueron financiadores y promotores de los paramilitares tanto en Córdoba como en otras regiones de Colombia. Además, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en el 2015 señaló en una sentencia contra desmovilizados del bloque de Salvatore Mancuso que los empresarios y comerciantes que promovieron o financiaron el paramilitarismo en el país debían pedir perdón y reparar a las víctimas. Incluso, para esos investigadores ciertos empresarios debieron desmovilizarse con las autodefensas paramilitares, “porque hicieron parte de sus estructuras de apoyo”. Para desmentir la afirmación antes mencionada de Juan Manuel Santos, en el expediente citado aparece un testimonio de Salvatore Mancuso en el que señala que “cuando nació el bloque Norte se reunió con ganaderos en un club en el centro de Medellín en donde ellos se comprometieron a financiar el grupo, que sabían que era una organización ilegal'”.


Aparte de Juan Manuel Santos, en los últimos días han aparecido “defensores de oficio” de los empresarios, entre los que cabe mencionar al vicepresidente de la República, Vargas Lleras, quien manifestó su preocupación por los probables excesos de la justicia transicional que llevan a que los tribunales especiales cometan arbitrariedades contra “civiles y empresarios”. Entre esos defensores de oficio, que no hablan gratis pues siempre cobran por sus servicios, se encuentra el nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó: “La realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las FARC y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la paz, como lo dice el acuerdo y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación”. Es decir que este individuo ya sabe de antemano qué sucedió y quiénes fueron los responsables. No por azar, su labor se ha centrado en lavar la imagen de grandes grupos económicos, tales como los cacaos Ardila Lulle, Sarmiento Angulo, y el Grupo Gilinski, entre otros.

Lo que se pretende es que los crímenes de los financiadores de la guerra queden en la completa impunidad y no se conozca ni una parte de los numerosos delitos de que son responsables. No cabe lugar para preguntarse sobre los culpables corporativos del asesinato de tres mil sindicalistas, entre los que se encuentran transnacionales del banano (La Chiquita Brands), del carbón (La Drumond), y de las bebidas y alimentos (Coca-Cola y Nestlé). Tampoco se debe averiguar ni dar a conocer los nombres de los “ilustres empresarios” que se han beneficiado con el despojo de millones de hectáreas de tierras –y la expulsión de millones de campesinos y la muerte de otros miles–, entre los que se encuentran las empresas del azúcar, de la palma aceitera, del banano, los ganaderos, y los bancos y grupos financieros. Mucho menos debe preguntarse sobre las empresas mineras y sus socios locales, que han destruido ecosistemas y han expulsado de sus territorios a indígenas, afrodescendientes y campesinos a lo largo y ancho del país, empresas entre las que se encuentran la Pacific Rubiales o la Anglo Gold Ashanti.

Para que no se conozca ni siquiera una parte de la verdad sobre la participación directa de los empresarios en el conflicto interno de nuestro país es que se está organizando esa campaña de auto-victimización, en donde los que han financiado y armado ejércitos paraestatales, ahora aparecen como unos mansos e indefensos corderos, que no rompen ni un plato. Por eso, el temor a la verdad que tienen los empresarios, los periodistas de los grandes medios (como RCN, de propiedad de Ardila Lulle, una de cuyas empresas, Postobón, fuera denunciada en el 2007 por Salvatore Mancuso de darle contribuciones económicas a los paramilitares de la Costa Atlántica) y todos los políticos ligados a esos “prósperos y patrióticos empresarios”. No sorprende, en ese sentido, el cinismo del presidente de la Anif -Asociación Nacional de Entidades Financieras-, Bruce Mac Master, quien aseguró que “no podemos llamarnos a equívocos, no puede haber juegos políticos que pretendan convertir las víctimas en victimarios”.

Razón tenía Bertolt Brecht cuando decía que "con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres".

Sunday, 21 August 2016 19:00

La biodiversidad amenazada

La biodiversidad o diversidad biológica es un término que hace alusión a la extraordinaria variedad de la vida existente en el planeta tierra, en la que se incluyen los animales, las plantas, los lugares donde habitan y los ambientes que los rodean, así como los conocimientos generados por las sociedades indígenas sobre los ecosistemas. Esa riqueza natural y cultural está en serio peligro por la mercantilización creciente en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida. La expansión del capitalismo en las últimas décadas colonizó hasta el último rincón del planeta, con la subsecuente disminución de la biodiversidad.

La sobreexplotación de ecosistemas, la contaminación, la deforestación, la introducción de especies invasoras, la difusión de organismos genéticamente modificados, junto con los cambios climáticos, son algunos de los factores determinantes en la destrucción acelerada de la biodiversidad. Esos fenómenos son un resultado directo de la conversión en la naturaleza en un simple reservorio de materias primas para diseñar mercancías, así como la destrucción de hábitats naturales para construir ciudades, carreteras, obras de infraestructura, extraer hidrocarburos y minerales, o diseñar zonas dedicadas al turismo.

Un reciente informe de la Revista Science de julio de este año cuantifica con detalle el efecto de la pérdida del hábitat en la diversidad global. Allí se sostiene que en el 58% de la superficie de la tierra, donde se aloja el 71% de la población mundial, se ha presentado tal pérdida de biodiversidad que los ecosistemas no podrán soportar el peso de las sociedades humanas. Entre los más afectados por la disminución de la biodiversidad se encuentran los prados, sabanas y bosques. En el estudio se acuña el término de “recesión ecológica” para llamar la atención, con un vocablo tomado de los economistas, que hay una dura realidad de destrucción natural que debería preocupar a la humanidad, puesto que está en peligro su propia existencia. Como lo dijo Andy Purvis, del Museo de Historia Natural de Londres, “Estamos jugando a la ruleta rusa ecológica”.

Lo peor del caso es que la “recesión ecológica”, a diferencia de las recesiones económicas del capitalismo, no es un momento pasajero o coyuntural, sino que representa un salto al abismo, pues coincide con el brusco vuelco climático, el aumento de los niveles de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmosfera y las alteraciones en los ciclos globales de nitrógeno. Una expresión del colapso ecológico y del asesinato de la biodiversidad, del cual el capitalismo es el responsable principal con su tren irrefrenable de producción y consumo de mercancías para obtener ganancias monetarias que benefician a una reducida franja de la población mundial. Es la sexta extinción de especies, un ecocidio que está en marcha ante nuestros ojos.

La diferencia de esta extinción con las cinco anteriores radica en que es la primera causada por factores humanos y no naturales. La quinta extinción se presentó hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios y el 90 por ciento de las especies por entonces existentes, y fue causada por el choque de un meteorito contra el planeta tierra, en el Golfo de México. La extinción de hoy en día es producto de la acción humana, pero se ha acentuado en las últimas décadas por la generalización del modo de producción capitalista, cuyo funcionamiento a partir de la lógica del crecimiento económico ilimitado ha rebasado los límites de lo ambientalmente tolerable para el planeta tierra. Hasta tal punto eso es evidente, que se estima que hoy la pérdida de especies es entre cien y mil veces superior a lo que ocurriría en forma natural por los procesos de evolución y adaptación. Para completar, esos niveles de extinción se aceleran con el trastorno climático en marcha, ya que hasta un 30 por ciento de todas las especies de mamíferos, aves y anfibios se encuentran en peligro de desaparición.

La reducción de la biodiversidad nos afecta particularmente a nosotros, los habitantes de las zonas tropicales del mundo, y en especial a los del centro y sur de América, por la sencilla razón que vivimos en un paraíso de la diversidad natural, debido a que en nuestros territorios confluyen cuatro factores: hábitats que reciben la mayor cantidad de luz solar a lo largo del año; áreas que tienen la mayor cantidad de terreno libre de hielo expuesto; zonas con una gran estabilidad climática y territorios variados (con todos los pisos térmicos). Eso ha dado como resultado que en nuestros países se encuentre tal nivel de diversidad natural, y que en las pluriselvas tropicales estén la mitad de plantas y animales del mundo. En un solo árbol de la selva del Perú el biólogo Edaward Wilson encontró 43 especies de hormigas, muchas más de las que se existen en la Gran Bretaña.

Lo peor del caso estriba en que la destrucción de la biodiversidad empobrece a la mayor parte de los habitantes de nuestros países, a la par que enriquece a una cifra insignificante de capitalistas nacionales y extranjeros. Esos beneficios a corto plazo para unos pocos, son la ruina no sólo para la mayoría de los habitantes de nuestros países sino que implican la desaparición para siempre de las maravillas de la naturaleza, de la que ya no podremos obtener los bienes y servicios que nos producen y ya no las podrán disfrutar nuestros hijos.

Tuesday, 26 July 2016 19:00

Estados Unidos y el derecho de asesinar

Dos noticias difundidas en semanas recientes, con pocos días de diferencia, sobre hechos en apariencia desconectados, ponen de presente que en Estados Unidos se ha inventado un nuevo derecho: el “derecho de asesinar”. El primer hecho es puramente doméstico de los Estados Unidos, y se refiere al asesinato de dos jóvenes mujeres por parte de su propia madre, quien las mató con un arma de fuego el día 27 de junio en un pequeño poblado del Estado de Texas. El segundo hecho es mundial, y tiene que ver con los asesinatos cometidos con el uso de drones por parte del gobierno de Barack Obama. Al respecto, el 1 de julio voceros de ese gobierno reconocieron que habían matado a 116 civiles en sus ataques selectivos llevados a cabo en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia desde que el primer presidente negro de los Estados Unidos ocupa la Casa Blanca, a comienzos de 2009. Analicemos las relaciones entre estos acontecimientos para desentrañar lo que se encuentra tras el derecho a asesinar Made in USA.


Uno
Estados Unidos es un país armado hasta los dientes en la vida cotidiana, hasta el punto que hay más armas letales que habitantes. Allí se ha proclamado como un derecho constitucional que cualquier ciudadano de ese país pueda comprar armas de fuego, sin restricción alguna. Si a eso se le agrega que en Estados Unidos cunde el individualismo, el sálvese quien pueda, la lucha de todos contra todos, el triunfo de los “exitosos”, el rechazo a cualquier proyecto colectivo o solidario, entonces se desprende que las armas se constituyan en una manifestación de dicho individualismo, junto con el automóvil, otro ícono del egoísmo personal de los estadounidenses. En una sociedad donde la propiedad privada es exaltada como un asunto sagrado, se justifica la compra y venta de armas como un mecanismo necesario para defenderla y para matar a quien ose ponerla en cuestión. Cualquier persona en los Estados Unidos, sin importar su clase, su origen racial y étnico, su género, su condición religiosa, puede convertirse de la noche a la mañana en un asesino al poder recurrir a las armas para defender a sangre y fuego todo aquello que considere de su propiedad, lo cual está justificado, con la supuesta defensa de las libertades (entre ellas la de matar) y es posible porque se consigue un arma de manera fácil, directa y barata.

Eso fue lo que aconteció en Texas cuando Christy Sheats, de 42 años, convocó a su familia para celebrar el cumpleaños de su marido. Delante de este les disparó a sus dos hijas Taylor Sheats, de 22 años, y Madison Sheats, de 17 años, con un arma calibre 38. Estas alcanzaron a huir pero fueron perseguidas y ultimadas en la calle, y luego la madre homicida fue ejecutada por la policía. En su cuenta de Facebook esta mujer se presentaba como una defensora del derecho a portar armas, ya que en marzo de este año había escrito: "Sería horriblemente trágico si me quitaran la posibilidad de protegerme a mí misma y a mi familia, pero exactamente eso es lo que los Demócratas están decididos a hacer al prohibir las armas semiautomáticas".

Como es frecuente en este tipo de asesinatos, que son el pan diario en los Estados Unidos, para eludir la responsabilidad estructural del American Way of Life (Modo Americano de Muerte) la prensa señaló que era una desquiciada mental. Sus familiares y amigos no lo creen, como lo manifestó uno de ellos: "Christy no estaba loca, hasta donde yo sé. Ignoro qué la pudo haber hecho estallar". La locura es otra, es la del sistema capitalista estadounidense, que inocula odio, sed de venganza y de muerte, para que sus ciudadanos maten a quien sea, incluso a sus propios hijos, todo con el fin de alcanzar objetivos mezquinos, porque el esposo de la mujer asesina aseguró que esta había matado a sus hijas con el fin de hacerlo sufrir, en este caso, por el resto de la vida.

Dos
El derecho a asesinar rebasa las amplias fronteras del territorio de los Estados Unidos y desde este país sus gobernantes lo han exportado al resto del mundo. Eso lo vienen haciendo desde hace dos siglos, como lo sabemos los latinoamericanos con lujo de detalles, pero ahora han innovado en la “ciencia” de matar, con el uso de los drones. Estos aviones no tripulados, cargados con armas y misiles, son accionados desde tierra y a miles de kilómetros de distancia para que alcancen el objetivo de matar a los que el gobierno imperialista de Estados Unidos designa como sus “enemigos”, entre los cuales se encuentran aquellos catalogados como “terroristas”, no importa ni el continente, ni el país, o la región donde se encuentren.

Los drones como máquinas de muerte se vienen usando desde el 2002 por parte de los Estados Unidos, pero solo hasta el primero de julio se reconoció oficialmente que durante la administración de Barack Obama, premio Nobel de la Paz, se ha incrementado el número de acciones y de muertos producidos por esos aparatos. En el informe difundido por el Director Nacional de Inteligencia (DNI), donde no se incluyen datos sobre los daños producidos en Irak, Siria y Afganistán, se indica que se efectuaron 473 ataques selectivos entre el 20 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2015, los que ocasionaron 2581 muertes de “combatientes” y 116 muertes de civiles no combatientes.

Las cifras suministradas no se corresponden con la dura realidad, puesto que hay información confirmada de ataques con drones en aldeas de Pakistán, Yemen o Somalia en la que un solo ataque con drones ha ocasionado cien o más muertos. Al margen de las cifras lo que se evidencia es que los voceros del imperialismo estadounidense aplican la pena de muerte a nivel internacional, violando los más elementales derechos humanos y los códigos de guerra, amparándose en su derecho a asesinar. Eso se hace sin juicio previo, sin escuchar a los condenados, sin recurrir a algún tribunal, sin aportar pruebas, simplemente porque eso deciden los mandamases de los Estados Unidos, como si fueran los dueños de la vida de cualquier ser humano. Y que no importa la vida humana lo demuestra la “gran noticia” de que ahora en adelante cada primero de mayo el gobierno de los Estados Unidos va a informarle al mundo sobre el número de asesinatos de civiles que ocasionan sus drones en el año inmediatamente anterior. ¡Esto es lo que llama asesinar con transparencia, informándole al mundo entero de lo que es matar a nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos!

Tuesday, 21 June 2016 19:00

Doctorcitis aguda

En los últimos meses se ha conocido la adulteración de la hoja de vida del Alcalde de Bogotá con la invención de un largo recorrido académico. Este hecho es endémico entre los políticos colombianos, quienes presumen de poseer un elevado nivel académico y ostentan títulos universitarios que nunca han obtenido.

El culto a los “doctores” en Colombia
Desde el siglo XIX en Colombia se estableció la costumbre de denominar como “doctores” a los miembros de las clases dominantes, una parte de los cuales estudiaba derecho o tenían el título de abogados. De esa forma, se estaba heredando una rancia tradición de la época colonial en que existían los títulos nobiliarios que se compraban como expresión de la “pureza de sangre”. Por ejemplo, se podía adquirir con dinero el apelativo de “Don” o “Doña”, con los que se elevaba el “estatus social” del poseedor. Aunque esos títulos no desaparecieron con la Independencia si fueron perdiendo brillo, y empezaron a ser sustituidos con el de “Doctor”, que se aplicaba principalmente a los abogados. Y en Colombia, como digna herencia del leguleyismo santanderista, nos empezamos a llenar de ese tipo de doctores, que no eran solamente los que tuvieran título de abogados, sino los rábulas, tinterillos y especies similares. Por extensión, el apelativo de “doctor” se le aplicaba a cualquier miembro de las clases dominantes, rurales o urbanas, aunque fuera analfabeta, porque marcaba distancias sociales: era un símbolo de diferencia y de superioridad. Se obligaba a la gente común y corriente a llamar “doctor” al gamonal, al hacendado, al notario, al escribano, al juez, al patrón o simplemente a quien se considerara a sí mismo como superior. Dígame Doctor era, y todavía sigue siendo en muchos lugares del país, la orden de los mandamases, para humillar a los demás y darse una aureola de grandeza.

A nivel académico una ley de 1852 suprimió el grado de bachiller y estipuló los títulos de doctor en Medicina, Jurisprudencia, y Ciencias Eclesiásticas. Durante casi un siglo y medio era la norma denominar como doctor a cualquiera que tuviera un título universitario, principalmente en el campo del derecho. Eso se mantuvo hasta 1980, cuando mediante el Decreto 080 se reglamentaron por primera vez los diversos niveles de estudio en el seno de la universidad, y se estipuló que Doctor es un título académico de formación avanzada, al cual se llega luego de haber superado varios niveles de estudios y elaborar una tesis que contribuya a ampliar un campo del saber.

Falsificaciones de títulos y otras mañas de políticos y arribistas
En la época en que en Colombia cualquier miembro de las clases dominantes o cualquier advenedizo se hacían llamar “Doctor”, sin tener ni siquiera un título profesional, no existía una academia universitaria que exigiera los títulos de Doctorado. Eso sí se hacía en los Estados Unidos y en los algunos países europeos, donde esos eran títulos de nivel superior que se le conferían a aquellas personas que, tras grandes esfuerzos y muchos años de dedicación, elaboraban una tesis original sobre un determinado campo del conocimiento, en la que se realizaba algún aporte significativo al saber humano.

Cuando después de 1980 el apelativo de Doctor se empezó a modificar, por el nuevo sentido que asumió el vocablo -ligado al mundo académico-, los miembros de las clases dominantes criollas no quisieron quedarse atrás y lo han seguido ostentando, ahora camuflado bajo una supuesta formación académica, pero sin realizar ningún esfuerzo ni dedicación especial para escribir una tesis. Ellos quieren seguir siendo los “doctores” de siempre, y la mejor forma de conseguir pergaminos académicos ha sido comprarlos, falsificarlos o presumir de poseer títulos que no se poseen, mediante la adulteración de la información consignada en los currículos personales, en los que se ostentan títulos ficticios de Doctorado o se hacen pasar por doctorados simples pasantías que se han realizado en alguna universidad de Europa o de los Estados Unidos.

Al respecto vale la pena recordar dos casos representativos de la capacidad de mentir y adulterar información por parte de miembros de las clases dominantes, con el objetivo de presentar un palmarés académico que no tienen y así aparecer ante los ojos de la opinión pública como sabios y estudiosos. El asunto alcanza las más altas esferas del poder económico y político, donde se presume de ser Doctor, se adulteran otros títulos académicos, incluso de inferior calidad, o se pretende haber sido “profesor visitante” en prestigiosas universidades del mundo.

Al respecto valga recordar que durante la presidencia de una “inteligencia superior” que rigió a Colombia entre el 2002 y el 2010, en su hoja de vida oficial que se exhibía desde la Casa de Nariño se informaba que el personaje en cuestión había sido “Profesor Asociado de la Universidad de Oxford” (Inglaterra) entre 1998 y 1999 y que había obtenido “una especialización en administración y gerencia de la Universidad de Harvard”. Esas afirmaciones eran falsas, porque no existe ningún programa de especialización en la Universidad de Harvard con ese nombre y tampoco fue profesor visitante, algo imposible porque para eso se requiere el título de PDh (Doctorado), algo que este individuo no ha alcanzado.

Si mentir de este modo se hace desde el primer empleo público de Colombia, no debe sorprender que se haya generalizado inventar y falsear títulos de Maestría y de Doctorado, como lo demuestra lo hecho por Enrique Peñalosa, actual Alcalde de Bogotá. En efecto, este tecnócrata neoliberal que presume de ser un “sabio” en asuntos urbanos lleva décadas - léase bien, décadas - diciendo que es Doctor de la Universidad de París en Administración. Más concretamente, desde 1984 en el libro titulado Democracia y capitalismo, asegura que lo es. Lo significativo es que en esa institución no exista ese doctorado.

Cuando se dieron a conocer las falsedades de los supuestos títulos de Enrique Peñalosa, la Alcaldía de Bogotá salió a desmentir diciendo que este “nunca ha dicho… que tenga un doctorado”. Sin embargo, en una entrevista concedida a un periódico del Brasil, y publicada el 15 de septiembre de 2015, Peñalosa sostuvo con seguridad: “Me gradué como economista e historiador, con un doctorado en París”.

Las mentiras de Enrique Peñalosa no son solamente sobre un supuesto título de Doctorado que no posee, sino también de una pretendida Maestría que nunca hizo. Estas falsificaciones no son simples anécdotas sin importancia, sino que constituyen delitos, puesto que la adulteración en la información se ha hecho con el objetivo de alcanzar un cargo público de elección popular. Esto indica que la información trucada, en la que se ostentan títulos académicos que no se han logrado, buscaba presentarse ante los electores como un personaje con méritos intelectuales de sobra para desempeñar el cargo de Alcalde de la capital de Colombia. En el formato de hoja de vida que Peñalosa llenó para posesionarse como Alcalde de Bogotá, de manera consciente se consigna información falsa, en la que se afirma que este es Doctor. A este delito se le denomina “falsedad ideológica”, y tiene implicaciones administrativas y penales, que, por supuesto, a este tipo “doctores” nunca se les va a aplicar, si recordamos que la justicia (de los otros doctores, de los abogados) es para los de ruana.

En conclusión, el deseo de figurar y de buscar prebendas de algunos personajes los lleva a presentarse como “Doctores”, con la pretensión de mostrarse como “intelectuales”, “académicos”, “investigadores” o “pensadores”. Igual que en el siglo XIX, de este tipo de doctores ficticios y arribistas académicos –tipo Enrique Peñalosa– está lleno Colombia.

Tuesday, 21 June 2016 19:00

Escribidor neoliberal y corrupto

Mario Vargas Llosa, un vocero e ideólogo incondicional del capitalismo, siempre se ha presentado a sí mismo como un ícono de la libertad, de la “sociedad abierta”, de la democracia. Durante décadas se ha encargado de repetir hasta el cansancio, en una especie de letanía ramplona y aburrida, que el capitalismo es la expresión de la plena libertad, es una economía superior a todas las otras porque funciona con transparencia, se autorregula y está al margen de la corrupción, de las triquiñuelas y de las trampas. Con ese catecismo de economía ortodoxa en mano –que no tiene nada que envidiarle al catecismo del Padre Astete-, Vargas Llosa habla con una buena dosis de moralismo de clase, para justificar las acciones criminales del capitalismo, como las privatizaciones, la explotación de los trabajadores, las guerras, invasiones, ocupaciones, bombardeos de los regímenes capitalistas, de los Estados Unidos a Israel, pasando por Colombia.

Vargas Llosa se ha autoembestido de una aureola de falsa moral, para pontificar sobre su credo antipopular y antidemocrático y justificar su apoyo cínico a los poderosos del mundo entero. No por casualidad, en la conmemoración de su cumpleaños número ochenta, en Madrid estuvieron presentes terroristas, criminales, monárquicos, dueños de pasquines, ex presidentes responsables de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, entre los que aparecían personajes de España, Colombia y Chile. El cumpleaños era un pretexto, porque en realidad fue una cumbre de la extrema derecha del mundo, presidida por su escribidor de cabecera, que ahora forma parte de la podrida realeza de los Borbones, como expresión de su arribismo congénito.

Al mismo tiempo con este cónclave de la extrema derecha salió a la palestra pública un hecho que terminó de una vez por todas con la imagen moralista que Vargas Llosa se había encargado de construir, tan artificial como las mentiras que difunde a diario en sus novelas y en sus escritos periodísticos. Ese hecho es la aparición del nombre del encopetado escritor en los “Papeles de Panamá”. Con esta denominación se han presentado los once millones y medio de documentos pertenecientes a una “fábrica” de sociedades offshore del mundo (compañías radicadas en un “paraíso fiscal”, es decir, que se les aplican ventajas para la evasión de los principales impuestos), del despacho de abogados panameños Mossack Fonseca.

Esos papeles registran transacciones internas de esa firma de abogados desde 1977 hasta diciembre de 2015 y allí aparecen documentos de diversa índole (correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes) donde se revela la información oculta de 214.488 sociedades offshore, e involucra a unos 200 países. Esa oficina de abogados es un lavadero de dinero que opera con todas las libertades que se le concede en un paraíso fiscal a esas turbias entidades, como lo es Panamá, para crear empresas de fachada en ese país y en otros paraísos fiscales del exterior, como Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán. Sus finalidades fundamentales no son muy santas que digamos: evadir impuestos, legalizar dineros provenientes del crimen organizado, facilitar el robo a los fiscos nacionales, guardar dineros de dictadores, mandatarios corruptos y empresas transnacionales y cosas por el estilo.

Entre los personajes mencionados en los Papeles de Panamá se encuentran desde presidentes y primeros ministros en ejercicio (como Mauricio Macri de Argentina o David Cameron de Reino Unido), futbolistas (entre ellos Lionel Messi), empresarios, banqueros, cineastas (Almodóvar y uno de sus hermanos), hasta escritores como Mario Vargas Llosa.

Es interesante describir el caso de este último, ya no como escritor, periodista o plumífero del neoliberalismo sino como inversor –de dudoso comportamiento ético y legal- y comprador de una sociedad offshore en Panamá, para percibir la manera como se pasa del mundo de las letras al de los paraísos fiscales, antros del crimen organizado de la mafia capitalista que es dueña del planeta.

El primero de septiembre de 2010, poco antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa y su segunda esposa, Patricia Llosa, adquirieron la empresa offshore Talome Services, al bufete de abogados Mossack Fonseca. Eso se hizo a través de un intermediario, un eufemismo para referirse a un testaferro, de nombre Dave Marriner, directivo de la firma holandesa Pan-Invest Management, que tiene sedes en Chipre y Luxemburgo. Marriner contactó a la firma panameña y llenó la documentación en que se adjudicaban 1.000 acciones de la compañía Talome Services: 500 para cada uno de sus nuevos dueños, el novelista y su esposa. La empresa estaba radicada en las Islas Vírgenes Británicas, que para más señas es considerada por España y la Unión Europea como un paraíso fiscal. Lo llamativo del caso radica en que el 6 de octubre de 2010, exactamente un día antes de anunciarse la concesión del Nobel de Literatura a Vargas Llosa –que otorga algo más de un millón de dólares– el testaferro Marriner anunció cambios en los accionistas de la Empresa de fachada. Y el 12 de octubre, cuando Vargas Llosa ya era Premio Nobel, las acciones en poder del matrimonio Llosa pasaron a manos de dos anónimos accionistas rusos.

El asunto es turbio y genera todo tipo de sospechas, para nada infundadas si se tiene en cuenta la catadura humana y moral del personaje ya mencionado: extraña coincidencia que en el momento en que se le concede El Nobel, desaparezca el nombre de Mario Vargas Llosa y su mujer como accionista de una compañía de fachada; no se sabe el monto de dinero de las acciones de la empresa ficticia, pero puede suponerse que sea una suma cuantiosa por los ingresos de regalías que recibe el escribidor ¿El dinero que por allí circuló e iba a circular forma parte de los pagos que recibe por su servilismo incondicional ante el capitalismo mundial? ¿El escribidor tiene cuentas cifradas en otros paraísos fiscales del mundo?

Todos los que aparecen en estos papeles, como el futbolista Lionel Messi o el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, en coro han repetido que ellos no tienen nada que ver con el asunto, lo que se dice en los papeles de Panamá son calumnias y mentiras y sus nombres no deben ser deshonrados asociándolos a los asuntos truculentos del mundo financiero. Vargas Llosa se ha sumado a ese coro, con unos argumentos pueriles, que desdicen de su fama de “maestro de la ficción”. Había podido inventar mentiras más sofisticadas, pero se ha limitado a decir, con poca imaginación, que él está involucrado en “un malentendido” y se le ha calumniado por voceros de la “prensa amarilla” (en la que él escribe y de la que vive). Posando de ser una mansa paloma, sostiene que fue asaltado en su buena fe, y se encuentra sorprendido "porque yo ni siquiera sabía que se había abierto por cinco semanas una cuenta a nombre mío y de mi esposa. Esa empresa existió por cinco semanas. Nunca puse un dólar en esa empresa y nunca hubo el menor movimiento económico". Como suele suceder en estos casos, cuando el pillo es atrapado infraganti, Vargas Llosa procedió a echarle la culpa al testaferro, por sus vergonzantes cuentas espurias en un paraíso fiscal. Pero este, David Marriner, replicó señalando que: “cuando adquirimos la compañía lo hicimos con el requisito de que mis clientes fuesen accionistas directos” y esos clientes no eran otros que la pareja Vargas Llosa.

Adicionalmente, el inconsciente de Vargas Llosa, proclive a justificar los delitos del capitalismo, lo ha traicionado, porque al referirse a la aparición de su nombre en los papeles de Panamá, ha agregado varias perlas, que se suman a la extensa cadena de infamias que repite todos los días, y constituyen una cínica justificación de su comportamiento corrupto. Algunas de estas justificaciones han sido que "hay países donde los impuestos son como expropiaciones y uno comprende que haya empresas, individuos o familias que intentan escapar a lo que perciben como una amenaza terrible para su futuro"; “hay leyes que lo empujan a uno a una transgresión de la ley”; "hay países que progresan gracias a esa situación, como ocurre con Panamá y antes con Suiza"; "Panamá es un país que progresó mucho gracias al sistema que permite la creación de empresas por extranjeros. No es que haya que alegrarse, pero hay que aceptar que es una realidad de nuestros días; hay que combatirla con la ley pero también revisando un poco los impuestos". Como puede verse, estamos ante una verdadera apología del lavado fiscal, de la evasión, del no pago de impuestos y de otros crímenes “económicos” del capitalismo en general y del capital financiero en particular.

En estas condiciones, puede sostenerse que la neoliberal Fundación para la Libertad de Vargas Llosa en verdad resultó ser una Fundación para el blanqueo y lavado de capitales. Vargas Llosa forma parte del pequeño círculo de especuladores, capitalistas, banqueros, artistas, inversores y deportistas que evaden unos 200 mil millones de dólares anuales, a lo que debe agregarse que la élite capitalista del planeta oculta entre 21 y 32 billones de dólares de activos, libres de impuestos. Esto, mientras que millones de niños mueren de hambre y desnutrición, entre otras razones por las privatizaciones de los sistemas de salud, que tanto impulsan los neoliberales como Vargas Llosa.

Una característica distintiva del capitalismo es la explotación de los trabajadores, en donde se origina la plusvalía que es la fuente de la acumulación del capital. Pues resulta que dicha explotación en el capitalismo actual no está desligada del aumento de la temperatura en el planeta entero. Un dato es indicativo: el predominio del capitalismo en su versión neoliberal, momento en el cual se dispararon las emisiones de gases de efecto invernadero, coincide plenamente con la pérdida de derechos de los trabajadores, la flexibilización laboral, y la explotación intensificada en China y el orbe entero.

China se ha convertido en el “taller del mundo” y allí está en marcha una Revolución Industrial al estilo inglés del siglo XVIII, con la diferencia de que sus efectos humanos y ambientales hay que multiplicarlos por mil y se produce en un tiempo acelerado, porque mientras la de Inglaterra necesitó de un siglo, la de China no lleva sino 25 años. Esa transformación acelerada de China hacia el capitalismo está ligada a  su producción para el mercado mundial, que se sustenta en dos premisas: fuerza de trabajo barata, abundante y explotada al máximo y destrucción de ecosistemas, contaminación y uso intensivo de combustibles fósiles, carbón, entre otros, para satisfacer los requerimientos del capitalismo mundial.

El nexo entre explotación y calentamiento global se evidencia en el hecho de que en China coinciden, como muestra a vasta escala de lo que sucede en gran parte del mundo, un incremento del uso de energía sucia con un irrespeto por la fuerza de trabajo. Como dice Naomi Klein, dos por el precio de uno. Pero la responsabilidad no es solo de China, sino del capitalismo central, porque lo que se produce en el gigante asiático está orientado hacia este último.

No extraña que la descentralización productiva se haya hecho para bajar el costo de la fuerza de trabajo en Estados Unidos y Europa, así como para eludir controles al medio ambiente, que se exigen en estos territorios. El incremento productivo, que se manifiesta en el eslogan “todo es chino”, llena las arcas de las multinacionales y los escaparates de los supermercados y centros comerciales del mundo, sin interesar el costo humano y ambiental de las mercancías que vienen del nuevo dragón asiático y de los denominados nuevos países industrializados.

Si se quisiera ilustrar el asunto con un ejemplo, solo basta recordar que forman parte de una misma lógica, la del capitalismo, los trabajadores de las fábricas de la muerte (regadas por el orbe entero) que laboran en condiciones oprobiosas y durante interminables jornadas y también los habitantes de las ciudades (como Pekín o Medellín) que se asfixian en la niebla contaminante (esmog) que resulta, en gran medida, de la utilización masiva y sin control de automóviles y motocicletas, que han sido producidos por los obreros de aquellos talleres de la muerte. 

Enero de 2016 ha sido un mes terriblemente caluroso en el mundo y también en Colombia. Algunos datos lo demuestran: en España la temperatura ha estado 2.3°C por encima de lo normal; en Argentina se registraron las temperaturas más altas del último medio siglo, por encima de los 40°C; en Bogotá se alcanzó una temperatura record de 25.6°C y en Puerto Salgar el termómetro rebasó los 45°C, la temperatura más alta registrada en algún lugar del país en todos los tiempos.

Mientras el planeta tierra se calienta en forma peligrosa, el 18 de enero la ONG Oxfam dio a conocer un informe sobre la desigualdad en el mundo, en la que señala que el 1% de la población mundial (los supermillonarios) tienen tanta riqueza como el 99% restante; 62 potentados poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad más pobre de la humanidad) y la riqueza en manos de esas 62 personas se incrementó en un 44% en los últimos cinco años. Colombia es, a su vez, uno de los países más desiguales del mundo: el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40% más pobre; 32% de la población es pobre, con ingresos inferiores a 200 mil pesos mensuales y solamente el 2.4% de personas tienen ingresos superiores a 2,7 millones de pesos mensuales; con razón el economista Thomas Piketty acaba de decir en una conferencia dictada en Bogotá que “la desigualdad en Colombia es una de las más altas del mundo”.

A primera vista estas dos informaciones –la de un calor abrasador sin precedentes y la acumulación de la riqueza en manos de unos cuantos individuos– no tendrían nada que ver la una con la otra. Sin embargo, están íntimamente conectadas en una estrecha relación que vale la pena desentrañar, ya que el “misterio” subyace en la esencia del funcionamiento del capitalismo realmente existente.

Ya está establecido que el calentamiento global es el resultado de la producción incrementada de determinados gases, denominados por eso mismo Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre los cuales se encuentran el Dióxido de Carbono (CO2), el metano (CH4), vapor de agua y óxido nitroso como los más importantes. A su vez, los GEI se incrementan en la medida en que cada día se producen más mercancías de todo tipo (empezando por automóviles, aviones, barcos, aparatos microelectrónicos). Crecen las ciudades o surgen nuevas; en China en los últimos 25 años han aparecido 160, cada una de ellas con un millón de habitantes, y de esa forma se arrasan los ecosistemas y se destruyen y contaminan las fuentes de agua. Aumentan los viajes y el uso de transportes que consumen energías fósiles. Se industrializa y petroliza la agricultura, y se acaba con las economías campesinas. Se producen a gran escala mercancías desechables, que suponen el consumo destructivo de plástico, papel, cobre y mucho más. En fin, se generaliza la producción de mercancías, pero no con el propósito de satisfacer las necesidades humanas, sino para incrementar las ganancias de los empresarios capitalistas.

Para producir esas mercancías se requieren grandes cantidades de materiales, minerales y energía, principalmente petróleo. Extraer tanto los minerales como el petróleo resulta muy costoso en términos ambientales y humanos, puesto que se destruyen los lugares donde se almacenan esos depósitos de riqueza geológica y se arrasa con las sociedades que allí se encuentran. Esa búsqueda insaciable de nuevas reservas de energía y materiales, en un planeta con recursos limitados, tiene efectos devastadores sobre los ecosistemas y la base natural del planeta, empobreciendo a millones de seres humanos, mientras enriquece a una minoría, formada por los mismos dueños de las empresas de los sectores que contaminan el mundo, y generan la mayor cantidad de GEI.

En efecto, si se observa el listado de las empresas más ricas y poderosas del mundo, como lo hace la revista FORBES, que cada año publica una clasificación de las cien primeras, encontramos que entre las del sector petrolero, Exxon Mobil tiene un beneficio neto de 30.5 miles de millones de dólares, la Royal Dutch Shell, 20.1, y la Chevron, 19. Ese listado se puede extender a los sectores informático, automotriz, transporte aéreo, financiero, agrícola, y comercio mayorista, donde se confirma la misma lógica de grandes ganancias, a costa de la mayor parte de los seres humanos, explotados y empobrecidos, y a la destrucción del medio ambiente.

Al conocer esta realidad, no resulta difícil constatar que son esas mismas empresas, y los multimillonarios que se mueven alrededor de ellas, los primeros en negar el cambio climático y en sostener que no hay de qué preocuparse, porque si se acaban los recursos y la energía en la tierra, nos podemos trasladar a Marte o a cualquier otro planeta del sistema solar. En breve, puede decirse que las empresas capitalistas y los supermillonarios se dedican a destruir y calentar el planeta, buscando aumentar sus ganancias, sin importar el destino de los seres animales y las diversas formas de vida generadas durante millones de años de evolución.

“Llueve hacia arriba. La gallina muerde al zorro y la liebre fusila al cazador. Por primera y única vez en la historia, soldados mexicanos invaden los Estados Unidos. Con la descuajaringada tropa que le queda, quinientos hombres de los muchos miles que tenía, Pancho Villa atraviesa la frontera y gritando ¡Viva México! asalta a balazos la ciudad de Columbus”.
Eduardo Galeano.

 

Desde comienzos del siglo XIX, Estados Unidos ha invadido en repetidas ocasiones a los países situados al sur del Río Bravo. México, Haití, República Dominicana, Cuba, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, entre otros, han visto mancillada su soberanía nacional y han soportado la intrusión en sus territorios de la “gleba de morfinómanos”, como llamaba César Augusto Sandino a los marines yanquis.

Son tantas las agresiones que nos han dispensado los Estados Unidos, que su sola enumeración llena varios volúmenes. Por esa misma frecuencia, a veces queda la impresión que una invasión o intervención más (llámese Plan Colombia o Plan Puebla-Panamá) ya no es noticia. Lo extraño estriba en lo contrario, en que sea América Latina la que invada a Estados Unidos, y eso fue lo que sucedió hace exactamente un siglo, el 9 de marzo de 1916.

Ese día, por primera y única vez en la historia, hasta ahora, Estados Unidos fue atacado e invadido desde territorio latinoamericano, más exactamente desde su país vecino, México. No era el primer ataque que soportaba Estados Unidos, pues en la guerra de 1812, Inglaterra ya lo había hecho. Pero eso se había efectuado como parte de una guerra convencional y por una potencia mundial y en ese sentido no tiene mucha gloria ni interés. Lo de 1916 fue algo completamente distinto, los invasores eran latinoamericanos, y su ataque no tenía precedente alguno. Después, tampoco se volvió a presentar un hecho similar.

En esa ocasión, un grupo de 500 hombres armados, bajo la conducción del líder revolucionario Pancho Villa, atacó la pequeña población de Colombus, situada en Nuevo México, en la zona fronteriza con México. Columbus era un pequeño poblado, en un campamento militar, en donde vivían menos de 800 personas. Ese poblado era como un chorizo, una sola calle larga, en donde se encontraban las tiendas, un banco y un hotel.

Al grito de “¡Viva México! ¡Mueran los gringos!”, el contingente de guerrilleros mexicanos incursionó en Colombus a las 4:45 de la mañana del 9 de marzo de 1916. Pancho Villa tenía sus razones para atacar a los Estados Unidos, que incluían desde cuestiones personales hasta asuntos estratégicos. En términos personales, no admitía que un traficante de armas, residente en Columbus, y de nombre Samuel Ravel, le hubiera negado la entrega de unos rifles Springfield que ya le había pagado. Le indignó saber que en la ciudad de El Paso (Estados Unidos) hubieran sido asesinados una veintena de mexicanos en una forma brutal, cuando el carcelero les prendió fuego. Pero las razones fundamentales de un militar nato, y de un estratega consumado, como lo era Pancho Villa, iban más allá de sus consideraciones personales.

La razón de fondo por la que decidió invadir a Estados Unidos fue rechazar el apoyo que el gobierno de Woodrow Wilson le había dado al gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, porque creía que esto significaba el fin de la soberanía mexicana. La alianza entre los dos gobiernos implicó en la práctica que Estados Unidos abasteciera de armas a los constitucionalistas y permitiera el uso de su territorio para que por allí se movieran sus tropas, con lo que se facilitaba el ataque contra las tropas de Pancho Villa. A raíz de estos sucesos, Pancho Villa publicó un manifiesto el 21 de noviembre de 1915 en el que denunciaba que el precio que se debía pagar por el apoyo estadounidense a Carranza era “la venta de nuestro país por el traidor Carranza”. En el mismo sentido, en una carta enviada a Emiliano Zapata le manifestaba: “La venta de la patria es un hecho, y en tales circunstancias […] decidimos no quemar un cartucho más con los mexicanos nuestros hermanos y prepararnos y organizarnos debidamente para atacar a los americanos en sus propias madrigueras y hacerles saber que México es tierra de libres y tumba de tronos, coronas y traidores”.

Con su ataque a Colombus, Villa pretendía romper las buenas relaciones entre Estados Unidos y el gobierno constitucionalista. Con ello también buscaba la reconstrucción, en medio de la reacción nacionalista, de su ejército (la antaño poderosa División del Norte), que estaba seriamente diezmado y había sufrido importantes golpes de parte de las tropas leales a Carranza.

El ataque de las huestes guerrilleras comandadas por Pancho Villa fue bastante desordenado, lo que permitió la rápida respuesta de las tropas yanquis, así como de los civiles que se encontraban en el poblado. Uno de los errores más costosos fue haber quemado un hotel, un hecho que facilitó la ubicación de los atacantes. El enfrentamiento duró seis horas, al cabo de las cuales los villistas recogieron sus heridos y regresaron a México, capturaron 80 caballos, 30 mulas y 300 fusiles. El saldo final del ataque, sobre el que existen discrepancias entre los historiadores, fue de 17 militares de los Estados Unidos, diez civiles y cerca de 80 villistas muertos. También fueron capturados 7 de ellos. Colombus quedó destruido, y las primeras imágenes del día mostraban un lugar en ruinas y en llamas.

La respuesta de Estados Unidos, como era de esperarse, fue brutal. Para perseguir a Pancho Villa se organizó una cacería, como las típicas del Lejano Oeste: se le puso precio a su cabeza, se le calificó como un vulgar bandolero, y se le persiguió durante cerca de un año, como parte de la llamada Expedición Punitiva que encabezó el general John Pershing. La persecución se dio en terreno mexicano, en un caso típico de invasión territorial. Pero los Estados Unidos no pudieron alcanzar su objetivo de capturar vivo o muerto a Pancho Villa. La cacería del revolucionario popular fue un fracaso estrepitoso para los Estados Unidos, por la tropa que se dispuso, cinco mil hombres, los costos de la misma y la inversión en armas y equipos, de un ejército con unidades de caballería, infantería y artillería y un escuadrón aéreo de ocho aeroplanos.

Eso sí, como suele ser frecuente en las intervenciones militares de los Estados Unidos, la incursión les sirvió para probar nuevas armas y tácticas bélicas, que muy útiles les serían en guerras posteriores. Sobre los invasores, los mexicanos afirmaban, con ese humor que los caracteriza, “¡Entraron como águilas y se van como gallinas mojadas!”. Pancho Villa se convirtió en el símbolo de la resistencia popular a la invasión y su imagen adquirió una notable connotación nacionalista, como defensor de la soberanía territorial de México.

Para nuestra América, siempre humillada y ofendida por el imperialismo, la incursión de hace un siglo al territorio de los Estados Unidos por Pancho Villa es un hito histórico memorable. Siempre debería recordarse como ejemplo de independencia y dignidad. Seguro que en otras condiciones, en un continente unido y soberano, el 9 de marzo sería un día festivo, y la estatua de Pancho Villa estaría presente en las principales plazas de todas las ciudades de nuestro continente, como forma de rendir tributo a la memoria del único que se ha atrevido a atacar a los Estados Unidos en su propia casa.

Monday, 19 October 2015 19:00

La invasión yanqui en Haití (1915-1934)

Ilustración: US invasion of Haití

 

Las causas

En 1898 Estados Unidos se estrenó como país imperialista, luego de derrotar a España en una breve guerra (un picnic decían los militares y políticos de esa naciente potencia), tras la cual se apoderaron de los jirones del desvencijado imperio español, entre los que sobresalían Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De ahí en adelante inician una acelerada expansión por Centroamérica y el Caribe que los lleva a apoderarse de Panamá, invadir en forma sucesiva en las décadas siguientes a Nicaragua, República Dominicana, Cuba y a Haití. Los pretextos usados para realizar esas intervenciones siempre eran similares: defender la seguridad y propiedades de los nacionales de Estados Unidos supuestamente amenazados por las continuas “revoluciones” que se llevaban a cabo en los países aludidos.

El 9 de marzo de 2015, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, firmó una orden en la que declaró a su país en “emergencia nacional” debido a que Venezuela representa “una inusual y extraordinaria amenaza a la Seguridad Nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”. No es la primera vez, y tampoco será la última, en que los Estados Unidos declaran como un peligro para su seguridad al gobierno de un país de nuestra América, y todas las veces en que eso ha sucedido, el país acusado ha sido sometido a brutales intervenciones militares, saboteos, asfixia económica, guerra interna y/o golpes de Estado. Por esta declaración de guerra –porque en el fondo es eso lo que acaba de determinar el Premio Nobel de la Paz (sic) Barack Obama– resulta necesario recordar dos de los dramáticos momentos que han vivido países de América Latina, luego de ser considerados como “peligrosos” para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

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